Desde hace décadas, Manuel García Castro se dedica a sembrar maíz, calabaza y frijol, con los que da de comer a su familia y a su ganado. En 2019, destinó parte de sus tierras en la sierra de Tequila, Jalisco, a la siembra de agave azul, con el que se produce el tequila, una de las bebidas mexicanas más famosas del mundo.

El campesino se aventuró a sembrar algo diferente después de mirar cómo, un año antes, conocidos del pueblo obtuvieron jugosas ganancias al vender los agaves que produjeron. Un amigo de la ciudad lo convenció de sembrar 15 000 “hijuelos” —como llaman a los brotes del agave— en tres hectáreas de su parcela y en zonas donde pastaban sus reses. Él pondría el trabajo en campo y su amigo, el capital: “Dijimos: ‘Hay que hacerle la lucha, a ver si hay modo de agarrar dinero por otro lado’, porque del ganado no sale mucho y le invierte uno muchos gastos”.

Desde entonces, invirtieron 500 000 pesos (alrededor de 27 000 dólares) en plantas, plaguicidas y abonos, sin contar el pago de su trabajo y el del peón que le ayudaba. Cuatro años después, en 2023, la esperanza de vender el agave azul comenzó a esfumarse. Los precios de venta por kilo se desplomaron hasta en un 92 %, en comparación con los que prevalecían entre 2017 y 2019. El negocio ya no era rentable a corto plazo. Manuel García y su socio abandonaron los campos hace dos años.

Su historia es solo una muestra de lo que han vivido otros campesinos a partir del auge de la producción del tequila, una expansión que también ha tenido consecuencias ambientales.

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El boom del tequila

El tequila está protegido con Denominación de Origen en los estados de Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. La bebida es una marca país y símbolo de la mexicanidad.

En la última década, el sector tequilero ha promovido estrategias de comercialización y ampliación de mercados, no sólo con un impulso a nuevos países de exportación sino a la innovación con marcas premium y de nicho que generen nuevas experiencias a los consumidores. Así lo ha difundido la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Esto ha atraído a personajes como el ex basquetbolista Michel Jordan, las actrices y productoras Eva Longoria y Kate del Castillo, el luchador Dwayne Johnson, la modelo Kendal Jenner o el cantante Maluma, entre otros, interesados en comercializar sus propias marcas, principalmente en territorio estadounidense.

Las estadísticas hablan del crecimiento de esta industria. El Consejo Regulador del Tequila (CRT) registró un aumento en la producción de esta bebida que pasó de 273.3 millones de litros en 2016 a 583.5 millones en 2025; con un pico en 2022, cuando llegó a 651.4 millones de litros, propiciando una bonanza en el sector y una mayor demanda de agave.

Los mismos datos del CRT muestran que en 2020 se exportaron 286.7 millones de litros de tequila y dos años más tarde, la cifra alcanzó los 418.9 millones de litros. Entre 2023 y 2025, las exportaciones incrementaron 5.2 %, con Estados Unidos como principal destino, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Entre 2017 y 2018, el incremento en las ventas de tequila provocó un alza en la demanda de su materia prima. La plataforma agaves.pro, que sirve de herramienta técnica para los empresarios del sector, indica que, entre 2017 y 2020, el precio de venta del agave azul se mantuvo entre los 26 y 30 pesos el kilo (poco menos de dos dólares) y alcanzó su pico en 2021, cuando se vendió en 32 pesos por kilo.

Ese momento económico atrajo a nuevos productores, entre ellos a Manuel García, quien cambió sus parcelas de maíz por la siembra de agave azul.

Agaves que sustituyen los bosques

Desde 2019, cuando se dio el boom de los precios del agave azul, Maximiano Bautista Andalón, especialista en sistemas de información geoespacial y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), empezó a documentar la expansión del cultivo de agave en Jalisco mediante imágenes satelitales.

En ese año contabilizó aproximadamente 100 000 hectáreas sembradas con agave, sólo en este estado mexicano. Seis años después, la superficie llegó a 200 000 hectáreas. El investigador detectó que esa expansión afectó ecosistemas naturales y generó monocultivos, pues muchos agricultores dejaron de sembrar alimentos y otros ocuparon espacios de bosques y selvas.

“El agave es un tema complejo, sobre todo por la distribución que tuvo: en zonas con bosque de pino, con bosque de encino o pegado en zonas medianas o altas donde se tenían otros cultivos. En general, un modelo muy industrial. Un modelo en el que casi ninguna otra plantita sobrevivió entre los campos de agave”, explica Bautista Andalón.

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En 2023, el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, coalición subnacional que desde 2008 reúne a 43 estados y provincias de once países, entre ellos México, dio a conocer el documento Deforestación en México. Propuestas para una agenda nacional, donde se señala a la expansión de la producción de agave para tequila y mezcal entre las causas detrás de la pérdida de zonas forestales.

“El incremento en la demanda y el precio de estos destilados, especialmente el tequila, ha detonado una expansión cíclica del cultivo de agave sobre estos ecosistemas”, advierte el informe. También menciona que en los estados de la Denominación de Origen, de 2017 a 2021, la superficie sembrada de agave pasó de 150 000 hectáreas a más de 400 000.

En Jalisco, los niveles más altos de deforestación se registraron entre 2019 y 2021, con una pérdida de 23 368 hectáreas anuales, que coinciden en tiempo con el auge del tequila, advierte el documento específico que el grupo de trabajo elaboró para este estado.

Ni la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco atendieron la petición de entrevista de Mongabay Latam para este reportaje.

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Ecosistemas forestales afectados

Desde las carreteras en las zonas Valles, Sur y Ciénega de Jalisco se divisan campos de agave que trepan por laderas y cerros. El paisaje agavero alrededor del pueblo de Tequila, declarado patrimonio de la Unesco, se extendió por todo el estado de manera indiscriminada.

Al analizar las imágenes satelitales, el investigador Maximiano Bautista ha identificado que algunos de los más recientes cultivos de agave estuvieron precedidos por incendios, por desmonte con maquinaria o corte de árboles, o que la siembra se hizo en zonas muy cercanas a cuerpos de agua importantes para las comunidades.

Por ejemplo, una parte del Cerro Viejo, en el municipio de Tlajomulco, en seis años pasó de ser un matorral subtropical a un pastizal inducido que fue incendiado y ahora alberga campos de agave. Como este, Bautista ha identificado otros casos en el estado de Jalisco.

“Muchas veces la introducción del agave era antecedida por un incendio. Fue una forma de limpiar los terrenos. El incendio podía quemar 20, 30 o 40 hectáreas de pastizalito y matorralitos que son el colchón entre la frontera agrícola y los bosques”, afirma el académico.

Los incendios podrían haber sido naturales, pero Bautista no descarta que fueran inducidos para realizar el cambio de uso de suelo.

El área quemada e invadida ahora con agave en Tlajomulco está en la franja de amortiguamiento del área protegida estatal del Cerro Viejo, a unos 45 kilómetros de la zona conurbada de Guadalajara, en medio de la Laguna de Cajititlán y el Lago de Chapala, el mayor vaso lacustre de México.

Cerro Viejo es una de las montañas más altas de Jalisco, con bosques de pino, encino y matorrales que albergan especies de flora con algún estatus de protección como el lirio araña (Hymenocallis concinna), la tila (Tilia mexicana) o el zapotillo (Bumelia cartilagínea).

La zona sur de Jalisco también vive las consecuencias de la expansión del agave. El investigador de la Universidad de Guadalajara Oscar Raúl Mancilla forma parte del grupo científico que desde hace 20 años estudia el cambio de uso de suelo en la región y que identificó que, de 2015 a 2026, el cultivo del agave azul aumentó un 60 % en la región de Autlán.

“Son miles de hectáreas que han cambiado el uso del suelo de selva baja, de ganadería o de otro tipo de cultivo hacia la siembra de agave”, advierte Mancilla.

Más erosión de suelo y menos infiltración de agua

Donde había plantas y fauna nativa, ahora hay monocultivos de agave que aumentan la erosión, cambian los hábitats de especies vegetales y animales, además de disminuir la producción de alimentos para la población.

El artículo Agave azul: motor de deforestación, transformación del patrón de cultivo y erosión del suelo, publicado a mediados de 2026 y del que Mancilla es coautor, cuantifica una tasa de deforestación por agave del 39.7 % del territorio de Autlán y erosión de suelo de leve a moderada, principalmente en las parcelas manejadas por agricultores.

El académico explica que, por desconocimiento, muchos productores establecen los surcos de siembra en la misma dirección donde cae el agua, según la inclinación del terreno, lo que acelera la erosión.

“Si perdemos un centímetro de suelo en lámina [el grosor de agua acumulada en la superficie] en una hectárea, perdemos aproximadamente 100 toneladas de suelo. En este tipo de parcelas tenemos erosiones mayores a 30 centímetros. Si hacemos el cálculo, son muchísimas toneladas de pérdida de suelo en un solo ciclo de lluvias”, detalla el académico.

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También hay consecuencias en la recarga de agua en el subsuelo. De acuerdo con el estudio del cual forma parte Mancilla, las parcelas agaveras infiltran apenas 10 % o 20 % del agua de lluvia a los mantos acuíferos y 80 % o 90 % escurre a las laderas, cuando debería ser al revés.

“[Esto impacta en] las tasas de erosión del suelo, los microorganismos, la materia orgánica, la capa superficial viva de nuestras parcelas agrícolas, pecuarias, de bosque. El otro problema es que [lo que escurre por las laderas] viene a contaminar los cuerpos de agua”, explica el especialista.

El agave requiere de plaguicidas y herbicidas como el glifosato que se quedan en la tierra y se infiltran hasta llegar a ríos, arroyos y represas. Esto podría estar ocurriendo con los cultivos alrededor del Lago de Chapala —en la frontera entre Jalisco y Michoacán— u otros cuerpos de agua que surten a las comunidades, coinciden Mancilla y Bautista.

“Se utilizan muchos agroquímicos en el agave. [Usan] este ingrediente activo fuerte que se llama glifosato, que es un herbicida que en otros lados tiene un uso limitado”, asegura Bautista.

Salirse del límite

El área de agave tequilero plantada en todo el país aumentó 218 % entre 2017 y 2025, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En 2021, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el gobierno de Jalisco implementaron la certificación Agave Responsable Ambiental (ARA) para asegurar marcas libres de deforestación que cumplan con estándares internacionales de sustentabilidad.

Eduardo Ibarra Arellano, responsable de proyectos de sustentabilidad del CRT, explica a Mongabay Latam que pusieron a disposición de fábricas y agricultores un mapa que delimita las más de 2.67 millones de hectáreas de suelo disponible para plantaciones que abarcan los 125 municipios de Jalisco, así como otros en Guanajuato y Michoacán.

Todos los agricultores deben consultar el mapa, verificar que sus cultivos están dentro del área delimitada y registrarse en el CRT para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012. De lo contrario, no pueden plantar agave y, de hacerlo, no podrían venderlo.

“Si ese predio antes de 2016 era un bosque o era un área protegida, ahí no se les podría otorgar esa autorización para que planten el cultivo del agave”, advierte. No obstante, es sabido entre los productores que se puede recurrir a intermediarios o “coyotes” para que vendan las plantas ilegalmente.

Ibarra asegura que el mapa consideró las cuencas hidrológicas para delimitar las zonas de plantación y que trabajan con una política estricta de cero deforestación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco ha señalado que la certificación ARA ha impedido que se deforesten 17 000 hectáreas de bosques.

Sin embargo, el mecanismo se ha quedado corto. En noviembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ilegal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, por el cambio de uso de suelo para cultivar agave que afectó 202 hectáreas de bosque de encino.

Los campos agaveros en Jalisco se extienden a zonas protegidas como el Bosque La Primavera, hogar de cientos de especies en sus 30 500 hectáreas de superficie. A pesar de ser una zona con protección federal, en las imágenes satelitales del mapa de certificación ARA es posible identificar al menos nueve predios marcados como zonas elegibles de cultivos y con aparentes hileras de agaves.

Gabriel Vázquez, directivo del Bosque La Primavera, explica a Mongabay Latam que esas parcelas están dentro del bosque desde antes de su decreto como zona de protección forestal y que eran milpas — parcelas tradicionales basadas en el policultivo, principalmente, de maíz, frijol y calabaza—. Al ver la rentabilidad del agave, sus dueños decidieron cambiar el tipo de cultivo, aunque no son aptos para ello.

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“Son suelos muy vulnerables y el agave es una plantación muy demandante de nutrientes. Que no sea una planta compatible y la necesidad de que se generen insumos añadidos [agroquímicos] para lograr una plantación, es lo que puede afectar la calidad de los suelos y la calidad ecosistémica del bosque”, lamenta.

