El proceso de digitalización y la adopción masiva de la tecnología ha generado cambios estructurales en diferentes industrias de la economía. Aunque muchos se han visto beneficiados por este aumento de eficiencia, otros actores como los comerciantes de la Plaza de Mercado de Paloquemao podrán verse afectados por un proceso de desintermediación que dejaría a muchos sin empleo.

Las restricciones obligatorias de confinamiento originadas por la pandemia han impulsado el crecimiento sustancial de soluciones tecnológicas en diferentes sectores de la economía. Aunque muchos negocios serán beneficiados por este tipo de plataformas, otros actores se verán menos favorecidos. Este puede llegar a ser el caso de los pequeños comerciantes de productos agropecuarios que se ubican en la Plaza de Mercado de Paloquemao y que podrán perder una cantidad considerable de sus mejores clientes frente a este tipo de plataformas digitales. Desde un punto de vista económico, este fenómeno se presenta como un proceso de desintermediación y es importante contemplar los efectos que puede generar en la sociedad.

Desde hace más de 48 años, la Plaza de Mercado de Paloquemao, ubicada en la capital del país, se ha consolidado como uno de los centros de abastecimiento más frecuentado por los bogotanos. Al llegar a la plaza, que se encuentra en constante movimiento desde las tres de la mañana, los consumidores pueden gozar de una amplia variedad de productos, desde frutas y verduras hasta flores, cárnicos, hierbas y mucho más. Al posicionarse como una de las plazas de mercado más importantes del país, Paloquemao reúne productos provenientes de las diferentes regiones del territorio colombiano, desde el durazno ‘rey negro’ de Boyacá hasta la famosa ‘oreja de perro’ del Tolima.

En la actualidad, una gran proporción de los hogares colombianos opta por comprar sus alimentos en minimercados y tiendas de barrio. No obstante, es evidente que las plazas de mercado como Paloquemao siguen siendo actores fundamentales para el abastecimiento de restaurantes y otros negocios ubicados en la ciudad de Bogotá, pues generalmente ofrecen precios más competitivos que el canal tradicional.

Al abordar este tema y comentar sobre el comercio en las plazas de mercado, Saul Correa, un comerciante huilense que lleva administrando un local en Paloquemao durante 18 años, mencionó que “los mejores clientes siempre han sido los jefes de compras de los restaurantes que llegan de cuatro a cinco de la mañana y pueden llevar hasta 500.000 pesos al día”. Teniendo en cuenta que un negocio como el de Saul genera ingresos diarios de aproximadamente 1.200.000 pesos, es claro que el sector restaurantero es un actor esencial para la rentabilidad de estos comerciantes.

No obstante, la relación simbiótica que se ha destacado entre los restaurantes bogotanos y los comerciantes de Paloquemao a lo largo de la historia se ha visto amenazada por la entrada de nuevos actores al ecosistema. El desarrollo tecnológico y la notoria adopción de nuevas herramientas digitales por parte de diferentes miembros de la sociedad colombiana han permitido el crecimiento de diferentes plataformas como Frubana, una startup colombiana que se fundó hace aproximadamente tres años. La empresa de tecnología, que ha levantado grandes montos de capital para apalancar su crecimiento acelerado, se dedica a conectar de manera directa a diferentes restaurantes con agricultores nacionales.

Puntualmente, de acuerdo a lo manifestado por Oscar Fabian Rodríguez, actual jefe de operaciones de Frubana en Colombia, alrededor del 80% de los restaurantes que utilizan los servicios de la plataforma son los tradicionales ‘corrientazos’ que antes de conocer a Frubana “se levantaban en la madrugada, iban directamente a la plaza y compraban en diferentes puntos que no les aseguraban calidad”. Igualmente, al tener en cuenta que actualmente la startup realiza más de 5.000 órdenes diarias y moviliza 2.200 toneladas de frutas, verduras, abarrotes y proteínas al mes, es evidente que la plataforma constituye una amenaza importante para el comercio de las plazas de mercado como Paloquemao.

Aunque en la actualidad el impacto de la operación de Frubana no se ha manifestado de manera contundente en Paloquemao, a través de ejemplos como el de Lorenzo Zuluaga resulta indiscutible que esta empresa tiene el potencial de ser un riesgo importante para los comerciantes de las plazas de mercado. Según comentarios realizados por Zuluaga, un bogotano con más de cinco años de experiencia en la industria de restaurantes, al tomar la decisión de utilizar los servicios de Frubana no solo se ha ahorrado tiempo sino también recursos, pues a partir de cierto monto “los domicilios son gratis y muchos productos cuestan entre 5% a 10% menos que en la plaza”.

El proceso mediante el cual nuevas tecnologías como Frubana logran eliminar a ciertos actores, como los comerciantes de Paloquemao, de la cadena de servicios puede ser entendido como un fenómeno de desintermediación. De acuerdo a Susskind & Susskind, profesores de Economía de la Universidad de Oxford, la desintermediación se da cuando la innovación tecnológica permite remplazar al intermediario tradicional con nuevas y mejores alternativas. De esta forma, es posible argumentar que actores como Frubana, que ofrecen precios más baratos y optimización de los procesos de compra, establecen un proceso de desintermediación que elimina la relevancia de los comerciantes de Paloquemao.

Es evidente que Frubana ofrece una propuesta de valor interesante para los diferentes restaurantes y agricultores que han decidido trabajar con ellos. La conexión ineficiente que se presenta entre el campo y los restaurantes resulta en una larga cadena de suministros que refleja menores ingresos para los agricultores y mayores costos para los consumidores finales. Por lo tanto, la reducción de estos costos de transacción presenta un impacto positivo sobre el bienestar de los actores involucrados, a excepción de los comerciantes de Paloquemao. Aunque no sea posible cuantificar el impacto que ha generado la presencia de plataformas alternativas como Frubana, es importante contemplar la posibilidad de que cada vez más restaurantes decidan digitalizar sus negocios y se abstengan de visitar las icónicas plazas de mercado como Paloquemao.

• Por: Camilo Vega Barbosa (@camilovega0092)
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La pomarrosa es una de las tantas frutas exóticas que se encuentran en Colombia, especialmente querida entre aquellos que vienen o que han tenido contacto cercano con las regiones rurales del país. Pero, esta fruta es más de lo que parece, pues esconde una serie de problemas y oportunidades que van desde su limitada distribución por sus cultivos artesanales, hasta los millones de dólares que se pierden al año por la falta de economías de escala que lleven al fruto a mercados internacionales. 

Buscando la pomarrosa

No es fácil describir la pomarrosa. Es un rábano que intentó ser una manzana (o pera), sería una explicación burda y un poco perezosa. A grandes rasgos es un fruto rojo por fuera y blanco por dentro, con una dulzura muy especial, y tiene la particularidad de que emite un perfume similar al de una rosa. Pero siendo honestos, solo es posible entender el valor de este fruto al comerla, y lamentablemente ya no se consigue en Bogotá. 

La fruta se da naturalmente, literal en el árbol de la vecina, en los departamentos del Meta, Guaviare, Vichada, Valle, Antioquía Tolima, Huila y ciertos municipios de Cundinamarca y Boyacá. Y en Bogotá los amantes del fruto podían intentar suerte buscándola en La Popular: la bodega de Corabastos en donde se encuentran las frutas exóticas. Pero, al parecer ya se perdió esa última esperanza. 

“Hace años no vendemos pomarosa en Corabastos. Las traíamos de Boyacá, pero los árboles ya no dan fruta. No sabemos qué les pasa”, explicó don Orlando, un tendero y comerciante de larga trayectoria en Corabastos. 

No es un hecho aislado. Al caminar por las diferentes bodegas Corabastos la pomarrosa es un recuerdo cada vez más difuso: “Creo que las vendían pasando los limones” dijo una tendera. Pero al caminar hacía la referencia indicada nadie dió razón sobre la fruta; “Una vez las ví en un puesto que trae marañón y otras frutas exóticas. Queda en La Popular, debajo de las escaleras, al lado de los baños”, dijo otro tendero. Pero al caminar hacía este lugar se encuentra una vez más a Don Orlando. 

Pero, si bien pueden haber problemas en ciertas regiones del país, la pomarrosa no se ha extinguido en Colombia. De hecho, entre diciembre de 2020  y enero de 2021 diferentes usuarios publicaron  fotos en Twitter celebrando que había cosecha. Además,los mismos tenderos de Corabastos reconocieron que en las plazas de mercado de Girardot todavía se ven las frutas cuando están en temporada.  Entonces, la escasez de este fruto en Bogotá y en las principales ciudades del país se debe a otros factores. 

Problemas pomarrosudos

No se puede olvidar que vender fruta en plazas de mercado y centrales de abasto es ante todo un negocio. El problema es que la pomarrosa es un reto desde varios puntos de vista: para empezar, según el periódico El Campesino, no hay cultivos tecnificados en Colombia.  La cosecha es artesanal, que no es suficiente para construir cadenas sólidas de distribución. 

