En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

Una universidad también puede ser un lugar para conservar la memoria de una sociedad, proteger sus archivos y mantener vivo el legado de quienes ayudaron a construir su historia cultural e intelectual. Esa ha sido parte de la vocación de la Universidad del Norte, que este año celebra seis décadas de trayectoria y que ha convertido buena parte de su patrimonio documental y bibliográfico en una herramienta para comprender el Caribe colombiano.

Ese propósito estará nuevamente en evidencia este jueves 20 de agosto, cuando la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. sea escenario del I Encuentro de Colecciones Especiales, una jornada académica y cultural dedicada a dos nombres que, desde disciplinas distintas, ayudaron a comprender y transformar la vida intelectual colombiana: Malcolm Deas y Álvaro Cepeda Samudio.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Tita Cepeda, en el primer piso de la Biblioteca, y reunirá a historiadores, investigadores, escritores, periodistas, artistas y gestores culturales alrededor de la obra de ambos personajes.

Una jornada alrededor de Malcolm Deas

La primera parte del encuentro estará dedicada a Malcolm Deas, uno de los historiadores que más profundamente ha estudiado la historia política y social de Colombia.

La jornada contará con las palabras de bienvenida del rector Adolfo Meisel Roca y continuará con un recorrido por distintas dimensiones de la vida y obra de Deas. Diego Aretz presentará un perfil del historiador; Eduardo Posada Carbó hablará sobre su relación con los libros; Juan Neves Sarriegui abordará el lenguaje, la comunicación y la política en su obra; y Gustavo Bell Lemus se referirá a su particular mirada sobre la historia.

La programación continuará con Rocío Londoño Botero, quien abordará los informes de Malcolm Deas sobre Colombia durante la década de 1960, y cerrará esta primera parte con Fernando Cepeda Ulloa, quien planteará la pregunta: “¿Malcolm Deas politólogo?”

La presencia de Deas en esta jornada tiene además un significado especial para Uninorte. En 2022, la Universidad le concedió al historiador el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales, su máxima distinción institucional, reconociendo su influencia sobre varias generaciones de investigadores y profesionales de las ciencias sociales.

Una biblioteca que también es memoria

No es una coincidencia que la actividad tenga lugar precisamente en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. La institución nació en 1966 por iniciativa de un grupo de empresarios y dirigentes de Barranquilla que buscaban crear una universidad de excelencia para la región. Seis décadas después, la Universidad del Norte se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior más importantes del Caribe colombiano.

Pero el crecimiento de Uninorte no se puede medir solamente en aulas, programas académicos o número de egresados. Una parte importante de su identidad está relacionada con su vocación de preservar y estudiar el Caribe.

Las colecciones especiales de su biblioteca permiten precisamente ese diálogo entre el pasado y el presente. Allí, los libros, documentos y archivos dejan de ser únicamente objetos conservados y se convierten en fuentes para investigar la historia intelectual, cultural y social de la región.

Entre esos fondos se encuentra la biblioteca personal de Álvaro Cepeda Samudio, que permite acercarse a las lecturas, intereses e influencias de uno de los protagonistas del llamado Grupo de Barranquilla.

La importancia de esta colección va más allá de reunir libros de un escritor. Permite acercarse a una generación que transformó la vida cultural del Caribe colombiano y que tuvo entre sus protagonistas a figuras como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas.

Por eso, hablar de Cepeda Samudio desde una biblioteca no significa únicamente hablar de literatura. Significa hablar también de periodismo, cine, arte, modernidad y de la manera particular en que Barranquilla y el Caribe colombiano participaron en las transformaciones culturales del país.

Literatura, cine, arte y periodismo

La segunda parte del encuentro estará dedicada a Álvaro Cepeda Samudio y contará con la participación de Ariel Castillo, quien abordará su obra literaria, y de Alfredo Sabbagh, quien se referirá a la relación del escritor con el cine.

El encuentro continuará con un conversatorio sobre Álvaro Cepeda Samudio y el arte, que reunirá a Gonzalo Fuenmayor, quien participará de manera virtual, Isabel Cristina Ramírez y Marco Mojica, bajo la moderación de Toni Celia.

El periodismo ocupará posteriormente el centro de la conversación con Eduardo Posada Carbó y Orlando Araujo, quienes participarán en un conversatorio sobre Álvaro Cepeda Samudio y el periodismo, moderado por Alfredo Sabbagh.

La jornada cerrará con la presentación de “Los gaticos, una historia infantil, cruel y macabra”, una versión libre del cuento Vamos a matar a los gatitos, de Álvaro Cepeda Samudio.

De esta manera, el encuentro recorrerá las distintas facetas de un autor que difícilmente puede ser encerrado en una sola categoría. Cepeda Samudio fue narrador, periodista, cinéfilo, gestor cultural y protagonista de una generación que transformó la manera de entender la creación artística en el Caribe.

Una universidad que entiende que el futuro también necesita memoria

Quizás ahí esté la verdadera importancia de este encuentro.

En un momento en el que las universidades suelen ser evaluadas por rankings, publicaciones, indicadores y empleabilidad, actividades como esta recuerdan que una institución educativa también puede cumplir otra función: ser custodio de la memoria de una sociedad.

Uninorte ha construido buena parte de su identidad alrededor de esa relación con el Caribe. Desde sus primeros años, la universidad fue concebida como un centro de formación, investigación y análisis de los problemas de la región. Esa vocación ha permanecido a lo largo de sus seis décadas de historia.

El resultado es una institución que no solamente mira hacia afuera, hacia la ciencia y los debates globales, sino que también vuelve la mirada hacia su propio territorio.

Los archivos, los libros y las colecciones especiales cumplen allí una función fundamental. Conservan aquello que, de otra manera, podría desaparecer: las lecturas de un escritor, los documentos de una empresa, las fotografías de una época, los papeles de un historiador o las huellas de una generación.

La Biblioteca Karl C. Parrish Jr. es, en ese sentido, mucho más que una biblioteca universitaria. Es un lugar donde el Caribe puede leerse a sí mismo.

Y ese quizá sea el mensaje más poderoso del encuentro dedicado a Malcolm Deas y Álvaro Cepeda Samudio: que recordar no significa quedarse en el pasado. Significa tener mejores herramientas para entender el presente y pensar el futuro.

Con seis décadas cumplidas, la Universidad del Norte parece tener claro que una universidad que quiere proyectarse internacionalmente no tiene por qué desprenderse de su territorio. Al contrario: puede llegar más lejos precisamente cuando sabe de dónde viene.

El I Encuentro de Colecciones Especiales será, en ese sentido, una oportunidad para abrir libros, revisar documentos, escuchar a investigadores y volver sobre dos figuras cuya influencia trascendió sus propias disciplinas. Pero, sobre todo, será una invitación a reconocer que preservar la memoria cultural del Caribe también es una forma de construir universidad, ciudadanía y futuro.

*Habrá transmisión online del evento en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/jfGZZx4wfCc?si=QmPHQ3xqWlE4G1BZ

El pasado 6 de agosto, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, el CNMH presentó su rendición pública de cuentas. La frase que resumió estos cuatro años fue sencilla: “El territorio habla, el centro escucha”. Me parece una buena manera de entender no solamente lo que hizo la institución, sino también lo que debería significar una política pública de memoria en Colombia: que el Estado no llegue siempre a explicarles a las comunidades lo que pasó, sino que sea capaz de sentarse a escucharlas.

