Haciendo un seguimiento en redes sociales se observan bastantes detractores por diferentes razones. Unos consideran que es un monto insignificante, otros que es un abuso con los más pobres pues se les traslada un costo y de paso se enriquecen las arcas de las empresas productoras, y los últimos muestran una gran preocupación por el destino que vaya a tomar el dinero recolectado.

(Vea: A pagar 20 pesos por cada bolsa plástica)

Tienen razón quienes alegan que la medida sería más efectiva si el cobro fuera más alto. Pero esto podría resolverse de una manera distinta a aumentar el impuesto. Aunque la sensación general es que los grandes supermercados regalan las bolsas, la realidad es que este gasto nada despreciable (entre 30 y 200 pesos por unidad) termina agregado en el precio final de los productos. El mejor ejemplo en Colombia es el almacén D1 que para ofrecer precios más bajos no “regala” las bolsas.

De acuerdo a esta lógica, lo ideal sería legislar para que los almacenes cobren y facturen por separado las bolsas plásticas, de este modo el precio sería más significativo como muchos opinan y el ahorro beneficiaría a la población que decida usar alternativas a la bolsa plástica.

Que el impuesto afecte en especial a los pobres es discutible, pues basta con dejar de usar bolsas plásticas y pasarse a otras alternativas como el carrito, un morral, el canasto, las bolsas de tela o tejidas a crochet. Y Sobre el supuesto beneficio a las empresas productoras de bolsas plásticas cabe anotar que el impuesto lejos de favorecer esta industria la pone en aprietos pues aumenta el valor de las bolsas sin que las empresas capten este recargo .

Respecto a la preocupación por el destino del dinero recolectado no hay defensa, es legítimo y cabe una crítica al Ministerio de Ambiente, pues aún no se ha establecido un fin determinado para el dinero. Aunque Carlos Díaz, representante de la oficina de Negocios Verdes del Ministerio de ambiente, en una publicación de Semana Sostenible mantiene que el fin del impuesto no es recolectar dinero sino desestimular el uso de las bolsas, y que un caso de éxito sería una nula recaudación, lo cierto es que se recaudará una cifra importante:

“una disminución de 25 por ciento en el uso de bolsas plásticas significaría el recaudo de 145.000 millones de pesos para las arcas de la nación, tan solo en el primer año. La proyección moderada indica que si el consumo decrece el 50% se recogerán 119.000 millones de pesos. Por último, una reducción del 75 por ciento se traducirá en 94.000 millones de pesos adicionales para el presupuesto del país.” Semana Sostenible junio 29 de 2017

(Ver: Bolsas plásticas: todo lo que tiene que saber sobre el nuevo impuesto – Semana Sostenible)

Es flojera metodológica haber implementado el impuesto sin antes haber establecido cómo debería usarse este recurso, en especial en un país en donde el presupuesto para la cartera de ambiente es famélico. Es tarea del Ministro de Ambiente definir a través de acuerdos con otras instituciones el uso del dinero, ojalá con un sistema de transparencia que permitiera la veeduría ciudadana y de organizaciones ambientales, lo cuál crearía un ambiente de confianza que afianzaría el objetivo final de la medida.

Pero profundizando más allá del cobro y su monto, se debería plantear la reflexión sobre la influencia de esta medida en el diario vivir de la sociedad colombiana. La existencia de este impuesto obliga a los consumidores a pensar sobre el tema de manera cotidiana, a discutir sobre el uso de las bolsas plásticas, su impacto y por qué algunos están interesados en que disminuya. Es importante anotar, que anteriores al impuesto se han gestado en Colombia diferentes campañas pedagógicas de concientización, pero al parecer no han sido tan efectivas.

El consumo de bolsas plásticas en Colombia es realmente alto. Mientras en Alemania una persona usa en promedio 70 bolsas por año y ésta cifra es cuestión de preocupación (Nabu, 2017), según el Ministerio de Ambiente en Colombia esta cifra es de 288 bolsas. El consumo debe disminuir, pues en buena parte de los municipios de Colombia las bolsas plásticas son un problema insostenible, los rellenos sanitarios no aguantan y en regiones con vientos fuertes como en el Caribe, los restos de bolsas ancladas en palos, cercas, rejas y cuánto obstáculo encuentran son parte del paisaje urbano, rural y natural.

Es evidente que en Colombia tocaba hacer algo para regular el consumo de bolsas, y el impuesto es una medida que ha tenido gran éxito en otras partes del mundo.

Según cifras de Earth Policy Institute para el 2014 en Africa 19 países habían implementado la medida, en Asia 15, en Europa 31 y en América 8 incluidos Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Haiti y Uruguay.