Vázquez añade que aunque estén en el área protegida, a los dueños de esas parcelas les interesa sacar ganancias: “Lo que el agricultor siempre va a querer es poder rentabilizar la tierra en la que vive”.

Con imágenes satelitales, el investigador Maximiano Bautista ha comprobado la existencia de plantíos de agave fuera de los límites del mapa ARA. Es el caso de la barranca de Achío, en Tequila, y del monte, en Cajititlán. Las imágenes evidencian cambio de la cobertura natural y el establecimiento de agave.

“Sí se puede leer en el territorio que una buena parte de lo que está ahora sembrado se desmontó, se cambió el uso del suelo en zonas que no están dentro de los polígonos del mapa de agave ambientalmente responsable”, recalca Bautista.

Campos de agave abandonados en 2026

El agave azul requiere de siete u ocho años de cuidados antes de su cosecha. De una hectárea se producen cerca de 100 toneladas de plantas aptas para destilar, explica un trabajador de campos agaveros que prefiere reservar su nombre por razones de seguridad.

Durante el auge del agave, entre 2017 y 2022, una hectárea dejaba dividendos de hasta 3 millones de pesos (unos 163 000 dólares), mientras que el maíz redituaba hasta 40 000 pesos anuales (unos 2200 dólares). Esto llevó a que los agricultores se volcaran rápidamente hacia el cultivo del agave. Sin embargo, esa bonanza no se mantuvo en los siguientes años.

El impacto no fue solo ambiental, el boom en la producción de agave azul también tuvo consecuencias en los precios.

El número de productores registrado por el CRT pasó de 5988 en 2017 a más de 43 000 en 2025. Este súbito aumento generó una sobreproducción de agave azul. En consecuencia, el precio se desplomó.

La plataforma agaves.pro muestra que a partir de 2022 el precio de esta planta comenzó a caer. Para 2025, un kilo se vendía en uno o dos pesos (entre 5 y 11 centavos de dólar).

Por la falta de certeza en las ganancias que obtendrán, muchos nuevos y pequeños productores abandonaron sus cultivos en los últimos tres años. En julio pasado, el CRT admitió el problema, pero hasta ahora se desconoce el total de plantíos en esta situación.

Hace ocho años, Bernardino Correa Raygoza plantó 10 000 agaves en sus terrenos de uso ejidal. Antes sembraba maíz y frijol. Como él, muchos agricultores de la comunidad de Ocotic —en los límites entre Jalisco y Nayarit— se animaron a invertir en la producción de agaves para tequila. Algunos vendieron su ganado y bienes, otros pidieron préstamos.

Correa intentó registrar sus cultivos ante el CRT, un requisito de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012 para la venta del agave azul destinado a la producción del tequila. No logró concretar el trámite porque sus terrenos son de uso ejidal mancomunado y carecen de título de propiedad por estar en un área boscosa. El campesino mantenía la esperanza de vender los agaves a través de “coyotes” —intermediarios entre productores y fabricantes de tequila—, pero estos tampoco podían comprarlos por el desplome del precio de venta.

“Ahí están las parcelas, ahí tiradas a la basura, ya no rinden nada, ni provecho le saca uno”, afirma Correa, quien es presidente ejidal del pueblo.

Futuro comprometido

De acuerdo con especialistas como Mancilla y Bautista, la expansión de los monocultivos de agave están comprometiendo recursos importantes para la vida.

En el sur de Jalisco podrían afectar a plantas como el guaje (Leucaena leucocephala), el mezquite (Prosopis glanduloso), el pitayo (Stenocereus thurberi), los nopales (opuntia ficus- indica), los guamuchiles (Pithecellobium dulce), que son recolectados por las comunidades para alimentación o como plantas medicinales, explica Mancilla.

La soberanía alimentaria de las poblaciones está en juego al sustituir la milpa de la que comen las familias y los animales de granja, añade.

Los herbicidas y plaguicidas ponen en riesgo la supervivencia de diversos insectos, entre ellos las 20 especies de abejas nativas que hay en Jalisco, advierte Bautista.

Además, hay un problema colateral: el abandono de las parcelas de agave.

El CRT confirmó a Mongabay Latam que inició una campaña fitosanitaria, en la que inspectores de campo están visitando los predios para conocer la cantidad de plantíos abandonados. La entidad advierte sobre el peligro de la propagación de plagas como el Scyphophorus acupunctatus, conocido como “el picudo”. Este coleóptero se introduce en las hojas y el núcleo de agaves desnutridos o de edades tardías hasta pudrirlas. Si no se controla, la plaga se puede propagar a otras especies de cactáceas silvestres o a plantíos de agaves sanos.

No obstante, los productores prefieren dejar los agaves en vez de invertir más recursos. Algunos, como Manuel García, intentarán vender lo que alcancen y, si no, quemarlo para replantar maíz. No descarta que pueda volver al agave más adelante, cuando sea rentable.

Otros, como Bernardino Correa, confían en regresar a sus cultivos tradicionales, a pesar de las posibles afectaciones al suelo.

“El que no arriesga no gana y resulta que perdimos. Ahora hay que seguir echando el cultivo del maíz, frijol y cuidar ganado, lo que dé dinero. La tierra es tan agradecida que lo que le plantemos después, todo funciona. Se acaba el agave y lo que uno siembre se sigue dando, hay que volver a arar y a trabajar la tierra”, dice confiado.

*Imagen principal: cultivos de agave en el valle de Tequila, Jalisco. Foto: Fabricio Atilano.

El artículo original fue publicado por Mariana González-Márquez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Metámonos acá y algún día construimos una vivienda”, fue la promesa con la que Luz Marina Sánchez llegó junto a su familia a vivir a Turbo, un municipio ubicado en el golfo de Urabá, al noroccidente de Colombia. Desplazados por el conflicto armado interno, lo más parecido que encontraron a un refugio fueron unas raíces inundadas y una carpa como techo. “Aunque no parezca, todo esto era un manglar”, recuerda.

En efecto, no parece, porque con los años, el entramado laberíntico de raíces se fue llenando de tierra, madera, basura y cualquier cosa que sumara a la construcción de un piso sólido. Así se fueron conformando, poco a poco, los barrios Pescador 1 y 2, rodeados de un manglar, y a pesar de él.

Han pasado casi 50 años desde la llegada de Luz Marina Sánchez a Turbo, y 10 desde la conformación de Guardianes del Mangle, una corporación ambiental que trabaja por el cuidado de los manglares y de la que ella es presidenta y representante legal. Crecer en una familia con pocos recursos hizo que la mujer despertara el deseo por ayudar a “cambiar el mundo”, como ella misma lo dice.

“Nosotros en el barrio todavía tenemos casas que están en zona palafítica. La perspectiva de las personas ha sido llenar ese manglar de basura, de tierra, de palos para poder rellenarlo. Sabíamos que era un palo fuerte y resistente al agua que se podía cortar para hacer una casa, pero no sabíamos nada de su importancia [ambiental]”, explica Sánchez.

Esa manera de relacionarse con el manglar no nació de la indiferencia frente al ambiente, sino de la necesidad. Para muchas de las familias que llegaron desplazadas por el conflicto armado a esta zona de Turbo rellenarlo fue una forma de construir un lugar donde vivir, pero cada metro ganado al agua ha significado la pérdida de un ecosistema que cumple funciones mucho más grandes que servir de suelo.

Entre las raíces del manglar crecen peces, cangrejos, moluscos y otras especies que encuentran allí alimento y refugio. Sus árboles, que además capturan y almacenan carbono, también funcionan como una barrera natural frente a las mareas, las inundaciones y la erosión de la costa.

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La misma forma de los manglares, su sistema radicular y el entramado que conforman sus raíces, hace que se conviertan en sumideros de residuos, no solo de aquellos que se le introducen intencionalmente, sino también de los que la marea arrastra. “El mar sube y baja, unas veces en la mañana y otras veces en la tarde. Cuando sube fuertemente, con el oleaje, mete toda la basura que trae, pero cuando baja, ya sin tanta fuerza, todo se queda atrapado”, señala Sánchez.

Durante años, recuperar ese manglar parecía una tarea imposible. En algunas zonas, la acumulación de basura ha sido tal que el manglar ha muerto. En otras, había que retirar los residuos atrapados entre las raíces y, en lo posible, recuperar las áreas rellenadas. Un objetivo, sin embargo, parecía más lejano que los demás: cambiar la forma en que las comunidades se relacionan con el manglar.

Una comunidad se organiza para recuperar el manglar

La relación de las comunidades de los barrios Pescador 1 y 2 con el manglar estuvo marcada, durante mucho tiempo, por la necesidad de ocuparlo antes que conservarlo. Sin embargo, fue justamente desde la gente que comenzó a gestarse otra manera de habitarlo. Guardianes del Mangle nació en 2016 como un comité ambiental de las juntas de acción comunal de los barrios Pescador 1 y 2.

“Vimos esa problemática y dijimos: vamos a hacer algo”, recuerda Sánchez. Primero fueron cerca de 30 jóvenes y adultos que decidieron organizarse para tratar de eliminar la gran cantidad de residuos que se acumulaban entre las raíces. La primera jornada de limpieza ocurrió en marzo de 2016 y desde entonces se convirtió en una costumbre de cada sábado ingresar a los manglares para extraer y separar los residuos a mano y llevárselos en costales. Pero pronto entendieron que, además de limpiar, había que evitar que la basura siguiera llegando y, para eso, era necesario cambiar la manera en que la comunidad entendía y se relacionaba con el manglar.

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Así comenzaron las charlas de educación ambiental y las jornadas de sensibilización casa a casa. También descubrieron que los niños y niñas eran los más interesados en participar en la limpieza. Aunque al principio intentaban mantenerlos alejados, por los riesgos de entrar al manglar, terminaron creando los Guardiancitos del Mangle, un comité ambiental conformado por cerca de 30 niños.

Desde entonces, las actividades se han multiplicado. Hay concursos para reconocer la cuadra más limpia y espacios de intercambio de materiales reciclables. En el Eco Canje, por ejemplo, las personas llevan residuos aprovechables que pueden cambiar por objetos donados, como juguetes, libros, camisetas o utensilios para el hogar. Incluso hay cine ambiental para jóvenes y niños en el que, para entrar, cada persona debe llevar 10 botellas de PET, con las que financian las crispetas (palomitas de maíz).

El objetivo de Guardianes del Mangle ha sido que cuidar el manglar no sea solo una tarea de quienes integran la corporación, sino de toda la comunidad. Uno de los cambios que Sánchez reconoce, por ejemplo, es que ahora hay alrededor de 10 personas que viven del reciclaje en el barrio. Los residuos que ellos mismos desechaban en el manglar ahora son una fuente de ingresos.

El arte y la cultura tienen un rol fundamental en todo este proceso. Los jóvenes participan en la creación de canciones de bullerengue alusivas al manglar. Pintan, dibujan e incluso hicieron una colección de camisetas para representar la biodiversidad, la pesca artesanal y las especies que habitan el manglar: el cangrejo, el pisingo, el alcatraz.

La Corporación Ambiental Guardianes del Mangle, conformada como tal en 2025 para formalizar el trabajo que las comunidades ya venían haciendo, ha germinado y sembrado más de 30 000 plántulas de mangle rojo y ha reforestado aproximadamente cuatro hectáreas. Hasta 2025, sus jornadas habían permitido retirar 4.5 toneladas de residuos aprovechables y 0.4 toneladas de residuos no aprovechables. Para Luz Marina Sánchez, sin embargo, el resultado más importante es el más difícil de medir: que los habitantes del barrio hayan empezado a cuidar el manglar.

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Ciencia y tecnología se suman a la recuperación

Guardianes del Mangle llevaba diez años trabajando de manera autónoma cuando la academia tocó a su puerta. Los manglares de los barrios Pescador ya eran un lugar de estudio para estudiantes de la Universidad de Antioquia (UdeA), pero gracias a una alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llegó la posibilidad de trabajar directamente con quienes habitan y cuidan este territorio.

Junto a Guardianes del Mangle, esas instituciones desarrollaron un proyecto acompañados por el grupo de investigación “Océanos, Clima y Ambiente”. El objetivo fue fortalecer las capacidades de los guardianes y los guardiancitos con herramientas de ciencia, tecnología y emprendimiento. Para Lennin Flórez Leyva, biólogo y uno de los creadores del Instituto de Ciencias del Mar de la UdeA, el conocimiento permite que las comunidades puedan hablar de su territorio con nuevas herramientas.