Y escuchar en Colombia no es un verbo menor. Durante décadas, demasiadas personas tuvieron que gritar para que alguien reconociera que habían sido víctimas. Otras aprendieron a guardar silencio porque hablar podía costarles la vida. Hay comunidades enteras cuya historia quedó por fuera de los grandes relatos nacionales. Hay archivos que estuvieron a punto de desaparecer, testimonios que permanecieron en la memoria familiar y lugares donde todavía una placa, una fotografía o un nombre son la única forma de decir: aquí ocurrió algo y nosotros seguimos aquí.

Por eso, detrás de las cifras presentadas por el Centro hay una historia mucho más grande. El CNMH logró tener presencia en 30 de los 32 departamentos, acompañar procesos en 356 municipios y trabajar con organizaciones de víctimas dentro y fuera del país. Son números importantes, pero no son la historia completa. La verdadera pregunta es qué significa que una institución nacional haya podido volver a esos territorios y, sobre todo, qué significa que las comunidades hayan decidido abrirle nuevamente la puerta.

Porque la memoria no se decreta desde Bogotá.

Se construye en una plaza, en una escuela, en una biblioteca, en una vereda, en una conversación familiar. Se construye cuando una mujer decide contar por primera vez lo que le ocurrió a su hijo. Cuando una comunidad rescata un documento que llevaba años guardado. Cuando un joven pregunta por qué en su municipio existe un monumento que nadie le ha explicado. Cuando alguien descubre que la historia que le contaron durante toda su vida tenía silencios, ausencias y responsabilidades que nunca fueron nombradas.

Eso explica buena parte del sentido de las caravanas por la memoria realizadas en regiones como el Oriente antioqueño, Montes de María, el Canal del Dique, Caquetá, el Eje Cafetero y Cundinamarca. No fueron simplemente actividades de una entidad pública. Fueron ejercicios de presencia. Y en un país donde durante décadas la presencia del Estado llegó muchas veces después de la violencia, estar, escuchar y permanecer también constituye una forma de reparación.

Hay algo más que me interesa especialmente: la recuperación de la investigación. Colombia necesita seguir investigando su conflicto armado no para quedarse atrapada en el pasado, sino precisamente para poder salir de él. Entender cómo funcionaron las estructuras armadas, quiénes se beneficiaron de la guerra, cómo operaron las violencias en cada región, qué papel tuvieron terceros actores y cuáles fueron las causas profundas de nuestros conflictos no es un ejercicio académico distante. Es una condición para que la democracia pueda mirarse al espejo.

La memoria, además, no puede convertirse en una sola versión oficial de Colombia. Esa sería justamente su negación. Colombia está hecha de memorias que a veces chocan, se contradicen y se incomodan. Están las memorias de las víctimas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de quienes resistieron, de quienes tuvieron que desplazarse y también de quienes vivieron los acontecimientos desde lugares distintos. Una democracia madura no necesita que todas esas voces digan lo mismo. Necesita que puedan ser escuchadas sin que una de ellas tenga el poder de borrar a las demás.

Por eso me parece tan poderoso que el balance hable de 150 iniciativas de memoria histórica y más de un centenar de medidas de reparación simbólica. No porque las cifras sean impresionantes por sí mismas, sino porque detrás de cada iniciativa existe una comunidad tratando de convertir el dolor en algo que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones.

Hay una frase del balance institucional que, para mí, resume buena parte de esa tarea: “La memoria cobra sentido cuando regresa a las comunidades”. Esa debería ser una regla de oro. Investigar para publicar un informe que termina en una biblioteca es insuficiente. Investigar para que una comunidad pueda reconocerse en esa historia, para que un estudiante pueda preguntarse por ella y para que una sociedad pueda discutirla, es otra cosa.

También por eso son tan importantes los archivos. A veces hablamos de memoria como si fuera solamente un asunto de relatos, pero la memoria necesita pruebas. Necesita fotografías, cartas, expedientes, grabaciones, testimonios, documentos. Necesita preservar aquello que el tiempo, el abandono o la violencia pueden destruir. El trabajo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en ese sentido, tiene una importancia que quizá no siempre alcanzamos a dimensionar: conservar los documentos de la guerra es conservar parte de la evidencia de lo que fuimos capaces de hacernos.

Y hay una escena que debería importarnos especialmente: un país que intenta construir democracia mientras todavía conserva millones de fragmentos de su propia historia sin ordenar.

Por eso también resulta trascendental la reactivación del Museo de Memoria de Colombia. Un museo de memoria no debería ser un mausoleo del dolor ni un templo de una determinada interpretación política. Debería ser un lugar donde Colombia pueda mirarse completa. Donde una víctima pueda reconocerse, pero donde también un ciudadano que nunca vivió directamente la guerra pueda entrar y preguntarse qué tiene que ver con él. Porque esa es la verdadera dimensión democrática de la memoria: convertir una experiencia particular en una pregunta colectiva.

El gran desafío ahora es que todo esto sobreviva a los gobiernos.

La memoria histórica no puede pertenecer a una administración, a un director, a un sector político ni siquiera a una institución. El propio balance del CNMH lo dice con una claridad que vale la pena conservar: “la verdad y la memoria no pertenecen a los gobiernos ni a las instituciones, sino a la sociedad que las construye y las protege”.

Esa frase debería estar presente cada vez que discutamos sobre memoria en Colombia.

Porque un país democrático no es solamente aquel que celebra elecciones. También es aquel que es capaz de recordar a sus muertos, escuchar a sus víctimas, reconocer sus responsabilidades y aceptar que su historia es más compleja que cualquier relato partidista. La memoria no debería servir para alimentar nuevas trincheras. Debería servir para comprender por qué las construimos.

Quizás por eso la rendición de cuentas del 6 de agosto fue algo más que un informe de gestión. Fue, en cierto sentido, el cierre de un relato y la apertura de una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo lo que hemos escuchado?

El territorio habló. Eso parece claro.

La verdadera tarea de Colombia es conseguir que siga escuchando.

Porque cuidar la memoria es cuidar la democracia. Defender la verdad es defender la posibilidad de que la vida tenga un lugar después de la violencia. Y escuchar a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a callar quizá sea una de las formas más profundas que tenemos de construir un país que todavía no existe del todo, pero que podemos aprender a reconocer cuando aparece.

Hace poco, el columnista Luis Carvajal Basto llamó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, “el milagro” de la educación pública colombiana. Su columna tiene razón en algo fundamental: estamos poco acostumbrados a reconocer las historias de éxito de nuestras instituciones públicas. Con frecuencia hablamos de ellas a partir de sus crisis, sus problemas financieros, sus disputas políticas o sus escándalos. Mucho menos de aquellas que han conseguido construir durante décadas, innovar y crecer. Pero hay otra manera de mirar ese milagro: no desde las cifras, sino desde el mapa.

Porque quizá la verdadera revolución de la UNAD consiste en haber conseguido que, en un país donde la geografía todavía determina buena parte de las oportunidades, la distancia deje de decidir quién puede estudiar. Colombia es un país difícil para llegar. Tres cordilleras, selvas, llanuras, ríos, carreteras interminables y comunidades separadas por enormes distancias han hecho de la geografía uno de nuestros grandes problemas históricos. Durante décadas, estudiar una carrera profesional significó para millones de jóvenes abandonar su municipio y trasladarse a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o alguna otra ciudad universitaria.

Para algunos fue una oportunidad extraordinaria. Para otros significó endeudarse, separarse de sus familias, abandonar un trabajo o aceptar que la universidad simplemente no estaba hecha para ellos. La UNAD comenzó a responder una pregunta distinta: ¿qué pasaría si fuera la universidad la que llegara hasta el estudiante? Parece una pregunta sencilla. No lo era. Mucho antes de que la pandemia obligara al sistema educativo a descubrir las posibilidades de la virtualidad, la UNAD venía construyendo un modelo basado en la educación abierta y a distancia.

