Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tiene la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, desde este lunes hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. 

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN
elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

*Imagen principal: el Corredor Seco de Centroamérica es de las regiones más vulnerables a la desertificación y la sequía. Foto: cortesía José Hernández/FAO

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Super El Niño” es uno de los nombres con los que los medios han bautizado a la versión 2026 de este fenómeno climático, pero definirlo es mucho más complejo de lo que parece, explica a Mongabay Latam el doctor Ken Takahashi Guevara, investigador científico principal en el Instituto Geofísico del Perú, en esta entrevista para conocer lo que debemos saber sobre El Niño.

Este fenómeno climático, que ya le resta horas de sueño a las autoridades, empresarios y organizaciones científicas, está comenzando a tener sus efectos en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia.

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Takahashi Guevara nos adentra en la historia, el origen del nombre, los impactos y lo que debemos esperar durante los próximos meses, con un pico de efectos entre octubre y febrero, según autoridades de varios de los países latinoamericanos que podrían verse afectados. Aquí, los pormenores explicados por uno de los expertos que mejor conoce el fenómeno.

—¿Cómo definiría al fenómeno de El Niño?

—Es una pregunta más compleja de lo que parece porque El Niño como fenómeno tiene muchos aspectos. La definición tiende a intentar reducir toda esa complejidad en algo sencillo. Lo principal que se ha tomado como definición es el calentamiento del océano Pacífico. A grandes rasgos, un calentamiento anormal por encima del promedio. A nivel internacional, a propósito de los impactos, se ha priorizado el monitoreo de la temperatura del océano en la superficie de la región del Pacífico Central, en la región que se le llama “Niño 3.4”. No es la única forma de medir El Niño, pero digamos que es la más prevalente, la más común a nivel internacional, aunque cada país debería definir o considerar una definición adecuada a sus necesidades, es decir, a qué aspectos del fenómeno lo afectan. No necesariamente siempre va a ser “Niño 3.4” el mejor lugar para monitorear y para definir El Niño.

Entonces, en el caso de Estados Unidos, que propuso esa región “Niño 3.4”, esa es la mejor. En el caso de Perú, que estamos en la costa del Pacífico, la zona 3.4 sí es relevante para ciertos aspectos de lo que pasa en nuestro territorio. Por ejemplo, cuando se calienta esa región del océano, hay mayor probabilidad de déficit de lluvias en el país, sobre todo en la región andina y amazónica. Pero cuando se calienta la costa de Perú, puede resultar en grandes inundaciones en la región costera.

Entonces, en Perú oficialmente se define El Niño en las dos regiones. En la región que le llamamos “Niño uno más dos”, que es la región que está en la costa de Perú, y la región “Niño 3.4”. Por eso hablamos de El Niño en el Pacífico Oriental, y en el Pacífico Oeste y el Niño del Pacífico Central. Esto quiere decir que tenemos dos definiciones diferentes para El Niño, que nos afectan de diferente manera.

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En la mayoría de los casos y países, lo que define va a ser la temperatura superficial del mar, porque históricamente El Niño se refería a una corriente oceánica cálida que venía a lo largo de la costa norte de Perú, desde el norte hacia el sur. El Niño tiene que ver más que nada con la temperatura del mar. Pero los impactos pueden ser, como mencionaba, muy diferentes, puede ser lluvias fuertes o sequías.

Sobre la temperatura: el océano varía en forma más lenta, o sea, sus variaciones son más lentas que las atmosféricas. Entonces un índice basado en la temperatura del mar es más estable que el de un índice basado en la circulación de la atmósfera. Permite ver mejor las variaciones lentas asociadas a este fenómeno que es, en principio, lento pero que tiene otros fenómenos encima que pueden generar “ruido” en el índice si es que se tomara otro tipo de variable atmosférica. Entonces por eso también en términos prácticos se utiliza la temperatura del mar y no los vientos o las lluvias.

—El Niño y el cambio climático son dos fenómenos separados, pero, ¿cómo se relacionan?

—En paralelo a El Niño tenemos el proceso de calentamiento global. Lo que vemos son dos fenómenos diferentes, ambos incidiendo sobre ese índice de aumento de la temperatura del mar. Es importante diferenciar los impactos de El Niño y los impactos del cambio climático. Se vienen actualizando los índices a nivel internacional para remover la señal del cambio climático, del calentamiento global, es decir que se le está restando la señal del cambio climático para que no se confundan, para que no parezca que El Niño es más caliente de lo que en realidad es porque el calentamiento global le está ayudando.

En la medida en que no se esté corrigiendo, eso puede estar sobredimensionando la magnitud del evento. Lo que sí es también importante es que ambos pueden amplificar impactos y algo que ocurrió en 2023-2024 es que la señal de El Niño y el cambio climático, ambos, contribuyeron a una tremenda sequía en la Amazonía, lo que ha resultado en un número récord de incendios forestales.

En la costa norte de Perú, durante El Niño, el calor tiende a ser y está siendo bastante intenso, y eso puede producir impactos en la salud humana. Si tenemos el calentamiento global más El Niño, entonces la situación puede ser mucho más severa. Ambas señales deben separarse para poder entender bien, diferenciar bien los impactos. Pero una vez que se separan, uno tiene que ver también como es la interacción entre sí.

—¿Cuál es la diferencia con La Niña, otro fenómeno climático?

—Viene del concepto original de El Niño. A finales del siglo XIX, en Perú tuvimos un evento que llamamos El Niño. Fue en 1891. La corriente cálida del norte hizo que la costa norte de Perú tuviera fuertes lluvias e inundaciones. Un par de años después se identificó que ese calentamiento está asociado a esta corriente de El Niño. A la corriente de El Niño se le llamaba así porque ocurría normalmente después de Navidad y por lo tanto se asoció al niño Jesús.

Cuando a lo largo del siglo XX se empezó a desarrollar más la investigación sobre el fenómeno se encontró que sobre todo en la región del Pacífico Central había fases cálidas y fases frías que eran más o menos similares en cuanto a su magnitud. Y teníamos un nombre para la fase caliente, pero no para la fase fría. En los años 80 algunos investigadores empezaron a plantear algunos posibles nombres para la fase fría. Empezaron a pensar qué cosa es lo opuesto al niño. Alguien propuso “el viejo”, otro propuso un “antiniño”, que no era el nombre más afortunado.

