Tolima es hoy una potencia cafetera y ostenta un título que otros departamentos envidiarían: “Corazón Cafetero de Colombia”.  

Desde que asumió la Gobernación, Adriana Magali Matiz concibió un sueño: aumentar la producción de café y arrebatarle a Antioquia el segundo lugar. En ese camino avanza a paso firme, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros, gremio que representa a más de medio millón de familias caficultoras (en 23 departamentos y 601 municipios), y próximo a celebrar su centenario.  

“En 2007, en el Tolima producíamos un promedio de 10 sacos por hectárea; hoy estamos en 19, prácticamente en la misma área de cultivo”, señala Gildardo Monroy, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros.  

La inversión es generosa: más de $45.000 millones destinados a proyectos de renovación, nuevas siembras y mejoramiento de la infraestructura de beneficio, explica la gobernadora.  

Otra apuesta conjunta es la Escuela Regional del Café —única en su género—, con una inversión superior a los $8.000 millones. “Desde 2024 hemos formado y capacitado a 2.600 jóvenes. Es la única escuela a la que asisten sin pagar absolutamente nada; les garantizamos alimentación, alojamiento y todo el proceso formativo”, destaca Matiz.

Además, cuentan con dos proyectos para extender esta formación a los 38 municipios cafeteros del departamento: La Maleta Viajera y la Escuela Satélite, ubicada en el corregimiento de Bilbao, en Planadas.  

La estrategia es integral: productividad, fortalecimiento de la asociatividad, agroindustria y comercialización. Así, la IV Feria Internacional del Café —que se realizará en Chaparral del 14 al 16 de agosto— servirá de vitrina internacional para el mejor café tolimense. En esta edición se reunirán 150 expositores y más de 45 compradores provenientes de 10 países.

Chaparral es la puerta de entrada al sur del departamento, región de donde proviene la mitad del café tolimense y que destaca, además, por la producción de cafés de alta especialidad.  

Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

En el podio cafetero

Con más de 66.000 familias cafeteras, el Tolima produce actualmente 1.870.000 sacos de café en 105.000 hectáreas, generando más de 76.000 empleos directos y 165.000 indirectos.  

“El esfuerzo articulado con la Gobernación busca aumentar la productividad gracias a las buenas prácticas, al servicio de extensión y a la investigación de Cenicafé”, afirma Monroy.  

Doctor Gildardo Monroy, ¿ustedes siempre ocuparon el tercer lugar?

No, de hecho fuimos cuartos. El cultivo del café ha ido migrando hacia el sur del país, principalmente por los costos de la tierra y la disponibilidad de mano de obra. Llevamos consolidados en el tercer lugar más de 15 años, pero lo que hoy nos diferencia a los tolimenses es la producción de café de alta especialidad. Hemos ganado varios concursos, vendido lotes a muy buenos precios en subastas internacionales y creado la Escuela Regional del Café, una apuesta por la integración generacional donde niños y jóvenes se nutren de la experiencia de sus mayores. Creemos que esto garantizará la sostenibilidad de la actividad en el tiempo para seguir ofreciendo el café más suave del mundo.  

¿Qué tan cerca están de Antioquia, que ocupa el segundo lugar, y qué tan lejos del Huila, que lidera el ranking?

Del Huila estamos bastante distantes. Hoy el Huila cuenta con unas 130.000 hectáreas y nosotros estamos en 105.000. A Antioquia la tenemos a poco más de 3.000 hectáreas, pero lo importante no es solo la cifra, sino la calidad y la productividad. Cada región cafetera es distinta; Colombia cuenta con 23 departamentos y más de 600 municipios productores, y en cada uno hay un factor diferencial. El más importante son los caficultores: campesinos que labran la tierra de sol a sol, de domingo a domingo, porque en una finca cafetera hay labor diaria para producir un grano de superior calidad.  

¿Qué hace extraordinario al café del Tolima?

El Tolima ofrece café fresco durante todo el año. A diferencia de zonas en los extremos sur o norte del país que solo tienen una cosecha anual (como Cauca o Nariño), nuestra ubicación privilegiada sobre la Cordillera de los Andes, con un clima idóneo, nos permite tener dos cosechas al año. Esto nos otorga una oferta constante para compradores nacionales e internacionales.

Astrid Medina y Duberney Cifuentes, ambos oriundos de Planadas, han sido ganadores de la Taza de la Excelencia. El café de él se subastó a 72 dólares la libra en la III Feria Internacional del Café, en El Líbano (2025). Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

¿A qué se refieren cuando hablan de café de alta especialidad?

No es un café estándar. Posee atributos diferenciadores: se cultiva en suelos de origen volcánico ricos en minerales que favorecen el desarrollo del grano, y cuenta con un clima que aporta una taza limpia, notas muy balanceadas y un sabor residual dulce con matices afrutados. No obstante, la verdadera especialidad se la imprimen los productores a través de sus procesos de beneficio y poscosecha.  

Por último, ¿cómo o quién determina la calidad de un café?

Un café estándar obtiene menos de 84 puntos en la escala de la SCA (Specialty Coffee Association), que es nuestro referente técnico. De 84 puntos en adelante se considera café de alta especialidad, y a partir de los 90 puntos entramos en la categoría de cafés presidenciales. En el Tolima hemos subastado lotes de más de 91 puntos, evaluados por catadores expertos bajo criterios rigurosos como la suavidad, el cuerpo y la acidez. Todos estos factores juntos determinan que un café alcance la excelencia.  

El municipio de Planadas, ubicado al sur, es el mayor productor de café del Tolima. Allí, donde nacieron las extintas FARC, hoy se cultiva uno de los mejores cafés del mundo. Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

Es entendible que los sentimientos juveniles sean particularmente agudos cuando se trata de auscultar el futuro. A esas alturas de la vida cada quién está en la tarea de prever lo más que pueda y escoger entre los caminos que se abren en busca de uno u otro destino. Si bien ese ejercicio comienza en el seno de la familia, cuando se cuenta con el privilegio de tenerla, es de ahí hacia afuera, en los diversos escenarios de la educación, donde, a través del diálogo con amigos y maestros, y al observar el mundo, donde aparecen mejor dibujadas las opciones y abiertas o cerradas las exclusas para que las aspiraciones sean viables.