No esperó a que la tecnología hiciera popular la educación remota. Entendió antes que otros que las herramientas digitales podían ser mucho más que una manera de reemplazar un salón de clases: podían cambiar la geografía de las oportunidades. Hoy la dimensión de esa apuesta es difícil de ignorar. Cerca de 390.000 estudiantes, 72 centros regionales y 121 programas de educación superior hablan de una institución que dejó de ser marginal para convertirse en una de las grandes universidades del país. Pero la cifra que más me interesa no es la de estudiantes. Son los lugares.

Porque detrás de cada estudiante hay un territorio. Hay un municipio donde alguien decidió estudiar sin abandonar su casa. Hay una mujer que pudo combinar su carrera con el trabajo y la familia. Hay un joven que no tuvo que emigrar a una gran ciudad. Hay comunidades para las que el acceso a la educación superior dejó de depender exclusivamente de la posibilidad de tomar un bus y recorrer cientos de kilómetros. Por eso la presencia territorial de la UNAD no contradice su carácter digital. Lo complementa.

Una universidad digital no tiene por qué ser una universidad deshumanizada. Puede ser, precisamente, una universidad mucho más conectada con la realidad de un país disperso. La pantalla no elimina el territorio: lo conecta. Y ahí está una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Mientras Colombia todavía lucha por construir carreteras que conecten a sus regiones, una universidad pública ya está construyendo otra clase de infraestructura: una red educativa capaz de atravesar esas mismas distancias.

Un derrumbe puede cerrar una carretera. La educación no tiene por qué detenerse. Un río puede crecer y una montaña puede seguir siendo montaña. Una comunidad puede estar a horas de la capital más cercana, pero el conocimiento puede encontrar otra ruta. En un país donde la geografía ha sido durante siglos una barrera para acceder a las oportunidades, la tecnología puede convertirse en una herramienta para desmontar esa barrera. No para negar el territorio, sino para conectarlo de otra manera.

La UNAD tampoco nació ayer. Lo extraordinario es que hubo un proceso institucional previo, sostenido durante años, que permitió que la universidad estuviera preparada cuando el mundo entero tuvo que trasladar buena parte de la educación a las pantallas. Esa historia importa porque las grandes transformaciones públicas rara vez ocurren de un día para otro. Necesitan instituciones capaces de acumular experiencia, conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona y sobrevivir a los cambios políticos.

En Colombia hablamos permanentemente de la necesidad de construir Estado en las regiones. Hablamos de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, entre el centro y las periferias, entre quienes tienen oportunidades y quienes nacen lejos de ellas. Pero pocas veces pensamos en la educación como una de las infraestructuras fundamentales para lograrlo. Tal vez deberíamos. Porque una universidad no solamente entrega títulos: construye capacidades.

Un profesional que se forma en su territorio puede transformar su municipio. Un docente puede multiplicar el conocimiento. Un administrador puede mejorar una institución local. Un ingeniero puede encontrar soluciones para problemas que alguien que vive a cientos de kilómetros jamás habría visto. La educación superior no es solamente movilidad social individual. También es infraestructura para un país. Y la UNAD ha construido una parte de esa infraestructura de una manera particularmente colombiana.

No es una copia de Silicon Valley. No es una universidad extranjera importada para resolver nuestros problemas. Es una institución pública que ha tenido que aprender a educar en las condiciones reales de este país: con distancias enormes, desigualdad territorial, conectividad imperfecta y comunidades que durante décadas estuvieron lejos de las universidades tradicionales. Es, en cierto sentido, una tecnología hecha a la medida de Colombia. Una universidad made in Colombia.

Y quizá por eso también empieza a ser relevante fuera de Colombia. El reciente reconocimiento internacional al rector Jaime Leal, con su incorporación a la Junta Directiva del Instituto de Tecnologías de la Información en la Educación de la UNESCO, muestra que aquella experiencia que durante años pudo parecer exclusivamente nacional empieza a ser observada como un modelo para otros países que enfrentan problemas similares: grandes territorios, desigualdad de acceso, poblaciones rurales y dificultades para llevar educación superior de calidad a todos los lugares.

Eso debería producirnos algo más que orgullo. Debería producirnos curiosidad. Colombia tiene una curiosa costumbre de buscar afuera las soluciones que a veces ya está construyendo adentro. Hablamos de inteligencia artificial, transformación digital, educación del futuro y nuevas formas de aprendizaje como si fueran fenómenos que necesariamente tuvieran que llegar desde los grandes centros tecnológicos del mundo. Pero una universidad pública colombiana lleva décadas haciéndose la pregunta que muchos apenas comienzan a formular: cómo utilizar la tecnología para que el lugar donde una persona nació no determine hasta dónde puede llegar.

Por supuesto, la UNAD no resuelve todos los problemas de la educación superior colombiana. Ninguna institución lo hace. La educación virtual enfrenta sus propias dificultades y exige disciplina, conectividad, acompañamiento y calidad académica. El crecimiento también trae nuevos desafíos. Pero precisamente por eso vale la pena mirar el fenómeno sin idealizaciones y reconocer lo que sí funciona. En medio de tantas discusiones sobre lo que Colombia no logra hacer, hay algo poderoso en reconocer una institución pública que durante décadas ha construido una respuesta concreta a uno de nuestros problemas más persistentes.

Porque quizás el futuro de la educación no consiste solamente en construir más edificios. Quizás consiste en construir más conexiones. En un país donde una carretera puede tardar décadas en atravesar una montaña, una universidad puede hacer algo extraordinario: atravesarla de otra manera. Y entonces la imagen cambia. Ya no es el estudiante que tiene que abandonar su territorio para llegar a la universidad. Es la universidad llegando hasta él, allí donde termina la carretera, allí donde empieza la montaña, allí donde durante mucho tiempo Colombia creyó que terminaban también las oportunidades.

Sentí otra vez que estaba vivo.

Y pensé que quizás un terremoto, además de mover la tierra, puede mover algunas preguntas que solemos mantener quietas, preguntas que dejamos para después, para cuando tengamos tiempo, para cuando hayamos terminado de trabajar, para cuando hayamos resuelto esto o aquello, para cuando finalmente llegue ese momento en el que supuestamente empezará la vida que queremos vivir.

¿Para qué vale la pena vivir una vida?

¿Para qué vale la pena vivir la mía?

Pensé que, si la tierra se mueve, quizá también nosotros deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos.

Yo pensé en escribir.

En las historias que todavía faltan por contar, en las conversaciones que todavía no hemos tenido, en las personas que todavía necesitamos escuchar, en la posibilidad de hacer algo que tenga sentido más allá de uno mismo.

Hace unos años comenzó a circular una frase atribuida a la antropóloga Margaret Mead que siempre me ha impresionado: el primer signo de civilización sería un fémur roto que logró sanar. La idea es sencilla y poderosa, un hueso roto que ha tenido tiempo de soldarse significa que alguien se quedó al lado del herido, alguien lo alimentó, alguien lo protegió, alguien decidió que aquella vida importaba y que valía la pena esperar.

Quizás ahí comienza la civilización, no en las grandes construcciones, ni en los monumentos, ni siquiera en las instituciones, sino en el momento en que dejamos de abandonar al que está caído.

En medio del miedo, alguien piensa en cómo comunicarnos.

Y eso también es civilización.

Porque cuando ocurre una tragedia, cuando se cae una torre, cuando una familia queda atrapada, cuando una ciudad necesita ayuda, la primera pregunta no debería ser de qué lado está quien necesita ser auxiliado, sino qué podemos hacer.

Pienso en Cali.

Quizás ninguna ciudad colombiana haya ocupado un lugar tan particular en nuestra historia reciente. Cali ha sido, durante estos años, escenario de algunas de las grandes preguntas de Colombia.

