Consideraciones políticas

Publicado el Maylor Caicedo

Zona de Reserva Campesina de Pradera. Una urgencia para garantizar los derechos del campesinado

En Colombia existen 40 Zonas de Reserva Campesinas, 11 de ellas constituidas y 29 en proceso de constitución. Esta figura jurídica, reglamentada en el artículo 80 de la ley 160 de 1994 y en el Acuerdo 024 de 1996 de la Junta Directiva del extinto Incoder (ahora ANT), establece que son áreas que comparten características agroecológicas y socieconómicas en las que la intervención del Estado debe tener en cuenta criterios sobre el ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción. Además de regular el ordenamiento de la propiedad y la tenencia de predios, las ZRC han permitido que las comunidades campesinas puedan proyectar planes de desarrollo sostenible para el manejo de sus territorios, la conservación ambiental y la delimitación de la frontera agrícola.

Recientemente, la comunidad del corregimiento de San Isidro en Pradera (Valle del Cauca) publicó una “carta abierta” en la que, entre otras razones, establece la urgencia de que el gobierno nacional constituya el municipio como ZRC.  Según se establece en la “carta abierta”, a pesar de que la comunidad de Pradera haya adelantado desde agosto de 2021 el Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución en ZRC, el municipio haya sido considerado como PDET, reconocido como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y priorizado para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), existen amenazas “por la proliferación de proyectos de parcelación de grandes predios, que hasta el momento se habían mantenido sin uso productivo, y que en los últimos años han pretendido ser vendidos con fines recreativos y vacacionales”.

Fundamentalmente, la queja de la comunidad de San Isidro está en los proyectos “Mirador las Veraneras” y “El Paraíso 2022”, pues son proyectos de parcelación con fines turísticos que contradicen lo estipulado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y no corresponden a los usos potenciales del suelo establecidos. Es más, según quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, las ZRC (constituías y en proceso de constitución) tienen determinantes ambientales, es decir, que prevalece esta figura jurídica antes que el PBOT.

La respuesta de la Alcaldía de Pradera, según se esgrime en la carta, ha sido impulsar una modificación al PBOT para cobijar la pretensión de estos nuevos proyectos, sin tener en cuenta las afectaciones medio ambientales que ello traería a los corregimientos que tradicionalmente han sido productores de frutas y hortalizas orgánicas.

En comunicación mantenida con uno de los líderes sociales de San Isidro, manifestó que la comunidad está preocupada porque, detrás de los proyectos recreativos y vacacionales, existen intereses políticos-económicos regionales que pretenden establecer un turismo desorganizado y desenfocado, en contra vocación agropecuaria del uso del suelo. Este fenómeno se está presentando en corregimientos aledaños como Potreritos, La Fría, El Recreo y Los Pinos, donde se han presentado procesos de urbanización creciente, con las consecuentes problemáticas que ello acarrea.

La problemática más impactante que refiere la comunidad es el abastecimiento de agua. En el caso de San Isidro, los habitantes se abastecen del acueducto comunitario de la quebrada Salsipuedes y con la puesta en marcha de proyectos turísticos como los que están en proceso, se generaría un desabastecimiento del preciado líquido. También se presentarían impactos ambientales, pues, al constituirse urbanizaciones, existiría contaminación del agua irrigada a los campesinos de las zonas bajas del corregimiento.

Pradera ha sido uno de los municipios donde se ha presentado una histórica violencia por la tenencia de la tierra. Desde la década del cincuenta, ingenios azucareros (Mayaguez, Riopaila, Castilla e Incauca) presionaron a los campesinos a desplazarse a las zonas de media y alta montaña del municipio, apropiándose de las planicies. En ocasiones les compraron las tierras a los campesinos y en otras los desplazaron. Con el advenimiento de los actores armados y el narcotráfico en la década de los ochenta, los ilegales despojaron y generaron abandonos forzados en las zonas más productivas del municipio. Las lógicas de despojo han sido recurrentes, en parte, porque la mayoría de los campesinos no cuenta con títulos de propiedad o están en proceso de formalización. La “falsa tradición”, las “promesas de venta”, las “ocupaciones sin documentos”, según refiere el líder de San Isidro, son una constante.

La comunidad ha señalado que las problemáticas deben solucionarse por vía del dialogo. Una de las salidas que proponen es que el gobierno, en el marco del cumplimiento del punto 1 de los “Acuerdos de Paz de La Habana”, compre los predios en los que se pretende desarrollar proyectos turísticos y los entregue a los campesinos que no tienen tierra; es decir, que se establezca una Reforma Agraria Integral y se constituya la ZRC Pradera.

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