Esos escenarios “diversos” de la educación son los cientos de circunstancias de la vida cotidiana que llevan una carga educativa.  Carga de la cual en muchos casos son inconscientes quienes aprenden y quienes enseñan una u otra cosa con su experiencia y con su ejemplo.

El Estado, como árbitro y calificador de concursos para acceder a instancias educativas o de trabajo, debe obrar de manera impecable para garantizar justicia y mantener credibilidad. De manera que cualquier fisura en la seriedad de los concursos que organiza, sea para contratar o para que en cualquier escenario opere la meritocracia, no es un problema menor.

Aquellas sociedades en las que se vuelven parte del folclor las trampas en los concursos organizados por el Estado, sea para contratar obras, admitir personal a su servicio o marcar el acceso a instancias educativas, adquieren una infección que afecta una amplia variedad de aspectos de su vida, y cuya erradicación se tiene que convertir en prioridad.

En la India los concursos fueron considerados como el mecanismo ideal para contar con las personas mejor calificadas para entrar a las universidades o acceder al servicio público. Pasar el examen respectivo se convirtió en una tradición tanto regional como nacional, y el resultado de cada examen vino a ser determinante no solo de éxito o fracaso en el propósito inmediato de estudiar o trabajar, sino factor decisivo de vivir una u otra vida, o inclusive morir. Todo explicable cuando el examen venía a demostrar si quien participaba en las pruebas estaba a la altura de su aspiración, y siempre y cuando el puntaje obtenido fuese confiable.

El aseguramiento de un puesto en la administración pública es tan apetecido como fuente de trabajo e ingresos para toda una vida, que muchas personas, ante uno o dos fracasos, insisten en participar en los concursos con la esperanza de lograr sus anhelos, sobre la base de las experiencias anteriores.  

La anulación de un examen de acceso a estudios de medicina propició en junio pasado efectos devastadores y hasta una serie de suicidios entre los dos millones de candidatos frustrados en su aspiración, obligados a tomar nuevamente unas pruebas para las que se habían preparado meses y años enteros. Uno de los más de veinte suicidas fue Kahaan Patel, de 17 años, estudiante distinguido que saltó del balcón de su habitación familiar en un sexto piso.

La familia Patel se había movido a Ahmedabad, en Gujarat, para tomar impuso desde la base de un mejor colegio, de manera que los estudios de medicina del menor se convirtieron en sueño de toda la familia. Y así, en diferentes regiones, miles de familias adoptaron la causa de los estudios de sus hijos, cuando no la de acceder al servicio público, como medio de realización colectiva o ascenso social. Todo frustrado por la corrupción.

Ante una creciente protesta, con su oleada de suicidios, vino la infortunada, infame y despectiva reacción de un alto funcionario que no vaciló en llamar cucarachas a quienes protestaban por la irresponsabilidad en el manejo de los concursos. Con lo cual dio origen a que un ingenioso publicista satírico decidiera apelar a Instagram y convocar a la fundación del “Cockroach Janta Party”, o “partido popular de las cucarachas”, parodia de nombre cercano al Janata Party, a cargo del gobierno nacional.

En tiempo récord la idea tomó fuerza y miles de personas corrieron a manifestarse frente al Parlamento en Nueva Delhi y en otras ciudades del país. Pedían seriedad en los exámenes y la renuncia del ministro de educación, que por fin tuvo que salir. Algo que Narendra Modi no está acostumbrado a afrontar, dado el tono de su gobierno, que para manejar los problemas mezcla de manera experimentada las dosis necesarias de vinagre y miel.

El problema renace ahora ante la noticia de que la revelación de secretos de examen se ha presentado tres meses más tarde en el concurso para entrar al servicio civil en el Estado de Jharkhand. Miles de personas quedarían esperando para siempre sin poder entrar a la administración pública, mientras que otras accederían de una vez por el atajo de la corrupción.

Ante la reiteración del asunto, ha habido héroes populares en huelga de hambre. Rahul Gandhi, jefe de la oposición, fue con manifestantes hasta la puerta de la casa de Modi y se hizo arrestar, levantado de pies y manos, no sin antes haberse dejado maltratar, al tiempo que dejaba en el aire su necesaria proclama contra el gobierno, que forma parte de la campaña permanente de acción en busca de la recuperación del poder.

Como los problemas sociales no son aislados, hay otras causas que se pueden sumar a las defendidas hasta ahora por el “partido de las cucarachas”. Ahí cabe la lucha anticorrupción agitada en India en 2011, la acción antiviolencia sexual que ya tuvo apogeo en 2012, la situación de los campesinos pobres, y el repudio a la discriminación de la población musulmana que no se fue a Pakistán ni Bangladesh cuando se produjo la partición de la India británica.

Lo mismo que el gobierno indio, muchos otros han de asumir la responsabilidad de garantizar la completa seriedad de las pruebas de acceso a la educación superior y al servicio civil. No se trata de detalles menores del funcionamiento del Estado y de sus relaciones con la sociedad. De la confianza de los jóvenes en la seriedad de los concursos se derivan numerosos factores de viabilidad no solamente de un gobierno, que sería lo de menos, sino del conjunto del sistema político y social del país.

Los jóvenes tienen habilidad natural para vincular todo tipo de causas al momento de la vida por el que pasan ahora, afectado por su temor natural ante la perspectiva de las puertas cerradas hacia las opciones de educación, y aún más ante las oportunidades y obstáculos del empleo.

Siempre hay y debe haber campo en la sociedad para la rebeldía de los años juveniles. En cualquier contexto sería preocupante que no estuviera presente la fuerza cuestionadora de la juventud. Que nadie criticara desde la perspectiva de recién llegado la forma como se hacen las cosas, la organización de las ciudades y los países, lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos y, naturalmente, la manera como se trata a los jóvenes.

¡Ningunas cucarachas! No debe imperar el temor a que los muchachos protesten porque el mundo no es todavía como quisieran. De pronto los reclamos por ese mundo que para ellos aún no ha tomado forma, llevan la semilla de la sabiduría del futuro, que es la del progreso, ante el inminente relevo de generaciones que jamás se detendrá.  

