Apelando al símil de que el niño dios son los papás, una amiga y colega me dijo esto hace 7 años mientras trabajábamos en una sala de redacción del que fue, en su momento, uno de los medios de comunicación más reconocidos: Semana. 
Nunca se me olvida esa frase y cual niña ilusionada trato de pensar que no es así, que el periodismo está vivo y que hay colegas que le hacen honor a este oficio. Pero cada mañana, mientras salto de emisora en emisora y cada noche antes de dormir que leo los portales de los principales medios colombianos me entra una desazón y me carcome esa frase de mi gran amiga, que paradójicamente la pronunció donde antes se hacía periodismo y hoy se hace propaganda. 

A veces, incluso, extraño lo que los periodistas, panelistas, reporteros de los medios hegemónicos del país hicieron durante los cuatro años del Gobierno Petro: contra preguntaban, investigaban, confrontaban, ponían contra las cuerdas a esos funcionarios que debían, ante los medios, rendirnos cuentas a sus votantes. Es más, extraño que no sentían miedo, que no eran censurados ni apartados de sus cargos.

Desde el 7 de agosto de 2026 la agenda  mediática cambió. Los colegas que quedan en sus cargos ahora solo usan adjetivos positivos para referirse a los funcionarios, no hay contrapreguntas interesantes en las entrevistas. Los portales de los medios están llenos de titulares que solo replican anuncios del Gobierno, no hay muchos interrogantes, ni análisis ni verbos que den connotación negativa a lo que se anuncia. 

Cuando regreso a la frase: “son los papás, son los papás” (y que en realidad quiere decir que no existe), vuelve a mí esa esperanza y nostalgia que me caracteriza y pienso en que la frase puede arreglarse: EL PERIODISMO SON LAS MUJERES y sí existimos. Y, con eso me vuelve el alma al cuerpo por pensar en lo maravilloso que hacen Cecilia Orozco, María Jimena Duzan, Yolanda Ruíz, Diana Salinas, Ana Cristina Restrepo, Patricia Lara, Maria Teresa Ronderos, María Martín, Inna Afinogenova, Carol Ann Figueroa, (@estaeslpildora), Angélica Gómez (@sagaeconomica) Daniela Díaz, Cindy Morales.  (Pueden en los comentarios ayudarme con más nombres).

Ellas, esas mujeres que nombro y quizá las que me quedan por leer, sí que están haciendo periodismo de verdad. Ellas me dan esperanza, me permiten volver a creer y por eso al terminar esta columna, se la envié a mi amiga y colega: la arreglé EL PERIODISMO SON LAS MUJERES, lo estamos salvando. 

Ella, ya muy incrédula, me dice que es difícil pensar que esto algún día deje de ser así, porque desde la Revolución Industrial se convirtió en un negocio. Yo elijo creer lo contrario. Elijo creer que las cosas pueden cambiar, aunque tome tiempo, aunque a veces parezca imposible. Pero más imposible dar por sentado que la batalla cultural está perdida.

Honro profundamente a estas mujeres valientes que siguen haciendo periodismo en medio de la desesperanza, que insisten, que preguntan, que incomodan y que no renuncian. Tal vez por mujeres como ellas todavía vale la pena creer. Y yo elijo hacerlo.

Maria Mesa Rivera- Periodista

En resumidas cuentas, el DIH se creó para ponerle límites a la guerra. Guerra como la que tenemos en Colombia hace más de 60 años. Estas normas deberían ser cumplidas por todos los actores armados, incluida la fuerza pública, pero muy pocas veces se tiene en cuenta. Es más, aunque en Colombia llevemos más de medio siglo en guerra, solo hace 32 años se aprobó el protocolo II de los Convenios de Ginebra en el Gobierno del expresidente Ernesto Samper  y  son los que obligan al país a cumplir las normas de conflicto armado interno.

Aunque aprobado, muy pocas veces se cumple. Por ejemplo según el último Reporte Humanitario de la ONG Vivamos Humanos, especializada en trabajar por la aplicación DIH dice que solo en 2026 han ocurrido 402 eventos violentos asociados al conflicto armado. Entre las principales afectaciones 179 hechos contra la vida 67 por uso de minas antipersonal, 47 restricciones a la movilidad. A estos hechos se le suman los nuevos desafíos del conflicto armado con los ataques con drones, ( que ya van 60  solo entre mayo y julio. según el mismo reporte) el reclutamiento forzado de menores por redes sociales y la prohibición del ingreso de la ayuda humanitaria por parte de los actores armados. 