Allí estuvo el mundo durante la COP, llegaron científicos, diplomáticos, ambientalistas, indígenas, jóvenes, expertos y ciudadanos de muchos países para hablar de biodiversidad, de la crisis climática, del planeta que estamos dejando, y durante unos días Cali dejó de ser solamente una ciudad colombiana para convertirse en una ciudad del mundo.

Pero también estuvo allí el estallido social.

Las calles llenas, la gente corriendo, los gases, los enfrentamientos, los jóvenes, las barricadas, el miedo, la rabia, la muerte, una ciudad partida que parecía decirnos que debajo de la superficie existían heridas mucho más profundas de las que habíamos querido reconocer.

Cali fue, de alguna manera, otro terremoto.

Solo que aquel no movió edificios, movió a la sociedad.

Y ahora la tierra vuelve a recordarnos algo que solemos olvidar, que el piso sobre el que construimos nuestras certezas no es necesariamente permanente.

También pienso en Manizales, en la imagen de la Catedral y su torre derecha afectada, una estructura que durante tanto tiempo había parecido inmóvil, segura, parte del paisaje y de la memoria de una ciudad, hasta que un movimiento de la tierra fue suficiente para recordarnos que incluso aquello que parece más firme puede tambalear.

Y esta vez no estamos hablando solamente de una sensación, ni de una mañana extraña en la que todos salimos de nuestras casas, estamos hablando de una tragedia humana de una escala que todavía estamos empezando a comprender, al cierre de esta columna los reportes hablan ya de más de doscientas personas muertas y de miles de desaparecidos, mientras los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros, una cifra que, como ocurre siempre en las primeras horas de una catástrofe, todavía puede crecer, y detrás de cada número hay una historia, una familia, una silla vacía en una mesa, alguien que esta noche no regresará a casa.

Colombia sabe de esto.

El terremoto de Armenia de 1999, de magnitud 6,1, dejó 921 muertos solamente en Armenia, más de 5.300 heridos y más de 21.000 viviendas averiadas o destruidas, una tragedia que todavía forma parte de la memoria del país y que cambió para siempre la manera en que pensamos la vulnerabilidad de nuestras ciudades.

Pero Colombia está además sentada en una región sísmica extraordinaria, una de las geografías más inquietas del planeta, donde las placas tectónicas chocan, se hunden, se deslizan y acumulan durante décadas una energía que puede liberarse en cuestión de segundos. No estamos ante una rareza de la naturaleza, vivimos en una región donde la tierra tiene memoria y donde la historia de América Latina está escrita también por grandes terremotos.

En 1970, en Perú, un terremoto de magnitud cercana a 7,9 desencadenó un gigantesco alud que sepultó Yungay y dejó más de 66.000 muertos. En 1939, Chile sufrió uno de los terremotos más mortales de su historia, con más de 24.000 víctimas. En 1976, Guatemala vivió un terremoto que dejó alrededor de 23.000 muertos. En 1972, Managua fue destruida y Nicaragua perdió unas 11.000 vidas. En 1985, México sufrió el terremoto que convirtió al 19 de septiembre en una fecha grabada en la memoria latinoamericana.

Y luego está Haití.

El terremoto de 2010, de magnitud 7,0, dejó una cifra estimada de más de 300.000 muertos y se convirtió en una de las mayores tragedias sísmicas de la historia moderna, no solamente por la fuerza de la naturaleza sino por la pobreza, la precariedad de las construcciones, la concentración de población y la fragilidad institucional que hicieron que el desastre fuera infinitamente más mortal.

Es una diferencia que deberíamos recordar.

Un terremoto tiene una magnitud, pero una tragedia tiene muchas otras variables.

Importa dónde ocurre, a qué hora, cuánta gente vive allí, cómo están construidos los edificios, qué tan preparadas están las instituciones, si existen comunicaciones, si funcionan los hospitales, si llegan las ambulancias, si hay agua, si alguien puede entrar a una zona destruida y, sobre todo, si una sociedad sabe responder cuando todo lo demás deja de funcionar.

Chile puede ser una de las mejores lecciones de América Latina. En 1960 sufrió el terremoto más potente registrado instrumentalmente, de magnitud 9,5, y sin embargo los grandes terremotos posteriores han producido cifras de muertos muchísimo menores que las de otros países de la región, en buena medida porque décadas de experiencia, normas de construcción, ingeniería y preparación han aprendido a convivir con una tierra que inevitablemente volverá a moverse.

Eso también es civilización.

No podemos impedir que la tierra tiemble.

Pero sí podemos decidir cuánto daño estamos dispuestos a permitir que haga.

Tal vez esa sea una de las grandes preguntas que deja este terremoto, no solamente cómo reconstruir lo que cayó, sino qué país queremos construir para cuando vuelva a ocurrir, porque volverá a ocurrir, en Colombia, en México, en Chile, en Perú, en cualquier lugar de esta enorme y maravillosa América Latina que habitamos, una región atravesada por volcanes, fallas, montañas, océanos y una geología que nos recuerda permanentemente que la naturaleza no está bajo nuestro control.

Tal vez Colombia debería aprender a vivir con esa conciencia, no con miedo, sino con preparación.

Porque la escala de este terremoto también nos obliga a pensar en la escala de nuestra respuesta.

Y ahí volvemos a lo mismo, a la necesidad de encontrarnos.

Tal vez Colombia lleva demasiado tiempo viviendo así, sobre un suelo que se mueve.

Se mueve la política, se mueve la economía, se mueve la confianza, se mueven las instituciones, se mueve nuestra conversación pública, se mueven las certezas, y nosotros seguimos muchas veces empeñados en hacer exactamente lo contrario de lo que una sociedad debería hacer cuando siente que el piso tiembla, en lugar de acercarnos, nos alejamos, en lugar de escucharnos, gritamos, en lugar de preguntarnos qué podemos construir juntos, dedicamos buena parte de nuestra energía a demostrar que el otro es culpable.

Pero un terremoto no pregunta quién votó por Petro.

No pregunta quién votó por la oposición.

No pregunta quién es rico o pobre, quién vive en el norte o en el sur, quién es de Cali, de Bogotá, de Manizales o de cualquier otro lugar.

Cuando el piso se mueve, somos simplemente seres humanos tratando de encontrar a los nuestros.

Quizás por eso deberíamos aprovechar este momento para pensar colectivamente.

No solamente en cómo responder a este terremoto, no solamente en cómo reconstruir aquello que haya resultado afectado, no solamente en cómo garantizar que quienes necesiten ayuda la reciban, sino en algo más profundo, en cómo queremos acompañarnos como sociedad.

Porque deberíamos acompañarnos también cuando no tiembla.

Cuando alguien pierde el empleo.

Cuando un joven siente que no tiene futuro.

Cuando una familia no sabe cómo pagar una factura.

Cuando una comunidad se siente abandonada.

Cuando alguien piensa distinto y, en lugar de convertirlo en enemigo, somos capaces de escucharlo.

Colombia necesita encontrarse.

No para pensar igual, porque una democracia sin diferencias sería una sociedad muerta, sino para comprender que nuestras diferencias no pueden ser más grandes que aquello que compartimos.

Hay momentos en los que la historia nos obliga a recordar que pertenecemos al mismo lugar.

Hoy fue un terremoto.

Mañana será otra cosa.

Y quizás la verdadera prueba de una sociedad no esté en cuánto puede resistir cada individuo por separado, sino en cuánto somos capaces de sostenernos unos a otros cuando las cosas se complican.

Por eso vuelvo a aquella imagen del fémur sanado.

Un hueso roto que pudo curarse porque alguien se quedó.

Alguien tuvo paciencia.

Alguien cuidó.