Aclaro que mis ideas alrededor del tema del arte (su definición, razón de ser y sentido) —aunque consideran seriamente algunas propuestas del libro se Shiner— son distintas de las suyas. Aquí, en este texto, hablaré de las ideas de Shiner. Haré una lista de supuestos sobre el arte que la mayoría de la gente da por ciertos, pero que no son verdad en todos los casos y, a veces, en ninguno (y en los que coincido con él):

1. Que el arte es una esencia que poseen algunos objetos y no otros.
2. Que el arte se encuentra en cierto tipo de actividades, pero no en otras; por ejemplo: bailar, cantar, esculpir, pintar o tocar un instrumento, pero no jugar yoyó, saltar la cuerda, hacer zapatos, la jardinería, la cerámica o la física y las matemáticas.
3. Que el arte demanda una contemplación desinteresada.
4. Que el arte no debe tener ninguna función; o sea, que no debe servir para nada.
5. Que el arte debe estar relacionado con la belleza.
6. Que es normal que el arte exista en un mundo elitista.

En su libro, Shiner dice que la definición del arte y lo que esto implica ha variado en el tiempo y en las culturas; nunca ha sido un concepto universal. Sostiene que se trata de un concepto en constante transformación, pues cada momento histórico específico lo ha definido según sus necesidades y convenciones y, por lo tanto, debe ser reinventado para ajustarse a nuevos contextos, inventos y necesidades. Según él, el «sistema moderno del arte» es una construcción histórica.

Menciona que los museos y las élites del arte (como galerías, revistas y marchantes) han mantenido los productos artísticos fuera del alcance de la gente común, y se han encargado de que las personas sientan que «no lo entienden»; y, añado yo, de hacer que los precios sean tan astronómicos que solo los ricos los puedan adquirir. El mundo del comercio ha influenciado muchísimo el cómo se ven y cómo se manejan las artes para sacarles el máximo provecho económico posible.

Shiner muestra que la separación entre arte, artesanía y artes populares solo existe desde hace doscientos años. Nos presenta registros históricos que demuestran cómo antes del siglo XVIII el arte y la artesanía estaban unidos en un solo concepto: el del saber hacer (ars / techné), orientado al uso, la devoción o el ritual.

Dice que a pesar de que movimientos como el Dadaísmo, el Pop Art o el Arte Conceptual intentaron disolver la frontera entre el arte y la vida cotidiana, el mercado del arte, los museos y la crítica profesional terminaron absorbiendo e institucionalizando estas rupturas, convirtiendo la mismísima rebelión contra el «objeto de arte» en nuevas mercancías y piezas de exhibición.

Así que Shiner nos propone romper con las falsas dicotomías: la de artista y artesano; la de contemplación desinteresada versus utilidad o funcionalidad; y la de arte culto versus arte popular. Sobre todo, a Shiner le molesta que las artes domésticas, las músicas populares y los oficios tradicionales sean relegados a categorías de «artes inferiores» (su sueño de que cambien de estatus se está haciendo realidad en Instagram, en mi opinión).

Comparto con Shiner la idea de que la categoría de arte, tal como la entendemos hoy, es una invención cultural. No obstante, hay algo que nos ocurre a todos los humanos, lo nombremos o no: nos sorprendemos, encantamos, apegamos y exaltamos frente a cualquier objeto o comportamiento que alcance un óptimo dirigido hacia una función o característica, o un óptimo respecto a otros elementos de su misma categoría (no comparamos una sonata con un edificio). Esto no es cultural; todos los humanos —del pasado y del presente— estamos programados para sentir dicha, asombro y apego ante las cosas excelsas.

El techo de la mezquita Isfahan, en Irán.

[i]En un segundo libro escrito por Shiner, Art Scents: Exploring the Aesthetics of Smell and the Olfactory Arts, él explica a profundidad por qué debe existir un arte para apreciar con el sentido del olfato y no solo con la vista y el oído. Shiner abre aún más las puertas del mundo del arte, lo cual es interesante.

Quien quiera estar más cerca de Dios, sepa que Bogotá está más cerca del cielo y de las estrellas.

El artículo 322 de la Constitución de 1991 es claro: Bogotá es la Capital de la República y del departamento de Cundinamarca. La ciudad, que se llamó Santa Fe a secas durante casi todo el periodo colonial, acaba de cumplir 488 años y, aunque espero con ansias el 6 de agosto de 2038 para celebrar su quinto centenario —a doce años y tres periodos presidenciales de distancia—, ya le salió competencia.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella —criado en Montería, pero barranquillero por adopción y negocios—, anunció que presentará una reforma constitucional para elevar a Barranquilla a la categoría de capital alterna de Colombia.

La propuesta plantea tres epicentros: el Palacio de la Aduana, el Batallón Paraíso (sede de la Segunda Brigada del Ejército que, según la prensa, “apunta a concentrar la actividad de Gobierno”) y las propias oficinas de su firma de abogados. Leí que dicho batallón cuenta con un búnker subterráneo para la protección presidencial en caso de conflictos internacionales.

En su alocución dominical, casi una prédica, dijo: “Se acabó el olvido. Se acabó la desidia. Se acabó el abandono centralista. En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el soleo de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones”. 

Por si acaso, se les recuerda que el doctor Abelardo nació en Bogotá. Obviamente, él se reconoce como un costeño de pura cepa. Uno sus detractores, el exministro Manuel Rodríguez Becerra, fue más allá: lo llamó “corroncho millonario” en una extensa diatriba que publicó en la red social X.  

Pero, ¿qué tan delicado es que las decisiones políticas, y no solo las de seguridad, se tomen en una guarnición militar? Que yo sepa, nadie puso el grito en el cielo, por haber dado su primer discurso en presencia de los militares y no de los congresistas y la sociedad civil, quienes asistieron el 7 de agosto a la imposición de la banda presidencial y de pronto lo vieron desaparecer.