“No podemos hacer toda la vida ciencia encerrados en un laboratorio si eso no tiene un impacto en las comunidades. Uno de los mensajes poderosos de esos proyectos es la cooperación. Cuando uno hace un diálogo de saberes entre comunidad y academia se enriquecen mucho las visiones. Son dos voces hablando de maneras distintas pero con un objetivo común”, señala Flórez.

Una de las preocupaciones comunes que encontraron fue precisamente la basura que se acumula entre las raíces. Los manglares funcionan como una especie de trampa para los residuos que llegan con las corrientes y esos plásticos pueden viajar desde lugares muy lejanos a través del Caribe, otros llegan desde fuentes locales, y otros más con el río Atrato que atraviesa el Chocó biogeográfico y desemboca en el golfo de Urabá.

El proyecto desarrolló una calculadora digital de huella de plástico que permite registrar el tipo de plástico que se encuentra en las jornadas de limpieza, así como el que generan los residuos de las familias de la comunidad. Esta herramienta permite arrojar datos por evento, mensuales y anuales de esa huella plástica y tomar decisiones para hacer una correcta disposición de los mismos. Adicionalmente, los guardiancitos aprendieron sobre robótica y participaron en la creación de prototipos de robots diseñados para recoger plástico en las zonas de manglar.

De la necesidad de ocupar el manglar a la decisión de protegerlo

El trabajo de Guardianes del Mangle ha cambiado la relación de buena parte de la comunidad con el ecosistema, pero no ha hecho desaparecer el problema. Las aproximadamente 180 viviendas que todavía permanecen en zona palafítica, la basura que continúa llegando y la necesidad de financiar el trabajo voluntario, muestran los límites de las iniciativas comunitarias. Hoy, por ejemplo, los guardianes son solo diez.

Lina María Zapata Restrepo, bióloga de la Universidad de Antioquia y especialista en contaminación ambiental, explica que el problema no termina cuando una botella llega al manglar. El movimiento del agua, el roce con los sedimentos y el oleaje fragmentan los plásticos en partículas cada vez más pequeñas hasta convertirse en microplásticos.

Por eso, limpiar el manglar es apenas una parte de la solución. El llamado está puesto en evitar que los residuos lleguen hasta allí, mejorar su manejo en las ciudades y entender que el plástico puede viajar mucho más allá del lugar donde fue desechado. “La contaminación por plástico no respeta límites, barreras geográficas ni fronteras”, señala Zapata.

La historia de los barrios Pescador 1 y 2 comenzó con una comunidad que necesitaba ganarle terreno al agua. Ahora, sus habitantes intentan recuperar el lugar que ha sido su casa. Restaurar las raíces significa reconstruir los vínculos de una comunidad con un lugar que no es solo refugio, sino un territorio por cuidar.

*Imagen principal: barrios Pescador 1 y 2, ubicados en Turbo, Antioquia, al noroccidente de Colombia. Foto: cortesía Guardianes del Mangle.

El artículo original fue publicado por Luis Bonza en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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«Esta será una COP que convertirá las promesas y los objetivos en resultados concretos, tanto en las negociaciones como en la Agenda Global de Acción Climática», adelantó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell.

Martin Krause, director de Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), expresó su esperanza en que esta conferencia envíe una señal contundente de mayor financiamiento, ya que mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial son insuficientes.

Krause también consideró que un primer paso para implementar los compromisos es que los países presenten planes para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, partiendo por el carbón, el petróleo y el gas natural.

En esta COP31, las negociaciones también se centrarán en los avances hacia el Objetivo Global de Adaptación. Según un reporte previo de PNUMA, los gobiernos se verán presionados para invertir en medidas que protejan a las comunidades vulnerables.

Como marco general, los países analizarán respuestas frente al anuncio del informe Limiting Overshoot de PNUMA sobre el aumento inevitable de la temperatura media global a más de 1.5 °C.

Brasil y la agenda indígena

América Latina llega a esta edición de manera más fragmentada. «Los gobiernos de extrema derecha están interesados en la idea de explotar todo lo que hay en sus territorios», comentó Andrés Gómez, director para América Latina de la Iniciativa del Tratado sobre Combustibles Fósiles, para Dialogue Earth.

En este contexto, Brasil sigue siendo clave. La presidencia de la COP30 de Belém anunció dos propuestas de hojas de ruta para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y revertir la deforestación.

Los pueblos indígenas, por su parte, insistirán en la demanda de mecanismos para el acceso directo al financiamiento climático, según adelantaron a Mongabay Latam desde el equipo técnico que acompaña a organizaciones de América del sur. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) emitió un comunicado con esta misma exigencia.

*Imagen principal: más de 190 países se reúnen en Antalya, Turquía. Foto: cortesía UN Climate Change.

El artículo original fue publicado por Wilber Huacasi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las fotografías, Mickey Mouse es inconfundible. Las manchas negras en el vientre de esta mantarraya gigante (Mobula birostris) dibujan una silueta que recuerda al famoso personaje de Disney. Para los investigadores de Mantas Costa Rica, sin embargo, este ejemplar adulto es mucho más que una curiosidad: seguir sus movimientos les ha permitido conocer mejor los lugares que frecuenta esta especie en el Pacífico centroamericano.

“Es una manta que interactúa más que otras y eso nos ha permitido trabajar tanto tiempo con él”, explica a Mongabay Latam Jeffry Madrigal Mesén, director de Mantas Costa Rica. “Lo interesante de Mickey Mouse es que nos permite entender el nivel de fidelidad y de visitación que tienen estos animales a ciertos sitios”.

El equipo identificó a este ejemplar en el Pacífico sur de Costa Rica y lo siguió mediante tres tecnologías: seguimiento acústico, transmisores satelitales e identificación fotográfica, por lo que el individuo fue identificado como “Triple Crown” o triple corona. En 2020, un transmisor acústico registró 462 detecciones suyas: 459 en El Secreto y tres en la Isla Cabo Blanco. Tres años después, durante 38.5 días de seguimiento satelital, los investigadores obtuvieron 161 posiciones que mostraron sus desplazamientos dentro de esa misma zona costera general.

El caso de Mickey Mouse forma parte de una investigación más amplia, publicada en octubre de 2026 en la revista Frontiers in Fish Science, que documentó distintos patrones de movimiento de las mantarrayas gigantes en el Pacífico centroamericano.

Los resultados muestran diferencias según la etapa de desarrollo: nueve de las 12 mantarrayas adultas monitoreadas con transmisores satelitales realizaron desplazamientos de larga distancia y cruzaron fronteras marítimas. A la vez, casos como el de Mickey Mouse mostraron que también hay mantarrayas adultas que mantienen una estrecha relación con determinados sitios. Sin embargo, los ejemplares jóvenes seguidos por esta misma tecnología permanecieron en aguas costeras de Costa Rica o cerca de sus límites marítimos.

A partir de este último patrón, los autores plantean que las zonas costeras podrían cumplir una función importante durante las primeras etapas de vida de las mantarrayas. Al ser aguas poco profundas y contar con hábitats más estructurados, podrían ofrecer oportunidades para alimentarse y reducir la exposición de los ejemplares jóvenes a depredadores de mar abierto, como grandes tiburones y orcas.

“Son sitios donde hay estaciones de limpieza, donde tienen un poco más de protección contra depredadores que las pueden atacar”, describe Madrigal-Mesén sobre estos hábitats cercanos a la costa donde peces limpiadores eliminan ectoparásitos, tejido necrótico y mucosidad a las mantas, proporcionándoles servicios higiénicos esenciales. “En el caso de las mantas, una de sus formas de protección es su [gran] tamaño, pero los individuos que vimos en esta zona son animales que tienen apenas entre tres y tres metros y medio”.

Las mantarrayas gigantes pueden alcanzar hasta ocho metros de longitud, con un disco de siete metros de ancho, y pesar hasta dos toneladas. Al llegar a la edad adulta, alrededor de los ocho a diez años, su gran tamaño limita el número de depredadores naturales que pueden amenazarlas. Los ejemplares jóvenes, en cambio, todavía no cuentan con esa ventaja.

Los especialistas señalan que, debido a su capacidad de desplazamiento, la conservación de esta especie catalogada en peligro de extinción requiere mirar más allá de las áreas protegidas y de las fronteras nacionales. Su propuesta apunta a establecer corredores transnacionales de conservación —denominados conservation swimways, en inglés— para protegerlas a lo largo de Centroamérica.

“Una vez que estos animales abandonan las estaciones de limpieza en Costa Rica, están en cero sitios de protección”, advierte Madrigal Mesén. “Se suman muchos peligros, como la pesca y el alto tránsito de buques cargueros que van de Panamá hacia Estados Unidos o hacia China”.

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Tres herramientas para seguir a las mantarrayas

Cuando Jeffry Madrigal Mesén comenzó a trabajar con mantarrayas en Costa Rica, en 2017, todavía había muchas preguntas sobre sus movimientos. Entre ellas, si los animales llegaban al país durante una temporada específica o si viajaban hacia otras regiones del océano Pacífico.

“El primero de estos mitos urbanos era que en Costa Rica existía una ‘temporada de mantas’”, cuenta Madrigal Mesén. “También se decía que las mantas viajaban al otro lado del Pacífico y se iban a Indonesia. Nosotros nos dimos a la tarea de entender los movimientos de estos animales”.

Para responder las interrogantes, el equipo comenzó a utilizar transmisores acústicos y fotografías para reconocer a cada ejemplar. Más adelante incorporó el seguimiento satelital. La combinación permitió observar distintos aspectos de sus desplazamientos: desde la presencia de un animal en un sitio particular hasta los recorridos que realiza entre países.

“Sobre la ‘temporada de mantas’, más bien, Costa Rica tiene un pico de avistamientos. Es decir, empezamos a cambiar el lenguaje, porque gracias al programa de ciencia ciudadana —que se basa en reportes de buzos aficionados, dive masters o centros de buceo— pudimos darnos cuenta de que en realidad se veían mantas a lo largo del año. No con tanta frecuencia, pero sí hubo avistamientos en los distintos sitios que monitoreamos”.

La telemetría acústica funciona mediante pequeños transmisores colocados en las mantarrayas y receptores instalados bajo el agua. Cuando un ejemplar marcado se acerca a uno de esos dispositivos, este registra su presencia. El sistema permite saber cuándo una mantarraya visita determinados puntos, pero no permite seguirla si sale del alcance de los receptores.

Los transmisores satelitales, en cambio, permiten reconstruir desplazamientos a mayor escala. Las posiciones que transmiten los dispositivos ayudan a conocer hacia dónde se mueve un animal y qué distancias recorre. La identificación fotográfica complementa ambas herramientas: las manchas del vientre de cada mantarraya forman patrones únicos —como huellas digitales— que permiten reconocerla en imágenes tomadas en diferentes momentos y lugares.

Las mantarrayas gigantes enfrentan distintas amenazas a lo largo de sus desplazamientos. El estudio advierte que en los sitios de agregación -donde se reúnen las mantas- cercanos a la costa, el tráfico de embarcaciones y las actividades turísticas pueden provocar colisiones que dejan heridas graves o incluso causan la muerte de los ejemplares. De hecho, hasta el 32 % de los individuos presenta heridas graves provocadas por hélices o cicatrices causadas por artes de pesca. En mar abierto, cuando salen de las áreas protegidas, también quedan expuestas a la captura incidental en redes de pesca atunera y artesanal, como las redes de enmalle y los palangres que operan en las rutas migratorias de Centroamérica.

“Sabemos que esta investigación es nueva y que apenas salió, pero podría utilizarse como una evidencia más de la importancia que tienen estas zonas y que tienen que ser protegidas”, explica Martin Silva. “Tenemos bastante evidencia: por ejemplo, el primer registro de una de las mantas juveniles que menciona el estudio —Machillo—, donde se ve súper sano y, a las pocas semanas, se le ve un corte en toda la punta de la aleta. Es un corte súper limpio y creemos que probablemente fue una embarcación, porque sucedió en un año que hubo mucha actividad turística porque todo el mundo quería ir a verlas”.

También tienen reportes de amputaciones de todo tipo, como lóbulos cefálicos quebrados o amputados e incluso, el año pasado, recibieron una fotografía de una manta con un arpón pegado en el lóbulo. También, a nivel de redes de pesca, han documento la presencia de marcas en la piel. “Todos eso se puede observar mediante las fotos y los videos”, agrega la especialista.

Entre 2018 y 2025, los investigadores colocaron transmisores acústicos a 59 mantarrayas gigantes. De ese trabajo obtuvieron 12 029 detecciones válidas de 42 individuos que pudieron incorporarse al análisis espacial. Además, siguieron mediante satélite a 12 ejemplares con información utilizable.

