De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 22.9% de la población nacional vive en zonas rurales dispersas y centros poblados, de esta población el 28.5% son jóvenes en edades entre los 14 y 28 años, siendo 2.879.755 jóvenes rurales que se encuentran principalmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Arauca. Un número bajo que evidencia el envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que ha afectado a otros países y que actualmente ha empezado a sobresalir en Colombia, donde la expectativa de vida ha aumentado mientras la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años, originando que la población adulta supere cada vez en mayor proporción a la población infantil y juvenil. 

En el sector rural este fenómeno es agravado por la falta de oportunidades, el acceso deficiente a servicios básicos, la violencia armada y el reclutamiento por parte de grupos armados y criminales que obliga a las y los jóvenes a abandonar el campo para buscar no solo un mejor futuro, sino un mejor presente. 

A nivel productivo las juventudes rurales cuentan con menos fuentes de ingresos y enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades económicas y formativas, además, aunque el trabajo agrícola sigue siendo la principal actividad económica del sector rural y de que es necesario para garantizar la seguridad alimentaria del país, las juventudes campesinas carecen de la tierra, el capital y la tecnología necesarios para subsistir y generar desarrollo en el campo.   

A pesar de que las juventudes rurales representan una fuerza de trabajo vital para el sector rural, el pago por el jornal rural en el mejor de los casos alcanza los 47.450 pesos que equivalen al salario mínimo diario actual en el país, además, el trabajo de la tierra es pesado, suele exceder las 8 horas de trabajo diarias previstas legalmente, en ocasiones parte de los pagos se hacen en alimentación o en especie con los productos de las fincas, y pocos trabajadores rurales reciben prestaciones sociales o cotizan para pensión. 

El panorama parece desalentador para las personas jóvenes que viven en el sector rural, pero su identidad campesina se mantiene fuerte y quienes cuentan al menos con la tierra de sus familias tienen deseo de trabajarla y producir, pero requieren apoyo para acceder a capital y a maquinaria, o para vender su producción. 

Un impulso es necesario para potencializar las capacidades juveniles, por ejemplo, los dispositivos digitales que las personas jóvenes usan con facilidad y el acceso a conectividad pueden generar grandes ventajas, pues a través de las TICs se pueden hacer contactos de compradores o proveedores para abrir mercados agrícolas, utilizar servicios financieros digitales, y en general acceder a información y a ofertas privadas y públicas.  Las opciones tecnológicas parecen salidas de contexto cuando no existe conexión a internet, vías, o acueductos, sin embargo, es parte de las aspiraciones y metas que las nuevas generaciones tienen, junto a sus múltiples intereses y el deseo de aprender diversas profesiones, oficios y artes que no tienen el mismo impulso en el sector rural que en zonas urbanas o ciudades grandes, pero hacen parte de las nuevas ruralidades, y de las transformaciones que las personas jóvenes quieren lograr. 

Algunos avances se presentan en la nueva ley para jóvenes rurales que fue aprobada el pasado 19 de junio en el Senado y que se encuentra a la espera de sanción presidencial. La ley que fue impulsada desde la Comisión Accidental de Juventud procura incluir a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, garantizando su acceso a la tierra, a proyectos productivos, y a formación académica y técnica. 

Las disposiciones que trae esta nueva ley otorgan subsidios a jóvenes para la adquisición de tierra y les permite ser beneficiarios del programa de adquisición de tierra por negociación directa. Además, establece que las juventudes rurales son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, y se les garantiza participación en políticas de desarrollo rural. 

También, se entiende que la tierra, la productividad y la inclusión social y cultural son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales, y se promociona el arraigo cultural fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación de la identidad campesina. 

Con un enfoque más fresco, esta nueva ley reconoce modelos económicos alternativos que involucren formas de organización, producción, distribución, consumo e intercambio diferentes a las tradicionales, además de que promueve la innovación, el emprendimiento, y el uso de las TICs.

Otras consideraciones que trae la ley es que crea incentivos a quienes contraten a jóvenes rurales, y establece que se creen mecanismos de asesoría, representación y formación para que las juventudes accedan a sus derechos sobre la tierra. Asimismo, impulsa la sostenibilidad y la agricultura regenerativa, da acceso a apoyos financieros del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, crea un trazador presupuestal de juventud rural, e impulsa la gobernanza juvenil del territorio.  

Junto a la Reforma Agraria que se está generando actualmente, esta ley ayuda a entregar el futuro del campo a las juventudes, las cuales en un entorno adverso siguen luchando para que el trabajo agrario genere condiciones de vida digna, con un mérito acorde al nivel de esfuerzo que requiere.

El derecho a la consulta previa es el derecho fundamental que poseen los grupos étnicos de poder decidir sobre las medidas legislativas o administrativas que los afectan directamente. Este derecho es comúnmente asociado con los diálogos, socializaciones y decisiones que se realizan de manera previa a la ejecución de un proyecto con el objetivo de conseguir el consentimiento libre, informado y precedente de las comunidades. Sin embargo, contrario a la literalidad de su nombre, el derecho a la consulta no solo abarca las primeras etapas de un proyecto; también incluye su desarrollo, y hasta puede llegar a ser exigible luego de la finalización del mismo, como bien lo ha establecido la jurisprudencia constitucional. Lamentablemente, los operadores jurídicos desconocen que los deberes derivados de la consulta se extienden en el tiempo y no son solo un trámite inicial, como quedó demostrado con un caso que acompañó el CINEP y la Clínica de Propiedad Agraria, Restitución de Tierras y Víctimas del Observatorio de Tierras.

Durante los pasados meses la Clínica y el CINEP trabajaron junto con el Consejo Comunitario de los Ríos de La Larga y Tumaradó (COCOLATÚ) en el trámite de una acción de tutela que pedía la protección de sus derechos fundamentales al territorio colectivo, medio ambiente sano en relación con derecho al agua, a la salud, a la vida en condiciones dignas y al trabajo de comunidad conformada por sujetos de especial protección constitucional, y a la consulta previa. El caso, a grandes rasgos, involucraba un relleno sanitario que se había construido de manera irregular, con compra de predios irregulares y sin adelantar consulta previa, en el territorio del Consejo Comunitario y que tenían amplias deficiencias operacionales que causaban afectaciones al territorio, ambiente y personas. Diferentes sanciones y órdenes de cierre pesaban sobre el relleno (uno nuevo tenía que construirse) pero ni la Alcaldía de Riosucio, ni la empresa de servicios públicos ESPRICH S.A, ni CODECHOCÓ tomaron acciones para remediar la situación.