Alguien entendió que la vida del otro también era responsabilidad suya.

Quizás eso es lo que necesitamos recordar en Colombia.

Que solamente hay una manera de sacar este país adelante: juntos.

No juntos porque pensemos igual, sino juntos porque compartimos el mismo suelo, la misma historia, las mismas heridas y, sobre todo, la misma posibilidad de futuro.

Esta mañana, mientras bajaba las escaleras pensé que quizás todos habíamos recibido una pequeña oportunidad.

Una oportunidad para recordar que estamos vivos.

Para preguntarnos para qué queremos estarlo.

Para mirar al que tenemos al lado.

Para escribir, para cuidar, para escuchar, para construir.

Para quedarnos.

Porque al final, cuando todo tiembla, quizá lo único verdaderamente importante sea saber que no estamos solos.

Hay una manera sencilla de imaginar lo que ocurrió el pasado 6 de agosto en Bogotá: una memoria que durante años estuvo dispersa en investigaciones, archivos, voces, imágenes, documentales y páginas encontró un segundo lugar donde permanecer.

No era una ceremonia para inaugurar un edificio ni para presentar un nuevo informe. Era, en cierto sentido, una ceremonia para proteger el pasado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una copia íntegra del patrimonio documental que la entidad consolidó entre 2022 y 2026. La recibió el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, de manos de la directora del CNMH, María Gaitán Valencia.

La cifra ayuda a dimensionar lo que se puso bajo custodia: 257 libros —107 de ellos investigaciones—, 209 documentales, 91 episodios de pódcast y 68 micrositios especializados, además de archivos documentales, bases de datos, recursos pedagógicos, contenidos audiovisuales y otros activos digitales.

Pero los números no alcanzan para contar lo que hay detrás de ellos.

Porque cada investigación contiene años de trabajo. Cada documental conserva una voz. Cada archivo puede guardar el rastro de una persona, una comunidad o un hecho que alguna vez estuvo a punto de desaparecer de la historia. Y detrás de muchos de esos documentos están las víctimas que decidieron contar lo ocurrido para que su experiencia no quedara reducida al silencio.

Ese es el verdadero tamaño del archivo.

La entrega realizada por el CNMH responde a una medida de protección de información ordenada por la JEP sobre archivos de derechos humanos producidos, recopilados, administrados o custodiados por ocho entidades públicas.

La medida, adoptada desde 2018 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, tiene un propósito preciso: identificar, proteger y preservar información que pueda contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto armado.

En agosto de 2026, mediante el Auto AT611 de 2026, la JEP ordenó al CNMH remitir la información que consideró de especial interés para las funciones de la Jurisdicción.

La respuesta fue la entrega de una copia íntegra del legado documental consolidado por el Centro durante los últimos cuatro años.

Desde 2019, el CNMH ha continuado recopilando, preservando y custodiando materiales en el marco del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. El archivo que ahora queda protegido por la JEP es, por tanto, parte de una construcción mucho más amplia: la de un país que intenta dejar registro de aquello que durante décadas ocurrió en sus territorios y que, en demasiadas ocasiones, permaneció oculto.

Hay una frase de María Gaitán Valencia que resume el sentido de la entrega.

“Hoy entregamos este legado documental a la Jurisdicción Especial para la Paz con la convicción de que la memoria de Colombia debe preservarse como un bien público permanente, por encima de cualquier coyuntura”, afirmó la directora del CNMH.

La frase importa porque los archivos también tienen una historia política. Las instituciones cambian, los gobiernos terminan, los funcionarios pasan y las prioridades públicas se transforman. Los documentos, en cambio, pueden permanecer.

Por eso la preservación de un archivo de memoria no es solamente un asunto técnico. Es una decisión sobre qué quiere recordar una sociedad y sobre qué información debe estar disponible cuando las generaciones futuras vuelvan a preguntar qué ocurrió.

“La memoria trasciende los gobiernos; pertenece a los colombianos”, agregó Gaitán Valencia.

La entrega a la JEP se suma además a la puesta en marcha de la Plataforma del Legado, una iniciativa destinada a preservar y facilitar el acceso al conocimiento construido por el CNMH.

El propósito es que ese conocimiento pueda seguir siendo consultado por las víctimas, investigadores, periodistas, estudiantes, instituciones judiciales y ciudadanos.

La memoria y la justicia no son lo mismo, pero en un país como Colombia sus caminos inevitablemente se cruzan.

Un documento puede ayudar a reconstruir un hecho. Una investigación puede revelar un contexto. Un testimonio puede aportar una pieza que faltaba. Una fotografía puede confirmar la existencia de una comunidad desplazada. Un documental puede conservar para siempre la voz de alguien que durante años buscó ser escuchado.

Por eso el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó la entrega realizada por el CNMH.

“Con esta entrega, damos un paso para que el conocimiento acumulado sobre nuestro conflicto armado siga sirviendo no solo para comprender el pasado, sino también para garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer el esclarecimiento judicial de los hechos y contribuir a que la violencia nunca vuelva a repetirse”, señaló.

La copia permanecerá bajo reserva y custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Con ello se busca garantizar su conservación y disponibilidad para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la Jurisdicción.

La entrega de este legado también permite entender la dimensión histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP nació de un momento excepcional de la historia colombiana: el intento de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado y, al mismo tiempo, encontrar una respuesta para las víctimas y para una sociedad que necesitaba conocer lo ocurrido.

Su tarea no ha sido solamente juzgar. Ha sido reconstruir. Entender cómo funcionó la violencia, cómo se organizaron los hechos, quiénes participaron, cuáles fueron los patrones y qué responsabilidades existieron detrás de miles de historias que durante años aparecieron como episodios aislados.

En ese trabajo, los archivos tienen un valor que va mucho más allá del papel o de los formatos digitales en los que están almacenados. Un documento puede ayudar a establecer una fecha, reconstruir una cadena de decisiones o confirmar un testimonio. Una investigación puede aportar el contexto que permite comprender un hecho. Un registro audiovisual puede conservar para siempre la voz de una víctima. Una base de datos puede revelar patrones que no son visibles cuando cada caso se observa por separado.

La justicia necesita memoria porque no es posible investigar aquello que ha desaparecido.

Por eso la protección de los archivos de derechos humanos tiene una dimensión profundamente democrática. No se trata solamente de conservar información para los jueces o para los investigadores. Se trata de garantizar que las víctimas y sus familias puedan encontrar en el futuro los elementos que permitan sostener sus relatos, contrastar versiones y avanzar en la búsqueda de respuestas.

Colombia ha aprendido, muchas veces de la manera más dolorosa, que el paso del tiempo no garantiza que la verdad aparezca por sí sola. Hay documentos que se pierden, testimonios que desaparecen con quienes los dieron, lugares que cambian y generaciones que crecen sin conocer lo que ocurrió antes de ellas.

Preservar es, por eso, una forma de responsabilidad.

La JEP representa uno de los principales esfuerzos institucionales del Estado colombiano para que los crímenes más graves cometidos durante el conflicto no queden únicamente en el terreno de la memoria individual, sino que puedan ser examinados desde la justicia. Su trabajo busca establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas y aportar al esclarecimiento de hechos que afectaron a comunidades enteras.

Ese trabajo requiere tiempo, pero también requiere fuentes.

De ahí la importancia de que el legado documental del CNMH tenga ahora una copia íntegra bajo custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. La medida no sustituye las responsabilidades del CNMH ni transforma la naturaleza de sus archivos. Lo que hace es añadir una garantía para que ese patrimonio pueda conservarse y permanecer disponible cuando sea necesario.

En un país donde todavía existen miles de preguntas sobre lo ocurrido durante el conflicto armado, proteger la información es proteger la posibilidad de responderlas.