Estas cifras parecen pocas cuando se vive en un país en guerra que mide la vida en números y el éxito de las políticas de seguridad en bajas. Pero pocas veces se piensa que detrás de cada número hay familias que se rompen, jóvenes que no alcanzan a cumplir sus sueños, colegios que son ocupados por actores armados en lugar de estudiantes, carreteras que solo pueden ser transitadas con el permiso de quienes no tienen autoridad para otorgarlo y, sobre todo, en el daño emocional de las infancias que crecen atravesadas por el miedo, porque nunca han podido sentirse seguras en el lugar que debería protegerlas y que, en cambio, les ha dado más guerra que vida: su casa.

Por eso, después de escuchar al nuevo presidente, me pregunto: ¿qué es realmente lo largo? ¿El nombre de la norma que podría ayudar a mitigar estos daños, o la lista interminable de horrores que produce ignorarla?

No podemos olvidar que más de 10 millones de personas viven en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Basta una sola infracción al Derecho Internacional Humanitario para que comunidades enteras paguen las consecuencias: minas antipersonal sembradas cerca de escuelas; drones cargados con explosivos que detonan en cascos urbanos; personas heridas por artefactos explosivos que llevan meses sin recibir atención porque los actores armados impiden el ingreso de la ayuda humanitaria; familias que padecen escasez de alimentos porque también se controla qué pueden comprar, cómo pueden hacerlo e incluso qué moneda o método de pago pueden utilizar.

Y, en medio de todo ello, queda una pregunta que rara vez se hace: ¿dónde queda la salud mental de quienes viven confinados en sus casas por el miedo permanente a que la violencia vuelva a arrebatarles lo poco que han logrado construir o, peor aún, les quite la vida?

Podría seguir escribiendo más daños, pero eso sí es una vaina larga y dura de narrar,  que además no le alcanzaría al nuevo presidente para contar en sus lives y videos de inteligencia artificial. Entonces, larga va a ser la vaina cuando otra vez tengamos que contar centenas de muertos (actores armados o civiles) que caen por estar en la guerra o sólo por vivir cerca a ella. Y, esto pasa cuando solo le quiere gobernar con política militar y sin tener un enfoque de humanización del conflicto – respeto del DIH-, derechos humanos, o políticas sociales. Y eso es lo que nos avisan que va a pasar. Ojalá me equivoque, pero con el anuncio del Plan Patriota 2.0 lo dudo.

Así pues, si Laureano Gómez fue una copia soez del intelectual ultramontano Miguel Antonio Caro, y Uribe un reencauche antioqueño del Monstruo, De La Espriella es, a su vez, una parodia de Uribe — una caricatura de tercer orden, hecha a la medida de nuestros tiempos.

No es usual que me decante por este tipo de análisis, pero quisiera señalar algunas peculiaridades estéticas de la campaña de quien será el presidente de Colombia por los siguientes cuatro años (suponiendo que sólo sean cuatro; pero no se sorprendan si, a mitad de mandato, los enemigos de la constituyente de antaño se terminan convirtiendo en sus más ardientes defensores).

Consideren, por ejemplo, la apropiación abusiva de la camiseta de la selección. Este gesto no sólo buscó excluir de la participación en una fiesta que, por definición, es nacional, a quienes no comulgamos con el ideario de los abelardistas — y así reducir implícitamente la extensión de “Colombia” a, bueno, ellos mismos. Fue también una ocasión para que el abelardismo realizara el performance de su colombianidad — para exaltarse como la causa que sí se “pone la camiseta”. Otro caso llamativo es la gestual y semántica pseudo-militar que adoptó la campaña de De La Espriella: el saludo marcial de ¾, las coloridas alusiones a destripamientos, la invocación a la autoridad, a una “contrarrevolución” — incluso la imagen frívola del tigre, el depredador por excelencia.

Todo este bombástico imaginario debería hacernos pausar. ¿Quiénes, pregúntense, sienten la necesidad de disfrazarse de colombianos o de militares?

En la medida en que fueron empleados para promover a un señor que usa peluquín, se extasía ante cualquier chuchería si es gringa o europea, desprecia todo lo que le recuerde sus modestos y mestizos orígenes, y ni siquiera prestó servicio militar, todos estos recursos lucen todavía más desteñidos, más impostados. Aquí no estamos ante ningún admirador de Epaminondas, de la sobria virtud militar; en boca de este tipo de personas, “amor por Colombia” o “firmeza por la patria” son, cuando mucho, slogans, hashtags, clickbait.

