La entrevista aborda temas como la calidad de la educación, el papel de los maestros, la formación del pensamiento crítico, la educación pública y privada, el futuro de las universidades, las brechas sociales y el impacto que las decisiones políticas tendrán sobre las próximas generaciones. También se discute cómo la educación puede convertirse en un espacio para reconstruir la confianza, fortalecer la democracia y aprender, finalmente, a dialogar.

Una conversación serena y necesaria, crítica y de fondo sobre el presente y el futuro de Colombia.

Por eso la entrada en funcionamiento de la Plataforma del Legado del Centro Nacional de Memoria Histórica merece una lectura que va más allá del lanzamiento de un nuevo portal institucional. Lo que se pone a disposición del público no es simplemente una página web renovada, sino una infraestructura digital que reúne buena parte del patrimonio documental construido durante años alrededor del conflicto armado colombiano.

Durante más de una década el Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló investigaciones, entrevistas, informes, cartografías, archivos de derechos humanos, publicaciones, registros audiovisuales y materiales producidos junto con comunidades, organizaciones sociales, universidades y víctimas. Ese acervo, disperso hasta ahora en distintos repositorios, comienza a integrarse en un único ecosistema que permitirá consultar, descargar y cruzar información desde cualquier lugar del país.

La decisión tiene una importancia que no depende del gobierno de turno. Los archivos públicos adquieren verdadero valor cuando dejan de ser patrimonio de una administración para convertirse en bienes accesibles para investigadores, periodistas, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en comprender cómo se ha documentado uno de los periodos más complejos de la historia reciente de Colombia.

La plataforma está organizada en dieciséis grandes componentes. Allí conviven las investigaciones producidas por el Centro, el Archivo de Derechos Humanos, la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos y Memoria Histórica, el Observatorio de Memoria y Conflicto, el Museo de la Memoria, las exposiciones, los recursos pedagógicos, las iniciativas territoriales y distintos espacios audiovisuales que incluyen documentales, pódcast y registros multimedia.

Uno de los apartados más relevantes sigue siendo el Observatorio de Memoria y Conflicto. Desde hace años se convirtió en una de las fuentes de consulta más utilizadas por periodistas, investigadores y organizaciones nacionales e internacionales gracias a la sistematización de cifras, líneas de tiempo, bases de datos e informes que permiten observar la evolución de la violencia desde múltiples variables. La nueva plataforma facilita el acceso a esa información y la articula con otros fondos documentales que hasta ahora se consultaban de manera independiente.

También resulta significativa la incorporación de herramientas que permiten recorrer la memoria desde los territorios. Los Planes Territoriales de Memoria, los mapas del despliegue institucional y el espacio dedicado a las resistencias comunitarias muestran una dimensión menos conocida del trabajo del Centro: la construcción de memoria no ocurre únicamente en Bogotá, sino en cientos de municipios donde comunidades enteras han documentado su propia historia y desarrollado procesos de reparación simbólica.

Hay un aspecto que suele pasar inadvertido cuando se habla de digitalización. No se trata únicamente de conservar documentos, sino de garantizar su circulación. Durante años muchos de estos materiales existían, pero encontrarlos requería conocer previamente el funcionamiento interno de la entidad o navegar por distintos repositorios. Reunirlos bajo una misma arquitectura facilita el acceso y, sobre todo, amplía las posibilidades de investigación.

Ese esfuerzo adquiere una dimensión particular en un país donde la discusión pública sobre el pasado suele estar atravesada por interpretaciones enfrentadas. La existencia de archivos abiertos no elimina esas diferencias, pero ofrece un punto de partida común: los documentos. Es difícil sostener una conversación seria sobre la historia reciente cuando las fuentes permanecen dispersas o inaccesibles.

El lanzamiento de la Plataforma del Legado también deja una reflexión sobre el papel de las instituciones culturales. Con frecuencia se espera que produzcan nuevos contenidos, exposiciones o publicaciones, cuando una parte esencial de su trabajo consiste en preservar aquello que ya existe y asegurar que continúe disponible para las siguientes generaciones. La preservación documental rara vez produce titulares, aunque probablemente sea una de las tareas más silenciosas y duraderas del Estado.

A partir del 21 de julio, cualquier ciudadano podrá ingresar al portal institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica y recorrer millones de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano. Más que una actualización tecnológica, la Plataforma del Legado representa la consolidación de un archivo público construido durante años de trabajo con comunidades, investigadores y víctimas. En tiempos en los que la información parece cada vez más efímera, la existencia de un repositorio abierto, organizado y permanente constituye una noticia cuyo verdadero alcance probablemente solo podrá medirse con el paso de los años.

La polémica que rodeó a Andrés Bilbao por publicar una convocatoria para un trabajo no remunerado, dirigida a alguien con “hambre de aprender”, no debería agotarse en un intercambio de indignaciones en redes sociales. Sería desperdiciar una oportunidad para reflexionar sobre algo mucho más profundo: la relación que Colombia tiene con el trabajo, el privilegio y las oportunidades de su juventud.

Andrés Bilbao seguramente utilizó una expresión común en el lenguaje empresarial. “Hambre de aprender” es una metáfora frecuente para describir la curiosidad, la disciplina y las ganas de crecer. El problema es que las metáforas también tienen contexto.

En un país donde cerca de un tercio de la población enfrenta dificultades para acceder adecuadamente a la alimentación, donde millones de familias hacen cuentas para decidir qué comida pueden saltarse, el hambre deja de ser una figura literaria y se convierte en una realidad cotidiana. No se trata de personas perezosas ni de individuos que no quieran esforzarse. Se trata de una sociedad que, durante décadas, no ha logrado construir una arquitectura económica y social capaz de garantizar oportunidades suficientes para todos.

Por eso la frase produjo tanta incomodidad.

Pero el debate no termina ahí.

La discusión adquiere otra dimensión porque Andrés Bilbao no habla desde cualquier lugar de la sociedad colombiana. Gracias a su trayectoria empresarial, a su participación en compañías de enorme éxito como Rappi y a los resultados económicos que ha alcanzado, hoy pertenece a uno de los sectores más privilegiados del país. Y precisamente por eso sus palabras pesan más.

El privilegio no invalida una opinión. Tampoco convierte automáticamente a alguien en culpable. Lo que hace es aumentar la responsabilidad.

Quien ha logrado construir patrimonio, influencia y reconocimiento tiene también la posibilidad —y, en cierta medida, la responsabilidad— de contribuir a construir mejores estándares para quienes vienen detrás.

Por eso esta columna no es únicamente para Andrés Bilbao.

Es para todos los empresarios, emprendedores, líderes de organizaciones y personas que hoy tienen la posibilidad de ofrecer trabajo.

Porque durante demasiado tiempo hemos romantizado la precariedad.

Se volvió normal decirle a un joven que trabaje gratis para “ganar experiencia”, que acepte jornadas interminables porque “está aprendiendo”, que su remuneración será el networking, los contactos o la posibilidad de fortalecer su hoja de vida. Como si el arriendo pudiera pagarse con experiencia o el mercado del mes aceptara como moneda el aprendizaje.

El problema es que esa lógica termina reproduciendo desigualdades. Solo puede trabajar gratis quien tiene a alguien que financie ese privilegio.

Quien necesita pagar transporte, alimentación o ayudar en su casa simplemente queda excluido.

Hace algún tiempo el propio Andrés Bilbao contó una historia sobre sus años universitarios. Recordaba que un compañero le preguntó cuánto había obtenido en un examen y él respondió, con absoluta seguridad, que había sacado cinco. Cuando llegaron las notas descubrió que en realidad había obtenido tres. La enseñanza que extrajo era valiosa: el exceso de confianza, incluso cierta arrogancia, puede alejarnos de la realidad.