Las fotografías también permitieron conectar registros de distintos sitios. A través de la identificación de individuos, los investigadores documentaron 43 desplazamientos entre lugares separados por distancias considerables, incluidos recorridos entre Cabo Blanco y las islas Catalinas, así como conexiones con la isla del Caño y el archipiélago Murciélago.

“Por medio de la fotoidentificación y los reportes que recibimos de buzos y centros de buceo, es que podemos ver que estos individuos siguen ahí”, explica Carolina Martín Rivas, encargada de los programas de ciencia ciudadana e identificación fotográfica de Mantas Costa Rica y coautora del estudio. “A veces las marcas satelitales dan señal, pero lastimosamente es muy corta. Sin embargo, gracias a las fotos es que podemos afirmar que ellas están y siguen ahí”.

Movimientos que atraviesan varios países

Uno de los resultados más relevantes apareció al analizar las posiciones obtenidas mediante seguimiento satelital. Nueve de los 12 individuos estudiados —el 75 %— realizaron desplazamientos que salieron de la zona económica exclusiva de Costa Rica y alcanzaron aguas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de zonas internacionales.

Los recorridos muestran que las mantarrayas gigantes utilizan un espacio marino que no coincide con las fronteras políticas trazadas por los países. Algunos ejemplares recorrieron miles de kilómetros durante sus periodos de seguimiento. En conjunto, los desplazamientos acumulados de los individuos seguidos por satélite sumaron 21 815 kilómetros.

Para Martín Rivas, uno de los resultados que más llamó la atención fue descubrir que los animales se desplazaban hacia el norte, en lugar de dirigirse hacia Ecuador, al sur, como el equipo había supuesto inicialmente.

“Eso se trajo un montón de hipótesis abajo porque vimos realmente que nuestras mantas se iban al norte”, explica la especialista. “Por cercanía, era más fácil pensar que se estaban yendo un poco al sur y que tal vez visitaban las costas de allá, en Ecuador, pero con la tecnología nos dimos cuenta de que era completamente lo opuesto”.

Los investigadores también consideran posible que exista una población de mantarrayas gigantes en Centroamérica. Sin embargo, aclaró que actualmente están trabajando en estudios genéticos para determinar si los ejemplares de la región forman una población diferenciada o si están conectados con otras poblaciones del Pacífico.

“Desde que nosotros arrancamos este proyecto tuvimos una hipótesis tras otra y fue muy sorprendente entender que estos animales se mantienen en Centroamérica”, agrega Madrigal Mesén. “Creemos que en Costa Rica y en Centroamérica tenemos una población de mantas, así como existe la población más grande del mundo en Ecuador y la segunda más grande en México. El estudio genético nos dirá si existen estas tres poblaciones o si están interconectadas”.

Edgar Mauricio Hoyos Padilla, director de la organización mexicana Pelagios Kakunjá y especialista en manejo de recursos marinos, quien no participó en el estudio, considera que esos desplazamientos de larga distancia son posibles por la movilidad de estos animales.

“Las mantas son animales altamente migratorios y ellas no respetan las fronteras hechas por los seres humanos”, señala Hoyos Padilla. Para el investigador, conocer sus recorridos es importante porque las mantarrayas pueden utilizar distintos sitios a lo largo de su vida y desplazarse entre áreas que pertenecen a diferentes países.

“Los animales migran por tres cosas importantes: alimentación, reproducción o por factores ambientales”, explica Hoyos. “Por ejemplo, ahora estamos viendo que en el Pacífico está el evento de El Niño: el agua está sumamente caliente y vemos que los animales se están moviendo a otros sitios donde hay mejor temperatura. Se han detectado mantas ahora en California, o sea, es rarísimo que llegaran a esas aguas, precisamente porque son demasiado frías, pero hay una gran cantidad de factores que afectan sus movimientos”.

Hoyos Padilla señala que todavía existen importantes vacíos de información sobre las áreas de crianza de las mantarrayas: dónde nacen, cuánto tiempo permanecen en determinados sitios y si llegan a esas zonas poco después de nacer o se desplazan hacia ellas más adelante.

“Una cosa es la guardería donde se quedan, pero ¿será que están naciendo ahí o nacen en otro sitio y de ahí se mueven a estas guarderías para permanecer ahí ciertos años? Obviamente, pensamos que estas guarderías están cerca de la costa en ciertas zonas donde ellas pueden estar protegidas y crecer hasta cierta talla para después realizar sus migraciones”, plantea el investigador.

La identificación de esos espacios y el seguimiento de los animales durante períodos más largos permitirían ampliar el conocimiento sobre sus movimientos. En el caso de la investigación centroamericana, en promedio, los dispositivos de seguimiento satelital transmitieron información durante 68.6 días por individuo.

Rutas que necesitan protección más allá de las fronteras

Los desplazamientos registrados también plantean un desafío para la conservación. Algunas posiciones de los ejemplares coincidieron con áreas marinas protegidas costeras, pero los recorridos pelágicos —es decir, los que se realizan en aguas abiertas— se extendieron fuera de esos espacios.

Como Madrigal Mesén mencionó, el análisis del artículo reportó una cobertura de áreas marinas protegidas del 0 % en los corredores pelágicos considerados fuera de los santuarios costeros. Esto no significa que todas las aguas recorridas carezcan de cualquier regulación, sino que las rutas analizadas no quedaron cubiertas por las áreas protegidas incluidas en el estudio.

Para los autores, esta diferencia muestra que proteger determinados sitios de agregación -donde se reúnen las mantas- no necesariamente garantiza la conservación de los animales durante sus desplazamientos. Allí es donde entra la propuesta de impulsar los corredores transnacionales de conservación que permitan coordinar acciones entre países y conectar hábitats costeros con rutas de movimiento y zonas oceánicas.

Hoyos Padilla coincide en que la cooperación entre investigadores y gobiernos es necesaria para avanzar en esa dirección. El especialista forma parte de Migramar, una red de científicos que trabajan en distintos países del Pacífico oriental tropical y comparten información sobre los animales que estudian.

“Se sabe que entre más grandes sean las zonas protegidas hay más beneficios para la pesca y para un montón de actividades”, dice el especialista. “Pero esto también provoca una mayor demanda de recursos para que las autoridades puedan vigilar. La creación de estos corredores en el papel es muy bonito y muy romántico, pero en la práctica es un desafío hacer que se cumpla”.

Para Martín Rivas conocer los movimientos de los animales es un primer paso para tomar decisiones sobre su protección. “No se puede proteger lo que no se conoce”, concluye la investigadora.

REFERENCIA

Madrigal-Mesén J, Martín-Rivas C and Arauz R (2026). Bridging coastal aggregation hubs and oceanic sanctuaries: the first multi-scale telemetry baseline for the giant manta ray (Mobula birostris) in Central America. Front. Fish Sci. 4:1916489. doi: 10.3389/frish.2026.1916489

*Imagen principal: buzo disfrutando de la presencia de la manta. A su lado, se puede dimensionar la grandeza de estos individuos. Foto: cortesía Benjamín Valenzuela.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las personas están recibiendo los impactos de la crisis climática principalmente a través del agua: con sequías más largas, lluvias más intensas, con la pérdida de glaciares y la sobreexplotación de los acuíferos. En Latinoamérica y el Caribe esto se ha hecho más evidente en los últimos 30 años, donde el 88 % de los desastres tuvo un origen hídrico, de acuerdo con el informe Agua y cambio climático en Iberoamérica, elaborado por el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para la región.

El documento, que se presenta formalmente el 4 y 5 de noviembre en la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de Iberoamérica, destaca que las alteraciones al ciclo del agua reflejan desigualdades importantes entre subregiones, países y poblaciones que se traducen en afectaciones a la economía, la salud, la alimentación, la energía y la movilidad humana.

Un aspecto clave en el informe es la gobernanza hídrica, entendida como la capacidad de articular instituciones, leyes, financiamiento, participación social y planificación en la gestión sostenible y equitativa del agua, pues representa el mayor reto para los países de la región, de acuerdo con expertos de cada región que el mismo reporte consultó para su validación.

Judith Domínguez Serrano, profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México y responsable académica del informe, destaca que no se trata de hallazgos nuevos en la relación del agua con el cambio climático, sino de una forma distinta de entender y encontrar soluciones.

“Es el primer documento de agua que tiene una mirada geopolítica para la región iberoamericana, pero que es de mucho interés para Latinoamérica. El corazón del informe es ¿qué rol tiene el agua en el orden mundial y cómo podemos movilizar ese capital natural para ser un agente de cambio?”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

A partir de un panorama regional, el informe no solo plantea el deterioro de los recursos hídricos, sino también qué medidas pueden implementar los países para adaptarse ante la importancia que tendrá el agua en temas como la transición energética, minerales críticos, así como en la producción de alimentos.

El propósito, sostiene el documento, es doble: demostrar que las afectaciones pueden revertirse y que el agua se convierta en un factor de unión y coordinación entre los países para implementar acciones comunes.

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Distribución desigual del agua en Latinoamérica

Nuestra región vive una paradoja en la gestión del agua, pues mientras concentra cerca de un tercio de los recursos hídricos renovables del planeta, 140 millones de personas aún esperan agua potable gestionada sin riesgos y 324 millones no cuentan con saneamiento seguro, una brecha que se hace mayor en las zonas rurales y periurbanas, de acuerdo con el documento.

Esto contrasta con la abundancia de agua proveniente de cuencas del Amazonas, el Plata y el Orinoco, que reúnen cerca del 70 % de los recursos hídricos de la región, así como las aguas subterráneas que son la reserva estratégica frente a la sequía y sostienen cerca del 60 % del abastecimiento urbano en algunos países de América Latina y el Caribe.

El informe distingue tres procesos de deterioro en la región mediante la sobreexplotación de las fuentes hídricas, como en México, donde 114 de los 653 acuíferos han sido excesivamente utilizados, o el retroceso glaciar andino que alcanza 22.9 gigatoneladas de hielo al año; la degradación de la calidad del agua: en Latinoamérica, 46 % de las aguas residuales reciben tratamiento adecuado. Además de enfrentar la contaminación por mercurio y arsénico procedentes de la minería ilegal y las actividades extractivas sin control en las cuencas amazónicas y andinas.

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También la degradación se refleja en la pérdida de ecosistemas reguladores, como los páramos andinos (entre el 15 % y 25 % presentan deterioro) o la pérdida de entre el 20 % y el 40 % de los manglares desde 1980 en Latinoamérica y el Caribe.

Para Mónica Guzmán Rojo, hidrogeóloga y profesora-investigadora de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, muchos de los conflictos en la región están cada vez más relacionados con la inseguridad hídrica, que está generando nuevas condiciones en varios países de la región.

“En muchas zonas ya no podemos hablar solo de crisis, porque si año tras año falta agua, como en algunas zonas de Bolivia, ya se convierte en una nueva normalidad en la que no se trata solo de un evento extremo, sino de un déficit hídrico persistente que nos muestra que cada vez tenemos menos agua disponible, más allá de los eventos extremos”, dice la especialista a Mongabay Latam.

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Gobernanza hídrica, el fondo de los conflictos

Muchas de las causas de estos procesos de degradación tienen explicación por la gestión del agua, donde el informe encuentra fallas a corregir en la región.

Por un lado, señala las brechas de infraestructura y de gestión. De acuerdo con el reporte, la inversión pública en agua y saneamiento se redujo a la mitad entre 2010 y 2019 en Latinoamérica.

También señala que hay una planificación “desacoplada del clima”, donde los planes hidrológicos siguen basándose en series históricas que ya no reflejan el clima actual. Además, considera presiones externas, como el crecimiento urbano, los patrones de comercio internacional y el desarrollo territorial que condicionan la demanda de agua.

“De mantenerse estas tendencias, los costos irán en aumento, porque habrá ciudades cada vez más dependientes de acuíferos en descenso, cuencas por encima de su capacidad y ecosistemas que dejarán de regular el agua. Si se actúa pronto, la mayoría de estos procesos todavía puede revertirse”, señala el informe.

La responsable académica del informe explica que el documento contó con la participación de autoridades y representantes de 22 países de Iberoamérica, quienes a través de una encuesta regional respondieron, en su mayoría, que la gobernanza es el principal problema que enfrentan para la gestión del agua. Sin embargo también mencionaron la descoordinación y la alta conflictividad como retos principales.

“Hay una obligación de coordinar para poder ir hacia un mismo fin y eso es lo primero que identifican. La consecuencia de una mala gobernanza, que tiene origen en una fragmentación y descoordinación, va a producir impactos, como no dar agua suficiente ni de calidad”, señala Domínguez.