Finalmente el que quedó fue La Niña. El Niño es el caliente, La Niña es la fría, según esa lógica. Ahora, en cuanto a las variaciones en el Pacífico Central, efectivamente es más o menos simétrico lo que pasa con la fase caliente y la fría, solamente que los efectos tienden a ser los opuestos. Es decir, a grandes rasgos, si El Niño produce lluvias mayores en una región, La Niña produciría lluvias reducidas.

En el caso de Perú, La Niña no es tan simétrica porque el enfriamiento de la costa nunca va a ser tan intenso como el calentamiento que se puede presentar durante El Niño. Entonces aquí si no es tan equivalente.

—¿Por qué los científicos informan que hay sequías debidas a El Niño en ciertos países o ciertas zonas de ciertos países y en otros hay inundaciones por el mismo fenómeno?

—En primer lugar, cualquier lugar del mundo va a tener variabilidad en su clima, que responde a una diversidad de factores. La ventaja de El Niño o La Niña es que son predecibles. Es decir, debido a que conocemos muy bien cómo funciona, somos capaces de simular su comportamiento con estas herramientas que llamamos modelos climáticos. Y debido a que es un fenómeno de gran escala espacial, o sea, que ocupa todo el océano Pacífico tropical, y el océano es mucho más lento que la atmósfera, eso da una capacidad de hacer predicciones con varios meses de anticipación y las predicciones, a grandes rasgos son bastante buenas.

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El Niño es la señal de variabilidad climática, quizás una de las más grandes, sino la más grande en cuanto a sus impactos a nivel global y que además es predecible. Pero si nos fijamos en un lugar cualquiera en el mundo, no todas las variaciones se deben a El Niño.

Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo funcionan los impactos de El Niño? Básicamente es que si se calienta la región del Pacífico Central, el llamado “Niño 3.4”, facilita que las regiones de máximas lluvias, las tormentas que normalmente están más en el oeste del Pacífico se desplacen hacia el este, hacia la región central.

Esas zonas de tormentas son zonas donde las corrientes atmosféricas están ascendiendo, es decir, de la superficie hacia la parte más alta. Entonces, normalmente hay una circulación de la atmósfera que asciende en el oeste del Pacífico y desciende en el este, y toda esa circulación se desplaza un poco hacia el este.

Está generando un ascenso del aire donde antes no había ese ascenso, y eso produce este tipo de perturbaciones. Eso tiende a producir ondas en todas las direcciones. Como el planeta Tierra es una esfera y está rotando, esas ondas no son circulares, sino que tienen una geometría bastante compleja que hace que la distribución de la presión atmosférica y los vientos se alteren de manera distinta en todas partes del mundo.

Entonces, en ciertas zonas vamos a tener que hay más viento que viene desde la zona cálida de los trópicos y en otras zonas de repente va a tener más aires que vienen de las zonas polares. Es bien complejo y cada región va a tener un impacto diferente, dependiendo de dónde está. En algunos casos sequías o inundaciones, otro caso puede ser más caliente, más frío.

En el caso de Perú, ese desplazamiento en el Pacífico central de las aguas calientes puede producir mayores sequías en los Andes y la Amazonía. En el noreste de Brasil también tiende a producir más sequías. Lo que quizás es más homogéneo en los impactos de El Niño es que la región tropical tiende a calentarse en promedio. Pero los que son cambios en los vientos, en las lluvias, en las sequías, etcétera, eso sí es mucho más heterogéneo.

—Entonces los impactos pueden ser muy distintos dependiendo de la ubicación geográfica…

—El Niño tiene sus particularidades que hacen que también sus propios impactos sean distintos. Algo que es muy importante es esta diferencia entre el calentamiento en el este y el centro del Pacífico. Entonces ahora la comunidad científica empieza a hablar de El Niño del Pacífico Central, el Niño del Pacífico Oeste.

En Perú, las diferencias entre ambos son muy grandes. Esa misma lógica la puede aplicar al resto del mundo y va a encontrar que puede haber ligeras diferencias. El Niño más caliente en el este que en el centro o viceversa.

—¿Existe un “Súper El Niño” para 2026 y el verano de 2027? ¿Vendrá un Niño recargado en su intensidad e impactos?

—Científicamente, no manejamos ese nombre. Este “súper” creo que empezó en algún momento frente a los resultados de las simulaciones de ciertos modelos climáticos de europeos que empezaron a proyectar un calentamiento bastante intenso, pero no es un concepto que se maneje científicamente. Cada año que va a ocurrir un evento hay un nuevo nombrecito. Existió “El Niño Godzilla”, recuerdo, hace unos años.

El “súper” hace pensar a la gente en los impactos. Y los impactos no son necesariamente proporcionales al nivel de calentamiento que se dé en el mar. Entonces podemos tener un «súper calentamiento», pero no una «súper lluvia». No necesariamente. Y en particular, en Perú se está proyectando que lo más probable es que sí haya fuertes lluvias, como ocurrió en 1998 en la costa norte de Perú. Pero tampoco es que esté garantizado al 100 %. El calentamiento es más predecible. Las lluvias son más complejas. No se puede asegurar que va a haber súper impactos, pero obviamente tenemos que prepararnos para esa posibilidad.

—¿Existen ya mapas de dónde puede llegar a haber más lluvia y dónde menos, dónde podría haber sequía?

—Hay muchos mapas estadísticos y es lo que normalmente uno toma como referencia para evaluar la posibilidad de esos impactos. Pero esos mapas no son determinantes y normalmente lo que ocurrió un año dado no coincide necesariamente con el mapa de ahora. Hay aspectos que sí son recurrentes: reducción de lluvias en Colombia o noreste de Brasil, o quizás las lluvias en el norte de Argentina. Eso es algo que podríamos decir que es lo más esperable, pero no necesariamente se va a dar. Los pronósticos de clima se hacen en términos de probabilidades.

—Después de los últimos fenómenos de El Niño que se vivieron, ¿cree que hemos aprendido a prepararnos para los impactos?

—Puedo hablar un poco más sobre Perú. Y yo diría que no, no hemos aprendido realmente mucho. Lo digo porque muchas de las lecciones que se recogen de los eventos recientes son lecciones que se han recogido hace ya 100 años y sin embargo todavía no se ponen en práctica. Hay lecciones identificadas pero no necesariamente aprendidas.