También es una forma de proteger a quienes hablaron.

Durante años, hombres y mujeres en distintos lugares de Colombia contaron sus historias al CNMH. Algunos hablaron de masacres; otros, de desapariciones, desplazamientos, secuestros, despojos o persecuciones. Muchos hablaron de sus familiares ausentes. Otros reconstruyeron la historia de sus comunidades para que lo ocurrido no quedara reducido a una cifra.

Todo ese conocimiento forma parte de un patrimonio que no pertenece exclusivamente a una administración, a una institución o a un periodo de gobierno.

Pertenece a Colombia.

Por eso preservar estos archivos no significa simplemente guardar el pasado. Significa garantizar que el país pueda seguir preguntándole al pasado por su presente.

La JEP necesita documentos para hacer justicia. Las víctimas necesitan archivos para sostener su memoria. Los investigadores necesitan fuentes para comprender la historia. Los ciudadanos necesitan información para construir una sociedad capaz de reconocer aquello que ocurrió.

Y las nuevas generaciones necesitarán todo ello para comprender un país que heredaron, pero cuya historia no necesariamente vivieron.

La paz no termina cuando se firma un acuerdo. Tampoco la memoria termina cuando se publica un libro o se cierra una investigación. Ambas son tareas de largo plazo.

La preservación de este legado es, en ese sentido, una apuesta por el futuro: que las voces permanezcan, que los documentos sobrevivan y que Colombia conserve las herramientas necesarias para conocer su propia historia.

En el fondo, se trata de algo más elemental: que aquello que Colombia se tomó años en investigar no pueda simplemente desaparecer.

Porque un país también se construye con sus archivos.

Y en Colombia, donde buena parte de la historia del conflicto todavía está hecha de silencios, ausencias y preguntas sin respuesta, preservar esos archivos significa mantener abierta la posibilidad de encontrar algún día las palabras, los documentos y las voces que permitan comprender lo ocurrido.

La memoria no cambia el pasado. Pero puede impedir que el pasado sea borrado.

Y esa, quizás, es una de las formas más concretas de construir la no repetición.

Porque un país que protege su memoria no está condenado a vivir en el pasado.

Está tratando de evitar que el pasado vuelva a repetirse.

Ahora, cuando termina un gobierno y comienza otro, Sánchez plantea una discusión que va más allá del balance sobre Petro: qué país queda y qué país se quiere construir. Habla de energía, gas, tarifas, inversión, pobreza y empleo, pero también de la necesidad de recuperar la técnica en las decisiones públicas, de tener funcionarios capaces de contradecir al presidente y de entender que el sector privado no puede ser visto como un enemigo. Su frase resume buena parte de la conversación: “Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso”.

Pero quizá la parte más importante de escucharlo ahora está en su llamado a dejar atrás la política de la confrontación permanente. “Tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro”, dice. Sánchez no propone olvidar lo ocurrido durante estos cuatro años, sino aprender de ello y construir sobre lo que ya existe. En un país acostumbrado a que cada gobierno quiera empezar de cero y a que cada diferencia termine convertida en una pelea, su invitación es sencilla y, al mismo tiempo, difícil: volver a hablar, volver a escuchar y preguntarnos menos quién ganó la discusión y más qué necesita Colombia.

Diego Aretz: Usted fue compañero de Gustavo Petro en el Senado y lo conoce desde hace muchos años. Ha sido también un crítico de su gobierno. ¿Cómo lee hoy a Petro? ¿Es el mismo alcalde, el mismo senador o el presidente fue otra persona?

Camilo Sánchez: Yo estoy acostumbrado a construir desde la diferencia. Cuando llegó Petro al Gobierno pensé que íbamos a tener un diálogo técnico. La gran sorpresa fue que terminó siendo ideología y no técnica.

Yo lo tuve como compañero en el Senado y tengo que decirlo: era un buen parlamentario, hacía debates muy bien sustentados. Eso fue totalmente distinto a lo que vimos como gobernante.

Creo que no tuvo un equipo real y serio que pudiera acompañarlo. Fue muy egoísta, creyendo que él tenía la verdad revelada. Nombró funcionarios para que hicieran caso y no para que lo ayudaran a gobernar. Esa fue una de sus grandes falencias.

Si se hubiera mantenido con el primer gabinete, con personas pensantes que podían decirle que no y darle buenos consejos, hubiera tenido una administración admirable. Hoy creo que fue deplorable. Cometió el error de rodearse de áulicos, de personas que solamente hacían caso y no de personas que lo ayudaran a gobernar.

Él es bueno para hacer debates, malo para ejecutar. Lo demostró en la Alcaldía y ahora lo ratificó como presidente.

Diego Aretz: Hablemos de economía y energía. ¿Cuál es su balance de estos cuatro años?

Camilo Sánchez: Los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Desde que llegué a Andesco aprendí que cuando uno mejora la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios públicos, mejora el nivel de vida de todos los colombianos.

Como senador tuve la suerte de ayudar a hacer las leyes 142 y 143, que produjeron una gran revolución. En menos de 32 años cambiamos las coberturas, la calidad y la continuidad de los servicios públicos. Mostramos que para cambiar lo público se necesitaba algo fundamental: competencia. Entraron los privados y los modelos mixtos a competir con lo público y el servicio mejoró.

Hoy tenemos coberturas superiores al 95% en todos los servicios. Es un ejemplo para Latinoamérica. En muchos rincones del país la gente tiene acueducto, alcantarillado, energía y tecnologías de información y comunicación, algo que antes parecía reservado a los departamentos ricos.

Lo triste es que este Gobierno no aprovechó esa ventaja.

Los empresarios, que son quienes hacen la inversión, pedían dos cosas: seguridad jurídica y personas que conocieran técnicamente los sectores para tomar decisiones. Nosotros tenemos una frase: “Buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana”.

Cuando se toman malas decisiones ocurre lo que estamos viviendo. Nosotros nunca deberíamos estar hablando de un apagón.

Un apagón en Colombia nos puede costar entre 1,8 y 2,2 puntos del PIB. Es gravísimo. El Gobierno decidió que Colombia no iba a producir más petróleo y gas y terminamos dependiendo de otros países. Hoy estamos importando más del 30% del gas, cuando antes se importaba alrededor del 4%.

Necesitamos recuperar la soberanía energética y construir una matriz energética diversa: agua, energía eólica, solar, pero también térmica. Aquí se decidió que algunas de esas energías no tenían sentido y son precisamente las que nos han salvado.

Diego Aretz: ¿Qué tan probable es un apagón y qué tiene que hacer el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Si no hubieran existido las empresas del sector eléctrico colombiano que se endeudaron, trabajaron e hicieron esfuerzos enormes, este país habría tenido problemas muy graves.

Hoy tenemos un apagón técnico. La demanda del país está casi un 5% por encima de la oferta y tenemos cortes programados en municipios del Pacífico y el Atlántico de cuatro, seis y hasta ocho horas. Les ponemos un nombre técnico, pero son apagones.

Cualquier contingencia puede apagar el país.

Además, tenemos un problema financiero. A Air-e se le deben alrededor de tres billones de pesos y a las térmicas cerca de dos billones. En un momento como el fenómeno de El Niño, cuando las térmicas pueden generar una parte fundamental de la energía firme del país, no tener liquidez puede producir un apagón financiero.

Por eso le estamos pidiendo al nuevo Gobierno que priorice estos recursos en el Presupuesto Nacional. Hay que evitar ese apagón.

También aplaudo que se haya nombrado una persona técnica al frente de Minas y Energía. En el Gobierno anterior, los ministros de Minas y Energía brillaron por su ausencia de capacidad técnica. Hicieron ideología y política.

