—“¿Y si perdemos qué?”

La frase me hizo reír. Pero también me dejó pensando.

Porque todos hemos perdido alguna vez. Y quizá en saber perder habita una parte esencial de la vida. Más aún en sociedades como la nuestra, educadas obsesivamente para triunfar. El capitalismo convierte la existencia en una preparación permanente para el éxito: llegar primero, sobresalir, imponerse, vencer. Pero en un mundo lleno de trampas, desigualdades y violencias, prepararse solo para el triunfo no es optimismo: es ingenuidad. Y también una pésima estrategia de vida.

Entonces pensé en el cineasta Italiano Pier Paolo Pasolini. En sus reflexiones sobre la derrota y la dignidad de perder en un mundo de tramposos. Decía Pasolini:

“Pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota.

En manejarse en ella. En la humanidad que de ella emerge.

En construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino, en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados.

En no ser un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar el primero. Ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente importante, que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni qué decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser.

Ante esta antropología del ganador de lejos prefiero al que pierde. Es un ejercicio que me parece bueno y que me reconcilia conmigo mismo. Soy un hombre que prefiere perder más que ganar con maneras injustas y crueles. Grave culpa mía, lo sé. Lo mejor es que tengo la insolencia de defender esta culpa, y considerarla casi una virtud”.

Quizá esa reflexión también sirve para pensar la política colombiana de hoy.

Porque volvemos, otra vez, al viejo péndulo del bipartidismo. Ya no conservadores y liberales, sino otras máscaras del mismo esquema binario: petrismo y uribismo. Hoy podrían llamarse Petro y Uribe, Abelardo y Cepeda, o cualquier combinación futura de esa polarización emocional que divide al país entre amores absolutos y odios absolutos. Cambian los nombres; permanece la estructura.

Y ahí aparece una de las tragedias políticas de Colombia: la enorme dificultad de las terceras vías.

Lo intentó la Constitución del 91 cuando soñó con pluralizar la democracia. Lo intentó el Polo Democrático de Carlos Gaviria, aquello que William Ospina llamó alguna vez “la franja amarilla”. Lo intentaron figuras como Antanas Mockus y tantos otros proyectos que quisieron escapar de la lógica binaria.

Pero aquí parecería que quien no pertenece a uno de los dos bandos es inmediatamente sospechoso. En Colombia cuesta mucho construir desde el matiz. Aquí se exige adhesión total. O amor u odio. O amigo o enemigo.

Y en una sociedad tan atravesada históricamente por la violencia, eso tiene consecuencias profundas y costos humanos enormes. Porque la polarización no solo organiza elecciones: organiza afectos, amistades, familias, maneras de mirar al otro.

Por eso vuelve a aparecer la pregunta de Amapola:

“¿Y si perdemos qué?”

Pues seguir. Construir puentes. Insistir.

Hay una lección que el centro político podría aprender de la izquierda colombiana: la tenacidad. Durante décadas defendieron ideas que parecían imposibles, marginales, derrotadas. Persistieron. Y finalmente llegaron al poder. Con aciertos y errores, claro, pero llegaron.

Hace años muchas personas pensábamos que el primer presidente de izquierda sería Carlos Gaviria. Y no fue así. Porque la historia rara vez sigue el guion exacto que imaginamos. Ni en la vida personal ni en la vida de los países.

Quizá la persona de centro que llegue algún día a la Casa de Nariño todavía no aparece en el horizonte. Quizá aún no conocemos su nombre.

Pero renunciar a esas ideas —a la posibilidad de un pacto social responsable y ético, a un pacto entre los trabajadores y los empresarios en que ambos se sientan respetados, a un respeto a la naturaleza y una comprensión de que el ser humano también necesita de ella para su existencia, al respeto por la Constitución (nuestro verdadero acuerdo nacional), a la defensa de valores pacifistas y democráticos— eso sí sería perder.

Votar por el centro no es un error. Tampoco es inútil. Es afirmar que nuestras ideas también valen y que nosotros también valemos. Que nuestra manera de ver el país merece existir. Que aún creemos posible construir un lugar donde sea posible hablar de política con todos, donde sea posible ser amigo del opositor y donde construir colectivamente sea posible, un lugar menos rabioso, menos fanático y menos cruel.

Votar por el centro es decir, simplemente:

Aquí estamos.

Con ganas de construir un mejor país. De verdad, para todos.

Mientras el debate público colombiano se consume entre polarización política, crisis coyunturales y disputas ideológicas, hay una realidad silenciosa que amenaza el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial del país: Colombia se está quedando rezagada en infraestructura, transporte y logística.

Y el costo ya lo están pagando los ciudadanos.

Hoy, de cada 100 pesos que factura una empresa colombiana, 15,6 se destinan a costos logísticos. Es casi el doble del promedio de los países de la OCDE. En otras palabras: producir en Colombia es más caro, transportar en Colombia es más lento y competir desde Colombia es más difícil. Esa ineficiencia termina encareciendo alimentos, bienes, exportaciones y oportunidades.

Lo más preocupante es que el deterioro no responde únicamente a problemas históricos. También refleja una pérdida reciente de capacidad institucional y de ejecución. Hace apenas una década, la inversión en infraestructura de transporte representaba cerca del 3 % del PIB. Hoy apenas alcanza el 1 %. La desaceleración del sector coincide con la parálisis de proyectos estratégicos, congelamientos presupuestales y un debilitamiento progresivo del modelo de asociaciones público-privadas (APP), precisamente el mecanismo que permitió transformar la infraestructura nacional en los últimos años.

Las cifras son contundentes. Mientras las autopistas 4G aún arrastran rezagos, la quinta generación (5G) permanece prácticamente detenida: solo cuatro proyectos han iniciado obras, mientras 18 continúan atrapados en etapa de preconstrucción pese a representar inversiones cercanas a los $49 billones. El resultado es un país más desconectado y menos competitivo.

El problema no termina en las carreteras.

Colombia sigue dependiendo excesivamente del transporte terrestre. Apenas el 17 % de la carga se moviliza por ferrocarril y casi toda corresponde al carbón. En materia portuaria, el país continúa rezagado frente a competidores regionales, mientras proyectos críticos como la profundización del canal de acceso a Buenaventura, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena o la modernización del canal del Dique avanzan con lentitud desesperante.

En los aeropuertos, el panorama tampoco es alentador. De las 23 recomendaciones realizadas por IATA en 2023 para aumentar en 47 % la capacidad operativa aeroportuaria del país, solo tres se han implementado. Entretanto, la fragmentación institucional y las dificultades de gestión amenazan incluso estándares internacionales de operación y certificación.

No se trata únicamente de cemento, puertos o pistas aéreas. Se trata de productividad, integración regional y oportunidades sociales. La infraestructura es la base sobre la que se construye el desarrollo moderno. Un país que no conecta sus regiones condena territorios enteros al atraso económico y a la exclusión.

Por eso el reciente pronunciamiento conjunto de universidades y centros de pensamiento merece atención nacional. Organizaciones como ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, Corficolombiana, la Universidad EAFIT, la Universidad EIA, la Universidad de Medellín y la Universidad de Ibagué coincidieron en advertir que el país enfrenta una situación crítica en materia de conectividad, competitividad e inversión estratégica. Más allá de diferencias académicas o sectoriales, el mensaje es común: Colombia no puede darse el lujo de perder otro cuatrienio.

El próximo gobierno tendrá que asumir esta agenda como prioridad de Estado. La primera tarea será recuperar la confianza institucional y destrabar de inmediato la cartera de proyectos 5G. Sin señales claras de estabilidad jurídica, cumplimiento de vigencias futuras y reactivación presupuestal, la inversión seguirá paralizada.

También será indispensable acelerar iniciativas privadas ya estructuradas —como El Dorado MAX, Aeropuertos del Suroccidente, Bayunca o Conexión Centro— que no requieren grandes desembolsos fiscales inmediatos y podrían convertirse en motores rápidos de reactivación económica.

Pero el desafío exige algo más profundo: visión estratégica.

Colombia necesita ejecutar realmente el Plan Maestro de Transporte Intermodal, conectar Pacífico y Orinoquía, recuperar el modo férreo, modernizar puertos, fortalecer aeropuertos regionales y convertir la logística en política nacional de competitividad. Eso implica modernizar licencias, consultas previas y marcos regulatorios sin sacrificar sostenibilidad ambiental ni derechos de las comunidades.

No es una discusión técnica aislada. Es una conversación sobre el futuro económico del país.

Cada proyecto detenido significa empleo que no llega, exportaciones que no despegan, regiones que permanecen aisladas y empresas que pierden competitividad frente al mundo. Mientras otros países aceleran corredores logísticos, integración multimodal y modernización portuaria, Colombia corre el riesgo de quedarse atrapada en la infraestructura del siglo pasado.

La advertencia ya fue hecha por la academia, los centros de pensamiento y expertos del sector. Ahora corresponde decidir si el país reaccionará a tiempo o si seguirá administrando el rezago como si fuera normal.

Porque la infraestructura no da espera.

Y Colombia tampoco.

Más de 15 millones de colombianos viven bajo la línea de pobreza monetaria. Más de 15 millones. No es una estadística fría; es la dimensión de un fracaso nacional. En Colombia se considera pobre a quien sobrevive con menos de 460 mil pesos mensuales. Esa cifra revela algo devastador: millones de personas viven permanentemente al borde del abismo.

Por eso el crecimiento económico no es un lujo tecnocrático ni una obsesión de empresarios. Es una necesidad moral. Sin crecimiento no hay igualdad sostenible. Sin crecimiento no hay desarrollo. Sin crecimiento no hay manera real de sacar a los más pobres adelante.

Hay una tragedia recurrente en la historia y en la literatura: hombres que, intentando construir un mundo más justo, terminan destruyendo las bases que sostenían aquello que querían proteger. No ocurre por maldad, sino por soberbia. Por creer que la realidad económica puede doblegarse únicamente con voluntad política, discursos morales o consignas ideológicas.

Ahí reside una de las grandes frustraciones del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que llegó prometiendo justicia social terminó entregando uno de los crecimientos económicos más débiles de las últimas décadas. El promedio de crecimiento durante sus primeros años de gobierno apenas rondó el 1,7 % anual, por debajo incluso del gobierno de Iván Duque, que tuvo que enfrentar la peor pandemia en un siglo. Incluso con el golpe histórico del Covid-19 y la contracción brutal de 2020, la economía durante el período de Duque terminó creciendo en promedio más que bajo Petro.

Ese dato debería producir una reflexión profunda en toda la izquierda latinoamericana. Porque un gobierno puede tener las mejores intenciones redistributivas, pero si destruye confianza, enfría la inversión y paraliza la economía, termina perjudicando precisamente a quienes prometía defender.

La inversión privada no nace de discursos morales ni de consignas políticas. Nace de expectativas de estabilidad, confianza y rentabilidad. Los empresarios invierten cuando creen que el futuro será mejor, cuando sienten que vale la pena arriesgar capital, abrir empresas y contratar trabajadores. Un gobierno que convierte permanentemente al empresario en sospechoso, explotador o enemigo social termina debilitando los incentivos mismos que permiten crear riqueza y empleo.

No se trata de defender privilegios. Se trata de entender cómo funcionan las economías reales.