En primera instancia, entidades como ESPRICH S.A argumentaron que el derecho a la consulta previa del Consejo no se podía proteger porque la consulta nunca se realizó, ni se pidió por parte de COCOLATÚ y el relleno ya estaba en operación desde hace varios años. El Juzgado Promiscuo de Familia de Riosucio, si bien reconoció el amparo de los otros derechos, negó el de la consulta previa acogiendo la lógica de ESPRICH S.A: ya nada se puede hacer porque el relleno ya existe, y solo se tendrá que respetar la consulta previa una vez se defina cómo y dónde se hará el nuevo relleno sanitario. Frente a esto, interpusimos una impugnación que defendía una idea muy simple: el derecho fundamental a la consulta previa no se agota en el inicio de un proyecto; por el contrario, abarca todas las etapas de su desarrollo y culminación.

La Corte Constitucional en su sentencia SU-123 de 2018 fue clara al afirmar que la consulta de proyectos que no se discutieron previamente opera incluso cuando estos ya están en ejecución o finalizaron. En el primer caso, la obligación de la consulta se mantiene porque hay una vulneración sostenida en el tiempo del derecho, el proyecto se está ejecutando sin el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Asimismo, la Corte en sentencias como la T-733 de 2017 determinó que, si hay cambios sustanciales durante el desarrollo del proyecto, el deber de consulta se renueva puesto que hay afectaciones diferentes a las socializadas con la comunidad. En el segundo caso, el derecho a la consulta aplica porque hay una obligación constitucional de reparar todo daño antijurídico, reparación que debe ser consultada con la comunidad para encontrar medidas que reparen el tejido social, ecológico y cultural afectado. Si no se hiciera así, se estaría creando un incentivo perverso, como lo hizo el Juzgado, para que se ejecuten proyectos sin consulta y nada se pueda hacer al respecto luego de que finalicen.

Afortunadamente, el Tribunal Superior de Quibdó acogió nuestros argumentos y protegió el derecho a la consulta previa del Consejo Comunitario. Los magistrados hicieron una reiteración de jurisprudencia que retomó los precedentes constitucionales que reafirmaban el carácter prolongado en el tiempo del derecho a la consulta cuando había cambios significativos, se estaba ejecutando el proyecto o este había finalizado. Por eso ordenó la inclusión de la comunidad en el trámite de cierre y finalización del relleno sanitario para que se les preguntara sobre las reparaciones pertinentes para resarcir el daño causado por el relleno irregular. En conclusión, este caso nos demuestra la tarea que tenemos de cambiar la mentalidad de los operadores jurídicos acerca sobre un derecho fundamental como la consulta previa, que en ciertas ocasiones va más allá de la literalidad de su nombre.

Dentro del libro titulado “El Acuerdo Agrario”, Darío Fajardo señala un elemento central sobre el conflicto social armado al enunciar que sus raíces más profundas y sus ramas anidan en las relaciones que se han construido entre el país urbano y el país rural, más que en el mundo agrario. Estas reflexiones ya han sido abordadas en otros espacios como en “La insurgencia de las provincias” donde se muestra cómo en las ciudades “provinciales” han existido corrientes críticas sobre las cuestiones negativas de nuestro desarrollo histórico en el país. Además, sus secuencias corruptoras que se han visto reflejadas en la centralización político-administrativa. Como ya habría señalado Fajardo, la realidad de la distribución espacial de la población marca una visión definitivamente urbana del país a pesar de que nuestro país resulta más rural de lo que es usualmente aceptado y donde sus actividades agrícolas han sido desplazadas hacia las minero-exportadoras; agravadas por los efectos económicos dominantes como la política de importaciones agrícolas, el desplazamiento forzado y la usurpación de las tierras. El efecto del informe de la “Misión para la Transformación del Campo” (2015) desarrollada en cabeza del Departamento Nacional de Planeación nos deja dos argumentos esenciales: el primero es que el área rural colombiana ha sido uno de los ejes indiscutibles del desarrollo económico del país y el segundo es que los sesgos urbanos han tenido un efecto de atraso en materia económica y social en el país.

Estas reflexiones se han desenvuelto sobre los problemas del desarrollo desigual entre las regiones y los sistemas intermedios de planificación estatal. Como ha mencionado Estefanía Ciro en “Las maneras del Estado en los territorios cocaleros del sur de Colombia durante el pos-acuerdo (2016-2018)” no sólo debe ser cuestionado y transgredido el régimen de acumulación que produjo la guerra sino también debe serlo el tipo de Estado, sus prácticas, imágenes y rutinas que lo soportan. Es por esto tan necesario que la implementación de los acuerdos deben leerse con un proceso de (re)construcción del Estado.

Recordando a los planificadores que no se consideran así mismos parte del sistema para el cual planifican y desconocen las situaciones locales y las fuerzas históricas concretas del mundo rural como hacía referencia Arturo Escobar en “La invención del tercer mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo”. Expresiones como el Plan General de Desarrollo de 1969 tenía componentes explícitos de planeación regional y subregional. Sin embargo, con algunas limitaciones ideológicas. Expresiones como estas se siguen manteniendo y sostienen que el “progreso” puede filtrarse de arriba hacia abajo, o del centro hacia la periferia, a través del goteo de recursos generados; guardando algunas de sus expresiones en formas recientes sobre la planificación estatal y la relación que esta ha establecido con el mundo rural.

Dentro de estas expresiones se ha reconocido la necesidad de incorporar factores políticos de incidencia al ver sus fracasos en el modelo de poder estatal y poder popular o comunitario. Señalando la necesidad de una movilización política y económica de campesinas, campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas; de su organización y su participación activa.

Estos elementos se hacen evidentes dentro de las conversaciones entre representantes del Gobierno Nacional y los voceros de la Cumbre Agraria del 2016 que culminan en acuerdos contenidos en el acta del 12 de junio del mismo año. Acuerdo que consigna los compromisos del Estado para viabilizar la reforma y la aplicación efectiva de la Ley 160 de 1994. Además de estos escenarios es importante reconocer el Acto Legislativo 01 de 2023 por el cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, donde además de su reconocimiento como sujeto político. Sumado a esto, se celebra la reinstalación de la Mesa Única Nacional – Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, creada como consecuencia del Paro Agrario de 2013. Todos elementos son expresiones de situaciones locales y fuerzas históricas concretas que vienen surgiendo desde las propias comunidades y es necesaria su expresión en diferentes niveles de participación y decisión efectiva.