Asimismo, es una fruta frágil, que se decolora y magulla con facilidad. Lo que requiere un sistema de empaquetado y logística especial para garantizar la calidad. Y finalmente, no dejará de ser una fruta exótica, por lo que tiene una demanda de nicho o que tomará un buen tiempo en masificarse. 

También se debe tener en cuenta las duras condiciones de los campesinos colombianos, pues según el Dane el 37,1% de personas en los centros poblados y rural disperso se encontraba en condiciones de pobreza multidimensional en 2020. Entonces, los productores, especialmente los pequeños, no están en la capacidad de desarrollar el mercado de la pomarrosa en Colombia. Por eso suelen preferir apostarle a las frutas más tradicionales. 

El ejemplo del aguacate hass

El aguacate hass en Colombia tenía varios de los problemas por los que sufre la pomarrosa. Pero en los últimos años se ha convertido en uno de los productos estrella del agro colombiano, pues tan solo en 2020 se exportaron más de US$144 millones de aguacate hass según el Ministerio de Comercio. 

Todo cambió cuando llegaron productores especializados que invirtieron para crear economías de escala con el aguacate hass en Colombia. Los recursos dieron soluciones en algunos de los puntos débiles de esta fruta, por ejemplo, se incorporaron las cámaras climáticas o de maduración para garantizar la calidad de producto de exportación. Asimismo, en algunas zonas implementaron estrategías de asociación para que los agricultores pudieran completar el volúmen para enviar grandes cargamentos en el exterior. 

De manera que las economías de escala podrían ser una solución para la pomarrosa. Pero en el caso del aguacate hass, este tenía a la mano un mercado consolidado y crecimiento en Europa y Estados Unidos en donde hay TLCs vigentes. Por lo que había incentivos claros para realizar estas inversiones. 

Mercado inesperado e inexplorado

En efecto, la demanda por las pomarrosas es uno de los principales factores que un inversionista consideraría para desarrollar economías de escala. Al invocar la Ley de Say, se podría argumentar que toda oferta crea su demanda; o mejor, que solo creando la oferta se desarrollaría la demanda de pomarrosas. Sin embargo, es claro que este concepto, que ya de por sí genera conflictos entre una corriente de la economía, no es suficiente para motivar una inversión de gran escala.

Pero lo que sí puede convencer a un inversionista pragmático es que el mercado mundial de exportaciones de pomarrosa ya existe. De hecho, la pomarrosa no es de Colombia, proviene del sudeste asiático pero fue introducida en América en el siglo XVII por medio de los ingleses desde Jamaica. Por esto, actualmente el fruto ya tiene un mercado maduro que más de un colombiano ignora. 

A nivel internacional a la pomarrosa se le conoce como “Rose Apple” (o Syzygium jambos),  un producto que según el portal Tridge.com se exportó por más de US$3.350 millones en 2020. Tan solo las exportaciones de Canadá a Estados Unidos sumaron más de US$233 millones. 

De esta manera, al igual que con el aguacate hass, las pomarrosa tienen a la mano un destino con TLC y con una atractiva demanda. Además, en estos destinos no solo se importa la fruta, sino que también se consumen productos con valor agregado como la mermelada de pomarrosa. Lo que hace aún más atractivo este mercado para inversionistas tempranos. 

De hecho, si la pomarrosa logra apoderarse de tan solo el 10% del mercado entre Canadá y Estados Unidos, las ventas superarían a las que registraron las exportaciones colombianas de productos lácteos y huevos en 2020 (US$17 millones según el Dane). Son cifras nada despreciables, que podrían atraer a más de un inversionista.  

Esto significa que el hecho que Don Orlando ya no venda más pomarrosa en Corabastos es un asunto de interés nacional, pues la economía colombiana se pierde de diversificar su canasta exportadora y explotar un nuevo producto agrícola multimillonario. Todavía no es tiempo de cantar réquiem por la pomarrosa. 

• Por: Juan Esteban Buitrago / IG: @_jebuitrago
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Las cuarentenas por el COVID-19 y el trabajo en casa han sido un catalizador para el declive de estos micronegocios que, según Portafolio, fueron tan exitosos y famosos a finales de la década pasada. Sin embargo, el problema de estos negocios viene de tiempo atrás, pues ya desde hace algunos años han cerrado más cibercafés de los que se han abierto, especialmente en grandes ciudades.

El café internet es un sitio reconocido y recordado por muchos de los colombianos. Hace unos años era indispensable que en cada barrio de las ciudades y municipios principales del país hubiese uno, especialmente en sectores de clase media y baja. Por cierto, lo de café es solo el nombre, pues más que vender café, se venden bienes misceláneos y, en algunos casos, de cigarrería. De hecho, medios como Portafolio tildaban a estos negocios como el micronegocio con mayor auge del país para 2008. Sin embargo, desde finales de la década pasada este sector ha venido decayendo debido al cada vez más fácil acceso a internet en los hogares y, durante los últimos meses, al impacto del coronavirus.

Ahora bien, no es posible hacer el cálculo exacto de cuántos cibercafés han cerrado en el país ya que es un negocio que, en la mayoría de los casos, es informal. Sin embargo, luego de hacer un análisis de la encuesta de micronegocios del DANE (2019), en Colombia los locales de Información y Comunicaciones encuestados – rubro en donde se encuentran los cibercafés – representaron aproximadamente un 2% del total de micronegocios del país, mientras que, según datos de Infocomercio, para 2017 los café-internet representaban el 5%. Ahora, si se analiza más atrás, para 2013 representaban alrededor del 6.4% del total de micronegocios del país. Así mismo, de acuerdo con el censo comercial de Servinformación, apenas entre 2013 y 2017 cerraron 9.598 locales de cibercafé. Esto, sin duda alguna, da luces de la tendencia a la baja que ha venido presentando el sector desde hace varios años.

Las voces

Milton Antonio Ospina, dueño desde hace más de ocho años de un café-internet en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, menciona que “en mi negocio se vende todo lo que tiene que ver con Internet, recargas, minutos, papelería, fotocopias, escáner, impresiones, trabajos a computador, tanto universitarios como escolares… principalmente eso”. Adicionalmente cuenta que “anteriormente el servicio de minutos y de Internet por tiempo era el mayor ingreso que se tenía”.

Es importante aclarar que en los municipios del país en donde los ingresos promedio no son tan altos como en una ciudad grande, algunos de estos negocios seguían sobreviviendo con alguna rentabilidad, al menos hasta que llegó la pandemia. Por ejemplo, en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, sobrevivía un café internet con más de 15 computadores ubicado en plena plaza central del pueblo, uno de los lugares más caros para rentar local. Así mismo, Milton cuenta que “antes de la pandemia las ganancias netas estaban alrededor de 50.000, 60.000 pesos diarios libres”, por lo que el negocio seguía siendo medianamente rentable, según él.

Sin embargo, “el sector de los café-internet, en todos los municipios y aquí en Chiquinquirá está tendiendo a desaparecer. La gran mayoría de los que sobrevivimos de tiempo atrás han empezado a vender sus equipos y a acabar con lo poco que tienen”. Así, Milton expresa la decadencia a la que se ha venido enfrentando el sector, en el cual muchos de los propietarios han tenido que cambiar sus negocios por panaderías, misceláneas, entre otros, o acudir al rebusque diario para sobrevivir.

La caída de red

Es en este punto donde vale la pena preguntarse ¿cómo han sido los efectos de la pandemia sobre el ya golpeado sector del café-internet? Catastróficos. “En este momento de la pandemia las ganancias se han visto afectadas enormemente debido a que no se pueden vender de la misma forma lo que se vendía antes: lo que es el tiempo en los computadores […] y los minutos tampoco se pueden vender, que era de lo que más ganancia daba” indica Milton. “De tiempo atrás esto ha venido desapareciendo, pero gracias a, no gracias no, por culpa del COVID, los café-internet van a desaparecer mucho más rápido”.

Pero esto no es todo. El trabajo y estudio en casa pueden incrementar los efectos negativos a largo plazo para estos comerciantes. Esto se ve reflejado en datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, de donde es posible observar que, mientras en 2009 solo el 21.1% de los hogares colombianos encuestados tenía acceso a Internet en su casa, en 2018 casi el 50% de estos tenían acceso a la red – la mayoría en la región Andina y caribe del país. Ahora, teniendo en cuenta lo expresado por Milton y la coyuntura actual, es posible que esta cifra haya aumentado en los últimos meses, lo que le sigue restando clientes al sector del cibercafé.

“No creo que luego de la pandemia retomen la fuerza los café-internet debido a que la gran mayoría de las familias tuvieron que conseguir su computador y su Internet y ya este servicio pasaría a un segundo plano […] no creo que dure más de tres o cuatro años el servicio de internet de la forma como se venía viendo”, indica Milton.