Mientras tanto, el gasto público sigue creciendo. El déficit fiscal alcanza niveles preocupantes y la deuda se vuelve más costosa. Colombia pasó de financiarse con relativa comodidad ante organismos multilaterales a endeudarse a tasas mucho más altas en mercados privados. El economista Salomón Kalmanovitz ha señalado la contradicción de un gobierno que denuncia al Fondo Monetario Internacional como símbolo del capitalismo global, pero termina recurriendo a prestamistas privados mucho más caros. Es como rechazar un salvavidas por considerarlo ideológico y lanzarse, por orgullo, hacia aguas todavía más profundas.

Y el problema de fondo es que el crecimiento del gasto no se está traduciendo en una transformación estructural de la productividad nacional.

Porque los subsidios, aunque necesarios en emergencias, no reemplazan el desarrollo. Son un alivio temporal, no una solución histórica. Muchas veces terminan convertidos en herramientas clientelistas: pequeñas transferencias que ayudan a sobrevivir, pero no a progresar. Paños de agua tibia frente a heridas sociales gigantescas.

La frase de Claudia Sheinbaum —“por el bien de todos, primero los pobres”— tiene sentido precisamente porque reconoce que el centro de cualquier proyecto nacional debe ser la dignidad de quienes menos tienen. Pero poner primero a los pobres no significa conformarse con administrar pobreza. Significa crear las condiciones para que millones de personas dejen de ser pobres.

Y eso solo ocurre cuando una economía crece de manera sostenida, aumenta productividad, genera empleo formal y abre oportunidades reales de movilidad social.

La tragedia colombiana es que el país sí tiene potencial. Turismo, agroindustria, energías renovables, servicios tecnológicos y exportaciones podrían convertirse en motores de desarrollo durante las próximas décadas. La baja natalidad incluso podría aliviar presiones sociales futuras. Hay razones para pensar que Colombia puede mejorar.

Pero para quienes hoy viven en pobreza, esperar veinte años no es una teoría económica. Es una condena.

Algunos estimamos que, con el mediocre crecimiento económico de la última década, a Colombia podrían costarle otras dos décadas sacar a esos 15 millones de personas de la pobreza. Y eso debería avergonzarnos profundamente. Porque no estamos hablando de estadísticas ni de modelos macroeconómicos: estamos hablando de tolerar el hambre, la frustración y el estancamiento de casi un tercio de nuestra población por una mezcla de dogmatismo, falta de inteligencia y ausencia de sentido común.

Cada año de bajo crecimiento significa millones de vidas atrapadas en el rebusque, en la informalidad y en la desesperanza. Significa jóvenes sin horizonte claro. Significa niños creciendo en hogares donde incluso la comida diaria es incierta y donde el progreso siempre parece pertenecerle a otros.

Colombia no necesita aprender a repartir mejor la escasez; necesita volver a encender los motores de la prosperidad. Porque una nación que deja de crecer es como un barco que pierde viento en medio de la tormenta: los primeros en hundirse nunca son los que viajan en la cubierta más alta.

Por eso un verdadero progresismo no debería medir su éxito por el tamaño de los subsidios ni por la intensidad de sus discursos ideológicos. Debería medirlo por algo mucho más simple y mucho más difícil: cuántas personas lograron salir realmente de la pobreza gracias a una economía dinámica, moderna y capaz de generar prosperidad.

Porque al final, ninguna sociedad puede repartir de manera sostenible la riqueza que es incapaz de crear.

* Publicado originalmente para Le Monde Diplomatique

Colombia vuelve a mirarse en el espejo de Gabriel García Márquez: un país donde la historia parece repetirse más que avanzar. En ese escenario, Gustavo Petro irrumpe como promesa de ruptura, pero su gobierno expone una tensión más profunda: la distancia entre la épica del cambio y la obstinada realidad del Estado.

Más allá de los nombres, este texto explora las fuerzas que realmente moldean el poder: herencias políticas que no desaparecen, instituciones que resisten y una gobernabilidad cada vez más frágil. En un país que no termina de resolverse, la pregunta no es solo quién viene después, sino si Colombia puede, por fin, dejar de repetir su propia historia.

Porque aquí no hay héroes claros ni finales escritos: hay herederos, tensiones, egos, cálculos y un Estado que a veces avanza… y a veces bosteza. Este artículo invita a entrar en ese laberinto . A medio camino entre Macondo y el Congreso—donde lo trágico y lo absurdo conviven, y donde entender el presente colombiano es, también, una forma de anticipar sus próximas sorpresas.

En las páginas de Gabriel García Márquez, los destinos no eran simplemente biografías: eran condenas envueltas en poesía. Sus personajes –melodramáticos, obsesivos, circulares– parecían atrapados en una lógica donde la historia no avanza, sino que se repite con variaciones de tragedia. El propio Gabo hablaba de “razas condenadas a cien años de soledad”, como si el tiempo en Colombia fuera una espiral y no una línea. En ese espejo, Gustavo Petroaparece también como una figura de destino: un líder que se narra a sí mismo como ruptura histórica, como punto de inflexión inevitable.

Pero la historia – y esto conviene recordarlo– no termina con Aureliano. Ni con Petro.

Después de Gabo, la literatura colombiana no se extinguió en el peso de su sombra. Al contrario: se fragmentó, se diversificó, encontró nuevas voces, nuevos lenguajes, nuevas obsesiones. Del mismo modo, después de Petro, Colombia no será una nota al pie de su biografía. Será otra cosa: incierta, conflictiva, pero abierta.

Hoy el país parece atrapado en una ecuación compleja, de múltiples variables y escasa solución evidente. Una ecuación donde los herederos pesan tanto como las ideas, y donde la historia familiar sigue siendo capital político.

Ahí está Paloma Valencia, heredera de una tradición política que no es solo ideológica sino genealógica. Nieta de Guillermo León Valencia, su figura condensa los ecos de un país donde las élites no desaparecen: mutan. Su discurso, firme y sin concesiones, se apoya en una memoria histórica que incluye episodios tan fundacionales como el bombardeo a Marquetalia, ese momento en que el Estado decidió responder a la insurgencia campesina con el lenguaje de la guerra total. La herencia, en Colombia, no es un dato biográfico: es una herramienta estratégica. Y Valencia parece entenderlo con precisión quirúrgica.

En la otra orilla, Iván Cepeda representa otro linaje, también marcado por la violencia. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, su trayectoria política está atravesada por la memoria del conflicto, pero también por una apuesta institucional que, hasta hace poco, parecía diluirse en el silencio. Su reciente decisión de entrar de lleno en el debate rompe una especie de mutismo prolongado de la voz más fuerte de la izquierda.

Sin embargo, ese regreso no disipa las dudas. Si algo ha quedado claro en la experiencia reciente es que un eventual gobierno de Cepeda –o de alguien en su línea– estaría marcado por una convicción férrea, casi inamovible. Virtud o defecto, según quien mire. No sería un gran negociador en un Congreso fragmentado y muchas veces hostil. Serían años de fricción constante: calles movilizadas como sustituto de mayorías legislativas, reformas empujadas más por presión que por consenso. Un escenario de tensión permanente, donde la gobernabilidad sería un ejercicio diario de resistencia.

En el centro, como siempre, un archipiélago difuso de candidaturas que intentan capitalizar el cansancio sin lograr articular una narrativa convincente. El centro colombiano, más que un proyecto, parece un síntoma: el deseo de escapar de los extremos sin saber muy bien hacia dónde.

Y todo esto ocurre sobre un terreno inestable. Colombia enfrenta un riesgo fiscal creciente, una estructura estatal atravesada por la mediocridad y la corrupción en múltiples niveles – Congreso, cortes, burocracias regionales– y una institucionalidad que, aunque funcional, dista mucho de ser eficiente. Paradójicamente, la economía muestra signos de mayor solidez relativa, como si el país real avanzara a un ritmo distinto del país político.

Pero la ecuación no es solo interna.

En el horizonte regional y global, los próximos años estarán condicionados por factores que escapan al control de Bogotá. La prolongación de la influencia de Donald Trump –directa o indirecta– redefine las relaciones hemisféricas, endurece agendas migratorias, reconfigura alianzas. América Latina, fragmentada y sin un eje claro, se mueve entre pragmatismo económico y volatilidad política. Las agendas globales –cambio climático, transición energética, tensiones geopolíticas– imponen desafíos cada vez más complejos a un país que aún lucha por resolver sus problemas más básicos.

Sin embargo, reducir el momento colombiano a una suma de nombres propios sería un error de diagnóstico. Lo que está en juego no es solo quién suceda a Petro, sino bajo qué condiciones estructurales ese sucesor – o sucesora– intentará gobernar.

Porque Colombia arrastra una paradoja persistente: es un país con vocación institucional, pero con una práctica profundamente informal del poder. Las reglas existen, pero su aplicación es selectiva; las instituciones funcionan, pero lo hacen muchas veces capturadas por intereses particulares. El Estado colombiano no es débil en el sentido clásico –no ha colapsado, no ha perdido el monopolio formal de la ley–, pero sí es desigual en su capacidad de acción. Es fuerte en algunos territorios, inexistente en otros; riguroso en ciertos ámbitos, laxo en muchos más.

Esta fragmentación se traduce en un problema central para cualquier gobierno futuro: la imposibilidad de ejecutar reformas profundas sin enfrentar resistencias múltiples y simultáneas. No se trata solo de oposición política, sino de redes clientelares, intereses económicos, inercias burocráticas y, en algunos casos, estructuras ilegales que se entrelazan con lo institucional.

En ese contexto, la promesa de cambio –sea desde la izquierda, la derecha o el centro– choca inevitablemente con los límites del aparato estatal. Petro lo ha experimentado en carne propia: una agenda ambiciosa que, al aterrizar en la realidad administrativa, encuentra cuellos de botella, demoras, reinterpretaciones, sabotajes silenciosos.

De ahí que el debate sobre el “después de Petro” no pueda limitarse a la continuidad o ruptura de sus políticas. La pregunta más incómoda es otra: ¿es gobernable Colombia bajo los parámetros actuales?

La respuesta, si se mira con frialdad, es ambigua.

Por un lado, existe una resiliencia notable. A pesar de crisis recurrentes –violencia, corrupción, desigualdad– el país no se ha desmoronado. Ha mantenido una cierta estabilidad macroeconómica, ha preservado elecciones competitivas, ha evitado rupturas institucionales abruptas. Pero esa misma resiliencia puede ser leída como estancamiento: una capacidad de absorber el conflicto sin resolverlo, de normalizar lo excepcional, de convertir la crisis en rutina.

Por otro lado, hay señales de fatiga. La confianza en las instituciones es baja, la polarización ha aumentado, y la idea misma de un proyecto nacional compartido parece cada vez más difusa. En ese vacío, los liderazgos tienden a personalizarse, a construir relatos épicos que sustituyen la falta de consensos estructurales.

Es aquí donde la figura de Petro –y la de sus posibles sucesores– se vuelve más compleja. No se trata solo de su programa, sino de su estilo de liderazgo. Un estilo que privilegia la confrontación, que entiende la política como un campo de disputa permanente, que apela a la movilización social como fuente de legitimidad.

Ese enfoque tiene ventajas evidentes: permite romper inercias, visibilizar conflictos, desafiar poderes establecidos. Pero también tiene costos: dificulta la construcción de acuerdos, agota a la opinión pública, y puede derivar en una gobernabilidad basada más en la presión que en la negociación.

Un eventual relevo desde la derecha, representado por figuras como Valencia, implicaría un giro en el tono, pero no necesariamente en la estructura del conflicto. La derecha colombiana, históricamente más disciplinada, enfrenta hoy su propia fragmentación interna. El legado del uribismosigue siendo un factor de cohesión, pero también de desgaste. Gobernar desde ahí implicaría no solo oponerse a Petro, sino redefinir un proyecto que vaya más allá de la reacción.