Estas expresiones tienen enormes retos: el primer elemento generado por movimientos sociales y organizaciones campesinas regionales que se movilizan entorno a la acción política, casi como una rebelión de la periferia, y la necesidad del reconocimiento desde el Estado de los lenguajes locales del desarrollo a través de sus expresiones históricas y culturales específicas dando la posibilidad del ejercicio de la autonomía y el diseño propio.

El segundo elemento tiene que ver con la excesiva centralización y planificación de las instituciones del Estado, sus formas de ser y de operar. Como advirtieron en el Foro sobre Jurisdicción agraria, justicia en el campo y reforma agraria, la compañera Nidia Quintero delegada de la Convención Nacional Campesina y el compañero Eberto Diaz delegado de Fuerza Nacional campesina, las relaciones de fuerza, muchas veces contradictorias, se expresan en la estructura institucional que se ha construido y que no permite que hayan cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, con agravantes en la contradicción o paralización entre instituciones del Estado.

Por lo tanto, es necesaria esta reconciliación, la del país urbano y país rural, en la implementación del acuerdo de paz y el cumplimiento de deudas históricas para las organizaciones campesinas, étnicas y populares. El cambio regional sólo será posible a través de la transformación de las prácticas propias del Estado, su (re)construcción, y la colonialidad con la que los planificadores o funcionarios públicos han visto el mundo rural o la “Colombia profunda”.

El campesinado colombiano enfrenta un panorama desafiante marcado por las tensiones y contradicciones sociales y políticas del país. Su reconocimiento constitucional como sujeto de derechos, la creación de la jurisdicción agraria y el Decreto 1004 de 2024 que reglamenta la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos son victorias importantes en medio de tal panorama. Así mismo, el crecimiento económico del sector agropecuario durante el último año, aportando 1% a la variación del PIB, es una buena noticia. Pese a lo anterior, el campesinado sigue soportando profundas y sensibles problemáticas de orden estructural ligadas a la desigualdad y la pobreza.

Por ejemplo, el gobierno nacional ha presentado cifras relevantes frente a la disposición de tierras con el reporte de 1.316.517 hectáreas. De ese reporte, 353.668 hectáreas corresponden a la provisión del fondo de tierras creado por el Acuerdo de Paz y 719.000 hectáreas corresponden a la entrega a sujetos de reforma agraria. Tales cifras son un avance frente a la precaria gestión del anterior gobierno, sin embargo, son insuficientes respecto a lo mandatado por la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, la cual estableció como meta la formalización de 3 millones de hectáreas y la entrega de otras 7 millones de hectáreas.

Además, el actual gobierno ha realizado esfuerzos frente a la generación creciente de proyectos productivos asociados en torno a las tierras entregadas y la financiación del sector, incluyendo la facilitación del acceso al crédito para los campesinos. No obstante, el desarrollo de la estructura productiva del país demanda transformaciones y mayor protagonismo de la agricultura.

Aún con el reconocimiento de importantes avances, los problemas relacionados con la propiedad de la tierra, las dificultades productivas, los desafíos de la alimentación, los cortos avances del Acuerdo de Paz, la persistencia del conflicto armado, la continua discriminación y vulneraciones a las mujeres campesinas y el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen demarcando el panorama del campesinado colombiano.

Las problemáticas estructurales que padece el campesinado colombiano son el trasfondo de recientes hechos de movilización. Es el caso, por ejemplo, de la protesta de la Agenda Nacional Campesina ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá entre el 8 y 11 de julio. Con tal de empujar la reforma agraria y los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, la movilización campesina logró un acuerdo con las autoridades gubernamentales de 31 puntos clave entre los que destaca el acceso a tierras, medidas económicas, la sustracción de la Ley 2 de 1959 para la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y un piloto de sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar. Al tiempo que se presentaba esta protesta, se desarrollaron movilizaciones por la reforma agraria y garantías para el campesinado lideradas por el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) en Popayán el 8 de julio y por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Riohacha (La Guajira) el 10 de julio.

Entre el 4 y 7 de junio se presentaron importantes movilizaciones en distintos puntos del país, donde destacó la instalación de un refugio humanitario en la Nunciatura Episcopal en Bogotá, en el marco de la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios encabezada por el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos. Estas movilizaciones alertaron la emergencia humanitaria y la avanzada paramilitar en territorios como el Magdalena Medio y el sur del Cesar y lograron un acuerdo con el gobierno nacional con la instalación de una mesa permanente de interlocución alrededor del pliego de exigencias presentado. Posteriormente, del 27 de julio al 23 de agosto se desarrolló la Caravana Humanitaria Por la Vida y la Permanencia en los Territorios en el oriente antioqueño, el sur de Bolívar, Arauca, Chocó y el Valle del Cauca.

El pasado 23 y 24 de agosto la Convención Nacional Campesina se reunió en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá en un seminario interno donde acogieron el Capítulo Campesino surgido de la Convención Campesina de 2022 como plataforma de lucha, resaltando en su declaración la defensa del campesinado, sus territorios y territorialidades, la soberanía alimentaria, participación vinculante, la erradicación de las violencias basadas en género contra mujeres y diversidades sexuales, la garantía de los DDHH y la salida política al conflicto armado, entre otros.

Con todo, además de las problemáticas estructurales mencionadas al inicio, la movilización campesina enfrenta los incumplimientos gubernamentales de acuerdos arribados con las organizaciones, como lo señaló la Agenda Nacional Campesina en sus redes sociales, y los retos y tensiones que abrevan en la búsqueda de la unidad del movimiento y su relación con un gobierno progresista.

A lo anterior se suman dos hechos de un inmenso potencial político. Por una parte, el 12 de agosto en Fortul, Arauca, el gobierno nacional entregó el decreto de reglamentación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios – TECAM, los cuales son una reivindicación de territorialidad campesina, en un acto político con comunidades y organizaciones. Por otra parte, el 10 de agosto se constituyó la ZRC número 14 en Pradera, Valle del Cauca, en un acto donde asistieron la Ministra de Agricultura y el Director de la ANT.

Estos dos hechos son de un gran potencial político porque, en primera medida, la reivindicación de autonomías territoriales para la soberanía alimentaria y la gestión territorial han movilizado al campesinado durante décadas por la defensa de sus derechos, su territorio, su cultura y por la reforma agraria y la paz con justicia social. En segunda medida, el crecimiento y fortalecimiento de las territorialidades campesinas impacta positivamente la gestión territorial, la protección de los ecosistemas, los derechos de las mujeres campesinas, la asociatividad y, de paso, al movimiento campesino, puntos esenciales sobre los cuales debe respaldarse la reforma agraria.

