La placenta de Ángela Jhoana Jacanamejoy está enterrada en la cocina de su casa, justo bajo la tulpa o el Shinyak: el fogón que mantiene el fuego en el que tradicionalmente los kamëntšá han cocinado sus alimentos en el departamento amazónico de Putumayo, al sur de Colombia. Es bióloga de corazón y de profesión, artista, artesana, tejedora e integrante de la comunidad indígena kamëntšá.

Jacanamejoy vive constantemente interactuando con aquel valle donde nació, con las montañas y las distintas tonalidades de verde que inundan el paisaje, los sonidos de los ríos, el olor a humedad y con las plantas de su territorio. Aquellas que poco a poco las comunidades han registrado en el Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino-Amazónico Jajen Saima’a de la Institución Universitaria del Putumayo, que se encuentra en Mocoa, capital del departamento.

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Este particular herbario es una biblioteca de plantas secas, “que guarda también el conocimiento en torno a su uso y manejo por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afro o comunidades humanas que habitan un territorio en particular, en este caso, el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico”, explica Jorge Contreras, coordinador del herbario, biólogo con maestría en ciencias de la Universidad Nacional, quien ha dedicado su vida a la botánica.

A este enfoque de estudio de las interrelaciones que establecen los seres humanos con las plantas se le llama etnobotánica. Y para este caso, se hace referencia a un lugar que recopila más de 22 000 muestras, que representan cerca de 1500 especies recolectadas en el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico y en otras regiones del país.

Mocoa es una ciudad que se ubica justo en una zona de transición entre las regiones andina y amazónica. Cuenta con una población cercana a los 45 000 habitantes, entre los que se encuentran los pueblos indígenas originarios del piedemonte como cofán, siona, inga, kamëntšá, coreguaje, mientras que, en el resto del departamento, que supera los 350 000 habitantes, también habitan pueblos como los murui y los kichwa, además de comunidades nasa, pasto, embera y awa que llegaron al territorio. Actualmente, las comunidades enfrentan tensiones por el avance de proyectos de cobre.

La biblioteca de saberes ancestrales

La historia del herbario se desarrolla entre la investigación científica y la reivindicación de los saberes ancestrales del Putumayo. Nació oficialmente a partir del proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, realizado entre 2018 y 2022, y que formaba parte del programa Natura Amazonas.

Este programa fue liderado por Conservación Internacional Colombia en alianza con Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Instituto Tecnológico del Putumayo (que pasó a ser una institución universitaria), Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

La iniciativa surgió por la voluntad de un grupo de investigadores e investigadoras, liderado por Contreras, quienes buscaron crear un espacio que no solo recolectara plantas bajo criterios científicos occidentales, sino que integrara los nombres y usos tradicionales dados por las comunidades, contando con el apoyo en primera instancia de dos personas visionarias como José Vicente Rodríguez-Mahecha director científico de Conservación Internacional Colombia y Luis Alexander Mejía-Bustos, director de Corpoamazonia en ese momento, quien facilitó el espacio físico para su inicio.

Ángela Jhoana Jacanamijoy realizó su tesis de pregrado sobre el conocimiento de las plantas para el cuidado de la mujer desde la niñez hasta la menopausia y esto motivó a Contreras y su equipo, quienes ya venían trabajando en el herbario etnobotánico, a impulsar junto a ella y otras personas de diferentes comunidades del Putumayo a fortalecer el herbario. “¿Por qué no nos integramos?”, le preguntó. Así se empezó a consolidar este proyecto y, en 2022, el entonces Instituto Tecnológico del Putumayo emitió un acuerdo con el cual se creó formalmente el herbario.

“Después, algunos sabedores y taitas que vinieron a conocer el espacio, al comienzo estuvieron un poco molestos porque veían que guardábamos las plantas secas y se preguntaban: ‘¿Para qué? Ya no tienen vida’. Entonces, se les explicó que en algún momento ese conocimiento, no solamente de nombre científico, sino de usos, podría servir como herramienta de conservación para la defensa del territorio”, recuerda Contreras.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia), en Putumayo se registran 5826 especies de plantas, de las cuales 316 son endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del país.

En el herbario, todos los conocimientos son válidos y están al mismo nivel, tanto los de la ciencia occidental como los indígenas. Esto es una postura ética que se integra en un enfoque diferencial para reconocer y proteger la diversidad biocultural del Putumayo.

Contreras explica que “antes venían los investigadores al territorio y no se asumía una posición de respeto con las comunidades, sino que se les imponía sumisión. Ahora es diferente y se parte de un reconocimiento de esa transversalidad como sabedores y como investigadores del territorio”.

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Construcción compartida del conocimiento

El herbario funciona como un puente o canal donde se intercambian experiencias. Mientras los científicos y académicos como Contreras aportan técnicas de taxonomía y secado, la comunidad aporta la historia, el uso y el nombre en lengua materna de la planta. Para Jacanamejoy, esta biblioteca viva es una forma de «activar los genes ancestrales» y reconocerse en el territorio a través de lo que guarda.

Este conocimiento sobre lo que hay en el territorio, ya sean especies endémicas, medicinales o sagradas, permite a las comunidades tener argumentos científicos y ancestrales para oponerse a actividades extractivas como la megaminería de cobre, que ha venido instalándose en la región y que, aseguran los pobladores, degrada sus fuentes de vida y puede afectar el medioambiente.

El herbario se ha consolidado mediante proyectos de investigación, monitoreo comunitario y educación ambiental. Entre los más relevantes se destaca la publicación de un libro bilingüe, en español y maicoca (la lengua indígena materna del pueblo Zio Bain) sobre 25 plantas de importancia cultural, el cual fue liderado por Conservación Internacional Colombia y la comunidad Siona de Buenavista.

En 2022 también se realizó Mocoa Biodiversa, una iniciativa de ecología urbana orientada a la formación ambiental de niños, niñas y jóvenes. Posteriormente en 2023 se continuó apoyando este tipo de propuestas educativas con el proyecto Nacederos, centrado en los vínculos entre vegetación y fuentes hídricas del territorio. Uno de sus logros fue la creación de cartillas didácticas que permitieron identificar aquellas plantas que actúan como guardianas naturales de los nacimientos de agua.

Luis Felipe Mora, ingeniero ambiental y miembro de la comunidad indígena Cofán, cuenta, por ejemplo, que investigadores de la Universidad de los Andes están estudiando sobre el cacao en el Putumayo con apoyo del herbario: “Estamos trabajando con variedades originarias de esta planta aquí en la región. Porque ya se está acabando, la gente no la cultiva. Entonces, tuvimos charlas y les fuimos a hablar sobre la importancia, con el fin de prevenir su pérdida”.

Para las comunidades étnicas de la Amazonía colombiana el cacao nativo es un pilar de nutrición y medicina ancestral. “Sirve para el sistema cardiovascular, para el estrés, es alimento y además es muy nutritivo. Los abuelos dicen que antes lo preparaban para las mujeres durante y después del embarazo”, dice Mora. Asimismo, el ingeniero ambiental recuerda Árboles Semilleros, proceso mediante el cual se identificaron 71 tipos de árboles y se diseñaron métodos de propagación enfocados en la restauración forestal. Un proyecto liderado en su momento por la ingeniera Ligia Estela Peñafiel de Corpoamazonia.

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Monitoreo participativo y comunitario

Juliana Torres Jiménez, del resguardo inga de Yunguillo, ubicado en el área rural de Mocoa, habla con entusiasmo sobre el río Caquetá, que recorre su territorio y al que niños y niñas van a divertirse y a bañarse desde la mañana hasta el atardecer. “Tenemos sitios sagrados y ya no se caza como antes, ya somos más conscientes», dice.

Torres forma parte de una estrategia de monitoreo de biodiversidad implementada por las comunidades inga de Yunguillo para construir conocimiento en alianza con el herbario: “Clasificamos las plantas entre medicinales, ornamentales, artesanales, espirituales y las que son alimenticias tanto para nosotros como para los animales” comenta.

Han identificado las especies más vulnerables, entre las que destacan especialmente los árboles maderables: “En 10 años ya no vamos a tener árboles como, por ejemplo, el granadillo (Platymiscium pinnatum), quedan ya muy poquitos y en partes más bajas y medias está totalmente intervenido”, cuenta Torres.

Otro de los árboles escasos es el caimo de monte, conocido como cascabel (Chrysophyllum venezuelanense). Torres cuenta que es “una semilla artesanal y de gran importancia espiritual y cultural». «En nuestro territorio del resguardo indígena de Yunguillo, de 26 480 hectáreas, sólo hay ocho, por lo cual se adelantaron procesos de restauración de esta especie”.

Del territorio de Yunguillo han participado en este monitoreo 16 personas, entre ellos sabedores y sabedoras, profesionales y jóvenes. “Recolectábamos las muestras, las limpiábamos, las dejábamos en un lugar muy adecuado para que no se nos fueran a infectar y a dañar, después las traíamos al laboratorio del herbario donde las muestras se deshidratan y se catalogan”, relata Torres.

Este proceso también se hace de la mano de personas sabedoras del territorio y jóvenes de las comunidades para que haya un diálogo y un intercambio de conocimientos. Quienes pertenecen a estos resguardos indígenas son coinvestigadores que aportan su conocimiento sobre los ciclos de floración, fructificación y ubicación de las especies según la ecología local. El registro se hace en español y en lengua materna.

Esta investigación sobre la flora, apoyada por el Ministerio de Ciencias, les ha permitido conocer también la fauna que habita en la zona: “Con el monitoreo etnobotánico también han encontrado especies de animales: borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), dantas (Tapirus terrestris), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus pardalis)”, expresa Torres.

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Desafíos y amenazas

Mocoa está atravesada por ríos y ha estado históricamente expuesta tanto a desastres socioambientales como a presiones derivadas de economías extractivas que pueden afectar los ecosistemas de la zona. En respuesta, se han fortalecido procesos organizativos de defensa territorial que buscan proteger el agua y los bosques frente a la expansión de proyectos mineros, principalmente de cobre.