Es evidente, entonces, que el micronegocio más rentable en Colombia hace apenas 10 años ha sido golpeado por los avances tecnológicos y, en los últimos meses, ha recibido la estocada final por parte del COVID-19. Como bien dice Milton, “de aquí a cinco años la verdad no creo que tengamos este negocio, la verdad esto ya está mandado a recoger”. El café-internet, entonces, se convirtió en un sector olvidado por la opinión pública, por muchos ciudadanos y por el Gobierno, especialmente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) el cual no se ha pronunciado sobre la situación durante esta coyuntura. Desafortunadamente, de seguir así, puede que el sector se quede en el olvido para siempre.

• Por: Sergio E. Hernández Ramos (@SEHernandezR)
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Hace poco más de un mes, Marc Hofstetter se quejó en Twitter de cómo está funcionando el pago con tarjeta de crédito en medio de la coyuntura actual de salud pública. Anotó que es un contagio asegurado: no solo es necesario intercambiar la tarjeta y la cédula con el cajero, sino que también se debe firmar utilizando un esfero compartido con otros cientos de personas. Comparto su crítica. Esta práctica, como otras tantas, se debe reevaluar a la luz de la pandemia.

Lo primero que alguien podría pensar es que sin firma del voucher no hay transacción. Esto es un mito. Ese papel no es una factura, y mucho menos un pagaré: tan solo es un comprobante de que quien realizó la transacción es, efectivamente, el titular de la tarjeta. En un país como Colombia, en el que el fraude con tarjeta de crédito es usual, el voucher permite corroborar la identidad de quien utilizó la tarjeta, y de paso también es una muestra del nivel de diligencia del establecimiento de comercio. Entonces, más que una formalidad, es un mecanismo de autenticación.

En otras latitudes ya existen mecanismos de autenticación que hacen que la firma sea no solo obsoleta, sino primitiva. El estándar EMV, por ejemplo, permite que la autenticación se haga a través de un PIN. También hay tecnología que permite que no haya contacto: el contactless payment se ha implementado con éxito en algunos países de Europa, donde no es siquiera necesario que la tarjeta toque un datáfono. La identificación por radiofrecuencia, por ejemplo, permite que existan métodos de pago como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc. Sin embargo, todo lo anterior necesita no solo de una infraestructura avanzada, sino también de un proceso cultural importante.

Adicionalmente, la práctica de firmar no solo es arcaica sino también, en muchos casos, ineficaz. En más de una ocasión mi firma fue un mamarracho garabateado de afán, lo cual resulta contraproducente para los fines de autenticación pretendidos. Una amiga, mucho antes de la pandemia, me comentó que ella no ponía su teléfono real en el voucher, por miedo a que la acosaran después de una transacción. Sospecho que estos eventos no son la excepción, sino más bien la regla, lo que pone en entredicho la efectividad de la autenticación por firma.

En el contexto colombiano, aunque ya exista la infraestructura para hacer pagos contactless, parece que su máximo potencial está lejos de alcanzarse. Mientras se tenga que seguir firmando cuando la transacción supera ciertos montos, seguirá siendo incómodo y un riesgo de contagio. En el corto plazo podemos pensar en mecanismos transitorios que puedan reemplazar la firma como autenticación. En España, donde utilizan el EMV, permitieron las transacciones sin PIN. Existen posibilidades que no implican renunciar al escrutinio de las transacciones: pueden ir desde un registro fotográfico hasta aplicaciones de verificación que permiten usar el celular para autorizar la transacción. Pagar con tarjeta de crédito no tiene por qué ser una sentencia inexorable de contagio.

Por: Óscar Andrés Martínez

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Según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional a través del Decreto N.° 1001 de 2006, un estudio de doctorado corresponde a un “programa académico de posgrado que otorga el título de más alto grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad”. Pero ese “ejercicio académico e investigativo de alta calidad” que afirma el decreto, ¿hasta qué punto es cierto? Porque la inversión en investigación y desarrollo en Colombia representa una proporción mínima del Producto Interno Bruto. La remuneración por tener un PhD en Colombia está por debajo de la de un político y, lo más incomprensible, es que a cualquier curso de cuatro semanas en el exterior ya le dicen doctorado. Con las anteriores premisas el interrogante es: ¿sirve tener un PhD en Colombia?

Para nadie es un secreto que el subdesarrollo de un país se corresponde en gran medida con la inversión en investigación y desarrollo que realice según el PIB. Para destacar, el porcentaje del PIB en gasto en investigación y desarrollo para Colombia en 2017 fue de 0.244% de acuerdo con el Banco Mundial[1]. Este porcentaje está por debajo y muy distante de países como España (1.18%), Canadá (1.57%), Alemania (2.93%), Estados Unidos (2.77%), nuestros vecinos Chile (0.32%) y Brasil (1.26%). Estos dos últimos resultados son bajos en comparación con los países desarrollados, pero aun así son superiores a los de Colombia, lo cual es preocupante.

Otro aspecto de análisis sobre el porcentaje de inversión del PIB en investigación y desarrollo está en la clasificación de las universidades a nivel mundial, esto con relación a las calificaciones de las mejores universidades de Latinoamérica. Aquí solo alcanzamos a estar entre los veinte primeros puestos, porque el primer puesto lo tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile y el segundo la Universidad de São Paulo. Lo anterior evidencia que aún estamos lejos de esos altos estándares de calidad.

Dicho esto, podemos darle una mirada al anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020 presentado por el Ministerio de Hacienda[2], el cual indica que el valor destinado para Ciencia, tecnología e innovación será de $ 227.153.923.999 millones de pesos, mientras que para el Ministerio de Defensa en estas épocas de postconflicto correspondería a $14.987.894.655.084 millones de pesos. Finalmente, el presupuesto para educación será de $40.634.315.795.227. Es notable el desequilibrio entre un presupuesto y otro, razón por la cual continuamos en la categoría de país subdesarrollado.

En un análisis rápido, la inversión en Ciencia, tecnología e innovación corresponde a un 2% del presupuesto para Defensa y un 1% del presupuesto para educación. Con las cifras anteriores, se demuestra que no existe presupuesto para cumplir con un objetivo que conlleva el realizar un doctorado, que según Colciencias sería “la capacidad de proponer y ejecutar estrategias encaminadas a resolver preguntas de investigación, desarrollando proyectos que conlleven a la generación, transferencia y uso de nuevo conocimiento, los cuales se pueden desarrollar en diferentes sectores como la academia, empresas, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y entidades públicas, entre otros ámbitos[3]”.

Esa poca inversión genera la situación denominada cerebros fugados, donde los profesionales que desarrollan estudios de alto nivel académico (como un doctorado) prefieren irse o quedarse fuera del país y desarrollar allí sus habilidades en investigación, encontrando mejores oportunidades con mayor remuneración laboral, sin dejar de lado la academia. Esto se da porque el Estado no proporciona las condiciones óptimas para mantener en el país a los profesionales con este tipo de estudios académicos.

El otro aspecto es el salario de un profesor con PhD, el cual en promedio y según datos publicados en el diario La República[4] corresponde a once millones de pesos cuando se es de tiempo completo. Como comparación están nuestros honorables congresistas, quienes este año ya ganan la irrisoria cifra de $32.741.000. Esto nos permite ver que el salario de un PhD está por debajo de la mitad de lo que gana un congresista, sin dejar de lado que para ser un PhD en Colombia hay que estudiar una carrera universitaria de cuatro o cinco años, más un título de maestría que dura dos años, más los cuatro o cinco años que dura el periodo de estudio de un doctorado, es decir, son en promedio doce años de estudios. Mientras que, para ser congresista, a parte de los votos, hay que cumplir con los requisitos de tener título de bachiller y ser mayor de 18 años.

Teniendo en cuenta que los PhD entregan resultados en publicaciones e investigación que aportan al desarrollo del país, y que todos sabemos cuáles son los resultados que entregan los congresistas en cada periodo legislativo, podemos evidenciar que no sirve tener un PhD en Colombia.

Además, están los cursos de cuatro semanas, bien sea en forma presencial o virtual, en universidades prestantes de países desarrollados como Estados Unidos, Francia, entre otros, en donde se presenta la no muy amable situación de que, para enaltecer su currículo, a estos cursos les dicen doctorado. De ahí que el dicho popular que dice que “a cualquiera se le puede decir doctor” tome mucha más seriedad por estos días. Algunos incluso pueden llegar al punto de mentir sobre los títulos académicos obtenidos para hacerse pasar por un personaje preparado y así ganar unas elecciones populares. Tal como sucedió en Bogotá, donde el alcalde afirmó tener título de doctorado de una universidad en París y resultó siendo solo un estudio de menor equivalencia. Este tipo de actuaciones lo que generan es la desacreditación y desvalorización de obtener de un título de PhD.