La conformación de Asambleas Populares y Comités de Reforma Agraria, encuadradas en el Sistema Nacional de Reforma Agraria, son iniciativas que van en línea con el crecimiento y fortalecimiento de las territorialidades campesinas, ya que sus funciones cobija dinamizar los procesos de divulgación y formación comunitaria, contribuir al plan de implementación de la reforma agraria y recomendar tierras a la ANT para la provisión de campesinos. Además, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, reactivado gracias al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, impulsa a la mujer rural como sujeto especial de reforma agraria dadas las vulneraciones y discriminaciones históricamente padecidas e invisibilizadas. De modo tal que las mujeres campesinas cuentan con mayores garantías para la participación y el liderazgo en el proceso de reforma agraria.

En tal sentido, los esfuerzos de las Asambleas Populares y los Comités de Reforma Agraria pueden encaminarse a fortalecer, desde un ánimo unitario, las territorialidades campesinas a través de las ZRC y los TECAM garantizando tierras y asociatividad campesina para la soberanía alimentaria, la gestión y cuidado del territorio, la construcción de paz y la garantía de los derechos de las mujeres campesinas. La participación de las mujeres campesinas en la dirección de las Asambleas Populares y los Comités de Reforma Agraria puede aprovecharse y potenciarse para seguir impulsando su protagonismo fundamental en la reforma agraria.

Así pues, la movilización por la reforma agraria tiene su mayor potencial en la asociatividad y unidad del campesinado, la cual puede viabilizarse en buena medida con las ZRC y los TECAM. La materialización de este proceso significaría un gran avance para superar las problemáticas estructurales que padece el campesinado colombiano y producir transformaciones sustantivas en el campo.

El municipio de Yumbo (Valle del Cauca) según criterios del Departamento Nacional de Planeación pertenece a la categoría de ruralidad “ciudades y aglomeraciones”. Cuenta con una superficie total de 243 km², es decir, el 1,10% de la superficie total del Valle del Cauca que está alrededor de los 22.140 km², tiene además una densidad poblacional de 448,02 Hab (Km²). Si bien, su extensión territorial no es significativa, es el segundo valor agregado departamental más importante, entendamos que el valor agregado refleja la participación y excedente económico de producción que aporta cada municipio al departamento y se convierte en una herramienta útil para la planeación y desarrollo económico local. Ahora bien, Yumbo a nivel nacional para el año 2022 ocupó la posición número doce en cuanto al valor agregado, y actualmente es considerado como la “Capital Industrial de Colombia”.

El municipio aporta al valor agregado departamental un mayor porcentaje en términos de actividades secundarias (industrias manufactureras y construcción), también, cuenta una extensión rural de 11.540 hectáreas (115,4 km2), equivalentes al 47,48% de su superficie total. Al revisar el uso y vocación de suelo según el documento diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, el municipio posee grandes extensiones para uso agrícola y agropecuario siendo esta una ventaja comparativa como también lo es el límite con el río Cauca que le brinda una buena disponibilidad de agua para uso agropecuario y en términos de suelo el 5,1% pertenece a la clase Agrológica III, aptas para la agricultura.

Respecto a la población un total de 63.250 mujeres habitan el territorio, es decir, el 50,89% de la población total. Según datos del Departamento Nacional de Planeación solo 5.180 mujeres, es decir el 8,2% se encuentran en la zona rural. En cuanto a los procesos productivos, hay un total de 504 productores registrados en la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; datos que fueron cotejados con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Yumbo. Del total de productores en términos de caracterización el 32,94% son mujeres, doce de ellas son víctimas del conflicto armado con hecho victimizante “desplazamiento forzado”, ninguna se reconoce como población étnica y manifiestan no tener algún tipo de discapacidad.

Por otra parte, en cuanto a las actividades productivas el 70,29% son actividades de tipo agrícola, el 28,26% de tipo pecuario y el 1,45% mixtas (agrícola y pecuario).

Ahora bien, en cuanto al tipo de producción el 23,36% es producción avícola, seguida de hierbas aromáticas con un 21,17%, el 20,44% corresponde a producción de café, el 14,60% a frutales, hortalizas, verduras y cereales con un 10,22%, apicultura con un 2,19% y por último, el 8,02% restante corresponde a actividades de ganadería, porcicultura, piscicultura, transitorios y vivero.

Gráfico 1. División por género de productores en Yumbo (Valle del Cauca)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura.

Gráfico 2. Actividades productivas de las mujeres en Yumbo (Valle del Cauca)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura.

Cabe resaltar que respecto a los corregimientos y veredas: el 21,01% de los proyectos productivos de las mujeres se encuentran en el corregimiento La Olga, el 12,32% en Yumbillo, el 10,87% en La Buitrera, el 7,25% en Salazar, el 5,07% en Dapa, el 5,07% en Miravalle Norte, el 5,07% en Mulaló, el 4,35% en Chancos Alto, el 3,62% en el Pedregal, el 3,62% en Montañitas.

Potencial de desarrollo agropecuario en Yumbo

Gracias a la articulación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Yumbo, se logró entrevistar a algunas mujeres productoras de los corregimientos La Olga y Yumbillo donde existe mayor productividad agrícola. En el corregimiento de La Olga, por ejemplo, se produce café, cítricos, hierbas aromáticas y frutales. Dentro de los procesos productivos interesantes, hay una mujer adulta mayor dedicada al cultivo de café desde hace 40 años, vive sola con su esposo y en promedio producen 20 arrobas de café cuando hay buena cosecha. Refieren que no usan agroquímicos debido a los costes elevados, optando por procesos más económicos de fertilización, como la agroecología. Adicionalmente, algunas mujeres se dedican a la producción de aromáticas, cítricos, guamos y aguacates.

En cuanto al corregimiento de Yumbillo, Jaqueline Muñoz refiere que desde hace 15 años viene trabajando con mujeres cabeza de hogar, ofreciendo ocho empleos efectivos desde la producción hasta el empaquetamiento de las aromáticas. Con el cierre de almacenes La 14 tuvieron una crisis económica porque este era su principal cliente, sin embargo, han establecido otras alianzas con cadenas productivas como Super Inter y almacenes La Montaña, para continuar obteniendo ingresos. Mencionó que realiza contratos de arrendamiento fijo donde los arrendatarios en su parcela cultivan el producto de aromáticas y se lo entregan para que finalmente con su equipo realice la maquila. Al cuestionarla sobre el tipo de hierbas aromáticas que cultivan, indicó que cuentan con tomillo, orégano, cilantro, toronjil, caléndula, manzanilla, entre otros. Otro proceso productivo es el de Omayra Álvarez quién desde hace 10 años está dedicada a la siembra de aromáticas y en promedio entrega 15.000 paquetes por semana que contienen cilantro, tomillo, orégano y cimarrón, dependiendo de los requerimientos de las grandes superficies.