De hecho, Libero Cobre, una de las compañías interesadas en explotar el mineral, estima que en los suelos de Mocoa puede haber más de dos millones de toneladas de cobre, un metal apetecido para la transición energética, ya que con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.

La empresa posee cuatro títulos mineros en esta capital amazónica, que abarcan cerca de 7800 hectáreas. El 6 de abril de 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental en este departamento, ordenó la suspensión preventiva de las actividades de la empresa en Mocoa, al evidenciar que la exploración se realizaba en una zona de alta amenaza por movimientos en masa, con antecedentes de deslizamientos, según el Servicio Geológico Colombiano.

La medida, que a la fecha sigue vigente, prohibió temporalmente cualquier uso o afectación de recursos naturales en los títulos mineros, hasta que la empresa subsanara supuestas inconsistencias administrativas y ambientales, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental, posibles afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, y fallas en la documentación presentada.

Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero buscaron a Libero Cobre para saber el estado del proceso y si se subsanaron las presuntas inconsistencias administrativas y ambientales, pero hasta el momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

Es en este contexto en donde cobra gran importancia el herbario etnobotánico. Como dice Contreras, “si van a hacer alguna obra extractiva o alguna afectación en el territorio de las comunidades indígenas, ellas pueden respaldarse con la información que existe, con nombres científicos, porque hay plantas amenazadas o con algún criterio de amenaza reportado en los libros rojos de especies o en la Lista Roja de especies de la UICN, por lo cual tienen alto interés en conservación”.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, el herbario actualmente no tiene una sede fija. Antes se ubicaba en las instalaciones de Corpoamazonia, pero desde finales de 2025, la entidad pidió parte del espacio físico, por lo cual las colecciones tuvieron que dividirse: una parte está en las instalaciones de la Institución Universitaria del Putumayo y la otra continúa en la sede de la autoridad ambiental.

A esta dificultad se le suma la limitación de recursos financieros y la precariedad laboral: Contreras, quien ha liderado el espacio históricamente, en la actualidad no cuenta con un contrato laboral que lo vincule a la institución universitaria y el proyecto no cuenta con una persona de planta que se dedique a su conservación.

Miguel Ángel Canchala, vicerrector académico de la Institución Universitaria del Putumayo, plantea una serie de alternativas y compromisos: reconoce que se encuentra actualmente en un sitio inadecuado y temporal y que “para solucionar esto, la universidad está trabajando en la adecuación de unas instalaciones».

«Se espera que este sitio definitivo, más pertinente para el manejo de la colección, esté listo en un plazo aproximado de dos a tres meses”, agrega.

Por otro lado, el vicerrector se comprometió a trasladar a la universidad los armarios compactadores y otros equipos especializados que aún permanecen en Corpoamazonia por falta de presupuesto. Además, se pretende crear la figura de responsable o curador de planta. “Esta propuesta ya ha sido presentada a la nueva rectoría con el fin de contratar a una persona que no solo dirija el herbario, sino que actúe como gestora de proyectos para fortalecerlo”, expresó, y añadió que se ha contemplado dejar asignado un presupuesto anual dentro de los recursos de la universidad para garantizar el funcionamiento del herbario.

En esta institución, según indicó el funcionario, estudian 740 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Además, dijo que el herbario fue vital para que el centro educativo pasara de instituto tecnológico a institución universitaria, y es un espacio importante para programas académicos como el de biología, que está en proceso de consolidación, y ofrecerá un enfoque diferencial dirigido a la protección de los vínculos entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el investigador Nicolás Castaño, biólogo, botánico y magíster en ecología tropical, resalta que este herbario cumple una función vital al llenar un «vacío de información» en el sur de Colombia, una región que carecía de un centro de documentación botánica de tal magnitud.

Castaño subraya que este espacio es un ejemplo único de «sincretismo» entre la ciencia y el saber ancestral, destacándose probablemente como el único herbario en el país con un enfoque etnobotánico tan profundamente marcado. Más allá de la catalogación de especies, el experto enfatiza en la importancia de este centro para fortalecer la autonomía regional, permitiendo que la juventud se capacite en su propio territorio y contribuya a la conservación y la integridad del bosque.

Entre plantas secas que guardan memorias vivas y comunidades indígenas que nombran el territorio en múltiples lenguas, el herbario se consolida como una apuesta por cuidar la vida desde los conocimientos científicos y ancestrales. En un contexto de actividades extractivas que pueden afectar el medioambiente, su existencia no solo preserva especies, sino que sostiene una forma de habitar y defender el Putumayo, donde la ciencia y la sabiduría étnica se entrelazan.

*Imagen principal: el herbario etnobotánico registra información botánica en español y también en lenguas indígenas. Foto: cortesía Jorge Contreras / Herbario Etnobotánico.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un aparente cementerio de frailejones. Esa fue la desoladora imagen que dejó tras de sí el voraz incendio que el 22 de enero de 2024 arrasó con una parte del Páramo de Berlín, ubicado a una hora y media de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, y estas plantas nativas de Colombia. Durante casi cinco días el fuego ardió, consumiendo 317 hectáreas, de acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental en la región.

“El ingeniero Javier [Leal] me llamó como a las 4.30 de la mañana. Me dijo que se estaba presentando un incendio en el predio de Plan de Mesa y yo inmediatamente acudí al lugar. Cuando llegué me encontré algo muy impresionante: era un incendio ya muy avanzado. Fue terrible, las llamas, la altura, todo”, recuerda José Yamel Moreno, guardabosques del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, sobre esos primeros momentos de la emergencia.

La dimensión del desastre no solo quedó registrada en las imágenes que se transmitieron a través de los medios de comunicación, sino también en las que investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) tomaron días después de la tragedia, al sobrevolar el páramo con drones. “Estaba todo completamente negro, chamuscado. Solamente se veían los tallos de los frailejones”, relata Paula Uzcátegui, quien en ese momento era estudiante de octavo semestre de ingeniería de sistemas de la UIS.

Uzcátegui, quien además había cursado dos años de biología, estaba por esos días buscando un proyecto de grado en el que pudiera unir sus dos carreras. Las imágenes de dron capturadas por estudiantes del profesor Björn Reu, un ecólogo alemán que desde hace 10 años vive en Colombia, fueron el punto de partida para que ella ayudara a resolver un interrogante: ¿cómo podían hacer uso de la inteligencia artificial para monitorear el estado de la vegetación de ecosistemas de difícil acceso como los páramos?

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Para Reu y sus estudiantes, el incendio representó al mismo tiempo una urgencia científica y una oportunidad inédita para estudiar el páramo y su respuesta ante el impacto del fuego, dada la cercanía del predio afectado con Bucaramanga.

Al llegar al terreno, seis días después del incendio, los miembros del grupo de investigación Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA) se propusieron observar dos aspectos: la recuperación general de la vegetación y el comportamiento particular de los frailejones. Lo que encontraron inicialmente llamó su atención: aunque gran parte del ecosistema había desaparecido, muchos frailejones habían resistido el fuego.

“Mientras toda la vegetación desapareció, los frailejones sobrevivieron; las hojas centrales persistieron y, pocos días después, incluso empezaron a florecer”, señala Reu. Esa resistencia planteó nuevas preguntas: ¿cuántos habían sobrevivido realmente? ¿Cuántos morirían con el tiempo? ¿Cómo monitorear un territorio tan amplio y de difícil acceso?

En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta para responder los interrogantes. Como Reu ya trabajaba con drones y sensores remotos, ahora necesitaba integrar capacidades de análisis de imágenes. El encuentro con Paula Uzcátegui permitió concretar esa posibilidad. Así nació un proyecto piloto que combinó vuelos de dron con algoritmos capaces de identificar frailejones uno por uno para contarlos y, de alguna manera, hacer un inventario de su presencia en el área de páramo afectada.

A diferencia de los métodos tradicionales, basados en pequeñas parcelas y extrapolaciones a áreas más amplias, Uzcátegui logró realizar un censo más completo, por lo menos de los ejemplares más grandes, registrando 86 000 frailejones en un área de 83 hectáreas.

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Una mirada desde gran altura

El proceso para entrenar un software de inteligencia artificial que sea capaz de contar frailejones, a partir de las imágenes capturadas por un dron, comienza desde el momento en que se hacen los sobrevuelos del área. “Primero se vuela el dron, que toma muchas fotografías que se sobreponen entre sí. Luego, con un software, esas imágenes se procesan y se convierten en un mapa continuo de toda el área”, cuenta la investigadora Uzcátegui.

No fue una tarea sencilla: la neblina, el viento y la menor duración de la batería en el páramo obligaban a trabajar en ventanas muy cortas de tiempo.

El encargado de esta misión fue Cristian Mateo Jaimes Prada, biólogo de la UIS, quien viene trabajando junto al profesor Reu en temas de teledetección y sensores remotos desde 2016. “Acá [en el Páramo de Berlín] estamos como a 3600 metros sobre el nivel del mar. Para el dron es un reto porque le cuesta más desplazarse por el aire menos denso de las alturas. Además, hay una cuestión de suerte para esperar una buena mañana, como la de hoy”, detalla Jaimes mientras la jornada de toma de imágenes llega a su fin por cuenta de la llegada inesperada de las nubes.

Jaimes señala que esa nubosidad —que apresuradamente convierte ante nuestros ojos un paisaje montañoso en una capa espesa de blanco que oculta los acantilados— muchas veces les juega una mala pasada en la toma de fotografías. Cuando se atraviesan, dejan un manchón blanco sobre el verde de las montañas y su vegetación.

En esta tarea, los investigadores también debían equilibrar altura y detalle. “Si vuelas muy alto cubres más área, pero pierdes resolución; si vuelas más bajo tienes más detalle, pero menos cobertura”, explica la ingeniera Uzcátegui.