Finalmente, el hecho de tomar la decisión de realizar un doctorado es una labor netamente personal, pero implica preguntarse si tener un PhD en Colombia es fructífero. Sin lugar a dudas la premisa de que estudiar un doctorado permite obtener una mejor calidad de vida y mejores ingresos puede ser real, pero dadas las cifras de desempleo y que un título de esos conlleva a que se debería tener entre 40 a 45 años de edad (si cuentas con suerte), y que, al parecer, para el mercado laboral colombiano después de los 35 ya eres viejo, al final con lo primero que se debe contar es con realizar un análisis costo beneficio para tomar una decisión tan importante. Es claro que un posgrado de esa índole es bastante costoso, tanto a nivel económico como de tiempo, y teniendo en cuenta aspectos tanto profesionales como personales, se podrá tener la certeza de afirmar que no es claro si sirve tener un PhD en Colombia.

[1]https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=CO

[2]http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PresupuestoPublicoNacional/PresupuestoGralNacion/PGN/AntPGN2020;jsessionid=yp9JmI4hQUx9I4PDERphXkauuAkaY4aGd84yoG2Cgwp3QE1ET0Af!-747036021?_adf.ctrl-state=ud8iv6vy_4&_afrLoop=6145829472789592&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D6145829472789592%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D110fujo5zy_4

[3] https://www.colciencias.gov.co/colciencias-dev/pagina/para-que-realizar-un-doctorado

[4]https://www.larepublica.co/alta-gerencia/asi-es-el-salario-de-los-profesores-en-las-mejores-universidades-del-pais-2780195

Por: Óscar Andrés Martínez

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La economía ambiental, definida por el economista Barry Field, consiste en la aplicación de los principios económicos al estudio de la gestión de los recursos ambientales. Recursos que en el caso de Colombia son abundantes, ya que según la comunidad científica somos el segundo país mega diverso del mundo. Sin embargo, esta herramienta no sirve para nada en Colombia, ya que los impactos ambientales generados por los casos como la Hidroeléctrica de Ituango y el aumento de la deforestación en la selva del Amazonas, causan severos daños a la economía y al bienestar de las personas, no solo en el sitio donde ocurre el impacto sino en todo el país. Sus efectos sobre los bienes y servicios ambientales no se evidenciarán en los siguientes meses: estos se van a mantener por varios años e incluso décadas.

El medio ambiente provee una serie de bienes y servicios al ser humano, los cuales se clasifican en: regulación del agua en el caso de las inundaciones; regulación del clima en estos tiempos de alteraciones climáticas; aprovisionamiento a partir de productos que provee el ecosistema, como cultivos, carne, peces y demás insumos; también están los servicios de soporte, que permiten la dispersión de semillas y el desarrollo de hábitats para especies; finalmente, el servicio ecosistémico cultural, el cual corresponde a beneficios no materiales, como la recreación a través del ecoturismo.

Los bienes y servicios ambientales de estas zonas del país han sido afectados en diferentes proporciones por causa de esos impactos, y es aquí donde la economía ambiental debería jugar un papel fundamental para cuantificar y valorar económicamente las consecuencias de esos impactos.

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Para hacerlo, la economía ambiental dispone de unas herramientas que se denominan metodologías de valoración económica ambiental, las cuales, a través de diversas técnicas como entrevistas, modelos econométricos, precios de mercado, entre otras, permiten estimar cuánto vale la afectación de los impactos sobre bienes y servicios ambientales.

En un contexto legal, existen dos resoluciones para cuantificar el valor económico de las afectaciones sobre bienes y servicios ambientales. La Resolución 1669 de 2017 estableció los criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental. Aquí se estipula cómo deben ser valorados los impactos positivos y negativos para los proyectos que requieren una licencia ambiental. En segunda instancia aparece la Resolución 1084 de 2018, “por la cual se establecen las metodologías de valoración de costos económicos del deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales”.

Cada una de estas resoluciones se puede aplicar de manera apropiada, tanto en el proyecto de la Hidroeléctrica de Ituango, que tiene licencia ambiental, como en el aumento de la deforestación en la selva del Amazonas, cuyas consecuencias son el deterioro del medio ambiente. En ambos casos estas metodologías pueden proveer insumos para establecer cuánto vale lo que estamos perdiendo en medioambiente como sociedad.

Por esto digo que la economía ambiental no sirve para nada en Colombia: porque dichas resoluciones se están convirtiendo en solo el cumplimiento de un requisito más dentro del proceso de la solicitud de una licencia ambiental ante la respectiva autoridad y de acatamiento para los requerimientos y compromisos al momento de entrar Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, cada evaluador tiene su propio criterio de evaluación y a eso se le suma la superioridad con la que algunos creen tener la última palabra cuando emiten los conceptos económicos en las licencias ambientales.

En el caso de las licencias ambientales, las metodologías de valoración económica ambiental, en vez de ser un instrumento robusto y de soporte para la toma de decisiones, se convierten en un relleno dentro del estudio de impacto ambiental, que, en el caso de la hidroeléctrica, las evidencias muestran que dicha investigación no contempló todos los escenarios que podrían causar una catástrofe ambiental, tal y como se pudo ver el mes anterior en esa zona.

Los impactos ambientales generados por ese proyecto deberían ser valorados económicamente de tal forma que se demuestre cuál es el valor económico de la pérdida de los servicios ecosistémicos afectados. Así mismo, cuánto vale la deforestación que se está realizando en la selva amazónica. Lo anterior, para que se exponga cuánto le va a doler a nuestro bolsillo.

Este último se verá afectado por el deterioro de los bienes y servicios ambientales, lo que se reflejará en un aumento de tarifas de servicios públicos como la energía y el agua, y también estará la carestía en los alimentos básicos, porque si continúan las obras que alteran el medio ambiente, la economía no funcionará sin el medio ambiente[1]. Con el incremento de la deforestación y la tala indiscriminada de árboles, se afectará la salud y por consiguiente los costos de tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Los lamentos en redes sociales por parte de la comunidad en general y los gurús ambientales del país, hacen que las noticias acerca de estos problemas se conviertan en ruido mediático. Lo anterior le da la razón al encabezado de este artículo, pues los impactos ambientales tienen consecuencias, pero no solo de esta índole, sino también en nuestra economía.

Este es uno de los grandes problemas que tiene el medioambiente: si desde las entidades a cargo de protegerlo no se hace un desarrollo robusto, idóneo y útil de la economía ambiental para toma de decisiones en la evaluación y medición económica de los problemas ambientales del país, seguiremos viendo cómo estos son tomados como temas de segunda mano.

P. D.: Los ciudadanos designados por la comunidad académica como gurús ambientales, se han dedicado a través de los años, por medio de las redes sociales y foros, a criticar el manejo ambiental del Estado con la justificación de que tienen la verdad absoluta en estos temas y que nadie los objeta por llevar años en este medio y ser de alguna universidad importante. ¿Por qué no presentan propuestas concretas para mejorar la administración de los recursos naturales independientemente del mandatario de turno y así dejamos el ambientalismo inocuo?

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[1] http://elmaleconomista.com/la-economia-no-funciona-sin-el-medioambiente/

• Por: Fernando Dueñas
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Los últimos gobiernos de turno en el palacio Liévano han ofrecido modelos de una ciudad renovada y más segura, en la que la calidad de vida de todos mejore. Sin embargo, el resultado se hace evidente, hoy la ciudad viene viviendo procesos de gentrificación gracias a una renovación urbana que no ha sido integral y que no tiene en cuenta que la conducta de los habitantes como parte de la ciudad.

Independiente de la nueva cara que el centro de Bogotá viene recibiendo gracias a edificios opulentos, como el BD Bacatá o el proyecto Torres Atrio (lo que claramente no soluciona problemas de fondo como la recuperación del tejido social o la apropiación por el espacio público), el barrio Santa Fe, ubicado a no más de 900 metros de estos megaproyectos, sigue consumiéndose en el olvido, la delincuencia y la decadencia del comportamiento social. Frente a esto, voy a exponer mi percepción sobre la situación de este barrio, la responsabilidad de las instituciones y los ciudadanos, los impactos de mantenerlo en manos de clubes nocturnos, economías subterráneas, una fuerza pública inútil y una solución viable desde una perspectiva interdisciplinaria.

Por mencionar brevemente a modo de reflexión histórica, el Santa Fe llegó a ser uno de los barrios con mejor dinámica arquitectónica y social de la ciudad hasta la primera mitad del siglo veinte. Y es que en este barrio vivieron personajes de la talla de poetas como León de Greiff y músicos como Oriol Rangel. Como lo indica Piñeros (2010) las casas de arquitectura inglesa y alemana hicieron del barrio la morada para la liberación del pensamiento político y literario de la época, rompiendo el paradigma de las costumbres conservadoras de la sociedad.