Llegados a este punto, la pregunta no es qué les vendieron a los colombianos — esto ya lo sabemos: un crudo simulacro pop de los viejos tropos ultramontanos de la Regeneración. La pregunta es qué terminaron comprando. Si las formas de un candidato y la historia pueden servirnos de guía, el próximo será un gobierno de formas, no de sustancia; un gobierno efectista, más preocupado por la representación de la eficacia que por la eficacia misma. De probarse así, el de De La Espriella será un gobierno a su medida: grandilocuente, teatral, cortoplacista y, en última instancia, incapaz de resolver los problemas que promete resolver en cien días, aunque dispusiera de mil.

Confieso que este tema no me atraía hasta que hace un mes debí hospitalizarme en un centro de salud mental. Desde que ingresé entendí que era un privilegio: mi seguro cubría todo, y en la primera clínica que consulté. 

El 25 de octubre no fue un buen día para mí ni para las 20 personas que ingresamos a la clínica Montserrat. Sin embargo, fuimos más las que tuvimos una mejor estadía: entramos al pabellón B y logramos, esa misma noche, tener un cuarto en el lugar más adecuado para cada una, según el diagnóstico inicial.

Unas cinco personas de las que estaban conmigo en el pabellón B entraron en la penumbra de la remisión: buscar una clínica que cubriera su seguro. A una de ellas la llamaré Ana*. Ana lloró muchísimo porque le indicaron que iba a la Clínica la Paz; según ella, “la peor clínica psiquiátrica en Bogotá”. Sin saber mucho del tema pero tan inquieta como siempre, salí 20 días después a investigar sobre clínicas y aún sigo sin saber nada de la “aterradora” Clínica la Paz que le robó la calma a Ana. Su página web no funciona, y en estos tiempos digitales todos sabemos que eso no es una buena señal. 

Regresemos en el tiempo, ya que las palabras siempre lo permiten. El día de mi hospitalización entré a las 12 del mediodía. A las 10 pm ya tenía un cuarto, una psiquiatra asignada y enfermeros que estaban a mi disposición. Sinceramente, aún estando en un psiquiátrico pensaba que soy una privilegiada y lo sigo confirmando al ver las cifras. Es 2022 y en Colombia solo hay un psiquiatra por cada 38.000 habitantes. Me detengo de nuevo ante esa cifra absurda, y agradezco que uno de ellos me atendió cuando lo necesité. 

Mi diagnóstico es trastorno mixto de ansiedad y depresión. Aunque cuesta hablar de salud mental, hoy sé que no soy la única a la que esas dos palabras acompañan: a nivel mundial, el 5% de adultos padecemos depresión. Estuve a punto de hacerme daño y no poder escribir esta columna. No sabía qué estaba pasando. Por eso estuve durante 20 días, sin interrupción, en un tratamiento en la Clínica Montserrat. 

Incluir ese detalle -sin interrupción- no es un adorno ni un capricho; es un dato relevante en un país como el mío. De mis compañeras de hospitalización, al menos tres fueron remitidas cada día hacia otro centro. Su seguro no les cubría más la clínica. 

¿Qué significa esto? Retraso en el tratamiento, tener que adaptarse a otro sitio, a un psiquiatra nuevo y, en ocasiones, hasta a una marca diferente de medicamentos. Esos cambios entorpecen el tratamiento y alejan cada vez más la tan anhelada recuperación. Además, son situaciones que contradicen lo que estipula la ley 1616 de 2013, que contiene disposiciones para garantizar el derecho a la salud mental, la prevención y atención integral en consonancia con el artículo 49 de la Constitución Política.

Muchos dirán “esto es Colombia” y seguirán con sus vidas, pero quienes recibimos un diagnóstico que compromete nuestra salud mental respondemos “eso no es vida”. En Colombia no contamos con una política pública seria que se encargue de la prevención y atención en salud mental. 

Según la OMS, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Mientras escribo este párrafo, pienso en las personas que no reciben atención, que no tienen el privilegio de que alguien les dé la mano que necesitan y que tantas veces no encuentran. Pienso en los que mueren por esta causa en el mundo porque en Colombia tampoco tenemos cifras claras y actualizadas. 