En el centro, la dificultad es distinta: construir identidad. Sin un relato claro, sin una base social movilizada, el centro corre el riesgo de convertirse en un actor de segunda línea, relevante en el discurso pero marginal en la práctica.

Hay un momento poco explorado –y sin embargo decisivo–en la trayectoria de Gustavo Petro: la construcción y posterior descomposición de su primer gabinete. Allí, más que en los discursos o en las plazas, se jugó una parte sustancial de su aspiración de convertirse en estadista y no solo en líder de ruptura.

El arranque fue, en apariencia, una señal de madurez política. La inclusión de figuras como Alejandro Gaviria , Ocampo y otros perfiles de corte liberal como Roy Barreras o técnico sugerían un intento deliberado de construir un gobierno de síntesis, capaz de tender puentes con sectores moderados y de enviar un mensaje de estabilidad a un país temeroso de los extremos. Era, si se quiere, el gesto clásico de quien entiende que gobernar no es lo mismo que hacer campaña.

Ese primer gabinete tenía algo de pacto tácito: la energía transformadora de Petro se equilibraría con la experiencia institucional de quienes conocían los ritmos del Estado. No era solo una coalición política, sino una alianza de temperamentos. De un lado, la voluntad de cambio acelerado; del otro, la conciencia de que el aparato público tiene inercias que no se desmontan por decreto.

Pero ese equilibrio duró poco.

Con el paso de los meses, la relación entre el Presidente y varios de sus ministros empezó a tensarse. No tanto por diferencias ideológicas de fondo, sino por algo más difícil de gestionar: la brecha entre expectativa y ejecución. Algunos de esos primeros ministros –en conversaciones privadas, casi siempre marcadas por la discreción– describían una atmósfera de creciente frustración. Hablaban, con una metáfora que no es casual en Colombia, de una suerte de desesperación a lo Aureliano: la sensación de estar librando batallas repetidas sin lograr alterar el curso de los acontecimientos.

Esa comparación con los personajes de Gabriel García Márquez no es simplemente literaria. Apunta a un rasgo más profundo del liderazgo de Petro: una relación intensa, casi visceral, con la idea de transformación histórica. El problema es que el Estado –ese entramado de normas, procedimientos, tiempos administrativos y resistencias internas– no responde a la lógica de la épica.

Ahí aparece, quizá, uno de los límites más claros de su gobierno. Petro llegó al poder con una larga trayectoria política, pero sin experiencia significativa dentro del aparato burocrático en condición de subordinado. No es un detalle menor. Quien ha sido burócrata –en el sentido más amplio del término– aprende que las decisiones no solo deben ser correctas, sino implementables. Que cada reforma atraviesa capas de validación, interpretación y, muchas veces, dilación. Que el Estado no es un instrumento dócil, sino una maquinaria compleja, a veces torpe, otras veces resistente.

Esa distancia entre el diseño y la ejecución genera una tensión constante. Desde la perspectiva del líder, los cambios parecen urgentes y moralmente inaplazables. Desde la lógica administrativa, son procesos que requieren tiempo, coordinación y, sobre todo, paciencia. Cuando esas dos temporalidades chocan, lo que emerge es frustración: la sensación de que el aparato estatal traiciona el mandato político.

El relevo progresivo de ministros puede leerse, en parte, como un intento de resolver esa tensión. Sustituir perfiles más técnicos o moderados por otros más alineados con la visión presidencial buscaba reducir el ruido interno y acelerar la toma de decisiones. Pero esa estrategia tiene un costo: debilita los contrapesos dentro del propio gobierno y reduce la diversidad de criterios, justo en un entorno que exige deliberación cuidadosa.

Al final, lo que queda es una lección incómoda para cualquier proyecto de cambio en Colombia. La política, a diferencia de la literatura, rara vez ofrece momentos de catarsis. Es, en gran medida, un ejercicio de gestión paciente, de avances incrementales, de negociaciones grises que no caben en relatos heroicos. El deseo –tan potente en la narrativa– se vuelve, en la práctica, rehén de procedimientos, de presupuestos, de firmas que tardan más de lo previsto.

Hay algo casi inevitablemente anticlimático en gobernar. Y tal vez ahí radica una parte del desencuentro: en la dificultad de traducir una visión épica en una realidad que, la mayoría del tiempo, es simplemente prosaica.

A todo esto se suma un elemento que suele subestimarse: el tiempo.

Colombia entra en una fase donde las decisiones ya no pueden postergarse indefinidamente. La transición energética, por ejemplo, no es solo un debate ambiental, sino fiscal. La dependencia de los ingresos petroleros plantea un dilema inmediato: cómo financiar el Estado en un escenario de descarbonización. Las respuestas posibles –reforma tributaria, diversificación productiva, endeudamiento– son políticamente costosas.

Lo mismo ocurre con el sistema de salud, el modelo pensional, la educación. Son reformas estructurales que requieren mayorías, tiempo y capital político. Tres recursos escasos en el contexto actual.

En paralelo, la dinámica regional introduce nuevas tensiones. La relación con Venezuela, siempre delicada, sigue siendo un factor de inestabilidad. La migración, la seguridad fronteriza, el comercio informal: temas que ningún gobierno puede ignorar.

Y en el plano global, la incertidumbre es la regla. La competencia entre potencias, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la crisis climática, las nuevas tecnologías: todo apunta a un entorno más volátil, donde los márgenes de maniobra para países como Colombia son muylimitados.

En medio de las tensiones y los extravíos, sería injusto negar que en el gobierno de Gustavo Petro han coexistido –y aún resisten– funcionarios de una convicción honesta, casi silenciosa, que contrasta con el ruido de la coyuntura. Algunos de ellos, curiosamente, han tenido una relación más directa con la tierra que con la retórica: técnicos, gestores, reformistas discretos que entienden que la deuda agraria de Colombia no es un eslogan sino una herida abierta. En esa línea, en esa posibilidad de una reforma rural seria, paciente, anclada en lo concreto, parecía insinuarse un camino más fértil, acaso el verdadero derrotero para un Aureliano menos atrapado en la épica y más comprometido con la siembra lenta de instituciones. Pero la vanidad –esa fuerza sutil que también habita a los personajes de Gabriel García Márquez–terminó por inclinar la balanza: la aspiración a una estatura global, la seducción de los grandes escenarios internacionales, la coreografía de discursos que buscan resonancia más allá de las fronteras. En esa danza, tan visible como efímera, algo de la brújula se extravió; y mientras el mundo escuchaba, el país –más terco, más concreto– seguía esperando respuestas menos grandilocuentes y más tangibles.

Para lo que sigue, la tentación de pensar en términos de “salvadores” resulta comprensible, pero engañosa. Ni Petroes el principio absoluto, ni quien le suceda será el final de la historia.

Quizás la lección más profunda –y más incómoda– es que Colombia no necesita otro Aureliano. No necesita otro personaje destinado a encarnar todas las contradicciones del país. Necesita, más bien, una política menos épica y más prosaica. Menos centrada en figuras y más en instituciones. Menos obsesionada con el destino y más comprometida con la gestión.

Eso, por supuesto, es más difícil de narrar. No hay novelas memorables sobre burocracias eficientes. No hay mitologías sobre consensos técnicos. Pero es ahí donde se juega, en última instancia, la posibilidad de un país distinto.

Después de Petro, Colombia seguirá siendo un país en disputa. Con avances y retrocesos, con momentos de lucidez y de extravío. Un país que, como en las novelas de Gabo, parece a veces condenado a repetirse, pero que –a diferencia de Macondo– tiene la posibilidad de aprender.

La historia no se acaba con el gran Aureliano.

Se complica. Se bifurca. Y, si hay algo de esperanza, es precisamente eso: que no está escrita de una vez y para siempre.

En el pabellón Colombia de la FILBo, donde casi todos los estands parecen competir por el brillo o por la velocidad de la atención, hay uno que eligió otra cosa: escuchar. No es una metáfora de catálogo editorial. Está escrito incluso en la entrada, como una declaración de intenciones y también como una advertencia moral: “El territorio habla, el centro escucha”. El lema del Centro Nacional de Memoria Histórica no aparece allí como un eslogan institucional sino como una suerte de respiración lenta en medio del ruido de la feria.

El estand no tiene puertas simbólicas. No obliga al visitante a entrar: lo recibe abierto, como si quisiera desmontar la vieja solemnidad estatal que tantas veces convirtió la memoria en un trámite o en un mausoleo. Uno puede atravesarlo casi sin darse cuenta, y quizás allí esté uno de sus mayores aciertos. En un país acostumbrado a que la violencia tenga oficinas, expedientes y sellos, el CNMH decidió construir un espacio sin bordes duros. Un lugar donde la conversación parece más importante que la exhibición.

Pase varios días en ese stand, algo que francamente nunca había hecho en una feria del libro. Era un ángulo curioso de esa fiesta cultural, completamente opuesto a los otros lugares donde suelo estar como moderador, entrevistador o invitado. Mientras el resto de Corferias se movía al ritmo de las filas, las cámaras, los lanzamientos y los autores de moda, allí el tiempo parecía funcionar distinto. La gente no pasaba únicamente a mirar: se quedaba.

Y eso llamaba profundamente la atención.

Personas de todo tipo preguntaban por la memoria de su propio país. Jóvenes universitarios, familias completas, adultos mayores, estudiantes de colegio, visitantes que parecían haber llegado por azar. La belleza del estand atraía precisamente por una lógica muy curiosa: en Colombia la memoria suele asociarse únicamente a lo difícil, a la guerra, a la tragedia, al expediente doloroso. Pero allí la memoria aparecía también ligada a las resistencias, a la maravilla obstinada de seguir construyendo sociedad después de tanto.

En la FILBo, donde las personas cargan bolsas llenas de novedades editoriales y buscan firmas de autores como quien colecciona pequeñas inmunidades contra la realidad, el estand del Centro opera de otra manera: no vende olvido rápido. Propone permanencia.

Lo primero que llama la atención son los colores. No hay negros dramáticos ni rojos de denuncia explícita. Tampoco el minimalismo frío que domina tantos espacios culturales contemporáneos. La diseñadora Susana Carrié eligió tonos tierra, colores orgánicos, texturas que recuerdan fibras, tintes naturales, barro húmedo, madera expuesta, telas campesinas. Hay algo deliberadamente antiurbano en la composición visual del espacio. Como si el estand quisiera traer adentro de Corferias una temperatura distinta del país.

Carrié lo explica con una precisión casi artesanal: la paleta se inspiró “en algunos colores de la tierra, de los textiles y tintes orgánicos y de la naturaleza en general”. Y eso se nota. No es una estética decorativa sino territorial. Colombia aparece allí menos como nación abstracta que como acumulación de geografías heridas.

En el centro del recorrido hay una línea de tiempo sobria, montada sobre tubos de cartón en crudo. Nada reluce demasiado. La memoria aquí no fue diseñada para el espectáculo. Quizá por eso conmueve más. Los materiales parecen querer desaparecer para dejar hablar las historias. En otro punto emergen unos rostros enfrentados, casi totémicos, donde la biodiversidad étnica y cultural del país adquiere forma visual. Son figuras que observan al visitante tanto como el visitante las observa a ellas. En una feria donde casi todo busca seducir, estas piezas parecen interrogar.