Creo que esa misma reflexión puede aplicarse hoy.

No porque exista mala intención detrás de la convocatoria, sino porque el éxito también puede construir burbujas. A veces uno deja de ver lo que para millones de personas resulta evidente.

Y ahí aparece una oportunidad extraordinaria.

Andrés Bilbao podría abrir una nueva convocatoria, esta vez remunerada. Podría apoyar desde su plataforma a jóvenes talentosos que necesitan una oportunidad real. Podría decir, sencillamente, que este episodio lo hizo reflexionar y que cambió de opinión.

No sería una derrota.

Sería una demostración de liderazgo.

Vivimos una época en la que muchos personajes públicos consideran que reconocer un error equivale a perder autoridad. Ocurre exactamente lo contrario. Equivocarse es humano. Rectificar fortalece la credibilidad. La humildad suele despertar afecto. La arrogancia, casi nunca.

Sin embargo, sería un error pensar que todo termina con Andrés Bilbao.

La indignación que despertó su publicación es, en realidad, el síntoma de una deuda mucho más grande.

Los jóvenes colombianos llevan décadas enfrentando un mercado laboral que les ofrece desempleo, informalidad, salarios insuficientes y barreras para iniciar una vida independiente. Esa deuda no pertenece exclusivamente al gobierno actual. Tampoco al anterior. Es una deuda histórica que ningún gobierno ha logrado saldar.

Por eso el mensaje también debe llegar al Estado.

No basta con promover el emprendimiento ni con celebrar historias individuales de éxito. La tarea fundamental de cualquier gobierno consiste en crear las condiciones para que el trabajo digno deje de ser un privilegio y se convierta en una posibilidad real para millones de personas.

Y el mensaje debe llegar igualmente al sector privado.

Quienes hoy tienen empresas, recursos o capacidad para contratar pueden ayudar a cambiar una cultura que durante demasiado tiempo confundió la formación con la explotación y la oportunidad con la gratuidad.

Quizá, dentro de algunos años, nadie recuerde aquella publicación en redes sociales.

Lo importante sería que sí recordáramos la conversación que produjo.

Porque el hambre de aprender siempre será una virtud.

El hambre real, la que todavía padecen millones de colombianos, nunca debería convertirse en el precio de una oportunidad.

Hoy, cuando la inteligencia artificial, el trabajo remoto, la economía digital y la educación híbrida se han convertido en parte del lenguaje cotidiano, vale la pena detenerse a mirar un caso colombiano que quizá no ha recibido toda la atención que merece.

La revolución digital no comenzó con las IA ni con las videollamadas durante la pandemia. Comenzó cuando alguien comprendió que la tecnología podía democratizar el acceso al conocimiento. En Colombia esa intuición tuvo un nombre: educación abierta y a distancia.

La pandemia terminó por darle la razón a quienes durante años fueron observados con cierto escepticismo. De un momento a otro, universidades de enorme prestigio descubrieron que debían aprender, en cuestión de semanas, aquello que la UNAD llevaba perfeccionando durante décadas. Lo que para muchos fue una solución de emergencia, para esta universidad era ya una cultura institucional.

No deja de ser llamativo que uno de los proyectos educativos más ambiciosos del país haya crecido lejos de los grandes reflectores. Hoy la UNAD atiende a cientos de miles de estudiantes distribuidos por todo el territorio nacional y en distintos lugares del mundo. Su presencia alcanza municipios donde durante muchos años la educación superior simplemente no existía. Allí donde construir un campus era inviable, la universidad encontró otra respuesta: llevar el campus a través de la conectividad, de centros regionales y de un modelo pedagógico diseñado para quienes trabajan, tienen familia, viven lejos de las ciudades o simplemente nunca habían tenido una oportunidad.

En un país donde la geografía ha sido tantas veces una condena, convertir la distancia en una oportunidad constituye una innovación mucho más profunda de lo que parece.

Las cifras son impresionantes, pero quizá lo más importante no son los números sino lo que representan. Cada estudiante que logra graduarse desde una zona rural, desde una población apartada o desde un municipio históricamente olvidado es también una victoria contra una de las desigualdades más persistentes de Colombia: la desigualdad en el acceso al conocimiento.

En buena medida, la historia del desarrollo económico puede leerse como la historia de la expansión educativa. Ningún país ha logrado dar el salto hacia una economía basada en la innovación sin ampliar radicalmente el acceso a la formación superior. Sin embargo, el siglo XXI plantea un desafío adicional: ya no basta con estudiar una carrera durante cinco años y ejercerla durante cuarenta. La velocidad del cambio tecnológico ha roto ese paradigma.

Los economistas hablan cada vez con mayor frecuencia del aprendizaje permanente, del lifelong learning. La formación continua dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad estructural. Las profesiones cambian, aparecen nuevas habilidades, otras desaparecen y millones de trabajadores deberán actualizarse varias veces a lo largo de su vida laboral.

En ese contexto, universidades flexibles, digitales y capaces de acompañar procesos de formación permanente adquieren una importancia estratégica para cualquier país.

A esto se suma otro fenómeno silencioso: la transformación demográfica. Colombia envejece. La población joven comienza a reducirse mientras aumenta el número de adultos que necesitarán reconvertirse profesionalmente varias veces durante su vida. La universidad del futuro ya no estará dedicada exclusivamente a jóvenes de dieciocho años. También deberá formar a personas de treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años que necesitan aprender nuevas competencias para seguir siendo competitivas en un mercado laboral profundamente dinámico.

Pocas instituciones parecen estar mejor preparadas para ese escenario que una universidad cuyo ADN siempre fue precisamente la flexibilidad.

Sería injusto analizar este proceso sin mencionar el liderazgo que lo ha acompañado durante los últimos años. Las universidades no solo producen conocimiento; también son organizaciones complejas que requieren visión estratégica, estabilidad administrativa y una enorme capacidad de gestión. Bajo el rectorado de Jaime Alberto Leal Afanador, la UNAD ha consolidado un modelo institucional que ha sabido combinar expansión, innovación tecnológica, acreditación de calidad e internacionalización, sin perder de vista su propósito original: llevar educación allí donde parecía imposible hacerlo.

Gestionar una universidad de semejante tamaño es administrar simultáneamente talento humano, infraestructura tecnológica, investigación, relaciones internacionales, presencia territorial y cientos de miles de trayectorias académicas individuales. No es simplemente dirigir una institución educativa; es coordinar una organización nacional cuya materia prima es el conocimiento.

Quizá por eso la historia de la UNAD merece ser observada con mayor atención. En ocasiones Colombia busca respuestas en Finlandia, Corea del Sur o Estonia, sin detenerse a examinar experiencias propias que llevan años produciendo resultados. No toda innovación necesita venir del extranjero. Algunas nacen aquí, discretamente, mientras el país mira hacia otro lado.

Vivimos un momento histórico en el que la inteligencia artificial transformará la educación tanto como internet lo hizo hace treinta años. El profesor dejará de ser únicamente un transmisor de información para convertirse cada vez más en un orientador del aprendizaje. Los contenidos serán personalizados, los ritmos flexibles y la formación estará presente durante toda la vida. La pregunta ya no es si la universidad cambiará, sino qué universidades estaban preparadas para ese cambio antes de que ocurriera.