La prevención es algo que se hace años antes, no cuando el pronóstico nos dice que tal cosa puede ocurrir. Entonces el pronóstico no debería ser lo que nos lleve a las acciones. En Perú, por ejemplo, en nuestra costa norte, aún no tienen un drenaje pluvial en las ciudades que son afectadas típicamente por las lluvias. Hace 100 años ya se sabía que era necesario, pero todavía no se implementa.

Hay una particularidad con el periodo de recurrencia: no es suficientemente corto, es decir, toma tiempo entre un evento de lluvia y otro, y mientras tanto cambiaron las autoridades. Entonces nunca se hace bien. Es un problema que los impactos de El Niño no sean más recurrentes porque no nos obligan a tomar acción. Pero obviamente hay un montón de otros factores que condicionan que no estemos haciendo lo que sabemos que deberíamos estar haciendo para prevenir esos impactos.

*Imagen principal: una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. Foto: AP/José Sotomayor

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

«El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen». Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que «relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques». Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que «para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta».

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

*Imagen principal: el estudio sostiene que se burló la Ley Nacional de Bosques para flexibilizar la protección de bosque nativo en la provincia de Chaco, Argentina. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

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La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

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El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Rodrigo Paz diseña un nuevo marco legal minero, para lo cual inició la Cumbre Nacional Minera, que comenzó con tropiezos y que se espera termine en octubre con la redacción de una nueva ley o Código Minero que rija la actividad. Representantes de los pueblos indígenas, quienes sostienen ser los más afectados por la contaminación de ríos por minería de oro, ni defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo. Miembros de la Cámara de Diputados advierten que no recibirán ni aprobarán el nuevo Código Minero si no hay socialización con organizaciones indígenas, ambientales y políticas.

Esta cumbre inició su trabajo en diciembre de 2025, pero el 22 de julio se inauguró formalmente. Las autoridades debieron postergar su inauguración debido a que no habían llegado a consensos con sectores mineros como los cooperativistas. El evento debía durar una semana, pero se decidió avanzar en mesas de trabajo. En ninguna de ellas participan los pueblos indígenas ni los defensores ambientales.

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Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que las organizaciones indígenas no fueron convocadas para participar y cuestionó que el gobierno de Paz solo identifique como actores en esta temática a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones del Estado.

“El eje ambiental es solamente un discurso del Gobierno, ya que buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, reclamó Alipaz.

La lideresa indígena sostuvo que “el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.

Mongabay Latam pidió una solicitud de entrevista al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, pero en esa entidad no atendieron el pedido. Cuando se inauguró el evento el funcionario anunció que en la cumbre se iban a abordar seis mesas de trabajo con distintos ejes temáticos: seguridad jurídica; institucionalización; comercialización; lucha contra la minería ilegal; ambiente y minería responsable; y contratos mineros.

Sobre el eje ambiental, el ministro Calderón afirmó que esa mesa aborda alternativas para promover una “minería más sostenible”, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio.

“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el ambiente”, señaló entonces Calderón.

El sector cooperativa abandonó la cumbre minera la semana pasada debido a que el ministerio de Minería y Metalurgia incluyó al debate a dos sectores mineros que no son reconocidos por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) debido a disputas internas entre organizaciones.

Sobre la inclusión de pueblos indígenas, Josué Caricari, presidente de Fencomin, afirmó a Mongabay Latam que su sector no tiene ningún inconveniente en que las organizaciones indígenas participen de esta cumbre. Además, el dirigente minero afirmó que tienen propuestas para evitar el uso de mercurio en la minería aurífera, pero que requieren apoyo del Estado.

“La minería es diversa en Bolivia, no es un solo sector y no se trabaja un solo mineral. Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y nosotros no estamos en contra de sus reclamos. Tenemos propuestas para no usar el mercurio, cambiar a una tecnología moderna, pero eso requiere atención del Estado”, destacó Caricari.

El dirigente minero no cerró las puertas a la cumbre y afirmó que pueden regresar al debate si es que el Gobierno reestructura el mecanismo de participación del evento.

El reclamo indígena

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Guido Alfaro, consideró que el plan del Gobierno es intensificar la minería en Bolivia relegando a actores afectados, como las organizaciones indígenas.

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“A nosotros no nos llegó ninguna invitación para ser parte de este evento a pesar de que somos los más afectados por la minería. Quisiera invitar a las autoridades, al presidente [Paz], que vengan a ver cómo las cooperativas están destruyendo nuestros ríos, cómo están contaminando nuestras aguas. Ojalá puedan venir y luego con ese conocimiento hacer su ley minera”, afirmó Alfaro a Mongabay Latam.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la cumbre participan sectores de “cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas” en mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa minera.

Uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal. En esa mesa se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema. “Entre ellas [las propuestas] se analiza la creación de una sala minera especializada dentro de la Justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó Calderón.

Alex Villca, miembro de Contiocap y también de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), afirmó a Mongabay Latam que antes de priorizar el Código Minero se debe abordar el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, “que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente”.

El dirigente indígena y defensor ambiental rechazó que tanto el Gobierno como el sector minero “tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución”.

Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo y experto en temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que la cumbre minera “no tiene objetivos claros” y que “no tiene definida la visión de lo que se quiere”. Además, el experto criticó que el Gobierno no haya invitado a las nueve gobernaciones de Bolivia (gobiernos departamentales), municipios ni comunidades indígenas, que resultan afectadas por la actividad minera.

“A todo eso se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional. En todo eso, no hubo invitación a sectores clave. Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, dijo Córdova.

Las cooperativas mineras en Bolivia son asociaciones de socios-trabajadores que explotan yacimientos estatales o privados. Agrupan a la mayor cantidad de mano de obra del sector y generan más del 58 % de la producción nacional de minerales, sobre todo oro y metales tradicionales, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Su aporte fiscal directo al país es mínimo en comparación con otros regímenes productivos.

Además, las cooperativas son cuestionadas porque muchas de ellas no respetan la normativa ambiental y por tener peso político dentro de los gobiernos de turno, como fue el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, esa incidencia en las políticas públicas se repite con Rodrigo Paz, con quien firmaron un polémico acuerdo que autoriza el ingreso de la minería cooperativa a áreas protegidas.

Entre rechazo y críticas

Margarita Aquino, representante de la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), afirmó que la minería no es un asunto exclusivo del Gobierno y de los operadores mineros, como las cooperativas, ya que esa actividad -dijo-, se desarrolla en territorios indígenas y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas.