La especialista sostiene que la mala gobernanza hídrica está vinculada con el origen de los conflictos, pero al mismo tiempo representa una palanca de cambio para salir de la crisis. “El conflicto es una consecuencia de una mala gobernanza. Al no poder gestionar bien los recursos, obviamente surgen mayores conflictos sociales por diversas causas, por falta de agua, por contaminación o por desplazamientos”, agrega.

Para Guzmán, fortalecer la gobernanza de los sistemas hídricos en Latinoamérica es un eje fundamental porque permitiría integrar y aprovechar mejor la información disponible para proteger y gestionar los recursos hídricos.

“Un pilar fundamental es la generación de información. Tenemos información sobre la disponibilidad de agua, mediciones en pozos, clima y ríos, que está fragmentada entre distintas instituciones. El problema es que no siempre contamos con datos integrados y comparables que nos permitan identificar zonas críticas”, detalla la hidrogeóloga.

Integrar y analizar esta información, junto con datos ambientales y sociales, sostiene, permite identificar qué zonas están en números rojos y evaluar cómo el déficit hídrico afecta a la fauna, la flora y las comunidades, para definir planes de desarrollo y gestión hídrica más sostenibles.

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Recomendaciones y principios para la región

El informe arroja una serie de recomendaciones y medidas voluntarias que cada país puede implementar acorde a sus condiciones y objetivos en la Agenda Medioambiental Iberoamericana (AMI).

Las recomendaciones están agrupadas en cuatro ejes: institucionalidad y gobernanza; infraestructura resiliente y soluciones basadas en la naturaleza; información, capacitación, innovación y economía circular; y financiamiento.

También destaca que deben implementarse bajo ciertos principios, como el que sean construidas junto con comunidades, que utilicen las mejores técnicas disponibles, que se avance en conjunto donde hay acuerdos entre países y que la política hídrica ayude a materializar decisiones sobre otros ámbitos como desarrollo, equidad y territorio.

“Las políticas desde abajo tienen muchas más posibilidades de escalar para proteger los sistemas de agua y pueden ser más fáciles de aplicar que cuando una política va de arriba hacia abajo”, sostiene Guzmán, quien destaca la importancia de fortalecer también la ciencia ciudadana en las localidades para lidiar con las crisis hídricas.

“A nivel local se pueden hacer muchísimas cosas e ir escalando hacia otros niveles y llegar hasta esferas nacionales donde realmente se pueda aprovechar esa información para nutrir las políticas que pueden preservar el agua”, considera.

En tanto, Domínguez agrega que aunque este informe es voluntario, se encuadra en una agenda que los países van a respaldar en la cumbre y en diferentes espacios internacionales en los siguientes meses.

“Esperemos en un futuro que los países acepten este marco. Si la calidad del agua es importante, vamos a adoptar metodologías comunes, mensajes comunes para poder compararnos y avanzar”, sostiene.

*Imagen principal: la crisis climática se está manifestando a través del agua: con sequías más largas, lluvias más intensas, con la pérdida de glaciares y la sobreexplotación de los acuíferos. Foto: cortesía ACNUR/Daniel Marenco.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella planea cambiar las reglas de la consulta previa en Colombia, un derecho de los pueblos indígenas que garantiza su participación en las decisiones que se toman sobre sus territorios. Y comienza a hacerlo mediante ajustes normativos que por un lado, aseguran en el Ejecutivo, buscan “orden y agilidad” en el mecanismo, pero que enfrentan cuestionamientos por parte de especialistas y representantes de pueblos indígenas, quienes ven el riesgo de que este derecho fundamental sea debilitado.

La consulta previa es un derecho central para poblaciones indígenas y afrodescendientes en Colombia, ya que es el mecanismo de diálogo que les permite denunciar afectaciones directas por parte de proyectos de infraestructura, mineros, energéticos, petroleros o actos administrativos. También les permite llegar a acuerdos con el Estado y empresas para garantizar sus derechos.

Este ejercicio está reconocido tanto a nivel internacional, por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como por la norma y la Constitución de 1991 de Colombia, por lo tanto es un ejercicio obligatorio cuando hay proyectos que impactan los territorios.

Sin embargo, la actual administración sostiene que hay un estancamiento en este proceso provocando un “desorden” que frena proyectos de inversión en el país. El ex ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso que hay 280 procesos de consulta “sin control” o sin registro claro, por lo que ahora buscan modificar la operación de la consulta previa bajo el argumento de devolver “el espíritu original” de este derecho a las comunidades y señalando que el ejercicio ha sido capturado por intermediarios.

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Acciones que cambian la consulta previa

El gobierno de De la Espriella anunció decretos, reformas y directivas presidenciales para modificar diferentes aspectos de la consulta previa.

Por un lado, el Ministerio de Ambiente emitió un proyecto de decreto que permite que mientras se realice la consulta previa, también pueda adelantarse el licenciamiento ambiental, es decir, la autorización que otorga la autoridad ambiental para algún proyecto, como presas, carreteras o extracción minera. Antes, este paso no era posible, hasta que culminara el proceso de consulta a la comunidad afectada y esta diera su visto bueno al proyecto.

“Buscamos reducir tiempos y costos, sin sacrificar el rigor técnico ni los derechos de las comunidades”, expuso el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sobre la posibilidad de que los proyectos puedan tramitar su licencia ambiental, sin que haya concluido la consulta previa a comunidades.

Por otro lado, el Ministerio del Interior anunció una reforma al procedimiento de consulta para destrabar y sistematizar la información de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), que es el organismo encargado de determinar si un proyecto requiere la consulta previa, así como de determinar a qué poblaciones hay que consultar. Además, es la institución encargada de coordinar el diálogo a través de las etapas de todo el mecanismo.

El ex ministro Lara, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 22 de octubre, expuso que con esta medida se buscaba digitalizar el 100 % de los expedientes, crear una ventanilla única digital, así como crear un comité independiente de seguimiento y reducir en 90 días el “represamiento” de consultas, con el objetivo de dar “seguridad jurídica, precisión y transparencia al procedimiento”.

En una tercera acción, el presidente De la Espriella emitió la directiva 06 para poner “orden, agilidad y transparencia institucional”, según la Vocería de Presidencia, al procedimiento de la consulta previa en Colombia.

Esta propuesta elimina el test de proporcionalidad, un mecanismo previsto para cuando se cierra un proceso de consulta sin acuerdos entre los responsables de un proyecto y las comunidades. Este análisis evalúa si un proyecto puede continuar a pesar de la falta de acuerdo con la comunidad afectada.

Sin embargo, en las medidas anunciadas por el Gobierno, en lugar del mecanismo de análisis, la autoridad puede cerrar el procedimiento administrativo cuando no se llegue a un acuerdo con las comunidades. En este escenario, la medida presidencial señala que cada autoridad adoptará la decisión final sobre el proyecto.

Para Mauricio Madrigal, profesor de derecho ambiental y especialista en incidencia política en WWF Colombia, este es el mayor cambio propuesto, donde se pierden de vista dos conceptos fundamentales que deben ser parte central de la discusión y que la Corte Constitucional ha desarrollado de manera amplia: los diálogos interculturales y las “etnoreparaciones”. Estos buscan un intercambio de argumentos y acuerdos considerando que las comunidades no tienen un poder de veto automático sobre cualquier proyecto ni el Estado, la autoridad para imponer alguna obra o legislación en los territorios.

Madrigal destaca la importancia de integrar los conocimientos y sistemas de gobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes en este escenario, ya que asegura que son claves para las “prevención, manejo y reparación de los daños ambientales” y advierte que si no se toman en cuenta estos elementos, “la consulta queda más como trámite y no como derecho, por lo que generará más tensiones y conflictos”.

En este sentido, las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional señalan que el diálogo intercultural con los pueblos indígenas se realizará solo con autoridades legítimamente reconocidas por la comunidades, por lo que terceras personas o mediadores que les acompañen no tendrán algún tipo de representación o vocería.

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“Con esta regla blindamos a nuestras minorías y garantizamos que la consulta previa ni se desvíe hacia dinámicas que la convierten en un simple escenario de negociación económica o en una transacción sobre derechos”, sostuvo el vocero del Gobierno, Miller Soto.

La medida, sostuvo el vocero, busca evitar “procesos infinitos” que “paralizan” al país. “No habrá consultas eternas. La ausencia de un acuerdo no impedirá el cierre administrativo si se constata que las comunidades contaron con oportunidades reales y efectivas de participación”, sostuvo el vocero.

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Derechos en riesgo e incertidumbre

Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de Los Andes y ex ministra de Ambiente, señala que un riesgo de aplicar estas medidas es que aumenten los litigios estratégicos contra proyectos que terminen en un limbo legal por fallas en el proceso.

“Es un riesgo muy importante que sigamos en estos limbos por una imposibilidad de tener mejores instrumentos normativos que acompañen la reglamentación de la consulta previa y que realmente sean garantistas de los derechos de los pueblos indígenas”, dice la experta a Mongabay Latam.

Para Edgar Fernández, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las medidas anunciadas pueden derivar en el debilitamiento de sus derechos.

“Prácticamente estaríamos perdiendo en todos los escenarios. El desmonte gradual de un derecho que se ha ganado en el marco de la ley y que nos permite a nosotros tener objeción”, señala Fernández.

Para el consejero del CRIC, esta medida es delicada ante la posible expansión de proyectos mineros en Colombia que buscan la extracción de diversos minerales.

“El Gobierno firmó con los Estados Unidos un acuerdo para la exploración y suministro de tierras raras y encontramos que de ese 100 % [de territorio], el 70 % está en territorios indígenas, especialmente para la Amazonía y la Orinoquía”, expone.

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Un escenario con 35 años de consultas sin evaluación

Los especialistas consultados por Mongabay Latam señalan que tras 35 años de implementación, la consulta, como cualquier otro instrumento, puede tener mejoras. Sin embargo, Vilardy cuestiona que en este periodo no ha habido desde lo público una evaluación a los mecanismos de consulta previa para conocer su impacto y sus áreas de mejora.

“En estos 35 años no hemos tenido una evaluación que pueda efectivamente cuantificar cuáles han sido efectivamente los éxitos y que cosas son susceptibles de mejorar en el procedimiento”, explica.

Al mismo tiempo, cuestiona si las medidas impulsadas por el Gobierno pueden “mejorar el procedimiento para las personas que pueden ver afectadas o es simplemente un acelerador de tiempo de los mecanismos”, agrega.

Un análisis realizado en 2014 por la experta en derecho ambiental y en pueblos indígenas Gloria Amparo Rodríguez advirtió que la percepción de que la consulta previa es un “foco de conflictos», además de ser inadecuada, termina por estigmatizar a los pueblos indígenas y sus derechos.

“La consulta previa se evaluó como una oportunidad y no como una amenaza, dado que permite la defensa de los derechos, la discusión y la concertación previa a la toma de decisiones, tres elementos fundamentales para un país que busca el crecimiento de la economía, el bienestar social, la elevación de la calidad de vida de todos los colombianos y, en especial, la prevención de conflictos ambientales”, destaca el informe.

Vilardy insiste en que las modificaciones sobre consulta previa en Colombia deben basarse en el aprendizaje de estos casos y no en supuestos. “Es urgente que podamos hacer diseño de política pública basada en evidencias. Eso es la modernidad y aquí pareciera que nos cuesta mucho eso”, sostiene.

*Imagen principal: representantes del CRIC cuestionan las propuestas con las que se busca cambiar la consulta previa. Foto: cortesía CRIC

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Galápagos, Ecuador, las tortugas gigantes, los pinzones, las iguanas y los lobos marinos son lo primero que llama la atención de los visitantes. No obstante, los entomólogos Patricio Picón-Rentería y Henri Herrera enfocan la vista en las plantas y en los troncos en busca de insectos casi imperceptibles. Gracias a un minucioso trabajo, el inventario de avispas, hormigas y abejas en el archipiélago llegó a 524 especies y morfoespecies, es decir, especies que no fueron identificadas por su nombre científico o no han sido todavía descritas por la ciencia.

Este es el principal hallazgo de un estudio publicado en la revista ZooKeys a inicios de octubre de 2026. “Es importantísimo. Es como no saber que había pinzones y ahora encontrarlos”, dice con emoción Herrera, investigador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y científico colaborador de la Fundación Charles Darwin.