Al final, para el estudio que ella lideró obtuvieron  —a partir de sobrevuelos realizados en agosto y diciembre de 2024 y en junio de 2025— tres ortomosaicos (mapas fotográficos aéreos) de alta resolución, donde cada píxel representa cerca de un centímetro. También obtuvieron otro ortomosaico de menor calidad, que abarcaba las 83 hectáreas quemadas, con una resolución de 3.6 centímetros por pixel y que es propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

Ese contraste planteaba el primer reto técnico: lograr un modelo de IA que identificara automáticamente los frailejones tanto en imágenes muy detalladas como en otras más amplias y menos nítidas.

La segunda etapa de la investigación de Uzcátegui consistió en entrenar al algoritmo para reconocer cada planta. La investigadora partió de un modelo ya existente, diseñado para detectar objetos, y lo especializó. “Lo que hice fue entrenarlo con imágenes de frailejones. Corté los mapas y etiqueté alrededor de 12 000 plantas para crear un conjunto de datos de entrenamiento”, señala.

Con ese aprendizaje, el software se convirtió en un especialista capaz de identificar frailejones de manera automática en todo el mosaico. Aunque la precisión era mayor en las imágenes de alta resolución, los resultados en el mapa completo fueron suficientemente sólidos.

“En el área grande, de 83 hectáreas, detectamos cerca de 86 000 frailejones con un diámetro mayor a 20 centímetros”, señala la investigadora. De esta forma, el algoritmo no solo contó plantas una por una, sino que permitió construir un inventario detallado del ecosistema afectado, algo que habría sido casi imposible de lograr únicamente con trabajo de campo.

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Diagnosticar la salud de los frailejones desde el cielo

Paula Uzcátegui recuerda que, tras la visita al páramo realizada en diciembre de 2024, el equipo advirtió que la recuperación no era tan lineal como parecía en los primeros meses. El florecimiento de los frailejones, que en un inicio se había celebrado como esperanzador, podía no serlo tanto.

“Regresamos a finales de 2024 y fue cuando nos dimos cuenta de que estaban muriendo muchos de esos frailejones que se habían recuperado. Ahí dijimos que valía la pena no solamente contarlos, sino ver cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos”, explica la investigadora de la UIS.

La clave para dar ese paso estuvo en la incorporación de los datos del sensor multiespectral del dron, lo que permitió contar con información del infrarrojo cercano, una parte del espectro de la luz que no se puede ver con el ojo humano, pero que está muy cerca de la luz visible roja. En esa banda del espectro las plantas sanas reflejan la radiación, mientras que las dañadas la tienden a absorber porque las estructuras internas de la hoja ya no funcionan de la misma manera. Esta metodología se suele usar para el monitoreo de cultivos.

A partir de esa diferencia, el equipo calculó un índice de vegetación conocido como NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que compara la luz roja absorbida con el infrarrojo cercano reflejado. “Esa diferencia te dice qué tan saludable está la planta”, señala Uzcátegui.

Con los frailejones ya identificados por el algoritmo, el software calculó el promedio de ese índice dentro de cada ejemplar y estableció un umbral: por encima de él, la planta se consideraba viva; por debajo, muerta. Para comprobar los resultados, la investigadora también recolectó datos de validación en terreno poco después de haber capturado las imágenes de dron.

“El censo se hace con el mapa reconstruido con las imágenes de dron desde un celular, guiándonos por los datos del GPS. Esto nos permite estimar luego la mortalidad y tener certeza de que la estimación es buena, pero tiene cierto porcentaje de error”, señala. De esta manera, el ejercicio permitió estimar que cerca del 30 % de las plantas habían muerto un año después del incendio.

El hallazgo reveló, además, una dinámica inesperada: la mortalidad no ocurrió inmediatamente después del fuego. “Los frailejones no se murieron por completo por el incendio, murieron tiempo después”, señala el profesor Reu. Ese patrón coincide con reportes en otros páramos andinos, donde las plantas pueden morir incluso dos años después del evento, lo que hace necesario un seguimiento prolongado.

La posibilidad de repetir el análisis con nuevas imágenes abre, según Reu, una ventana inédita para estudiar la recuperación del ecosistema a largo plazo. “Con esta tecnología tenemos herramientas para hacer ese seguimiento en el tiempo”, afirma. Basta con nuevos vuelos periódicos para comparar los resultados: identificar cuántos individuos mueren, cuántos sobreviven y cómo aparecen nuevas plantas que, con el crecimiento, entrarán en el rango detectable por el algoritmo.

“Podemos tomar una foto cada año y contar los frailejones; así vamos a saber las dinámicas de mortalidad y regeneración”, explica. Para el ecólogo, el mayor valor del método es que permite realizar monitoreos continuos con pocos recursos, algo poco frecuente en estudios de este tipo. “Eso demuestra que con bajo presupuesto es posible hacer un seguimiento a largo plazo”, indica, y agrega que esto convierte a la herramienta en vital para comprender cómo se recuperan los páramos tras el fuego.

El enfoque, además, abre la posibilidad de replicar la metodología en otros ecosistemas de alta montaña. Desde el punto de vista técnico, el profesor Hoover Fabián Rueda Chacón, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explica que el modelo fue entrenado para reconocer la forma de roseta típica del frailejón.

“Es una forma similar [en las distintas especies de frailejón], desde el punto de vista de morfología. Tengo mucha esperanza de que sea aplicable directamente”, afirma el ingeniero de sistemas que también acompañó, junto a algunos de sus estudiantes, a los biólogos en su salida más reciente al páramo este año. Esta colaboración es algo poco común entre los profesionales de estas disciplinas, pero Rueda asegura que este proyecto lo ha hecho posible.

No obstante, el ingeniero advierte que podrían requerirse ajustes según las especies presentes en cada páramo, ya que en este proyecto se enfocaron en las características de Espeletia standleyana, la especie de frailejón que se ve con mayor frecuencia en el Páramo de Berlín. “En el peor de los casos puede que nos toque reentrenar, como lo hicimos acá, con un conjunto más reducido de imágenes de los frailejones particulares de otro páramo”, añade.

Sin embargo, para el investigador, esa flexibilidad es precisamente una de las fortalezas del método: la inteligencia artificial permite adaptar el análisis a distintos territorios y monitorear zonas de difícil acceso, ampliando las posibilidades de seguimiento y conservación de estos ecosistemas andinos. A pesar de esto, los científicos son enfáticos en que para darle continuidad a estos estudios se necesita financiación, un aspecto que suele ser un limitante para la ciencia en Colombia.

De momento, los investigadores de iBGA apuntan a seguir con los sobrevuelos para obtener más datos y desarrollar proyectos para mejorar el procesamiento y el monitoreo de la evolución y crecimiento de los frailejones a través del tiempo, incluso de manera individual. Con estas propuestas esperan participar en convocatorias para obtener más financiación.

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Un ecosistema que se recupera

En el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, el paisaje del páramo da cuenta de los cambios generados por la intervención humana. Sus frailejones, la especie más emblemática de estos ecosistemas, son más bajos y menos numerosos, en comparación con áreas más alejadas del complejo de Santurbán, del que forma parte el Páramo de Berlín.

Es un ecosistema que durante años ha sufrido las presiones de la ganadería y la agricultura, y en el que desde hace 15 años algunas de sus áreas empezaron a ser protegidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Es por esto que de las 317 hectáreas afectadas por el incendio de 2024 el 87.69 % (277.85) eran de predios pertenecientes a esta entidad.

De acuerdo con los expertos del AMB, dos años después del incendio, la recuperación en estas zonas del páramo avanza a ritmo lento, pero persistente. Javier Leal, ingeniero forestal enfocado en el proceso de conservación y gestión ambiental del acueducto, explica que la intervención humana ha sido mínima y deliberadamente cautelosa. “El área que fue quemada no la hemos tocado; lo único que hicimos fue delimitarla y aislarla para que no ingrese nadie y dejar que por sí sola se vaya recuperando”, señala.

La decisión, que contó con la asesoría de expertos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, busca, en primera instancia, permitirle al ecosistema recuperarse por su propia cuenta. Los especialistas han podido observar cómo la vegetación empieza a reorganizarse de manera natural.

Aunque el proceso es lento, el monitoreo constante, con apoyo de los investigadores de la UIS y de la inteligencia artificial, ha mostrado señales que el ingeniero Javier Leal considera alentadoras: “Si bien en este momento lleva una evolución adecuada, tenemos que esperar un poco más para ver cómo continúa el ecosistema”.

Sobre la duda de si reforestar es el camino para recuperar el páramo, Leal señala que aún es pronto para saberlo. “Si bien en este momento lleva una evolución que consideramos adecuada y significativa, tenemos que esperar un poco más para evaluar si es necesario hacer una intervención con frailejones y otras especies del páramo”.

Leal añade que cuando ocurren eventos que generan perturbaciones en áreas dedicadas a la conservación, la idea es que se vayan recuperando por sí solas, lo que se conoce como restauración pasiva. Intervenir inmediatamente, por ejemplo con la siembra indiscriminada de frailejones, puede amenazar la fragilidad del ecosistema porque la capa vegetal del suelo se ha visto destruida.

Desde la UIS, el equipo del profesor Reu también ha monitoreado en campo el progreso de la restauración del páramo. Un año después del incendio, la bióloga Andreina Ortiz López decidió observar el páramo a ras de suelo: no desde los drones, sino desde pequeñas parcelas distribuidas entre la zona quemada y otra que había permanecido intacta.

Entre noviembre y diciembre de 2024 comparó especies, coberturas y formas de crecimiento, y encontró señales discretas pero contundentes de recuperación. “Después de un año, al menos en el número de especies, eran muy similares; ya solo era cuestión de dejar que pase más tiempo para que la cobertura vuelva a ser comparable”, explica.

En los primeros meses, recuerda Ortiz, el paisaje había quedado “totalmente en ceros en cuanto a vegetación”, y la floración de los frailejones, un último esfuerzo reproductivo antes de morir, llamó la atención del equipo. El monitoreo posterior, a finales del 2024, mostró que el ecosistema comenzaba a reorganizarse por sí mismo: frailejones, pastos y otras plantas con semillas termorresistentes o estructuras protegidas rebrotaban lentamente, mientras aún persistían zonas con suelo descubierto.