Nosotros dimos muchas propuestas, pero querían bajar las tarifas a las malas y no lo lograron.

Diego Aretz: ¿Fue una estrategia deliberada de desfinanciar empresas públicas y servicios para debilitarlos?

Camilo Sánchez: Desde afuera parecía exactamente la misma práctica aplicada en dos sectores distintos. Era un modus operandi.

Tengo que aplaudir a los empresarios que hicieron hasta lo imposible. Otros habrían botado la toalla. Las empresas térmicas se endeudaron hasta el máximo para poder cumplirle al país.

Ahora tenemos que hacer un plan de choque. Primero, priorizar el Presupuesto Nacional para resolver el problema de Air-e. Segundo, revisar la opción tarifaria. Y tercero, pedirles a alcaldes y gobernadores que paguen las deudas de colegios, hospitales y otras entidades públicas.

La liquidez es la única forma de evitar una quiebra y un apagón.

Diego Aretz: Usted ha tenido una postura muy abierta al diálogo. Incluso durante el Gobierno Petro invitó a sus ministros a los congresos de Andesco. ¿Cómo debe ser la relación con el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Desde antes de que ganara el presidente de la República teníamos un vínculo muy grande con el vicepresidente y estuvimos revisando las propuestas para construir un plan de choque para los primeros 100 días.

Nosotros creemos en construir sobre lo construido. Una de las cosas que le decía al presidente Petro y a sus ministros era que ellos creían que habían llegado a fundar el mundo. Aquí ya se habían hecho cosas muy importantes que tenían que seguir construyéndose.

Desde la diferencia buscamos puntos de encuentro.

Nosotros les entregamos estudios sobre electricidad y gas. Les dijimos a tiempo que íbamos a tener que importar grandes cantidades de gas si dejábamos de perforar y aumentar las reservas. Nos dijeron que éramos mentirosos y tramposos, que el apagón era mentira.

Hoy estamos en un apagón técnico y tenemos cortes programados.

Al presidente le faltó dignidad para nombrar personas que pudieran llevarle la contraria. Y ese también es un mensaje para el nuevo Gobierno:

Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso.

Gabinetes capaces de escuchar las distintas posiciones y tomar decisiones aunque no sean las que inicialmente tenían previstas.

Y tenemos que entender algo fundamental: el sector privado no es el enemigo a vencer.

Con este Gobierno queremos trabajar. Para todo lo bueno estaremos acompañándolo, pero tampoco vamos a ser áulicos. Vamos a decir siempre las cosas en las que no estemos de acuerdo, con argumentos y estudios.

Aquí tienen que volver a gobernar la inteligencia, los estudios y la técnica.

Diego Aretz: ¿Cuáles son las prioridades de los primeros 100 días?

Camilo Sánchez: Lo primero es revisar y derogar los proyectos que fueron negativos y estuvieron fundamentados solamente en ideología. El Consejo Gremial entregó un arsenal de propuestas y prospectiva. Mostramos cuáles resoluciones, decretos y proyectos eran negativos.

En energía y servicios públicos tenemos varios asuntos claves: el marco tarifario de agua potable y saneamiento básico, la transmisión, la generación y, especialmente, Air-e.

También es fundamental priorizar el Presupuesto Nacional para darle liquidez al sector en el momento más crítico.

Lo que estamos viendo ahora es algo que no se había hecho durante cuatro años: técnica, conocimiento y convocatoria a los mejores, sin importar de dónde vengan.

Y hay otro reto: la oposición.

Me parece equivocado empezar a hacer oposición sin que siquiera haya comenzado el Gobierno. ¿Cómo se puede juzgar un Gobierno que todavía no ha tenido la posibilidad de empezar a actuar?

Primero hay que esperar 90 o 100 días y hablar sobre hechos, no sobre prejuicios.

Diego Aretz: ¿Cómo podemos superar la polarización?

Camilo Sánchez: A mí me dolió mucho ver cómo se perdió la cultura democrática. Un presidente tiene que saber entregar el poder.

Uno no puede ser una persona maleducada ni en la entrada ni en la salida. El presidente Duque no tenía por qué estar feliz de entregarle el poder a Petro, pero era un demócrata y lo entregó como debía.

Ahora tenemos que trabajar para volver a unir al país. Lograron dividir a los colombianos, a las familias, los barrios y las poblaciones.

La gran estrategia debe ser que todos, desde la diferencia, construyamos para el beneficio general.

Tenemos que volver a trabajar en equipo. Lo que queremos todos es que le vaya bien al país.

Diego Aretz: Hablemos de servicios públicos. ¿Son caros o baratos en Colombia frente a los países desarrollados?

Camilo Sánchez: Tenemos servicios públicos admirables para los estándares internacionales y nuestras rentabilidades no son excesivas.

Hay que entender algo: más del 80% de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos. Los empresarios saben que no pueden poner tarifas que la gente no pueda pagar porque destruirían el sector.

En Colombia hemos hecho un milagro. Somos un fenómeno en Latinoamérica.

Tenemos, además, un sistema de subsidios cruzados: los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Eso es algo maravilloso.

Lo que tenemos que hacer es sacar a los colados del sistema.

En Colombia el estrato 4 es el único al que se le cobra lo que realmente vale el servicio.

En tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, los precios han crecido por debajo de la inflación. Es un sector tecnológico, con economías de escala y mucha competencia.

Y en energía, comparados con Estados Unidos, nuestros costos son muy bajos.

El problema es que tenemos redes de transmisión de más de 50 años. Somos unos berracos: hemos logrado mantener y aprovechar tecnología que ya es obsoleta.

Pero durante cuatro años no fue negocio invertir porque cambiaron las reglas de juego.

Diego Aretz: ¿Cómo sacamos de la pobreza a los colombianos que siguen en esa situación?

Camilo Sánchez: Lo primero es evitar el asistencialismo puro. Cuando un país se vuelve asistencialista, la gente puede terminar atrapada en la pobreza porque no encuentra incentivos para progresar.

Los subsidios son necesarios para quienes realmente los necesitan y no tienen posibilidades de salir adelante. Pero tienen que ser dignos, pagables y sostenibles.

El resto debe complementarse con incentivos.

Yo creo profundamente en el autoempleo y en la creación de microempresas. Hoy una persona crea una empresa y puede quebrarse en los siguientes cinco años porque le ponen condiciones como si fuera una gran compañía.

Hay que darle líneas de crédito, subsidios a las tasas de interés y condiciones para que pueda desarrollar su actividad.

Eso es más barato que mantener permanentemente un subsidio.

Y tenemos que incentivar a quien estudia y se esfuerza. ¿Cómo puede haberse convertido en pecado que una persona de estratos bajos reciba apoyo para estudiar en una universidad como Los Andes?

En mi caso particular, mi padre fue mesero del Hotel Tequendama y uno de mis mayores orgullos es que me dio la educación para que yo no tuviera que repetir lo que a él le tocó vivir. Llegó incluso a ser presidente encargado de este país.

Eso es lo que tenemos que crear: conciencia de que una persona puede progresar.

Diego Aretz: Si tuviera que escoger una política concreta para reducir la pobreza, ¿cuál sería?

Camilo Sánchez: Hacer de la generación de microempresas un objetivo nacional.

Tenemos que crear una política de autoempleo. Dar crédito, capacitación e incentivos para que una persona pueda convertirse en su propio empleador y trabajar para mantener a su familia y mejorar su situación.

También hay que hacer algo con el campo. Si entregamos tierras pero no damos maquinaria, crédito, asistencia y posibilidades de comercialización, en cinco años esas tierras pueden volver a concentrarse en otras manos.