Y sin embargo, hay una ruptura deliberada en esa gama de tierras: un tapete naranja intenso que invade el ingreso y la zona de juego infantil. El color estalla como una llamarada. Carrié dice que fue pensado para atraer al público infantil, para señalar el espacio lúdico donde se desarrollan talleres y actividades. Pero el efecto es más profundo. El naranja funciona como una irrupción de futuro dentro de una narrativa marcada por el duelo. Allí los niños dibujan, juegan, construyen jardines simbólicos de memoria, participan en cartografías afectivas, exploran archivos como pequeños arqueólogos emocionales.

Hay algo profundamente político en esa escena.

Porque el CNMH entendió algo fundamental: la memoria que no logra conversar con la infancia termina convertida en archivo muerto.

Mientras camino por el estand, escucho fragmentos de conversaciones simultáneas. Una mujer explica a otra quién fue Kimy Pernía Domicó. Un estudiante hojea un informe sobre Córdoba. Una niña escribe algo en una flor de papel para el “Jardín de la memoria”. Más allá, alguien escucha un pódcast en la Sala Escucha, ese pequeño entorno inmersivo donde suenan las producciones radiales hechas directamente por comunidades de los territorios.

Hablé con muchas personas durante esos días. Algunos contaban historias de sus familias. Otros preguntaban por un dato concreto, por un nombre, por una fecha, por un informe específico. Muchos simplemente se sentaban a hojear libros durante largos ratos, como si buscaran algo difícil de nombrar. Las familias, especialmente, parecían conectarse con el espacio de una manera distinta. Había padres explicando a sus hijos episodios del país que quizás nunca habían sabido cómo contarles.

Y uno terminaba preguntándose si acaso Colombia quiere buscar su memoria, pero no en lenguajes institucionales. Quizá en lenguajes poéticos.

No en vano el libro más importante de nuestra sociedad se llama Cien años de soledad. ¿Qué otra cosa es esa novela sino una inmensa obsesión colectiva por la memoria, por lo que hemos sido, por lo que nos ha sucedido, por aquello que intentamos recordar antes de que el tiempo termine borrándolo?

La Sala Escucha probablemente sea uno de los lugares más silenciosamente radicales del estand.

En un país que lleva décadas produciendo discursos sobre las víctimas, el CNMH parece intentar algo más difícil: permitir que hablen sin traducción intermediaria. Las voces que salen de los audífonos no tienen la dicción homogénea de los estudios de radio bogotanos. Hay acentos atravesados por río, montaña, costa, selva. La escucha se vuelve un acto físico. Uno entiende rápidamente que la memoria sonora tiene una capacidad distinta para perforar defensas. La voz humana conserva algo que la escritura pierde: respiración, miedo, pausa, temblor.

Pamuk escribió alguna vez que los museos verdaderos no organizan objetos sino emociones del tiempo. Este espacio parece construido bajo esa intuición.

No organiza únicamente documentos del conflicto armado colombiano. Organiza maneras de aproximarse al dolor sin convertirlo en mercancía emocional.

Eso se percibe también en la programación. No hay aquí una obsesión por cubrirlo todo ni por representar todas las tragedias nacionales en formato de agenda cultural. La selección fue producto —según explican desde el Centro— de una concertación entre distintas direcciones misionales de la entidad. No se trata de una línea única de relato sino de múltiples entradas a la memoria reciente del país.

Por eso conviven talleres infantiles con conversatorios sobre desaparición forzada, lanzamientos editoriales con ejercicios de cartografía comunitaria, archivos orales con teatro, pedagogía con justicia restaurativa.

La memoria aparece entonces no como una pieza fija sino como un organismo vivo.

Algunas actividades resumen especialmente bien el espíritu del espacio. “La palabra que repara”, por ejemplo, reúne experiencias de justicia restaurativa impulsadas junto a la JEP. No se trata simplemente de hablar sobre víctimas y victimarios sino de explorar cómo la palabra puede convertirse en un territorio de reconstrucción. En otro conversatorio, dedicado a los diez años de la Cátedra de Paz, la pregunta central parece atravesar todo el proyecto del estand: ¿cómo enseñar el conflicto armado sin normalizarlo?

Hay también una insistencia notable en los archivos.

En tiempos donde la información circula a velocidades digitales y donde la verdad parece fragmentarse en versiones instantáneas, el CNMH insiste en el valor material de conservar. Talleres sobre archivos personales, documentos desclasificados, archivos orales, acervos comunitarios: todo apunta a la misma idea. Un país sin archivos termina condenado a depender de la versión del más fuerte.

Quizá por eso uno de los espacios más conmovedores de la programación sea el dedicado a “Archivos en resistencia”, donde se dialoga sobre desaparición forzada a partir del Colectivo 82 colombiano y el caso Ayotzinapa en México. Allí la memoria deja de ser únicamente conmemoración y se vuelve también investigación criminal, búsqueda obstinada, prueba contra el olvido.

Pero el estand no se instala únicamente en el pasado. Hay una voluntad permanente de discutir el presente colombiano. Conversatorios sobre violencia contra movimientos políticos, transformaciones del conflicto después de los acuerdos de paz, memoria ambiental, territorios y Paz Total muestran que el Centro intenta escapar de la tentación museográfica de congelar la violencia como si perteneciera únicamente a otra época.

En realidad, lo que el estand pone en escena es algo más incómodo: que el conflicto colombiano no ha terminado de convertirse en pasado.

Quizá por eso Córdoba ocupa un lugar especial dentro de la programación. El homenaje al departamento funciona casi como un eje narrativo subterráneo del estand. Informes sobre el Bloque Córdoba, discusiones sobre Santa Fe de Ralito, memorias ambientales, archivos territoriales: todo compone una especie de radiografía fragmentada de una región donde la violencia paramilitar dejó marcas profundas y todavía insuficientemente narradas.

Ahí está quizá la verdadera apuesta del espacio.

No se trata únicamente de recordar lo ocurrido. Se trata de preguntarse qué hacemos con eso mientras seguimos viviendo.

En algún momento de la tarde me detengo frente a uno de los micrófonos abiertos donde víctimas y funcionarios leen textos relacionados con memoria histórica y derechos humanos. La escena tiene algo frágil. En una feria dominada por la velocidad del consumo cultural, alguien decide leer en voz alta un fragmento sobre desaparición, desplazamiento o resistencia campesina. Y algunas personas se detienen. Otras siguen caminando. Algunas escuchan apenas unos segundos antes de irse.

Pero incluso esa fragilidad parece importante.

Porque el estand no intenta producir unanimidad emocional. No busca obligar al visitante a conmoverse. Más bien abre la posibilidad de una conversación pública donde la memoria no aparezca como imposición moral sino como experiencia compartida.

Tal vez por eso el diseño abierto resulta tan coherente con el concepto institucional. El territorio habla, el centro escucha. La frase adquiere sentido espacial. El visitante no atraviesa puertas ceremoniales ni corredores oscuros preparados para una experiencia inmersiva controlada. Aquí uno entra como entra a una plaza o a una conversación.

Y quizá esa sea la gran diferencia.

Muchos espacios sobre memoria en el mundo terminan convirtiendo el dolor en escenografía. Este estand parece intentar lo contrario: devolverle humanidad cotidiana.

Incluso en los detalles más pequeños aparece esa búsqueda. Los juegos colaborativos como Cosechas de memoria y verdad, las coplas campesinas, los jardines simbólicos, las conversaciones sobre naturaleza y territorio como víctimas del conflicto. Todo insiste en una memoria menos monumental y más comunitaria.

No una memoria vertical sino horizontal.

Mientras cae la tarde sobre Corferias y la feria empieza lentamente a vaciarse, el estand mantiene una especie de temperatura humana extraña. No parece agotarse con el paso de las horas. Quizá porque allí la gente no entra solamente a consumir contenidos culturales sino a reconocerse. O a intentar hacerlo.

Pienso entonces en algo que decía Pamuk sobre los museos pequeños: que su verdadera fuerza consiste en acercar las grandes historias nacionales a la escala íntima de las personas comunes. El espacio opera exactamente así. Toma la enorme maquinaria abstracta del conflicto armado colombiano y la devuelve a la dimensión concreta de las voces, los archivos familiares, los relatos locales, las fotografías, las canciones, los dibujos infantiles.

La memoria deja de ser una categoría jurídica o académica y recupera algo esencialmente humano: la necesidad de contar lo vivido antes de que desaparezca.

En Colombia, donde tantas veces el lenguaje oficial ha intentado domesticar el horror mediante cifras, el estand del CNMH propone otra velocidad narrativa. Más lenta. Más abierta. Más vulnerable también.

Y quizás allí resida su valor más profundo.

Porque escuchar de verdad siempre implica el riesgo de transformarse.

Podían aislarlo. Podían señalarlo. Pero no iban a verlo rogando.

Con Gustavo Petro ocurrió exactamente lo contrario.

Durante meses, buena parte de los movimientos políticos y diplomáticos del presidente parecían atravesados por una obsesión silenciosa: evitar terminar —o salir cuanto antes— de la llamada Lista Clinton. Y no era paranoia. Cualquiera que entienda lo que significa entrar allí comprende por qué un mandatario, un empresario o una figura pública harían prácticamente cualquier cosa por impedirlo.

Porque la Lista Clinton —las sanciones OFAC administradas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— no es simplemente una lista negra. Es una muerte financiera internacional. Quien entra allí queda prácticamente expulsado del sistema económico occidental: bancos que cierran cuentas, empresas que rompen relaciones, activos congelados, restricciones para mover dinero y un efecto devastador sobre familiares, socios y entorno político. No hace falta una condena penal. Basta la decisión política de Washington.

Y entonces ocurrió lo que durante meses parecía imposible para un presidente colombiano en ejercicio.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

El mensaje fue demoledor.

Porque Washington no sancionó solamente al jefe de Estado colombiano. Sancionó a su círculo más íntimo. A su familia. A su entorno político más cercano. Y con ello convirtió el problema en algo mucho más profundo que una disputa diplomática.

Ya no se trataba solamente de restricciones financieras.

Se trataba de destruir legitimidad.

Porque las sanciones OFAC tienen precisamente esa característica: contaminan todo alrededor. Nadie quiere hacer negocios con alguien incluido allí. Bancos internacionales bloquean operaciones. Empresas evitan relaciones. Gobiernos toman distancia. El sistema entero actúa como si la persona estuviera marcada.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurrió alrededor de Petro durante los meses posteriores.

La Presidencia de Colombia terminó firmando un contrato de diez mil millones de pesos para buscar una salida jurídica y política frente a las sanciones estadounidenses. Pero el escándalo no fue solamente la cifra. Fue el destinatario.

El Gobierno contrató a una microempresa británica de apenas dos empleados llamada Amadeus Consultancy. Una firma con activos cercanos a las 57 mil libras esterlinas, sin trayectoria reconocida como gran bufete internacional y operando desde una oficina prefabricada en un polígono industrial del noroeste de Inglaterra.

La empresa recibiría cerca de 2,7 millones de dólares en apenas 112 días. Treinta y cinco veces su patrimonio.

Y el detalle más impactante quizá sea otro: el contrato no incluía defender jurídicamente al Estado colombiano ni litigar formalmente ante tribunales estadounidenses. La consultora debía simplemente elaborar “recomendaciones”, análisis y conceptos técnicos sobre cómo enfrentar las sanciones internacionales.

Es decir: diez mil millones de pesos públicos para intentar recuperar legitimidad frente a Washington.