Para la investigadora, el resultado más relevante es que el propio páramo parece tener la capacidad de recuperarse sin intervenciones directas.

Al visitar la zona en 2026 Mongabay Latam pudo ver un paisaje que sigue marcado por las cicatrices del fuego, pero que ya no es el mismo terreno desolado de los primeros meses. Ahora los frailejones más altos no están rodeados de tierra calcinada, sino del verde de los pastos y los musgos.

Según Javier Leal, el páramo comienza a mostrar una recuperación heterogénea, con áreas que avanzan con mayor rapidez que otras. “El ecosistema se va a recuperar; habrá zonas con un poco más de dificultad [en donde la restauración pasiva se puede quedar corta], y es en esas donde entraremos nosotros”, afirma sobre los posibles esfuerzos de reforestación a futuro. Es por eso que han aprendido a reproducir frailejones y otras especies de páramo en viveros.

La imagen del Páramo de Berlín hoy es la de un territorio en transición: menos negro –aunque aún están presentes los frailejones que murieron– y más verde. Aunque frágil todavía, el páramo está encaminado a reconstruir lentamente su equilibrio: diversas zonas llenas de pequeños brotes de nuevos frailejones son un reflejo de esperanza.

*Imagen principal: el Páramo de Berlín, justo después del incendio de 2024. Foto: cortesía Bjorn Reu.

El artículo original fue publicado por Alejandra López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dumpling sobrevivió al comercio internacional de fauna silvestre, al encierro en una bodega industrial de Orlando y al colapso de Sloth World, un proyecto turístico que pretendía exhibir perezosos sudamericanos como atracción interactiva en Florida, Estados Unidos. No sobrevivió a las secuelas.

El 5 de mayo de 2026, el perezoso de dos dedos murió bajo cuidados intensivos en el Central Florida Zoo, convirtiéndose en el tercer ejemplar fallecido desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico. Antes habían muerto Bandit y Habanero, este último sacrificado por veterinarios tras el deterioro irreversible de su salud. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

Cuando los perezosos llegaron como “donativo” de la empresa al zoológico el pasado 24 de abril, varios presentaban deshidratación, bajo peso y problemas gastrointestinales severos. Algunos apenas reaccionaban. Durante semanas, los animales habían permanecido dentro de una bodega industrial que, según un reportaje del medio estadounidense Inside Climate News, no contaba con agua corriente ni electricidad estable.

Un reporte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) señala, además, fallas constantes en los calefactores que mantenían con vida a los perezosos, especies altamente sensibles al frío.

Estas tres muertes son apenas una parte de un caso mucho mayor. Documentos estatales y reportes veterinarios vinculan más de 50 muertes de perezosos al fallido proyecto Sloth World, que importó ejemplares silvestres desde Perú y Guyana —país del que se sabe que provenía la mayor cantidad de perezosos— con permisos oficiales.

Sloth World cerró definitivamente sus puertas el 24 de abril, se declaró en bancarrota y el caso enfrenta ahora una investigación criminal que expone las consecuencias del comercio y exhibición de fauna silvestre en Estados Unidos.

En este contexto, especialistas en conservación advierten que lo ocurrido en Florida no es un hecho aislado ni excepcional, sino el resultado previsible de un sistema regulatorio fragmentado.

“Básicamente no hay regulaciones. Los perezosos pueden ser sacados de su hábitat natural, enviados a los Estados Unidos y mantenidos en condiciones que no son apropiadas para su supervivencia y eso es completamente legal”, asevera Rebecca Cliffe, fundadora y directora de The Sloth Conservation Foundation (SloCo) en Costa Rica, en entrevista con Mongabay Latam.

Para Cliffe y Sam Trull, cofundadora y directora ejecutiva de The Sloth Institute (TSI), organizaciones dedicadas a la investigación, rehabilitación y conservación de perezosos en Centroamérica, lo ocurrido en Florida no fue un accidente. Ambas organizaciones habían lanzado una campaña para alertar sobre el proyecto desde enero de 2026.

“La mayoría de estos perezosos provenían de Guyana y algunos de Perú. En estos países existe una cuota anual que permite la captura, exportación y venta comercial de perezosos, por lo que es algo totalmente legal”, explica Cliffe. “Por lo que sabemos hasta ahora, las autoridades no estaban al tanto de la altísima tasa de mortalidad de los perezosos que se exportan”.

Mongabay Latam solicitó entrevistas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú y a la Comisión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC), autoridades responsables de la protección, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre en ambos países. Aunque se estableció contacto con Serfor, al cierre de esta edición, el organismo no había respondido.

La GWCMC, por su parte, respondió vía correo electrónico: “Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas en relación con el caso Sloth World. Sin embargo, los permisos y licencias emitidos por la GWCMC únicamente facilitan la exportación de perezosos y otras especies silvestres desde Guyana. Nuestra responsabilidad es asegurar que la fauna silvestre que sale del país esté acompañada de los permisos necesarios y sea transportada bajo condiciones aprobadas. No tenemos jurisdicción sobre las condiciones de importación en los países de destino y, por lo tanto, no tenemos control sobre el destino de la fauna silvestre exportada una vez que llega al país de importación”.

Un comercio legal con escasa supervisión

Para las organizaciones The Sloth Conservation Foundation (SloCo) y The Sloth Institute (TSI), el caso de Sloth World no representa una anomalía aislada, sino el resultado predecible de un sistema de comercio y exhibición de fauna silvestre que opera bajo permisos formales, pero con escasa supervisión real. Ambas organizaciones advierten que el modelo de captura, transporte y cautiverio somete a estos animales a niveles extremos de estrés fisiológico y vulnerabilidad.

“Obtener un permiso de la FWC no es un proceso complicado”, dice Trull. “Es como llenar un formulario en línea y probablemente pagar una tarifa simbólica. Es decir, no tienes que ser un experto ni saber lo que estás haciendo”. Según explica, los permisos emitidos en Estados Unidos autorizan la importación de perezosos sin inspecciones previas de instalaciones ni requisitos estrictos sobre su manejo y cuidado para su bienestar.

“Me pregunto, ¿para qué tener el permiso? Claramente no significa nada, solo que cumpliste con algunos trámites legales sencillos, como presentar tu declaración de impuestos”, argumenta Trull. La especialista señala que los primeros reportes sobre Sloth World llegaron a través de redes sociales, cuando la publicidad del sitio se hizo viral y los seguidores de las organizaciones comenzaron a cuestionar la veracidad y la ética del proyecto.

A partir de allí, ambas organizaciones comenzaron a investigar el caso junto a periodistas. Cuando los primeros documentos salieron a la luz, se enteraron de que las primeras muertes de los perezosos habían ocurrido mucho antes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

“Así nos enteramos de que la FWC realizó una inspección en agosto de 2025. Fue entonces cuando se enteraron de que 31 perezosos habían muerto”, cuenta Cliffe. “Pero no hubo ninguna consecuencia, como si hubieran muerto por accidente. Luego les permitieron continuar importando. Pudieron conservar su permiso y su licencia, y todo esto continuó”.

Ambas coinciden en que las fallas no se limitan a Florida. Parte del problema se origina en los países exportadores, donde la captura y exportación de perezosos se realiza bajo cuotas legales. En los casos de Guyana y Perú, gran parte de los ejemplares enviados a Estados Unidos provienen directamente de vida silvestre, con periodos de retención antes de su exportación.

“Cualquiera puede importar la cantidad que quiera de perezosos siempre que tenga un permiso de la FWC y no tiene que informar si mueren o no”, explica Cliffe. “Esa es realmente la raíz del problema: nadie sabía que esto estaba sucediendo y a nadie le importaba”.

Para las especialistas, el resultado es una cadena de estrés biológico difícil de revertir. Los perezosos son capturados en selva, mantenidos en condiciones intermedias de baja calidad, transportados durante días y finalmente alojados en instalaciones no preparadas para su fisiología extremadamente sensible a la temperatura y al estrés

“Incluso con la mejor atención veterinaria posible, muchos de estos animales ya llegan en estado crítico”, señaló Cliffe. “Fueron literalmente arrancados de los árboles”, agrega. Y cuando además se les mantiene en condiciones inadecuadas, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Otro de los vacíos regulatorios señalados por las especialistas está en la limitada intervención de las autoridades federales en Estados Unidos. En este caso, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar el bienestar animal en instalaciones que exhiben fauna silvestre, no tuvo participación en la fase inicial del proyecto porque los animales aún no estaban siendo exhibidos públicamente.

Al permanecer bajo estatus de propiedad privada, la empresa no estaba sujeta a los mismos requisitos de licencias ni inspección, lo que redujo significativamente el nivel de supervisión sobre su manejo.

“Los perezosos eran ‘mascotas de propiedad privada’ y ni siquiera necesitaban una licencia del USDA”, explica Trull. “Así que, en realidad, se requirieron regulaciones mínimas para transportar decenas de perezosos y mantenerlos en un almacén en Florida sin electricidad ni agua”.

Cuando el medio Inside Climate News consultó al equipo de prensa de Sloth World, este no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios ni a la lista de preguntas sobre el caso. Mongabay Latam también intentó consultarlos, pero no respondieron.

El 13 de mayo de 2026, las organizaciones SloCo y TSI celebraron el anuncio de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) sobre la suspensión temporal, por 60 días, de la importación de perezosos al estado de Florida. La medida fue anunciada después de que Rebecca Cliffe y Sam Trull viajaran a Orlando el 6 de mayo, donde sostuvieron durante varios días reuniones con funcionarios, comisionados, legisladores, representantes, autoridades locales y miembros de la FWC para abordar la urgencia de fortalecer la protección de los perezosos en Estados Unidos.