No basta con entregar cinco hectáreas. Hay que darle al campesino las condiciones para producir, pagar a sus trabajadores, tener agua, servicios y comercializar.

Por eso necesitamos una política de autoempleo y darle incentivos al sector productivo, no convertirlo en el enemigo a vencer.

Los particulares son quienes hacen la inversión en este país. Tenemos que volver a darles confianza.

Diego Aretz: Hay algo que parece fundamental para el nuevo Gobierno: ¿cómo hacemos para que Colombia deje de vivir permanentemente mirando hacia atrás, discutiendo sobre Petro y sobre los cuatro años que terminan?

Camilo Sánchez: Yo creo que tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro. Petro ya tuvo cuatro años para gobernar, tomó sus decisiones y los colombianos las van a evaluar. Ahora el país tiene que mirar hacia adelante.

No podemos permitir que durante los próximos cuatro años toda la agenda nacional siga siendo Petro. Sería un error político y un error histórico. Si el nuevo Gobierno se dedica a responderle todos los días al presidente anterior, termina gobernando para él y no para los colombianos.

Hay que pasar la página, pero pasarla no significa olvidar. Significa aprender. Tenemos que mirar qué funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que corregir. Y eso implica reconocer también las cosas buenas que se hicieron en gobiernos anteriores. Colombia no puede seguir siendo un país que cada cuatro años cree que empieza de cero.

Tenemos que construir sobre lo construido.

Yo le diría al nuevo presidente: no se deje llevar por la tentación de gobernar solamente para quienes votaron por usted. Gobierne para todos. Y eso significa escuchar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a las regiones, a las universidades, a las organizaciones sociales y también a quienes están en la oposición.

La oposición es necesaria en una democracia. Lo que no podemos tener es una oposición que quiera que al Gobierno le vaya mal para demostrar que tenía razón. Si al Gobierno le va mal, le va mal a Colombia. Y si le va bien, ganamos todos.

Por eso también necesitamos bajar el nivel de agresividad. Colombia está cansada de que todo se convierta en una pelea. Hay que recuperar la conversación pública.

Yo no estoy diciendo que tengamos que pensar igual. Al contrario. Yo creo en la diferencia. Pero una cosa es tener diferencias y otra es convertir al que piensa distinto en un enemigo.

El sector privado no puede ser el enemigo. La oposición no puede ser el enemigo. Los empresarios no pueden ser enemigos. Los trabajadores no pueden ser enemigos. El Gobierno tampoco puede ver enemigos en todas partes.

Tenemos que volver a construir confianza.

Y la confianza se construye con reglas claras, con instituciones fuertes, con decisiones técnicas y con personas capaces de reconocer cuando se equivocan.

Colombia tiene enormes problemas, pero también tiene enormes posibilidades. Tenemos empresarios, trabajadores, científicos, universidades, campesinos y jóvenes capaces de hacer cosas extraordinarias.

Lo que necesitamos es que el Gobierno no les ponga obstáculos y que vuelva a existir una idea común de país.

Tenemos que dejar de preguntarnos quién ganó la discusión y empezar a preguntarnos qué necesita Colombia. Ese tiene que ser el acuerdo nacional: mirar hacia adelante.

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

La entrevista aborda temas como la calidad de la educación, el papel de los maestros, la formación del pensamiento crítico, la educación pública y privada, el futuro de las universidades, las brechas sociales y el impacto que las decisiones políticas tendrán sobre las próximas generaciones. También se discute cómo la educación puede convertirse en un espacio para reconstruir la confianza, fortalecer la democracia y aprender, finalmente, a dialogar.

Una conversación serena y necesaria, crítica y de fondo sobre el presente y el futuro de Colombia.

Por eso la entrada en funcionamiento de la Plataforma del Legado del Centro Nacional de Memoria Histórica merece una lectura que va más allá del lanzamiento de un nuevo portal institucional. Lo que se pone a disposición del público no es simplemente una página web renovada, sino una infraestructura digital que reúne buena parte del patrimonio documental construido durante años alrededor del conflicto armado colombiano.

Durante más de una década el Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló investigaciones, entrevistas, informes, cartografías, archivos de derechos humanos, publicaciones, registros audiovisuales y materiales producidos junto con comunidades, organizaciones sociales, universidades y víctimas. Ese acervo, disperso hasta ahora en distintos repositorios, comienza a integrarse en un único ecosistema que permitirá consultar, descargar y cruzar información desde cualquier lugar del país.

La decisión tiene una importancia que no depende del gobierno de turno. Los archivos públicos adquieren verdadero valor cuando dejan de ser patrimonio de una administración para convertirse en bienes accesibles para investigadores, periodistas, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en comprender cómo se ha documentado uno de los periodos más complejos de la historia reciente de Colombia.

La plataforma está organizada en dieciséis grandes componentes. Allí conviven las investigaciones producidas por el Centro, el Archivo de Derechos Humanos, la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos y Memoria Histórica, el Observatorio de Memoria y Conflicto, el Museo de la Memoria, las exposiciones, los recursos pedagógicos, las iniciativas territoriales y distintos espacios audiovisuales que incluyen documentales, pódcast y registros multimedia.

Uno de los apartados más relevantes sigue siendo el Observatorio de Memoria y Conflicto. Desde hace años se convirtió en una de las fuentes de consulta más utilizadas por periodistas, investigadores y organizaciones nacionales e internacionales gracias a la sistematización de cifras, líneas de tiempo, bases de datos e informes que permiten observar la evolución de la violencia desde múltiples variables. La nueva plataforma facilita el acceso a esa información y la articula con otros fondos documentales que hasta ahora se consultaban de manera independiente.

También resulta significativa la incorporación de herramientas que permiten recorrer la memoria desde los territorios. Los Planes Territoriales de Memoria, los mapas del despliegue institucional y el espacio dedicado a las resistencias comunitarias muestran una dimensión menos conocida del trabajo del Centro: la construcción de memoria no ocurre únicamente en Bogotá, sino en cientos de municipios donde comunidades enteras han documentado su propia historia y desarrollado procesos de reparación simbólica.

Hay un aspecto que suele pasar inadvertido cuando se habla de digitalización. No se trata únicamente de conservar documentos, sino de garantizar su circulación. Durante años muchos de estos materiales existían, pero encontrarlos requería conocer previamente el funcionamiento interno de la entidad o navegar por distintos repositorios. Reunirlos bajo una misma arquitectura facilita el acceso y, sobre todo, amplía las posibilidades de investigación.

Ese esfuerzo adquiere una dimensión particular en un país donde la discusión pública sobre el pasado suele estar atravesada por interpretaciones enfrentadas. La existencia de archivos abiertos no elimina esas diferencias, pero ofrece un punto de partida común: los documentos. Es difícil sostener una conversación seria sobre la historia reciente cuando las fuentes permanecen dispersas o inaccesibles.

El lanzamiento de la Plataforma del Legado también deja una reflexión sobre el papel de las instituciones culturales. Con frecuencia se espera que produzcan nuevos contenidos, exposiciones o publicaciones, cuando una parte esencial de su trabajo consiste en preservar aquello que ya existe y asegurar que continúe disponible para las siguientes generaciones. La preservación documental rara vez produce titulares, aunque probablemente sea una de las tareas más silenciosas y duraderas del Estado.

A partir del 21 de julio, cualquier ciudadano podrá ingresar al portal institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica y recorrer millones de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano. Más que una actualización tecnológica, la Plataforma del Legado representa la consolidación de un archivo público construido durante años de trabajo con comunidades, investigadores y víctimas. En tiempos en los que la información parece cada vez más efímera, la existencia de un repositorio abierto, organizado y permanente constituye una noticia cuyo verdadero alcance probablemente solo podrá medirse con el paso de los años.