Mientras esto escribo, al margen o no de lo anterior, trascendió que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele está listo para asesorar la construcción de megacárceles en Colombia. Amnistía Internacional denunció que las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano podrían constituir delitos de lesa humanidad. Se habla, por ejemplo, de torturas y muertes bajo custodia en los megapenales.

Volviendo al cuento, no tengo nada contra Barranquilla ni contra los barranquilleros; envidio a cualquiera que viva cerca del mar. Barranquilla me sabe a Gabo, Esthercita Forero, Shakira y Sofía Vergara (no necesariamente en ese orden). Se entiende, además, el justo reclamo costeño contra la visión cachaca e hipercentralista, desconectada de las realidades territoriales.

Gabriel García Márquez lo resumió muy bien en El olor de la guayaba: “La síntesis humana y los contrastes que hay en el Caribe no se ven en otro lugar del mundo (…) El Caribe es la única región donde yo no me siento extranjero”.

Siempre he pensado que el Caribe, al ser una región tan distinta al centro andino, bien pudo haberse anexionado a Panamá para constituir un país propio, más afín a Cuba y el resto de la región antillana, y más cerca de los United States. Nadie lo habría echado de menos, así como nadie echa de menos a Panamá, cuya venta (1903), más de un siglo después constituye una pérdida irreparable, una vergüenza y un mal negocio; ya es muy tarde para ponernos sentimentales.

Buena parte de los problemas irresueltos de Colombia obedecen a la inmensidad de un territorio atomizado en 32 departamentos; tal vez lo que necesitamos es volver a los estados soberanos de la época de los Estados Unidos de Colombia (aunque nos doliere perder el orgullo de compartir patria con Gabo o Shakira).

Pero Bogotá es Bogotá y debe seguir siendo la única capital. Hay que defenderla como sede real y emblemática del poder central. Permitir este antecedente abre la puerta para que futuros presidentes caigan en embelecos similares solo para congraciarse con sus regiones y élites locales. Además, si es por mérito, en ese caso le correspondería a Medellín o Cali ser capitales alternas, pues son en ese orden las que más aportan al PIB después de Bogotá.

Pero nadie se haga ilusiones. Ya el exmagistrado Alfredo Beltrán, constitucionalista él, se pronunció en contra de la idea: “Cambiar la capital de Colombia no se puede por voluntad del presidente”.

¿Un gerente para Bogotá?

La gente lee las noticias, pero no nota lo que está ocurriendo: poco a poco, el nuevo gobierno desmantela la posición privilegiada que la Atenas Suramericana ha ostentado durante casi medio milenio. De la Espriella ya anunció que convertirá la Casa de Nariño en un museo y mandó a construir su propia residencia presidencial en la Puerta de Oro. ¿Puede o podía tomar semejantes decisiones de manera unilateral?

Mientras tanto, la sede formal de gobierno pasaría a la Cancillería, en el tradicional Palacio de San Carlos —lugar donde el general Simón Bolívar escapó de la muerte en la Noche Septembrina—. No puedo evitar pensar que el nuevo presidente, más empresario que político, no está viendo en estos edificios gubernamentales sino posibles franquicias.

Convertir la Casa de Nariño en museo y abrirla al público es una idea fabulosa para reconocerle al precursor Antonio Nariño su peso real en la historia, como si eso importara en un país desentendido de su pasado. Sin embargo, este gesto no puede usarse para eclipsar un edificio emblemático ni despojarlo de su importancia para otorgársela a una nueva residencia presidencial en el Caribe (a la que ya apodan “Casa Blanca” en redes sociales, a modo de burla). Como dato curioso, cabe recordar que un caprichoso Donald Trump remodeló la Casa Blanca original: hizo demoler el Ala Este, pavimentar la Rosaleda y añadir decoración dorada.

No veo a muchos bogotanos defendiendo la dignidad de su ciudad; veo, en cambio, a bastantes aplaudiendo un supuesto espíritu “descentralizador”. Se equivocan: trastear no es descentralizar. Exijamos que concejales y representantes a la Cámara por Bogotá se pronuncien con prontitud.

Cambiar la ubicación geográfica del gobernante no es descentralizar. Es un retoque cosmético, un simple trasteo y, por qué no, la prueba de que De la Espriella no gusta de Bogotá, a pesar de haberse formado aquí como abogado. La bronca rayó en tal extremo que no invitó a la ceremonia de posesión a dos expresidentes de la República: Juan Manuel Santos (además Nobel de Paz) y Ernesto Samper. Pero si quería fastidiar al establishment cachaco, resultó poco inteligente al tomar juramento en una universidad caleña.

Poco a poco obligará a los funcionarios a desplazarse hacia donde él esté. No quiero pensar que estos sean los indicios para refundar la patria —expresión harto problemática en nuestra historia reciente—, pero por ahora lo cierto es que se apresta a instaurar lo que denomina la “Patria Milagro”, cuyo arranque, recordemos, incluyó un retiro espiritual en Curramba entre alabanzas, lecturas bíblicas y golpecitos de pecho. Con razón, un amigo me preguntó: ¿Sera que el presidente vino a gobernar o a evangelizar?

A esto se suma su anuncio de nombrar un “gerente especial para Bogotá”. ¿Estará esta figura por encima del alcalde de turno o es una estrategia calculada de cara a las elecciones de 2028; es decir, una declaración de guerra anticipada contra el petrismo y el uribismo, ahora que cuenta con partido propio (Defensores de la Patria)? Complacido, el alcalde Carlos Fernando Galán ni chistó. ¿Le gusta acaso la idea de que le nombren “virrey” al segundo cargo más importante de la nación? Recuerden que antes de la Constitución del 91 los alcaldes los escogía a gusto el presidente de turno. ¿Será que es momento de evaluar y reformar una elección popular que le corresponde al pueblo, sí, pero sobre la cual no se ejerce ningún control político real ni incidente?

Ha llegado la hora de que los bogotanos y los bogotanólogos dejen la indiferencia y se pronuncien. ¡Pintados en el mapa no estamos!

Ahora, cuando termina un gobierno y comienza otro, Sánchez plantea una discusión que va más allá del balance sobre Petro: qué país queda y qué país se quiere construir. Habla de energía, gas, tarifas, inversión, pobreza y empleo, pero también de la necesidad de recuperar la técnica en las decisiones públicas, de tener funcionarios capaces de contradecir al presidente y de entender que el sector privado no puede ser visto como un enemigo. Su frase resume buena parte de la conversación: “Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso”.