Ante el aumento sostenido del comercio internacional de perezosos, las organizaciones también impulsan cambios en los mecanismos de control internacional. Trull explica que The Sloth Institute obtuvo, mediante solicitudes de acceso a información pública en Estados Unidos, registros de importación que evidenciaron un incremento sostenido del ingreso de estos animales al país entre 2011 y 2021.

Según el análisis de la organización, el 97 % de los ejemplares provenía de Guyana y el 98 % ingresaba a través del aeropuerto de Miami. Esa información fue utilizada para respaldar la inclusión de los perezosos de dos dedos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), medida aprobada durante la COP20 celebrada en Uzbekistán en diciembre de 2025.

“El Apéndice II no prohíbe el comercio, pero al menos implica que ahora debe documentarse”, señaló Trull. “Y es importante destacar que esto se aplica únicamente a los perezosos de dos dedos. Todavía existen otras especies de perezosos de tres dedos que no figuran en la lista y es importante que se les incluya en la próxima CITES”.

Ambas organizaciones advierten que el caso de Florida podría repetirse si no hay cambios regulatorios profundos. Aunque actualmente existe una investigación criminal en curso, sostienen que el problema es estructural: mientras el comercio internacional de perezosos siga permitido por permisos de bajo control, la mortalidad continuará.

“Quizás no a la misma escala, porque tal vez nadie quiera que este tipo de cosas atraigan tanta atención, pero ha estado ocurriendo a una escala muy dispersa”, sostiene Trull. “Está sucediendo perezoso por perezoso, lugar por lugar, todos los días. Y seguirá ocurriendo a menos que hagamos cambios en la normativa”.

Bajo cuidado veterinario y con un futuro incierto en cautiverio

Actualmente, los perezosos que sobrevivieron al traslado al Central Florida Zoo permanecen bajo observación veterinaria permanente en áreas de cuarentena especializada. De acuerdo con las actualizaciones que el propio zoológico comparte diariamente en sus redes sociales y en su sitio web, los animales continúan recibiendo atención médica intensiva, monitoreo nutricional y cuidados destinados a estabilizar sus condiciones tras el estrés extremo del traslado y la permanencia previa en instalaciones inadecuadas.

Recostado bajo un rayo de sol, Mr. Ginger —el más pequeño y joven del grupo sobreviviente— aparece con los ojos cerrados en una de las fotografías más recientes difundidas por el zoológico. Junto a las imágenes, la institución informó que el perezoso continúa en estado crítico y bajo cuidados intensivos. “No pudimos resistirnos a compartir algunas fotos adorables. Gracias, Florida Central y alrededores, por todo su apoyo”, publicó el zoológico en sus redes sociales.

El pronóstico de los 10 sobrevivientes a largo plazo es reservado: aunque algunos ejemplares han mostrado signos de estabilización, su estado general refleja las consecuencias de semanas de deterioro físico y exposición a condiciones ambientales adversas.

The Sloth Institute y The Sloth Conservation Foundation reconocieron el trabajo del equipo veterinario que ha asumido el cuidado de los perezosos en el Central Florida Zoo, así como la colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para definir la ubicación a largo plazo de los animales en otras instalaciones acreditadas o, en algunos casos, su permanencia en el propio zoológico.

Según el zoológico, los ejemplares requerirán asistencia humana de por vida para tener la oportunidad de prosperar. “Agradecemos enormemente el arduo trabajo realizado para cuidar de los perezosos en cautiverio”, concluye Trull. “Pero, al fin y al cabo, son animales salvajes y nacieron para serlo. Por eso es realmente triste que, en este momento, lo mejor que puedan hacer sea sobrevivir en cautiverio el resto de sus vidas”.

*Imagen principal: el Central Florida Zoo está colaborando con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para determinar la ubicación a largo plazo de los perezosos en otras instalaciones acreditadas por la AZA. Se espera que algunos de estos animales permanezcan en el zoológico. Foto: cortesía Central Florida Zoo.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Marilyn Gatica Huanio llegó a la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia a fines de marzo para reunirse con sus pares, otras lideresas indígenas. Su objetivo es reducir el impacto ambiental y social que traería la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, que impulsa el Gobierno peruano y que pasará por la mitad de su comunidad indígena.

La lideresa de 36 años es jefa de Centro Arenal, una comunidad indígena que reúne a 300 integrantes del pueblo murui-muinani en el distrito de Punchana, en la región de Loreto, en el oriente amazónico de Perú.

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Centro Arenal, ubicada apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos, se encuentra en pie de lucha. “El trazo que propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera pasa por la mitad de la comunidad. Esto solo traerá más invasores, no estamos de acuerdo”, dice Gatica Huanio a Mongabay Latam durante un viaje a la zona.

La ruta de la carretera fue aprobada en 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer tramo de este proyecto unió Bellavista con Santo Tomás e implicó la construcción del puente Nanay. El segundo tramo se extenderá hasta Mazán. El tercero será una ruta fluvial de Mazán al Salvador y el cuarto llega hasta El Estrecho, con 147.4 kilómetros de carretera. En total el camino tendrá alrededor de 200 kilómetros.

Según el estudio definitivo del segundo tramo del proyecto, se construirán 35.6 kilómetros de carretera, iniciando en el centro poblado de Santo Domingo —justo al final del puente Nanay—, pasando por las localidades Picuroyacu y San Antonio. La carretera llegaría a la comunidad indígena Centro Arenal, atravesando por la mitad este territorio. Luego avanzaría hacia el caserío San Juan de Sinchicuy hasta llegar a la comunidad campesina San Rafael y finalizaría en el río Mazán.

“Cuando hicieron el estudio no nos explicaron que la carretera pasaría por la mitad de nuestra comunidad, por eso es que los anteriores líderes lo aprobaron. Recién en 2024 nos enteramos que dividiría nuestro territorio”, cuestionó la lideresa.

Once denuncias en diez años

Para llegar a Centro Arenal se debe tomar un vehículo desde la ciudad de Iquitos. La ruta es un viaje de 20 minutos por un camino sin asfalto. Sin embargo, no es la única vía que hay dentro de la comunidad. En 2014, cuando se confirmó la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho y que pasaría cerca de la comunidad de los murui-muinani, empezaron las invasiones, según denuncian Gatica Huanio.

La referente indígena explicó que la comunidad tiene 1977 hectáreas y está titulada desde 1967. “Nosotros nos encontramos al lado del río Amazonas y al otro extremo de la comunidad los invasores han abierto una trocha [camino de tierra] a la que denominaron Joaquin Abensur, por donde sacan madera ilegalmente de nuestro territorio”, asegura.

En los últimos 10 años, la comunidad realizó once denuncias por tala ilegal, sostiene Gatica Huaino.

“Todas las denuncias que realizamos se archivan. No hay justicia para nosotros porque no podemos ingresar a esa parte de nuestro territorio. Cada vez que nos acercamos nos amenazan con armas o golpean”, contó.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un estudio de 2024 también identificó daños a la comunidad Centro Arenal, pese a que aún no se había iniciado con la construcción formal de la vía. “Luego de la ejecución del primer tramo y la construcción del puente Nanay se generaron invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la comunidad Centro Arenal”, se lee en el documento.

Bryan Jara, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó a Mongabay Latam que la construcción de la carretera está afectando la forma de vida tradicional de la comunidad Centro Arenal.

“Si bien la vía traería conectividad para los pobladores locales, también hay impactos de alto costo: deforestación, cambio en la vida comunal e invasiones. Si no se planifica bien esta carretera tendrá grandes impactos ambientales y sociales, principalmente para los habitantes indígenas de las zonas colindantes, por lo que los mecanismos de participación ciudadana deben considerar la vulnerabilidad de la población local”, afirmó.

Consulta previa: planes del Ejecutivo y críticas de los habitantes indígenas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de consulta previa para obtener la licencia social para la construcción del segundo tramo de la carretera: Santo Domingo—Mazán. En ese primer encuentro el Gobierno informó a la comunidad que la carretera pasará por la mitad de la comunidad.

“El plan del Ministerio es abrir una nueva vía dentro de la comunidad. Es decir, la trocha Joaquín Abensur, la que ya está invadida no está considerada, sino que será una nueva. Esto traerá más invasiones”, coincide Isaac Alejo, especialista legal de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien acompaña a la comunidad en el proceso de consulta previa.

El abogado explicó que durante 2025, el proceso de consulta previa se paralizó porque otras comunidades no habían sido incluidas, solo estaba Centro Arenal, pero tras los reclamos ahora también participan Santa Clotilde, El Milagro e Independencia, que se verían afectadas de manera indirecta por el trazo de la carretera.

Sin embargo, el Ministerio solo ha puesto en consulta el estudio definitivo de la carretera. Es decir, el trazo que construirá, pero no se está poniendo en consulta el estudio de impacto ambiental ni el estudio de arqueología, sostienen los expertos y referentes indígenas consultados.

“La justificación es que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) realizará su propio proceso de consulta del estudio de impacto ambiental, pero se debería llevar a consulta previa los impactos del estudio y las medidas de mitigación y adaptación y quienes intervienen dentro de eso para tener claro las cláusulas sociales y ambientales”, cuestionó Alejo.

Mongabay Latam consultó al Ministerio por qué no incluyen el estudio de impacto ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, la Oficina de Diálogo y Gestión Social de esta cartera solicitó una aplicación de plazos de la consulta previa para gestionar temas administrativos.

“Los talleres informativos deberán retomarse en julio”, adelantó Isaac Alejo.

Dos áreas protegidas serán atravesadas por el proyecto

Mayra Collantes y Rubiela Ríos viven en extremos diferentes, pero comparten una misma lucha: evitar que la carretera Bellavista—El Estrecho pase por las áreas de conservación regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, territorios de sus pueblos que ahora están bajo la administración del Estado.

Ambas lideresas se reunieron con Marilyn Gatica, jefa de Centro Arenal, en Leticia, en la Amazonía de Colombia, para hablar sobre el avance de la obra.