Las productoras de los corregimientos de La Olga y Yumbillo relatan que necesitan más apoyo para gestionar encadenamientos productivos que les permitan a sus iniciativas llegar a otros espacios no sólo a nivel municipal sino departamental, nacional e internacional. De otro lado, los altos costos de las fertilizaciones con agroquímicos, les exigen tener un mayor conocimiento de las prácticas agroecológicas.

Avances en el territorio

Con el Programa de Desarrollo Económico del actual gobierno se logró impactar a treinta mujeres emprendedoras rurales durante el primer semestre con la suma de $300.000.000 en capital semilla. Desde la Secretaría de Bienestar Social y Participación se está liderando la creación del Laboratorio de Innovación Social que fomente la creación de soluciones innovadoras a los desafíos sociales del municipio como también se lanzó la estrategia gestores de transformación con la cual se pretende priorizar la atención a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, entre esos las mujeres de la zona rural para que superen las condiciones de pobreza. En cuanto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario se está capacitando a la población rural para mejoramiento de sus procesos productivos, que sean amigables con el medio ambiente y competitivos para el mercado.

Futuro

Yumbo tiene un potencial en términos de seguridad y soberanía alimentaria: una localización ideal para la logística de los sistemas alimentarios, conectado por una red vial primaria de carreteras que les da acceso a diferentes regiones del país, su cercanía al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón ubicado en Palmira, como también a uno de los principales puertos del país y de la región Pacífica: el puerto de Buenaventura que moviliza cerca del 45% de la carga total nacional.

En definitiva, se necesitar continuar gestionando procesos de economía solidaria que fomenten el desarrollo rural sostenible y aporten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejorando la calidad de vida de las mujeres rurales en Yumbo como pilar fundamental de las familias. El actual Plan de Desarrollo Territorial 2024 – 2027 brinda un panorama alentador para lograr el desarrollo endógeno de las comunidades en el municipio, pues claramente desde la administración local se están realizando iniciativas que buscan favorecer los intereses colectivos.

Hace poco menos de un mes James Scott se despidió del mundo que tanto amó desde su casa en Durham Connecticut. Fue un hombre generoso y brillante, calificado por algunos como uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. Y no se equivocan, todos sus libros han traspasado las fronteras idiomáticas y geográficas y se han convertido en verdaderos clásicos de las ciencias sociales.

El primer libro que leí de Scott fue The weapons of the week, everyday forms of peasant resistance. La narrativa era impecable y su argumento básico y sencillo me cautivó: los campesinos de Malasia le enseñaron durante dos años de trabajo de campo al profesor Scott, que preferían desarrollar pequeños actos de resistencia en su vida cotidiana antes que embarcarse en la costosa y peligrosa revolución. Prácticas como el sabotaje, el robo, la dilación, la evasión de impuestos, pasar por ignorantes, entre otras, eran usadas por los campesinos como armas que les permitían resistir las consecuencias negativas de la revolución verde. Ciertos libros marcan nuestras historias personales, este marcó la mía porque me permitió asimilar que aunque las acciones de resistencia cotidianas parezcan insignificantes o fragmentadas, son fundamentales para entender cómo las clases subordinadas pueden influir en las estructuras sociales y económicas que los oprimen.

Su legado no se limita a su vasta producción literaria, sino que también incluye la creación de espacios icónicos para el debate agrario. Fundó y fortaleció el programa de estudios agrarios en la Universidad de Yale, donde estableció un coloquio que se convirtió en un epicentro para discutir las últimas investigaciones en el campo. Este foro no solo ha impulsado el diálogo entre agraristas de todo el mundo, sino que también ha sido un punto de encuentro crucial y vibrante para nuevas ideas y colaboraciones.

Justamente en estos espacios conocí a James, cuando realicé una estancia post-doctoral en el programa de estudios agrarios de la Universidad de Yale desde el otoño del 2019 hasta la primavera del 2020. Me impresionó su elocuencia, sencillez e inteligencia. Sus intervenciones buscaban posicionar una verdadera mirada interdisciplinaria sobre los estudios agrarios. Con frecuencia nos invitaba a leer novelas y libros de las más diversas disciplinas para desarrollar un pensamiento divergente capaz de ver más allá del marco prestablecido y de reunir lo que la ciencia moderna separó.

Era una persona cercana con sus estudiantes, con frecuencia nos invitaba a su casa y alardeaba de su establo nuevo, de las ovejas y gallinas que tenía en su pequeña granja. Le gustaba construir vínculo con la comunidad universitaria de agraristas alrededor de los alimentos que generosamente nos compartía en su mesa. Me gustaba escuchar su tono de voz bajo y su ritmo pausado que capturaban la atención de estudiantes, invitadas y profesoras. En sus asesorías estaba presto a escuchar y a entablar un diálogo sereno y agradable. Era respetuoso de las preguntas y búsquedas de los estudiantes y les invitaba a arriesgarse ¡era un maestro!  

Aunque todas sus obras son muy distintas se vislumbra en la mayoría de ellas un par de asuntos que persisten y que se abordan desde diferentes perspectivas: la resistencia de las personas subordinadas desde prácticas cotidianas que despliegan para enfrentar al poder y la falla del estado en su intento de hacer legibles a las sociedades para gobernarlas y controlarlas.

En su libro “Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (1990)” Scott distingue el discurso oculto de los oprimidos del discurso público en la interacción con los dominadores. Es en ese espacio oculto -olvidado por la ciencia política dominante- y fuera del alance del adversario, en el que los subordinados construyen la infrapolítica, se niegan al poder del dominador y crean nuevos significados y prácticas a partir de su dignidad y autonomía, sin exponerse ni confrontar públicamente a quienes detentar el poder.  Continuando con su agenda, pero esta vez desde la lente del estado: “Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed” Scottanaliza cómo los intentos de los estados para simplificar y gestionar las sociedades en aras de hacerlas más legibles, y por ende, controlables, han resultado en varios fracasos catastróficos debido a la falta de comprensión de la complejidad local. Y en uno de sus libros más recientes  The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia (2009) narra las experiencias de diversos pueblos ubicados en las sierras del sudeste asiático para mantenerse deliberadamente al margen de la administración del poder colonizador y del estado.