Pero quizá la parte más importante de escucharlo ahora está en su llamado a dejar atrás la política de la confrontación permanente. “Tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro”, dice. Sánchez no propone olvidar lo ocurrido durante estos cuatro años, sino aprender de ello y construir sobre lo que ya existe. En un país acostumbrado a que cada gobierno quiera empezar de cero y a que cada diferencia termine convertida en una pelea, su invitación es sencilla y, al mismo tiempo, difícil: volver a hablar, volver a escuchar y preguntarnos menos quién ganó la discusión y más qué necesita Colombia.

Diego Aretz: Usted fue compañero de Gustavo Petro en el Senado y lo conoce desde hace muchos años. Ha sido también un crítico de su gobierno. ¿Cómo lee hoy a Petro? ¿Es el mismo alcalde, el mismo senador o el presidente fue otra persona?

Camilo Sánchez: Yo estoy acostumbrado a construir desde la diferencia. Cuando llegó Petro al Gobierno pensé que íbamos a tener un diálogo técnico. La gran sorpresa fue que terminó siendo ideología y no técnica.

Yo lo tuve como compañero en el Senado y tengo que decirlo: era un buen parlamentario, hacía debates muy bien sustentados. Eso fue totalmente distinto a lo que vimos como gobernante.

Creo que no tuvo un equipo real y serio que pudiera acompañarlo. Fue muy egoísta, creyendo que él tenía la verdad revelada. Nombró funcionarios para que hicieran caso y no para que lo ayudaran a gobernar. Esa fue una de sus grandes falencias.

Si se hubiera mantenido con el primer gabinete, con personas pensantes que podían decirle que no y darle buenos consejos, hubiera tenido una administración admirable. Hoy creo que fue deplorable. Cometió el error de rodearse de áulicos, de personas que solamente hacían caso y no de personas que lo ayudaran a gobernar.

Él es bueno para hacer debates, malo para ejecutar. Lo demostró en la Alcaldía y ahora lo ratificó como presidente.

Diego Aretz: Hablemos de economía y energía. ¿Cuál es su balance de estos cuatro años?

Camilo Sánchez: Los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Desde que llegué a Andesco aprendí que cuando uno mejora la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios públicos, mejora el nivel de vida de todos los colombianos.

Como senador tuve la suerte de ayudar a hacer las leyes 142 y 143, que produjeron una gran revolución. En menos de 32 años cambiamos las coberturas, la calidad y la continuidad de los servicios públicos. Mostramos que para cambiar lo público se necesitaba algo fundamental: competencia. Entraron los privados y los modelos mixtos a competir con lo público y el servicio mejoró.

Hoy tenemos coberturas superiores al 95% en todos los servicios. Es un ejemplo para Latinoamérica. En muchos rincones del país la gente tiene acueducto, alcantarillado, energía y tecnologías de información y comunicación, algo que antes parecía reservado a los departamentos ricos.

Lo triste es que este Gobierno no aprovechó esa ventaja.

Los empresarios, que son quienes hacen la inversión, pedían dos cosas: seguridad jurídica y personas que conocieran técnicamente los sectores para tomar decisiones. Nosotros tenemos una frase: “Buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana”.

Cuando se toman malas decisiones ocurre lo que estamos viviendo. Nosotros nunca deberíamos estar hablando de un apagón.

Un apagón en Colombia nos puede costar entre 1,8 y 2,2 puntos del PIB. Es gravísimo. El Gobierno decidió que Colombia no iba a producir más petróleo y gas y terminamos dependiendo de otros países. Hoy estamos importando más del 30% del gas, cuando antes se importaba alrededor del 4%.

Necesitamos recuperar la soberanía energética y construir una matriz energética diversa: agua, energía eólica, solar, pero también térmica. Aquí se decidió que algunas de esas energías no tenían sentido y son precisamente las que nos han salvado.

Diego Aretz: ¿Qué tan probable es un apagón y qué tiene que hacer el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Si no hubieran existido las empresas del sector eléctrico colombiano que se endeudaron, trabajaron e hicieron esfuerzos enormes, este país habría tenido problemas muy graves.

Hoy tenemos un apagón técnico. La demanda del país está casi un 5% por encima de la oferta y tenemos cortes programados en municipios del Pacífico y el Atlántico de cuatro, seis y hasta ocho horas. Les ponemos un nombre técnico, pero son apagones.

Cualquier contingencia puede apagar el país.

Además, tenemos un problema financiero. A Air-e se le deben alrededor de tres billones de pesos y a las térmicas cerca de dos billones. En un momento como el fenómeno de El Niño, cuando las térmicas pueden generar una parte fundamental de la energía firme del país, no tener liquidez puede producir un apagón financiero.

Por eso le estamos pidiendo al nuevo Gobierno que priorice estos recursos en el Presupuesto Nacional. Hay que evitar ese apagón.

También aplaudo que se haya nombrado una persona técnica al frente de Minas y Energía. En el Gobierno anterior, los ministros de Minas y Energía brillaron por su ausencia de capacidad técnica. Hicieron ideología y política.

Nosotros dimos muchas propuestas, pero querían bajar las tarifas a las malas y no lo lograron.

Diego Aretz: ¿Fue una estrategia deliberada de desfinanciar empresas públicas y servicios para debilitarlos?

Camilo Sánchez: Desde afuera parecía exactamente la misma práctica aplicada en dos sectores distintos. Era un modus operandi.

Tengo que aplaudir a los empresarios que hicieron hasta lo imposible. Otros habrían botado la toalla. Las empresas térmicas se endeudaron hasta el máximo para poder cumplirle al país.

Ahora tenemos que hacer un plan de choque. Primero, priorizar el Presupuesto Nacional para resolver el problema de Air-e. Segundo, revisar la opción tarifaria. Y tercero, pedirles a alcaldes y gobernadores que paguen las deudas de colegios, hospitales y otras entidades públicas.