Pero además apareció un elemento todavía más delicado políticamente: distintos reportes periodísticos comenzaron a señalar vínculos y relaciones previas entre Amadeus Consultancy y el entorno de Alex Saab, el empresario colombiano recientemente extraditado y convertido en una de las figuras más sensibles del entramado financiero del chavismo.

Y ahí la situación deja de ser solamente escandalosa para convertirse en profundamente simbólica.

Porque el gobierno que durante años construyó un discurso moral contra las élites, el imperialismo y las redes tradicionales de poder internacional terminó recurriendo a una pequeña firma extranjera, ligada además a personajes del universo político venezolano, para intentar resolver su crisis frente a Washington.

Todo esto hace todavía más simbólico el origen político de la historia.

Porque meses antes, en Central Park, Nueva York, Petro apareció con un megáfono lanzando discursos incendiarios contra el poder estadounidense y contra Donald Trump. No fue en cualquier lugar. Fue en el corazón simbólico de Estados Unidos. En la ciudad que representa el mito personal de Trump. La ciudad donde construyó su fortuna, su apellido y su narrativa de poder. La ciudad donde se levanta la Trump Tower.

Hay algo que muchos todavía no terminan de comprender sobre Trump: negocia todo, pero no olvida nada.

Trump puede sentarse con sus adversarios, sonreír, conversar y tomarse fotografías. Lo ha hecho toda su vida. Una semana antes de destruir políticamente a alguien puede estar negociando con esa misma persona. Así funciona su lógica de poder.

Por eso las fotografías posteriores, los acercamientos diplomáticos y los permisos especiales nunca significaron necesariamente reconciliación.

Semanas antes de la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense —uno de los gestos más contundentes de poder militar y dominación geopolítica de la administración Trump en América Latina— existían conversaciones y contactos. Porque Trump es un negociante. Pero también es un hombre profundamente resentido.

Se resiente con periodistas que lo contradicen. Con celebridades que lo atacan. Con antiguos aliados que considera desleales. Y probablemente también con líderes extranjeros que decidieron desafiarlo públicamente en su propia ciudad.

Petro quizás confundió capacidad de negociación con ausencia de memoria.

Y ahí apareció el verdadero problema político.

A pocos meses de abandonar la Presidencia, Gustavo Petro ya no tenía margen suficiente para negociar directamente con Washington una eventual salida de la Lista Clinton. Un eventual gobierno de continuidad progresista tampoco tendría demasiado capital político para lograrlo.

Paradójicamente, quien sí podría tener capacidad real de interceder por el presidente Petro sería un gobierno de derecha.

Un gobierno alineado históricamente con Estados Unidos. Un gobierno dispuesto a reconstruir una relación clásica, disciplinada y estratégica con Washington. Un gobierno capaz de pedir “ese favor” dentro de una lógica de cooperación irrestricta.

Pero surge entonces la pregunta más incómoda de todas:

¿por qué lo harían?

¿Por qué ayudarían ellos políticamente al hombre más importante del progresismo colombiano?

Porque mantener a Petro cercado internacionalmente tendría una enorme utilidad política interna. No afectaría solamente a un expresidente. Afectaría a la principal figura simbólica de la izquierda colombiana durante años. A su familia. A su entorno. A su capacidad económica y de movimiento internacional.

Sería, además, un mensaje continental.

La izquierda latinoamericana pasó años construyendo un relato antiestadounidense mientras, al mismo tiempo, dependía profundamente de la legitimidad financiera y diplomática del propio sistema occidental.

Quizás, en tres años, un cambio de administración en Estados Unidos podría abrir una ventana distinta. Tal vez un presidente demócrata estaría dispuesto a revisar las sanciones, reconstruir canales diplomáticos o desescalar políticamente el caso Petro. Pero incluso eso es profundamente incierto. Porque las sanciones de Washington rara vez dependen solamente de afinidades ideológicas. También dependen de intereses estratégicos, de presiones internas y, sobre todo, de símbolos de poder.

Y ahí es donde la comparación con Samper termina siendo demoledora.

A Samper le quitaron la visa y jamás volvió a pedirla. Transformó la sanción en una forma de dignidad política. Petro, en cambio, termina dejando la imagen opuesta: la de un hombre que pasó del discurso antiimperialista a la necesidad desesperada de recuperar legitimidad ante el mismo poder que desafió durante años.

Porque al final, la tragedia política de Gustavo Petro no fue entrar a la Lista Clinton.

Fue demostrar cuánto necesitaba nunca haber entrado allí.

Por eso cada vez más candidatos le huyen a los debates tradicionales. Por eso prefieren entrevistas cómodas, lives amistosos o videos editados para TikTok. Y por eso personajes tan distintos como Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda terminan jugando el mismo juego: menos confrontación real, más comunicación directa, más control del mensaje.

El corazón de todo eso son las redes sociales.

La política entendió algo fundamental: hoy el poder ya no lo tienen los medios tradicionales. Lo tienen los algoritmos.

Y ahí aparece Westcol, un youtuber joven, polémico, desordenado, muchas veces ridículo, pero profundamente conectado con la lógica de esta época. Invita a Gustavo Petro y logra más de un millón de personas conectadas. Invita a Álvaro Uribe Vélez y reúne cientos de miles más. Cifras que hace unos años eran exclusivas de finales de fútbol o discursos presidenciales.

Eso no significa que Westcol sea el nuevo periodista dominante del país ni que los streamers vayan a reemplazar a la prensa. Ese análisis sería superficial. Los youtubers nacen y perecen con una velocidad absurda. Hoy son tendencia; mañana son meme; pasado mañana nadie se acuerda de ellos.

No. El verdadero poder no está en los creadores. Está en las plataformas.

Aquí vale la pena recordar a Guy Debord y su célebre idea de La sociedad del espectáculo. Debord escribió en 1967 que “todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en representación”. Su tesis era demoledora: las sociedades modernas dejan de experimentar la realidad de forma directa y comienzan a vivirla a través de imágenes, símbolos y espectáculos mediáticos.

Lo impresionante es que Debord escribió eso décadas antes de TikTok, Instagram o Twitch.

Hoy las redes sociales llevaron esa lógica al extremo. Investigaciones recientes sobre plataformas digitales muestran cómo las redes crean un “pseudo-mundo” emocional donde la experiencia humana es sustituida por estímulos diseñados para captar atención y producir reacción inmediata.

Y ahí aparece el verdadero incentivo perverso.

El algoritmo no premia al más inteligente. Premia al más visible.

Premia lo emocional sobre lo racional. Lo explosivo sobre lo sensato. Lo tendencioso sobre lo equilibrado. En otras palabras: la lógica tecnológica empuja inevitablemente hacia el populismo.

Eso conecta directamente con Mario Vargas Llosa y La civilización del espectáculo. Vargas Llosa advertía que la sociedad contemporánea convirtió el entretenimiento en el valor supremo de la vida pública. La política dejó de ser un espacio para las ideas y se volvió una rama del entretenimiento.

El espectáculo reemplaza al pensamiento. La imagen reemplaza a la sustancia. El escándalo reemplaza al argumento.

Y sinceramente, ¿qué mejor descripción de la política contemporánea?

El candidato moderado pierde. El que duda pierde. El que explica pierde.

En cambio, gana el que grita más duro, el que produce indignación, el que convierte cada intervención pública en un clip viral de 20 segundos.

Las redes democratizaron la comunicación, sí. Derribaron monopolios mediáticos, también. Hoy cualquiera puede sentarse frente a una cámara y disputar atención con un canal nacional. Eso tiene algo profundamente liberador.

Pero también profundamente peligroso.

Porque cuando la política depende del algoritmo, la verdad importa menos que la viralidad. Y cuando la viralidad gobierna, lo ridículo deja de ser un accidente para convertirse en estrategia.

Y si todo esto se quedara solamente en un juego cultural, en memes, en tendencias absurdas o en streamers improvisando análisis políticos, quizá no importaría tanto. El problema es otro: las elecciones son reales. El poder es real. El Estado es real.

Y si las elecciones comienzan a ganarlas no los mejores gobernantes sino quienes mejor manipulen las emociones digitales, quienes mejor entiendan cómo torcer las redes a su antojo, quienes logren explotar con más eficacia la rabia, el miedo o la indignación colectiva, entonces vale la pena preguntarse qué tipo de personas van a terminar al frente de los países.

Porque el incentivo deja de ser gobernar bien.

El incentivo pasa a ser dominar el algoritmo.

Y eso cambia todo.

Las campañas ya no están diseñadas para convencer ciudadanos. Están diseñadas para hackear emociones.

Y con la inteligencia artificial entrando de lleno en esa dinámica —segmentando audiencias, creando contenido automático, amplificando emociones y manipulando conversación pública— el fenómeno apenas comienza.

Entonces uno termina viendo el panorama colombiano y pensando, medio en chiste y medio en tragedia: qué vaina… dan ganas de votar por Westcol.

La respuesta que hoy intenta mostrar la UNAD es sí.

La institución, especializada en educación abierta, virtual y a distancia, se convirtió además —según un reciente informe de la Contraloría General— en la única universidad pública colombiana capaz de sostener la mayor parte de su operación con recursos propios. Un contraste marcado frente a la realidad del resto del sistema universitario estatal, donde la dependencia de las transferencias nacionales sigue siendo la norma.

El anuncio llega en un momento particularmente sensible para las finanzas públicas y para el debate sobre la sostenibilidad de la educación superior. Mientras varias universidades del país advierten sobre presiones presupuestales y déficits crecientes, la UNAD exhibe un modelo que mezcla virtualidad, cobertura nacional y control del gasto como fórmula de estabilidad.

“Cuando la educación pública se gestiona con innovación, transparencia y sostenibilidad, puede alcanzar la máxima confianza financiera sin renunciar a su misión social”, aseguró el rector Jaime Leal Afanador tras conocerse la decisión de la calificadora.

Parte del reconocimiento se explica por el modelo operativo que la universidad ha consolidado durante más de una década. Según cifras divulgadas por la institución, formar a un estudiante en un esquema universitario tradicional puede costar cerca de 27,9 millones de pesos al año. En la UNAD, en cambio, el costo ronda los 3,1 millones.

La diferencia no es menor. El sistema híbrido y virtual le ha permitido ampliar cobertura, abrir nuevos centros regionales y aumentar ingresos sin replicar los costos de infraestructura y operación de una universidad presencial tradicional.

Para Leonardo Urrego, la calificación no responde a un solo indicador financiero, sino a una combinación de factores: crecimiento sostenido de ingresos, control operativo, diversificación de fuentes de financiación y capacidad institucional de adaptación.

También influyó el manejo prudente del endeudamiento y la existencia de mecanismos de gobierno corporativo y rendición de cuentas que, según BRC Ratings, fortalecen la confianza sobre la administración de los recursos públicos y propios.

La obtención de una calificación AAA suele asociarse con empresas privadas o entidades financieras. En el caso de una universidad pública, el significado es distinto: implica que el mercado considera que la institución tiene una capacidad “extremadamente fuerte” para cumplir sus obligaciones financieras y sostener su operación en el tiempo.

Pero el caso de la UNAD abre además una discusión más amplia sobre el modelo universitario estatal colombiano. Mientras históricamente el debate se ha concentrado en la insuficiencia de recursos públicos, esta experiencia pone el foco en la eficiencia administrativa, la transformación digital y la capacidad de generar ingresos propios.

Desde la universidad insisten en que el superávit reportado por la Contraloría —superior a los 35 mil millones de pesos— no debe leerse como una utilidad empresarial, sino como capacidad de reinversión en tecnología, laboratorios y permanencia estudiantil.