El 10 de octubre, único día del año en que se habla del asunto, el Ministerio de Salud dijo que el 44,7% de los niños tienen indicios de algún problema de salud mental. Lo aterrador no es solo la cifra, sino que no existe un plan de  prevención en nuestro país. O si existe, fallan las comunicaciones y fallan las instituciones porque no encuentro información. Seguramente, tampoco la encuentran las familias y cuidadores de esos niños. Si alguien sabe, por favor, cuénteme.

Ya estoy fuera del psiquiátrico y en tratamiento, y sigo insistiendo en que soy una privilegiada y que esto no debería ser así. TODOS TENEMOS DERECHO A ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. Cuidar la salud es costoso, todos lo sabemos. Para poder tener un buen seguimiento a mi salud mental estoy pagando los medicamentos y las citas de psiquiatría y psicología particular, porque por el seguro se demora una eternidad y necesito mi atención de forma permanente y continúa. Cada mes invierto la mitad de mi salario en estos gastos. Para lo demás, me ayudan mis papás. Pero, ¿y los demás?

Qué es de mis compañeros del psiquiátrico que ya completaban un recorrido por tres clínicas seguidas. Qué ha sido de ellos y los paseos obligados porque el seguro es un asunto de trámites sin fin. Cómo siguen, cómo pueden seguir, cuando tienen que esperar hasta dos meses para una cita con su psiquiatra y otro más para ver a su psicóloga. 

O, para pensar ahora en los más cercanos, qué será de mis amigos del pueblo que aún no saben que tienen un problema de salud mental y simplemente emborrachan la situación. Porque en este país sigue siendo bien visto ser alcohólico, pero es cuestionable buscar ayuda mental. No solo falta política pública en atención sino también en prevención: el desconocimiento puede llevarnos a la muerte.

Las cifras son altas y preocupantes. ¿Cuántos 10 de octubre deben pasar, cuántos suicidios hay que sumar para que esta realidad llame la atención de quienes deberían estar involucrados activamente? Quiero ser optimista, pero no creo que tengamos calendarios suficientes para seguir siendo indiferentes. 

Ese movimiento territorial constante sufre una convulsión en época electoral. Llegan las promesas y, con ellas, un sistema de desorganización planificada: las bases territoriales se vuelven un tesoro transaccional para los políticos. Por lo general se piensa que allí se perdió el voto de opinión, pero la realidad es más cruda. La relación se ha convertido en una negociación entre quien busca el poder y quien ofrece lo único que tiene a cambio de lo que necesita su comunidad. No es una falla moral de las comunidades; pedir solución a sus necesidades, es la respuesta racional a un sistema que nunca construyó canales de participación real.

Pedir un cargo o un mercado, la terminación de una obra o un proyecto a cambio de votos no es oportunismo, es lo único que el sistema les ha enseñado a negociar en el momento en que ven cercano al poder que una vez electo, se va a alejar. Cualquier gobierno, sin importar su color político, tiene el incentivo de mantener comunidades dependientes para complacerlas hoy y manipularlas después. Ahí reside el verdadero problema.

El trabajo comunal es infravalorado porque su capacidad transformadora no se ha dimensionado, ellos pueden cambiarlo todo con sus pequeñas acciones, pero los aplausos protocolarios no bastan. Son las comunidades organizadas las que sostienen la democracia cuando las instituciones fallan. La reflexión entonces, debe hacerse hoy que acaban de pasar las elecciones, dado que todo este sistema descrito, ya ha hecho su trabajo pero con toda claridad, es momento de abrir el debate ciudadano responsable y repensarse.

No puede seguir sucediendo que la gente que se ha movilizado a diario siga dependiendo de elecciones de momento para obtener algo. Por ejemplo, el Congreso recién elegido tiene una deuda pendiente con la democracia territorial. No se trata solo de asignar más presupuesto a las juntas, sino de garantizar mérito real, participación vinculante y transparencia. El reto para el liderazgo comunal es elevar la vara: exigir convocatorias limpias y rendición de cuentas constante, no solo cuando el candidato necesita el aplauso. ¿Acaso los comunales no están cansados de participar en convocatorias públicas, hacer el papeleo y nunca ganarse nada? El poder está en las bases, pero al entregarlo sin control, sencillamente se diluye.