La genialidad de Scott proviene de su capacidad para sorprenderse con lo simple y de su deseo de desentrañarlo de manera autentica y honesta, de la valentía que tuvo para romper esquemas en una universidad de la Ivy League y de su pasión por comprender la forma de vida de las comunidades campesinas. Aunque fuera politólogo su corazón perteneció a la antropología. Fue criticado por no seguir las reglas convencionales de la ciencia política pero si las hubiera seguido seguramente no hubiera logrado impactar a tantas audiencias y hoy no tendríamos el legado que generosamente construyo y compartió. Solo alguien con el genuino interés que tenía James de escuchar legítimamente al otro y de acoger su particularidad pudo haberse sostenido en esa apuesta de encontrar los puntos de fuga de los debates teóricos predominantes y correr la frontera de lo que se consideraba posible, abriendo nuevos espacios para el pensamiento crítico y la inclusión de perspectivas marginadas.

Desde el Observatorio de Tierras, despedimos a uno de los miembros más destacados del Comité Científico Internacional. Su legado ha impactado profundamente tanto los estudios agrarios como los debates de los movimientos sociales y la acción colectiva. James Scott será recordado como un maestro comprometido y un pensador apasionado, cuyo trabajo reflejaba una profunda preocupación por las injusticias sociales y el potencial humano para resistir y re-imaginar el poder.

Foto: © Simone Bruno

En Colombia, históricamente, la exigencia de los movimientos y comunidades campesinas ha girado en torno al acceso a la tierra, no solo como cimiento económico, sino como parte de la identidad y la cultura. Por lo tanto, las acciones y manifestaciones del campesinado se han basado tanto en vías de hecho, con las tomas de tierra colectivas, como en instancias legales¹.

Recientemente, la reivindicación por la tierra se formalizó en los Acuerdos de Paz de 2016 firmados en La Habana con la guerrilla de las FARC, donde se acordó la distribución de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles entre las y los campesinos. A pesar de haber adquirido 225.411 hectáreas para el 2023, las y los campesinos han expresado la necesidad de un avance más significativo en los territorios.

Las acciones más recientes debido a la inconformidad y necesidad de agilidad en la ejecución del plan de reforma agraria incluyen la toma pacífica de las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá por campesinos de 27 departamentos. Estos están organizados bajo la Agenda Nacional Campesina, respaldada por entidades como la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc).

Además, la movilización del 20 de julio evidencia la exigencia de celeridad y cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. Tras un diálogo entre la ANT, el Ministerio de Agricultura y las comunidades, se lograron acuerdos concretos para avanzar de manera más efectiva en la implementación de la reforma agraria. Es indispensable resaltar la voluntad de diálogo, característica fundamental de este Gobierno, que ha permitido fortalecer planes y acciones de la mano de las comunidades rurales, sobre lo que muchas investigaciones llaman el origen del conflicto en el país.

Finalmente, es crucial destacar la importancia de las prácticas organizativas de las comunidades, así como la necesidad de ejercicios de manifestación para expresar y presionar frente a demandas históricas como el acceso a la tierra y la garantía de hábitat en contextos de desplazamiento forzado y de seguridad alimentaria. Estos aspectos complementan la noción de que, si bien ha habido avances históricos en la reforma agraria, se requieren políticas estructurales que promuevan la justicia restaurativa, combatan la desigualdad social y aborden el conflicto en el país.

Por: María Paula Mellizo Camacho

Si nos acercamos con lupa a ver la realidad sobre la tenencia de la tierra en el país es evidente que la implementación del punto 1 de los Acuerdos de Paz de La Habana sobre la reforma rural integral tiene diferentes dificultades que son fruto de la historia del país y de lo que algunos académicos han descrito; predios pequeños, pocas hectáreas de tierra, desigualdades económicas y sociales que se perpetúan en el campo colombiano, tierra improductiva y otra tanta productiva sin industria pensada en el fortalecimiento de las comunidades y las economías locales, entre otros.

El gobierno actual ha tenido avances en su intento de responder a las comunidades campesinas y étnicas que por muchos años han padecido desigualdad, barreras en la formalidad y acceso a tierras, por la acumulación de capital de los hacendados y élites colombianas, partiendo de hechos relevantes como la reactivación en el 2023 del Sistema Nacional de Reforma Agraria que estaba en deuda desde hace 29 años con la Ley 160, o los avances que ha tenido la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adscrita al ministerio de agricultura donde según el informe de febrero del presente año, en el año 2023 se adquirieron 225.411 hectáreas de tierra para poblaciones campesinas y étnicas, entre otros avances de registro, ampliación de resguardos y ordenamiento social de la propiedad rural.

Con todo esto hay cuestiones que urgen y son indispensables para atender las exigencias de los movimientos campesinos y étnicos. Los intentos por la redistribución de la tierra implican reconocer al minifundio como la constante para las familias quienes durante mucho tiempo han enfrentado las problemáticas de expropiación, engaños, desplazamiento, conflicto armado y social, entre otros. Es así que la suma de hectáreas como resultado debe estar arraigada a la caracterización y priorización del campesinado, pueblos indígenas y afro que tienen predios menores a 2000m² que si bien implican otros procedimientos como el método directo en su delimitación para enrutamiento, responden a las necesidades vivas de estas comunidades que no han podido gestionar la formalización de su tierra por los costos que esto conlleva y entre otras razones por la desinformación.

Los resultados se exaltan porque son históricos, pero los interrogantes también son: ¿Cuál es la participación activa de las comunidades y sus liderazgos sociales para la formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural? ¿Cuál es la lectura de las comunidades de las regiones en donde se ha avanzado en la compra de tierras, formalización o ampliación de territorios? ¿Qué ha revelado el avance que se tiene desde la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas y demás entidades involucradas en el catastro multipropósito y el acceso a tierras sobre este asunto en el país? ¿Cuáles son los resultados concretos en términos de enfoque diferencial y de género? Entre otras preguntas que desde equipos sociales y técnicos se siguen investigando para dar cuenta de las respuestas de las políticas de gobierno y sobre todo la mirada de la tierra y el territorio que se gesta en lo propio de cada pueblo.

Por otro lado, se hace necesario preguntarse por la nueva oleada de conflicto armado que se ha presentado en el país, donde el trabajo de campo de los equipos encargados de caracterizar y levantar información se complejiza, agudizando el carácter comunitario, real y participativo de los procesos de acceso a tierras. Es preciso contemplar cuál es la entrada o preeminencia de algunos territorios sobre otros, ya que, se puede caer en la ambigüedad que genera el conflicto, en términos de fortalecer la reforma rural en los territorios que no son tan densos, por el poco acceso a los lugares en donde hay mayores extensiones de tierra con hectáreas informales o expropiadas.