Tal vez esa sea la gran lección de la UNAD. Mientras Colombia discutía el futuro de la educación, ella llevaba décadas construyéndolo. Mientras el país pensaba en kilómetros, edificios y aulas físicas, la universidad pensaba en redes, conocimiento y personas.

Las grandes revoluciones suelen reconocerse cuando ya han ocurrido. Quizá haya llegado el momento de reconocer que una de las transformaciones educativas más importantes de Colombia no fue una promesa, sino un experimento que terminó convirtiéndose en una realidad. Y en tiempos en que el conocimiento será el principal motor de las naciones, conviene mirar con atención a quienes entendieron el siglo XXI antes de que el siglo XXI comenzara.

“Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos”. La frase, escrita por Virgilio en La Eneida, pone en boca del sacerdote Laocoonte una advertencia que nadie quiso escuchar. Frente a las murallas de Troya había aparecido un inmenso caballo de madera que parecía un obsequio, un gesto de rendición, el final de una guerra interminable. Era exactamente lo contrario. En su interior viajaban los soldados que terminarían por destruir la ciudad y cambiar para siempre el rumbo de la literatura occidental.

Curiosamente, esa frase no pertenece ni a La Ilíada ni a La Odisea, pertenece a otro gran poema que dialoga con Homero y demuestra que las grandes historias nunca dejan de conversar entre sí, cada generación les responde con una nueva voz, con una nueva lengua, con una nueva sensibilidad.

Mientras veía La Odisea de Christopher Nolan, pensé menos en la película que en el milagro que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Imaginé a Homero, o a quien llamamos Homero, contemplando una pantalla gigantesca donde su poema volvía a cobrar vida tres mil años después de haber sido cantado por primera vez. Me pregunté qué habría sentido al descubrir que aquello que nació para ser escuchado alrededor del fuego hoy reúne a cientos de personas en una sala oscura, en silencio, conmovidas por la misma historia.

Quizá habría sonreído. Quizá habría entendido que el verdadero protagonista nunca fue Odiseo sino la imaginación humana.

Ese es, creo yo, el mayor acierto de Nolan. No filmó una película para resolver debates históricos ni para satisfacer a los arqueólogos, filmó una película para recordarnos que los clásicos siguen respirando porque hablan de aquello que nunca deja de pertenecernos.

Durante semanas buena parte de la conversación pública se ha reducido a preguntar si Helena debía ser blanca, negra o mediterránea, como si la fuerza de un poema dependiera del color de la piel de sus personajes. Es una discusión profundamente contemporánea y al mismo tiempo profundamente superficial. Helena nunca fue solamente una mujer. Fue el deseo, la belleza, la obsesión, el motivo que desencadena una guerra. Del mismo modo, las sirenas nunca fueron únicamente criaturas marinas, Polifemo jamás fue solamente un gigante, los dioses tampoco fueron simples personajes. Son símbolos, metáforas, imágenes que sobreviven precisamente porque no pertenecen a una sola época.

Los poemas son territorios donde la razón no alcanza a explicarlo todo y acaso ese sea su mayor privilegio. Intentar racionalizar cada verso de Homero es olvidar que antes de ser literatura, La Odisea fue música, memoria y voz.

Hay algo profundamente emocionante en el viaje que hizo ese texto para llegar hasta nosotros. Nació en griego antiguo y durante siglos sobrevivió gracias a los rapsodas que lo recitaban de memoria mucho antes de quedar fijado por escrito. Más tarde el mundo latino dialogó con él, Virgilio escribió La Eneidaconversando con Homero y convirtió la tradición clásica en un puente entre dos civilizaciones. Durante siglos Europa leyó a los griegos a través del latín, hasta que en el siglo XVI el humanista Gonzalo Pérez realizó la primera traducción completa de La Odisea al castellano directamente desde el griego. Cada lengua fue un nuevo puerto. Cada traducción fue otra travesía hacia Ítaca. Cada generación volvió a contar la misma historia con palabras distintas, demostrando que la verdadera inmortalidad no consiste en permanecer intactos sino en seguir transformándose.

Vi la película doblada al español y debo confesar que la experiencia me sorprendió. Pensé, por un momento, que el castellano abrazaba aquella épica con una naturalidad especial, no porque sea una lengua más cercana al griego antiguo desde el punto de vista lingüístico, no lo es, sino porque nuestra tradición literaria lleva siglos dialogando con los clásicos a través del latín y de las grandes traducciones españolas. Escuchar a Odiseo en español fue recordar que Homero también forma parte de nuestra lengua.

Pero hay una escena que me acompañó mucho después de salir del cine. El Odiseo de Nolan contempla el fuego consumiendo Troya y entiende que toda victoria tiene algo de derrota, que el humo no distingue entre vencedores y vencidos, que las ciudades arden con el mismo color sin importar quién levante finalmente la bandera.

Qué contemporánea resulta esa imagen mientras contemplamos un mundo donde medio planeta parece dispuesto a matar a la otra mitad, convencido de que las guerras todavía pueden producir vencedores. Troya ocurrió hace casi tres mil años y, sin embargo, seguimos levantando argumentos para justificar incendios, invasiones y exterminios. Cambian las armas, cambian las banderas, cambian los nombres de los imperios, pero la tragedia continúa siendo la misma.

Quizá esa sea la enseñanza más profunda de aquella guerra entre hermanos. Las guerras no las gana nadie, las guerras las perdemos todos.

Nolan parece comprenderlo. Su Odiseo no es un héroe invencible, es un hombre cansado, marcado por la culpa, por la pérdida y por la nostalgia. No busca conquistar el mundo, busca regresar a casa. Esa diferencia es enorme. En una época fascinada por los superhéroes, Nolan rescata al héroe profundamente humano, al hombre que duda, que se equivoca, que llora, que sobrevive y que comprende que ninguna gloria compensa los años perdidos.

Tal vez por eso Christopher Nolan era el director indicado para esta historia. Desde Memento, pasando por El gran truco, Interestelar, Dunkerque y Oppenheimer, toda su filmografía ha girado alrededor del tiempo, de la memoria, de la culpa y de la condición humana. En el fondo siempre ha estado filmando la misma pregunta, qué significa seguir siendo humanos cuando todo parece empujarnos hacia el olvido.

Mientras avanzaba la película pensé que el mayor logro de nuestra especie no es haber llegado a la Luna, ni haber construido ciudades inmensas, ni haber partido el átomo, ni haber inventado la inteligencia artificial. Nuestro mayor logro consiste en algo mucho más sencillo y mucho más extraordinario, nunca dejamos de contar historias.

Hemos cambiado de herramientas, de idiomas, de imperios y de religiones, pero seguimos reuniéndonos para escuchar el viaje de un hombre que quiere volver a casa. Antes fue alrededor de una hoguera, luego en pergaminos, después en libros impresos y ahora en una pantalla gigantesca. Cambió el soporte, nunca cambió el asombro.

Quizá esa sea la verdadera victoria de la humanidad. No haber conquistado el mundo sino haber conservado la capacidad de emocionarse con un poema escrito hace casi tres mil años.

Porque La Odisea nunca trató solamente de regresar a Ítaca. Trata de nosotros, de nuestra fragilidad, de nuestra obstinación, de nuestra belleza, de nuestra permanente posibilidad de perdernos y de volver a encontrarnos.

Seguimos siendo Odiseo.

Seguimos navegando entre monstruos que cambian de nombre, entre guerras que prometen victorias imposibles y entre dioses que ahora adoptan otras formas.

Y mientras exista alguien dispuesto a escuchar esta historia, mientras un poema pueda cruzar los siglos para conmover a un espectador del siglo XXI, la humanidad seguirá encontrando un camino de regreso hacia sí misma.