En otras palabras, el argumento institucional es que la sostenibilidad financiera no necesariamente contradice el carácter público de la educación.

El reconocimiento también tiene implicaciones reputacionales. En un mercado laboral cada vez más competitivo, la solidez institucional se convierte en un elemento adicional para estudiantes y egresados.

“La señal es que el título proviene de una universidad pública reconocida no solo por su cobertura y modelo educativo, sino también por su sostenibilidad y buen gobierno”, señaló Leal Afanador.

La pregunta que queda abierta es si el llamado “Modelo UNAD” puede replicarse parcialmente en otras universidades estatales o si responde a condiciones excepcionales derivadas de su naturaleza virtual y de educación a distancia.

Por ahora, la institución parece haber encontrado una fórmula que combina expansión, cobertura y sostenibilidad financiera en un sector donde esas tres variables rara vez avanzan al mismo ritmo.

La película, dirigida por Andrés Ruiz Zuluaga y por estos días en salas de cine del país, sigue durante 14 años la vida de varias familias colombianas en distintas regiones. Basada en una investigación de la Facultad de Economía de Universidad de los Andes sobre pobreza y movilidad social, el documental tiene algo perturbador: el tiempo. Ver pasar más de una década frente a la pantalla obliga a entender que la desigualdad no es un accidente momentáneo ni una cifra abstracta. Es una estructura que se hereda, se reproduce y, muchas veces, se naturaliza.

Hay algo especialmente interesante —y también revelador— en el origen mismo de la película. Que una investigación sobre desigualdad nazca desde una universidad históricamente asociada al privilegio en Colombia abre preguntas necesarias sobre el papel de la academia en un país tan fragmentado socialmente. ¿Cómo se estudian las brechas sociales desde instituciones que también hacen parte de esa realidad? ¿Hasta dónde el conocimiento académico logra traducirse en transformaciones concretas y no solamente en diagnósticos distantes sobre el país?

Mientras veía el documental pensaba constantemente en eso. En la distancia entre los papers, las estadísticas y las vidas reales que aparecen en pantalla. En cómo durante décadas Colombia ha producido diagnósticos brillantes sobre pobreza, violencia y exclusión, mientras las brechas siguen ahí, casi intactas, cambiando apenas de forma.

Por eso terminé visitando la rectoría de Raquel Bernal. Quería entender qué ocurre cuando una economista acostumbrada a trabajar con datos termina enfrentándose a las historias concretas detrás de esos números. Y también quería hablar con la primera mujer rectora en la historia de Los Andes sobre algo más amplio: la relación entre conocimiento, poder y desigualdad en Colombia.

La conversación rápidamente dejó de ser una entrevista sobre cine. Terminó convirtiéndose en una discusión sobre las dos Colombias que siguen coexistiendo sin tocarse del todo: la urbana y la rural, la privilegiada y la excluida, la que habla de innovación e inteligencia artificial y la que todavía no tiene acceso digno a educación o salud básica.

Y quizás ahí está la mayor fuerza de El Juego de la Vida: en recordarnos que la desigualdad no es solamente un problema económico. También es una forma de acostumbrarnos a que millones de personas vivan vidas mucho más difíciles dependiendo únicamente de la cuna que les tocó.

Diego:
Muchas gracias, rectora Raquel, por esta entrevista. Quiero comenzar por ese ejercicio de llevar la universidad y la academia a un espacio más público, más cercano al cine y al documental, como una forma de salir un poco de ese lugar donde a los académicos siempre se les imagina encerrados en un cubículo. ¿Este documental hace parte de algo más grande que usted está intentando impulsar desde la Universidad de los Andes?

Raquel Bernal:
Sí, totalmente. El documental es apenas una parte de un propósito mucho más amplio. En las universidades pasan cosas maravillosas: producimos conocimiento, hacemos investigación, emprendimiento, proponemos soluciones de política pública. Pero creo que cada vez tenemos más la responsabilidad de demostrarle a la sociedad el valor que agregamos.

Las universidades, especialmente en el norte global, están viviendo una crisis de legitimidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el endeudamiento estudiantil es enorme y, además, muchos jóvenes ya están enfrentando dificultades para encontrar trabajo por los cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, aunque las universidades generan muchísimo valor, no siempre sabemos comunicarlo.

Esa es una de mis grandes preocupaciones. Aquí tenemos una densidad de capital humano impresionante: el 76% de nuestros profesores tienen doctorado, muchos formados en universidades de altísimo nivel. Todo eso debería traducirse en mejoras concretas para el país, para las comunidades, para la democracia, para las empresas y para las organizaciones sociales.

Estamos tratando de encontrar maneras de sacar ese conocimiento fuera del campus. El documental es una de esas formas, pero no la única. Lo importante es que lo que ocurre dentro de la universidad también beneficie a Colombia.

Diego:
Uno de los temas que más ha marcado su trayectoria como investigadora ha sido la desigualdad. Y es interesante porque la Universidad de los Andes ha producido muchísimos estudios sobre desigualdad, especialmente desde la Facultad de Economía, y al mismo tiempo es vista como una de las universidades más privilegiadas del país. ¿Cómo entiende usted esa relación?

Raquel Bernal:
Primero habría que preguntarse qué significa exactamente “privilegiada”. Si hablamos de que históricamente ha atendido a estudiantes de altos ingresos, sí, eso ha sido cierto. Pero también es importante contar cómo ha cambiado la universidad.

Desde el programa Ser Pilo Paga, por ejemplo, la composición estudiantil cambió dramáticamente. Llegamos a tener cerca de un 40% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Eso transformó profundamente la experiencia universitaria.

Cambió la manera de aprender y de convivir. Los estudiantes no becados comenzaron incluso a modificar sus patrones de consumo para incluir a sus compañeros becados: escoger restaurantes donde todos pudieran ir, pensar de otra manera la vida cotidiana. La universidad se convirtió en una especie de laboratorio de igualdad y de convivencia.

Y eso fue muy poderoso. Claro, para los estudiantes becados el cambio era enorme, pero también transformaba a quienes venían de contextos más privilegiados. Les permitía cuestionar sesgos de clase y entender mejor el país.

Con la desaparición de ese programa, esa diversidad social ha ido disminuyendo y esa es una de mis mayores preocupaciones como rectora. Porque comprobamos que el aprendizaje es mucho más significativo cuando dentro del campus está representada la sociedad real.

Hoy la universidad invierte recursos importantes en becas, cerca de 140.000 millones de pesos al año entre operación y filantropía, pero sigue siendo insuficiente. Tenemos 18.000 estudiantes de pregrado y los becados siguen siendo una proporción pequeña.

Sin embargo, justamente porque tenemos ciertos privilegios institucionales, creo que tenemos la responsabilidad de estudiar la desigualdad y de proponer soluciones. El conflicto armado, los millones de víctimas y buena parte de los dolores de este país están profundamente ligados a la desigualdad socioeconómica.

Entonces sentimos la obligación de usar nuestras capacidades para entender esos problemas y producir políticas públicas que ayuden a transformarlos.

Diego:
Y ahí hay algo interesante: la universidad que representa ciertos privilegios también se convierte en un lugar donde se estudia cómo romper esas barreras.

Raquel Bernal:
Sí, y creo que hay algo muy importante en el modelo educativo de Los Andes. Nosotros nacimos inspirados en la educación liberal estadounidense, y eso no tiene nada que ver con partidos políticos. Se trata de formar para la vida, para la ciudadanía y para la democracia.

Aquí nos importa muchísimo que los estudiantes no solo sean buenos ingenieros, abogados o economistas, sino buenos ciudadanos.

Por eso existe un componente compartido del currículo donde estudiantes de todas las carreras toman cursos sobre temas muy distintos: cine, ciencia, historia, género, democracia. Queremos que entiendan el país en el que viven y se pregunten cuál es su lugar dentro de él.

Esa formación más amplia es fundamental en un país tan desigual como Colombia.

Diego:
Hablemos del documental. Más allá de lo que ya se ha dicho públicamente, me interesa saber qué le pasó a usted cuando lo vio terminado. Porque una cosa es hacer investigación, escribir papers, analizar estadísticas, y otra muy distinta es ver esas historias en pantalla.

Raquel Bernal:
Fue muy fuerte. Yo llevo más de 20 años investigando desde la econometría, trabajando con datos, estadísticas y modelos. Siempre detrás de un computador analizando información de personas reales, pero sin ver necesariamente sus rostros.

Cuando veo el documental y aparecen las historias, los sueños, las frustraciones, los dolores, me doy cuenta de que a mi investigación le faltaba algo muy importante: corazón.

Uno no puede interpretar los datos plenamente si no entiende las vidas que hay detrás. Y eso me transformó.

Desde que empezó este proyecto —la Encuesta Longitudinal Colombiana, la ELCA— comenzamos a documentar también visualmente a las familias. Andrés, el periodista de la Facultad de Economía, nos seguía con fotos y videos. Al principio parecía simplemente un registro de archivo, pero poco a poco entendí que esas imágenes mostraban dimensiones humanas que los números no alcanzaban a capturar.

Eso cambió mi manera de investigar. Empecé a hacer más trabajo cualitativo, a conversar más con las familias, a visitar territorios, a acompañar programas en terreno.

Mi área de investigación es primera infancia, y durante muchos años diseñábamos intervenciones desde Bogotá creyendo que entendíamos perfectamente las realidades del país. Después entendí que había que escuchar mucho más.

También cambió mi relación con el Estado. Antes llegaba como la académica que venía a decir qué había que hacer. Ahora trabajo más desde la pregunta: “¿Qué necesitan ustedes de mí? ¿Cómo puedo ayudar?”

Eso implica construir conjuntamente, reconocer que el conocimiento no está solo en la universidad.

Diego:
Es decir, pasar de una universidad que habla desde arriba a una universidad que escucha.

Raquel Bernal:
Exactamente. Creo que la academia a veces ha sido muy pedante. Aquí se producen cosas extraordinarias, tenemos científicos e investigadores increíbles, pero eso no significa que tengamos siempre la respuesta correcta.

Hoy para mí es muy importante trabajar desde la coconstrucción: con comunidades, con el Estado, con organizaciones sociales. No llegar diciendo “yo sé”, sino preguntar “cómo podemos construir juntos”.

Y eso es mucho más difícil, porque implica negociar, ceder, escuchar, cambiar.

Pero creo que esa es la universidad que Colombia necesita.

Diego:
Hay algo muy potente en el documental y es la presencia de las mujeres. Las madres, las abuelas, las cuidadoras. Mujeres que sostienen la vida.

Y eso me lleva inevitablemente a preguntarle por usted como primera rectora mujer de la Universidad de los Andes. ¿Cómo ha sido ocupar ese lugar?

Raquel Bernal:
El documental muestra algo que me impresionó muchísimo cuando lo vi completo: las mujeres aparecen casi como superheroínas. Son las cuidadoras, las que sostienen a las familias, las que hacen sacrificios enormes para que los hijos puedan salir adelante.

Y eso conecta también con mi propia experiencia.

Yo crecí en un hogar muy progresista. Mi papá siempre me dio alas. Crecí sintiéndome igual a mis hermanos, jugando lo mismo, creyendo que podía hacer cualquier cosa.

Después entré a la economía, que históricamente ha sido una disciplina muy masculina, y ahí sí tocó empezar a abrir espacios.

Pero curiosamente el momento en el que más he sentido el machismo ha sido ahora, llegando a la rectoría.

