“La democracia es el gobierno de los débiles, de los frágiles, de los pequeños y de los últimos”, es una afirmación que puede producir escozor en unos, dudas en otros y, en muchos, una cadena de preguntas o sospechas. Sin embargo, para multitudes, esa frase expresa lo que el Espíritu de la Esperanza reconoce como una necesidad fundamental de nuestro tiempo. La esperanza (ese bien personal y social cada vez más escaso) se vuelve urgente en una época en la que la democracia se invoca como comodín retórico, mientras sus espacios reales para florecer parecen estrecharse.

Hablar de la democracia, dialogar con ella, escucharla y proyectar su visión es hoy una necesidad impostergable. En este horizonte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece como un hito: el momento en que la humanidad, horrorizada por la barbarie de las guerras mundiales, comprendió (al menos desde la lucidez momentánea de quienes la redactaron) la urgencia de consagrar los anhelos de paz, convivencia y cuidado mutuo de la especie. Aunque nació en Europa, con su inevitable eurocentrismo, su esencia trascendió ese origen. La apropiación que hicieron de ella los pueblos de los “Sures” la transformó en un lenguaje más universal, una herramienta para la paz y un escudo de los pueblos en sus luchas por libertad, igualdad y solidaridad.

La universalización de los derechos (y con ella de la democracia como ordenamiento justo basado en esos derechos) sigue una trayectoria particular. Hoy, atravesando el primer cuarto del siglo XXI, estamos en un punto decisivo. La humanidad escribirá la historia de este siglo como la del retroceso autoritario y la amenaza contra una democracia aún germinante, o como la del establecimiento definitivo de esta. Las democracias, en plural, se perfilan como forma fundamental de cuidado de los bienes comunes de la especie: el agua, el aire, la biodiversidad, la paz y el conocimiento. Lo que logremos escribir será, finalmente, el triunfo o el fracaso de la humanización: la comprensión de nuestra fragilidad interdependiente como fundamento de una vida habitable junto a otras especies, otros mundos y otras alteridades que conforman la Tierra, nuestra única casa conocida.

Esta humanización está atravesada por el poder, entendido como la capacidad de afectar a otros, a lo otro y a las personas no humanas. Cuando esta capacidad se organiza y concentra a escalas billonarias o microbillonarias, la democracia se convierte en mediador necesario: conjura el poder como abuso y potencia el poder como colaboración y bien común. En esencia, la democracia es la forma en que las personas enfrentamos colectivamente el abuso del poder. En esa relación, nos divide en tres subespecies: los detentadores del poder, quienes lo usan de forma abusiva y quienes sufren su abuso. La democracia es, simultáneamente, un asco, una comprensión y un destino.

Como asco, es la reacción visceral ante la injusticia. El nudo en el estómago frente a la corrupción, la violencia institucional o la impunidad. Es el rechazo físico ante la demagogia que vacía de sentido las palabras, ante el parlamentario que legisla para sí mismo o ante la maquinaria que convierte a ciudadanos en datos y a la naturaleza en un recurso explotable. Ese asco es termómetro moral y señal de alerta: la conciencia colectiva negándose a normalizar lo inaceptable.

Como comprensión, es el análisis lúcido de las estructuras de dominación. Es el desmontaje paciente de los mecanismos que perpetúan la desigualdad: leyes que favorecen a unos pocos, algoritmos sesgados, concentración de medios, herencias coloniales que aún moldean nuestras sociedades. Comprender la democracia es estudiar la anatomía del poder para poder desarmarlo. Es reconocer que no es un estado ideal, sino un proceso de ajustes constantes y contradicciones inevitables, donde incluso como forma de poder implica riesgos, pero también contiene en su interior las herramientas para su crítica y corrección.

Como destino, la democracia es una elección diaria: un acto de fe colectiva en nuestra capacidad de gobernarnos sin un déspota, un tirano o un leviatán. Es el compromiso con la idea de que la voz del más frágil debe pesar tanto como la del más fuerte en el ágora. Elegir la democracia es preferir la deliberación sobre la imposición, la slow food de la política frente a la fast food del autoritarismo. La democracia es un verbo, no un sustantivo; una construcción que se erosiona con la indiferencia y se fortalece con la participación.

Esta lectura, esperanzada y necesaria, reconoce una clave central: la fragilidad humana (y también la no humana) frente a nuestra descomunal capacidad de daño. Esa capacidad produce biocidios y ecocidios, guerras, exclusiones sistémicas y consumismo que devoran personas y la vida. La democracia es, en este paisaje, un ritual colectivo con potencial de conjurar la violencia estructural y multiescalar que hemos creado.

Pero su propia fragilidad reside en su maleabilidad. Su paradoja más corrosiva emerge cuando es usurpada por los mismos poderes violentos que debería domesticar. Pocas cosas resultan más absurdas o más dolorosas que ver la democracia reducida a instrumento del abuso. Ese secuestro (que usa sus formas y su lenguaje para blindar riquezas injustas y reproducir dominios) es el virus más devastador para su esencia.

Por ello, la democracia es el gran conjuro que hemos inventado para convertir la vulnerabilidad en fuerza. No es el gobierno de los débiles por incapacidad, sino el gobierno de los frágiles por comprensión. En un planeta finito, la única fuerza sostenible es el poder compartido. El lugar de los últimos es también un lugar de lucidez sobre el mundo y sus relaciones. Defender la democracia no se juega solo en las urnas: se juega en la resistencia a su vaciamiento y en la tarea de devolverla, una y otra vez, a su propósito original: ser escudo de los últimos y conjuro contra el abuso.

Somos nosotros (los débiles, los debilitados, los últimos) quienes estamos más interesados en defender la democracia, porque en ella vislumbramos el único vehículo posible para la habitabilidad humana y nuestra propia supervivencia. Seguimos buscando libertad, igualdad y fraternidad no por romanticismo, sino porque las necesitamos para no ser mancillados ni mancilladores

Al final, como me decía mi madre (ya herida por la enfermedad) todo se reduce a mantenernos juntos, cuidando el calor del hogar, de la familia y de la comunidad. Hoy comprendo que ese consejo, dado al borde de la despedida, contenía una verdad esencial. La democracia es ese calor de especie extendido a la política: el cuidado organizado de lo débil, lo perecedero y lo valioso. Es la sabiduría aprendida en la vulnerabilidad, convertida en cimiento sólido para un mundo habitable. Su lección final, tan frágil como la vida misma, resulta ser la más poderosa: solo cuidando el calor común podemos sobrevivir a todos los inviernos y a las debilidades que somos. Por eso, la democracia es el gobierno de los débiles.

*Ashoka Fellow, Aprendiz de Pedagogía de la Ternura-Pedagogía de la Posibilidad

Aprendimos a nombrar el cuidado como advertencia: “Cuidado, mijo”. Muchas veces lo interiorizamos así, como advertencia. Lo escuchamos como callarse, como inhibición, como miedo o como obligación: “Cuidado, mijo, no moleste, no pregunte, no sienta”. También lo aprendimos como control, como disciplina, como vigilancia, como norma, como imposición y como necesidad.

Así lo nombramos, pero en realidad lo aprendimos en los brazos, en las piernas, en las mesas, en las camas, en las casas de quienes nos han querido. Fue a través de esos cuidados que las personas humanas podemos decir que estamos aquí: yo, escribiendo estas líneas, y usted, leyéndolas. Si estamos aquí es porque alguien cuidó de nosotros y nosotras. Y si usted y yo tenemos heridas y vacíos, es porque alguien (persona, grupo o sector social) nos descuidó: en el cuerpo, en el corazón, en las relaciones, en la esperanza.

En este cuidar y descuidar que nos fue configurando, se levantan voces que claman por volver a aquello que nos hizo humanos: el cuidado. Esas voces, que se expresan en las tribunas, en los libros y en las esquinas, han terminado también por plasmarse en textos, en propuestas, en acciones colectivas y en elementos de política pública, como el Plan Nacional de Desarrollo y el CONPES del Cuidado. Entre esas voces que resuenan más cerca están: Maturana, Boff, Toro, Cussianovich… y también mi abuelita, mi mamá, mi tía Elena, Alberto, Pepe y Francisco. En todos ellos y ellas habita ese llamado al cuidado, y al cuidado de lo otro, de lo que sostiene la vida.

Además de esas voces, tengo recuerdos de personas, animales, otredades y sectores sociales siendo cuidados o clamando por serlo. Poco a poco, todas esas voces me conducen al útero: como escenario y como metáfora del cuidado. El rombo, símbolo de muchos pueblos originarios, expresa la sacralidad de lo uterino y de la Tierra como útero de la vida. Bendigo siempre el vientre que me acogió y el que me acoge hoy.

Por eso es tan importante comprender, aprender y emprender lo que hoy estamos nombrando como cuidado para evitar que se desvanezca o se envilezca bajo perspectivas funcionalistas o mercantilizadas. El cuidado, para convertirse en política, debe mantener la incandescencia humana, política, estética y ética del soporte y el porte de la vida: un paradigma, una ética, una forma relacional con los otros, las otras y las otredades que conviven con nosotros en el planeta.

Cinco peldaños nos pueden ayudar a identificar el cuidado como horizonte civilizatorio en tiempos de desdemocracia, amenaza ecológica y tecnomediación fragmentadora. El primer peldaño es reconocer que hemos vinculado históricamente el cuidado con funciones básicas para la subsistencia; llamamos cuidado a lo funcional o a la asistencia en ello. El segundo consiste en comprender que estas actividades han sido recargadas de manera desigual sobre las mujeres y los sectores empobrecidos, racializados y subordinados de nuestras sociedades.

El tercer peldaño implica reconocer que una perspectiva redistributiva del cuidado es necesaria, pero insuficiente. Necesitamos transitar desde una noción funcionalista hacia una concepción que incorpore lo distributivo, pero que avance aún más: hacia el cuidado como paradigma, como ética y como forma relacional.

El cuarto peldaño nos invita a cuidar con esmero ese tránsito, para que emerja una forma profundamente humanizante del cuidado, capaz de reconectar lo personal y lo colectivo en lo político. Y el quinto peldaño exige una conciencia crítica sostenida, para evitar que el cuidado sea capturado por las lógicas del mercado, la eficiencia instrumental o el asistencialismo despolitizado.

En medio de este escenario de crisis civilizatoria, estos cinco peldaños ofrecen una guía para comprender el cuidado como horizonte de transformación. Si no cultivamos esta mirada amplia, profunda y procesual del cuidado, seguiremos atrapados en paradigmas que sostienen la desigualdad, la exclusión y el agotamiento del mundo. Solo si colocamos el cuidado en el centro de nuestras decisiones (como base efectiva, ética y política) podremos resistir, incluso conjurar el colapso y cultivar mundos posibles donde el cuidado sea el principio organizador de la sociedad otra.

