Desapercibido pasó el balance que se hizo el martes de esta semana de la estrategia Clúster de Medellín que cumplió ya 8 años. Dicha estrategia público-privada que surge en el 2007 en la administración de Sergio Fajardo, tuvo como partida la articulación entre la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de la ciudad que se pusieron de acuerdo para firmar los primeros compromisos para el desarrollo de esta estrategia a través de la iniciativa de la Alcaldía en ese momento Medellín mi empresa. En resumen, ha sido una estrategia que le ha permitido a las empresas de dichos sectores fortalecerse, interconectarse con otras empresas, ser más competitivas y acceder a nuevos mercados. Además ha permitido que otras empresas y organizaciones se unan y apoyen la estrategia como Ruta N, la Andi, Inexmoda y Proantioquia, entre otras. Todo un ecosistema creado para hacer de la ciudad el mejor lugar para invertir.

Hoy Medellín cuenta con 6 clústers. El primero fue el de Energía Eléctrica que se lanzó en noviembre de 2007, y durante los años siguientes llegaron los demás: Textil, Confección, Diseño y Moda; Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones; y el de Construcción, lanzados en 2008. Por su parte, los Clúster de Servicios de Medicina y Odontología y el de Tecnología, Información y Comunicación fueron lanzados en enero de 2009.

Los resultados hasta el momento parecen ser positivos en términos de cifras. Los clústers representan el 31,4% del PIB de Antioquia y el 31% de la base empresarial del departamento, la creación de empresas relacionadas a dichos sectores está creciendo en un 21% anual lo que se ve reflejado en el aumento del recaudo del impuesto de Industria y Comercio con una tasa de crecimiento de 13,4%, y generan 1,2 millones de empleos. En cuanto a la tasa de desempleo y según el Dane, para el trimetre julio-septiembre de este año se ubicó en 9,7%, siendo liderada la generación de empleo por el sector comercio, hoteles y restaurantes, que van de la mano con la estrategia de internacionalización que ha tenido la ciudad gracias a sus múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente se estudia la posibilidad de crear nuevos clusters como el de alimentos, el de la industria de ensamble y el de la industria química y farmacéutica.

Pero más allá de las cifras, esto se tiene que ver reflejado finalmente en la mejora en la calidad de vida para los ciudadanos, la disminución de la brecha social y la inequidad, el aumento del empleo formal y calificado, el mejoramiento de los salarios y el aumento en la inversión social. A pesar de mejorar un poco la cifra de desempleo, la ciudad sigue por encima del promedio nacional que se ubicó para el mismo trimestre en 8,8%, y de ciudades como Bucaramanga (7,1%), Cartagena (7,6%) y Bogotá (8,5%).

La ciudad además se debe plantear un cambio de enfoque en torno a su modelo económico, no solo fortaleciendo los clusters actuales y e iniciando la creación de nuevos, sino apostándole a un modelo que la convierta en una ciudad sostenible e inteligente. Las ciudades y la sociedad necesitan un cambio urgente en su modelo y en su concepción de desarrollo, que en su forma actual parece inviable. Para esto la discusión que se dio alrededor del POT fue vital, pero muchas críticas han surgido sobre el mismo. Su implementación nos dirá si la actual administración se equivocó en su propuesta, así como el Concejo aprobándolo.

Pero ese cambio de modelo debe hacerse no solo por las empresas y la alcaldía, y a través de las alianzas publico-privadas, sino también en un modelo de desarrollo donde se tenga en cuenta a los habitantes de la ciudad, al sector social, bajo el concepto de gobernanza. Finalmente en el desarrollo de una ciudad participamos todos, y es aquí donde se deben fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y la creación de una cultura de corresponsablidad.

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La semana pasada la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá produjo, como lo calificó la Silla Vacía, “la sentencia más importante hasta el momento en Justicia y Paz: la condena a Salvatore Mancuso y otros seis paramilitares por el conjunto de crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo de las AUC”, que operó principalmente en el Norte de Santander.

Es la más importante porque probó, entre otras cosas, que existió relación entre funcionarios de empresas como Ecopetrol y Termotasajero con los paramilitares, y que como se ha dicho en reiteradas ocasiones, los paramilitares sí apoyaron el proyecto político de 2002 de Álvaro Uribe Vélez.