A los comunales nadie les ha regalado nada, es su trabajo y disposición lo que los legitima, cada cámara instalada y cada frente de seguridad organizado es evidencia de que, cuando la comunidad decide, el gobierno sobra como intermediario, solo cumple su función. El desafío es fortalecer los territorios para que el trabajo sea tan sólido que la efervescencia electoral se vuelva prescindible.

Una sociedad que decide por sí misma no depende de un político que aparece cada cuatro años. La base no necesita que la salven; necesita que dejen de usarla. La estructura comunal es la clave de todo, siempre lo fue, el problema es que algunos solo la recuerdan cuando necesitan que alguien les abra la puerta del barrio. La decisión de cambio va en una reflexión profunda y una autocrítica de los líderes de base y un empoderamiento real que les permita alzar la voz y exigir, desde una territorio, seguro se puede cambiarlo todo.

En la baraja de presidenciables, la votación de Paloma Valencia la proyecta como una figura con capacidad real para disputar el liderazgo de la derecha y entrar con fuerza en la conversación principal de la primera vuelta. En ese contexto, la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, precedida además por un clima de expectativa favorable, podría ayudarle a atraer, tanto en primera como en una eventual segunda vuelta, una parte importante de los votos dispersos del centro. Su incorporación también inclina la candidatura de Paloma Valencia hacia la moderación y reduce significativamente el margen de maniobra de Sergio Fajardo en ese mismo electorado. Queda, además, un capital electoral que no conviene perder de vista: el que se expresó en las otras dos consultas. Aunque muchos puedan considerarlo menor frente a la magnitud de la consulta de la derecha y la solidez electoral de Iván Cepeda, allí persisten apoyos que pueden resultar estratégicos en una elección tan estrecha como la que hoy se perfila.

Ahora, si las consultas ayudaron a ordenar el panorama presidencial, las elecciones al Congreso dejaron ver con igual claridad el tipo de gobernabilidad que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. La jornada legislativa volvió a mostrar un Congreso sin hegemonías claras, con varias fuerzas de tamaño relevante, pero incapaces de dominar por sí solas el panorama legislativo. En otras palabras, ni el oficialismo ni la oposición salen de estas elecciones con la posibilidad de controlar el Congreso por cuenta propia. Por eso, quien llegue a la presidencia tendrá que gobernar en un contexto de negociación constante, con bancadas dispersas y con la necesidad permanente de construir coaliciones.

Ese dato importa no solo por lo que dice sobre la gobernabilidad futura, sino también por el contraste que revela. Las urnas dibujaron un mapa político que obligará a la negociación y a la construcción de acuerdos. Sin embargo, muchos de los discursos que se consolidaron después de la jornada parecen ir en sentido contrario. En vez de asumir la evidente necesidad del otro, justo cuando la realidad institucional exige mayor disposición al entendimiento, al cierre de las consultas, persistió la alusión a la derrota del adversario como principal movilizador de las emociones colectivas.

En algunos casos, se habló de derrotar al proyecto que hoy ocupa el gobierno. En otros, de derrotar a las fuerzas que, durante las últimas décadas, han encarnado la tradición política de la derecha colombiana. Incluso desde posiciones que se presentan como superadoras de la polarización reaparece una fórmula semejante: derrotar simultáneamente a quienes dominan el debate político nacional. Casi todos, al final, terminan enlazados por una lógica similar: convertir al otro en una amenaza y a la política en un campo de eliminación simbólica. Y ese, en la historia colombiana, es un lenguaje peligroso.

Lo más revelador es que esa lógica se manifiesta, incluso, entre sectores que leen el país desde perspectivas muy distintas. La izquierda tiende a mirar el país desde la gramática de los derechos, la inclusión y la justicia social, y por eso percibe cualquier retroceso en las libertades o en las conquistas sociales como una amenaza. La derecha lo hace desde la defensa del orden, la seguridad y la confianza en reglas estables para producir e invertir, y por eso reacciona ante la incertidumbre jurídica, el debilitamiento de la autoridad o la hostilidad hacia el mercado. El centro, por su parte, se afirma en la prudencia en la toma de decisiones, la técnica y la sostenibilidad institucional y teme que el país quede a merced de la improvisación, de promesas inviables y de la erosión de las capacidades del Estado.

Esas diferencias, en lugar de abrir el camino al reconocimiento mutuo, terminan subordinadas a una misma idea: asumir que el rumbo del país solo podrá corregirse mediante la anulación simbólica del adversario. No el diálogo, ni la posibilidad de reconocer las diferencias, ni la construcción paciente de un lenguaje común, sino la derrota del otro como único horizonte imaginable. Sin embargo, el país que emerge de las urnas difícilmente puede reducirse a esa lógica.