Al final de estas dos páginas, vuelvo a una de las nociones más profundas que aprendí en casa, que en mi memoria se traduce en cariño y caricia. Y lo hago sin dejar de oír a Beatriz Alfaro diciendo: “Cuidado, mijo, que el cuidado es tan importante y bello que seguramente hay un descuidado inventando un jingle y una oferta… cuidado, mijo.”

En un mundo donde el individualismo, la mercantilización emocional y la manipulación mediática y dataísta han fragmentado los lazos humanos, la familia convivencial emerge como un espacio para construir vínculos profundos, sólidos y duraderos. Esta forma de familia se fundamenta en la solidaridad, el afecto y el apoyo mutuo, principios que orientan la convivencia y crean un entorno donde cada miembro se siente valorado y protector, al mismo tiempo que protegido y valorador.

La familia convivencial rechaza la lógica transaccional, mercantilista, utilitaria y líquida de las relaciones, promoviendo, en su lugar, una cultura basada en el cuidado, la reciprocidad y el don. En esta casa del “nosotros doméstico”, el apoyo mutuo, la empatía y una alegre responsabilidad adquieren un papel central, estableciendo un marco convivencial que resulta esencial para enfrentar los retos de una sociedad individualizada, enchufada tecnológicamente, pero desconectada.
Se pueden identificar siete grandes pasos o peldaños en la manera en que los seres humanos construimos familia y familiaridad. Estos pasos nos permiten transitar desde la mera existencia hacia la convivencia y la convivialidad, integrando las dimensiones biológicas, emocionales, sociales, políticas, éticas y estéticas de la vida familiar. En el primer peldaño, que implica nacer con, nacer en y nacer desde una familia, se establece el primer espacio en el que la vida humana continúa desarrollándose fuera del útero materno. Este paso inicial está marcado por el acto de nacer acompañado, en un contexto afectivo y relacional que otorga pertenencia, siendo el inicio de nuestra conexión con los otros y con el mundo. En el segundo peldaño, vivir, respirar, existir y comenzar a ser, la familia se convierte en el lugar donde aprendemos a existir, a construir nuestra identidad y a desarrollar tanto el autodescubrimiento como el codescubrimiento. Este proceso se sostiene en el afecto y el acompañamiento de los demás. Por último, en el tercer peldaño, que consiste en superar la mera supervivencia y aprender a convivir, se afronta el desafío de estar con otros, formando parte de un grupo, comunidad o colectividad. En esta etapa, la familia trasciende la supervivencia básica, enfrentando las contingencias que amenazan la vida y construyendo un espacio en el que es posible realizar acciones esenciales para existir y florecer como una comunidad de sentidos y destinos compartidos.
La convivencia suele confundirse con la mera agregación de personas, la gestión de los intereses o necesidades o, como decía Facundo Cabral, con “la miseria en cooperativa”. En contraste, la convivialidad se presenta como un horizonte de vincularidad solidaria, fuerte y cuidadora. Este concepto, introducido por Iván Illich, tiene raíces profundas en las formas de relacionarse de los pueblos originarios, tanto entre ellos como con la naturaleza. La convivialidad alude a la plena realización de los vínculos humanos y de la familiaridad, fundamentados en la ternura, la empatía y el cuidado mutuo. Este enfoque nos invita a superar las dinámicas fragmentadoras, individualistas y líquidas del sistema-mundo, promoviendo el respeto tanto por los lazos entre los seres humanos como por la relación entre lo humano y lo no humano. Reconoce nuestra interdependencia, que nos sostiene, y nuestra particularidad, que otorga sentido tanto al camino personal como al compartido.
En este contexto agresivo con la vida, transponedor de toda vincularidad y prevalencia de una la lógica meramente instrumental, la familia convivencial no es solo un refugio, sino un espacio transformador que late en una sociedad posible capaz de construir la responsable esperanza que tanto necesitamos.
La disrupción tecnológica deshumanizante es uno de los desafíos más críticos que enfrentan las sociedades y familias contemporáneas. Este fenómeno captura el campo comunicacional y erosiona la capacidad humana para comunicarse auténticamente, dificultando que las personas y comunidades tracen su propio mapa histórico. En su lugar, quedan atrapadas en la lógica del capital, orientada hacia la maximización de ganancias y los sistemas de deseos impuestos. En este contexto, emerge un desgobierno emocional donde las emociones y los vínculos se mercantilizan, debilitando profundamente las dinámicas familiares. Estas relaciones se tornan más líquidas, perecederas e incluso sujetas a una suerte de obsolescencia programada.
Las familias viven inmersas en contextos de los cuales forman parte y sobre los que ejercen influencia. La actoría social de las familias frente a la disrupción tecnológica implica un enfrentamiento entre tecnologías que promueven la convivialidad y aquellas que perpetúan la alienación.
Por un lado, las tecnologías orientadas a la convivialidad fomentan el diálogo, la cooperación y los vínculos humanos genuinos. Por otro lado, las tecnologías deshumanizantes, caracterizadas por el egoísmo, la competencia y la invasión de dispositivos digitales, reconfiguran las relaciones familiares, reemplazando el encuentro profundo por interacciones superficiales y superfluas.
Las familias pueden erguirse frente a la agresión, disrupción y transgresión individualista y mercantilizadora de la vida. La invasión del dataísmo y la manipulación emocional nos invitan a reflexionar críticamente sobre la influencia de los dispositivos tecnológicos en las dinámicas y dimensiones familiares. Es fundamental crear momentos y espacios libres de dispositivos y pantallas que fomenten la conexión directa entre los miembros de la familia, promoviendo encuentros genuinos y una comunicación presencial significativa.
Una educación orientada hacia la soberanía tecnológica resulta clave para fortalecer la capacidad de discernimiento, autonomía y control frente a la disrupción digital. Al mismo tiempo, el hogar debe resignificarse como un espacio donde se prioricen valores como el cuidado, el diálogo y la comunión, restaurando su atributo de refugio de humanización y núcleo de convivencia auténtica.
Finalmente, la colectividad debe asumirse como una respuesta activa frente a un entorno tecnológico invasivo, reconociendo la importancia de actuar conjuntamente para enfrentar los desafíos que plantea la tecnología y preservar la intimidad, el espacio interior, el adentro y la convivencia genuina.
En un mundo cada vez más condicionado por la manipulación emocional, la exterioridad, la transparencia forzada, la dependencia tecnológica y la distracción constante, las familias tienen la oportunidad de convertirse en bastiones de convivencia. Esto implica proteger la intimidad, fomentar la autonomía y transformar el hogar en un espacio de encuentro, creatividad y colectividad, donde los valores humanos esenciales puedan florecer y sostener relaciones interpersonales auténticas.
Uno de los elementos que más deteriora la familiaridad y la vincularidad es la corrosión de la atención, ya que esta es quizás la forma más concreta de lo que entendemos como amor y ternura. Por ello, la destrucción de la atención implica, en última instancia, la destrucción de la amorosidad y de la familia misma.
Las familias tienen el poder de reexistir, reimaginar, reaprender y actuar de una manera otra, frente a los desafíos tecnológicos, económicos, sociales y políticos que las agreden, individualizan y debilitan. En este proceso, resulta crucial preservar sus atributos fundamentales: la gratuidad, el cuidado y la atención, pilares esenciales de la convivencia, la solidaridad y la humanización.
Las familias conservan rescoldos de gratuidad, atención y espiritualidad que les permiten enfrentar las imposiciones de la lógica de la maximización de ganancias y el sometimiento mercantil a los sistemas de deseos. Estos sistemas generan formas adictivas del capitalismo contemporáneo, cada vez más individualizantes y transgresoras de los espacios de intimidad e interioridad.
Frente a este escenario, las familias tienen la posibilidad de reexistir y resignificar su atributo fundamental: ser cunas de humanidad, espacios donde florece lo humano y lo esencial, lo íntimo y lo interior. En este desafío, las familias asumen una tarea crucial: cuidar aquello que crece sin impedir que crezca, perviviendo en un papel como guardianas de la vida y de la convivialidad.
La casa, el hogar, el rancho, la choza, la maloca, la finca o el pago son apenas expresiones físicas de un territorio que evoca el cuidado y la atención. Sin embargo, la utilización funcionalista de la familia por parte de los modelos de producción predominantes, o su instrumentalización para la mercantilización de chucherías alimentarias, bagatelas espiritualistas o luces de neón que conducen unidireccionalmente al centro comercial, al destino vacacional o al casino, no han logrado apagar la incandescencia de lo familiar. Este espacio sigue siendo un lugar de ternura y refugio frente a la frialdad de lo artificial y lo artificioso del mercado de las imágenes y las emociones rápidas.
Las familias, con su capacidad de cuidar, crear y recrear, encarnan la convivialidad como expresión de sus atributos esenciales: la ternura, la gratuidad y el don. Pensando en Beatriz, en Betsabé, en Luisa y en Marqueza, mis ancestras, comprendo con mayor claridad que el verdadero sentido de mantener el fogón encendido reside en el esfuerzo por resistir, por subjetivarse y reexistir, y en la dicha de reunirnos en torno a él, disfrutar de su calor y descifrar los mensajes de solidaridades y futuros compartidos que ese fuego escribe con pequeñas chispas que se elevan al cielo.
Desde los tiempos de las cavernas hasta este presente de agonías y esperanzas, ese calor, fruto del encuentro, la atención y la conexión, es lo que llamamos convivialidad y lo que ellas, con su sabiduría y amor, llamaban familia.

*Ashoka Fellow, docente Investigador Universidad Externado de Colombia. Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible. Pedagogía de la Ternura – Pedagogía de la posibilidad.

Por: Alejandro Martínez A*

La familia no es un invento humano, ni surgió en la oscuridad de la Edad Media, mucho menos en la modernidad victoriana; sin embargo, en cierto modo, nos inventó a los humanos. Es una organización y una representación que se ha formado y transformado en relación consigo misma y con el entorno que nos hominizó y nos humanizó.

Desde la perspectiva de autores como Yuval Noah Harari y los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, así como desde la hipótesis Gaia de James Lovelock, la historia de la humanidad se entrelaza con procesos profundos de interdependencia y evolución. Estos procesos nos llevaron a constituirnos en un cuerpo vivo y colectivo llamado humanidad, que habita otro superorganismo: la Tierra, a la que Lovelock rebautizó como Gaia. Según estas visiones, el planeta es un organismo complejo que ha creado y sostenido las condiciones para la vida.