Diego:
¿Más ahora que antes?

Raquel Bernal:
Sí. Porque es llegar al cargo más alto que he tenido.

Los órganos de gobierno universitario siguen siendo mayoritariamente masculinos y de generaciones mayores. Y aunque trato de entender que vienen de otras épocas y otras formas de ver el mundo, sí siento que la vara con la que me miden es distinta.

Y además existen también los micromachismos, incluso desde otras mujeres.

Eso ha sido duro. Yo nunca había sentido algo tan evidente hasta llegar aquí.

Diego:
¿Como una resistencia a una mujer en el poder?

Raquel Bernal:
Más que resistencia, yo diría que hay miedo o desconocimiento. La universidad tuvo 23 rectores hombres antes que yo. Había una idea muy clara de cómo se comporta un rector. Y de pronto aparece una mujer que lidera distinto.

Y yo he tomado una decisión muy consciente: no quiero transformarme para encajar. No quiero volverme una versión masculina del liderazgo.

Quiero liderar desde quien soy. Desde mi sensibilidad, desde mi manera de reaccionar, incluso desde la vulnerabilidad.

A veces lloro. A veces respondo distinto. Y creo que eso desconcierta porque rompe ciertas expectativas.

Pero para mí es importante hacerlo, porque también siento que esta rectoría puede ser un mensaje para muchas mujeres en Colombia. Como decirles: sí es posible.

Diego:
Y además le toca liderar en un momento de transformación enorme para las universidades.

Raquel Bernal:
Sí, estamos viviendo cambios profundísimos.

La inteligencia artificial, las transformaciones tecnológicas, la crisis de la democracia, el cambio climático, las tensiones geopolíticas… todo eso está cambiando la educación superior.

Además tenemos retos locales muy complejos: menos financiación para las universidades privadas, transición demográfica, cambios en el mercado laboral.

Cada vez es más claro que las personas tendrán que aprender durante toda la vida. Ya no existe la idea de estudiar una carrera y ejercerla igual durante cuarenta años.

Las personas tendrán que reinventarse constantemente, adquirir nuevas habilidades, adaptarse.

Entonces la universidad también tiene que transformarse.

Y eso implica cambiar la forma de enseñar. Ya no podemos tener clases de dos horas leyendo diapositivas. Hay que trabajar más con comunidades, con empresas, con proyectos reales.

El reto es que no existe un punto final. No sabemos exactamente hacia dónde vamos. Lo único seguro es que debemos seguir cambiando.

Diego:
¿Y usted usa inteligencia artificial en su trabajo?

Raquel Bernal:
Todo el tiempo. Ya es una herramienta indispensable.

Mis hijos la usan con total naturalidad. Para ellos será tan normal como la electricidad o internet.

Claro, dentro de las universidades todavía hay debates. Hay profesores que piensan que es una moda y otros que creen que debemos incorporarla de inmediato.

Pero no tengo duda de que transformará completamente la educación.

Diego:
Quiero preguntarle por la educación en Colombia hoy. ¿Cómo ha visto este gobierno en esa materia?

Raquel Bernal:
Con mucha preocupación.

Siento que la educación desapareció del gran debate nacional. Y no hablo solamente del gobierno; en general, cuando uno escucha discusiones públicas o foros empresariales, la educación ya no ocupa el lugar central que debería.

Y eso es gravísimo porque la educación de calidad sigue siendo el principal motor de movilidad social.

Yo lo veo todos los días con estudiantes becados. Jóvenes que nacieron en contextos de enorme vulnerabilidad y cuya vida cambia radicalmente gracias a la educación.

En este gobierno, además, se abandonó en gran medida la política de primera infancia, y eso me duele profundamente.

Porque si uno invierte de verdad en los niños pequeños, las brechas sociales podrían reducirse desde el origen.

Los niños no votan, y eso hace muy difícil políticamente priorizarlos. Es más visible inaugurar un colegio que fortalecer la calidad educativa o el desarrollo infantil temprano.

También ha habido una relación muy ideologizada con lo privado. Y en educación superior Colombia históricamente ha funcionado gracias a un sistema mixto: universidades públicas y privadas ampliando cobertura.

Hoy no veo que estén aumentando suficientemente los cupos ni en el sistema público ni en el privado.

Y eso es especialmente grave cuando tenemos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Porque esos jóvenes serán los líderes del país dentro de diez o quince años.

Diego:
Si tuviera que ponerle una calificación al gobierno en educación, ¿qué nota le pondría?

Raquel Bernal:
Cuatro sobre diez.

Diego:
Eso es perder.

Raquel Bernal:
Sí, es perder.

Diego:
Quiero volver al tema de la desigualdad. Usted ha dedicado gran parte de su vida a estudiarla. ¿Qué cree que estamos pasando por alto cuando hablamos hoy de desigualdad en Colombia?

Raquel Bernal:
Creo que a veces olvidamos que, aunque el país ha mejorado en muchos indicadores, las brechas profundas siguen intactas.

Hemos mejorado en escolaridad, en salud infantil, en acceso a educación superior, en mortalidad infantil. Incluso el coeficiente de Gini venía mejorando antes de la pandemia.

Pero las diferencias entre quienes nacen en contextos privilegiados y quienes nacen en pobreza siguen siendo enormes.

Y hay una fractura que para mí es central: la distancia entre lo urbano y lo rural.

Ahí se cruzan casi todos los problemas del país: desigualdad, conflicto armado, ausencia del Estado, falta de oportunidades.

Lo que muestra el documental es precisamente esa “lotería de la cuna”. El lugar donde uno nace sigue definiendo buena parte de su destino.

Si una persona nace en un territorio sin acceso a salud, educación de calidad, seguridad o empleo, tiene muchísimo más difícil construir un proyecto de vida.

Y eso no solo afecta a esas regiones. También afecta a las ciudades, a la democracia, a la convivencia nacional.

Seguimos siendo un país de dos Colombias que muchas veces ni siquiera se escuchan entre sí.

Por eso creo que necesitamos un gran acuerdo nacional sobre el país que queremos construir en veinte años.

¿Vamos a apostar por empleos verdes? ¿Por industrias basadas en biodiversidad? ¿Por tecnología? ¿Por minería? ¿Cuál es el horizonte común?

Porque sin un proyecto colectivo es muy difícil que la educación, la política pública y las instituciones trabajen hacia el mismo lado.

Y además necesitamos volver a escucharnos. Ese es quizá uno de los mayores problemas del país hoy: no estamos hablando realmente entre nosotros.

Diego:
Hay una idea que atraviesa el documental y también muchas de sus respuestas: la sensación de que en Colombia la vida depende demasiado del lugar donde uno nace. ¿Usted cree que todavía tenemos margen para cambiar eso o ya hay una especie de resignación colectiva?

Raquel Bernal:
Yo creo que sí hay margen, pero necesitamos una conversación mucho más honesta como país. A veces hablamos de meritocracia como si todos arrancáramos desde el mismo lugar y eso no es cierto. Hay niños que nacen rodeados de libros, con buena alimentación, con padres que tuvieron educación superior, con redes de apoyo, con estabilidad emocional. Y hay otros que nacen en territorios donde ni siquiera hay presencia básica del Estado. Entonces claro, el punto de partida importa muchísimo.

Y eso no significa negar el esfuerzo individual. El esfuerzo importa, por supuesto. Lo veo todos los días en estudiantes que hacen cosas extraordinarias. Pero también tenemos que reconocer que hay desigualdades estructurales enormes que condicionan las oportunidades.

Por eso me preocupa cuando en Colombia simplificamos tanto las discusiones. Decimos “el que quiere puede” y no siempre es así. Hay gente que quiere muchísimo y aun así tiene obstáculos gigantescos. Entonces, si queremos una sociedad más justa, tenemos que empezar por reconocer esas diferencias de origen.

Diego:
Y ahí el documental funciona casi como una prueba emocional de eso.

Raquel Bernal:
Sí, porque el documental logra algo muy difícil: ponerle rostro humano a fenómenos que normalmente vemos en tablas o estadísticas. Cuando uno habla de movilidad social o desigualdad, muchas veces la conversación se vuelve técnica, distante. Pero aquí aparecen las emociones, los miedos, los sacrificios familiares, las pequeñas decisiones que terminan cambiando una vida.

A mí me impactó mucho ver cómo las familias toman decisiones durísimas para que los hijos tengan oportunidades. Madres que renuncian a todo, abuelos que sostienen hogares completos, jóvenes que migran solos a ciudades donde no conocen a nadie. Ahí uno entiende que detrás de cada cifra hay historias profundamente humanas.

Y también entendí algo importante: la desigualdad no solamente limita ingresos. Limita imaginación. Hay personas que ni siquiera pueden imaginar ciertos futuros porque nunca han visto esos caminos posibles cerca suyo. Entonces, cuando alguien logra entrar a una universidad, viajar, aprender otro idioma o acceder a ciertos espacios, no cambia solamente su ingreso futuro; cambia también su manera de pensar el mundo y de pensarse a sí mismo.

Por eso sigo creyendo tanto en la educación. Porque la educación amplía horizontes. Y cuando una persona amplía sus horizontes, también transforma la vida de quienes vienen detrás.

Roy Barreras habla de Colombia como si fuera un paciente crónico: un cuerpo que ha aprendido a convivir con el dolor sin resolver del todo sus causas. Después de meses recorriendo el país -de las periferias a los centros de poder— repite un diagnóstico que, aunque familiar, insiste en ser ignorado: las heridas siguen abiertas. En su relato aparecen las constantes conocidas : corrupción, desigualdad, violencia, pero también una preocupación menos evidente: la manera en que el país parece haberse acostumbrado a ellas.

Su posición actual es, en cierto sentido, incómoda. Ha estado cerca del poder —en el acuerdo de paz, en el arranque del gobierno Petro—, pero hoy se ubica en un lugar intermedio que él mismo defiende y que, en la práctica, tiene poca tracción política. Desde ahí, cuestiona tanto a la derecha como a la izquierda, y plantea una salida basada en la moderación y los acuerdos. Es una apuesta que contrasta con el clima predominante, donde los extremos no solo dominan la conversación, sino que parecen definir sus reglas.

Diego Aretz: Roy, muchas gracias por esta entrevista. Empiezo con una pregunta abierta, casi como una versión libre: después de todos estos meses recorriendo el país —no solo en la política sino también desde su libro, desde múltiples espacios, hablando con personas completamente distintas—, ¿cómo se siente hoy? Usted ha hablado con todo el país en los últimos meses. Si tuviera que apelar a su oficio y hacer una radiografía del país, ¿qué ve como médico?

Roy Barreras: Más que una radiografía, es una escanografía. Porque volví a recorrer Colombia en profundidad. Desde el sur de Nariño, Tumaco, hasta La Guajira; desde el Chocó hasta la Orinoquía. Y es un país profundamente bello, pero también profundamente adolorido.

Es un país que no ha podido superar ni sus violencias ni sus miserias. Y eso es doloroso. Yo soy, ante todo, médico, y mi oficio es sanar heridas. Y lo que veo son heridas profundas en el alma nacional, heridas viejas, crónicas.

Si usamos la metáfora médica, hay enfermedades crónicas: el narcotráfico, que es una tragedia histórica; la corrupción, que es endémica. Y esas enfermedades tienen solución, especialmente la corrupción, que depende de reformas estructurales que no se han hecho.