En Irlanda, que es un caso de éxito mundial, después de 5 meses de implementado el impuesto el consumo de bolsas disminuyó en un 90% (Larsen & Venkova, 2014). En octubre del 2015 Inglaterra implementó un impuesto de 5 centavos de libra por cada bolsa, y para julio del 2016 el consumo había disminuido en un 85% (Smithers, 2016). En Botsuana, Africa, en el 2007 se implementó el impuesto y 18 meses después el consumo había decrecido en un 50% (Dikgang & Visser, 2010). En Washington, Estados Unidos, se implementó otra medida, un bono para aquellos que reutilizaran las bolsas plásticas, de este modo el 80% de las personas continuaban usando bolsas nuevas, pero después de implementar el impuesto esta cifra bajó al 40% (Homonoff, 2016).

La polémica sobre el beneficio o no de la implementación del impuesto parece ser la constante en todos los países en los que se aplica, lo cuál lleva a pensar que podría ser una de las consecuencias directas de la medida: la reflexión ciudadana.

En algunos países en los que la medida lleva años, como Alemania, existe además una conciencia colectiva que ha llevado a una dinámica en la que la gente se rehusa a recibir las bolsas así sean regaladas; los almacenes a pesar de venderlas no las ofrecen; e incluso hay acciones voluntarias como el convenio entre Nabu, una organización ambiental alemana y dos de las cadenas de supermercados más grandes del país: REWE y Peny, que han abolido la venta de bolsas plásticas, reemplazándolas por bolsas de papel o cartón.

No solo en Frankfurt, en todo el país! El acuerdo se aplica a nivel nacional, Alemania completa ? https://t.co/cTLVDCxu77

— NABU e.V. (@NABU_de) July 7, 2017

También el discounter Penny! Otros 62 Mio de bolsas plásticas menos cada año ? https://t.co/GpS0RwnyLT

— NABU e.V. (@NABU_de) July 7, 2017

De acuerdo a la experiencia internacional, es poco probable que la medida fracase. En el peor de los escenarios el impuesto disminuirá el consumo de bolsas plásticas en un 20%, es decir alrededor de 2.800`000.000* bolsas plásticas menos cada año, lo cuál en la situación actual sería una ganancia.

De otra mano, el debate que se ha generado en las discusiones cotidianas de las personas es enriquecedor y positivo, pues surgen reflexiones colectivas y nuevas ideas, la base perfecta para un cambio de paradigma que lleve incluso a los más resistentes a encontrar bondades en cambiar nuestros deficientes hábitos de consumo.

¿Debemos llevar bolsas en el bolsillo cuando salimos?

— Moisés Wasserman (@mwassermannl) July 8, 2017

Referencias

Smithers, R. (julio de 2016). England’s plastic bag usage drops 85% since 5p charge introduced. The Guardian.

Dikgang, J, Visser, M. (2010). Behavioral Response to Plastic Bag Legislation in Botswana. Environment for Development Discussion Paper Series. Recuperado de:  http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/EfD-DP-10-13.pdf

Homonoff, T. (Noviembre 23 de 2016). Do Bag Fees Affect Consumer Behavior? Plastic Pollution Coalition.

Larsen, J, Venkova, S. (Mayo de 2014). The Downfall of the Plastic Bag: A Global Picture. Earth Policy Institute. Recuperado de: http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2014/update123

A pesar de las advertencias, el primero de agosto de 2013 empezó el TLC con la Unión Europea.

Hace algo más de un año, en la columna “Elastómeros” del domingo 6 de mayo del 2012, Antonio Caballero analizaba los afectados de los TLC firmados entre Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea. Entre otros, destacaba a los pequeños ganaderos, es decir familias campesinas poseedoras de menos de 50 cabezas de ganado cada una.

Estas mismas familias son las herederas del conocimiento que garantiza la existencia de las almojábanas, la mamona, la cuajada con melado, el queso campesino, el suero, variados postres y en general de la comida típica colombiana elaborada con leche y carne de “vacas criollas multipropósito“, ganado de América tropical que es el resultado de siglos de selecciones y saber tradicional.

La tradición campesina de Colombia a lo largo de 5 siglos produjo vacas criollas que hoy se adaptan muy bien a los diferentes ambientes de la geografía nacional y cuyo impacto en los suelos es menor que el de razas importadas. Además de la producción de carne estas vacas tienen vocación lechera, son animales resistentes a enfermedades y plagas,  su manutención no involucra muchos individuos por tanto no requieren grandes extensiones de tierra y los terrenos se rotan con cultivos para evitar que se deterioren por el pastoreo.

La crianza de vacas criollas multipropósito es una joya de la innovación y tecnología campesina con siglos de antigüedad, y se puede decir que su crianza es sostenible, en especial al compararla con la ganadería extensiva, que se posiciona como una de las actividades más contaminantes e ineficientes del país, debido al balance entre el costo ambiental y tierra usada, versus la baja producción y el alto precio final de venta.