En este marco, la humanidad no se ve como un parásito o un tumor cancerígeno —una imagen derivada de la voracidad de esta civilización del capital, impulsada por la avaricia y la competencia—, sino como un cohabitante de la Tierra. La especie humana tiene el potencial de actuar en armonía con Gaia, cuidando y respetando los sistemas que hacen posible la vida en nuestro hogar común. Así, las familias se constituyen en organismos vitales de este macrosistema complejo, donde la vida se desarrolló y permitió la habitabilidad humana del planeta.

Sin embargo, esa habitabilidad humana está hoy seriamente amenazada. Nos encontramos en un momento agónico, donde el deterioro ecológico y social nos empuja al borde de la desesperanza. Este estado crítico es a menudo negado o minimizado tanto por los conservadurismos, que ven a la familia como un medio de reproducción de su propia visión rígida de la vida, como por ciertos progresismos, que en nombre de la libertad abrazan el consumo y la individualización. Ambos enfoques, al priorizar al individuo y sus deseos inmediatos, tienden a romper, transponer y desregular los vínculos personales, familiares y sociales, sometiendo las relaciones y las pulsiones personales al mercado; en este sentido ambos comparten la misma deidad y esa deidad está dispuesta a sacrificar millones y millones de especies, cohabitantes y congéneres en el altar del dinero. La civilización colonial, tardomoderna y mercantilizada mata mientras destruye lo que le da la vida y lo transmite por las redes.

El proceso de destrucción de los entornos habitables del planeta exige un cambio radical en nuestra relación con la Tierra y con las generaciones futuras. En este contexto, surge la pregunta sobre quiénes son los sujetos capaces de sostener la vida ante la crisis civilizatoria que nos empuja hacia el cataclismo para la mayoría. Algunas minorías, confiadas en su poder, creen que podrán resguardarse en un “arca” tecnológica y militarizada, ignorando las consecuencias globales del ecocidio.

El segundo gran desafío de la humanidad, junto con la desdemocratización, es preservar la vida y garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, la lógica instrumental y el consumo desenfrenado, profundamente arraigados en el núcleo de las relaciones y representaciones sociales de nuestras sociedades, dificultan la construcción de un “nosotros” colectivo capaz de asumir la urgente tarea de sostener lo que aún queda y regenerar lo que todavía es posible.

Gaia ha sido la cuna de la vida en el planeta, mientras que las formas familiares han sido la cuna de la vida humana desde las praderas de África, desde donde se expandió por toda la Tierra. Sin embargo, Gaia no puede dirigir la historia humana. Hoy, la humanidad posee tanto la capacidad de autodestruirse y devastar el entorno que la creó, como la capacidad de sostener y regenerar. Esta misma capacidad encierra la maravillosa posibilidad de redirigir nuestro rumbo hacia la preservación de la vida.

A esta capacidad transformadora, esta posibilidad de reorientar nuestro destino en favor de la vida, la denominamos subjetividad histórica. Según la perspectiva de Hugo Zemelman, este concepto se refiere a la conciencia y la voluntad colectivas necesarias para construir un futuro que sea producto de nuestras decisiones conscientes y no simplemente el resultado de las inercias impuestas por la lógica del capital.

Por ello, las familias, que han desempeñado un papel fundamental como cuna de la vida humana y como generadora de los lazos y vínculos que nos han hominizado y humanizado, puede entenderse hoy como un sujeto otro en la tarea de preservar la vida. Junto con las personas y colectivos que, con voluntad y compromiso, deciden emprender el camino de la sostenibilidad y la regeneración, las familias se convierten en agentes indispensables para construir esperanzas y responsabilidades frente a la crisis y la indiferencia que la alimenta.

Las familias pueden hoy inclinar la balanza en favor de la vida si, desde su más profunda genealogía, asumen el cuidado de la vida como propósito y la sostenibilidad como camino. Este despertar de la subjetividad vital de las familias requiere un esfuerzo enorme de aprendizajes y desaprendizajes, pero puede marcar la diferencia entre caer al abismo o emprender la dura subida hacia un futuro posible. A fin de cuentas, por difícil que sea escalar montañas, tanto la humanidad como la familia han acumulado una larga experiencia en cuidar y recorrer este planeta, atravesando estepas heladas, glaciaciones y dificultades extremas.

Tres características esenciales de lo humano y de lo familiar han sido fundamentales para atravesar las distintas etapas de nuestra historia: la fragilidad, la comunicabilidad y la colectividad. Estas cualidades se forjaron en nuestra relación con el entorno, configurando lo que entendemos por humanidad. Sin embargo, en la actualidad, estas características han sido capturadas, secuestradas y mercantilizadas. La fragilidad, en lugar de ser reconocida como una condición que nos vincula y nos invita al cuidado mutuo, se manifiesta en formas de agresividad, abuso, violencia y guerra. La colectividad, lejos de ser un espacio de solidaridad y acción conjunta, se ha reducido a la ficción de las agregaciones de consumidores. Por su parte, la comunicabilidad ha sido subordinada al dataísmo y a la manipulación mediática, erosionando nuestra capacidad de conversar y construir significados comunes.

Para que la familia pueda emerger como un sujeto vital otro en la sostenibilidad y regeneración de la vida, es imprescindible abordar tanto sus falencias internas como las afectaciones derivadas del contexto y de las múltiples violencias socioecológicas. Esto implica reconstruir su capacidad de comunicación y fortalecer su sentido de colectividad, transformando dinámicas de violencia, abuso, obediencia y obligatoriedad en relaciones fundamentadas en los afectos genuinos, las promesas cumplidas, la solidaridad y la cooperación mutua. Además, es esencial superar el aislamiento, la privatización y el encierro cómplice, fomentando en su lugar la apertura, la participación activa y la colaboración con otros actores comprometidos con la preservación y regeneración de la vida.

Esta familia vital necesita aprender, reflexionar y reescribirse desde una perspectiva que desafíe la banalización impuesta por el capitalismo de las emociones y la esclavitud servil a la voracidad económica del hiperconsumo. Como decía mi madre: “Es necesario estudiar y aprender mucho”. Ella solía recitarnos de memoria los versos del poeta venezolano Elías Calixto Pompa, y en ese vínculo familiar que trasciende la muerte y la ausencia, aún la evocamos, casi escuchando su voz repetir:

“Estudia, y no serás, cuando crecido,
ni el juguete vulgar de las pasiones
ni el esclavo servil de los tiranos.”

*Ashoka Fellow, docente Investigador Universidad Externado de Colombia. Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible. Pedagogía de la Ternura – Pedagogía de la posibilidad.

Bajo este escenario, el texto del proyecto ha recibido críticas de sectores económicos y sociales preocupados por los posibles impactos sobre la propiedad privada y las garantías procesales. Desde la Comisión Colombiana de Juristas, hemos notado con preocupación que muchos de los argumentos en contra de esta jurisdicción se basan en desinformación sobre el funcionamiento de principios, figuras y procedimientos ya existentes. Por eso, a continuación, analizaremos dos de los argumentos infundados que se oponen a esta iniciativa legislativa y explicaremos por qué estas propuestas no son ajenas al ordenamiento jurídico actual.

Primer argumento infundado: ¿el Proyecto de Ley habilita la llamada “expropiación exprés”?

Empecemos con una de las alarmas más sonadas del proyecto: la “expropiación exprés”. Si bien el artículo 58 de la Constitución Política reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental, este derecho no es absoluto pues debe ceder ante el interés público o social. Bajo este principio, la Constitución establece la expropiación para que el Estado cumpla fines que beneficien o tenga alto impacto en la comunidad. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá compró algunas casas del área donde se construye la primera línea de metro. Esta acción se justificó por razones de utilidad pública, como la mejora de la movilidad en la ciudad.

La expropiación agraria, por su parte, ha sido un instrumento para adquirir tierras con el fin de implementar políticas agrarias al menos desde la Ley 74 de 1926, y actualmente está reglado en la Ley 160 de 1994. La Agencia Nacional de Tierras es la encargada de llevar a cabo este proceso en la fase administrativa, de acuerdo con el Decreto 2363 de 2015 y Decreto Ley 902 de 2017. Adicionalmente, las decisiones que adopta la Agencia las puede revisar un Tribunal Contencioso Administrativo. Este proceso tiene, entonces, varias etapas:

• ANT Identifica el predio y hace una oferta de compra al propietario,
• Se realiza una negociación directa con el propietario, y
• Si la persona se niega a vender y la ANT insiste en que debe comprar, expide una resolución de expropiación.

Esto significa que la Agencia debe agotar un debido proceso administrativo, un paso a paso donde prioriza la posibilidad de llegar a un acuerdo con el propietario. En todo caso el Estado debe garantizar que la indemnización se ajuste al precio del inmueble. Y si el propietario no está de acuerdo con la decisión, puede llevar el caso ante un juez administrativo, quien verificará la legalidad del acto y las garantías de sus derechos.

El proyecto de ley ordinaria no cambia este proceso, y lo que hace es, simplemente, trasladar la competencia de los Tribunales Administrativos a Tribunales Agrarios y Rurales. Incluso el artículo 9º del proyecto establece que una competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales es conocer sobre el proceso de expropiación de que tratan las leyes agrarias.

El debate principal está en decidir si los jueces deben intervenir solo cuando alguien lo pide (carácter rogado) o automáticamente al terminar la etapa administrativa. En la primera opción, que estaba en la Ley 160 de 1994, los dueños que no estén de acuerdo con lo que decide la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueden pedir la revisión del caso ante un juez. El Gobierno dice que esto ayuda a resolver más rápido temas como recuperar terrenos baldíos. En la segunda opción, que trajo el Decreto Ley 902 de 2017, el juez entra al final del proceso sin que nadie lo pida. Esto da más garantías a los propietarios, pero también puede hacer que los trámites tarden muchísimo más y sea más difícil tomar decisiones.

Segundo argumento infundado: ¿El principio de protección a la parte más débil atenta contra la igualdad constitucional?

Durante las audiencias públicas sobre el proyecto de ley de procedimientos agrarios en la Comisión Primera del Senado, varios sectores económicos criticaron con fuerza la idea de que los jueces consideraran las desigualdades entre las partes en un caso. Les incomodaba la propuesta de un sistema judicial que, reconociendo las vulnerabilidades de los campesinos, ofreciera ventajas a la parte más débil en los procesos judiciales. Para ellos, esto representaba una amenaza al orden constitucional.