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“Galápagos es uno de los sitios más estudiados y uno pensaría que ya no quedan cosas por descubrir, pero existe una enorme diversidad [por conocer]”, resalta Picón-Rentería, autor principal del estudio y entomólogo de la Fundación Charles Darwin. Añade que el orden Hymenoptera, que reúne a las especies antes nombradas, era de los menos estudiados en el archipiélago por incluir ejemplares bastante pequeños, algunos incluso de medio milímetro de longitud, para los que se requieren equipos ópticos especializados.

Pero los especialistas sabían que era necesario poner la lupa sobre el orden porque es uno de los más diversos en el mundo, afirman. Esto se reflejó en el título del artículo, que revela que el orden de insectos Hymenoptera también está entre los más diversos de Galápagos.

Herrera explica que conocer las especies de himenópteros es necesario para entender las relaciones con los ecosistemas únicos de las Islas Encantadas y tomar decisiones encaminadas a la conservación. Estos insectos son importantes en términos de polinización, transformación de suelo, mantenimiento de redes tróficas y control de plagas. “No conocemos estas interacciones, apenas estamos empezando”, dice.

“Me parece que es un artículo realmente relevante, ya que, en general, no hay muchos estudios de invertebrados y Galápagos es delicado y único”, dice sobre el trabajo de sus colegas Emilia Peñaherrera, bióloga y coordinadora ejecutiva del Instituto de Biodiversidad Tropical de la Universidad San Francisco de Quito.

Herrera empezó a estudiar las hormigas de Galápagos en 2004, año en el que nació la idea de investigar todo el orden Hymenoptera. “Pero se necesitaba mucha colaboración, incluyendo investigadores que habían trabajado hace muchos años en las islas”, relata. Se refiere, por ejemplo, a los entomólogos Stewart Peck y John Heraty.

Luego de 22 años, el equipo también conformado por los especialistas Fernando Fernández y Carlos Sarmiento de la Universidad Nacional de Colombia, sacó este artículo científico que funciona como una línea base.

El complejo trabajo en las islas de origen volcánico

El estudio reúne registros de 1959 a 2025 de muestreos de hormigas a largo plazo, colecciones de museos, literatura y registros en línea. Además, los investigadores realizaron muestreos en expediciones en 2018, 2019 y 2021 en las 10 islas más grandes del archipiélago. En 2025 realizaron muestreos oportunistas en otras tres islas e islotes.

En las salidas de campo se enfrentaron a la inclemencia de las olas y de la irregular topografía de Galápagos. La isla Fernandina fue el primer destino. Lo que empezó como una aventura pudo haber terminado en desastre cuando el Zodiac, una pequeña embarcación en la que se acercaban a las costas tras desembarcar en zonas sin muelle, zozobró por el choque con una fuerte ola, relata Herrera.

Desde la costa, el científico trataba de identificar en dónde se hundían los equipos. Después, lograron rescatar algunas cajas que contenían trampas para la investigación. Sin embargo, la cocina se fue al fondo del mar y era necesaria porque acamparían varios días en esta isla despoblada. “No sabíamos cómo íbamos a continuar”, admite Herrera. Pero el capitán Lenín Cruz armó una hornilla con una lata de atún, lo que les permitió sobrevivir hasta que les trajeron otra cocina.

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Una vez en la isla, el equipo colocó trampas de intercepción de vuelo, una especie de carpa contra la que los insectos, exceptuando hormigas, chocan para después ser atraídos hacia un frasco con alcohol, donde son conservados, precisa Picón-Rentería. Empezaron en la zona litoral y caminaron hacia el volcán La Cumbre. A medida que ascendían, colocaron trampas en las zonas seca, de transición y húmeda, agrega.

En el fondo del mar también se quedó parte del agua para beber, pero, afortunadamente, en la cima del volcán encontraron una poma abandonada que seguramente dejaron guardaparques u otro equipo de investigación. “Eso nos salvó la vida”, afirma Herrera.

El muestreo se repitió en las zonas de vegetación presentes en cada isla, aunque sin mayores novedades durante las expediciones.

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Para Peñaherrera, del Instituto de Biodiversidad Tropical de la Universidad San Francisco de Quito, el trabajo de sus colegas fue “exhaustivo” por cubrir tantas islas. Sin embargo, una de las líneas que le interesaría que se investigue en el futuro tiene que ver con la presencia de la población humana permanente y de turistas en las islas, con el fin de conocer qué impacto están teniendo los humanos en la introducción o desaparición de especies de insectos.

Grandes hallazgos y todavía mucho por descubrir

Al recoger las trampas, se sorprendieron por la cantidad de especies que hallaron, asegura Picón-Rentería. Tras contrastar toda la información disponible, obtuvieron un registro con 137 especies identificadas con nombre, 1 subespecie y 386 morfoespecies, de acuerdo con el artículo.

Del total de 524 especies y morfoespecies, el 86.3 % pertenece a grupos con biología principalmente parasitoide. Los autores señalan que la mayor parte de la diversidad sin resolver está en este grupo, por lo que debería ser la prioridad de estudio taxonómico. “También encontramos especies que pueden ser hiperparasitoides, es decir, que pueden vivir a expensas de los parasitoides”, destaca Herrera.

De las 137 especies con nombre, 61 son introducidas; 30 son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del mundo; cinco son nativas, lo que significa que llegaron a las islas por dispersión natural; dos son crípticas, o sea, no se sabe si son nativas o introducidas; y el resto, 39, son indeterminadas, lo que quiere decir que no se pudo evaluar el origen.

Este es uno de los puntos más relevantes del artículo, pues reconocer las especies introducidas es el primer paso para determinar si son invasoras o si tienen el potencial de convertirse en invasoras con el fin de sugerir a las autoridades medidas que eviten el daño a los ecosistemas insulares, explican Herrera y Picón-Rentería.

Ahora los autores tienen el reto de llevar a término la identificación de todas las entidades a nivel de especie. “Sin lugar a dudas, es lo más importante. La idea es tener colaboración de expertos en ciertos grupos, familias o géneros”, afirma Herrera.

Picón-Rentería cuenta que ya han enviado fotografías a los expertos. De las 386 morfoespecies, algunas tienen el potencial de ser especies nuevas para la ciencia, dice, por lo que quedan años de trabajo taxonómico hasta tener las descripciones científicas con las que se oficializa el nacimiento de las especies. “No es trabajo de una sola persona, sino de muchísimas personas y de años de investigación”, resalta el autor principal del artículo sobre el carácter colaborativo de la taxonomía.

También planifican plasmar todas las especies y morfoespecies halladas en un proyecto de libro que por ahora se llama Hymenoptera de Galápagos, adelanta Herrera.

Por si fuera poco, las estimaciones de diversidad muestran que probablemente hay más especies por documentar entre la vegetación de las Islas Encantadas. Picón-Rentería y Herrera seguirán atentos a ese Galápagos que no se ve a primera vista.

*Imagen principal: Patricio Picón-Rentería con una microavispa recolectada en la isla Santiago. Foto: cortesía Henri Herrera.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la vereda colombiana Los Laureles, en el departamento de Arauca, los habitantes comparten el río Cravo Norte con el caimán llanero (Crocodylus intermedius). César Castro, campesino de la zona, relata que conocen bien los territorios que este depredador de hasta siete metros de largo defiende incluso de otros de su misma especie. Aunque hay relativa tranquilidad en la convivencia, no se han librado de ataques esporádicos al ganado ni de conflictos con pescadores locales y foráneos por el enmallamiento del reptil en las artes de pesca.

Así como en los Llanos Orientales, en muchos territorios de Colombia los encuentros entre personas y fauna silvestre pueden desencadenar preocupación, pérdidas económicas y acciones humanas que terminan perjudicando a los animales. Para promover la coexistencia, Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia, junto a una docena de instituciones aliadas, desarrollaron la Guía para la Gestión de las Interacciones con Fauna Silvestre.

“Se construye a partir de la experiencia de más de una década de trabajo en los territorios del país junto con las comunidades, con el fin de mitigar el conflicto”, dice Germán Forero, director científico de WCS Colombia. Este documento busca ofrecer herramientas prácticas para orientar procesos que permitan construir y monitorear territorios en coexistencia. La guía se ha nutrido de diferentes experiencias en el país con especies como el oso andino o de anteojos, el jaguar, el puma, los murciélagos y las águilas.

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“La guía recoge muy bien esas experiencias, las potencia y permite tener una orientación clara y contundente en términos de generar los escenarios de coexistencia”, opina Federico Mosquera, subdirector de gestión y manejo de áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, institución que ha participado en varios de los procesos citados en el documento.

La publicación se basa en el Plan4Coex, un enfoque de planificación que busca mitigar las interacciones negativas para alcanzar una coexistencia sostenible y evaluable a lo largo del tiempo, de acuerdo con la guía. Silvio Marchini, biólogo brasileño y miembro del Grupo de Especialistas en Conflicto y Coexistencia Humano-Fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), junto a otros colegas, desarrolló la metodología.

“Cuando nos centramos en el conflicto, la pregunta suele ser qué debemos reducir o evitar. Cuando pensamos en coexistencia, también nos preguntamos qué necesitamos construir y mantener para que las personas y la fauna puedan compartir un territorio a largo plazo”, explica Marchini. Con este enfoque, el bienestar de las personas y la conservación de las especies son objetivos que van de la mano.

Las comunidades deben ser las protagonistas

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Para Marchini, convertir el conflicto con la fauna silvestre en coexistencia demanda que los habitantes sean involucrados desde el inicio en la definición de los problemas, los objetivos, las acciones y la evaluación de los resultados. “Las comunidades ya tienen conocimientos, capacidades e iniciativas propias”, dice. Debe existir respaldo institucional y recursos, sin trasladar a las comunidades toda la responsabilidad de la conservación, añade el experto.

La cartilla propone comenzar por una evaluación de las interacciones con fauna silvestre que recoja las experiencias y percepciones de las comunidades a través de talleres participativos. En Cravo Norte, por ejemplo, los especialistas conocieron que casos aislados de depredación de animales domésticos o los encuentros inesperados con el caimán llanero están integrados en la vida diaria de sus habitantes.

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Mientras tanto, en el río Tomo y caño Terecay, en el departamento de Vichada, donde el caimán llanero ha sido reintroducido desde 2015, encontraron que muchas interacciones imprevistas con el reptil se deben al “desconocimiento local”, de acuerdo con la guía. Estas experiencias dejaron la lección central de que las medidas deben adaptarse a cada contexto, aunque se trate de la misma especie, señala Marchini.

El siguiente paso que propone la guía es la planificación, que incluye definir los cambios esperados y las acciones a tomar. Por ejemplo, en Cravo Norte se planificaron acciones encaminadas a evitar que los animales domésticos se acerquen al río y se conviertan en presas del caimán. También se planificaron recorridos comunitarios por el río para evitar el uso de artes de pesca no reglamentadas y actividades de educación ambiental en la escuela local, añade Forero.

En Vichada, por otro lado, se tiene planificado hacer nuevas liberaciones, adelanta Mosquera.

Forero reconoce que el caimán llanero, al ser un depredador que puede alcanzar los siete metros, requiere de un trabajo minucioso con las personas antes y después de su reintroducción. La razón es sencilla: las comunidades en el río Tomo y caño Terecay no estaban acostumbradas a la presencia de la especie, pues hace décadas que había desaparecido de la zona por la cacería ilegal para la extracción de la piel.

El tercer paso es establecer una línea base con indicadores de daños, tolerancia o disposición a coexistir y del estado de la población silvestre. En ese proceso, Castro conoció que en Cravo Norte sobreviven las poblaciones más grandes del caimán llanero. Aún así, en los monitoreos no han contado más de 50 adultos, detalla. “Pensábamos que había muchos”, dice, pero, en realidad, el animal sigue clasificado en la categoría de Peligro Crítico, según la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Implementar acuerdos y monitorearlos

El caimán llanero controla las poblaciones de peces y evita que los cauces se obstruyan al movilizar sedimentos con su cola. Esto es parte de lo que la comunidad aprendió en los talleres con WCS. Al ver que quedaban tan pocos y que su rol para mantener en equilibrio el ecosistema fluvial desaparecería, la comunidad se motivó a cuidarlos, asegura Castro.

Precisamente, el cuarto paso que propone la guía es concertar acciones y responsabilidades. En Cravo Norte se acordó implementar acciones a nivel comunitario y predial para hacer un mejor manejo de los animales domésticos.

El quinto paso contempla la implementación de las medidas que pueden incluir manejo del hábitat, prácticas productivas sostenibles, infraestructura antidepredatoria, incentivos, educación y fortalecimiento de capacidades con acompañamiento técnico.

Entre esas medidas, en Cravo Norte se construyeron bebederos para evitar que las vacas y los cerdos bajen al río en busca de agua, comenta el habitante de Los Laureles.