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La defensora ambiental pidió a diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, ejercer mayor control sobre las políticas públicas relacionadas con la actividad minera y reiteró su rechazo a que las decisiones sobre los recursos naturales se adopten sin la participación de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente.

Mientras, en el campo político existen posiciones encontradas respecto a la nueva normativa minera. La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a Mongabay Latam que la comisión que preside rechazará los resultados de la cumbre minera porque en el evento no fueron tomados en cuenta sectores afectados, como los pueblos indígenas.

“Por supuesto que no vamos a aceptar las conclusiones de la cumbre [minera] porque no hemos sido parte de esa instancia. Se están tratando temas de recursos naturales y  ambiente sin que se haya convocado a los pueblos indígenas”, afirmó la legisladora en contacto con Mongabay Latam. 

Patiño, que es presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, adelantó que pedirá al Gobierno convoque a pueblos indígenas para que puedan observar el proceso de armado del marco legal minero.

Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, garantizó que en la nueva normativa minera se incluirá la protección ambiental y la participación de pueblos indígenas. “Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible. Entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro de que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, dijo la autoridad a medios locales.

Ávila aseguró que la actividad minera no solo afecta a comunidades indígenas, aunque admitió que existen impactos en toda la población. “Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, afecta a todas las comunidades del país”, dijo el viceministro.

*Imagen principal: el gobierno de Rodrigo Paz inició la cumbre la minera sin la presencia de pueblos indígenas, quienes reclaman por ser los principales afectados por el uso del mercurio en la minería de oro en la Amazonía. Foto: cortesía ABI

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Antes de que un recién nacido respire por primera vez, una partera indígena ya ha leído el territorio. Ha observado la luna y reconocido las plantas medicinales que aliviarán a su madre del dolor, ha preparado infusiones, encendido el fuego y convocado un conocimiento transmitido durante generaciones. En muchas comunidades indígenas, traer una vida al mundo nunca ha sido un acto exclusivamente médico: es también una forma de cuidar el bosque, el agua, las semillas, la lengua y la memoria colectiva.

Ese vínculo entre nacimiento y conocimiento ancestral es el eje del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 2026, dedicado a reconocer la partería indígena como una práctica que salvaguarda la vida y el bienestar. La fecha busca visibilizar el aporte de quienes acompañan los nacimientos, pero también los desafíos que amenazan su continuidad: la falta de reconocimiento institucional, la interrupción de su transmisión entre generaciones y los cambios que atraviesan los territorios.

Frente a estas presiones, la partería indígena continúa sosteniendo la salud de miles de familias, especialmente en lugares donde los servicios médicos son insuficientes.

“Es imprescindible que defendamos los derechos de las mujeres indígenas a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y cuidados. La sabiduría tradicional puede proteger las nuevas vidas”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en el mensaje oficial de la conmemoración.

En Mongabay Latam conversamos con tres mujeres de Panamá, Ecuador y México que trabajan por mantener viva la partería indígena desde sus territorios y muestran los retos que enfrentan quienes buscan transmitir estos saberes, ejercerlos y defender el derecho de las comunidades a decidir cómo nacer.

Panamá: la medicina del territorio

Antes del amanecer, un Inaduled —médico tradicional guna— entra al bosque. No habla en voz alta. Antes de cortar una planta medicinal, pide permiso en un susurro a Nabbguana, la Madre Tierra. En la tradición guna, el bosque no es un lugar inerte del que se extraen recursos: los animales, los peces y el agua también forman parte de esa relación y perciben las palabras con las que se acercan a ellos.

Solo entonces comienza a recoger las plantas que, después de un cuidadoso proceso de preparación, se convertirán en Muu Ina, el conjunto de medicinas que las parteras conocidas como Siggwi Gaed ofrecen a las mujeres para acompañarlas durante el embarazo, el parto y el posparto en las comunidades de Gunayala, Panamá.

El propio nombre contiene una forma de entender la vida. Muu Ina une Muu, que significa abuela, pero a la vez útero, e Ina, que hace referencia a la medicina. Para la antropóloga e investigadora guna Yadixa Del Valle-Guardia, quien documentó esta práctica en su investigación de maestría en The University of Western Ontario, traducirlo únicamente como “medicina de plantas” deja afuera parte de su significado.

“Representa un conjunto de plantas medicinales y una diversidad de momentos en que las mujeres se tratan”, explica. El Muu Ina acompaña distintas etapas del embarazo: puede aliviar malestares, preparar el cuerpo para el nacimiento o ayudar en la recuperación después del parto.

En las comunidades guna, la preparación de estas medicinas requiere conocimiento y cuidado. Las plantas se limpian y son molidas sobre una piedra conocida como Aggwa Muu, la “piedra de la abuela”, donde hojas, flores y ramas se transforman en preparados para distintos momentos.

La investigación de Del Valle-Guardia, basada en trabajo etnográfico en ocho comunidades y entrevistas con médicos tradicionales —los Inadulegan, en plural—, las parteras Siggwi Gaed y las mujeres muestra que el Muu Ina forma parte de un sistema de cuidado más amplio. Los médicos botánicos preparan las medicinas y las parteras acompañan a las mujeres durante el embarazo, reciben a los bebés y continúan el cuidado después del nacimiento.

“Además del Muu Ina, la partera utiliza también su mano y otros elementos”, explica Del Valle-Guardia. “Cuando ella necesita la medicina para la limpieza después del parto, para que limpie todos los residuos que puedan quedar, se la pide al médico botánico”.

Ese acompañamiento también puede cambiar la relación con el sistema de salud convencional. Del Valle-Guardia recuerda el caso de una mujer a quien los médicos habían advertido que su bebé estaba en una posición que podía requerir una cesárea. Ella acudió primero con una partera porque no quería una intervención quirúrgica.

“Te fuiste a ver a la abuela Claudina, ¿verdad? Mira, el bebé está bien, tiene buena posición. Ya no te vamos a practicar la cesárea”, recuerda la investigadora sobre el momento en que el médico confirmó que la operación ya no era necesaria.

Una de las escenas que más marcó a la investigadora fue precisamente con la Siggwi Gaed Claudina, quien recuperaba las placentas de mujeres que habían dado a luz en hospitales. Después de limpiarlas y bañarlas ritualmente con cacao, las enterraba bajo su casa.

“Las enterraba para que la inteligencia del bebé no se destruya”, explica la investigadora. “Me llamó la atención que a ella no le interesa si es su familiar, una comunera o una mujer de otra comunidad la que ha parido. Ella en lo que piensa es en mantener el espíritu de la madre y del bebé bien resguardados para que tengan una buena salud más adelante”.