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo 20, de la misma forma como se consuma la compleja vida de un poeta, el Santa Fe se transformó de forma sostenida en una zona en la que el crimen, la prostitución y la débil presencia institucional dieron paso a un lugar en el que vivir es todo un desafío. Esta transformación se ha profundizado a partir del decreto de la Alcaldía Mayor en 2002, que definió al barrio como Zona Especial de Servicios de Alto Impacto. Asimismo, la pérdida de patrimonios históricos como la casa de Greiff sigue consumiendo al barrio.

Ahora bien, teniendo claro que la problemática del barrio se encuentra en cierta medida estandarizada por decreto de la Alcaldía, lo que impide establecer acuerdos que sean capaces de recuperar el entorno del barrio y su habitabilidad, debe reconocerse que el Santa Fe tiene una ubicación envidiable dada la cercanía al centro administrativo y su fácil conexión con el norte de la ciudad. Estas características hacen del barrio un objeto de interés para los próximos años en términos de planeación urbana.

Por otra parte, debe señalarse la responsabilidad de instituciones como planeación distrital y la Alcaldía Mayor, dado que está en manos de la primera ampliar el alcance del plan de renovación del centro de la ciudad[1] para de esta forma mejorar las condiciones del barrio. Y está en manos de la segunda derogar o hacer cumplir el decreto, brindando mayor presencia de policía en el sector, y proponiendo medidas de acompañamiento a los ciudadanos que residen en el barrio con el fin que se apropien del mismo. De igual forma, los ciudadanos tienen responsabilidad en llevar procesos de accountability social convocando a la rendición de cuentas de las instituciones mencionadas.

Ahora bien, suponiendo que este decreto no sea derogado para mejorar la gobernabilidad del barrio y que el destino de este continúe influenciado por grupos de poder ilegales, los muros de desigualdad continuarán ocultando la realidad del barrio. Si bien Bogotá no es ajena a estos muros (como pasa en la carrera 7 al norte de la ciudad), el Santa Fe ha venido sufriendo un encerramiento durante los últimos 40 años, debido a que los desarrollos urbanos alrededor del barrio no han contemplado una recuperación con un alcance que se extienda al occidente de la avenida Caracas. Esta situación continúa afectando al barrio en términos de seguridad y calidad de vida, lo que se traduce en menores oportunidades para la resiliencia social.

De cara a lo anterior una solución viable es la planeación urbana estratégica. En este sentido, la recuperación del barrio debe verse de forma interdisciplinaria, es decir, que más allá de requerir grandes proyectos de apartamentos o rascacielos empresariales, mejorar las condiciones del barrio, demanda el trabajo conjunto desde las ciencias sociales y humanas, con el fin de comprender mejor patrones de conducta, para el posterior diseño de políticas eficientes de cara a la apropiación del territorio por parte de los ciudadanos.

Dicho así, el barrio Santa Fe es más valioso de lo que hoy las empresas, la alcaldía, planeación distrital y los mismos ciudadanos ven (tal vez porque olvidaron la importancia histórica del barrio, o porque simplemente ven más estratégico invertir en zonas que no requieren recuperación integral). Sin embargo, es hora de volver la mirada al Santa Fe desde perspectivas de desarrollo alternativas que busquen un equilibrio entre la renovación urbana, la conservación del barrio y las interacciones sociales de quienes lo habitan.

Bibliografía
Piñeros, D. (2010). Transformaciones del barrio Santa Fe en la ciudad de Bogotá.

Cada autor es responsable por el contenido de su texto, el cual no refleja necesariamente la posición de El Mal Economista, ni compromete a los miembros de su comité editorial.
[1] http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/asi-es-el-plan-de-penalosa-para-renovar-el-centro-de-bogota

Fuente: Thinkstock

Por: Juan Daniel Bustamante

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Una de las primeras decisiones que los trabajadores enfrentan cuando ingresan al mercado laboral consiste en decantarse por un puesto de trabajo que brinde cuatro elementos fundamentales: (i) desarrollo profesional, (ii) funciones relacionadas con los temas o actividades que subjetivamente resultan más interesantes, (iii) la capacidad técnica o práctica para desempeñarse en determinada vacante, y (iv) la remuneración laboral. Queremos encontrar un empleo en el cual podamos crecer personal y profesionalmente, hacer lo que nos gusta, tener un buen ambiente laboral, sentirnos valorados y útiles en lo que hacemos y percibir una buena remuneración. Sin embargo, en ocasiones limitamos la decisión de qué empleo elegir de acuerdo con la remuneración mensual que nos proponen. Es un comportamiento racional buscar siempre progresar laboralmente, pero si usted está trabajando y le ofrecen un salario nominalmente mayor que el actual, tómelo con calma y analice el panorama completo. Aquí explicamos concretamente algunos factores a tener en cuenta antes de pasar de un contrato de planta a uno de prestación de servicios, o viceversa.

Un primer elemento a tener en cuenta es la vigencia del contrato. Si ambos son con término indefinido, este aspecto no debería afectar su decisión más que otros factores; pero si es un término fijo de un año o menos, debería incorporar un factor de riesgo en su decisión, que es el hecho de tener que preocuparse por buscar otro trabajo o una renovación una vez se acerque el final de la vigencia. Así que, analizado desde el punto de vista económico, usted debería buscar (y esperar) una remuneración superior en la vacante con menor duración.

Al analizar el tema de la remuneración, debe tener muy en cuenta las prestaciones sociales generadas por su vínculo contractual. La remuneración laboral se compone por dos grandes rubros: el salario, que es aquello que le pagan todos los meses; y el no-salario, que son todos los beneficios por hacer parte de la empresa/institución. Este último incorpora la prima, las cesantías (y sus respectivos intereses), las vacaciones, y todos aquellos beneficios extralegales. En las grandes empresas, éste último cobra mayor relevancia para la decisión, pues suelen ofrecer bonificaciones adicionales, primas por un mayor valor que lo legalmente estipulado, actividades de responsabilidad social empresarial, entre otros. En un contrato de prestación de servicios, legalmente no se contemplan los beneficios del no-salario.

Pasando a los números, los contratos de planta (CP, en adelante), a diferencia de prestación de servicios (CPS, en adelante), implican el pago de 2 salarios al año adicionales derivados de cesantías y prima (mitad pagada en junio, mitad en diciembre). Por lo que su primer punto de comparación para evaluar la mejor remuneración anual entre tipos de contrato, es confrontar 14 salarios de un contrato de planta, contra 12 de prestación de servicios.

Es clave tener en cuenta la relación entre el tiempo trabajado, y el tiempo por el cual le pagan. Mientras en el CPS se devengan 12 mensualidades por 12 meses de trabajo, en un CP percibe 14 salarios por 11,25 meses de trabajo, debido a los 15 días hábiles de vacaciones legales remuneradas. Además, por cada año que no reclame sus cesantías, la empresa le liquida un interés del 12%, por lo que usted recibe en total 14,12 salarios al año.

Ahora, pasemos a lo que descuentan. En un CPS, es el empleado quien se debe encargar de cubrir la totalidad de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensión), riesgos laborales (ARL, en adelante). Los aportes de salud y pensión bajo esta modalidad se cancelan sobre la base del 40% de la mensualidad recibida, y corresponden al 12,5% y 16%, respectivamente, que equivalen conjuntamente al 11,40% de su ingreso bruto mensual. Suponiendo que su empleo es de mínimo riesgo, debe pagar adicionalmente, por ARL el 0.522% del valor del contrato mensual. De otro lado, como persona natural le descuentan 6% de retención en la fuente si no declaró renta el año anterior, o 4% si sí lo hizo. En total, le descuentan entre 16 y 18% de su salario bruto.

En un CP, el empleador financia gran parte de los parafiscales, la totalidad de la ARL y caja de compensación (que es voluntaria si tiene un CPS, pero la paga el trabajador), y no le cobran retención en la fuente. Por salud y pensión se le descuenta 4% por cada uno, por lo que bajo esta modalidad usted recibe neto el 92% de su salario, contrastando con el 84% ó 82% de un CPS.

Para traducir lo anterior, en un ejemplo práctico, siga las siguientes tablas. Supongamos que hay dos individuos que reciben el mismo salario (Y) y ambos tienen contrato por un año, pero uno tiene CPS y el otro tiene CP. Luego de todas las deducciones, y ajustando por el tiempo trabajado, el salario anual mensual neto del que tiene CPS es 84% (o 86% si declara renta) de su salario mensual bruto, mientras el de CP recibe hasta 116% del mismo salario.

Entonces la diferencia mensual entre ambos es de 38,1% (32 puntos porcentuales). Con un ejemplo numérico: si Y es igual a 2 millones, quien tiene CSP recibe $1.680.000 y el de CP $2.320.000.