Es bien sabido que las inequidades socioeconómicas del campesinado persisten, y que el campo ha sido el epicentro del conflicto armado en Colombia. En 2023, el 26,1% de las familias campesinas vivían en condiciones de pobreza, y, según el DANE, esta población concentró el 45,5% de las violaciones de derechos humanos registradas por la Unidad de Víctimas en el marco del conflicto. Además, las comunidades campesinas y étnicas enfrentan grandes dificultades para acceder a la justicia, ya sea por su lejanía geográfica de los centros donde operan las instituciones del Estado o por los altos costos en tiempo y dinero que implica llevar adelante un proceso judicial.

Por tanto, los criterios diferenciales previstos en el Proyecto de Ley, que atienden los procesos agrarios y responden a esta problemática, son coherentes con la Constitución. El artículo 13 de la Carta Política establece que el Estado tiene el deber de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, con el fin de lograr condiciones de igualdad real y efectiva. De igual modo, el artículo 64 de la Constitución, además de estipular que el Estado tiene el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. En este sentido, los tratamientos procesales diferenciados, proporcionales a las inequidades y violencias estructurales que enfrenta el campesinado, son un mandato de la Constitución.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico ya opera con lógicas procesales que reconocen las asimetrías entre las partes en conflicto. El mismo Código General del Proceso establece, en su artículo 281, el deber del juez agrario de aplicar la ley sustancial teniendo “la protección de la parte más vulnerable en las relaciones de tenencia de tierras y la producción agraria”.

El párrafo 2° del mismo artículo también otorga facultades oficiosas al juez, un aspecto que se replica en el proyecto y que ha generado controversia. En particular, esta disposición faculta al juez para: (i) decidir en beneficio de la parte que cuente con el amparo de pobreza, incluso si la demanda presenta defectos, y (iii) fallar extra o ultrapetita para reconocer y ordenar el pago de derechos e indemnizaciones. Esto significa que el juez tiene la capacidad de actuar de manera proactiva en la defensa de los derechos de la parte vulnerable, asegurando así una mayor equidad.

Del mismo modo, otras ramas del derecho también se desarrollan bajo esquemas diferenciales que reconocen, y reivindican, a la parte más débil dentro de un pleito jurídico. Por ejemplo, en el Derecho Laboral se contemplan diversas ventajas sustanciales y procesales a favor de los trabajadores, como el principio in dubio pro-operario, o la presunción de contrato laboral cuando se prueba la subordinación.

Por todo esto, no es fácil entender la resistencia que genera el principio de protección a la parte más débil en las relaciones agrarias, dado su sólido respaldo en la Constitución y su desarrollo en diversas ramas del derecho. Sería un error que el Congreso estableciera una jurisdicción agraria basada en las lógicas del derecho civil, donde que presume la simetría procesal y la libre voluntad de las partes. Esto podría profundizar las brechas de desigualdad y la complejidad de los conflictos agrarios.

En resumen, es fundamental que los y las congresistas estudien juiciosamente el proyecto, comprendiendo el funcionamiento actual de los principios y procesos agrarios. La iniciativa simplemente sistematiza y concreta los elementos del derecho agrario, actualmente dispersos, bajo una misma lógica procesal. Colombia no debe perder, de nuevo, la oportunidad de resolver un problema histórico del campo colombiano: la falta de acceso a la justicia. La discusión de las reglas para el funcionamiento de la jurisdicción agraria debe basarse en la realidad jurídica y social del país, y no en verdades medias o manipulaciones mediáticas.

Tania Lugo Mendieta, abogada de Incidencia Nacional en la Comisión Colombiana de Juristas

Mónica Alejandra Mora, profesional de Incidencia Nacional en la Comisión Colombiana de Juristas

David Llinás Alfaro, coordinador de Incidencia Nacional en la Comisión Colombiana de Juristas

Hace dos semanas presentamos la propuesta de “Familia Democracia”, una visión de la familia como sujeto democrático, vital y convivencial.

Este fue el punto de partida de una conversación necesaria sobre la familia como protagonista dentro de una democracia entendida más allá de las elecciones y los procesos políticos formales. Nos distanciamos de la visión antifamilista conservadora, que percibe a la familia moderna como una amenaza a valores autoritarios como la obediencia, el abuso de poder y la violencia, así como del antifamilismo seudoprogresista, liberalizado e individualista, que critica un ideal de familias del pasado. La propuesta generó reacciones intensas, que fueron desde el interés hasta el rechazo, generando un diálogo invaluable. En particular, se nos pidió profundizar en una afirmación que resonó para algunos y provocó fricciones para otros: “la familia como sujeto democrático”. Consideramos que abrir y continuar esta conversación es crucial, tanto para las familias de hoy como para un país que se construye desde el tejido familiar y comunitario, especialmente en un contexto de desdemocratización y en una encrucijada decisiva para la democracia.

La familia como sujeto democrático. Más allá del sistema electoral hacia el Sistema de cuidado

Reconocer e impulsar a la familia como sujeto democrático implica una transformación profunda en nuestra comprensión de la democracia y de la familia. En lugar de entender la democracia solo como un sistema electoral, la propuesta de la familia democrática nos invita a concebirla como un “sistema de cuidado”. Este enfoque implica que la familia no solo practique valores democráticos en su interior, sino que también defienda y construya activamente estos principios en la sociedad. Una familia democrática es, en esencia, un espacio de democratización constante, donde los derechos y las responsabilidades se comparten y se proyectan hacia su entorno social. La familia se convierte en un espacio donde se promueve un paradigma, una ética y un modo de vida basados en el cuidado, como “emocionar democrático” planteado por Maturana en su obra pero principalmente en la Democracia es una Obra de Arte.

Reconocer e impulsar a la familia como sujeto democrático implica una transformación profunda en nuestra comprensión de la democracia y de la familia. En lugar de entender la democracia solo como un sistema electoral, la propuesta de la familia democrática nos invita a concebirla como un “sistema de cuidado”. Este enfoque implica que la familia no solo practique valores democráticos en su interior, sino que también defienda y construya activamente estos principios en la sociedad. Una familia democrática es, en esencia, un espacio de democratización constante, donde los derechos y las responsabilidades se comparten y se proyectan hacia su entorno social. La familia se convierte en un espacio donde se promueve un paradigma, una ética y un modo de vida basados en el cuidado, como “emocionar democrático” planteado por Maturana en su obra pero principalmente en la Democracia es una Obra de Arte.

Humberto Maturana insiste en que este “emocionar” se desarrolla esencialmente en la experiencia familiar. Bernardo Toro, por su parte, nos propone una nueva forma de ver la realidad, y entre esas realidades está la familia. Anthony de Mello nos invita a educar la mirada hacia la belleza.

La familia como paradigma ético y estético

Esta noción de familia como sujeto democrático entrelaza las afirmaciones de tres pensadores cuyas ideas y vidas fundamentan este proyecto: cuidado-democracia (Humberto Maturana), amor-cuidado (Bernardo Toro) y amor-mirada (Anthony de Mello). Esta estructura plantea la democracia como una forma de vida entendida desde el cuidado y la belleza, como un paradigma, una ética y una estética cuyo “emocionar” más profundo se desarrolla en el seno de la familia, concebida como un escenario protector y formativo.

Este enfoque se distancia de la noción de familia como contrato o como espacio privado y privatizado, para colocarla en el ámbito de lo público. No es más la familia del feudo o del castillo, con sus señores o señoras feudales, sino una familia en el ágora, que construye su intimidad y domesticidad como lugar de vínculos y solidaridad, y no como espacio de impunidad y ocultamiento. Son familias que se reconocen como constructoras y construidas por una sociedad.

Democratización dentro de la familia

La democratización dentro de la familia comienza cuestionando y replanteando las estructuras de poder tradicionales que a menudo persisten en el hogar. En muchos modelos familiares patriarcales, las decisiones recaen sobre unas pocas voces autoritarias, dejando poco espacio para la participación equitativa. En cambio, una familia democrática promueve una estructura horizontal, donde cada miembro, desde los más jóvenes hasta los mayores, tiene el derecho y la responsabilidad de ser escuchado, de participar y de contribuir en las decisiones que afectan a todos. Esta práctica fomenta una cultura de respeto mutuo, responsabilidad compartida y compromiso recíproco.

Este proceso de democratización se extiende a las normas y prácticas de convivencia en el hogar, que no se imponen, sino que se discuten y elaboran de forma conjunta. Al consensuar las reglas familiares y respetar las diferencias de opinión, la familia construye un ambiente de diálogo y resolución pacífica de conflictos, donde cada miembro experimenta y aprende la democracia en lo cotidiano. Este modelo demuestra que la democracia no es un concepto exclusivo de las instituciones políticas, sino un modo de vivir y de relacionarse en cada aspecto de nuestra vida.

La familia como espacio de transformación

Entender a la familia como un sujeto democrático implica que esta se encuentre en un proceso de transformación y aprendizaje constante. Una familia democrática se autoevalúa continuamente, ajustando sus prácticas y dinámicas para ser cada vez más inclusiva y justa. Reconoce y aborda activamente cualquier forma de violencia, maltrato, discriminación o exclusión que pueda surgir dentro del hogar, ya sea por sexo, edad o capacidades, promoviendo una igualdad genuina entre todos sus integrantes.

Este proceso de auto-democratización también requiere la disposición de cada miembro para reflexionar sobre sus formas y evolucionar hacia una convivencia más solidaria y respetuosa. Al interiorizar y practicar los valores democráticos, la familia se convierte en un “laboratorio de justicia social”, donde cada persona experimenta y valora la importancia de los derechos y las responsabilidades compartidas. Así, los principios que rigen la democracia se consolidan y preparan a los miembros de la familia para llevar estos valores a la esfera pública, participando activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La familia como defensora y constructora de la democracia en la sociedad

Al vivir internamente estos valores, la familia democrática se convierte en un agente de cambio social que no solo defiende la democracia en el hogar, sino que también la promueve y protege en la sociedad. Como escenario de vida y socialización, la familia juega un papel fundamental en vivenciar valores de justicia, igualdad y participación en sus miembros. Estos principios, experienciados en el ámbito familiar, se proyectan en el entorno social, fortaleciendo las bases democráticas de la comunidad y de la sociedad.

Las familias democráticas tienden a involucrarse activamente en asuntos de interés común, participando en organizaciones comunitarias, actividades de voluntariado y en la defensa de los derechos. Esta implicación externa no solo convierte a la familia en un ejemplo de democracia en acción, sino en un defensor activo frente a políticas y prácticas que amenacen la justicia y la equidad social. Al participar en estos espacios de acción colectiva, la familia contribuye a fortalecer el tejido social y a construir una democracia basada en la solidaridad y el compromiso con el bienestar común.