La guía de seis pasos concluye con el monitoreo y evaluación. Este punto incluye la revisión de acciones e indicadores y comparación de los resultados con los cambios esperados. El objetivo es ajustar o reemplazar medidas.

La coexistencia en un país megadiverso

Federico Mosquera, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, revisó la Guía para la Gestión de las Interacciones con Fauna Silvestre desde su concepción, pues se alínea con uno de los objetivos de la entidad: construir escenarios de coexistencia entre las especies y los modelos productivos humanos. Explica que en las áreas protegidas, ya sea por traslape con comunidades indígenas, ocupación de ciertas zonas, sobreexplotación de fauna, desarrollos forestales o pérdida de conectividad, hay interacción entre personas y animales silvestres.

En un país megadiverso como Colombia, esta realidad se extiende a todo el país. “Las personas que viven en áreas rurales, inclusive en las ciudades, conviven muy cerca de la biodiversidad”, señala Forero, de WCS Colombia.

Mientras los ganaderos pueden verse afectados por la pérdida de ganado por ataques de grandes felinos o los agricultores denuncian casos donde osos de anteojos (Tremarctos ornatus) que se alimentan de sus cultivos, para Mosquera hace falta una discusión sobre el rol de estas especies en el equilibrio ecológico del que dependen las poblaciones humanas, para la obtención de servicios ambientales como el agua limpia y la polinización.

Es decir, la solución no está en cazar por retaliación, sino, por ejemplo, en implementar medidas de manejo adecuado del ganado, resalta Mosquera. Esto incluye sistemas de rotación silvopastoriles, implementación de cercas y cuidado veterinario. Las medidas no solo protegen al ganado del ataque de depredadores, sino que también están encaminadas a proteger su salud y su vida, reduciendo aún más la pérdida económica de los productores.

Cambiar la percepción sobre la fauna silvestre

“El principal reto es cambiar la percepción de las comunidades hacia las especies”, asegura Mosquera. Por su parte, Forero agrega que varias de las experiencias recogidas demuestran que las interacciones con la fauna silvestre pueden ser positivas y traer beneficios. Un ejemplo de eso es el desarrollo del certificado Andean Bear Friendly, sello que ya han recibido algunos cafeteros en el departamento de Valle del Cauca por su convivencia con el oso de anteojos.

Otro desafío tiene que ver con los recursos, reconoce Forero. Seguir los pasos de la guía y, principalmente, implementar las acciones y estrategias, requiere de herramientas y recursos económicos. Por eso, aunque la guía es autoexplicativa, en muchos casos es ideal que las implementaciones sean acompañadas y apoyadas por instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales o privadas, en colaboración con las comunidades o actores locales.

“Esta planificación debe integrarse a otros instrumentos que existan en el territorio, los planes de ordenamiento, las estrategias de restauración, las estrategias de ordenamiento productivo”, añade Forero.

Para Marchini, otro reto es dar continuidad a los procesos cuyos tiempos superan la duración de los proyectos. Explica que las medidas técnicas necesitan mantenimiento, los acuerdos necesitan seguimiento, y las relaciones de confianza requieren de presencia sostenida. “La sostenibilidad depende de que el territorio conserve la capacidad de decidir, actuar y aprender cuando termine el proyecto”, afirma.

Al final del día, señala el especialista de la UICN, el objetivo es que las comunidades disminuyan las pérdidas y la vulnerabilidad, mientras que se reducen las amenazas que enfrenta la fauna silvestre y mejoran las tendencias poblacionales y el hábitat.

En Cravo Norte, donde sus habitantes se enorgullecen de saber convivir con el caimán llanero, ahora refuerzan su vínculo con este gran depredador. Castro relata que WCS respaldó una observación de postura de huevos en verano. Y dice con emoción: “pudimos mirar el nacimiento de 114 nuevas crías, fue una experiencia bonita, aprendimos algo más del caimán”.

*Imagen principal: A medida que crecen las fronteras ganaderas, se han registrado casos en los que los grandes felinos, como el jaguar (foto) y el puma, depredan animales domésticos. Foto: cortesía Federico Mosquera.

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En marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas, una iniciativa de ese país que se presentó como una alianza regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En ese momento fueron 12 países de América Latina los que se unieron a la iniciativa. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago fueron parte de esa primera foto en la que aparece Trump sentado en una mesa rodeado de estos mandatarios, todos de pie. Chile, sin embargo, estuvo presente solo como observador, su adhesión formal al Escudo de Las Américas se concretó en septiembre.

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Ahora son 17 los países de América Latina y El Caribe que forman parte del Escudo de Las Américas. Entre los últimos que se han sumado están Colombia, con Abelardo de la Espriella, y Perú, con Keiko Fujimori, tras ganar las elecciones presidenciales. Guatemala, Jamaica y Belice también se han unido a esta coalición, mientras Bahamas permanece como observador. Todos los presidentes que se han unido a esta propuesta impulsada por Estados Unidos son afines, en términos ideológicos, a la política de Estados Unidos.

“No es un acuerdo amplio en que todos los países pueden intervenir, sino que es una propuesta que surge desde Washington y que tiene que ver con intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es una iniciativa vertical que tiene connotaciones políticas, económicas y militares”, dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Acosta agrega que el combate al narcotráfico y al crimen organizado es un pretexto de Estados Unidos para establecer “un manejo económico que le garantice el control del suministro de los recursos estratégicos«, entre los que se encuentran minerales como el litio y el cobre.

Desde Chile, el economista Fernando Estenssoro, director del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, es más duro en su crítica a esta iniciativa, a la que cataloga como “nefasta para la soberanía de la región” y enmarcada en la pugna geopolítica de Estados Unidos con China.

Estenssoro agrega que el interés de Trump está en “los recursos naturales, en el petróleo, en el cobre”, en los minerales críticos y las tierras raras porque “Estados Unidos está en el proceso final de su declinación hegemónica, por tanto, ellos consideran que los recursos de nuestro continente, sobre todo Sudamérica, no pueden ir a parar a manos del ‘enemigo’ [China], sino que tienen que quedar en manos de Estados Unidos”.

El interés por los recursos naturales

“Tenemos más de 20 millones de kilómetros cuadrados y nuestros países son privilegiados en todo tipo de recursos naturales. También en tierras raras y en los minerales estratégicos que son necesarios para la digitalización y para las nuevas tecnologías”, comenta Estenssoro sobre el interés de Estados Unidos en los recursos naturales de América Latina.

Estenssoro menciona que en Sudamérica está “la mayor reserva de petróleo del mundo”, refiriéndose a Venezuela. “Tenemos litio, tenemos Amazonía en Sudamérica, una gran fuente de recursos naturales y, además, un recurso en sí mismo porque presta servicios ecosistémicos. Tenemos agua, desde México hasta la Patagonia”, advierte.

En América del Sur, por ejemplo, se ubica el denominado Triángulo del litio, un espacio geográfico entre Argentina, Bolivia y Chile que concentra la mayor cantidad de reservas mundiales de este elemento, que es un componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares, entre otros equipos.

Sudamérica también tiene grandes reservas de otro mineral estratégico: el cobre. Un material de gran demanda en la industria de la construcción por su importancia para la fabricación de cables eléctricos, tuberías y sistemas térmicos, además de ser importante para la industria automotriz por su uso en la fabricación de motores y componentes electrónicos. El primer productor de cobre en el mundo es Chile, mientras que Perú ocupa el tercer lugar en la lista. En ambos países, China es el principal comprador de este mineral.

Sin embargo, el interés en el cobre no está solo en estas dos naciones. Aunque Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, actualmente  buscan abrirse paso en el mercado global, señala una investigación publicada por Mongabay Latam en julio de este año. El potencial es claro: el 40 % de las reservas mundiales de este metal se encuentran en Latinoamérica por lo que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea están en la búsqueda de nuevas alianzas con los países de la región.

En la Declaración conjunta relativa a la soberanía del hemisferio, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, se mencionan los tres pilares del Escudo de Las Américas: económico, de seguridad y coordinación multilateral.

El que se refiere a la economía dice específicamente que se va a potenciar “la cooperación económica, explorando mecanismos de control de las inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

“Es un juego de palabras, porque lo que quieren es asegurarse el control de los recursos naturales”, comenta Acosta sobre el texto que se incluye en la declaración de Estados Unidos. En ese contexto, menciona los tratados bilaterales de inversiones que el país norteamericano está firmando con los países que forman parte del Escudo de Las Américas. Por ejemplo,  menciona el convenio suscrito con Ecuador, en marzo de este año, “para asegurar el acceso a los recursos estratégicos”.

El 4 de febrero de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco para la cooperación que incluye el suministro y procesamiento de minerales estratégicos como oro, cobre, plomo y tierras raras, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero. El acuerdo ha sido cuestionado por el Legislativo ecuatoriano.

En marzo de 2026, Chile y Estados Unidos también firmaron una Declaración Conjunta para establecer consultas de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. Ese mismo mes, Perú y Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras.

“Lo que se quiere es minimizar la presencia de China en el continente”, dice Acosta sobre la importancia geopolítica de esta iniciativa. Pero también suma otro componente detrás del Escudo de Las Américas: “la militarización de las sociedades”.

¿Territorios militarizados?

Para Acosta lo que está haciendo Estados Unidos es utilizar esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado “para asegurarse el control de nuestros países”. Pone como ejemplo “la ley que se aprobó [en Ecuador] hace un par de meses [en agosto]” porque “abre la puerta a la militarización de los territorios donde hay minerales para romper la resistencia de las comunidades que defienden esos espacios vitales, señalándolos como narcoterroristas de ser del caso”.

Y es que Donald Trump, durante su intervención en la versión 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, dijo que «Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos».

Trump aprovechó la asamblea de la ONU para realizar una reunión con los presidentes y representantes de los países que forman parte del Escudo de Las Américas que estuvieron en Nueva York. Durante la cita mencionó la riqueza natural de estos países y les pidió evitar que potencias externas hostiles se apoderen de ella.

Ricardo Soberón, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, también habla de lo que significa el Escudo de Las Américas para el país y para  Latinoamérica. “El costo de haber suscrito ese acuerdo político es demasiado grande para Perú porque acarrea acuerdos sobre inversiones, sobre explotación de minerales estratégicos, una posición frente a China y al puerto de Chancay. Hay muchas cosas por fuera de la lucha contra la criminalidad. A mi juicio, ha sido un terrible error. No ha habido una interlocución, un diálogo, un acuerdo entre países”.

Soberón considera lamentable que Perú y otros países de la región hayan “agachado la cabeza a este acuerdo” que, supuestamente, no es vinculante porque no es un tratado internacional, sino un acuerdo político. El problema es que “debajo de ese paraguas van a venir una serie de cartas, acuerdos, memorándum de entendimiento”.

El experto peruano también menciona los acuerdos sobre minerales estratégicos firmados con Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y lo sucedido en Venezuela, donde Estados Unidos “se ha adueñado del sector petrolero a partir de una decisión militar”. El ex jefe de Devida precisa que el Escudo de Las Américas ha logrado “asentar su presencia en la región sin ofertas financieras concretas” y recuerda que iniciativas como el Plan Colombia contaban con fondos comprometidos, pero que en esta ocasión solo se trata de “discursos vacíos de Donald Trump y Marco Rubio, utilizando la mayor presión política posible y los hechos del 3 de enero en Caracas que  permiten dar cuenta de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en la región”.

Los minerales detrás de la tecnología

Para Alberto Acosta, lo que Estados Unidos pretende es asegurar la tecnología para la inteligencia artificial, la cual requiere gran cantidad de minerales. “Actualmente, el consumo de minerales no solo es para la transición energética, sino que hay otros dos rubros que no siempre aparecen: el armamentismo y la inteligencia artificial”, precisa.

En el caso de las armas se requieren minerales de punta para su elaboración y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. La lista de minerales usados para la fabricación de armas incluye grafito, cobalto, aluminio, litio, manganeso y tierras raras, entre otros. En el caso de la inteligencia artificial están el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras, entre otros. “Ambas cosas tienen mucho que ver con los intereses de Washington. Estados Unidos es un imperio en decadencia y su talón de Aquiles es la tecnología”, asegura Acosta.

El economista ecuatoriano agrega que el gobierno de Trump está tratando de “disputar espacios tecnológicos con China” y parte de esa disputa es asegurar el acceso a minerales estratégicos. “No sólo son minerales, agua, biodiversidad, sino que, simultáneamente, Washington cuenta todavía con una gran ventaja comparativa que es su fortaleza militar”, menciona.