Pero este conocimiento enfrenta un desafío: la falta de relevo generacional. Aunque existe formación para médicos botánicos, no hay una escuela de partería desde la propia visión guna. “Hay una urgente necesidad de crear una escuela de formación de parteras”, afirma Del Valle-Guardia. “Si no lo hacemos ahora, sí estamos en riesgo de que la partería guna desaparezca”.

Para la investigadora, preservar este conocimiento no significa incorporarlo como un complemento subordinado a otro sistema de salud. “No hay que capacitar a las parteras. Las parteras ya saben”, concluye. “Es al revés: vamos a capacitarnos con los conocimientos de las parteras. Uno no puede estar por encima del otro”.

Ecuador: nacer en la selva

En la Amazonía ecuatoriana, las mujeres achuar y shuar suelen decir que el bosque lo tiene todo: árboles que alimentan, plantas que curan y saberes que acompañan la llegada de una nueva vida. Allí, la partería no es solo una práctica de salud; también es una forma de cuidar el territorio, preservar la memoria de las abuelas y mantener vivo un conocimiento comunitario.

Ese vínculo dio origen hace casi dos décadas a Ikiama Nukuri, que en lengua achuar significa “mujeres protectoras de la selva”. La iniciativa nació en 2006, cuando Narcisa Mashienta, mujer shuar y fundadora del programa, conoció de cerca las dificultades que enfrentaban las mujeres achuar para acceder a atención materna.

“Había muerte materna no registrada; era súper alta. También había niños que padecían muchas enfermedades”, dice Mashienta. “Desde ahí parte esta iniciativa, del sueño de crear este programa para poder salvar vidas de niños y mujeres, pero también de empoderar a las mujeres”, recuerda.

En ese momento, muchas mujeres parían solas, lejos de los centros de salud y sin posibilidad de traslado en una emergencia. Los hospitales podían estar a horas —o días— de distancia y una avioneta era una alternativa costosa que pocas familias podían asumir.

Mashienta cuenta que la idea de fortalecer la partería tradicional tomó forma durante una ceremonia de ayahuasca junto a Margaret Love, una partera jubilada que visitaba la Amazonía. Allí recibió el llamado. Con el acompañamiento de la Fundación Pachamama, organización con la que se aliaron, Ikiama Nukuri comenzó a trabajar para fortalecer los saberes de las parteras sin reemplazarlos, articulándolos con la medicina occidental cuando fuera necesario.

Durante dos décadas, la iniciativa ha formado una red de mujeres parteras en comunidades achuar y shuar. Actualmente reúne a más de 60 parteras y ha acompañado alrededor de 3900 partos, promoviendo una atención materna más cercana a las prácticas y decisiones de cada comunidad.

Para Mashienta, la salud de las mujeres y la protección de la Amazonía son inseparables. “Las mujeres somos las que vivimos en realidad en la naturaleza; la mujer es la que sabe del territorio, sabe de la tierra, sabe de la contaminación. Mientras más salud tengamos, más vida vamos a tener para seguir cuidando el bosque”, afirma la lideresa.

Ese vínculo también está en las plantas medicinales que acompañan el embarazo, el parto y el posparto. “La selva es nuestra farmacia, siempre lo decimos. Si el bosque se contamina, se acaban nuestras plantas medicinales”, sostiene. “Las mujeres parteras usan la medicina tradicional tal como nos han enseñado nuestras abuelas, por eso hay peligro de que estos conocimientos se pierdan porque nuestras abuelas ya no se quedan muchos años. Por eso queremos que este conocimiento sea pasado a las más jóvenes”.

Mashienta explica que los saberes tradicionales conviven con la medicina occidental cuando existen complicaciones en los partos, pero insiste en que esa relación debe construirse desde el respeto y no desde la imposición.

Ese reconocimiento, sin embargo, todavía enfrenta obstáculos. Cristina Melo, abogada y coordinadora del programa de derechos de la Fundación Pachamama, explica que aunque Ecuador reconoce constitucionalmente la salud intercultural y la medicina ancestral, las parteras indígenas siguen enfrentando barreras para ejercer y articularse con el sistema público de salud.

“No hay la capacidad estatal para cubrir la salud, pero aún así se le monopoliza y se criminaliza a quienes desean organizarse autónomamente para poder acceder a ella”, advierte Melo. “Los pueblos indígenas tienen la capacidad y los conocimientos, pero se pone en segundo plano sus sistemas de salud propios”.

Mashienta señala que esa falta de reconocimiento genera temor entre las propias parteras. “En la Constitución está escrita la interculturalidad plurinacional; quiere decir que debe existir respeto y escucha, pero no los hay”, asevera. “Nosotras como parteras tenemos miedo de asistir un parto: si algún incidente nos pasa o una mujer muere, somos condenadas a estar en la cárcel”.

Para la lideresa shuar, la defensa de la partería también es una defensa del bosque. La contaminación de los ríos, la expansión de actividades extractivas y la pérdida de la selva amenazan las plantas medicinales y los conocimientos que sostienen la vida comunitaria.

“Si cambia nuestra vida, llega el extractivismo, viene la minería, nos matan nuestras plantas y nos matan a nuestros abuelos, estos conocimientos van a ir desapareciendo”, agrega Mashienta. “Ese es nuestro miedo”.

Aun así, Mashienta mira hacia el futuro con esperanza. El mayor logro de Ikiama Nukuri, dice, no es solo haber acompañado miles de nacimientos, sino haber impulsado a mujeres que hoy son parteras, lideresas y defensoras de sus comunidades.

“Queremos que la partería tradicional no se pierda, que el liderazgo femenino sea valorado y que nuestra población indígena sea escuchada y respetada”, concluye. “La naturaleza y la farmacia que nos da vida nos van a seguir sosteniendo. Cuidamos al pulmón del mundo para toda la gente que respira”.

México: la memoria de un nacimiento

Después del parto, la madre y su bebé entran al temazcal, un espacio de calor, plantas y acompañamiento familiar donde continúa el cuidado. Para Lilia Heber Pérez Díaz, originaria del pueblo ayuujk, esta práctica expresa una manera distinta de entender la vida: “La primera casa de nosotras es el vientre de la madre, luego es el temazcal, luego la casa y luego el pueblo”, sostiene.

En Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca, el nacimiento no termina cuando llega un bebé al mundo. Para las mujeres ayuujk, nacer es entrar en relación con un territorio, una comunidad y una memoria que comienza antes del primer aliento.

Pérez Díaz es coordinadora de la Organización de Mujeres Poj Kääj —“Jaguar del viento” en lengua mixe—, que nació en 2009 como un proceso organizativo de mujeres de Santa María Tlahuitoltepec que regresaron a su comunidad después de estudiar fuera, con la intención de poner sus conocimientos al servicio del pueblo.

En 2011 realizaron un diagnóstico sobre las violencias que enfrentaban las mujeres y encontraron una preocupación común: la pérdida de autonomía para decidir cómo, dónde y con quién parir.

A partir de esas conversaciones, la organización comenzó a recuperar los testimonios de mujeres y parteras ayuujk, que más tarde se convertirían en un podcast y círculos de escucha. La iniciativa no solo documentó experiencias de parto, sino que abrió preguntas sobre lo que ocurre cuando una comunidad pierde los rituales, los saberes y los vínculos que acompañan la llegada de una nueva vida.

Uno de esos vínculos está relacionado con la placenta. En la tradición ayuujk, explica Pérez Díaz, “es un elemento fundamental para la identidad de la persona que nació y que le vincula con su espacio territorial”. Cuando el nacimiento ocurre en un hospital, muchas veces esa relación ritual se interrumpe y con ella se pierden prácticas familiares y comunitarias.

Los testimonios recogidos por Poj Kääj también revelaron experiencias de violencia obstétrica y barreras para las mujeres indígenas, especialmente cuando no pueden comunicarse plenamente en español. Pérez Díaz insiste en que la defensa de la partería no significa rechazar los servicios médicos, sino garantizar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus partos.

“No debería ser una limitante para tomar decisiones como mujeres que nos embarazamos y que queremos parir, no únicamente en una institución u hospital porque no se tiene otra opción”, afirma.

En 2021, Poj Kääj abrió la Casa Temazcal, una construcción de adobe con un temazcal, espacios para masajes y una cocina donde se prepara medicina y alimentos. Allí trabaja Virginia Pérez, cofundadora de la organización y una de las pocas parteras que mantiene vivo este acompañamiento en la comunidad, junto con otras mujeres que comparten sus saberes.

El desafío más urgente es la continuidad. Pérez Díaz explica que muchas parteras ayuujk que conservan estos conocimientos son mujeres mayores, de 60 o 70 años, mientras que son pocas las jóvenes que están aprendiendo. Las abuelas parteras cuentan que recibieron su llamado a través de sueños, pero las nuevas generaciones enfrentan otros ritmos y otras formas de relacionarse con estos saberes.

Para Pérez Díaz, documentar estos conocimientos es importante, pero no suficiente. “No es lo mismo que esté documentado a que la gente lo siga practicando”, explica. La partería vive en las manos de quienes acompañan los nacimientos, en las plantas medicinales nombradas en ayuujk, en los rituales y en la lengua que transmite una forma propia de comprender el cuerpo y el territorio.

“Si nombramos la partería desde nuestra lengua, que es el contenedor de todos estos conocimientos que nuestras abuelas y abuelos han desarrollado, ahí radica el reconocimiento mismo del existir de los pueblos y comunidades indígenas”, dice.

En Santa María Tlahuitoltepec, Poj Kääj busca que las nuevas generaciones puedan imaginar otras formas de nacer y cuidar. Porque cada nacimiento, para las mujeres ayuujk, no solo recibe a una persona: mantiene viva una relación entre la comunidad, la tierra y la memoria.

“Es por lo que hemos apostado y ahora hay mucha gente de la comunidad que ha empezado a interesarse por el temazcal, que ha empezado a volver a su uso para sanarse y atenderse”, concluye. “Creo y siento que lo estamos logrando, pero también falta mucho por hacer”.

*Imagen principal: una partera realiza una visita de seguimiento a una mujer embarazada en la Amazonía ecuatoriana. Foto: cortesía Fundación Pachamama

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad.  “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que «bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar» y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible,  reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

*Imagen principal: vista aérea de Caraballeda, estado de La Guaira, tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool Photo vía AP

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La ballena sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos más misteriosos y también una de las especies más desconocidas del océano. Este cetáceo convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la ciencia marina. En los últimos 15 años, mantuvo un crecimiento poblacional histórico y convirtió al Golfo San Jorge, al sur de Argentina, en un espacio indispensable para su supervivencia. Un equipo de científicos monitorean a dos ejemplares que ahora son analizados con tecnología satelital.

La ballena sei es el tercer animal más grande del planeta. Pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. Este animal permaneció desaparecido durante casi 100 años como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Pero en 2024 un equipo de científicos marinos halló el rastro de una ballena sei en el litoral patagónico. Desde esa fecha, se hicieron varios estudios y monitoreos para verificar las rutas que realiza este cetáceo. Los resultados son espectaculares.

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Mariano Coscarella, biólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lidera el trabajo de campo junto a un equipo que incluye docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y Rewilding Argentina con el objetivo de comprender el uso real que los animales hacen del entorno patagónico.

El experto explicó a Mongabay Latam que los cetáceos se acercan a la región comprendida entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, al sur de Argentina, buscando alimentos, especialmente la langostilla. Además, en esa zona las ballenas se alimentan de copépodos y pequeños peces pelágicos.

Los copépodos son pequeños crustáceos que viven en el agua y son un componente crucial del plancton. Son extremadamente abundantes en los océanos y sirven como alimento para muchos animales marinos. Los pequeños peces pelágicos, por su parte, habitan la columna de agua, generalmente en aguas abiertas, lejos de la costa, y también alimentan a varios depredadores marinos.

El especialista añadió que, según datos recopilados, las ballenas sei permanecen en esta zona de alimentación desde octubre hasta junio, momento en el que inician una travesía misteriosa que la ciencia ahora busca documentar con total precisión.

“Lo que tenemos establecido es que, para junio, las ballenas empiezan a migrar hacia el norte. Algunas lo hacen sobre la plataforma costera, otras lo hacen por fuera de la plataforma, por aguas más profundas y se dirigen al sur de Brasil. Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella.