La democracia del cuidado: una visión integral de la democracia

La propuesta de la familia como sujeto democrático invita a expandir nuestra visión de la democracia, pasando de un modelo centrado en el sistema electoral a una democracia del cuidado. Este enfoque no implica reemplazar las instituciones formales de la democracia, sino enriquecerlas mediante prácticas de convivencia democrática y apoyo mutuo. La democracia del cuidado se fundamenta en una ética de relaciones horizontales y de corresponsabilidad y colaboración, donde los derechos y el bienestar de cada miembro son igualmente valorados y respetados.

Una familia democrática, en este sentido, es un pilar de una democracia del cuidado, ya que promueve un ambiente donde se practican la igualdad, el respeto y el compromiso diario. Al construir una democracia en casa, la familia ofrece a cada miembro una formación en valores que trascienden el ámbito privado, promoviendo una ciudadanía responsable y consciente de su rol en la sociedad. Este enfoque, que comprende la democracia como un sistema de cuidado, puede transformar tanto a las personas como a las estructuras sociales.

La familia como sujeto democrático en una sociedad que se construye desde el hogar

La propuesta de la familia como sujeto democrático representa una visión transformadora de como vivimos y entendemos la democracia, colocando el cuidado y la corresponsabilidad en el centro de nuestras relaciones cotidianas. Una familia democrática, que practica y defiende los principios de justicia, igualdad y solidaridad, se convierte en un agente clave en la construcción de una sociedad democrática y participativa.

Para una sociedad que aspire a la justicia y la equidad, es vital que las familias se conviertan en espacios de democratización, en un “nosotros” inclusivo, colaborativo y corresponsable. La familia es el “nosotros” de la intimidad, lo doméstico y la vida cotidiana; desde ahí se crea la base de una sociedad donde el cuidado y la dignidad humana son valores centrales.

Este reconocimiento de la familia no es ingenuo ante las amenazas a la democracia ni entroniza a la familia como un modelo perfecto. Al contrario, reconoce que estas familias están en constante construcción, fortalecidas por su fragilidad, colectividad y perfectibilidad. Aunque la familia perfecta no existe, hay búsquedas compartidas de solidaridad y destino que constituyen ese “nosotros” bello y cotidiano que son las familias.

Esta familia democrática no es una invención metafísica ni idealista. Si observamos los procesos sociales que han contribuido a democratizar nuestras sociedades, en ellos podemos reconocer la marca de la familia y la familiaridad en su sentido más inclusivo y colectivo. Si vuelvo la mirada a casa necesariamente encuentro a mi mamá y a mi tía Elena como calidez, como ternura y como motores de democratización, ellas me vuelven a repetir: “Mijo… no hay que dejar apagar el fogón”.

*Ashoka Fellow, docente Investigador Universidad Externado de Colombia. Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible. Pedagogía de la Ternura – Pedagogía de la posibilidad.

La familia entendida como sujeto democrático, sujeto vital y convivencial, enfrenta hoy una profunda agresión en la que convergen tanto algunos neoconservadurismos como ciertos progresismos.

Ambos enfoques, al desconocer la familia como proyecto democrático, apelan al individualismo y al liberalismo, atacando conjuntamente a las familias que consideran su enemigo: unos, porque no se ajustan al modelo sacralizado del pasado; otros, porque no encajan en el proyecto mercantil e individualista del futuro.

En contraste, la familia representa un espacio de cuidado y solidaridad humana que el capitalismo tiene en la mira, bombardeándola de manera constante y, a menudo, imperceptible. Este ataque se manifiesta, por un lado, desde los ultraconservadores, que ven a la familia como un recurso funcionalista, sometiéndola a las religiones del consumo y la prosperidad; y, por otro, desde los progresismos liberalizados, que espiritualizan el consumo sin religión.

En un contexto donde el capitalismo neoliberal y ciertos progresismos, plegados a lógicas individualizantes, han invadido el ámbito familiar con el culto al ego y al “yo quiero, yo necesito, yo merezco, me gusta”, es urgente reimaginar y reafirmar un propósito humano y humanizante de la familia. Esta defensa responde a una agresión que se expresa no solo en la mercantilización de las relaciones familiares, sino también en la promoción de un individualismo que debilita los lazos y destruye las solidaridades.

Actualmente, el modelo capitalista y su cultura no solo atacan a la familia desde su sistema económico y productivo, sino que han logrado infiltrarse en el ámbito emocional e íntimo, promoviendo una visión de relaciones afectivas basadas en el consumo y la satisfacción inmediata. Este capitalismo emocional, que convierte los sentimientos en mercancía y las experiencias en transacciones, intenta reducir la convivencia familiar a una serie de intercambios individuales centrados en preferencias egoístas y pasajeras. La dictadura del “yo quiero”, en la que los deseos personales se imponen sobre las necesidades del colectivo, erosiona las bases de la convivencia y convierte a la familia en una suma de individuos desconectados, unidos únicamente por la búsqueda de satisfacción personal que rinden culto a las pantallas y festejan sus vidas en los centros comerciales, las discotecas, los lugares de divertimento y los estadios.

Defender la familia desde una perspectiva democrática implica comprenderla en tres dimensiones fundamentanles como sujeto democrático, como sujeto vital y como sujeto convivencial. Cada uno de estos fundamentos subraya una dimensión claves de la familia como espacio de cuidado y solidaridad humana, que responde a los desafíos de una sociedad marcada por el consumismo, el individualismo y la mercantilización de las relaciones. Estas tres nociones reflejan cómo la familia puede resistir y redefinir su lugar en el contexto contemporáneo, actuando como una fuerza de cohesión, solidaridad y resistencia ante los embates de un sistema y una cultura que la agreden con banderas azules y rosadas.

Familia como sujeto democrático

En un entorno donde el neoconservadurismo y el neoliberalismo buscan imponer una estructura autoritaria o fragmentaria, la familia democrática es aquella que se democratiza y democratiza a sus integrantes. Es un espacio de participación y justicia donde todos sus miembros, sin importar su edad o género, tienen voz y protagonismo. Esta familia no es solo un espacio privado de aprendizaje democrático, sino también un agente activo de democracia en la sociedad, coaprendiendo con sus miembros el valor de la justicia, la equidad y la responsabilidad compartida. Así, los integrantes crecen colectivamente comprendiendo la importancia de la participación y del respeto a los derechos, fortaleciendo su papel como ciudadanos responsables y activos en sus comunidades y sociedades.

Familia como sujeto vital

El proceso de destrucción de los entornos de habitabilidad del planeta exige un cambio radical en nuestra relación con el entorno donde estamos siendo y con las generaciones futuras. En este contexto, la familia vital asume un rol protector de la vida en todas sus formas, promoviendo una ética de sostenibilidad y no-violencia hacia la naturaleza. No solo se preocupa por la supervivencia de sus miembros, sino que también actúa como un núcleo de protección de la habitabilidad del planeta, inculcando en sus integrantes formas relacionales de cuidado de la vida y del equilibrio ecológico. Este enfoque desafía la lógica de explotación y consumo que caracteriza al capitalismo actual, promoviendo desde las familias una relación armónica y amorosa con el entorno como casa común.

Familia como sujeto convivencial

En un mundo donde el individualismo y la mercantilización emocional han fragmentado los lazos humanos, la familia convivencial es un espacio de construcción de vínculos afectivos profundos y duraderos. Aquí, la solidaridad y el apoyo mutuo son los principios que guían la convivencia, creando un entorno donde cada miembro se siente valorado y protegido. Esta familia rechaza la lógica transaccional de las relaciones y fomenta una cultura de cuidado y reciprocidad, en la que el bienestar colectivo es una prioridad. En la casa de “nosotros”, se vivencia el valor del apoyo mutuo y la importancia de una convivencia basada en el respeto y la empatía, cualidades fundamentales para enfrentar los retos de la sociedad actual.

Familia democracia

La fórmula que recoge al sujeto democrático, vital y convivencial en la familia es “Familia democracia”, que se opone precisamente a los tremendos cataclismos que se ciernen sobre la humanidad: la destrucción de la democracia, la habitabilidad del planeta y la disrupción tecnológica deshumanizadora. “Familia democracia” es una visión crítica y, al mismo tiempo, esperanzadora de la familia como espacio de cuidado y solidaridad, fundamental para la construcción de una sociedad justa, solidaria y sostenible. Frente a los modelos que intentan instrumentalizar a la familia o convertirla en un espacio de transacciones emocionales, este proyecto de defensa propone un avance paradigmático hacia una familia que sea pilar de respeto, justicia y solidaridad.

Así entendida, la familia se convierte en un sujeto activo y emergente de la democracia y en un fundamento indispensable para una sociedad que necesita espacios de equidad, apoyo y colaboración genuinos. La familia democrática, vital y convivencial no es solo el soporte de sus integrantes, sino también un modelo de convivencialidad que puede resistir la mercantilización y el individualismo que pretenden dominar todos los ámbitos de la vida. En ella reside una esperanza de construir un mundo en el que el bienestar colectivo, la democracia, sea el pilar fundamental de la convivencia humana, resguardando las auténticas relaciones de cuidado y solidaridad que nos unen como personas, sociedad y especie.

*Ashoka Fellow, docente Investigador Universidad Externado de Colombia. Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible. Pedagogía de la Ternura – Pedagogía de la posibilidad.

Algo que vale la pena tener cuenta en el contexto de las emergencias relacionadas con la crisis climática, es el agua. Un bien común, es la base de la química, la física, la biología y la vida en el planeta. Entender su ciclo, es de vital importancia para los seres humanos en escenarios de incertumbres y crisis sociales, donde muchos países del Sur Global tienen grandes cuencas y reservorios amenazados por el modo de producción capitalista.

En Colombia, la hoja de ruta es Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida, centra su atención del ordenar los territorios alrededor del agua, pero, ¿cómo se hace? Conociendo la importancia de nuestras grandes cuencas hídricas: el Caribe, el Pacifico, la Magdalena-Cauca, el Orinoco y el Amazonas.

Unidas representan 332.000 km² de cuenca continental, englobando una de las cuencas más ricas del mundo, caracterizada por innumerables ríos, ocho grandes áreas de nacimiento de fuentes principales o estrellas hídricas; así como unos 988.000 km² de cuenca marino-costera entre el mar Caribe y el Océano Pacífico.

Identificar cuál es nuestra gran cuenca, sería la primera tarea, la primera tarea ciudadana que deberíamos propender deberíamos propender, con este sentido de localización, podríamos saber de dónde viene el agua cuando abrimos el lavaplatos y nos duchamos. El manejo del agua ha representado la capacidad de desarrollo de muchas civilizaciones y ha hecho que entendamos el sentido de la palabra “desarrollo” en la capacidad de un colectivo humano en utilizar la racionalización con fines de tener ventaja frente a las condiciones del entorno que nos rodea.