Porque al final no existen razas de héroes ni razas de villanos. Existe una sola, contradictoria, luminosa y terrible, capaz de construir el caballo de Troya y también de escribir el poema que lo convertiría en una advertencia para siempre.

La raza humana.

En febrero de 2026, en plena campaña electoral, las inundaciones que golpearon a ocho departamentos le costaron al Estado $8,68 billones de pesos. Para todo el año, el país tenía destinados apenas $668.000 millones para atender emergencias, es decir, menos de una décima parte de lo que costó un solo evento.

El Gobierno saliente financió el gasto por vía extraordinaria. Un decreto de excepción creó un nuevo impuesto de emergencia sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo.

La nueva realidad climática de Colombia significa que habrá inundaciones, incendios y otros eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esto se traduce en mayor carga fiscal para el Estado, que debe financiarse con emisión de deuda o nuevos impuestos.

Para proteger las finanzas del país y a las empresas, el Gobierno entrante debe cambiar la forma en la que se financian las emergencias en el país. El modelo actual está desfinanciado, es reactivo y fragmentario, y no integra al sector privado.

A través de la reconstrucción de lo ocurrido en Córdoba, evidenciamos la manera en la que opera el sistema de financiamiento de desastres del país y las principales falencias que el nuevo Gobierno deberá solucionar, si quiere cumplir sus promesas de campaña.

La tragedia de febrero

En febrero de 2026, Córdoba vivió una tragedia sin precedentes. En plena temporada seca, un frente frío descargó sobre el departamento más de 145 milímetros de lluvia en menos de un día, el volumen típico de un mes entero. Esto multiplicó el caudal del río Sinú entre 15 y 20 veces respecto a su promedio histórico. La magnitud del daño fue enorme: 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba y más de 236.000 en la región Caribe, equivalente a más del doble del área de Bogotá; más de 170.000 damnificados, casi el 9% de la población del departamento; 450.564 bovinos afectados, uno de cada cinco animales; y 30.225 hectáreas de cultivos perdidos, más de la mitad del área sembrada del departamento.

Imagen 1. Huella de inundaciones en Córdoba en febrero del 2026

Los impactos económicos reportados para la región fueron severos. Según datos de la Cámara de Comercio de Montería, las inundaciones comprometieron cerca del 12,6% del PIB departamental, con pérdidas en activos por 3,85 billones de pesos. Solo la restauración de pasturas para el sector ganadero costará al menos 900.000 millones de pesos, cerca del 3% del PIB departamental. Aun cuando los datos se centran en los negocios del sector real, es razonable pensar que el sistema financiero también se vio afectado: productores y empresas que perdieron cultivos, ganado o infraestructura difícilmente pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que presiona los balances de bancos con portafolios agropecuarios en la región. Las aseguradoras, por su parte, enfrentaron reclamaciones que podrían llevarlas a recalibrar primas o a retirarse de territorios cada vez más expuestos a inundaciones y otros eventos extremos.

La respuesta fiscal

Al momento del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía $668.421 millones de pesos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la principal bolsa de recursos del país para atender emergencias.

El costo estimado de atender la emergencia por lluvias extremas de febrero de este año, que además de Córdoba afectó a siete departamentos más, ascendió a un total de $8,68 billones de pesos, trece veces el tamaño del fondo. En otras palabras, la provisión anual del país entero para todas las contingencias y desastres equivalía a apenas el 7,7% de lo que costaría atender una sola emergencia.

Sin presupuesto listo para responder, los recursos tuvieron que movilizarse por una vía extraordinaria. El 11 de febrero, una semana después de las inundaciones, el Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150, que habilitó al Estado para legislar transitoriamente en materia tributaria y presupuestal, una facultad que la Constitución reserva para circunstancias en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

 Trece días después, el Decreto 0173 creó un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de grandes empresas, mediante el cual las sociedades con activos netos superiores a $10.474 millones de pesos pagarían entre el 0,5% y el 1,6% de ese patrimonio, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo. El 12 de marzo, el Decreto 0240 amplió el paquete en tres frentes: fijó un impuesto al consumo del 16% sobre apuestas en línea, incluyó en el impuesto al patrimonio a sucursales extranjeras que operan en el país, y ofreció a las empresas con activos no declarados la posibilidad de declararlos voluntariamente con una tarifa del 19%. Ese mismo día, el Decreto 0241 formalizó la adición de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026, con lo que cerró la brecha de recursos identificada para atender la emergencia.

Imagen 2. Cronología de la respuesta fiscal a la emergencia de febrero de 2026

Los recursos captados por el Estado se destinaron en su totalidad al manejo del desastre, bajo un enfoque sectorial: cerca de tres cuartas partes se canalizaron a través de la UNGRD hacia los frentes más afectados (agricultura, vivienda, educación y transporte), mientras que el monto restante se dirigió a agua y saneamiento, salud y prosperidad social, entre otros sectores. Así, por ejemplo, los recursos de agricultura financiaron el alivio de las deudas de los productores que perdieron cultivos y ganado; los de vivienda, la reparación de las viviendas y el reasentamiento de las familias afectadas; y los de agua y saneamiento, el restablecimiento del acceso a agua potable en los municipios cuyos acueductos resultaron dañados por las inundaciones. La Imagen 3 muestra el flujo completo, desde el origen tributario hasta los destinos sectoriales priorizados.

Imagen 3. Flujo de recursos de la emergencia climática 2026, desde las fuentes tributarias hasta los destinos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia con base en Decretos 0173, 0240 y 0241 de 2026

Las fallas del modelo de financiamiento de gestión de riesgos 

La magnitud del evento dejó al descubierto las fallas estructurales del modelo con que Colombia financia su gestión del riesgo de desastres. La primera, y la más evidente, es la falta de recursos: los costos para atender un solo evento excedieron el presupuesto anual del país para emergencias. Sin embargo, hay tres fallas adicionales que el nuevo Gobierno deberá solucionar: una arquitectura financiera reactiva, un sistema de fondos sumamente centralizado y con poca coordinación, y un sector privado que permanece al margen de la gestión del riesgo.

Aun cuando la gestión integral del riesgo de desastres tiene tres etapas (conocer el riesgo, reducirlo y manejar el desastre), Colombia destina la mayor parte de sus recursos a la tercera. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país destina en promedio 3,3 billones de pesos al año a la gestión del riesgo, y cerca del 70% se destina al manejo de desastres. Apenas un tercio se destina a conocer y reducir el riesgo, es decir, a las dos etapas anticipatorias, las únicas que pueden evitar o atenuar el próximo evento. Esto se explica, en parte, porque el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la mayor bolsa de recursos del país, puede financiar las tres etapas, pero en la práctica se usa casi exclusivamente para responder al desastre. Que la respuesta sea prioritaria es indiscutible, pero priorizar lo urgente sin atender lo importante tiene un costo medible. Estudios del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han demostrado que cada peso invertido en prevención evita entre cuatro y siete de pérdidas posteriores. Colombia sigue operando con un modelo de financiamiento reactivo: trapea la casa en lugar de cerrar el grifo.

La segunda falla proviene de un sistema de fondos desarticulado y con una dependencia alta del Gobierno Nacional. Además del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Colombia cuenta con una multiplicidad de fondos que pueden ser utilizados para gestionar el riesgo de desastres en el país: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial (FOMINTEDER) y varias asignaciones del Sistema General de Regalías: Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiental, y 20% del Mayor Recaudo. A pesar de esa disponibilidad de recursos, estos fondos operan en paralelo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin criterios compartidos de asignación presupuestal y sin priorizar los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el principal instrumento de política del país en la materia.