Pero, más allá del diagnóstico estructural, lo que escucho en la gente es angustia. Angustia por la inseguridad, miedo porque nadie responde por su salud, incertidumbre profunda en los jóvenes: dos millones de jóvenes que no saben qué va a pasar con su futuro, que no tienen garantizada ni la educación ni el empleo.

En el sector productivo ocurre algo similar. Desde el tendero del barrio —que también es empresario— hasta el gran inversionista, hay miedo. Miedo a la extorsión, a la inestabilidad, a no saber hacia dónde va el país.

Y todo esto está atravesado por una polarización extrema. Dos polos que se alimentan del miedo y del odio. De un lado, el miedo al comunismo; del otro, el miedo a una derecha represiva. Y cuando eso ocurre, el centro desaparece del escenario político.

Pero no desaparece de la realidad de la gente. Porque los problemas siguen ahí. Y hay un riesgo mayor: cualquiera de los dos extremos que gane puede profundizar la fractura nacional.

Un país fracturado, dividido por el odio, no puede resolver sus problemas. Si gana una derecha radical, habrá reacción social masiva. Si gana una izquierda radical sin moderación, habrá parálisis económica por falta de confianza.

Y sin economía activa, ¿con qué recursos se resuelven los problemas sociales? No se puede gobernar solo repartiendo subsidios. Hay que generar riqueza.

Por eso insisto: el país necesita un relato de confianza y de unidad. Ese es mi propósito. Y aún estamos a tiempo. Hoy hay cinco millones de colombianos indecisos. Son más que los votos de varias candidaturas. Si esos cinco millones se movilizan, pueden cambiar la historia electoral.

Usted decía hace unos meses, incluso en una portada de revista, que puede unir al país. Pero se lo pregunto como médico: si un paciente no quiere la cura, ¿qué hace el médico?

Depende del estado del paciente. Pero aquí hay algo clave: Colombia sí tiene cura. Yo sé lo que hay que hacer.

Sé que hay que reactivar la economía, por ejemplo, con un plan masivo de vivienda que puede generar millones de empleos. Sé que hay que impulsar la agroindustria, pero también profundizar la reforma agraria con titulación de tierras, porque hoy la mitad de los campesinos no tienen títulos y no pueden acceder al crédito.

Sé que hay que desarrollar el turismo, infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes. Sé que hay que atraer inversión nacional y extranjera. Y sé que hay que recuperar sectores estratégicos que generan ingresos para financiar la deuda social.

También sé cómo hacer la paz, porque ya lo hice. La paz no es improvisación. Requiere un marco jurídico claro. Lo que ha fallado en la llamada “paz total” es precisamente eso: no hubo un marco legal sólido, y eso permitió que los grupos ilegales se fortalecieran.

La paz necesita primero seguridad, luego negociación con reglas claras.

Cuando habla de paz y la contrasta con la de 2016, en la que usted tuvo un papel muy relevante, surge otra pregunta: usted también es reconocido como uno de los grandes legisladores del país. Entonces, ¿quién tiene hoy el Congreso?

El Pacto Histórico es la minoría más grande, pero no tiene mayorías. Y eso es clave.

Hace cuatro años logramos algo distinto: construir una gran coalición de 74 senadores basada en confianza, diálogo y respeto. Eso permitió aprobar reformas importantes.

Hoy no existe esa gobernabilidad. Y cualquier presidente la va a necesitar. Para aprobar la reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma laboral, o una ley de sometimiento a la justicia.

La reforma a la salud es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. El método fue equivocado, hubo terquedad, y el resultado es que no hay reforma y el sistema está en crisis.

Hablemos del centro. De Fajardo, de Claudia López. ¿Cómo los interpreta hoy?

El centro ha sido débil y fragmentado. En la consulta reciente, entre todos apenas representamos cerca de dos millones de votos. Es muy poco.

Y me preocupa que algunos sectores del centro se estén dejando atraer por la derecha. Yo me mantengo en el centro, incluso si eso significa estar solo.

Porque moverse hacia los extremos implica retrocesos en derechos, en libertades, en la convivencia democrática.

Diego Aretz: Ese primer año del gobierno Petro, en el que usted jugó un papel importante, parecía un gran acuerdo nacional. ¿Por qué fracasa?

Porque ese acuerdo era, en esencia, un pacto liberal amplio. Pero tras la ruptura de la coalición, el gobierno se radicalizó.

Yo siempre fui claro: soy liberal socialdemócrata, no petrista. Apoyé ese proyecto por convicción, pero sin renunciar a mi independencia. Y esa independencia no fue bien recibida.

Hay una paradoja histórica: los grandes avances del país han sido producto de acuerdos —la Constitución del 91, la paz del 2016—, pero hoy esos acuerdos parecen negarse. ¿Por qué?

Porque los extremos desprecian el centro. Y sin centro no hay acuerdos posibles.

Hoy se alimenta el odio desde ambos lados. Y el odio es una fuerza política poderosa, pero destructiva.

Usted ha tenido poder, pero hoy está en una posición más solitaria. ¿Es un buen lugar para construir?

Es un buen lugar para la vida personal, pero difícil para la política. Colombia hoy está atrapada en los extremos.

Pero hay cinco millones de personas que no están ahí. Y esas personas pueden definir el rumbo del país.

Usted habló del odio como motor político. ¿Cómo se enfrenta eso?

Reconociendo que existe en ambos lados. Hay odio en la derecha, pero también en la izquierda.

Y hay algo importante: Colombia sigue siendo un país excluyente. Mi historia personal no es la regla, es la excepción. El poder sigue concentrado en élites.

Por eso mi apuesta es que más personas tengan oportunidades reales: educación, empleo, movilidad social.

Usted que ha logrado unir sectores diversos, le pregunto directamente: ¿se puede unir el centro en Colombia?

No se ha podido por los egos. Pero más importante que unir líderes es que voten los ciudadanos.

Si los indecisos votan masivamente, incluso en blanco, pueden generar un cambio político enorme.

Hay algo que me interesa profundizar, y es el papel de las emociones en la política actual. Usted ha hablado del miedo y del odio como motores. ¿Qué espacio le queda a la esperanza en un escenario así?

La esperanza siempre existe, pero hoy está debilitada. Las emociones negativas son más fáciles de movilizar. El miedo y el odio generan respuestas inmediatas, instintivas. La esperanza, en cambio, exige un ejercicio más racional, más paciente.

Sin embargo, cuando uno recorre el país, también encuentra esa esperanza. Está en la gente que sigue trabajando a pesar de todo, en los jóvenes que quieren estudiar, en los emprendedores que no se rinden, en las mujeres que sostienen a sus familias en condiciones muy difíciles.

Lo que pasa es que esa esperanza no tiene hoy una narrativa dominante. No está organizada políticamente. Y ahí hay una tarea enorme: convertir esa esperanza dispersa en una fuerza colectiva.

En ese sentido, ¿cree que las redes sociales han amplificado más el conflicto que las soluciones?

Sin duda. Las redes sociales han acelerado la polarización. Funcionan con algoritmos que premian el escándalo, la confrontación, el mensaje extremo.

Eso no quiere decir que sean malas en sí mismas, pero sí han cambiado la forma en que se construye la opinión pública. Hoy es más difícil sostener posiciones matizadas, porque lo matizado no genera viralidad.

Y la política necesita matices. Necesita deliberación, necesita escucha. Cuando todo se reduce a consignas, el debate se empobrece.

Usted ha mencionado varias veces la palabra “confianza”. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un país que lleva décadas de fracturas?

Con hechos, no con discursos. La confianza no se decreta, se construye.

Se construye cumpliendo lo que se promete, generando reglas claras, respetando las instituciones, garantizando seguridad jurídica. Pero también se construye desde lo simbólico: reconociendo al otro, bajando el tono, evitando la descalificación permanente.

Un país donde todos se ven como enemigos no puede avanzar. Hay que volver a una cultura del respeto, incluso en la diferencia.

Usted ha hablado de ejecución, de hacer. ¿Cree que ese es hoy el principal déficit de la política colombiana?

Sí. Hay un exceso de discurso y un déficit de ejecución.

Colombia no necesita más diagnósticos, porque ya los tenemos. Sabemos cuáles son los problemas. Lo que falta es capacidad de gestión, de implementación, de llevar las ideas a la realidad.

Y eso implica equipos sólidos, experiencia, conocimiento del Estado. Gobernar no es improvisar. Gobernar es saber hacer.

Finalmente, le hago una pregunta más personal. Después de todo este recorrido, de los cargos que ha tenido, de las tensiones políticas, ¿qué lo sigue motivando a insistir?

Me motiva la convicción de que este país puede ser mejor. Me motiva la historia personal que tengo, que me recuerda todos los días de dónde vengo.

Y me motiva la responsabilidad. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer el Estado, de entender cómo funcionan las cosas, también tiene el deber de intentar mejorarlas.

No se trata solo de una aspiración política. Se trata de una responsabilidad con el país. Y mientras tenga esa convicción, voy a seguir insistiendo.

Quisiera llevarlo a un terreno más concreto. Cuando usted habla de reactivar la economía y generar confianza, ¿cuál sería la primera señal que daría un eventual gobierno suyo en los primeros cien días?

La primera señal tiene que ser de estabilidad y de reglas claras. Un mensaje inequívoco a los inversionistas, nacionales e internacionales, de que Colombia es un país confiable, donde se respetan los contratos y las instituciones.

Pero esa señal no puede quedarse en lo económico. Tiene que ser también social. Los primeros cien días deben mostrar resultados en empleo, en reactivación de sectores clave como la construcción, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Y hay un tema fundamental: la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Por eso, recuperar el control territorial del Estado es una prioridad inmediata.

Usted ha sido crítico del manejo de la seguridad en los últimos años. ¿Qué haría distinto?

Lo primero es entender que la seguridad y la paz no son opuestas. Son complementarias.

No puede haber negociación sin autoridad del Estado. Y no puede haber autoridad sin legitimidad. Eso implica fortalecer la Fuerza Pública, pero también garantizar que actúe dentro de la ley.

Y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para cualquier proceso de sometimiento o negociación. No puede haber zonas grises. La ambigüedad solo beneficia a los grupos ilegales.

Hay un tema que atraviesa todo esto y es la desigualdad. Usted ha insistido en la inclusión social, pero también en la necesidad de crecimiento económico. ¿Cómo se equilibran esas dos dimensiones?

Esa es la clave del desarrollo. No hay contradicción entre crecimiento e inclusión. Al contrario, se necesitan mutuamente.

Sin crecimiento no hay recursos para financiar políticas sociales. Pero sin inclusión, el crecimiento no es sostenible.

Por eso hablo de un modelo de desarrollo equilibrado: que genere riqueza, pero que también la distribuya de manera más justa. Que promueva la iniciativa privada, pero que garantice oportunidades para todos.

En ese equilibrio, ¿qué papel juega el Estado?

Un Estado fuerte, pero no asfixiante. Un Estado que regule, que garantice derechos, que corrija desigualdades, pero que no sustituya la iniciativa de la sociedad.

El Estado no puede hacerlo todo, pero tampoco puede abandonar a la gente. Tiene que encontrar ese punto de equilibrio.

Última pregunta. Más allá de gobernar, un estadista propone un relato. ¿Cuál es el suyo?

Confianza y unidad.

Confianza para que la economía funcione, para que haya inversión y empleo. Unidad para cerrar la fractura nacional.

Coincido con la necesidad de justicia social, pero no basta con el discurso. Hay que ejecutar.

Mi mensaje es claro: que los colombianos participen, que no dejen que los extremos decidan por ellos. Todavía estamos a tiempo.