La Colombia que se asoma desde los resultados electorales no cabe en la simple lógica de la derrota del otro, porque en ella conviven preocupaciones distintas, todas ellas reales, sobre el rumbo de la democracia. El problema comienza cuando los partidarios de un proyecto son presentados como radicales irresponsables; los del otro, como enemigos de cualquier transformación; y quienes intentan ubicarse en el centro del debate, como ingenuos, tibios o irrelevantes. Poco a poco, el contrario político deja de ser un interlocutor y empieza a convertirse en una amenaza.

En este orden de ideas, la realidad de gobernar el país exigirá algo mucho más difícil que ganar una elección. Exigirá reconocer que en el otro —en ese adversario político que tantas veces se caricaturiza— también existen preocupaciones legítimas sobre el país que queremos construir. Quien llegue a la presidencia tendrá que comprender que gobernar Colombia no podrá constituirse en una suerte de derecho adquirido tras la conquista ni en la consumación de una derrota sobre otros. Gobernar, en un país como este, deberá significar algo mucho más exigente: escuchar las diferencias, abrir los diálogos necesarios, tender puentes entre sensibilidades distintas y acercar las múltiples realidades legítimas que atraviesan la vida nacional. Solo desde ese reconocimiento será posible construir la estabilidad que Colombia necesita y hacer de la presidencia no el trofeo de una facción, sino un verdadero gobierno para toda la nación.

Tengan hijos, pero los andenes no están adecuados para el coche Tengan hijos, pero cúbranse la teta si van a lactar Tengan hijos, pero no vayan a restaurantes porque ocupan mucho espacio con el coche Tengan hijos, pero no viajen en avión porque molestan a los pasajeros Tengan hijos, pero no se queden en hoteles “normales” porque no dejan descansar a los huéspedes Tengan hijos, pero no salgan a parques porque no hay espacio para los bebés Tengan hijos, pero elijan muy bien qué calles tomar porque de un momento a otros sólo hay espacio para los carros o las bicicletas Tengan hijos, pero no usen el transporte público porque no está diseñado para nosotras Tengan hijos, pero no vayan trabajar quédense en casa porque el bebé las va extrañar

¿Te cansaste de leer esto sin puntuación?, imagina cómo es vivirlo.

Ahora que te tengo leyéndome, considero importante poner la siguiente reflexión sobre la mesa. ¿Está la cotidianidad hecha para llevar una maternidad sana y fuera de casa?, pues no. Como les conté antes, todo está diseñado para que el cuidado de las infancias se haga en la esfera privada y nada está planeado para que podamos sacarlo de los hogares. Además, no hay el mínimo interés de parar la rapidez del capitalismo que prioriza los entornos para la productividad y reduce los lugares para el cuidado que siempre implican más calma, más tiempo y más espacio.  

Hice una búsqueda de las leyes o  políticas públicas colombianas para las maternidades dignas y encontré muy pocas –y muy recientes para lo que deberíamos tener– teniendo en cuenta que  el cuidado y las nuevas vidas es lo que nos sostiene como sociedad. Existen tres enfocadas en temas de salud como: parto humanizado (Ley 2244 de 2022), ruta de atención integral (Resolución 3280 de 2018) e interrupción voluntaria del embarazo (Sentencia C-055 de 2022). Hay dos enfocadas en temas de lactancia que “permiten, un poco que ejerzamos la maternidad fuera de casa”: salas amigas de la lactancia en el entorno laboral (Ley 1823 de 2017), creación de áreas de lactancia materna en el espacio público (Ley 2306 de 2023). Por último, dos leyes más en temas laborales: el fuero de maternidad para evitar los despidos (artículo 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo) y la licencia de maternidad y paternidad ampliada (Ley 2114 de 2021).

Para mí, que apenas estoy iniciando en el mundo de la maternidad, celebro que en los últimos cinco años se haya avanzado y ya goce de varios derechos que ahí se exponen. Pero, aquí sí un pero válido, siete políticas desarticuladas  no me parecen suficientes para lo que  significa en lo tangible ejercer la maternidad en la cotidianidad. De verdad, yo quiero salir de casa con mi bebé, quiero hacerlo sola –algunas tienen que hacerlo por obligación–, pero, en serio otro pero, cada minuto en la calle es como una carrera de obstáculos no sólo de infraestructura sino también de falta de cultura y humanidad: el clamor para que tengamos hijos y el rechazo cuando los tenemos parecen hacer corto circuito y crear un círculo vicioso infinito que no se solucionará hasta no tener una economía del cuidado como política pública nacional.