De acuerdo a eso, las metas u objetivos que se plantean tales entidades como la ANT, deben siempre fortalecer el trabajo social que se desarrolla en diferentes regiones del país, partiendo de las prioridades que hay sobre la tierra desde las comunidades, articulando todo al contexto, capacitando a sus equipos y estableciendo diálogos constantes con las poblaciones rurales que finalmente son las que expresan su visión sobre el territorio y la tenencia de la tierra, trabajo que es para y con ellas.

Por último, cabe resaltar que este asunto es importante conocerlo desde espacios de la vida cotidiana, en donde todo el país se involucre con los avances en términos de tierras y la garantía de otros derechos que han sido reivindicados articuladamente desde muchas organizaciones, comunidades, movimientos sociales y otras asociaciones; como lo es el trabajo, la salud, la educación, el agua y otros derechos fundamentales que tristemente se siguen negando para muchas personas. En esa vía, los escenarios educativos formales y no formales deben ser permeados por pedagogías alrededor del campo colombiano, la reforma rural integral, sus cambios y determinantes históricos, sensibilizando así en la importancia y protección de estas gestiones para su eficacia y su cumplimiento, revitalizando los saberes sobre las vidas campesinas, indígenas y afro de Colombia.

Por: Adriana Herrera Rodriguez.

El cambio climático es una de las mayores amenazas para la justicia alimentaria, los modos de vida tradicionales y el bienestar de las personas. Los efectos del cambio climático en América Latina son cada vez más alarmantes, según la OXFAM el cambio climático afecta especialmente en los sectores agropecuario y forestal, debido a su gran dependencia de las condiciones climáticas. Esta situación genera vulnerabilidad económica, social, ambiental y política afectando la seguridad alimentaria y humana.

El género y el clima están completamente entrelazados, según la ONU (2021) el 80% de las personas desplazadas por los impactos del cambio climático en el mundo son mujeres y niñas, así mismo, afirma que las mujeres siempre han tenido una conexión especial con la naturaleza, ayudando a mantener los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del planeta, por lo que durante muchos años ellas administran y gestionan el capital medioambiental. Las mujeres del mundo rural campesinas y otras etnias desempeñan un papel importante frente al cambio climático, en especial la seguridad alimentaria y autónoma de sus hogares y países, tambien en la adaptación a los diferentes fenómenos climáticos brindando  conocimientos, transmitidos de generación en generación.

Las desigualdades que rodean a las mujeres rurales en Colombia las hacen aún más vulnerables a la inseguridad alimentaria, falta de autonomía, violencia, pobreza y restricción de derechos básicos. Es indispensable mencionar que el cambio climático afecta e impacta a todos de diferentes maneras, pero las condiciones de vida y marginalización a las que se exponen mujeres campesinas e indígenas en nuestro país las hacen mas susceptibles a los efectos negativos.

La última nota estadística publicada por el DANE en el año 2023 muestra un panorama para caracterizar diferentes aspectos sobre mujer rural.

En las zonar rurales de Colombia vive el 23,9% de la población del país: 48,1% son mujeres y el 51,9% hombres. Del porcentaje de mujeres rurales, el 50,4% son menores de 30 años y el 14,2% tiene entre 60 años o más. En Colombia, la edad apropiada para trabajar comienza a los 15 años, por lo que el 31,2%de mujeres rurales se encuentra en la población económicamente activa, frente al 68,8% de hombres económicamente activos en el área rural en el año 2022 (GEIH, 2022). En cuanto al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las mujeres rurales dedican el 79,8% de las horas trabajadas a las diferentes tareas del hogar, mientras que los hombres dedican el 20,2% de sus horas (ENUT, 2021).

En términos de educación, las mujeres mayores de 5 años que saben leer y escribir en el área rural representan el 89.9% frente al 96% de las mujeres del área urbana, mientras que en educación superior, sólo el 1,6% de las mujeres rurales alcanzan el nivel de posgrado, las mujeres que no pueden estudiar por labores del hogar o embarazo representan el 10,5% y el 6,6% por falta de recursos económicos ECV, 2022.

La denominada Encuesta Nacional de Uso del Tiempo incluye por primera vez un conjunto de preguntas que permiten conocer la toma de decisiones al interior del hogar familiar rural. La proporción de mujeres rurales que pueden tomar una decisión de manera individual es del 53,3%, a diferencia de los hombres con un 66,8%. En cuanto a la toma de decisiones en la producción agropecuaria, solo el 26% de las decisiones son tomadas por mujeres, mientras que el 61,4% de los hombres pueden tomar decisiones sobre la producción y solo el 12,6% de hombres y mujeres pueden tomar decisiones conjuntas sobre la producción.

En cuanto a la participación política de las mujeres, sólo se obtuvieron datos de los municipios del Programa de Desarrollo Territorial (PDET), estos municipios son los más afectados por el conflicto armado en Colombia y son una aproximación a la realidad de los territorios rurales del país. En este caso el 27,3% de las mujeres hacen parte de alguna organización o institución como juntas de acción comunal y grupos religiosos. En cuanto a la participación en las elecciones en los municipios del PDET, sólo el 20% de 78,9% de las mujeres participaron. Las razones para no participar fueron no haberse inscrito para votar y considerar a los políticos corruptos.

Según la Encuesta de Calidad de Vida del 2022, los hogares con jefatura femenina tienen una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, que corresponde al 36,3% frente a los hogares con jefatura masculina con el 30,4% en el área rural.

En cuanto al acceso al crédito, el DANE muestra que los hombres rurales tienen ventaja en la aprobación de créditos. El crédito de consumo presenta una aprobación del 49,8% para las mujeres y del 56,8% para los hombres, mientras que la aprobación de microcrédito para las mujeres es del 11,6% frente a un 14% de los hombres. Las razones por las cuales algunas mujeres no acceden al crédito es porque no les gusta el endeudamiento y porque tienen bajos ingresos.

Según Amparo Cerrato (2024), la tenencia de la tierra es lo más importante para la igualdad de las mujeres. En Colombia, el 63,7% de las propiedades rurales son de hombres y sólo el 36,3% corresponde a las mujeres. Además, en 18 de los 32 departamentos de Colombia, la tenencia de la tierra en manos de las mujeres es menor.