La liquidez es la única forma de evitar una quiebra y un apagón.

Diego Aretz: Usted ha tenido una postura muy abierta al diálogo. Incluso durante el Gobierno Petro invitó a sus ministros a los congresos de Andesco. ¿Cómo debe ser la relación con el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Desde antes de que ganara el presidente de la República teníamos un vínculo muy grande con el vicepresidente y estuvimos revisando las propuestas para construir un plan de choque para los primeros 100 días.

Nosotros creemos en construir sobre lo construido. Una de las cosas que le decía al presidente Petro y a sus ministros era que ellos creían que habían llegado a fundar el mundo. Aquí ya se habían hecho cosas muy importantes que tenían que seguir construyéndose.

Desde la diferencia buscamos puntos de encuentro.

Nosotros les entregamos estudios sobre electricidad y gas. Les dijimos a tiempo que íbamos a tener que importar grandes cantidades de gas si dejábamos de perforar y aumentar las reservas. Nos dijeron que éramos mentirosos y tramposos, que el apagón era mentira.

Hoy estamos en un apagón técnico y tenemos cortes programados.

Al presidente le faltó dignidad para nombrar personas que pudieran llevarle la contraria. Y ese también es un mensaje para el nuevo Gobierno:

Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso.

Gabinetes capaces de escuchar las distintas posiciones y tomar decisiones aunque no sean las que inicialmente tenían previstas.

Y tenemos que entender algo fundamental: el sector privado no es el enemigo a vencer.

Con este Gobierno queremos trabajar. Para todo lo bueno estaremos acompañándolo, pero tampoco vamos a ser áulicos. Vamos a decir siempre las cosas en las que no estemos de acuerdo, con argumentos y estudios.

Aquí tienen que volver a gobernar la inteligencia, los estudios y la técnica.

Diego Aretz: ¿Cuáles son las prioridades de los primeros 100 días?

Camilo Sánchez: Lo primero es revisar y derogar los proyectos que fueron negativos y estuvieron fundamentados solamente en ideología. El Consejo Gremial entregó un arsenal de propuestas y prospectiva. Mostramos cuáles resoluciones, decretos y proyectos eran negativos.

En energía y servicios públicos tenemos varios asuntos claves: el marco tarifario de agua potable y saneamiento básico, la transmisión, la generación y, especialmente, Air-e.

También es fundamental priorizar el Presupuesto Nacional para darle liquidez al sector en el momento más crítico.

Lo que estamos viendo ahora es algo que no se había hecho durante cuatro años: técnica, conocimiento y convocatoria a los mejores, sin importar de dónde vengan.

Y hay otro reto: la oposición.

Me parece equivocado empezar a hacer oposición sin que siquiera haya comenzado el Gobierno. ¿Cómo se puede juzgar un Gobierno que todavía no ha tenido la posibilidad de empezar a actuar?

Primero hay que esperar 90 o 100 días y hablar sobre hechos, no sobre prejuicios.

Diego Aretz: ¿Cómo podemos superar la polarización?

Camilo Sánchez: A mí me dolió mucho ver cómo se perdió la cultura democrática. Un presidente tiene que saber entregar el poder.

Uno no puede ser una persona maleducada ni en la entrada ni en la salida. El presidente Duque no tenía por qué estar feliz de entregarle el poder a Petro, pero era un demócrata y lo entregó como debía.

Ahora tenemos que trabajar para volver a unir al país. Lograron dividir a los colombianos, a las familias, los barrios y las poblaciones.

La gran estrategia debe ser que todos, desde la diferencia, construyamos para el beneficio general.

Tenemos que volver a trabajar en equipo. Lo que queremos todos es que le vaya bien al país.

Diego Aretz: Hablemos de servicios públicos. ¿Son caros o baratos en Colombia frente a los países desarrollados?

Camilo Sánchez: Tenemos servicios públicos admirables para los estándares internacionales y nuestras rentabilidades no son excesivas.

Hay que entender algo: más del 80% de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos. Los empresarios saben que no pueden poner tarifas que la gente no pueda pagar porque destruirían el sector.

En Colombia hemos hecho un milagro. Somos un fenómeno en Latinoamérica.

Tenemos, además, un sistema de subsidios cruzados: los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Eso es algo maravilloso.

Lo que tenemos que hacer es sacar a los colados del sistema.

En Colombia el estrato 4 es el único al que se le cobra lo que realmente vale el servicio.

En tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, los precios han crecido por debajo de la inflación. Es un sector tecnológico, con economías de escala y mucha competencia.

Y en energía, comparados con Estados Unidos, nuestros costos son muy bajos.

El problema es que tenemos redes de transmisión de más de 50 años. Somos unos berracos: hemos logrado mantener y aprovechar tecnología que ya es obsoleta.

Pero durante cuatro años no fue negocio invertir porque cambiaron las reglas de juego.

Diego Aretz: ¿Cómo sacamos de la pobreza a los colombianos que siguen en esa situación?

Camilo Sánchez: Lo primero es evitar el asistencialismo puro. Cuando un país se vuelve asistencialista, la gente puede terminar atrapada en la pobreza porque no encuentra incentivos para progresar.

Los subsidios son necesarios para quienes realmente los necesitan y no tienen posibilidades de salir adelante. Pero tienen que ser dignos, pagables y sostenibles.

El resto debe complementarse con incentivos.

Yo creo profundamente en el autoempleo y en la creación de microempresas. Hoy una persona crea una empresa y puede quebrarse en los siguientes cinco años porque le ponen condiciones como si fuera una gran compañía.

Hay que darle líneas de crédito, subsidios a las tasas de interés y condiciones para que pueda desarrollar su actividad.

Eso es más barato que mantener permanentemente un subsidio.

Y tenemos que incentivar a quien estudia y se esfuerza. ¿Cómo puede haberse convertido en pecado que una persona de estratos bajos reciba apoyo para estudiar en una universidad como Los Andes?

En mi caso particular, mi padre fue mesero del Hotel Tequendama y uno de mis mayores orgullos es que me dio la educación para que yo no tuviera que repetir lo que a él le tocó vivir. Llegó incluso a ser presidente encargado de este país.