De nuevo: los argumentos y la evidencia están ahí. Si quieren disputar seriamente el fallo, primero conózcanlo bien. Es alrededor de los argumentos y de las pruebas presentados por la jueza que cualquier discusión acerca la condena de Uribe debe circunscribirse. El resto es bulla, propaganda, fanatismo o más mierda politiquera.

La calidad de un sistema en el que el poder político está uniformemente distribuido depende en parte de la calidad de los estados mentales de aquellxs entre quienes este poder se distribuye. Concluyo que si el revanchismo, la soberbia y el encono, que son pasiones que por su propia naturaleza tienden a ocultarnos el verdadero bien público, prevalecen sobre la ecuanimidad y la prudencia, la nuestra seguirá siendo una democracia disfuncional, inarmónica, errática, confundida.

Hoy día, a menos de un año del siguiente ciclo electoral, creo prudente afirmar que lo que muchxs como yo pensamos hace tres años y pico no estará tan lejos de lo que terminará por suceder. Sin embargo, existen logros de la administración Petro (la reforma laboral y la pensional, en particular) que, en lo personal, nunca pensé que podría tramitar. Me alegra haberme equivocado. Falta aún ver qué sucede con las reformas al tributo y a la salud, así como las últimas entregas de la más bien malograda Paz Total. Pero dada la inminencia de las elecciones presidenciales y el remezón ministerial por venir, no estoy convencido de que mucho se pueda avanzar en esos frentes. Espero equivocarme otra vez.

Ahora bien, al margen de lo que pueda o no cosecharse en estos frentes, creo que existe algo importante que decir acerca del legado de este gobierno que no es común encontrar abordado en la arena pública. Y no es común porque no es algo como una reforma, una ley o una desmovilización, que son cosas más o menos tangibles y que pueden ser señaladas o cuantificadas. Es algo más sutil, más abstracto, pero que, a mi juicio, marca un hito en la historia política del país.

Con esta administración, las fuerzas de izquierda han tenido por primera vez la plataforma para generar políticas públicas que les permitieran probarse ante toda la nación como una opción de gobierno constructiva, y para configurar instituciones que buscan impactar positivamente la calidad de vida de muchxs colombianxs, sean éstxs o no votantes del Pacto Histórico. Ejemplos de estas iniciativas son el nuevo régimen laboral, que vuelve a poner el acento en la protección del trabajo y revierte el proceso de precarización que se había acelerado desde el gobierno Uribe, y un nuevo sistema de pensiones que pretende ampliar la cobertura básica de nuestrxs ancianxs más desprotegidxs y reducir el número de personas en situación de pobreza extrema. Podremos diferir acerca de sus pormenores o de su implementación, pero es difícil argumentar (al menos seriamente) en contra de lo bien fundado de estas reformas.

Por otro lado, el gobierno Petro, ya próximo a su salida, confirma que las fuerzas de izquierda pueden llegar al poder por vías democráticas, y que su permanencia en y salida del mismo no implican ninguna perturbación del orden institucional. Al caer el telón, Colombia, después de su primer gobierno progresista, no se “convirtió en ninguna Venezuela”. Esto no sólo entraña la refutación de un trillado talking point de la derecha, sino la consagración de una genuina alternativa política para lxs colombianxs, que no se siente incómoda por navegar entre la Caribdis de las tradicionales propuestas del centro y la derecha, y la Escila del estigma guerrillero.

A futuro, y pase lo que pase en 2026, la izquierda podrá reclamar como suya una serie de leyes e iniciativas diseñadas para paliar la enorme brecha social en Colombia y conquistadas por vías de derecho. En un país como el nuestro, históricamente empecinado en mantener por fuera del poder a las fuerzas progresistas y vecino de uno de los peores ejemplos de autoritarismo “de izquierda” de la región, éstos son resultados prometedores que es necesario afianzar y profundizar.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 22.9% de la población nacional vive en zonas rurales dispersas y centros poblados, de esta población el 28.5% son jóvenes en edades entre los 14 y 28 años, siendo 2.879.755 jóvenes rurales que se encuentran principalmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Arauca. Un número bajo que evidencia el envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que ha afectado a otros países y que actualmente ha empezado a sobresalir en Colombia, donde la expectativa de vida ha aumentado mientras la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años, originando que la población adulta supere cada vez en mayor proporción a la población infantil y juvenil. 