En efecto, muchos procesos civilizatorios han usado esas capacidades para optimizar los beneficios que nos provee el agua, sea para el saneamiento básico, la irrigación de cultivos, el procesamiento de materiales minerales, el transporte y especialmente el consumo.

Una segunda tarea asociada es también al conocimiento a las aguas subterráneas, donde poco o nada se aplican en los esquemas de ordenamiento territorial y se desconocen las condiciones y manejos de esta fuente para muchas comunidades, que en medio de los embates del fenómeno de Niño puede ser un aliciente para calmar la sed.

La tercera y última, está correlacionada con las funciones de las coberturas vegetales contiguas a las grandes, medianas y pequeñas cuencas hídricas, que complementa condiciones ecológicas, otorgando un valor agregado a las condiciones de la vida humana, es decir, el paisaje.

Pero estos paisajes en la Colombia después de los Acuerdo de La Habana y de la Pandemia por Covid 19 están comenzando a cambiar. Por un lado, muchos paisajes se abrieron y se dieron a conocer de diferentes formas: exuberante belleza, problemáticas envueltas en más de medio siglo de conflicto armado, la extensión de fronteras agroindustriales, las grandes extensiones de tierras en pocas manos y desforestación desmedida, que aceleran conflictos y daños irreversibles en las condiciones ecológicas.

La clave es que estos territorios mediados por los paisajes del agua y la vegetación, tiene una vida propia, y los seres humanos, fauna, flora y saberes ancestrales inmerso en cada historia social, económica, cultural y de la naturaleza debe tener una voz y un protagonismo en la construcción de los nuevos planes locales y regionales de desarrollo, si se quiere ordenar alrededor del agua.

Un ejemplo para ordenar alrededor del agua, es la Depresión Momposina, lugar convergen la construcción de un territorio determinado por la cultura y la región, creando una condición sociocultural, conocida como la cultura anfibia, una mezcla de las relaciones entre sociedad y naturaleza determinadas por el agua, cuando Orlando Fals Borda menciona “el hombre hicotea”, trataba de enlazar las condiciones de adaptación de la vida humana a condiciones ecológicas mediadas por condiciones y capacidades del territorio en la configuración de un ethos regional; así como también, el papel del patrimonio que entretejen herencias indígenas y negras; para llegar a definir como las visiones del territorio se adaptan las incertidumbres de la naturaleza y el ordenamiento territorial.

Pero en medio de esas condiciones complejas, el agua representa otro valor esencial, esta vez desde los aspectos de cultura inmaterial o desde el punto de vista de las creencias, puede interpretarse la leyenda del “hombre-caimán”, original de esta subregión (por la parte de Plato, e inspiración del conocido porro “Se va el caimán”) como una idealización mitológica de la cultura anfibia. En efecto, según la versión más generalizada de la leyenda, se trata de un riberano que no halló otra forma mejor de cortejar su enamorada que en el agua, para lo cual empleó medios mágicos que le dieron forma de caimán.

La tragedia ocurre al fallar estos medios en la reconversión a la forma humana, “lo que condena al riberano enamorado a su angustiada existencia, parte en el río, y parte en cuevas y laderas. Ahora lleva el fango maloliente de las aguas negras y residuos químicos de Barrancabermeja y, más arriba, las basuras de plásticos de Tamalameque, los detritus de El Banco. Sus fuertes remolinos ya no recogen sólo la taruya de flor lila, sino la cepa podrida del platanar derrumbado, y la carroña flotante en la que se solazan los goleros”, como lo señala Orlando Fals Borda en la Historia Doble de la Costa Tomo I Mompox y Loba.

En conclusión, el agua representa una oportunidad de encontrar una estructuración tanto del territorio y de dentro de esté, la misma identidad que es un elemento que cohesiona las condiciones sociales, culturales, en este caso para la Depresión Momposina y por ende la construcción del ethos regional, esta vez que debe evitar tener la suerte singular del “hombre caimán” que por su infortunada tragedia se va para Barranquilla, dejando su mundo atrás.

Sociólogo, planificador de Desarrollo Social y Gestor Cultural. Maestría en Estudios Urbanos y Regionales. Doctorado (C) en Ciencias del Mar.* /Barranquilla. 

@davidllinasal

Hace unos días, Luis Almagro, secretario de la OEA, urgía a la oposición colombiana (porque, en la práctica, a ellos iba dirigida su petición) a que abandonaran los intentos de desestabilizar el proceso democrático en el país, y a que se respetara el periodo constitucional del presidente Gustavo Petro (https://n9.cl/pr91kv). Poco después, y con ocasión de la conocida indecisión de la Corte Suprema de Justicia en la elección de la próxima fiscal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado, en el que alienta “al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones” (https://n9.cl/b3f390).

Hoy, 14 de febrero, la oficina de la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas consignó en su cuenta de ‘X’ que “la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y previene el debilitamiento de la justicia”, y luego añadió enfáticamente que “la Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona Fiscal, sin interferencias, de ningún tipo”( https://n9.cl/e1b7s).

Las reacciones no se hicieron esperar en esa arena pública contenida en las redes sociales: algún político disfrazado de periodista dijo que “la fuerte presión que está ejerciendo el Gobierno para que se elija fiscal de la terna que presentó, es señal inequívoca de que tiene interés exagerado en una de sus postuladas. En consecuencia y por el bien de la división de poderes, la Corte no debería escoger entre una de ellas”.

Otro político, que es hijo de un jurista que fue en los años 80, magistrado de la Suprema, mencionaba sobre esta misma situación que “no sabía que teníamos jurisdicciones en el extranjero que están por encima de la @CorteSupremaJ. Todos los días aprendemos cosas nuevas”.

Claramente, el comunicado de la OEA es el que más despertó las malicias de la oposición colombiana: Almagro es, para la informalidad tuitera de la derecha nacional, un socialista más al servicio de los poderes oscuros del comunismo internacional (¡Hágame el favor!), y más allá de si es verdad o no que hay una mano negra y perseguidora detrás de cualquier papaya que ponga el gobierno, lo cierto es que bajo ningún concepto se puede afirmar que el secretario general de la OEA es un izquierdista. Tampoco es cierto que la ONU y la CIDH se hayan parcializado a favor del presidente Petro, porque lo que hacen sus comunicados es, simplemente, instar a la pronta elección de la sucesora del señor Barbosa a fin de evitar la interinidad en la institución que, hay que resaltarlo una y otra vez, es la titular de la acción penal en Colombia, y esa no es poca cosa. Pero esas exhortaciones también se dirigen al ejecutivo, que debe garantizar que la Corte Suprema adopte su decisión sin ninguna clase de interferencias.

Y sí: el pasado 8 de febrero un sector de la ciudadanía se manifestó públicamente con el propósito de exigirle a la Corte Suprema de Justicia que elija, de una buena vez, a la nueva titular de la Fiscalía General de la Nación. Las candidatas son tres grandes juristas cuyas hojas de vida son públicas y, muy al contrario de la despreciable afirmación del exmagistrado Jaime Arrubla Paucar durante una entrevista, no se han dedicado simplemente a “llevar expedientes”.

La exigencia ciudadana se sustentó en el temor, bastante justificado, de una interinidad a favor de la señora Martha Mancera en la Fiscalía. La pregunta que legítimamente se planteaba en ese instante era por qué, en lugar de escoger a una de las tres aspirantes, la Corte permite que una institución tan poderosa y tan importante quede en manos de una persona que tiene graves señalamientos de encubrimiento, relativos al delito de narcotráfico. Esta situación es, de hecho, la que marca la diferencia entre esta interinidad y las otras que se han presentado en la Fiscalía mientras la Corte Suprema adopta su decisión. Vale la pena, por tanto, hacer unas claridades al respecto.

Lo primero que debe decirse, en honor a lo que dicta la Constitución colombiana, es que a la fiscal Mancera se le debe garantizar su presunción de inocencia y el debido proceso. Esto significa que, mientras no exista una decisión judicial en su contra, ella tiene el derecho a permanecer en su cargo público y de oficiar como fiscal general mientras se elige a quien dirigirá ese organismo los próximos cuatro años.

Pero no es ese el asunto que se debate por aquella ciudadanía inconforme, ni es lo que preocupa al Gobierno: nadie le está negando a la señora Mancera sus derechos, que, si se dan las circunstancias, deben ser protegidos precisamente por los jueces en el contexto de un proceso penal. Lo que sí se cuestiona, en un plano ético, es si ella cuenta con las credenciales morales para asumir semejante encargo, habida cuenta las escandalosas revelaciones expuestas desde el pasado mes de noviembre por el periodista Daniel Coronell y a los documentos que reveló la Revista Raya hace unos pocos días. Desde ese punto de vista, la Corte Suprema de Justicia debería asumir una postura clara y actuar, no en solo en ejercicio de su potestad de nominación, sino bajo la función de garantizar el cumplimiento de un estándar constitucional que no solo es jurídico y político, sino fundamentalmente ético, como lo señalaba hace poco el constitucionalista William Alvis Pinzón. Ese estándar se encuentra en el artículo 209 de la Carta, y contiene palabras muy bellas, como moralidad y celeridad.

Esto último nos lleva a otra claridad que debe hacerse: el 8 de febrero en la tarde, mientras la ciudadanía inconforme se movilizaba, unas cuatro personas intentaron (o eso parece según los videos) ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia, mientras que el resto de la movilización les impedía concretar los desmanes.

La reacción, cosa rara, también fue inmediata, pues en algunos medios de comunicación el mensaje fue claro: los simpatizantes de Petro estaban violentando a la Justicia, evocando así los trágicos hechos de noviembre de 1985, tratando de relacionar el holocausto del Palacio con el actuar de unos desadaptados, usando como nexo causal el hecho de que Gustavo Petro fue, hace más de 33 años, integrante del M19. Incluso, en una red social circuló una supuesta noticia, en la que los magistrados tuvieron que ser evacuados del edificio en helicóptero para salvar la vida. Pues ni fue cierto lo del helicóptero, ni son remotamente comparables las pilatunas de esos cuatro individuos con la toma del Palacio por la guerrilla o la retoma por el Ejército Nacional. Las marchas que se presentaron en el país fueron pacíficas, y eso también lo reconoce la CIDH en su comunicado.

La Corte también se pronunció sobre los hechos en una pequeña carta fechada el mismo día, en la que, frente al bloqueo del edificio, respondió que “es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, y luego añadió que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”.