Lo anterior y otros puntos más ya son verdad judicial. Además de la penetración en la clase política, económica y social del país, y más en el departamento de Córdoba, que entre sus prolíficas tierras y extensas haciendas albergaron buena parte del poderío de los paramilitares y como consecuencia fue uno de los departamentos más golpeados, como se ha dicho en varios informes judiciales y periodísticos. Pero se ha registrado poco la injerencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los medios de comunicación.

En Córdoba los paramilitares idearon varias estrategias para tomarse el poder en ese departamento y organizaron un mapa político: cooptaron instituciones, se aliaron con poderosos hacendados, sembraron terror por medio de las armas, firmaron pactos como el de Ralito, con el que jefes paramilitares y más de 50 políticos pretendieron “refundar el país”, y lo que apenas es motivo de investigación cooptaron -también- varios de los importantes medios de comunicación de la región.

Si bien la sentencia dice que las entrevistas que le hicieron a Carlos Castaño Claudia Gurisatti en La Noche de RCN, Darío Arizmendi en Cara a Cara de Caracol y la agencia Colprensa mediatizaron el proyecto de las AUC, y que algunos medios se “comieron el cuento” de combates entre paramilitares y el Ejército siendo mentiras, conocí un audio mucho más amplio de una audiencia de Justicia y Paz de mediados de julio de este año en el Tribunal Superior de Medellín, que estuvo a cargo del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo (el mismo que hace un año causó polémica por compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigara al expresidente Álvaro Uribe por promover y financiar grupos paramilitares en Antioquia).

En esa audiencia el exparamilitar José Luís Hernández Salazar, del Bloque Córdoba de los paramilitares y exescolta de algunos jefes de Montería, le contó a la sala que Salvatore Mancuso fue socio del principal diario de esa región, El Meridiano de Córdoba, además de Pedro Visai, personaje importante del negocio del chance de ese departamento, Apuestas de Córdoba, quien también, según el exparamilitar, le manejaba los dineros al líder paramilitar.

El exmiembro de las AUC cuenta que trabajó alrededor de 2 años y medio en Montería con los paramilitares y aseguró que sabía de la relación entre Mancuso y lo dueños del periódico porque cada vez que eran capturados nunca salían en las páginas de El Meridiano.

Dijo que en repetidas ocasiones acompañó armado con una pistola 9 mm a sus comandantes urbanos cuando ellos iban a hablar en el diario para evitar la publicación de una noticia que los pudiera perjudicar, porque ellos sabían que había una relación entre los dueños de ese diario y Mancuso, que era miembro del estado mayor las AUC.

La primera captura que él tuvo nunca salió en la prensa gracias, dice, al poder que Mancuso tenía en el periódico y lo mismo sucedió con su segundo arresto. “A todos los que capturaban de las Autodefensas nunca nos dieron prensa. Siempre que caía uno de nosotros, nunca nos sacaban”, agrega el exparamilitar.

Es tan importante y delicada esta declaración que el mismo magistrado Pinilla las calificó de graves “teniendo en cuenta que es el principal periódico de Montería”, agregó.

Más de 10 años tardó la justicia en dar un fallo definitivo de la oscura penetración de los ‘paras’ en todas las esferas del Estado colombiano, y apenas se empieza a tejer la telaraña de corrupción de la ‘paraeconomía’. Pronto se empezará a hablar de la ‘paracomunicación’; periodistas y directores de medios que, quizás, por miedo decidieron ocultar el proyecto criminal de los paramilitares.

Entre comillas: dijo el vicefiscal general de la Nación Jorge Perdomo que “no se realizará otro proceso en justicia ordinaria, pues la justicia indígena esta cobijada en la Constitución colombiana”. Tres días le tardó a la comunidad indígena Nasa  condenar a siente presuntos guerrilleros involucrados en el asesinato de dos miembros de su comunidad. Mientras que ellos nos dan ejemplo de justicia, a los pabellones de las cárceles no les cabe un preso más sin condena y en una grave escena de degradación humana por el hacinamiento.

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Nota del comité editorial: en este escrito no se mencionan los nombres de las personas involucradas ni del colegio en el que suceden los hechos con dos objetivos: proteger la integridad, respetando su solicitud, de quien escribe este editorial y su hijo; y no individualizar el caso, conociendo que los hechos aquí relacionados se presentan en muchos colegios del país.