Eso es lo que tenemos que crear: conciencia de que una persona puede progresar.

Diego Aretz: Si tuviera que escoger una política concreta para reducir la pobreza, ¿cuál sería?

Camilo Sánchez: Hacer de la generación de microempresas un objetivo nacional.

Tenemos que crear una política de autoempleo. Dar crédito, capacitación e incentivos para que una persona pueda convertirse en su propio empleador y trabajar para mantener a su familia y mejorar su situación.

También hay que hacer algo con el campo. Si entregamos tierras pero no damos maquinaria, crédito, asistencia y posibilidades de comercialización, en cinco años esas tierras pueden volver a concentrarse en otras manos.

No basta con entregar cinco hectáreas. Hay que darle al campesino las condiciones para producir, pagar a sus trabajadores, tener agua, servicios y comercializar.

Por eso necesitamos una política de autoempleo y darle incentivos al sector productivo, no convertirlo en el enemigo a vencer.

Los particulares son quienes hacen la inversión en este país. Tenemos que volver a darles confianza.

Diego Aretz: Hay algo que parece fundamental para el nuevo Gobierno: ¿cómo hacemos para que Colombia deje de vivir permanentemente mirando hacia atrás, discutiendo sobre Petro y sobre los cuatro años que terminan?

Camilo Sánchez: Yo creo que tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro. Petro ya tuvo cuatro años para gobernar, tomó sus decisiones y los colombianos las van a evaluar. Ahora el país tiene que mirar hacia adelante.

No podemos permitir que durante los próximos cuatro años toda la agenda nacional siga siendo Petro. Sería un error político y un error histórico. Si el nuevo Gobierno se dedica a responderle todos los días al presidente anterior, termina gobernando para él y no para los colombianos.

Hay que pasar la página, pero pasarla no significa olvidar. Significa aprender. Tenemos que mirar qué funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que corregir. Y eso implica reconocer también las cosas buenas que se hicieron en gobiernos anteriores. Colombia no puede seguir siendo un país que cada cuatro años cree que empieza de cero.

Tenemos que construir sobre lo construido.

Yo le diría al nuevo presidente: no se deje llevar por la tentación de gobernar solamente para quienes votaron por usted. Gobierne para todos. Y eso significa escuchar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a las regiones, a las universidades, a las organizaciones sociales y también a quienes están en la oposición.

La oposición es necesaria en una democracia. Lo que no podemos tener es una oposición que quiera que al Gobierno le vaya mal para demostrar que tenía razón. Si al Gobierno le va mal, le va mal a Colombia. Y si le va bien, ganamos todos.

Por eso también necesitamos bajar el nivel de agresividad. Colombia está cansada de que todo se convierta en una pelea. Hay que recuperar la conversación pública.

Yo no estoy diciendo que tengamos que pensar igual. Al contrario. Yo creo en la diferencia. Pero una cosa es tener diferencias y otra es convertir al que piensa distinto en un enemigo.

El sector privado no puede ser el enemigo. La oposición no puede ser el enemigo. Los empresarios no pueden ser enemigos. Los trabajadores no pueden ser enemigos. El Gobierno tampoco puede ver enemigos en todas partes.

Tenemos que volver a construir confianza.

Y la confianza se construye con reglas claras, con instituciones fuertes, con decisiones técnicas y con personas capaces de reconocer cuando se equivocan.

Colombia tiene enormes problemas, pero también tiene enormes posibilidades. Tenemos empresarios, trabajadores, científicos, universidades, campesinos y jóvenes capaces de hacer cosas extraordinarias.

Lo que necesitamos es que el Gobierno no les ponga obstáculos y que vuelva a existir una idea común de país.

Tenemos que dejar de preguntarnos quién ganó la discusión y empezar a preguntarnos qué necesita Colombia. Ese tiene que ser el acuerdo nacional: mirar hacia adelante.

La especialista colombiana Daniela Parra, con más de 11 años de experiencia en Mallplaza, Pactia, desarrolladora de la marca Gran Plaza, y Cencosud, afirma que el futuro de las ciudades dependerá de la capacidad de transformar los espacios comerciales en escenarios que impulsen inversión, innovación y crecimiento territorial.

El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización y los nuevos hábitos de consumo están cambiando la manera en que las personas se relacionan con las ciudades. En este escenario, los espacios comerciales enfrentan un nuevo reto: evolucionar para responder a una ciudadanía que busca mucho más que una oferta de productos, con propuestas que integren bienestar, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Para Daniela Parra, especialista en Gestión Empresarial y experta en desarrollo comercial, este cambio exige comprender las nuevas dinámicas del consumidor y diseñar proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio, generando oportunidades para empresarios, inversionistas y comunidades.

Durante más de once años ha participado en proyectos para Pactia, a través de la marca Gran Plaza, Mallplaza y Cencosud, liderando procesos de expansión, negociación estratégica, atracción de marcas y desarrollo de nuevos conceptos comerciales. Su experiencia le ha permitido identificar oportunidades de crecimiento y consolidar iniciativas acordes con la evolución del sector.

“Cuando un espacio comercial se gestiona con una visión estratégica, deja de ser únicamente un lugar de encuentro para convertirse en un catalizador del desarrollo de su entorno, capaz de abrir oportunidades para empresas, emprendedores y comunidades”, afirma Parra.

Esa visión se refleja en proyectos como la llegada de Adidas a Gran Plaza Soacha, una negociación que puso en evidencia el potencial económico del municipio, y en la apertura de Mallplaza Cali, donde lideró el desarrollo de El Mercado, una propuesta gastronómica concebida para diversificar la oferta y fortalecer la experiencia de los visitantes.

A partir de estas experiencias, Parra sostiene que el éxito de un espacio comercial no depende únicamente de las marcas que reúne, sino de su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales, construir alianzas de largo plazo y ofrecer propuestas con identidad para cada comunidad.

Aunque reconoce que la inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas digitales seguirán transformando el sector, considera que el principal diferencial continuará siendo la creación de lugares donde las personas quieran encontrarse, compartir y construir comunidad.

