Tren de Aragua Vs Clan del Golfo en Bogotá

Son 22 UPZ de 9 localidades las que se han visto afectadas por delitos como amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desplazamiento intraurbano, desapariciones forzadas y extorsiones, según lo revela la Alerta Temprana 04 publicada la semana pasada por la Defensoría del Pueblo.

Podría sonar alarmista la declaración del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que advierte que Bogotá “vive su propio conflicto interno”, pero no se puede pasar por alto la oleada de atracos en restaurantes, actos de sicariato de alto impacto, extorsiones y amenazas que ha vivido la ciudad últimamente. La Alerta Temprana se concentra en zonas ubicadas, principalmente, en el centro oriente de la ciudad, en las localidades de Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria, Teusaquillo, Chapinero. Hay UPZ, en dicho informe, que son de reconocida recordación por los bogotanos y en donde se desarrolla buena parte del comercio de la urbe: Venecia, Restrepo, La Sabana, Ciudad Montes, Pardo Rubio, Zona Industrial, Candelaria, Lourdes, Teusaquillo, Galerías, Chapinero, Doce de Octubre, entre otras.

La expansión de la presencia de bandas de delincuencia organizada y la disputa por el control del territorio son elementos que hacen concluir a la Defensoría que hay una “tercerización de la violencia” en Bogotá. Es decir, grupos financiados, tercerizados o subordinados por estructuras criminales transnacionales como El Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que están imponiendo el terror. Mientras los ‘satanas’ son financiados por el Tren de Aragua (organización criminal de origen venezolano), la ‘Oficina de San Andresito’, los ‘boyacos’, los ‘camilos’, los ‘costeños’, los ‘paisas’ y los ‘pereiranos’, reciben apoyo del Clan del Golfo (estructura delincuencial que nació en el Urabá, pero que actualmente es una de las que más presencia tiene en el territorio nacional). Justamente, en agosto del año pasado circuló un video en el que el hombres fuertemente armados del Clan del Golfo, desde uno de los cerros tutelares de Bogotá, le declaraba la guerra al Tren de Aragua.

Y es que no es la única Alerta que ha publicado la Defensoría en Bogotá. Hay dos que aún están activas (AT 046 de 2019 y AT 010 de 2021) en las que se observa un continuum de violencia que los ciudadanos de a pie no le hemos puesto la suficiente atención. En abril de 2022, por ejemplo, fueron encontrados con signos de tortura y sevicia 11 cuerpos en localidades del centro, Kennedy y Usme. En los tres primeros meses de 2023 se registraron 19 homicidios, cuyos cuerpos fueron abandonados en espacios públicos. El año pasado, también, se conocieron panfletos con amenazas y cobros de extorsiones, enfrentamientos por el dominio de ‘ollas’ del microtráfico, control de grupos criminales de redes de trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados, acompañados de desplazamientos forzados intraurbanos. A esto se suma la oleada de violencia que los bogotanos hemos visto televisada, en la que se observan delitos de alto impacto. No hay que hilar fino para comprender que estos hechos criminales se presentan de forma articulada.

El plan de seguridad implementado por el alcalde, Carlos Fernando Galán, el cual cuenta con 21 acciones estratégicas para combatir delitos como el homicidio, la extorsión, el tráfico de drogas y el hurto, no ha tenido el impacto esperado. Las medidas inmediatas han sido sumarle 100 policías a los ya existentes y dos helicópteros para monitorear la ciudad; pero si el problema no es de bandas aisladas, sino de organizaciones criminales internacionales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, la estrategia de Galán debe estar enfocada en mantener el orden público, con la articulación a la política de seguridad del gobierno central; al tiempo que debe armar el rompecabezas de la jerarquía de mandos para desestructurarla con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El soporte que brinde el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Policía y la próxima Fiscal serán vitales para combatir el crimen en la capital y mantener el orden público.

Está a tiempo la administración distrital para hacer un balance y analizar a fondo las Alertas de la Defensoría. Aún no ha sido aprobado el Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá y el aumento del pie de fuerza no es suficiente. Se requiere el fortalecimiento en equipos tecnológicos, así como hombres expertos en inteligencia e investigación criminal para determinar los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales que, seguramente, no hacen presencia en Bogotá.