A esto se suma que los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, creados para que los municipios y departamentos financien sus propias acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, todavía no operan. Entre un sistema de fondos complejo de navegar y fondos territoriales que no operan, los municipios y departamentos quedan sin capacidad de invertir y dependen del Gobierno Nacional.

La tercera falla que reveló el desastre es la escasa participación del sector privado en la gestión del riesgo. La mayoría de las empresas no sabe cómo el cambio climático puede golpear sus finanzas ni lo incluye en su matriz de riesgos corporativos. Tampoco invierte en reducir su vulnerabilidad, en hacer más resilientes sus cadenas de suministro, ni en protegerse con instrumentos financieros como los seguros paramétricos. Las juntas directivas siguen viendo la sostenibilidad como un tema de responsabilidad social corporativa y no como algo estratégico para asegurar su estabilidad financiera. Aun cuando las empresas asumieron buena parte de las pérdidas en Córdoba, persiste la percepción de que gestionar el riesgo de desastres es obligación exclusiva del Estado. Esta creencia limita el rol que pueden llegar a tener las empresas en la resiliencia de los territorios en los que operan.  

Las oportunidades para el nuevo Gobierno

El Presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido proteger las finanzas públicas y reducir los impuestos al sector privado. La nueva realidad climática hará que cumplir ambas promesas sea difícil. Las inundaciones en Córdoba ilustran las falencias del modelo actual de financiamiento de la gestión del riesgo de desastres del país y cómo estas se traducen en pérdidas para las empresas, nuevos impuestos y gasto adicional del Estado. Para cumplir con sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno deberá reformar el modelo de financiamiento: dotarlo de recursos, hacer que anticipe en lugar de reaccionar, descentralizarlo, coordinar sus fondos y darle al sector privado un rol más activo. Todo eso empieza por reconocer el cambio climático por lo que es: una prioridad fiscal.

Autores:

Artículo producido por el equipo de Strata Advisors, consultora colombiana especializada en la gestión fiscal y corporativa de riesgos financieros derivados del cambio climático (www.strata-advisors.com).

María Camila Jaramillo. Consultora Sr; Mateo Prada Quintero, Director; Juan José Guzmán Ayala, Director; y Juan Sebastián Moreno, Consultor Sr.

Fui al Centro Nacional de las Artes invitado a ver una nueva coproducción de Umbral Teatro y el Centro Nacional de las Artes de Umbral Teatro. Como suele ocurrir con las experiencias más memorables, llegué desprevenido y salí acompañado de preguntas que todavía me siguen rondando la cabeza.

La Suite del Despertar, escrita y dirigida por Carolina Vivas Ferreira, encuentra una ruta poco transitada para hablar del conflicto colombiano y de los diez años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. No busca convencernos de nada, no intenta funcionar como una consigna política ni como una celebración acrítica del proceso, tampoco cae en la tentación de convertir el dolor nacional en una colección de cifras o estadísticas. Hace algo mucho más complejo: devuelve los rostros.

Durante años hemos conocido la guerra a través de informes, titulares, mapas, porcentajes y balances. Sabemos cuántos muertos hubo, cuántos desplazados, cuántos secuestrados, cuántas víctimas. Sabemos las dimensiones de la tragedia. Lo que a veces olvidamos es que detrás de cada número existió una persona concreta, una familia, una comunidad, una historia interrumpida. La Suite del Despertar trabaja precisamente sobre esa ausencia y por eso pone en el centro a los civiles, los grandes perdedores de todas las guerras.

No a los comandantes, no a los estrategas, no a los dirigentes políticos que negocian o rompen acuerdos desde la distancia. La obra mira a quienes han tenido que sobrevivir durante décadas entre guerrillas, paramilitares, grupos armados, narcotráfico, ausencias estatales y múltiples formas de violencia. Allí radica buena parte de su fuerza, en la decisión de observar el conflicto desde abajo, desde quienes han soportado las consecuencias sin haber tomado las decisiones.

Mientras observaba la puesta en escena pensaba inevitablemente en estos diez años transcurridos desde 2016. Pensaba en aquel plebiscito que dividió al país, en las esperanzas y temores que despertó el acuerdo, en las discusiones interminables que todavía hoy siguen ocupando espacios políticos y mediáticos. También pensaba en algo más incómodo. Han pasado gobiernos de derecha y de izquierda, han llegado proyectos políticos que se presentaban como antagónicos y representantes de visiones completamente distintas de Colombia. Sin embargo, para muchos territorios golpeados por la violencia, la sensación sigue siendo que los acuerdos quedaron atrapados entre disputas ideológicas, prioridades cambiantes e incumplimientos.

La derecha cuestionó aspectos fundamentales de la implementación. La izquierda llegó prometiendo una nueva etapa para la paz y tampoco logró transformar de manera decisiva las condiciones estructurales que siguen alimentando la violencia en muchas regiones. Mientras tanto, en demasiados lugares del país la guerra simplemente cambió de nombre, de uniforme o de bandera. La obra no esquiva esa realidad. Por el contrario, parece preguntarse qué ocurrió con aquella oportunidad histórica que Colombia tuvo en sus manos y, sobre todo, por qué seguimos atrapados en ciclos tan extraños y persistentes de violencia, ciclos que parecen terminar para luego reaparecer bajo nuevas formas, ciclos que se heredan de una generación a otra y que, en ocasiones, dan la impresión de ser eternos.

Hay escenas que condensan esa reflexión de manera extraordinaria. En una de ellas, un niño campesino interpreta su cuatro mientras alrededor suyo aparece la posibilidad de la guerra. La música y el reclutamiento conviven en el mismo espacio. El arte y las armas se disputan el futuro de un muchacho que simplemente debería estar creciendo, estudiando o tocando su instrumento. La escena es devastadora precisamente porque no necesita explicarse. Resume décadas enteras de la historia colombiana.

En otro momento, una mujer cuida a un paramilitar como si estuviera cuidando al hijo que perdió en la guerra. Allí desaparecen las respuestas fáciles. El dolor se vuelve más complejo que cualquier consigna política. La compasión se mezcla con la memoria y la tragedia humana aparece en toda su dimensión. Son imágenes que permanecen mucho después de terminada la función y quizás esa sea una de las mayores virtudes de Carolina Vivas y de todo el equipo creativo. Entienden que la función del teatro no es reemplazar a los historiadores, a los periodistas o a los centros de memoria. Su trabajo consiste en devolverle humanidad a los hechos.

En una conversación posterior a la función, la directora me explicaba que el punto de partida del montaje fue estudiar cuidadosamente qué había ocurrido durante esta década de implementación de los acuerdos, cuáles habían sido los avances, cuáles los obstáculos y cómo esos procesos habían impactado la vida cotidiana de las personas comunes. Porque la verdadera pregunta nunca ha sido únicamente qué pasó con la paz. La pregunta es qué pasó con la gente, con quienes siguieron viviendo en los territorios, con quienes enterraron a sus muertos, con quienes continúan esperando que el Estado llegue de manera efectiva y con quienes sobrevivieron.

La respuesta aparece fragmentada a lo largo de la obra, construida mediante testimonios, literatura, danza, música en vivo, coros y una puesta en escena visualmente poderosa. La propia directora ha señalado que existe un diálogo con el Guernica de Picasso, particularmente desde la fragmentación, la composición espacial y la construcción visual de la escena. Sin embargo, más allá de cualquier referencia estética, lo que termina imponiéndose es la presencia de los seres humanos que habitan el escenario.