Estenssoro también entra al campo de la disputa por los minerales estratégicos y las tierras raras y pinta un panorama para los próximos 15 o 30 años cuando “la escasez de los recursos sea brutal”. “Eso lo saben todas las agencias estratégicas, está probado por Naciones Unidas, solo que antes se veía como un futuro muy lejano y hoy día está aquí”.

En la pugna con China por la tecnología, dice Estenssoro, “los últimos espacios que se están disputando son los microchips”, comenta, pues la industria automotriz, que era la gran industria de Estados Unidos y de Europa, ahora está siendo copada por marcas chinas. “Es cuestión de tiempo, quizá en cinco años la Boeing sea de capitales chinos. La tendencia es que China va subiendo y Estados Unidos va bajando”. En este contexto, añade Estenssoro, “el Escudo de Las Américas busca establecer un protectorado económico sobre nuestros países. Es una política de recolonización”.

Ricardo Soberón agrega que para el caso peruano, “en términos de minerales tradicionales como oro, plata, níquel, zinc”, lo que busca Estados Unidos es “asegurar las cadenas de suministro”, y en el caso de los minerales estratégicos, “generar las condiciones para que la empresas norteamericanas y no las chinas sean las que aseguren la compra y venta de esos minerales”. “Estamos en un proceso de confrontación empresarial donde la capacidad de influencia china es fuerte, pero Estados Unidos ha dejado muy claro que en el hemisferio occidental nadie va a entrar a reemplazarlo”.

*Imagen principal: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas en marzo de 2026 . Foto: cortesía Casa Blanca.

Latinoamérica enfrenta un clima cada vez más cambiante e impredecible. Actualmente la región enfrenta la incertidumbre que trae el fenómeno de El Niño, intensificado por la crisis climática y que se traduce en olas de calor, huracanes más intensos, incendios y pérdida de cultivos.

Colombia está especialmente expuesta a estos impactos en casi todas sus regiones. Es el país de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo ante fenómenos naturales extremos, como inundaciones y tormentas, de acuerdo con el informe WorldRiskReport, y se prepara para recibir los impactos del fenómeno de El Niño, el cual se prevé como el más intenso desde 1950.

Tras dejar la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la científica ambiental Ghisliane Echeverry Prieto conversa con Mongabay Latam sobre la situación que vive Colombia ante este evento de variabilidad climática.

La especialista sostiene que la adaptación climática va más allá de lo gubernamental, que requiere una reflexión colectiva e individual que permita asimilar riesgos, actualizar herramientas y tomar decisiones clave para los retos que enfrenta el país, priorizando la vida de las personas.

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—En un contexto de eventos climáticos extremos y con el fenómeno de El Niño actual, ¿qué lecciones está dejando la variabilidad climática sobre la capacidad real de Colombia para enfrentar sequías e incendios?

— Lo primero que hemos entendido es que el cambio respecto a la amenaza climática o a los temas ambientales van mucho más rápido de lo que la legislación o las instituciones pueden responder. El Ideam, por ejemplo, se creó hace 30 años y sigue con la misma estructura, esto hace que tengamos elementos “antiguos” para responder a una nueva realidad climática. Es como tener el Windows 98, cuando hoy estamos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Colombia ha entendido que viene el reto de articularse para poner en funcionalidad y en operar instrumentos de gestión de riesgos. Dentro de esa política [de gestión de riesgos] hay tres elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo, la gestión de riesgo y la atención al desastre.

El país ha avanzado de manera significativa en ese conocimiento del riesgo. Es un país que tiene un servicio meteorológico sólido, que tiene universidades que han avanzado en investigaciones importantes.

Colombia empezó a entender un poco más la prevención. Lo vi en el sector público, en el sector privado y en la ciudadanía. Empezamos a entender que no sólo se trata de mitigación, sino también de adaptación, ¿qué tan rápido vamos a lograr adaptarnos a esta nueva realidad climática que nos está llevando a una incertidumbre también muy grande?

Estamos ante un reto muy complejo por una razón y es que estamos ante lo desconocido. La pregunta es: ¿cómo nos estamos adaptando y qué acciones desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo gubernamental nos están llevando a adaptarnos a esto? Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo, con mayor número de desastres por causas ambientales, eso nos tiene que plantear una reflexión.

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—¿Cuáles considera que son los puntos críticos o herramientas por corregir y actualizar en Colombia?

— Es importante y fundamental la actualización tecnológica, pero hay otro pilar, el trabajo con la ciudadanía. Colombia es un país pluriétnico y muy diverso. Requiere que este trabajo se haga adaptado a las comunidades y a los contextos ambientales, geográficos, sociales y económicos. No crear soluciones estándares para todos.

Un tercer elemento es renovar la normativa. No podemos seguir mirando los riesgos ni lo ambiental como hace 30 años, cuando hablábamos de determinantes ambientales, cuando el cambio climático era una cosa que se veía como futuro.

—El Niño está desnudando crisis que pareciera que no son percibidas con gravedad, ¿qué consecuencias puede desencadenar su subestimación y cómo no bajar la guardia?

—Algo importante es la percepción social del riesgo. La meteorología es una ciencia muy compleja. El fenómeno técnico en sí es algo muy complejo para que sea apropiado por la ciudadanía. Hay varias cosas que fueron acertadas, como la advertencia temprana que se hizo. Prefiero una incertidumbre a tiempo que una certeza tardía.

El Niño no es un interruptor, él no viene a apagar las lluvias [en el caso colombiano]. Él viene a sobreponerse sobre todo lo que está ocurriendo y empieza a disminuir. Cuando llegue su pico y se cruce con la temporada de menos lluvias, que será en diciembre, ahí va a estar la cosa [el problema].

Hace tres años, en 2023, estábamos en una situación similar. Cuando estaba al frente del Ideam declaré El Niño en noviembre, se burlaron, no nos creyeron, muchas entidades bajaron la guardia y, meses más tarde, Bogotá estaba iniciando un racionamiento. Por primera vez en la historia, la capital se veía expuesta a un racionamiento de agua que duró casi un año.

El fenómeno de El Niño técnicamente está muy claro, está declarado, pero hay que hacer un tema pedagógico que no se le debería cargar al Ideam. Creo que las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, colegios y universidades deberían estar hablando esto con fuerza.

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—¿Qué consecuencias puede desencadenar El Niño para el sector alimentario, de salud y energético?

—El Niño en Colombia es sequía. Significa que disminuyen las lluvias, aumenta la temperatura y disminuyen los caudales. Es claro que puede venir una sequía y un racionamiento de energía y de agua, pero, además, los alimentos empiezan a encarecerse.

Hay muchas comunidades que dependen del transporte fluvial y aumenta la probabilidad de incendios forestales. Es una situación muy compleja. Tú no tienes agua, tienes el país incendiado y esos incendios generan contaminación. Esa contaminación enferma a las personas por la calidad del aire. Todo empieza a colapsar: la salud, la energía, el agua, las olas de calor.

Sé que sonamos muy alarmistas, pero es que es algo que ya ocurrió en 2024 y es algo que puede venir con mucha mayor mayor fuerza en este 2026. Se cree que es el fenómeno de El Niño más fuerte porque estamos en el marco de una crisis climática.

Puede ser más complejo por los impactos acumulados. El país no ha terminado de recuperarse de El Niño anterior en muchos aspectos, no se han reorganizado muchas cosas porque el país tiene unos problemas internos muy complejos, que van desde el conflicto armado hasta el terremoto de hace dos meses.

—Los territorios ya enfrentan inundaciones, olas de calor y crisis de salud asociadas a la adaptación, ¿cuáles zonas o regiones considera más vulnerables a esta variabilidad climática?

—Casi todo el país tiene una exposición similar, pero la diferencia está en las vulnerabilidades. Por ejemplo, regiones como la Caribe ya están manejando unas crisis energéticas complejas: racionamientos y tarifas de energía muy altas. Esto se puede recrudecer y genera una situación de vulnerabilidad para la ciudadanía.

El sector agrícola en la región Caribe y Andina puede estar muy afectado. Los sectores productivos mueven la economía y hay un enfoque en comunidades vulnerables, pero también tiene que haber un enfoque en estos sectores. Yo no sé cuál es el plan para proteger al sector agrícola, porque el alimento es esencial.

Cuando escasea el agua se recrudecen los conflictos ambientales. Va a venir seguramente un conflicto entre la industria y la ciudadanía. Son cosas que también van a ocurrir y el gobierno tendrá que tener elementos para mediar.

Ahora más que nunca hay que defender la vida porque el futuro es muy incierto y muy complejo. Hay que pensar cuál va a ser la prioridad y esa relación que vamos a tener con algo que damos por sentado, que es el agua.

—¿Cuáles considera que son las causas estructurales de la deforestación que siguen sin atenderse y qué tan confiable sigue siendo el monitoreo para tomar decisiones?

—El Ideam tiene un sistema de monitoreo de bosques que es muy robusto, que ha pasado revisiones por pares, que se ha construido de acuerdo al contexto del país. No sigue una homogeneidad, incluye visores y seguimiento con Global Forest Watch.

Tal vez la deforestación en otros países sea por agricultura o porque las leyes lo permiten. En Colombia está absolutamente ligada al conflicto armado. Es una dinámica muy entrelazada, como si no se pudiera tener gobernanza sobre eso.

En el gobierno de Gustavo Petro se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Asociados (Conaldef), un elemento interesante y efectivo porque ya no son esfuerzos aislados. Los ministerios se sientan en la mesa y empiezan a cruzar capas porque cada uno por separado no las logra conectar. Pasas de una visión reduccionista del problema a una visión sistémica y empiezas a cruzar información y encontrar incluso a los responsables de la deforestación.

—¿Una deforestación tan ligada al conflicto armado está generando respuestas de militarización?

—El gobierno del presidente Petro tenía una visión hacia la comunidad. Había elementos pilares, no es solamente uno, no se trata solamente de judicializar, porque además la deforestación también encuentra un caldo de cultivo en el abandono estatal.

Se hablaba de gobernanza forestal, de desarrollo agroambiental, de gobernanza con los pueblos indígenas. Tenemos que darles modos de vida sostenibles a las comunidades porque sucede igual que con la coca, la gente cultiva porque es rentable.

Pero la visión que tiene este gobierno claramente es otra. Yo creo que la militarización puede ser una reacción, pero no es una solución. Me preocupa que este gobierno se quede en la militarización.

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—El Ideam se ha caracterizado por basarse en el rigor técnico y científico, ¿durante su tiempo al frente de la institución hubo presiones políticas por matizar o retrasar información importante? ¿Considera que ese riesgo está presente ahora?

—No, tengo que decirlo abierta y públicamente, y el equipo que trabaja conmigo puede dar fe de eso: tuve autonomía técnica total.

La polémica que sí tuve que afrontar durante mi paso por el Ideam fueron los datos de deforestación en el 2023. Tuve que enfrentar asuntos jurídicos porque había personajes que además se ensañaron diciendo que nos habíamos inventado las cifras para favorecer al gobierno de Gustavo Petro. Tuvimos que ir a audiencias. Fue un proceso de defensa porque se comprobó que eran reales.

El equipo tiene un protocolo muy riguroso donde se revisan las imágenes, las causas y los agentes. Luego se vuelve a revisar. El proceso sí puede mejorar, pero hay todo un equipo que es casi que independiente porque no son funcionarios del Ideam, están contratados por la cooperación internacional, a través de Visión Amazonía [un programa que lleva varios años funcionando en Colombia].

—Uno de los escándalos de corrupción más grandes y recientes en Colombia tuvo como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que hoy tienen una responsabilidad enorme ante los eventos que se presenten en los próximos meses. ¿Cómo ve actualmente la capacidad de acción de esta entidad? ¿Está preparada para enfrentar lo que se viene?

—La UNGRD es un organismo muy poderoso, necesario y creo que estructuralmente tiene todos los dientes para actuar.

La UNGRD tiene dinero disponible todo el tiempo, recursos, puede moverse porque está diseñada para atender emergencias en toda su estructura administrativa. Que Colombia tenga eso es genial.

Sé que tiene herramientas, instrumentos y dientes para actuar bajo el marco de la ley. Tiene los mecanismos de articulación y desde la gestión de riesgo pasó algo muy interesante: se decretó por primera vez una emergencia por variabilidad climática y no solamente por el fenómeno de El Niño. Eso permite moverse ante un frente frío, un incendio, una sequía o una inundación. La Unidad tiene la capacidad para actuar y hay que aprovecharla.

Imagen principal: Ghisliane Echeverry Prieto, exdirectora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla sobre la nueva realidad climática que enfrenta Colombia. Foto: cortesía Ghisliane Echeverry.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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