En tanto, la comunidad Pucaurquillo, de donde es Mayra Collantes, es parte de la cuenca del Ampiyacu. El último tramo de la carretera: Salvador—El Estrecho no pasará por su comunidad, ni cerca de ella. Sin embargo, sí afectará el territorio del ACR Ampiyacu Apayacu, un espacio protegido por su pueblo, los boras, desde hace siglos y que tras su creación, en diciembre del 2010, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) han ayudado a conservar.

“Una carretera que pase por el ACR solo traerá invasores y nos afectará a las comunidades que vivimos en el Ampiyacu. Esta zona está protegida, hacer una carretera que pase por medio de áreas protegidas es una irresponsabilidad”, cuestionó Collantes.

La comunidad de Rubiela Ríos está cerca del ACR Maijuna Kichwa, que se instaló en junio de 2015 con 391 039 hectáreas, en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

“No nos oponemos a la carretera, pero debe existir otra forma de tener esta vía sin afectar las áreas protegidas. Son espacios que cuidamos hace siglos para permitir que ahora sean deforestados. Las carreteras permiten el ingreso de extraños”, anotó.

En 2011, cuando el Congreso de la República declaró de interés nacional la creación de esta carretera, ya existía el ACR Ampiyacu Apayacu y en 2014. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró la viabilidad de la ruta estaba en proceso la creación del ACR Maijuna Kichwa, que terminó siendo creada un año después.

Pese a esto, el proyecto continuó, ejecutándose el primer primer tramo: Bellavista—Santo Tomás, incluyendo el puente Nanay, de 2017 a 2021.

Consecuencias de una carretera resistida

Con el avance del segundo tramo, las invasiones han incrementado. “Los invasores exigen la construcción de la carretera, mientras nosotros queremos seguridad para impedir más deforestación en nuestras tierras”, dice Gatica Huanio.

En tanto, el estudio de Identificación de condiciones del proyecto que realizó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCSD Perú) estima que se deforestarán 16 800 hectáreas de bosque para construir la carretera de Bellavista al Estrecho.

Ciro Salazar, analista sectorial y de conflictos sociales de FCSD, señala que el principal cuestionamiento al estudio de factibilidad es la estimación de la intensidad media diaria (volumen de tráfico) de la carretera. “Se plantea que 1104 vehículos diarios recorrerán la vía hasta El Estrecho. La cual nos parece excesiva porque la ciudad de Iquitos tiene un tráfico similar y no podría alcanzar esa cantidad hasta la frontera, no encontramos sentido”, indica.

El especialista también advierte que la carretera generará ventaja logística a los grupos criminales que realizan tráfico de drogas, extracción de oro y madera ilegal. “En el estudio también realizamos un estimado del costo económico que el Estado debe invertir para realizar interdicciones en este territorio tras la construcción de la carretera porque se necesitará mayor cuidado”, anotó.

*Imagen principal: la carretera Bellavista–El Estrecho llegará hasta la frontera con Colombia. Foto: cortesía Vico Méndez/SPDA.

El artículo original fue publicado por Geraldine Santos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius), una especie endémica de la frontera colombo-venezolana, enfrenta una nueva amenaza. Después de que por décadas la caza por su piel se disparó ante la demanda de la industria peletera, ahora vive un riesgo diferente. El Programa Nacional para su Conservación está paralizado desde hace meses por un conflicto administrativo entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), corporaciones ambientales y el Ministerio de Ambiente, quienes históricamente trabajaron por evitar la extinción de esta especie y recuperar las poblaciones en su ambiente natural.

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De los cerca de 500 cocodrilos en cautiverio a cargo del programa, actualmente hay cerca de 200 ejemplares —con alta diversidad genética y probabilidades de reproducirse en vida silvestre— que se encuentran en hacinamiento, sin alimento en meses ni atención médica por parte de las instituciones involucradas (Ministerio de Ambiente, corporaciones ambientales y la Universidad Nacional). Además, han ocurrido al menos dos muertes de ejemplares adultos (uno de ellos debido a agresión entre ellos, de acuerdo con una necropsia) y se han dejado de recolectar cerca de 1200 huevos producidos desde 2025, denuncia de investigadores interpuesta ante la Universidad.

La falta de claridad entre las instituciones responsables y el vencimiento de convenios con parques y universidades que han recibido a los cocodrilos fueron el argumento para detener este esfuerzo de conservación.

Sin embargo, para biólogos, investigadores y veterinarios que se han involucrado durante años en este proyecto el riesgo es claro y alarmante: advierten que está por perderse la última esperanza de recuperar a una de las 14 especies de cocodrilos que hay en el planeta.

Mongabay Latam consultó a los especialistas involucrados en este proyecto así como a las instituciones y autoridades responsables del único programa que existe en Colombia para salvar al cocodrilo del Orinoco y no existen hasta ahora señales para retomarlo.

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La crisis en una población clave y estudiada de cocodrilos

Los casi 200 cocodrilos que se encuentran en riesgo crítico pertenecen a dos grupos. De acuerdo con investigadores que participaron en este programa y con los que dialogó este medio, un grupo posee alta carga genética que permitiría la reproducción y sobrevivencia en su hábitat natural, mientras que otro grupo de cocodrilos debe ser puesto en liberación, pues se trata de ejemplares nacidos en vida silvestre y que fueron incorporados al programa para fortalecer la estrategia de conservación.

Son 180 de estos ejemplares los que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure. Otros 12 están en la Universidad de los Llanos (Unillanos), ambos ubicados en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, como parte de convenios con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), donde se comprometieron a recibir a los cocodrilos sin cobro y de forma “provisional”, ante el hacinamiento en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, que forma parte de la UNAL.

Pese a que los acuerdos establecen que la UNAL se haría responsable de la alimentación, el manejo, cuidado veterinario y recolección de huevos de los cocodrilos, diferentes documentos elaborados por la Unillanos y el Parque Merecure, y que fueron revisados por Mongabay Latam, denuncian que entre noviembre de 2025 y abril de 2026 la Universidad ha incumplido con estas funciones. Cabe precisar, que esto se debe a que vencieron los convenios, como argumenta la UNAL.

Esto ya se ha traducido en muertes de ejemplares. Una de ellas ocurrió en 2026 dentro del Parque Merecure, que solicitó la intervención de la Universidad Nacional y el retiro de los animales. Hasta ahora tampoco se tiene una necropsia que certifique la causa del deceso del cocodrilo.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2025 dentro de la Estación Roberto Franco, donde uno de los cocodrilos fue agredido por otros ejemplares, de acuerdo con la necropsia consultada por este medio y que halló “mutilación de miembros anteriores y posteriores, además de la parte ventral del cuello” del animal.

Germán Preciado, veterinario y profesional universitario de la Estación Roberto Franco, confirma no solo las muertes, sino también las indicaciones de la Universidad de no atender la salud de los ejemplares que se encuentran fuera de la estación.

“En diciembre [de 2025] fue la última vez que nos autorizaron, desde la dirección de la estación, a ir hasta Unillanos y Merecure a hacer la revisión de los animales y la alimentación. En 2026 no hemos ido porque no hemos sido autorizados”, dice Preciado a Mongabay Latam y agrega que él mismo ha solicitado permiso para acudir a ayudar a los cocodrilos y a recolectar huevos de nidos, sin obtener autorización.

A principios de abril, comenta, se hizo un contrato de alimentación pero que aplica únicamente para los cocodrilos de la Estación Roberto Franco.

Al respecto, la UNAL niega tener responsabilidad en el programa de conservación al afirmar que su rol es de apoyo técnico y científico. Lucy Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias, sostiene que son el Ministerio y las corporaciones ambientales los que deben definir el futuro de los cocodrilos.

“Nosotros somos un actor de buena fe, los tenemos cuidados esperando la indicación para entregarlos, porque en este momento no hay ninguna investigación científica desarrollándose con estos animales. Nuestra función no es alimentar caimanes, pero ahí los tenemos y éticamente tenemos que esperar hasta que la autoridad ambiental decida cuál es su destino final”, dijo la decana a Mongabay Latam.

Delgado negó las muertes de ejemplares adultos, pese a la documentación referida, y aseguró que sólo se ha registrado la muerte de un cocodrilo neonato por “una deficiencia en tiamina”.

Investigadores de la Universidad agregan que la falta de alimentación es solo un factor de la crisis, pues se han dejado de recolectar los huevos de alta diversidad genética para continuar con el programa de conservación.

“Tuve una reunión con el director y la oficina de gestión ambiental y dejé constancia de lo que está pasando en la estación, de la negligencia por la pérdida de 1260 huevos y manifesté mi preocupación por los animales sin alimento. Es un atentado contra esa especie que está en peligro crítico de extinción”, dice Willington Martínez, investigador de la Universidad Nacional a Mongabay Latam.

Este medio consultó también al Ministerio de Ambiente de Colombia, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para saber qué medidas se realizarán para atender a los cocodrilos y el futuro del programa de conservación, sin que hasta la publicación de esta nota exista una respuesta.

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Un programa que comenzaba a dar resultados tras décadas de estudios

Desde 1998, el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, establecieron el Programa Nacional del Caimán Llanero (ProCaimán), un documento donde se reconoce que la especie es clave para la biodiversidad de la región y que se encuentra en Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En este programa se establecen objetivos y responsabilidades no solo de la Universidad y de la Estación, sino también de especialistas, del Instituto Alexander von Humboldt, corporaciones y ministerios para proteger a la especie.

También se establece que la primera fase durará 10 años como mínimo, estando sujeta “al éxito de los eventos reproductivos y la tendencia de las poblaciones en procesos de reintroducción”.

Para detener su participación en el proyecto, la Universidad argumenta que los primeros 10 años del programa finalizaron en 2012 y que nunca se hizo una evaluación para continuar con el programa. Incluso, la decana Delgado acusa que algunos de los investigadores de ProCaimán solo se dedicaron a «reproducir caimanes cada año” y los responsabilizó del hacinamiento actual.