Las diferentes informaciones estadísticas muestran la vulnerabilidad de la mujer rural. En 2018, Colombia reconoció la no neutralidad del género en el cambio climático y se creó el Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC-CO), reuniendo a más de 260 lideresas de mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas para proponer una guía de acciones para fortalecer la contribución y participación de las mujeres, creando capacidades para la adaptación al cambio climático. Colombia también ha incorporado el enfoque de igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la Contribucion Nacionalmente Determinada (NDC) trazando las metas y medidas de adaptación y mitigación climatica.

Colombia ha implementado diferentes estrategias y ha propuesto metas con diferentes actores del mundo rural con poder estatal y gubernamental. También se encuentran diferentes normativas sobre temas de equidad de género y cambio climático teniendo en cuenta diferentes lineamientos para políticas públicas. Pero, la realidad es otra, de todo esto tan perfecto en el papel no se está evidenciando resultados en el desarrollo de zonas rurales o en la vida de aquellas mujeres. Que como lo vimos anteriormente sufren diferentes dificultades para llevar una vida tranquila en el campo colombiano, ¿será que podremos ver estos resultados más adelante? O, ¿las mujeres y niñas rurales seguirán siendo un actor marginado y blanco de la desigualdad?

Por: Nicolle Alejandra Llano Montero

Desde la década de 1940, los planes de desarrollo urbano en Bogotá se han basado en la expansión más que en la densificación del suelo, es decir, no se hace uso de forma intensiva y eficiente el suelo urbano por medio de políticas, estrategias y procesos de aprovechamiento, desencadenando una problemática social y ambiental debido al impacto que tiene sobre el medio ambiente. Y es que la expansión urbana trae consigo presión sobre los servicios públicos ocasionada por el consumo, los elevados niveles de plomo en el aire por las emisiones de los automóviles, el incremento de los desastres medioambientales (inundaciones y derrumbes) por el desarrollo urbanístico, contaminación de fuentes de agua por mal manejo de las basuras, sustancias toxicas y aguas negras, así como la pérdida drástica de los ecosistemas.

Con relación a este último, los ecosistemas son fuente directa de alimento, hábitat y materias primas. También son proveedores de diferentes tipos de servicios, no solo de provisionamiento sino también culturales, espirituales, de regulación y económicos. La expansión urbana genera una reacción en cadena que impacta tanto en la salud como en el bienestar de las personas, animales y plantas, por ello es tan importante buscar que las ciudades y núcleos urbanos sean cada vez más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, este punto tiene una importancia fundamental para la salvaguardia del planeta.

La localidad de Kennedy surge como parte de aquellos procesos de crecimiento iniciados a finales de la década de los cuarenta y consolidados durante los años ochenta del siglo XX. Según la Secretaría de Hábitat para el 2019 Kennedy concentraba a 1´252.024 habitantes, es decir, el 15% de la población total de la ciudad estaba dentro de una extensión territorial de 3.859 hectáreas (cuenta con 12 UPZ y un total de 525 barrios). Tiene un índice de crecimiento de 347 habitantes por hectárea, cifra superior a la media de Bogotá que cuenta con 213 habitantes por hectárea.

Topográficamente es un terreno plano, del cual el 35% del área total es inundable dado que se encuentra en el valle aluvial del río Bogotá; un valle que se caracteriza por presentar una red de humedales que regulan los ciclos hídricos del río: Techo, El Burro, Chucua la Vaca, Tingua Azul, el Burrito, La Tortuguita y Madre de agua, tristemente estos humedales son apenas un vestigio de lo que era el territorio Techotiva, hoy llamado localidad de Kennedy; sin embargo, gracias a que sus  habitantes reconocieron la importan de cuidar el medio ambiente, han decidido organizarse por medio de colectivos y asociaciones que tienen como objetivo la educación, recuperación y preservación ambiental. Dentro de las estrategias que han adoptado estos grupos, las huertas urbanas comunitarias han sido las más acogidas por parte de los habitantes de esta localidad.

Históricamente las huertas han tenido un papel crucial para aminorar el impacto de crisis económicas, naturales e incluso sociales. Cuando se dio la Primera Revolución Industrial, en países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las grandes fábricas se vieron obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros. Para la primera mitad del siglo XX, durante la I y II Guerra Mundial, fue la medida que encontraron los gobiernos para que cada ciudadano asumiera su corresponsabilidad en el racionamiento de los recursos; en Inglaterra, el Palacio de Buckingham y el Castillo Windsor tuvieron huertas y zonas de cultivo, mientras que en Estados Unidos, durante la presidencia de Eleanor Roosvelt  se hizo lo mismo en los jardines de la Casa Blanca.

A partir de los años 70´s, los proyectos con relación a las huertas empezaron a cumplir funciones de desarrollo local, integración social y educación ambiental, lastimosamente su número disminuyó considerablemente, pero a partir de la segunda década del siglo XIX y con la llegada de la pandemia por el COVID-19 esta situación cambió. Por ejemplo, en Colombia, la pandemia vino acompañada de conflictos políticos y sociales que provocaron el desabastecimiento de alimentos y altos precios en la canasta familiar, por lo que muchas personas tuvieron interés en la construcción de huertas y esto a su vez las sensibilizó con relación al cuidado e importancia del medio ambiente como ocurrió en la localidad de Kennedy.

Según el sitio web Bogotá mi huerta del Jardín Botánico, para finales del 2022 se registraron 340 huertas, convirtiendo a Kennedy en una de las localidades de la ciudad más consolidadas y fuertes en agricultura urbana. Las huertas comunitarias de esta localidad se alimentan de los conocimientos de personas que provienen de distintas partes del país, dándose relaciones interculturales que concluyen en el intercambio y preservación de saberes ancestrales; por otro lado, las huertas urbanas son terapéuticas, recreativas, educativas y son un espacio para la conservación urbana y periurbana de los ecosistemas porque apoyan la disminución de residuos orgánicos que van a los rellenos sanitarios, se reciclan materiales, se evita la erosión del suelo y se protege la biodiversidad local.

Socialmente las huertas contribuyen a facilitar el acceso a alimentos frescos y por ende a una mejor calidad de vida y salud; genera que los vecinos interactúen y se conozcan entre sí, incentivando el desarrollo de una identidad comunal; permiten la integración de grupos como adultos mayores e inmigrantes; promueve una mejor salud mental y sirve como núcleo educativo. Actualmente, los huerteros de la localidad de Kennedy están esforzándose para que sus vecinos participen y entiendan la función ambiental y social que tienen las huertas haciendo talleres, charlas, guías turísticas y productos a base de las platas que cosechan.