…En el 2010 tuvimos el más bajo número
de homicidios en los últimos 24 años, la más baja tasa de
homicidios por 100 mil habitantes en los últimos 32 años…
Rodrigo Rivera.
Entrevista concedida a Yamid Amad.
El día 19 de febrero, ante las reiteradas criticas que la cartera de defensa ha recibido en diferentes medios de comunicación, el ministro Rodrigo Rivera ha concedido una entrevista a Yamid Amad (leer entrevista), en la que afirma que en el año 2010, el país tuvo el mas bajo número de homicidios en los últimos 24 años, y la tasa mas baja de homicidios por cada 100.000 habitantes de los últimos 32 años. Sin embargo, con base en cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los años 2010 y 2009 pasarán a la historia como los más violentos de los últimos 4 años. Con un total conjunto de mas de 33.353 homicidios. De los cuales 17.672 se presentaron en el año 2009, y 15.681 en el año 2010.
A pesar de los descensos registrados en las cifras de homicidios en los dos primeros años de la administración Uribe, como consecuencia accesoria al proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares, los dos años anteriores a pesar de las declaraciones del ministro, son los años más violentos del segundo periodo de Álvaro Uribe, y el año 2009 uno de los mas violentos de la década. Las cifras del año 2009 son las mas altas en 7 años, y las cifras del año 2010, son superiores a las cifras de los años 2004, 2007 y 2008.
Extrañamente a la realidad y como una declaración insólita, el ministro sostiene que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es la mejor en décadas. Al respecto según las cifras del Instituto de Medicina Legal, y la estimación de población nacional para el año 2010 de Departamento Administrativo de Estadística (DANE), la tasa de homicidios en Colombia en el año 2010 fue de 34.45. Superior igualmente a la tasa de los años 2004, 2007 y 2008. Sin tener en cuenta tasas de décadas pasadas.
Ante las cifras extraña no solamente la insistencia del ministro, en el sentido de reiterar que el país en los últimos años presenta los mejores datos en materia de seguridad probablemente en toda su historia, sino el hecho de que el gobierno nacional ante la apabullante realidad de inseguridad registrada en departamentos como Antioquia, Valle o Córdoba exprese en declaraciones públicas, fuera de contexto, que el país con la administración Santos, “conservando el legado de Uribe” en materia de seguridad va por buen camino.
Los reiterados llamados publicitarios del gobierno nacional en el sentido de presentar a deshoras, e innecesariamente, balances relacionados con la seguridad a pesar de la reciente posesión de la administración. No solamente son extraños e incoherentes sino claramente sospechosos. Pareciera que la política se convirtiera más en un ejercicio de manipulación mediática y estadística y menos en un instrumento de configuración y cambio material. Las desacertadas declaraciones de Rodrigo Rivera a la cabeza del Ministerio de Defensa, y las cifras independientes al gobierno presentan un claro drama acerca de la incompatibilidad entre las políticas de la actual administración y el alcance del fortalecimiento de las estructuras narco criminales en Colombia.
Por otra parte, las cifras de Medicina Legal no solamente revelan una realidad distinta a la exacerbadamente publicitada en los medios de comunicación por el presidente y el ministro, sino que entran en contradicción con los datos oficiales en cabeza de la policía nacional. Con el paso de los años, el balance de los homicidios en Colombia del Instituto de Medicina Legal, se aleja sistemáticamente de las cifras de la policía nacional. Hecho que comienza a evidenciarse según los últimos reportes de la policían desde el año 2004.
Ante la gravedad del tema urge en este momento que exista un debate nacional y público acerca de la verdadera naturaleza de la criminalidad en Colombia. El uso de eufemismos (BACRIM – Bandas Emergentes) atribuidos a bandas que operan al servicio del antiguos paramilitares, o que tienen nexos con el narcotráfico, juega a favor de los intereses tanto de los narcotraficantes como de las distintas estructuras del crimen en el país. Si el gobierno nacional, en cabeza del ministro, no plantea con honestidad la realidad de orden público en la última década, entonces deberá ser duramente sancionado por los medios de comunicación y la ciudadanía. Pasando al olvido como una administración de discursos y cámaras peligrosamente falso en su combate al renacimiento del fenómeno narcotraficante y delincuencial en Colombia.
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Renny Rueda Castañeda
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