Sin embargo, existen elementos que muestran que el programa de conservación progresaba y que permitió liberar a más de 40 cocodrilos en áreas de la Orinoquía colombiana entre 2016 y 2024.

Mario Vargas Ramírez, director de la Estación Roberto Franco entre 2019 y 2023, explica que durante su gestión se intentó responder con investigación molecular cómo los cocodrilos que ya estaban cautivos podían ayudar a la recuperación de la especie.

Antes de liberar a los cocodrilos, explica, había que saber quiénes tenían características genéticas que les permitieran sobrevivir.

“Uno tiene que realmente soltar cocodrilos que tienen un potencial evolutivo que les permita mantenerse en tiempo y suficiente diversidad genética para formar una población saludable en el tiempo. Eso se hizo y se publicó en revistas científicas”, explica el investigador.

Una de las autoras clave en este proceso fue Ana María Saldarriaga, bióloga e investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, quien se encargó de estudiar los perfiles genéticos de los ejemplares, para proponer combinaciones reproductivas y reestructurar los grupos que podrían ayudar al programa de conservación.

Los hallazgos de estos estudios se publicaron en revistas especializadas, como Nature Conservation, PLOS One y Oxford Academic con el objetivo de delinear las acciones de manejo de los cocodrilos.

“A raíz de esto se seleccionaron 25 cocodrilos para ser liberados en medio silvestre en sitios donde las características genéticas sí corresponden a los perfiles de estos individuos. Se hizo una liberación de 14 individuos en 2023 y luego una de 11 individuos en 2024, en el río Tomo, cerca de la frontera con Venezuela en Colombia”, cuenta la especialista a Mongabay Latam.

Saldarriaga explica que en 2025 tuvo que detener el seguimiento a esta investigación ante los conflictos internos en la Universidad Nacional de Colombia, pues cuenta que ya no tuvo acceso a información o a la estación. Sin embargo, sostiene que las liberaciones, coordinadas con autoridades ambientales, son un elemento importante de que el programa de conservación funcionaba.

“Por fin se estaban viendo resultados tangibles. De 25 liberaciones 16 tenían un transmisor satelital, entonces, además de liberar individuos estábamos produciendo ciencia detrás, desde el área genética, pero también de la ecología espacial. Estábamos cubriendo un área muy grande de lo que debería ser un proyecto de conservación”, sostiene.

Aunque no existe una evaluación formal del programa, para Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt, había bases científicas sólidas en el trabajo de reproducción que se realizaba en la estación.

“Es un trabajo ejemplar como programa de conservación y ya se ha logrado la liberación de varios individuos en la cuenca del Guaviare, en la cuenca del Orinoco, del Tomo. Sé que hay una situación de crisis, pero que esta situación no desdibuje el gran trabajo que se ha hecho desde el Plan de Conservación del Caimán Llanero y el gran liderazgo que ha tenido la Universidad Nacional también en todo este trabajo en más de 20 años”, dice el directivo a Mongabay Latam.

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Un desorden administrativo que está condenando a una especie

Actualmente, la Universidad Nacional tiene procesos de investigación en la Veeduría Disciplinaria, un organismo interno, contra algunos de los profesores que participaron en este programa por supuestas irregularidades en el manejo de los cocodrilos.

La decana Delgado aseguró a Mongabay Latam que estas irregularidades son por inconsistencias en el inventario de los animales, así como la falta de salvoconductos para trasladar a los animales durante las investigaciones.

“Tengo seis inventarios distintos de animales, no cuadran las fechas en que se han muerto versus las actas de defunción y las cremaciones. Se han trasladado animales sin salvoconductos a unos sitios donde la universidad hoy no tiene ningún convenio”, dijo la decana a este medio.

Los investigadores señalados sostienen que una de sus acciones fue precisamente llevar un registro y una base de datos de todos los ejemplares de cocodrilo del Orinoco que están en el programa de conservación.

Martínez y Preciado explican que todos los ejemplares que están en la Estación Roberto Franco, en el Parque Merecure y la Unillanos tienen un microchip implantado en la cola con un registro que funciona igual que una cédula, la cual puede consultar internamente la propia universidad.

“En 15 días de trabajo se podrían capturar todos los cocodrilos. Eso no es justificación para dejar aguantando hambre durante meses a los cocodrilos”, dice Carlos Moreno Torres, veterinario y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en réplica a los señalamientos.

El especialista advierte que si bien los ejemplares pueden aguantar largos periodos sin comer, el hacinamiento, el estrés y las condiciones del clima pueden incidir en mayores ataques entre las poblaciones.

“Han muerto animales por agresión. Eso nunca se veía. Pero también los hemos sometido a estrés y el año pasado no permitieron la reorganización por tamaños. Estos animales cuando se acerca la época de celo se vuelven muy agresivos”, detalla.

En julio de 2024, Moreno fue el responsable de firmar un contrato con una empresa para “desarrollar y mejorar una plataforma de software” en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), un centro de atención de la misma UNAL, que permitiera a los investigadores, biólogos y médicos veterinarios de la Estación Roberto Franco manejar bases de datos relacionadas con la fauna cautiva en las instalaciones. Un informe firmado por una consultora de la Universidad, al cual tuvo acceso Mongabay Latam, concluye que este proceso se desarrolló con éxito.

Pese a que existen resoluciones de la propia Facultad de Ciencias que permitieron el traslado de cocodrilos al Parque Merecure y a la Universidad de los Llanos, hasta ahora no hay una intención de retomar planes de liberación o estrategia de manejo por parte de la UNAL.

“Tenemos una emergencia en esta Estación donde la Universidad está sacando plata para darle de comer a unos animales, cuyo destino todavía el Ministerio no nos dice cuál es. En el momento en que se desaloje un poco, en que se entreguen los animales, se volverá a reactivar la investigación”, sostiene la decana Delgado.

En tanto, investigadores llaman a no dejar morir a los cocodrilos de Merecure y Unillanos y a trabajar en conjunto para reactivar el programa de conservación en una especie que es considerada estructural para la Orinoquía.

“Esto requiere financiación de fondo que nos facilite poder respaldar ese trabajo científico que ha tenido la Universidad Nacional y otras organizaciones. Yo invito a que hagamos un trabajo de juntarnos y buscar cómo conseguir los recursos para que este programa pueda seguir en marcha y que la Estación Roberto Franco pueda mantener esa vocación por la cual fue creada, de trabajar de una forma rigurosa que promueva la conservación del caimán Llanero en Colombia”, señala el director del Instituto Humboldt.

Vargas, con más de 30 años de investigación en este programa, considera que los cocodrilos no deben estar pagando el precio de conflictos administrativos, por lo que hace un llamado a protegerlos y a mantener esfuerzos por su conservación.

“En el futuro a nadie le va a importar el problema que está pasando ahorita. Lo que van a decir es ‘¿cómo fue posible que nadie hiciera nada para salvar esos cocodrilos?’. Será una de esas situaciones en que los humanos nos lamentamos cuando ya es demasiado tarde y hubiésemos podido hacer algo”, lamenta.

Nota del editor: (22 de mayo de 2026): Tras la publicación de este artículo y de la entrevista a la decana de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Mongabay Latam recibió un comunicado que solicita la rectificación de cinco puntos específicos del artículo. Hemos añadido los tres cambios específicos sugeridos por el medio en los párrafos 1, 2 y 8. Leer la aclaración publicada por el medio en el artículo original. Puedes revisarlo aquí.

*Imagen principal: algunos cocodrilos por su baja diversidad genética fueron enviados a centros de educación ambiental, como Nápoles. Foto: cortesía Unimedios.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam.

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Paola Sangolquí creció yendo a la playa junto a lobos marinos, iguanas y zayapas en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Habitar un sitio donde la vida silvestre no teme a los humanos y que ella llama hogar le hizo sentirse muy privilegiada. Eso la motivó a dedicar su vida a proteger la naturaleza. Años después, sus esfuerzos por salvar al petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) de la extinción la hicieron ganadora del Premio Whitley 2026, el principal galardón ambiental del mundo.

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“Es un reconocimiento al trabajo colectivo de todas las personas con las que trabajo”, dice Sangolquí, bióloga marina, desde Londres, donde recibió una estatuilla de manos de la princesa Ana del Reino Unido. La conservación en Galápagos es posible gracias a guardaparques, biólogos, científicos, agricultores, pescadores y muchos otros actores, dice.

No recuerda la primera vez que vio un petrel, pero está segura de que le pasó lo que a muchos galapagueños: no sabía identificar la especie. La suelen confundir con la pardela de Galápagos (Puffinus subalaris). Aunque son similares, su padre, guía de aves, le enseñó a diferenciarlas. “Tienen una mancha en la parte frontal, son de tamaño mayor y son elegantes al volar. Entonces empecé a ver la belleza del ave”, relata.

El petrel de Galápagos, una especie que solo anida en el archipiélago, empezó a verse amenazado cuando los seres humanos llegaron a las islas. Con ellos llegaron roedores, gatos y cerdos, que crecieron de manera descontrolada y empezaron a alimentarse de huevos y crías de las especies que estuvieran a su alcance.

Como resultado, la población se desplomó de 27 000 parejas reproductoras en la década de 1970 a menos de 3500 apenas diez años después. La especie está clasificada como Críticamente amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se trata de una categoría previa a la extinción en estado silvestre.

El premio no es solo un reconocimiento, sino que entrega a los ganadores fondos para continuar con sus iniciativas de conservación. Sangolquí y el equipo de la fundación Jocotoco ampliarán un proyecto en Santa Cruz que trabaja junto a comunidades locales para proteger los sitios de anidación del petrel, investigar los movimientos de esta ave oceánica y trabajar con niños de escuelas locales para fortalecer el conocimiento y protección de la especie.

En diálogo con Mongabay Latam, la bióloga marina explica por qué conservar al petrel.

El petrel conecta el océano con los cerros

—¿Qué la impulsó a conservar el petrel de Galápagos?