En este sentido, si desea mantener o mejorar su ingreso mensual pasando de CP a CPS, debería esperar tener un salario nominalmente al menos 38% mayor que su actual salario. Si actualmente se gana 2 millones con un CP, un CPS que lo deje con el mismo ingreso, debería ser de $2.761.905. Si usted no valora en absoluto sus días de vacaciones (no ajusta el salario por la cantidad de tiempo trabajado), la diferencia entre tipos de contrato sería de 29,4%.

Pero no todo es malo para los de CPS. Tienen la gran ventaja no estar legalmente sujetos a cumplimiento de horario (permitiéndole administrar el tiempo como lo desee), y a poder tener tantos contratos alternos como su capacidad y tiempo lo permitan, pudiendo devengar mayor cantidad de ingresos. Esta figura resulta favorable para las personas que ya poseen un amplio bagaje y son reconocidos por su experticia en los temas a los que se dedican.

Por lo que la recomendación es que, si usted recién comienza su vida profesional y/o no tiene suficiente experticia o reconocimiento como para tener más de un contrato, analice su panorama salarial a la luz de los cálculos anteriores, y no se deje llevar inmediatamente por lo llamativo que pueda ser resultarle el monto que le ofrecen.

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El presidente Santos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Congreso de la República han procedido mal ante el mercadeo multinivel. En lugar de haberlo reglamentado por medio de leyes inocuas cuyos propósitos no podrán ser cumplidos, debieron haberles solicitado a las organizaciones que practican en Colombia este “método de venta directa” que suspendan sus actividades en nuestro país.

Imagen: Taringa.net

El mercadeo multinivel o network marketing es una estafa. Sin embargo, no se lo ha definido así, pues es considerado como un método de venta directa en el que los productos y servicios son comercializados sin invertir en publicidad y sin recurrir a las cadenas tradicionales de distribución, sino construyendo redes de mercadeo. Estas redes están conformadas por agentes económicos a los que se conoce como distribuidores independientes, que son al mismo tiempo consumidores finales y vendedores. Como bien se sabe, las organizaciones de mercadeo multinivel les ofrecen a los infortunados a los que invitan a vincularse a ellas no solo “un excelente producto” sino que una “oportunidad de negocio” vendiendo los productos que dichas organizaciones fabrican, e invitando a muchas más personas a que también los consuman y vendan. En el mercadeo multinivel los distribuidores independientes son retribuidos por las ventas que realicen los distribuidores a los que ellos hayan vinculado a las redes mencionadas.

Pero, ¿por qué el mercadeo multinivel es una estafa?, me preguntará el lector. Por varias razones. En primer lugar, los grandes beneficios económicos que es posible obtener en ese esquema no provienen de la venta de productos a consumidores finales que no sean otros distribuidores. En realidad, estos beneficios generalmente resultan de comisiones por las ventas que realizan nuevos vendedores vinculados a las redes de mercadeo. Ahora bien, estas ventas tienen lugar en la misma red y los distribuidores entrantes solo serán recompensados adecuadamente por las ventas que realicen nuevos distribuidores que a su vez compren productos y recluten más personas (de esta manera, se forma una burbuja que explota cuando los últimos en entrar en la red pierden su dinero). En segundo lugar, los distribuidores independientes generalmente no ganan sino que pierden dinero por vender productos a consumidores finales que no hayan invertido en los productos de la organización. En tercer lugar, pocos de estos distribuidores ganan las millonarias ganancias que les son prometidas al principio. Y, en cuarto lugar, aquellos que terminan haciéndose millonarios es necesariamente porque otros pierden.

Podría aprovechar esta entrada de blog para explicar mucho mejor por qué el mercadeo multinivel constituye una estafa, pero en esta ocasión quisiera concentrarme en otro aspecto del problema. Lo sorprendente, lo indignante, lo escandaloso del mercadeo multinivel no es que sea una estafa, sino que los gobiernos mundiales, en lugar de prohibirlo tajantemente, lo toleren de diversas formas. Una de estas formas, acaso la más transparente (la más corrupta consiste en dejarse manipular por los poderosos lobbies de que se sirven estas organizaciones para impedir el escrutinio público sobre sus actividades), consiste en reglamentarlo. La Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos (FTC) condenó a Herbalife a pagar 180 millones de dólares y a reestructurar su modelo de negocio por haber engañado tanto a sus distribuidores como a los consumidores estadounidenses. Aunque hay razones para aplaudir la actuación de la FTC, esta comisión no ha dejado de considerar que el mercadeo multinivel constituye un negocio legal y legítimo. Por esta razón, Herbalife puede seguir desarrollando en Estados Unidos un esquema de negocios en el que, por ejemplo, el 1% de los distribuidores independientes se lleva el 88% de los beneficios económicos (Pershing Square Capital Management, 2012).

Tristemente, esta realidad no solo ocurre en otros países, sino que también en Colombia. Aquí, ante los retos que supone el mercadeo multinivel, el Congreso de la República, el presidente Santos y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo redactaron dos normas para reglamentarlo. Sin embargo, en lugar de haberlo tratado de regular con leyes contradictorias cuyos propósitos no podrán ser cumplidos, debieron haber aprendido del buen ejemplo de Bélgica que condenó a Herbalife a suspender sus actividades en territorio belga, e invitar a las organizaciones que practican en Colombia el mercadeo multinivel a que se vayan de nuestro país. No hacerlo no solo equivale a legitimar este cuestionable esquema, sino a tolerar los riesgos y los perjuicios que haya producido y pueda estar ocasionando.

DOS NORMAS INOCUAS  

Las herramientas legales que reglamentan el mercadeo multinivel en Colombia son la ley 1700 de 2013, que redactó el Congreso de la República, y el decreto 24 del 12 de enero de 2016, que promulgaron el presidente Santos y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Como explicaré más adelante, estas normas obedecen a objetivos justos y legítimos. No obstante, las leyes no deben ser evaluadas por sus propósitos sino por la calidad y coherencia de sus contenidos, la corrección de las disposiciones que comprenden, y, sobre todo, la capacidad de las mismas para hacer justicia. Ahora bien, dados los vacíos conceptuales y la inocuidad de la ley 1700 de 2013 y el decreto 24 del 12 de enero de 2016, es bastante probable que estas normas, en lugar de contribuir a la transparencia en las actividades de mercadeo multinivel, sirvan únicamente para legitimar y proteger a las organizaciones y personas que practican tales actividades.

Los propósitos con que fueron concebidas estas normas son justos e inobjetables. El artículo 1 de la ley 1700 establece los objetivos que la inspiran, a saber: preservar la transparencia en las actividades multinivel, preservar la buena fe, defender los derechos de aquellos que se dedican a estas actividades, proteger el ahorro del público y defender el interés público.

Hasta aquí todo muy bien. No encuentro ninguna razón para cuestionar los objetivos de la ley 1700. Es más, los comparto. La inutilidad de esta ley aparece al revisar su contenido. El artículo 2, que define el mercadeo multinivel, plantea que en una actividad multinivel deben concurrir tres elementos:

“1. La búsqueda o la incorporación de personas naturales, para que estas a su vez incorporen a otras personas naturales, con el fin último de vender determinados bienes y servicios.

2. El pago o la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole, por la venta de bienes y servicios a través de las personas incorporadas, y/o las ganancias a través de descuentos sobre el precio de venta.

3. La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas incorporadas para la respectiva actividad multinivel”.

Yo no soy abogado, pero aquí hay un problema. Estos tres elementos no aclaran si los bienes y servicios deben ser vendidos a consumidores finales que no hagan parte de las redes de mercadeo. Claramente, en una organización multinivel se venden bienes y servicios. Ahora bien, una cosa es vendérselos a los distribuidores potenciales que se quieren vincular a la organización para hacerse millonarios, y otra cosa vendérselos a consumidores finales que no hagan parte de las redes mencionadas. Las organizaciones de mercadeo multinivel no dejan de usar esquemas piramidales por el hecho de que se vendan bienes y servicios en las redes de mercadeo que emplean. Las enormes ganancias que un vendedor puede obtener en ese esquema generalmente no se derivan de ventas a consumidores finales sino de comisiones por las inversiones en productos que tienen que hacer nuevos distribuidores. En el mercadeo multinivel sí se venden productos, pero en sus mismas redes de mercadeo y con base en la promesa de volver millonarias a las personas que se vinculan a esas redes. Este es el problema del mercadeo multinivel, pero la ley 1700 no lo caracteriza bien, y por eso es probable que no sirva para defender la buena fe y el interés público, sino para legitimar a las organizaciones que lo practican. De ahora en adelante, cualquier organización de mercadeo multinivel que opere en Colombia podrá apoyarse en la definición citada y defender con ella la legalidad y legitimidad de sus actividades. ¡Gracias, presidente Santos! ¡Gracias, honorables congresistas!