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En días pasados, desde que mi hijo inició su cuarto año escolar en un colegio católico de la ciudad de Medellín en el que se encuentra estudiando desde transición, se presentó una situación hasta ahora inédita frente a su presentación personal, relacionada con su corte de pelo. La primera semana de clase, el niño llegó a la casa con un mensaje de su coordinador de disciplina que solicitaba el favor a sus padres de motilarlo, ya que su corte no se ajustaba a lo establecido en las normas del colegio. Vale la pena anotar que el llamado de atención fue en público, lo que le generó dificultades al niño con sus compañeros.

Ello motivó un cruce de notas con el coordinador de disciplina del colegio en las que expresaba mi extrañeza por la solicitud de cambiar el corte de pelo del niño, el mismo corte que había tenido durante todo el año anterior y que no fue problema en ningún momento, y solicitaba que me explicarán por qué era un inconveniente ahora. Además, recomendaba que en futuras ocasiones no se le llamara al niño la atención en público. Frente a esto, solo me remitieron en la respuesta al manual de convivencia del colegio donde se estipulaba que los cortes de pelo de los alumnos debían ser “tradicionales”.

Luego de preguntarle al niño como se sentía con su corte y que él manifestara que no se lo quería cambiar, decidí entonces dejar las cosas como estaban. Días después, recibimos en la casa un llamado por teléfono del coordinador de disciplina en el que nos solicitaba cortarle el pelo por lo menos un centímetro, como si esto hiciera la diferencia. Decidí entonces escribir una carta sentida en la que planteaba mi posición como padre de familia, abogado y ciudadano que usaba, como argumento de fondo, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y la supremacía de la Constitución Política de Colombia sobre los manuales de convivencia, además sobre el carácter de irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. Luego de esto, recibo nuevamente el llamado del coordinador del colegio, que al parecer no entendió el punto que yo quería mostrar a estas alturas, manteniendo su posición de solicitar el corte de pelo del niño por lo menos un centímetro, ya que él no tenía cómo explicarle a los demás padres si llegasen a preguntar por qué él sí tenía un corte de pelo que a sus ojos no era considerado “tradicional”.

Luego de solicitar una cita con el coordinador para exponer mi posición, cita que me fue negada, decidí llamar directamente al rector y solicitar un espacio de diálogo para plantear la situación que se estaba presentando y encontrar una solución a favor del niño, pues a estas alturas ya creía que por tener un corte de pelo “no tradicional”, según una directiva del colegio, estaba violando normas, se le estaban presentando problemas de autoestima y estaba siendo víctima de “bullying” en su colegio por parte del coordinador.

Me fue concedido el espacio, en el que dialogué con los coordinadores de disciplina y académicos del colegio, y con el rector de la institución. En este espacio expuse la situación, encontrándome inicialmente con una posición retrograda y violatoria de la Constitución y los derechos fundamentales del niño en todo momento por parte del coordinador de disciplina, tal cual había sucedido hasta ahora a través del cruce de notas. Se expusieron argumentos como el de haber firmado en la matrícula la aceptación de las normas del colegio, inclusive aduciendo que de no estar de acuerdo no lo debí haber matriculado allí, el qué dirán los demás padres de familia de por qué este niño si tenía un corte “no tradicional” y los otros no y, nuevamente, la petición de cortarle por lo menos un centímetro.

Con tranquilidad, un poco de paciencia y trayendo en todo momento argumentos de carácter jurídico, expuse claramente que mi posición no era una diferente a la de enseñarle a mi hijo de nueve años a defender sus derechos de manera pacífica, con argumentos y sin que creyera que estaba violando normas simplemente por ejercer su libre desarrollo de la personalidad, que el ejercicio de los derechos fundamentales no puede estar condicionado a nada diferente a los derechos de los otros, que son derechos irrenunciables y que, indiscutiblemente, la Constitución está por encima de cualquier manual de convivencia.

Finalmente el rector y la coordinadora académica se pronunciaron a favor de mi argumentación, y simplemente recomendaron peinar  a mi hijo de forma cómoda para que su pelo no interfiriera en su vista al momento de estar en el salón de clase.

De esta experiencia quiero resaltar la enseñanza que quería dejarle a mi hijo sobre luchar por sus derechos con argumentos, dialogando y sin presiones, y quiero reflexionar sobre la posición que a estas alturas de la vida y 23 años después de haber firmado la Constitución Política de 1991, tienen  instituciones educativas en nuestro país, posición que abiertamente vulnera los derechos de nuestros hijos. Lo que me lleva a preguntarme si como padres de familia tendremos que tener algún tipo de formación jurídica para poder defender los derechos de nuestros hijos en sus colegios.

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