—Los petreles son aves oceánicas que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar y regresan después de seis o siete años a tierra, una vez que alcanzan la madurez sexual, solo para anidar.

Anidan exclusivamente en Galápagos, sin embargo, se conoce poco sobre ellos en nuestras islas. Tendemos a confundirlos con otra ave parecida o no le damos la importancia cultural y ecológica que tiene.

Algo que me encanta es que los petreles nos recuerdan que todos los ecosistemas están conectados, que somos uno con la naturaleza. Esta ave, a diferencia de otras aves marinas u oceánicas, no anida en las costas, lo hace en la parte alta de las islas, en bosques de Scalesia y Heliconia. Es un ecosistema diferente, donde hay humedad y garúa.

—¿Cuál es la importancia ecológica del ave?

—Los petreles traen consigo nutrientes del mar a las partes altas de la isla, a través de su guano dejan minerales en la tierra. También son indicadores de la salud oceánica. Usualmente están asociados a áreas de productividad, donde se alimentan, entonces, si tenemos productividad tenemos buenas condiciones ambientales.

—¿Cuáles son las mayores amenazas del petrel?

—Las mayores amenazas en sus sitios de anidación son las especies introducidas, como roedores, gatos ferales y cerdos salvajes [porque se alimentan de huevos y polluelos]. También hay especies introducidas de plantas que amenazan al petrel, como la guayaba (Psidium guajava) o la mora (Rubus niveus). En el mar les afecta el calentamiento global porque a mayor temperatura hay menos disponibilidad de alimento. Otra amenaza es la contaminación por plástico.

—¿Cuándo iniciaron el trabajo de conservación?

—La Fundación Jocotoco llegó en 2018 a Galápagos para proteger los petreles. Cuando empecé a trabajar con ellos, hace tres años, ya teníamos la reserva Los Petreles, en [la isla] San Cristóbal, donde cuidamos nidos de petreles. Con los años expandimos los esfuerzos y ahora trabajamos también en las islas Santa Cruz y Floreana.

70 nuevos nidos protegidos en Santa Cruz

En la parte alta de Santa Cruz y fuera del Parque Nacional Galápagos, que cubre el 97 % del archipiélago, se encuentran áreas destinadas a la agricultura y ganadería, donde también anidan los petreles. Allí, los científicos identificaron una zona que no estaba siendo monitoreada, pero que era importante por concentrar gran cantidad de nidos.

Cuando dieron con el sitio, la temporada de anidación estaba por finalizar. Muchos de los pichones habían sido atacados por los animales invasores y solo dos pichones alzaron el vuelo hacia aguas oceánicas, según registró la fundación. “Cuando empezamos a hacer acciones de control de especies introducidas, logramos que 24 pichones volaran”, dice Sangolquí con emoción.

Por eso, el equipo de Sangolquí presentó a la fundación Whitley una iniciativa que busca reforzar el trabajo en colaboración con fincas privadas. El objetivo es fortalecer los vínculos con la comunidad y desarrollar estrategias que beneficien a los finqueros al ampliar el control de las especies introducidas en las áreas de anidación de petreles.

El proyecto además tiene un componente de educación y comunicación. Consiste en organizar salidas de campo con estudiantes de las escuelas locales para que aprendan en los sitios de anidación sobre el ave y las amenazas que enfrenta.

Otra línea de trabajo es la colocación de marcas de rastreo satelital a las aves, una actividad que se realiza con la autorización de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Los especialistas buscan conocer con precisión dónde se alimentan  y cuáles son sus rutas de movilidad.

—¿Cómo identificaron el área de trabajo?

—Hay muchas fincas en Santa Cruz que tienen anidación de petreles y personas y organizaciones que ya trabajan para proteger estas aves. Hay personas conscientes de que tienen nidos en sus propiedades.

Estos 70 nidos con los que estamos trabajando no estaban registrados, son nuevos. Encontramos una zona con un hábitat ideal para la anidación de petreles. Ubicamos los nidos y los georreferenciamos. Como encontramos presencia de aves y huevos, empezamos a intervenir el área.

La zona es como una quebrada. Adentro hay varios nidos entre roquitas o directamente en el suelo, en la tierra, donde se forman pequeñas madrigueras.

Los finqueros son aliados estratégicos

—¿Por qué a los finqueros les interesa ser parte de esta iniciativa?

—Cuando controlas especies introducidas hay un beneficio para los agricultores. En Floreana, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), estamos tratando de erradicar roedores introducidos. En 2023, provocaron la pérdida del 80 % del maíz. Después de concluir el primer intento de erradicación, los agricultores reportaron cosechar el 90 % del maíz.

Además, en Floreana se busca reintroducir especies localmente extintas, lo cual añade valor en lo turístico y ecológico.

—¿Qué estrategias de control usan?

—La magnitud o intensidad de control varía de isla a isla, pero de manera general usamos cebos que tienen atrayentes para estas especies. Hacemos anillos de estaciones cebaderas alrededor de las colonias. El primer anillo está a 20 metros y después hay otro unos metros más adelante. Los cebos se cambian cada dos semanas.

Nos apoyamos en cámaras que detectan el movimiento y envían señales en tiempo casi real en caso de reconocer algún roedor u otro mamífero introducido. Usamos una combinación entre métodos manuales convencionales y tecnología. Ahora queremos usar inteligencia artificial para mejorar el reconocimiento.

El reto: conocer mejor a los petreles

Los científicos todavía tienen importantes brechas de conocimiento sobre el petrel de Galápagos. El ave, que ronda el medio kilo en la adultez, pasa gran parte de su vida en el mar abierto, buscando alimento principalmente en el Pacífico Oriental, siguiendo rutas de hasta 2000 kilómetros.

Regresa a tierra en abril para anidar en cinco de las 18 islas principales del archipiélago. Es esquivo y anida silenciosamente en cavidades rocosas. Solo sale de noche, para evitar a otras aves que son sus depredadores naturales, para cazar en el mar abierto.

—¿Cómo es un día de trabajo?

—Un monitoreo en Santa Cruz es un día entero de trabajo, desde antes de que salga el sol hasta que oscurece. Las zonas de anidación de los petreles no son de fácil acceso, es un esfuerzo caminar y llegar a los nidos.

El área de anidación es como una grieta bastante rocosa por la que tienes que bajar. Cuando llueve se forma una especie de quebrada con mucha agua adentro. Puede ser desafiante por la cantidad de nidos.

Los petreles son aves nocturnas, por lo que para marcarlos esperamos a que lleguen. Lo sabemos porque hacen una vocalización muy linda, parecida a la de un pavo real. Llegan, aterrizan y van a su nido.

Entonces empiezas a trabajar. Es desafiante porque lo tienes que hacer en el menor tiempo posible para no perturbar a la especie. A veces llegan temprano y otras a las tres de la mañana. Hay que estar a la expectativa.

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—¿Cómo reaccionan las aves durante el marcaje?

—Marcamos 15 individuos. La Dirección del Parque Nacional Galápagos tiene guardaparques super experimentados en la manipulación del ave y nuestro equipo también tiene mucha experiencia. Si por alguna razón hay una ave nerviosa o inquieta no se lo hace, pero en términos generales, la naturaleza en Galápagos no responde de manera evasiva al ser humano.

A final del año esperamos tener un mapeo más claro de dónde se alimentan los petreles que anidan en Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal. Queremos conocer más de la ecología de la especie, que de momento no se ha descrito a totalidad. Tenemos datos preliminares que sugieren que las colonias de San Cristóbal y Floreana se alimentan en áreas diferentes.

La comunidad se involucra en la conservación

—¿Qué falta para proteger a los petreles y evitar su extinción?

—Dentro de Galápagos estamos dando los primeros pasos para estandarizar las metodologías de control de especies invasoras y de monitoreo de los petreles.

Buscamos que quien quiera monitorear el ave lo haga de tal forma que la información que se genere se entregue a la autoridad ambiental en un formato útil y con recomendaciones asociadas. El objetivo es que se sigan generando políticas de conservación, inclusive no solo dentro del área protegida, sino apuntando a formalizar algún tipo de colaboración entre la autoridad ambiental y los dueños de fincas donde sabemos que anidan las aves.

Si bien los petreles anidan dentro de Galápagos, cuando se alimentan lo hacen fuera de la Reserva Marina, [donde enfrentan riesgos como la pesca con palangre]. Además, a nivel regional hay otras especies que enfrentan amenazas similares.

Mirando a futuro, apuntamos a compartir este conocimiento y técnicas, pero también aprender de otros países y regiones va a ser clave para conocer el estado de la población del petrel y, a mediano o largo plazo, poder decir que la población se está recuperando.

—¿Qué le da esperanza para continuar con esta labor?

—Técnicamente hablando, me da esperanza ver que los números aumentan de un año a otro. Como tenemos cámaras trampa en los nidos, podemos ver el crecimiento del pichón y ver cómo entran y salen los padres para alimentarlo. Se vuelven como nuestros pequeños hijos y verlos volar es esperanzador.

Como miembro de la comunidad, ahorita hay momentum para conservación en muchas partes, no solo en Galápagos, porque vemos que la naturaleza ha respondido a las amenazas actuales con inundaciones y otros desastres naturales.

En el caso de los petreles hemos recibido muchos voluntarios locales que han ayudado en el monitoreo. Ver ese empoderamiento, ese involucramiento y poder visibilizar que la conservación en Galápagos puede ser hecha por personas de la comunidad es super esperanzador. ¿Si no protegemos nuestro hogar, quién lo va a hacer?

*Imagen principal: Paola Sangolquí es bióloga marina galapagueña y la segunda ecuatoriana en ganar el premio Whitley. Foto: cortesía Bryan Pérez Saltos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

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Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.https://www.youtube.com/embed/Eko2F5rZicQ?si=5GKZpSwWGIYJ3ZbD

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

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En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)».

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

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La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

*Imagen principal: el perro de orejas cortas o perro fantasma habita en la Amazonía y prefiere vivir en bosques intactos. Foto: cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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