En un momento en el que las ciudades buscan nuevas estrategias para fortalecer su competitividad, Daniela Parra considera que revitalizar los espacios comerciales representa una oportunidad para atraer inversión, estimular el crecimiento empresarial y contribuir al desarrollo sostenible de los territorios.

Perfil de la especialista

Daniela Parra es especialista en Gestión Empresarial y profesional en Lenguas Modernas. Cuenta con más de once años de experiencia en desarrollo comercial y negociación estratégica en Mallplaza, Pactia, desarrolladora de la marca Gran Plaza, y Cencosud, donde ha liderado proyectos de expansión, atracción de marcas y desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer el crecimiento de los territorios.

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

“La civilización no va a alcanzar la perfección hasta que la última piedra de la última iglesia caiga sobre el último sacerdote”: Émile Zola, escritor y periodista francés.

Amén, hermanos, el Medioevo ha vuelto. ¡Palabra de Dios!  

Desde chiquito me enseñaron a no burlarme de los mayores, pero pierdan cuidado porque soy más viejo que el señor presidente. Cuando él nació, yo tenía siete años. Sabía leer y escribir pero nunca aprendí a persignarme, por la sencilla razón de que capaba iglesia para irme a la biblioteca, así que no estoy bautizado y, hasta dónde entiendo, tengo mi lugar reservado en el Purgatorio cuando muera. 

Desde el 7 de agosto, Colombia no estrenó un Presidente de la República; estrenó un Sumo Pontífice con aires de tenor italiano y ex-ateo, con casi 13 millones de fieles que lo veneran como al primer santo costeño de su devoción. Quienes tuvimos el tupé de ver la transmisión de la posesión presidencial no sabíamos si estábamos presenciando la investidura de un jefe de Estado o una misa campal, con sacerdote, rabino y pastor incluidos. Porque al que no quiere caldo… se le dan tres misas.

Faltó únicamente que el recién nombrado Ministro de Hacienda recorriera los pasillos del teatro con datáfono inalámbrico en mano, cobrando el diezmo a los asistentes para ir cuadrando el déficit fiscal que dejó Petro. Ya me la imaginaba yo diciéndoles: “una limosnita, por favor, que en breve se la descontaremos del impuesto al patrimonio”. Ah, porque se viene la Reforma Tributaria con gangazo para los ricos y tanganazo para los no ricos; es decir, clase media y pobres. ¡Ya es muy tarde para arrepentirse!

Confíen, hijos míos, los milagros existen. Y si no hay milagro, basta con la fe.

El doctor Abelardo ha decidido situarse cómodamente a la (ultra) derecha de Dios Padre, poniendo la fe por encima de la mismísima Constitución de 1991. En un país caracterizado por la ingenuidad patológica, la jugada sería maestra: ¿para qué gobernar con aburridas cifras de inflación, desempleo o inversiones en obras públicas, si ahora los indicadores de gestión se van a medir en número de conversos por metro cuadrado? A partir de hoy, el DANE no nos preguntará el nivel de ingresos, sino cuántos avemarías o padrenuestros rezamos antes del almuerzo para engrosar las estadísticas hasta alcanzar el 100% de creyentes.

El despliegue de sotanas, biblias y pastores con pretensiones corporativas —con el pastor Eduardo Cañas a la cabeza— dejó claro el poder que han acumulado ciertas iglesias a través del voto cristiano. No tienen el poder de multiplicar cinco panes y dos pescados para alimentar a una multitud hambrienta, pero en un santiamén transformaron a un ateo en crédulo.

Nos vendieron la idea de un Estado laico, pero lo que tenemos en frente es un “Ministerio de la Religión” en potencia, diseñado para complacer a cuanto dios ande suelto y evitar que la ira de alguno caiga sobre nosotros. San Abelardo ya existió en el siglo XVIII como erudito de las Santas Escrituras. Si las coincidencias no existen, la mala noticia es que la Edad Media acaba de aterrizar en Cali es Cali, porque lo demás es loma. Y se esparcirá como maná por todo el antiguo Reino de Granada.

Mezclar la Biblia con la banda presidencial es un cóctel explosivo, cuya resaca durará cuatro años. Toda una eternidad. Cuando la fe reemplaza a la razón y los versículos sustituyen a los artículos constitucionales, el debate político se transforma en dogma y la oposición en herejía. Entre tanta invocación, alabanza y palabrería celestial bonita, dio la impresión de que nos están armando una teocracia donde el castigo podrían ser —que sé yo, que soy un pobre diablo—, las llamas del infierno. Allá, donde reina Lucifer —no confundir con Luz y Fer—,  hay siete círculos, según Dante, para que el cliente escoja aquel donde se sienta más a gusto y menos sofocado.

El discurso del presidente del Congreso, Honorario Henríquez, que así lo llamó uno de los religiosos presentes, no le debió entrar por ningún oído al mandatario porque él estaba más pendiente de las tiernas travesuras de su hijita. Me acordé de los niños María Paz y Simoncito en los tiempos de Cesar Gaviria.

Letanía: ¡Oh, qué travieso es el poder! ¡Cuántas diabluras nos esperan! Prendan la luz, mis ojos no soportan tanto Oscurantismo.

Yo sí prefiero mil veces una fría y aburrida tecnocracia antes que un gobierno de rezanderos. Es infinitamente más provechoso para una nación que sus ciudadanos se aprendan de memoria sus deberes y derechos legales a que terminen voleando camándula y pelando rodillas por decreto gubernamental.

Tanto manoseo de lo divino en la política suele ser el síntoma inequívoco de que, mientras miramos al cielo esperando la patria milagro, en la tierra siempre habrá alguien haciéndole morcillas al diablo.

La misa ha terminado -o empezado, no sé- No hubo saludo de la paz ni la paz esté con vosotros, porque el presi ya dijo que las vías del diálogo están agotadas. ¡Por los clavos de Cristo, que se juntó con impíos y pecadores, no hablemos ya de los ladrones que le pusieron a lado y lado para crucificarlo! 

Queridos lectores: Dígame que lo que sigue no es el Santo Oficio de la Inquisición para los periodistas que cometan herejía. ¡Cualquier megacárcel, menos la hoguera!

Aleluya!!!

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.