Y especialmente la presencia de las mujeres. Las mujeres que sostienen las familias cuando todo se derrumba, las mujeres que cargan la memoria, las mujeres que mantienen vivas las comunidades y las mujeres que reconstruyen el tejido social después de cada ola de violencia. La Suite del Despertar es, en muchos sentidos, una obra sobre ellas.

También merece una mención especial la música en vivo, que acompaña el recorrido emocional de manera notable. No funciona como un simple complemento sino como una voz adicional dentro del relato. El resultado es una experiencia profundamente emotiva que evita tanto la solemnidad excesiva como la simplificación.

Lo más valioso es que la obra nunca pierde de vista quiénes han pagado el precio más alto. Si algo hemos aprendido los colombianos después de tantas décadas de conflicto es que la fuerza bruta de distintos ejércitos, con distintas banderas y diferentes discursos, terminó demasiadas veces cayendo sobre la misma población. Secuestros, desplazamientos, reclutamientos forzados, violaciones, masacres, desapariciones, abusos y miedo forman parte de la experiencia de millones de ciudadanos que quedaron atrapados en medio de una guerra que rara vez consultó su voluntad.

Y aun así, el país sigue produciendo resistencias. Sigue produciendo comunidades capaces de reconstruirse, mujeres capaces de sostener la vida cuando todo parece perdido y artistas capaces de convertir el dolor en preguntas. Por eso resulta tan importante que el Centro Nacional de las Artes impulse una creación como esta. También por eso sería deseable que la obra pudiera viajar por el país, encontrarse con públicos de municipios que han vivido directamente muchas de las historias que aparecen representadas en escena. Estoy convencido de que tendría una recepción poderosa en territorios donde la memoria del conflcito no es un tema de debate sino una experiencia cotidiana.

Salí de la función pensando que quizás la pregunta más difícil no es qué ocurrió durante estos diez años después de La Habana. La pregunta es otra: por qué seguimos regresando a la violencia una y otra vez, por qué los ciclos de nuestra guerra parecen resistirse a terminar y cuánto más tendremos que esperar para que un niño campesino pueda seguir tocando su cuatro sin que nadie vuelva a ofrecerle la guerra como destino.

Información para asistir

La Suite del Despertar
Sala Delia Zapata – Centro Nacional de las Artes
Calle 11 # 5-60, Bogotá.

Temporada: del 16 al 26 de julio de 2026.

Funciones: jueves, viernes y sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 5:00 p.m.

Las naciones suelen hablar de fronteras; las familias, en cambio, hablan de hijos. Entre esos dos lenguajes casi nunca existe equilibrio. Mientras los Estados clasifican personas en expedientes, permisos, visas o procesos administrativos, una madre recuerda la primera palabra de su hijo; un padre conserva la fotografía donde aún era un niño; una hija espera que alguien vuelva a abrir la puerta de la casa. Ahí comienza la verdadera dimensión de una tragedia.

El 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de apenas veintiséis años, durante un operativo migratorio en Biddeford. Murió frente a su esposa, Martha Carolina Rojas, y frente a su pequeña hija de tres años. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agente efectuó al menos cuatro disparos que atravesaron el parabrisas del vehículo que conducía el joven colombiano. Joan Sebastián había llegado a Estados Unidos buscando exactamente lo mismo que han buscado millones de seres humanos desde el inicio de la historia: una oportunidad para trabajar, sostener a su familia y construir un futuro mejor.

No conocemos todavía todas las respuestas. Sería irresponsable fingir que las tenemos. La investigación deberá establecer plenamente las responsabilidades penales y administrativas. Pero sí conocemos una verdad anterior a cualquier proceso judicial: un joven trabajador murió por disparos efectuados por un agente del Estado. Y ninguna democracia puede aceptar que una vida termine así sin exigir una explicación completa, transparente e independiente.

Organizaciones de inmigrantes en Maine sostienen que Joan Sebastián contaba con autorización para trabajar y número de Seguro Social. Su abogado explicó que tenía un proceso de asilo activo. Su padre contó que sostenía a su hogar con dos empleos. Su esposa recordó que cada mañana su hija despertaba llamando a su padre. Esas son las cosas que importan cuando se habla de una vida humana.
Después del tiroteo aparecieron nuevas revelaciones. El agente fue identificado por la prensa estadounidense como David Michael Brouillette. Su exesposa, Ashley Brouillette, declaró al Portland Press Herald que él la llamó para decirle que había disparado y le pidió que mintiera para proteger su reputación. Según su testimonio, ella se negó y afirmó públicamente: “Me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”. Será la justicia quien determine el alcance de esos hechos. Pero incluso esas declaraciones reflejan la dimensión moral de una tragedia que ya no puede reducirse a un simple procedimiento administrativo.

Hay millones de colombianos viviendo fuera del país. Algunos escaparon de la violencia, otros de la pobreza, otros simplemente buscaron una oportunidad que aquí no encontraron. Son médicos en Madrid, obreros en Nueva York, ingenieras en Toronto, enfermeros en Londres, cocineras en Santiago, estudiantes en Berlín, agricultores en Australia. Envían remesas que sostienen hogares enteros, celebran la Navidad viendo amanecer por videollamada y aprenden a pronunciar palabras nuevas sin olvidar el acento de su infancia. Cada uno carga una forma distinta de nostalgia. Ninguno deja de ser colombiano porque cambie de pasaporte, de idioma o de paisaje.

Por eso debería dolernos Joan Sebastián. No porque su historia haya llegado a los titulares, sino porque representa a esa Colombia silenciosa que continúa construyendo su vida lejos de casa. A veces pareciera que solo recordamos a nuestros compatriotas cuando una tragedia los devuelve al mapa nacional. Mientras viven, suelen permanecer invisibles; cuando mueren, descubrimos demasiado tarde que también eran parte de nosotros.

Y también porque cualquiera de nosotros podría haber sido él. Bastaba con haber nacido en otra ciudad, haber tomado otra decisión, haber aceptado un trabajo lejos de casa o haber perseguido el mismo sueño de millones de migrantes. La geografía es, muchas veces, una casualidad. La dignidad humana no debería serlo.

Resulta imposible no preguntarse cuánto pesan todavía el origen, la nacionalidad, el idioma o incluso el color de la piel en la manera en que algunas vidas son percibidas. Joan Sebastián era colombiano, era latinoamericano, era migrante. Su muerte obliga a preguntarnos si todas las personas reciben el mismo trato y el mismo valor cuando quienes ejercen el poder deciden usar la fuerza. Esa pregunta no acusa de manera anticipada a una investigación; interpela nuestra conciencia colectiva.

Edward Said escribió que el exilio nunca deja de ser una fractura entre el ser humano y su lugar de origen. Esa herida no desaparece con el éxito profesional ni con los años. Se aprende a vivir con ella. Quien migra lleva dos geografías al mismo tiempo: la que pisa y la que recuerda. Quizá por eso la muerte lejos de casa posee una dimensión particularmente dolorosa. No solo interrumpe una vida; también rompe el puente invisible que une a una familia con la esperanza del regreso.

Las imágenes que llegaron desde Biddeford no muestran únicamente una escena policial. Muestran a una mujer arrodillada frente al cuerpo de su esposo y a una niña pequeña que, según testigos, lloraba con una mochila rosa porque nunca volvería a abrazar a su padre. Ninguna discusión política puede borrar ese instante. Ninguna diferencia ideológica debería impedir reconocer que allí ocurrió una tragedia humana.