Aquí está el quid del asunto, y por eso no me detendré mucho en el resto de la ley. Solo diré unas cosas más. Una parte de la ley expone los derechos de los distribuidores independientes. Algunos de estos derechos consisten en conocer los términos del contrato desde antes de que se realice la vinculación a la compañía, en solicitar información, en terminar el vínculo contractual de manera unilateral, o en recibir de manera oportuna e integral, en cantidad y calidad, los bienes y servicios ofrecidos por la compañía multinivel. No obstante, la formulación de estos derechos no contribuye a la prevención y resolución de las injusticias que sufren los distribuidores independientes. Ciertamente, los perjuicios que generalmente sufren quienes venden productos en organizaciones de mercadeo multinivel (por ejemplo, perder el dinero inicialmente invertido) no son producto de la violación de los derechos descritos antes.

Estos perjuicios resultan de que, con promesas exageradas, se invite personas naturales a que inviertan en un negocio que se reproduce no porque se vendan muchos productos entre consumidores que no pertenecen a las redes de mercadeo respectivas, sino gracias a los recursos de otros distribuidores que invirtieron antes, que contribuyeron con ello a forjar y aumentar las fortunas de quienes se encuentran en la parte más alta de la pirámide, y que, tras darse cuenta de que no habrían de obtener los mismos resultados de aquellos, se retiraron del negocio. Esto es lo que el Congreso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el presidente Santos debieron haber combatido, no solo cuestiones como, por ejemplo, el que una organización de mercadeo multinivel no aclare las condiciones de los contratos que haya firmado con determinados distribuidores independientes, lo que, sin embargo, está muy bien hecho.

El capítulo III de la ley 1700 faculta a la Superintendencia de Sociedades “con el fin de prevenir y si es del caso sancionar el ejercicio irregular o indebido de esta actividad (el mercadeo multinivel), y de asegurar el cumplimiento de lo prescrito en esta ley y en las normas que la modifiquen, complementen o desarrollen”. Esta parte de la ley sería graciosa si los perjuicios que causan las actividades de mercadeo multinivel no fueran tan graves. ¡El mercadeo multinivel es, en sí mismo, irregular, indebido, inmoral y fraudulento, y, por lo tanto, debería ser prohibido! ¡No hay un mercadeo multinivel legítimo y otro ilegítimo! La ley 1700 le da un conjunto de facultades a la Superintendencia de Sociedades para vigilar y sancionar a las multinivel que no cumplan con la ley. Si hay suficiente evidencia de que estas organizaciones “no están cumpliendo los requisitos o exigencias legales”, la Superintendencia de Sociedades puede emitir órdenes de suspensión preventiva. Al leer el capítulo III de la ley 1700 pareciera que el Estado colombiano estuviera protegiendo correctamente el interés público, pero no es así. ¿Qué más da que se faculte a la Superintendencia de Sociedades para sancionar a las organizaciones de mercadeo multinivel cuando la misma ley que otorga esas facultades legitima aquello que fundamenta los fraudes que cometen estas organizaciones?

El decreto 24 del 12 de enero de 2016 parece haber sido pensado para resolver los problemas derivados de los vacíos conceptuales y las imprecisiones de la ley 1700. Este decreto adiciona un artículo más a la ley 1700 que se justifica como necesario para que los objetivos de esa norma se puedan cumplir.

Este artículo está dividido en varias partes donde se precisan aspectos de la ley 1700. Me limitaré a la primera parte. Allí se establece que “el monto de la compensación o beneficio económico que la sociedad que realice actividades multinivel le pague al vendedor independiente (….) deberá guardar una relación de casualidad directa con la venta de los bienes y servicios que sean objeto de la actividad de esta sociedad. El solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial de la actividad multinivel no podrá dar lugar a beneficio económico o compensación de ninguna naturaleza aunque ella se realice por medio de reembolso”. Este fragmento me gusta. Es mejor que la definición vacía de la ley 1700, mucho más concreto, mucho más directo. Es evidente el propósito que guarda. “Sociedades del marketing multinivel, gánense el dinero honradamente, vendiendo productos a consumidores finales, no invitando más y más gente a invertir”, ha dicho el Estado. No obstante, ese fragmento tampoco es satisfactorio. A los que lo redactaron les faltó precisar que las ventas ¡deben ser ventas a consumidores que no hagan parte de las redes de mercadeo! Ya lo dije pero lo repito: el mercadeo multinivel no deja de ser una pirámide porque en ese esquema se vendan productos, sino porque no se puede ganar mucho por vender sino por invitar a más y más personas a que inviertan y vendan, la mayoría de las cuales, así compren productos, perderán lo que hayan invertido. Esa es la naturaleza del negocio, y no es posible cambiarla porque si se lo hiciera ya no estaríamos hablando de mercadeo multinivel. La única forma de impedir los perjuicios que el mercadeo multinivel ocasiona consiste en prohibirlo.

REFLEXIONES FINALES

Reconozco que es muy difícil prohibir las actividades de las organizaciones de mercadeo multinivel. Estas pueden sostener que los nuevos distribuidores independientes se vinculan a sus redes voluntariamente, que depende de estos hacerse millonarios (desafortunadamente, hay evidencia, poca pero suficiente, que puede ser empleada para defender esta afirmación), o que tienen un producto de calidad (esta no es una cosa totalmente cierta, indiscutible, y aún sigue siendo objeto de discusión entre un grupo de científicos, expertos y periodistas). Aunque la naturaleza fraudulenta de las actividades de mercadeo multinivel me parece irrefutable, no es evidente inmediatamente. Estas actividades dependen de la participación voluntaria de otras personas, y benefician a algunas de ellas, a pocas en realidad. Sin embargo, si se tienen en cuenta los resultados económicos que mundialmente obtienen estas organizaciones, la manera como se obtienen ingresos a través de ellas, los perjuicios que representan para la mayoría de los distribuidores, quienes invierten su dinero y su tiempo tratando de comercializar sus productos, se podría entender por qué este negocio no se puede regular, al ser fraudulento en su misma naturaleza. Ojalá que el presidente Santos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Congreso de la República lo hubieran comprendido antes de redactar dos normas inocuas que muy seguramente contribuirán al logro de objetivos contrarios a aquellos para los que fueron diseñadas.

BIBLIOGRAFÍA      

Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, FTC (s. f.) Multilevel marketing. FTC. Recuperado de https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/multilevel-marketing

Congreso de la República de Colombia (27 de diciembre de 2013). Ley 1700 de 2013. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201700%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf

FitzPatrick, Robert L. (s. f.). The big 10 lies of multi-level marketing. False Profits. Recuperado de http://www.falseprofits.com/MLM%20Lies.html

Muñoz, Juan Camilo (s. f.). Que es marketing multinivel. Juan Camilo Muñoz. Recuperado de http://juancamilomunoz.com/que-es-marketing-multinivel/

Organización de Consumidores y Usuarios, OCU (22 de diciembre de 2011). Herbalife, condenada en Bélgica. OCU. Recuperado de https://www.ocu.org/alimentacion/adelgazar/noticias/herbalife-condenada-en-belgica566194

Peñuela Ortiz, David A. (19 de agosto de 2015) Compañías multinivel no son una pirámide. La Republica. Recuperado de http://www.larepublica.co/compa%C3%B1%C3%ADas-multinivel-no-son-una-pir%C3%A1mide_289961

Pershing Square Capital Management, L.P. (20 de diciembre de 2012). Who wants to be a Millionaire? Facts About Herbalife. Recuperado de https://assets.factsaboutherbalife.com/content/uploads/2013/01/09145402/Who-wants-to-be-a-Millionaire.pdf

Presidencia de la República de Colombia (27 de diciembre de 2013). Decreto 24 de 12 de enero de 2016. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2024%20DEL%2012%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf

Revista Dinero (16 de mayo de 2016). ¿Es realmente rentable vender en una multinivel? Revista Dinero. Recuperado de  http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/es-realmente-rentable-vender-en-una-multinivel/223672

Revista Dinero (11 de agosto de 2016) Famosos que apoyaron a las firmas multinivel: ¿se arrepintieron? Revista Dinero. Recuperado de http://www.dinero.com/internacional/articulo/los-famosos-que-terminaron-apoyando-multiniveles/227718

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La Agenda 2030 de la ONU merece ser aplaudida y criticada al mismo tiempo. Esta iniciativa retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio; propone una Alianza Mundial revitalizada, e invita por primera vez a luchar abiertamente contra el calentamiento global y la desigualdad. No obstante, supone una visión prehistórica y errónea del desarrollo; puede implicar darle más importancia a las transnacionales y los estados nacionales que a los ciudadanos y movimientos sociales en la toma de decisiones acerca de los problemas colectivos globales, y, por último, no invita a combatir las causas sino los síntomas de estos problemas.  