Pero no es cierto que la gente no deba o no pueda manifestar pública y pacíficamente su opinión frente a la acción u omisión de cualquier autoridad estatal, incluyendo la ejercida por los magistrados. Después de todo en un sistema político republicano toda autoridad pública emana de la ciudadanía, y si la ciudadanía se manifiesta bajo las condiciones de la Constitución y las leyes, ¿por qué razón exactamente va a quedar la democracia en vilo?, ¿en el Estado de Derecho colombiano importa más la discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la fiscal, que el derecho a la reunión y manifestación pacífica del artículo 37 constitucional?, y todavía más: ¿los jueces, en ejercicio de su autonomía, están por encima de la crítica ciudadana? Si la manifestación hubiera sido violenta, la Corte tendría la razón, pero ese no fue el caso, sobre todo si se considera que fue la misma manifestación la que impidió que esos cuatro señores tumbaran las rejas y entraran a la fuerza (suponiendo, también, que apenas cuatro seres humanos hubieran podido vencer los diversos círculos de la seguridad del Palacio para practicar en las dignidades de la justicia quién sabe qué cosa inimaginable).

Otra cosa en la que se equivocan los magistrados es en sustentar su indecisión frente al tema de la Fiscalía en el principio de la autonomía y la independencia judicial, porque cuando despliegan esa competencia en particular están ejerciendo una función electoral, no jurisdiccional, que en Colombia se asemeja a la función administrativa. Es por eso que la elección de un Fiscal se manifiesta en un acto administrativo, y que este se pueda impugnar mediante nulidad electoral ante la jurisdicción contencioso administrativa. De hecho, eso fue lo que pasó en 2012 con la anulación de la elección de Vivian Morales como fiscal general por parte del Consejo de Estado.

Ahora bien, si lo que hace la Corte en esta coyuntura no es actuar como juez, y la disposición que adopte siempre va a ser un acto administrativo, y no una sentencia, esa decisión debe tomarse cumpliendo aquel estándar constitucional mencionado anteriormente, con moralidad y celeridad, pues se trata de un imperativo que se aplica de forma específica a la función administrativa. Así pues, es válido que el público cuestione de manera pública si es moral que la Corte permita la interinidad de Mancera en la Fiscalía, dadas las perturbadoras revelaciones periodísticas; y es válido que la gente interrogue a la Corte, a través de manifestaciones pacíficas, por qué no ha elegido a la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente desde hace ya varios meses. La moralidad administrativa es, además, y como indica el artículo 88 de la Constitución, un derecho colectivo, y colectivamente se puede exigir.

Hay personas que, para resaltar la supuesta paranoia del presidente y de sus seguidores, destacan que es normal que la Corte se demore en sus decisiones, y que se han dado casos en los que los tiempos de interinidad en la Fiscalía General se han prolongado por meses, e incluso años. Eso es verdad, pero en ninguna de esas ocasiones la Fiscalía quedó encargada en una persona que despertara tantas sospechas de conductas tan poco delicadas como en estos momentos. Por eso la pregunta subsiste: ¿por qué arriesgarse a dejar en ese búnker a la abogada Mancera, cuando las otras tres opciones son infinitamente mejores? Se entiende que el procedimiento de elección de la fiscal es complejo, y que puedan necesitarse varias (o muchas) sesiones dedicadas a debatir las hojas de vida de tres mujeres que son igualmente competentes y conocedoras del laberinto penal en Colombia. Pero haría bien la Corte en considerar, al menos para esta ocasión, que si fueran otras las circunstancias, cualquier otra interinidad sería tolerable institucionalmente. Esta no lo es.

Profesor de teoría e historia constitucional en la Universidad Nacional de Colombia.*

Por: Dixon Moya Acosta**

Desde la propia experiencia del autor, se identifica como problema la ignorancia general de los funcionarios del Estado sobre la biodiversidad, materia que podría llegar a orientar la política exterior de Colombia en el futuro mediato, ante la realidad amenazadora del cambio climático. El Ministerio de Relaciones Exteriores debería promover una política integral que convierta la biodiversidad colombiana, en pilar fundamental de nuestra política exterior.

Tenemos la posibilidad de aprovechar un tema de alta política, considerado hasta el momento como de manejo doméstico y sin darle su valor estratégico. La misma naturaleza conceptual de la biodiversidad, obliga a un análisis y tratamiento comprehensivo, para buscar su máximo beneficio. El 2030 se ha fijado en el mundo, como el límite temporal, para evitar la catástrofe global climática. Colombia tiene el mismo plazo para activar su gran recurso estratégico.

La ignorancia sobre la biodiversidad, premisa con la que iniciamos

El problema inicial con el que debemos tratar es la ignorancia sobre la biodiversidad colombiana, por parte de los funcionarios del Estado, en nuestro caso particular, por parte de quienes laboramos en Cancillería, lo cual puede representar la potencial pérdida del tema que oriente la política exterior del país, en los próximos años[1]. La biodiversidad es el gran capital natural con el que cuenta Colombia, fundamental en la coyuntura política interna, pero también como carta de negociación en el campo internacional.

Durante la investigación previa que sustenta este artículo, se ha evidenciado la activa presencia de actores no estatales, tanto en el plano local como internacional, en el manejo de asuntos pertenecientes a la biodiversidad y al cambio climático, lo que obliga a un Estado como Colombia, a tomar las medidas pertinentes para la defensa de su soberanía natural, y potencialmente liderar un movimiento internacional que podría llegar a concretarse en un organismo con sede en el país.

Me ha motivado mi propio desconocimiento sobre un tema que debería ser manejado con cierta fluidez por cualquier diplomático colombiano, pues si un país es rico en un recurso, sus representantes deben tener información cualificada sobre el mismo, para divulgarlo e incluso defenderlo en el exterior. Solemos repetir, cual mantra, que “Colombia es el segundo país megadiverso del mundo”, pero en ocasiones esto es lo único que sabemos sobre un tema imprescindible, máxime ante la delicada implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, pero también por lo que significa para el mundo y la supervivencia del género humano, frente a la amenaza real del cambio climático[2].

Todos los funcionarios de Cancillería, pero especialmente los diplomáticos de carrera, directivos, jefes de misión y oficinas consulares, deben recibir formación especializada sobre la biodiversidad colombiana y el cambio climático. Como se afirma en el Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC: “…el éxito para enfrentar el cambio climático inicia con la construcción de información sólida”[3].

Es tradicional que el conocimiento y manejo de estos temas sea solo competencia de los funcionarios del área multilateral. No se pretende desconocer la gran tarea desarrollada desde lo multilateral en nuestra Cancillería, todo lo contrario, se busca potenciar ese trabajo técnico y político, proyectándolo al Ministerio en su conjunto. Desde lo multilateral se llevaría a cabo la coordinación del proceso, guiado por el despacho de quien detente la condición de canciller. Lo que se identifica como un problema, se convierte en la oportunidad de llevar al Ministerio a un escenario de liderazgo en el plano interno e internacional.

La biodiversidad en un contexto de posconflicto y en el escenario del cambio climático, es inmejorable ejemplo de la interméstica o lo glocal. Un tema que involucra actores y escenarios locales, nacionales y globales, estatales y de manera evidente los no tradicionales, haciendo parte de la tendencia dominante mundial, desde las últimas décadas del siglo XX. El Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, define la biodiversidad como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos…”. El convenio cuenta con tres objetivos básicos: La conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la justa repartición de los beneficios de los recursos genéticos.

Las cifras de Colombia en materia de biodiversidad son impresionantes, lo cual es casi proporcional a la amenaza del cambio climático. Para quien desee profundizar, recomiendo ampliamente el Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que hemos mencionado, preparado por el IDEAM, PNUD, MADS, DNP y la Cancillería entre otros en 2018.

Los datos de biodiversidad los aporta el SiB Colombia, el Sistema de Información de Biodiversidad, establecido por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, corporación civil sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Ambiental (SINA). En un informe más reciente, el SiB informa que hay 51330 especies registradas en nuestro país, que contrasta con las 62829 de la GBIF (Global Biodiversity Information Facility, red internacional de investigación biológica con sede en Copenhague, Dinamarca. La disparidad de las cifras obedece a que se trata de aproximaciones, realizadas con algoritmos y en constante actualización.

Revisando el informe, se insiste en que biodiversidad y cambio climático, deben ser abordados desde una visión integral, dejan de ser exclusivamente ambientales, para tener un carácter social, económico y político. Los dos conceptos aparecen en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado en 2016, en el cual se menciona la planeación en el uso de la tierra, delimitar la frontera agrícola, mitigar los riesgos originados por el cambio climático y salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.

Esto coincide con el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, citado por el presidente Iván Duque: “El patrimonio más grande que tiene Colombia es su biodiversidad”[4]. Allí se expresa la necesidad de modernizar y fortalecer la institucionalidad ambiental. La biodiversidad es concebida como un activo estratégico de la nación, siendo la deforestación uno de sus principales problemas.

Ha sido notorio el mejoramiento de la imagen internacional del país. De haber sido catalogado como Estado fallido en los años ochenta, actualmente Colombia es visto como un destino interesante para la Inversión Extranjera Directa y el turismo. Uno de los atractivos es la realidad biodiversa del país, desde lo ambiental, pero también desde lo económico. Muestra de ello, que un estudio cinematográfico como Disney, hubiera escogido el país como protagonista del maravilloso musical animado “Encanto”. Un elemento para ser aprovechado por la diplomacia colombiana, por embajadas y consulados en su quehacer cotidiano.

Es necesario conocer cómo preservar la biodiversidad, ante los promotores de las economías ilegales, quienes han sido los primeros actores no tradicionales en la historia de Colombia en perturbar el desarrollo de su política interna e internacional. Debe identificarse cuál es el tipo de inversión que nos interesa, cuáles compañías multinacionales pueden representar un riesgo a nuestra soberanía biodiversa[5].

La lucha contra los cultivos ilícitos se fortalece con el PNIS, plan nacional de sustitución de cultivos. Ante el debate científico y jurídico, el gobierno debería abstenerse de utilizar productos como el glifosato, apoyándose en el principio de precaución[6]. La legalización de la marihuana, en diversos lugares del mundo, como varios Estados de los EE. UU., debe ser un tema de reflexión al interior del gobierno, como carta de negociación, sin olvidar el principio de responsabilidad compartida.

Colombia ha venido cumpliendo sus compromisos en materia de cambio climático. El país genera el 0,57% mundial de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), ocupando el puesto 34 entre 184 países que monitorea el Instituto Mundial de Recursos del Banco Mundial. Existe la intención de reducir las emisiones de GEI en un 20% en el 2030, e incluso aumentarla a 30% si se recibe ayuda financiera internacional. Nuestra nación plantea reducir a cero la deforestación a 2030 y aumentar el patrimonio de áreas terrestres a 17% y marinas a 10%. Conforme lo plantea el Acuerdo de París, para cumplir estas metas, un país como Colombia, requiere de la cooperación internacional.