Los Estados tienen el derecho y la obligación de hacer cumplir sus leyes. También tienen la obligación —más profunda todavía— de proteger la vida y actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando una intervención termina con una muerte, el deber democrático consiste en investigar sin reservas, esclarecer los hechos y garantizar que la verdad prevalezca sobre cualquier versión apresurada. Esa exigencia no pertenece a una ideología; pertenece a la dignidad humana.

En Colombia conocemos demasiado bien el precio de deshumanizar a las personas. Durante décadas aprendimos que basta con etiquetar a alguien para que su muerte parezca menos importante. Esa es una lección que no deberíamos exportar ni aceptar en ningún rincón del mundo. Ningún migrante es un expediente antes que una persona. Ningún ser humano pierde su dignidad por cruzar una frontera.

Quizá esa sea la responsabilidad más profunda de un país: no abandonar a sus ciudadanos cuando la distancia los vuelve invisibles. Un colombiano en Biddeford, en Queens, en Madrid o en Melbourne sigue llevando consigo una parte de la historia nacional. Sus alegrías también nos pertenecen. Sus dolores también deberían hacerlo.

Porque antes que inmigrante, antes que colombiano, antes que cualquier categoría jurídica, Joan Sebastián Durán Guerrero era un ser humano. Su vida valía exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano del mundo. El llamado urgente que deja su muerte trasciende a Colombia y a Estados Unidos: que nunca olvidemos que la dignidad humana no depende de un pasaporte, de una visa, de un permiso de trabajo, del idioma, del color de la piel o del lugar donde alguien nació. Si permitimos que una vida valga menos por cualquiera de esas razones, habremos empezado a perder algo mucho más grande que una discusión sobre inmigración: habremos empezado a perder nuestra propia humanidad.

Pero quizá el valor de esa palabra no reside únicamente en su dimensión espiritual. Tal vez su origen más interesante no sea la teología, sino la historia económica. El siglo XX conoció varios “milagros” nacionales, y ninguno fue producto de un acto sobrenatural.

El milagro alemán, el milagro japonés, el milagro coreano describen procesos de transformación que parecían imposibles. Países devastados por la guerra, atrapados en la pobreza o relegados de la economía mundial lograron convertirse, en apenas una generación, en sociedades prósperas, innovadoras y competitivas. Lo extraordinario de esos casos no fue la buena fortuna. Lo extraordinario fue la capacidad de sostener durante décadas una estrategia nacional de crecimiento.

Alemania Occidental emergió de la Segunda Guerra Mundial con sus ciudades destruidas, millones de desplazados y una economía prácticamente colapsada. Corea del Sur, tras la guerra de Corea, era uno de los países más pobres del planeta. A comienzos de los años sesenta su ingreso por habitante era comparable al de muchas economías africanas y buena parte de su infraestructura había desaparecido.

Sin embargo, pocas décadas después Alemania se consolidó como la principal economía europea y Corea del Sur pasó a liderar industrias como la construcción naval, la electrónica, la producción de semiconductores y la innovación tecnológica.

La explicación nunca fue un milagro entendido como un hecho sobrenatural. Detrás de ambos procesos existieron decisiones muy concretas: estabilidad macroeconómica, inversión masiva en educación, fortalecimiento institucional, desarrollo industrial, apertura a las exportaciones, disciplina fiscal y, sobre todo, una continuidad estratégica capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno.

Ninguno de esos países encontró una fórmula mágica. Encontraron algo mucho más difícil: perseverancia.

Quizá ahí aparece una de las mayores diferencias entre los países que protagonizaron los llamados milagros económicos y Colombia. Alemania, Corea del Sur, Japón o Irlanda entendieron que existen objetivos nacionales que deben sobrevivir a los gobiernos. Las elecciones cambian los liderazgos, pero no alteran el rumbo estratégico del país. La alternancia política no significa empezar de cero cada cuatro años, sino corregir, perfeccionar y profundizar un proyecto compartido.

Precisamente por eso, la oposición casi trágica en la que está cayendo la política colombiana constituye uno de nuestros mayores fracasos y uno de nuestros mayores riesgos. Hemos convertido la democracia en una disputa permanente donde cada proyecto busca deshacer lo construido por el anterior y donde el éxito de un gobierno parece depender del fracaso del otro. Una nación no puede prosperar si cada elección implica volver a discutir sus fundamentos.

Lo que Colombia necesita por encima de todo no es unanimidad política —propia de los regímenes autoritarios—, sino acuerdos nacionales suficientemente sólidos para trascender las diferencias ideológicas. Necesitamos construir proyectos de país capaces de sobrevivir a los presidentes, a los partidos y a las coyunturas electorales. Porque los milagros económicos no son el resultado de un líder excepcional, sino de sociedades capaces de sostener un mismo horizonte durante décadas.

Nuestra propia historia demuestra que esos consensos son posibles. La Constitución de 1991 constituye, probablemente, el mayor acuerdo político alcanzado por Colombia en el último siglo. En medio de una crisis institucional profunda y de una violencia que parecía no tener salida, el país fue capaz de construir un nuevo pacto constitucional que amplió derechos, fortaleció las instituciones democráticas y redefinió las reglas de convivencia. Con todas sus limitaciones y debates posteriores, sigue siendo uno de los pocos relatos compartidos capaces de reunir a una sociedad profundamente diversa alrededor de unos principios comunes. Ese tipo de logros colectivos son los que construyen nación.

Tal vez el próximo gran acuerdo colombiano deba ser económico. Un consenso que reconozca que el crecimiento sostenido no pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a los ciudadanos que necesitan empleo, oportunidades y movilidad social. Un pacto que entienda que invertir en educación, fortalecer la productividad, promover la innovación, aumentar las exportaciones, cerrar las brechas regionales y consolidar instituciones confiables no debería depender del color político del gobierno de turno. Esas son decisiones de Estado, no de campaña.

Porque, al final, un país no se mantiene unido únicamente por una bandera o un territorio. También necesita un relato compartido sobre el futuro. Una idea de progreso que permita que quienes piensan distinto sigan sintiendo que caminan hacia un mismo destino. Sin ese relato común, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de victorias parciales y derrotas colectivas. Ningún milagro económico ha nacido jamás de una sociedad incapaz de ponerse de acuerdo sobre lo esencial.

Esa reflexión resulta especialmente pertinente cuando observamos el comportamiento de la economía colombiana durante las últimas décadas. Nuestro problema no ha sido el colapso. Nuestro problema ha sido la incapacidad para despegar.

Colombia lleva demasiado tiempo creciendo por debajo de su potencial. Más grave aún, ha normalizado ese bajo crecimiento como si fuera una condición inevitable de nuestra historia.

Las cifras muestran esa realidad con claridad. Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y una de las voces más respetadas de la economía colombiana, hace una observación que trasciende cualquier gobierno específico. Al evaluar los resultados recientes del país señala que “el Gobierno del Cambio no alteró sustancialmente la trayectoria de esos indicadores sociales y económicos”, y concluye que, pese a las enormes expectativas, “fue un gobierno normal”.

Más allá del debate político, esa afirmación revela un problema estructural: Colombia parece incapaz de modificar su trayectoria histórica. Según recuerda González, en 2014 existían alrededor de 16,4 millones de personas en condición de pobreza y una década después la cifra apenas se había reducido hasta 16,3 millones. La desigualdad prácticamente permaneció intacta. Incluso una reforma tributaria progresiva apenas consiguió mover el coeficiente de Gini en unas pocas milésimas.