En el sector rural este fenómeno es agravado por la falta de oportunidades, el acceso deficiente a servicios básicos, la violencia armada y el reclutamiento por parte de grupos armados y criminales que obliga a las y los jóvenes a abandonar el campo para buscar no solo un mejor futuro, sino un mejor presente. 

A nivel productivo las juventudes rurales cuentan con menos fuentes de ingresos y enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades económicas y formativas, además, aunque el trabajo agrícola sigue siendo la principal actividad económica del sector rural y de que es necesario para garantizar la seguridad alimentaria del país, las juventudes campesinas carecen de la tierra, el capital y la tecnología necesarios para subsistir y generar desarrollo en el campo.   

A pesar de que las juventudes rurales representan una fuerza de trabajo vital para el sector rural, el pago por el jornal rural en el mejor de los casos alcanza los 47.450 pesos que equivalen al salario mínimo diario actual en el país, además, el trabajo de la tierra es pesado, suele exceder las 8 horas de trabajo diarias previstas legalmente, en ocasiones parte de los pagos se hacen en alimentación o en especie con los productos de las fincas, y pocos trabajadores rurales reciben prestaciones sociales o cotizan para pensión. 

El panorama parece desalentador para las personas jóvenes que viven en el sector rural, pero su identidad campesina se mantiene fuerte y quienes cuentan al menos con la tierra de sus familias tienen deseo de trabajarla y producir, pero requieren apoyo para acceder a capital y a maquinaria, o para vender su producción. 

Un impulso es necesario para potencializar las capacidades juveniles, por ejemplo, los dispositivos digitales que las personas jóvenes usan con facilidad y el acceso a conectividad pueden generar grandes ventajas, pues a través de las TICs se pueden hacer contactos de compradores o proveedores para abrir mercados agrícolas, utilizar servicios financieros digitales, y en general acceder a información y a ofertas privadas y públicas.  Las opciones tecnológicas parecen salidas de contexto cuando no existe conexión a internet, vías, o acueductos, sin embargo, es parte de las aspiraciones y metas que las nuevas generaciones tienen, junto a sus múltiples intereses y el deseo de aprender diversas profesiones, oficios y artes que no tienen el mismo impulso en el sector rural que en zonas urbanas o ciudades grandes, pero hacen parte de las nuevas ruralidades, y de las transformaciones que las personas jóvenes quieren lograr. 

Algunos avances se presentan en la nueva ley para jóvenes rurales que fue aprobada el pasado 19 de junio en el Senado y que se encuentra a la espera de sanción presidencial. La ley que fue impulsada desde la Comisión Accidental de Juventud procura incluir a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, garantizando su acceso a la tierra, a proyectos productivos, y a formación académica y técnica. 

Las disposiciones que trae esta nueva ley otorgan subsidios a jóvenes para la adquisición de tierra y les permite ser beneficiarios del programa de adquisición de tierra por negociación directa. Además, establece que las juventudes rurales son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, y se les garantiza participación en políticas de desarrollo rural. 

También, se entiende que la tierra, la productividad y la inclusión social y cultural son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales, y se promociona el arraigo cultural fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación de la identidad campesina. 

Con un enfoque más fresco, esta nueva ley reconoce modelos económicos alternativos que involucren formas de organización, producción, distribución, consumo e intercambio diferentes a las tradicionales, además de que promueve la innovación, el emprendimiento, y el uso de las TICs.

Otras consideraciones que trae la ley es que crea incentivos a quienes contraten a jóvenes rurales, y establece que se creen mecanismos de asesoría, representación y formación para que las juventudes accedan a sus derechos sobre la tierra. Asimismo, impulsa la sostenibilidad y la agricultura regenerativa, da acceso a apoyos financieros del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, crea un trazador presupuestal de juventud rural, e impulsa la gobernanza juvenil del territorio.  

Junto a la Reforma Agraria que se está generando actualmente, esta ley ayuda a entregar el futuro del campo a las juventudes, las cuales en un entorno adverso siguen luchando para que el trabajo agrario genere condiciones de vida digna, con un mérito acorde al nivel de esfuerzo que requiere.