Fuente: www.responsabilidadsocial.mx

Durante la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realizó en septiembre de 2015, la Asamblea General aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que define como “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia” (Centro de Noticias de la ONU, 2015). La Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Según el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, estos objetivos “son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y la gente. Se trata de una lista de tareas para las personas y el planeta, y de un plan para el éxito” (Centro de Noticias de la ONU, 2015).

Para la ONU, la Agenda 2030 es una iniciativa internacional de carácter colectivo que busca beneficiar a la humanidad. Pero, ¿Será que eso si es verdad? ¿La Agenda 2030 si se ejecutará por todos y para el beneficio de todos? ¿Podemos creer en lo que la ONU nos informa sobre esta iniciativa? ¿Se debe aplaudirla o criticarla? A mí me resulta muy sospechoso el que la resolución de los problemas colectivos globales dependa de los mismos políticos de los que los ciudadanos desconfían mayoritariamente. No obstante, considero que la Agenda 2030 no debe ser respaldada ni cuestionada incondicionalmente. A mi juicio, hay particularmente 3 razones para aplaudirla y 3 razones para criticarla, las que quisiera analizar en este artículo:

3 RAZONES PARA APLAUDIR LA AGENDA 2030

1. 1.     Retoma los Objetivos del Milenio

Hay que observar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son lo mismo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM son ocho objetivos que, en el año 2000, los 189 países que pertenecen a la ONU se comprometieron a cumplir en 2015. La Agenda 2030, que incluye 9 objetivos más, “busca retomar los ODM y conseguir lo que estos no lograron” (Naciones Unidas, 2015). Según un informe que la ONU publicó en 2015, los esfuerzos realizados para alcanzar los ODM obraron resultados importantes pero insuficientes. Por ejemplo, durante los últimos 20 años hubo una gran disminución en la pobreza mundial. Mientras que en 1990 el 50% de la población mundial vivía con menos de 1,25 dólares al día, solo el 14% así lo hacía en 2015.

Se ha criticado a la ONU por no haber cumplido los ODM. Los cuestionamientos en este sentido son justos dependiendo de la forma como sean formulados. Yo creo que es justo criticar a la ONU por despertar expectativas imposibles y también por dar a entender que el cumplimiento de los ODM depende solo de los esfuerzos realizados tanto por los estados nacionales como por su parte. No obstante, no haber cumplido los ODM no es, en sí mismo, un motivo para criticar a la ONU. Ello no depende solamente de esta organización. Por el contrario, hay que celebrar que se haya avanzado en el cumplimiento de estas metas y, asimismo, hay que aplaudir a la ONU por invitar al planeta a ir mucho más allá de lo conseguido hasta este momento.

1. 2.     Propone una Alianza Mundial revitalizada

Como lo señaló el periódico El País de España, la Agenda 2030 se caracteriza porque invita a la sociedad civil, a la empresa privada y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a contribuir al cumplimiento de los ODS por medio de una Alianza Mundial revitalizada. Aunque esto crea un problema al que me referiré más adelante, supone un reconocimiento, tímido pero oportuno, de que resolver problemas como la pobreza, la falta de educación y el desempleo no depende de los burócratas ni los políticos, sino de los ciudadanos que día tras día participan en las relaciones económicas en que se basa el desarrollo, las empresas que son las que crean la riqueza, y las organizaciones que representan a los diversos sectores de la sociedad civil.

1. 3.     Invita por primera vez a combatir abiertamente el calentamiento global y la desigualdad

Otra crítica de que tiende a ser objeto la ONU consiste en promover medidas insostenibles e ineficaces para actuar en contra del calentamiento global. El mismo cuestionamiento resulta aplicable a las acciones contra la desigualdad contempladas en la Agenda 2030. Nuevamente, estas críticas son legítimas siempre y cuando sean entendidas como una saludable advertencia respecto a los medios con los que se pretende enfrentar los problemas ocasionados por los fenómenos climáticos o por las economías mundiales. El calentamiento global (que es un hecho y no una opinión) constituye un terrible problema que amenaza a la humanidad y, en consecuencia, debe ser combatido por medio de la Alianza Mundial revitalizada. Aporta mucho, con miras a la consecución de este objetivo, el que la ONU plantee por primera vez la acción por el clima como un objetivo global fundamental. Esto es resultado de la introducción del paradigma de sostenibilidad, según el que el desarrollo debe concebirse desde tres dimensiones: la económica, la social y la medioambiental. Esto explica, a su vez, porqué la lucha contra la desigualdad aparece también por primera vez como uno de los ODS. La ONU considera que el desarrollo es resultado de relaciones económicas justas, que beneficien a todos los ciudadanos, y que protejan la naturaleza.

3 RAZONES PARA CRITICAR DE LA AGENDA 2030

1. 1.             Supone una visión prehistórica y errónea del desarrollo

Está muy bien que la ONU convoque a la sociedad civil y a la empresa privada para resolver de los problemas mundiales. No obstante, el desarrollo no depende exclusivamente de las políticas globales diseñadas por agencias multilaterales como la ONU, el FMI o el Banco Mundial. Algo parecido se pensaba en la Unión Soviética y ya sabemos cuál fue el resultado. Aunque influyen en el desarrollo, más de una vez las políticas diseñadas por burócratas han ocasionado catástrofes económicas y sociales. El desarrollo depende de actores e instituciones no estatales (los trabajadores y las empresas principalmente), y también de las políticas locales implementadas por los estados. Como señala Ian Vásquez, esto debería ser reconocido abiertamente para que se planeen políticas multilaterales en aquellos aspectos donde pueden influir realmente y alcanzar resultados positivos.

1. 2.             Puede implicar darle más importancia en la toma de decisiones globales a las transnacionales e instituciones políticas que a los ciudadanos y movimientos sociales

La Alianza Mundial revitalizada que propone la ONU es una buena iniciativa, pero dependiendo de cómo se la aplique. Aunque por medio del trabajo conjunto se puede contribuir a que se cumplan los ODS, ello se puede traducir en que se le dé mucho más poder a las transnacionales y a los estados nacionales que a los ciudadanos y los movimientos sociales que los representan sobre decisiones cruciales. Para evitar este problema, resulta oportuno crear mecanismos democráticos de decisión acerca de los problemas colectivos globales. De otro modo, serán muy pocos y solo los más poderosos los que terminarán decidiendo sobre el resto. No obstante, la ONU no contempla la idea de democratizar mucho más la toma de decisiones sobre los asuntos que gestiona. Los ODS no son un contrato social, como cree Ban Ki-moon. ¡Necesitamos desarrollar contratos sociales para poderlos cumplir!

1. 3.             No invita a combatir las causas sino los síntomas de los problemas

Aunque se debe celebrar el que la Agenda 2030 convoque a la comunidad internacional a cumplir los ODS, se debe criticar igualmente el que no invite tanto que se ataquen las causas de los problemas colectivos globales como sus síntomas. Por ejemplo, habla de “reducir el hambre” o de “disminuir la desigualdad” sin llamar la atención sobre las causas que producen estos fenómenos económicos y sociales (como, por ejemplo, las injustas estructuras económicas mundiales o la exclusión histórica de las comunidades subalternas). No sostengo que la ONU deba, como creen algunas ONGs, encargarse de esta labor. Si la ONU se propusiera combatir las causas de los problemas globales se comprometería más allá de lo debido con posiciones políticas e ideológicas particulares, perdiendo su imparcialidad. No obstante, podría al menos invitar a los estados nacionales, a las empresas privadas y a las ONGs, entre otros, a identificar las causas que producen los problemas globales. Una discusión global, pacífica y democrática, acerca de estas causas, contribuiría mucho más que otros medios disponibles a que se cumplan los ODS.

Se me podría objetar que, cuando habla de enfrentar el calentamiento global o la desigualdad, la ONU adopta posiciones políticas discutibles (para muchos, por ejemplo, lo malo no es la desigualdad sino la pobreza). Si bien esto es cierto, tales posiciones no son acerca las causas sino del contenido de los problemas. Por fortuna, la mayoría de los países que pertenecen a la ONU están de acuerdo en cuáles son los problemas globales. Si la ONU tomara posición respecto a las causas de dichos problemas, podría dejar de representar las posiciones comunes de los estados nacionales que hacen parte de esta organización, creando temibles conflictos políticos.

La Agenda 2030 merece ser aplaudida y criticada al mismo tiempo. Se debe reconocer que constituye una iniciativa colectiva que busca coordinar los esfuerzos de múltiples actores e instituciones internacionales con miras a resolver problemas políticos, sociales y económicos que afectan a todo el planeta, y que, por lo tanto, requieren del trabajo conjunto de la comunidad internacional. Ahora bien, dicho trabajo no obrará los resultados esperados si no se traduce en acciones que se basen en una comprensión adecuada de las causas del desarrollo, que sean elaboradas de forma democrática, y que inviten a combatir las causas y no los síntomas de los problemas colectivos globales.

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