La tecnología que se utiliza para rastrear a las ballenas es satelital. Los científicos implantan rastreadores en la piel de las ballenas con una fijación en la grasa. Duran entre 30 y 40 días. También se utiliza otra tecnología que tiene los mismos rastreadores que se implantan un poco más profundo en la grasa y pueden durar tres o cuatro meses. El satélite toma toda la información cuando el animal sale a respirar.

Un estudio que puede ayudar a crear áreas protegidas en el mar

Coscarella afirmó que lo importante de utilizar este tipo de tecnología es que les permite a los expertos establecer que el Golfo San Jorge se convirtió en una zona de alimentación para las ballenas sei y verificar zonas donde habitan estos cetáceos para luego crear áreas protegidas marinas. Además, este trabajo también podrá establecer la zona de reproducción de las ballenas en Brasil para establecer medidas de protección en esas áreas.

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“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella.

La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común(Balaenoptera physalus). Puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso, aunque se caracteriza por tener un cuerpo más estilizado y ser una de las ballenas más veloces del océano. Son grises, con el vientre blanco y su cuerpo es alargado, y tiene una aleta dorsal alta y en forma de hoz. Es raro que muestren su cola fuera del agua y su soplo es relativamente bajo.

Según Coscarella, los primeros datos revelaron que uno de los animales con rastreador llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción. Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El especialista aclaró que la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, en la provincia de Chubut, Argentina, donde los ejemplares prefieren congregarse. Si bien en esa zona se cuenta con enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en este sector específico del Golfo San Jorge donde se genera un nivel altísimo de productividad biológica.

“Esta riqueza subacuática atrae a una enorme diversidad de aves marinas, delfines, ballenas y bancos de peces que transforman el área en un ecosistema fascinante para la ciencia”, remarcó a Mongabay Latam la bióloga Marina Riera, una de las expertas que también es parte del equipo.

La experta explicó que este proyecto buscó conocer cómo las ballenas sei se adaptan a su hábitat y a su dieta, y que el objetivo fue hacer un estudio sobre las especies de cetáceos cerca del área protegida Punta Marqués, en el área central del Golfo San Jorge. “Queríamos conocer cuántas ballenas hay, cuándo las podemos ver, cómo se comportan y cómo se relacionan con otros grupos”, explicó Riera.

Según la experta, el comportamiento de las ballenas sei dentro de ese espacio representaba un gran interrogante para los observadores. Las estimaciones aéreas previas confirmaban la presencia de cetáceos a partir de 40 kilómetros mar adentro, pero la tecnología satelital logró aportar la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. La información que llegó de los dispositivos indica que los animales permanecen en una franja de 30 a 40 kilómetros de la costa y que se alimentan exclusivamente allí.

“Los datos confirmaron que el área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia [Chubut] hasta el sur de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Conocer esta dinámica poblacional resulta fundamental para diseñar futuras estrategias de manejo y pensar en la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo”, destacó Riera. Chubut es una provincia petrolera y en un golfo cercano, el San Matías, en la provincia vecina de Río Negro, ya están previstos proyectos de oleoductos e instalación de buques gasíferos en el mar.

Una especie cazada por su grasa que se encuentra en peligro de extinción 

Según el estudio, la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del mar argentino.

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“Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación”, destacó Riera.

Se estima que cerca de 300 000 ejemplares de ballenas sei fueron cazados en el mundo y alrededor 110 000 de ellos fueron capturados en el hemisferio sur durante los siglos XIX y XX. Esto provocó que su población se redujera en un 80 %, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Esta especie era cazada principalmente para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a disminuir cuando la especie se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

De acuerdo a Coscarella, en la actualidad todavía se cazan ballenas sei en Japón e Islandia, para consumo de su carne. El experto recalcó que esa práctica es reducida y que en 2025 en Japón cazaron alrededor de unos 30 ejemplares.

Según la lista de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en peligro de extinción. Aunque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10 000 y 50 000 en el mundo.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento. Coscarella dijo que descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.

*Imagen principal: las ballenas sei retornaron al Golfo San Jorge, al sur de Argentina. Esta especie está en peligro de extinción. Foto: Diego Cabanas/Proyecto Cetáceos San Jorge.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La minería ilegal está llegando a lugares cada vez más recónditos de Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza con Brasil. Allí, esta actividad ha disparado la deforestación con pérdidas de 506 hectáreas de bosque desde 2024, de acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Amazon Conservation Association.

El monitoreo de las organizaciones que integran esta iniciativa advierte que la deforestación en esta región y la contaminación del río Puré por el uso de mercurio están aumentando los riesgos tanto para la biodiversidad de la región como para las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos, los yuri y passé.

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En 2025, mediante el uso de imágenes satelitales, la misma alianza había documentado la presencia de al menos 27 dragas de extracción ilegal sobre el río Puré. Ahora, identificó cuatro zonas críticas, donde la minería ilegal ya afectó significativamente a algunas de sus riberas, incluso en zonas donde se realizaron operativos fronterizos entre Colombia y Brasil.

La demanda y precios históricos del oro, la falta de rastreo en su comercialización, así como la poca coordinación entre los países amazónicos han contribuido al deterioro ambiental de esta zona, considerada como refugio de biodiversidad y fuente importante de agua y alimento, de acuerdo con autores del reporte y especialistas consultados por Mongabay Latam.

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Deforestación ribereña enciende las alarmas

El análisis advierte que desde enero de 2024 se detectó la deforestación minera a lo largo de la zona ribereña del río Puré —el cual atraviesa el núcleo del área protegida y cruza hacia la Amazonía brasileña—, donde las extensiones de la deforestación pasaron de menos de cinco hectáreas en el primer semestre del año a un acumulado de 38 hectáreas.

Para el comienzo de 2025 ya se había detectado el doble de deforestación, respecto a diciembre de 2024. Aunque esta situación ha generado dos operativos binacionales en la zona fronteriza entre mayo y noviembre del año pasado, la pérdida de bosque continúa. Solo en lo que va de 2026, se identifican más de 177 hectáreas deforestadas en el área protegida.

Andrés Santana, gerente para combatir la deforestación ilegal en Amazon Conservation Association, señala que los operativos han tenido poco efecto para frenar la actividad, así como una respuesta descoordinada de gobiernos para la protección del Parque Río Puré.

“Lo desalentador en este caso es que el efecto del operativo duró solo dos meses. Estos operativos son costosos porque son áreas en donde los Estados no tienen presencia normalmente. Las fuerzas militares están unos días y después salen”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Santana señala que este tipo de acciones han provocado la dispersión de la minería ilegal a otras áreas. Agrega que el monitoreo de MAAP detectó cuatro zonas críticas que se expanden hacia el interior del área protegida.