Las cifras nacionales actuales en materia de deforestación son preocupantes, 219 mil hectáreas deforestadas por la expansión desordenada de la frontera agrícola, acaparamiento de tierras, aumento de actividades ilegales como minería, cultivos ilícitos y extracción de madera. Además, Colombia es catalogado como uno de los países más vulnerables al cambio climático conforme la clasificación mundial realizada por el banco HSBC, que lo ubica en el número 7, siendo de hecho, el primer país latinoamericano en esa lista[7].

Colombia pertenece al grupo de 17 países megadiversos[8], una clasificación propuesta por “Conservation International” un actor no tradicional (ONG) con gran influencia en el manejo del tema. Aquí no entraremos a calificar con juicios de valor, pero una somera investigación evidencia que en los temas de biodiversidad y cambio climático los actores no estatales han sido relevantes.[9]

Otro dato alarmante es el de las especies amenazadas en Colombia, que se calcula en 1200, algunas de las cuales son emblemáticas como la Rana Dorada (Cauca, Chocó, Valle), el Oso Perezoso (Amazonía, Orinoquía), el Mono Tití cabeza blanca, el Manatí, las Tortugas Marinas, el Oso de Anteojos, entre otros.

Frente a la compleja coyuntura y comparado con los actores no tradicionales, la velocidad de reacción de los Estados ha sido más lenta. México en 2002, convocó a una reunión internacional de la cual surgió una declaración, firmada por ministros de temas Ambientales, creando un mecanismo de consulta y cooperación, el GPMA (Grupo de Países Megadiversos) que realiza reuniones periódicas, pero da la impresión de llevar una agenda cerrada, sin mayor divulgación pública sobre su impacto global.

Luego de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París y en cumbres posteriores como la reciente COP26 celebrada en Glasgow, ante la amenaza climática y la incertidumbre del financiamiento internacional, es prioritario buscar consensos con los otros países megadiversos, como bloque, que fortalezca procesos de negociación. De allí la idea de impulsar la creación de un organismo internacional que defienda los intereses de la biodiversidad.

Conclusión

Desde mi perspectiva como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, pienso que hay varias iniciativas que se pueden implementar al interior de la Cancillería, para concederle el peso específico que merece la biodiversidad, como tema fundamental de nuestra política exterior.

Iniciando por lo básico y para combatir la ignorancia que hay sobre el tema, de la que hablé al inicio, se puede crear en la Academia Diplomática, un diplomado virtual permanente sobre “Biodiversidad colombiana y cambio climático”, para todos los funcionarios; obligatorio para Directivos, Jefes de Misión y oficinas consulares. Debería ser materia en todos los procesos del centro de estudio, desde los cursos de ingreso al Ministerio, hasta los de ascenso y actualización. Con la tecnología actual y la comprobada capacidad de la Academia, cualquier funcionario podría tomar el curso sin problema de tiempo y lugar. Se puede realizar mediante acuerdo con el SiB. Algo que puede aportar grandes beneficios para la entidad. Incluso se puede ofrecer un módulo básico para público en general, como los colombianos en el exterior.

Si la biodiversidad se convierte en principio rector de la Cancillería en su devenir cotidiano, sería necesario orientar los planes de acción, tanto de las oficinas internas, como de las embajadas y consulados, sustentados en un mensaje potente de marca país, basado en la biodiversidad, para realizar gestiones de atracción de IED en negocios verdes, energías renovables y promoción turística responsable y sostenible.

En el caso de los consulados, se desconoce su potencial diplomático como promotores de Colombia, en lo cultural, comercial y social, pues se les concibe como oficinas que deben concentrarse en los trámites y asistencia de la comunidad colombiana en las ciudades en donde están acreditadas. Propongo una “revolución consular”, redefinir los consulados, reforzarlos con presupuesto para actividades culturales y promocionales, enfocadas en la biodiversidad, dirigidas a las comunidades extranjeras, no solo colombianas, a las que tienen acceso. Esta “revolución consular” implica un esfuerzo presupuestal, sin duda, pero los beneficios para el país son incalculables.

La “marca país” es un elemento fundamental de promoción, concepto sobre el cual la Cancillería ha estado ausente en su definición, pues es competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia desde 2005. Estando a tono, con este planteamiento general, la biodiversidad colombiana, debe convertirse en la única marca país. No es necesario entrar en conflicto con el MINCIT y ProColombia por el tema de “marca país”, con una buena coordinación interinstitucional se puede lograr el objetivo de divulgación de los mensajes en el exterior.

Al interior del Ministerio, en las Direcciones temáticas que atienden fronteras, como Soberanía Territorial y Plan Fronteras, el componente biodiverso sería el principio orientador. Es prioritario dar especial atención a las fronteras marítimas y posesiones marinas, en donde hay necesidades particulares en materia de biodiversidad y se esperan algunos de los peores efectos del cambio climático. La región amazónica debe ser igualmente prioritaria en su atención, en la coordinación interinstitucional nacional y en lo externo con la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica).

Para no perder lo que se ha llevado a cabo en esta materia, dentro del Ministerio, el área multilateral, sería la encargada de coordinar el proceso que consagre la biodiversidad como el gran principio orientador de la política exterior colombiana. Fortalecer la presencia nacional ante organismos especializados, encargados de estos temas como la FAO ó IRENA (Agencia Internacional para las Energías Renovables). Dejo para la reflexión, la viabilidad de crear un organismo internacional que agrupe a los países megadiversos con sede permanente en Colombia, lo cual sin duda sería un reto gigante, pero representaría una gran oportunidad para la proyección e identificación de nuestro país como líder positivo ante el mundo.

Los diplomáticos colombianos debemos repetir el mantra sobre la biodiversidad, pero con conocimiento y con el propósito de liderar el tema. En últimas, lo que propongo es la apropiación por parte de la Cancillería y sus funcionarios, del tema de la Biodiversidad, una apropiación desde lo externo que se convierta en acicate para que todos los ciudadanos en el plano interno, nos concienticemos del gran recurso que poseemos y de las múltiples amenazas que lo acechan.

Bibliografía

Betancourt Vélez, Ricardo. Los organismos hemisféricos y regionales en el posconflicto colombiano. En Política Exterior Colombiana. Escenarios y Desafíos en el Posconflicto. Editorial Javeriana. Konrad Adenauer Stiftung, 2015.

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA. Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 2018.

Oatley, Thomas. International Political Economy. October, 2018.

Paun, Ashim,  Acton, Lucy & Chan, Wan-Shin. Fragile Planet. Climate Change Global. HSBC Global Research. March, 2018.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Departamento Nacional de Planeación.

Uribe Botero, Eduardo. El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina. CEPAL, NACIONES UNIDAS, 2015.

*  Este artículo fue publicado por primera vez en la  revista ORBIS de la Asociación Diplomática publicada en su edición del año 2022. Su título fue cambiado para ajustar al formato blog.

https://www.diplomaticos-colombia.org/assets/revista-orbis-digital-2022_web_.pdf

Reseña del autor**

Dixon Moya Acosta. Embajador de carrera. Bogotano, felizmente casado con Patricia. Sociólogo (Universidad Nacional de Colombia) y especialista en Relaciones Internacionales (Academia Diplomática).  Diplomático de Carrera desde el año 1996, ha tenido experiencia en el servicio exterior en Venezuela (1997 – 2000), Nicaragua (2003 – 2008), Emiratos Árabes Unidos (2011 – 2015), Cónsul General de Colombia en Chicago (2017 – 2023). Autor de los libros “Colombia en el cine universal. La caza de citas” (2011), “Partes de Guerra” (poesía, 2016), “Relatos Extemporáneos. Cuentos de ciencia-ficción” (2016), coautor de la primera biografía en español del fundador de los Emiratos Árabes Unidos (2016), “Relatos Diplomáticos” (2019). Textos en los cuales aparece como Dixon Acosta Medellín (su identidad literaria). Columnista del periódico El Correo del Golfo y bloguero de El Espectador de Bogotá. En Twitter aparece como @dixonmedellin. 

[1] Como expresa Ricardo Betancur Vélez, la violencia ha influido por muchas décadas en la política exterior de Colombia, siendo identificado como país problema. En este caso, tenemos la oportunidad de liderar un tema de agenda positiva en el mundo.

[2] Aquí no entraré en el detalle de la relación Biodiversidad y Cambio Climático, pero recomiendo la lectura de “El Cambio Climático y sus efectos en la Biodiversidad en América Latina”, citado en la bibliografía.

[3] IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA (2018). Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) p. 6.

[4] Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Departamento Nacional de Planeación, p. 461.

[5] El viejo conflicto entre compañías multinacionales de países industrializados y los países en vías de desarrollo, ilustrado en el texto de Thomas Oatley, citado en la bibliografía, quien nos recuerda la Resolución 1803 de 1962 de la Asamblea General de Naciones Unidas “Soberanía permanente sobre los Recursos Naturales”.

[6] La Corte Constitucional ha mantenido en firme la sentencia de 2017, que impone una serie de requisitos para retomar las fumigaciones con Glifosato, una herbicida considerado potencialmente cancerígeno. Sería necesario contar con investigaciones científicas concluyentes que demuestren que no hay riesgos para la salud ni el ambiente.

[7] No deja de ser llamativo que esta clasificación sea establecida por un banco privado y no por un organismo internacional o una entidad técnica especializada. El estudio que es señalado en varias fuentes se realiza con la finalidad de orientar inversiones internacionales en los países. Debería resultar muy preocupante para Colombia, por el doble riesgo en lo ambiental y económico. Ubica a nuestro país como el segundo más dependiente de combustibles fósiles detrás de Qatar.

[8] El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, adoptó los 17 países propuestos por Conservation International: Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México,  Papúa Nueva Guinea, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Venezuela.

[9] El Global Biodiversity Information Facility, que presenta el inventario de especies registradas del mundo, trabaja con otras organizaciones como the Encyclopedia of Life, Consortium for the Barcode of Life, Biodiversity Information Standars, Catalogue of Life. Sin mencionar al organismo no gubernamental quizás más importante, the World Wide Fund for Nature (WWF). En el caso de Conservation International, no ha sido ajena a la controversia por su aparente cercanía con firmas como BP, Chevron, Cargill, Monsanto, Shell, que ha justificado por la necesidad de trabajar con “compañías de alto impacto ambiental”.

El último hito no gubernamental en materia de la lucha contra el cambio climático, ha sido el liderado por la joven sueca Grata Thunberg que a los quince años inició una protesta en su país, llamando a la huelga de estudiantes de colegio, los días viernes, para exigir acciones concretas contra el cambio climático, con una repercusión mundial sin precedentes.