Estas cifras obligan a una reflexión más profunda. El verdadero drama colombiano no es una crisis permanente, sino la ausencia de grandes transformaciones. No somos un país que se derrumba, pero tampoco uno que despega. Vivimos instalados en una especie de estabilidad mediocre que evita el colapso, pero también impide el desarrollo acelerado.

Tal vez por eso la palabra milagro resulte tan sugerente. No porque implique esperar un acto providencial, sino porque expresa el anhelo de romper esa inercia.

Los milagros económicos tienen una característica común: cambian la velocidad de la historia.

Una economía que crece al dos por ciento anual mejora lentamente las condiciones de vida de su población. Una economía que logra crecer al seis o siete por ciento durante varias décadas transforma completamente el destino de una generación. La diferencia parece pequeña cuando se observa un solo año, pero el crecimiento compuesto multiplica sus efectos. Un país que sostiene tasas altas de crecimiento durante treinta años no solo produce más riqueza: cambia su infraestructura, fortalece sus instituciones, mejora la educación, reduce la pobreza y amplía las oportunidades para millones de personas.

Ese fue el verdadero milagro alemán.

Ese fue el verdadero milagro coreano.

Y esa quizá sea la conversación pendiente en Colombia.

Durante años el debate nacional ha oscilado entre dos visiones aparentemente opuestas. Unos creen que el desarrollo llegará principalmente mediante una mayor redistribución de la riqueza. Otros confían casi exclusivamente en las fuerzas del mercado. Sin embargo, los países que protagonizaron los grandes milagros económicos hicieron algo distinto. Comprendieron que primero debían crear riqueza para después distribuirla. Entendieron que sin productividad no existe Estado de bienestar sostenible; sin empresas competitivas no hay recaudo suficiente; sin inversión no hay empleo; sin crecimiento prolongado cualquier política social termina enfrentándose al límite de los recursos disponibles.

El verdadero milagro no consiste únicamente en aumentar el PIB. Consiste en construir capacidades nacionales. Significa educar mejor, innovar más, exportar productos de mayor valor agregado, fortalecer las instituciones, reducir los costos logísticos, recuperar la confianza inversionista, mejorar la infraestructura y convertir el conocimiento en motor del desarrollo. Significa pasar de discutir únicamente cómo repartir una economía pequeña a preguntarnos cómo construir una economía mucho más grande.

Quizá la mayor enseñanza de Alemania y Corea del Sur sea precisamente esa. Ninguna de las dos naciones esperó un líder providencial. Ambas construyeron proyectos nacionales capaces de sobrevivir a los gobiernos. Entendieron que las grandes transformaciones requieren décadas, no periodos presidenciales.

Y aquí aparece, quizá, el mayor desafío para quienes hoy proponen la idea de una Patria Milagro. Si Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aspiran a que esa expresión sea algo más que un lema de campaña, tendrán una responsabilidad histórica que trasciende cualquier elección: ayudar a construir los acuerdos nacionales que Colombia ha sido incapaz de consolidar durante décadas.

La historia reciente ofrece una lección elocuente. Gustavo Petro llegó a la Presidencia con el mandato popular más importante que haya recibido la izquierda colombiana y con la promesa de un “Gobierno del Cambio”. Sin embargo, más allá de los debates sobre sus aciertos y errores, terminó enfrentando una realidad que ha acompañado a casi todos los gobiernos del país: la dificultad para convertir un proyecto político en un verdadero proyecto nacional. Incluso su propia coalición terminó fragmentándose, las alianzas se rompieron y muchas de las transformaciones prometidas quedaron atrapadas entre las tensiones del sistema político y las divisiones de quienes inicialmente lo acompañaban. Como escribió Jorge Iván González, quien dirigió el Departamento Nacional de Planeación durante ese gobierno, el resultado fue, en muchos aspectos, el de un “gobierno normal”, incapaz de alterar la trayectoria estructural del país.

Sería un error que quienes hoy hablan de una Patria Milagro repitieran esa misma lógica desde el extremo opuesto. Colombia no necesita reemplazar un proyecto excluyente por otro; necesita construir un proyecto suficientemente amplio para que quienes piensan distinto también puedan reconocer una parte de él como propia.

Los grandes milagros económicos nunca fueron patrimonio de una sola corriente ideológica. En Alemania, Corea del Sur, Irlanda o España hubo alternancia política, desacuerdos profundos y debates intensos. Lo que no cambió fue el compromiso con ciertos objetivos nacionales: crecer, educar, industrializar, exportar, fortalecer las instituciones y aumentar las oportunidades para las nuevas generaciones. Los gobiernos discutían el camino, pero compartían el destino.

Esa debería ser, quizá, la verdadera ambición de una Patria Milagro. No ganar una elección. No derrotar definitivamente a un adversario político. No imponer un relato sobre los demás. La verdadera ambición debería ser construir un relato nacional tan sólido que sobreviva a quienes hoy lo proponen.

Porque un milagro económico nunca comienza cuando un líder llega al poder. Comienza cuando una sociedad descubre que hay objetivos más importantes que la próxima elección. Cuando entiende que el crecimiento, la educación, la productividad, la ciencia, la seguridad jurídica, la infraestructura o la lucha contra la pobreza dejan de ser banderas de un partido para convertirse en causas de toda una nación.

Si la expresión Patria Milagro quiere tener un lugar en la historia, deberá significar precisamente eso: la voluntad de convocar, de escuchar, de integrar y de construir consensos. Los milagros no ocurren cuando una mitad del país derrota a la otra. Ocurren cuando un país consigue, por fin, ponerse de acuerdo sobre aquello que vale la pena construir juntos.

Porque la historia demuestra que los milagros existen. Pero también demuestra que nunca ocurren por casualidad. Son el nombre que damos, muchos años después, a la disciplina, la visión y la constancia de sociedades que decidieron cambiar su destino.

Quizá el verdadero milagro que necesita Colombia no sea extraordinario en el sentido religioso. Quizá sea, simplemente, el más difícil de todos: abandonar la improvisación, recuperar la confianza entre quienes piensan distinto y aprender, por fin, a crecer juntos.

En esta oportunidad invité a Susana Muhamad, una de las dirigentes más influyentes del progresismo colombiano y exministra de Ambiente, para conversar sobre el presente y el futuro de Colombia tras el cierre del gobierno de Gustavo Petro.

Más allá del balance de una administración, esta entrevista explora algunas de las preguntas que marcarán el debate público en los próximos años: ¿qué explica la derrota del proyecto político del Pacto Histórico?, ¿qué autocríticas hace uno de sus liderazgos?, ¿cuál es el futuro de la izquierda colombiana?, ¿qué legado deja la agenda ambiental?, ¿cómo entiende el progresismo los desafíos de la democracia, la polarización?

Durante más de una hora abordamos temas como la corrupción, la relación entre el Gobierno y las regiones, la transición energética, la protección de la biodiversidad, el papel de las comunidades en la conservación ambiental, el escenario internacional y el lugar que podría ocupar Colombia en un mundo cada vez más incierto.

En tiempos en los que la discusión pública suele reducirse a titulares, fragmentos de video o mensajes de pocos caracteres, vale la pena detenerse en conversaciones que permiten desarrollar argumentos, contrastar posiciones y comprender las razones detrás de quienes han ejercido responsabilidades de gobierno.

Los invito a ver esta entrevista completa y a sacar sus propias conclusiones. Entender cómo piensan quienes han ocupado posiciones de liderazgo no implica compartir sus ideas; significa enriquecer el debate público con más información, contexto y argumentos.

La entrevista completa está disponible aquí.