“Los operativos se enfocaron en la frontera, sin embargo, el flujo del río va mostrando que hay gente que está dispuesta a adentrarse más en el parque nacional para excavar, extraer oro. Refleja básicamente la dificultad que tienen los dos Estados en hacer control de la presencia de mineros ilegales”, explica, en referencia a Colombia y Brasil.

Un informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé destaca que el alto valor ecológico de la red de ríos que conectan al río Puré coincide también con la exposición a la minería ilegal y con la poca presencia del Estado en las extensas áreas selváticas.

“En materia fiscal, ambiental y aduanera, la presencia institucional es principalmente simbólica. Colombia carece de puestos de migración o aduana en esta sección de frontera y los operativos de Corpoamazonia [Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia en Colombia] o Parques Nacionales son esporádicos”, destaca el documento.

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Riesgos para los pueblos en aislamiento voluntario

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), destaca que la minería ilegal de oro ha llegado en los últimos años a zonas más vulnerables y remotas, lo que implica contactos no deseados con las comunidades y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Ahora está penetrando en el corazón del bosque, donde nunca había llegado. Esto significa que está afectando regiones muy sensibles en su biodiversidad, en sus bosques, son zonas muy especiales. Está alcanzando por primera vez a pueblos no contactados, como los yuri y passé”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de MAAP registran diferentes grados de afectación en el Parque Río Puré, una región donde también habitan estas poblaciones, lo que implica un riesgo adicional, de acuerdo con Santana.

“La minería ilegal está llegando a tal grado dentro del parque que nos da indicios de que va a haber un contacto no deseado. Los pueblos indígenas que están en aislamiento allí van a ser contactados por mineros que están viniendo principalmente desde Brasil”, advierte el especialista.

Este acercamiento ha sido advertido por diferentes instituciones, como el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la FCDS y la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes han señalado los riesgos de encuentros no deseados con estas poblaciones vulnerando no solo su decisión de no ser contactadas, sino también exponiéndolas a enfermedades y violencia.

“Las incursiones ilegales en zona intangible significaban un alto riesgo de contacto entre los mineros, madereros y los pueblos indígenas yuri-passé, lo cual podría resultar en encuentros violentos y en el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento, dada su altísima vulnerabilidad epidemiológica», concluyó la Defensoría en una alerta emitida en 2023. «Las actividades mineras y madereras ilegales a su vez pueden modificar los determinantes ambientales que permiten la subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento”, agregó el organismo.

Además, se han estudiado también los impactos socioambientales que deja esta actividad con la presencia de mercurio en los ríos, peces y cultivos de las poblaciones para subsistir.

Al respecto, Yansura también destaca que los niveles de violencia en esta región serán un indicador clave, ante el aumento de la minería ilegal de oro y la deforestación del parque.

“La minería ilegal se asocia de manera estadística con mayores niveles de violencia. No solo la minería llega a las zonas más remotas, sino que el crimen organizado también llega a esas zonas ahora. No es la minería ilegal por sí sola, sino quiénes están detrás”, expone la experta.

La calculadora de impactos desarrollada por Conservation Strategy Fund, que hace parte de la iniciativa Amazon Mining Watch, estima que la extracción de un kilogramo de oro utiliza 2.33 kilos de mercurio, de los cuales el 9 % se vierte en los ríos, de los que un 3 % puede ser absorbido por peces que migran hasta 2000 kilómetros. En un escenario conservador, se estima que el radio de dispersión del mercurio es de 100 kilómetros.

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Demanda global del oro, un factor clave

Tanto Yansura como Santana coinciden en que el precio del oro, la alta demanda a nivel global y la falta de trazabilidad tienen una responsabilidad grande que impulsa a la minería ilegal no solo en el río Puré, sino en la región de la Amazonía, debido a la rentabilidad del metal.

“Estamos en un año donde el precio del oro ha alcanzado cifras récord a nivel internacional y eso se debe principalmente a que la demanda responde a tiempos de crisis geopolítica, de incertidumbre. Cuando sentimos que no sabemos qué viene en el futuro queremos invertir en activos muy sólidos, tradicionales y antiguos como el oro”, afirma Yansura a Mongabay Latam.

Sin embargo, la experta considera que la demanda y el precio del oro son solo un factor, pues advierte que el sistema de opacidad en el que opera es el que permite el avance de la minería ilegal y el lavado de oro ilícito en el mercado.

“El incremento que vemos ahora en la minería ilegal en la Amazonía no solo se debe al precio del oro. También es la facilidad con la que se lava [blanquea], con la que se transporta, es la falta de debida diligencia en los mercados, son lagunas y brechas profundas”, sostiene.

Santana agrega que más allá de que sea un refugio para inversionistas, la falta de mecanismos, especialmente en la Amazonía, impiden rastrear su origen.

“El comercio internacional de oro tiene graves falencias en términos de trazabilidad y debida diligencia que permiten que el oro siga siendo extraído de esta forma ilegal, que entre a una cadena formal y de esta forma muchas organizaciones criminales o ilegales se están enriqueciendo”, afirma.

En el caso del Parque Río Puré, la calculadora de Conservation Strategy Fund estima que es mayor el valor monetario en impactos socioambientales (más de 26 millones de dólares) por 180 hectáreas afectadas que el valor del oro extraído (poco más de 20 millones de dólares).

“Si tú lo miras desde la perspectiva económica, ni siquiera es un buen negocio. Lo están extrayendo a un costo ambiental, humano y social que no es rentable y nosotros, como ciudadanos, vamos a terminar pagando el precio”, sostiene Santana.

El reporte de MAAP asegura que uno de los retos en este caso es fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como coordinar acciones con el gobierno de Brasil para frenar los insumos de la industria minería ilegal y la movilización del oro extraído.

“Los operativos y estas acciones para aplicar la ley, en realidad tienen un efecto temporal. Nosotros vemos ahí la oportunidad de que los gobiernos colaboren más en términos de alinear sus marcos normativos para dar una respuesta unificada frente a este fenómeno que es transnacional”, agrega Santana.

*Imagen principal: pese a los operativos binacionales entre Colombia y Brasil, la minería ilegal se intensifica en el río Puré. Foto: cortesía Fuente Aeroespacial Colombiana.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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