La ganadería extensiva en Colombia usa razas importadas no adaptadas a la geografía y clima tropical. En ausencia de las tecnologías que se requieren para su crianza,  los ganaderos recurren al uso de plaguicidas, medicamentos veterinarios y a la sobreexplotación de grandes extensiones de tierra para alimentarlas a base de pastos naturales . El resultado es la subutilización de casi 20 millones de hectáreas con vocación agrícola (Kalmanovitz, 2012) y el deterioro de los suelos debido al peso y pisoteo del ganado, a la tala de bosques incluso asociados a fuentes de agua y a la fumigación permanente de los potreros contaminando suelos y agua.

Con la importación de razas europeas y la popularización de la ganadería extensiva, la población de vacas criollas ha disminuido un 80% en algo menos de 2 siglos. Según la Asociación de razas criollas colombianas a 2011 se registraban tan solo 24 mil individuos en el país.

El documental “La poderosa agricultura de Europa” muestra el proceso de quiebra de campesinos de Ghana y República  Dominicana luego de entrar en vigencia el TLC con la Unión Europea; en Colombia empiezan a verse los primeros síntomas de enfermedad del sector, acentuados por las olas invernales: La crisis de la leche en Ubaté (7.2013); Lecheros ya no aguantan (7.2013).

Debido al gasto energético y contaminación por CO2 que implicará la refrigeración y el transporte de productos lácteos desde Europa, el TLC con la UE se constituye en una nueva fuente de presión ambiental que exacerba el cambio climático, más aún teniendo en cuenta que estos mismos productos pueden y son producidos de manera local; por lo menos hasta que los bajos precios europeos producto de los subsidios que reciben en sus países de origen, no los quiebren.

Parafraseando a Juan Pablo Ruiz Soto en El Espectador, estas ONG justifican al público sus relaciones económicas con multinacionales, en el hecho de que es una estrategia para mejorar las prácticas contaminantes de estos monstruos de la economía mundial.

El objetivo de la alianza es irrefutable, pero surge una pregunta: ¿Cómo lo hacen? Any Leonard en un video divulgativo de 10 minutos, explica que estas ONG se basan en el sistema de intercambio de emisiones o del “si contaminas pagas”, que en el caso colombiano es “si destruyes la biodiversidad y contaminas compensas”.

El sistema fue ideado por las mismas trasnacionales con las que las ONG trabajan, algunas de ellas involucradas en escándalos de desfalcos mundiales (por el estilo de Interbolsa) como Goldman Sachs en Estados Unidos, los responsables de la crisis por la burbuja creada con las hipotecas.

Los objetivos del sistema de compensaciones son conservar y mitigar la contaminación mundial y garantizar ventajas económicas que empujen el sector financiero. Pero desde el punto de vista ambiental el sistema ha fracasado. Después de más de una década de su aplicación, la contaminación mundial por cuenta de emisiones de gases y pérdida de biodiversidad no solo ha aumentado sino que se ha acelerado.

Juan Gabriel Lopez Albarello del Instituto de Estudios Políticos y Relacionales de la Universidad Nacional de Colombia se refiere a este fenómeno como la siguiente especulación del sector financiero, la “Burbuja Energética“.

En Colombia

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS ha adoptado como lineamiento para sus políticas ambientales este sistema de las compensaciones y para hacerlo estructuró el proceso de entrega de licencias ambientales con la asesoría de ONG cercanas al Banco Mundial, a las cuáles se les dieron todos los privilegios en la contratación, excluyendo a los institutos expertos en biodiversidad, ONG criollas y universidades colombianas.

La participación de estas ONG en la construcción de las políticas ambientales del país deja dos preocupaciones: la primera hace referencia al riesgo de que el sistema de “compensación por pérdida de biodiversidad” se use como justificación para aprovechar ecosistemas megadiversos y conservados por fuera del sistema de Parques Naturales, reservas forestales o páramos, a cambio de algún tipo de compensación que jamás reemplazaría esta riqueza natural. Y la segunda es establecer si existe algún conflicto de intereses cuando ONG como The Nature Conservancy o Conservación Internacional tienen relaciones comerciales con multinacionales como Anglo Gold Ashanti (por ejemplo en la asesoría o elaboración de estudios de impacto ambiental para la solicitud de licencias ambientales), y al tiempo son contratistas del MADS con el objeto de asesorar o desarrollar mecanismos y políticas públicas para el proceso de licenciamiento ambiental.

Mientras el MADS invierte un presupuesto alto en contratos con estas organizaciones, se desperdicia el talento nacional de expertos con reconocimiento internacional por su experiencia y profundo conocimiento en ecosistemas tropicales. Hacen falta alianzas  que inyecten capital a institutos, universidades y ONG locales (la mayoría con serios problemas de desfinanciación) y gestión de conocimiento para que el producto de sus investigaciones sean usadas para la construcción de políticas y herramientas para la evaluación ambiental.

No es recomendable que el MADS excluya a la academia de la discusión sobre los alcances de este sistema de compensación, sin debate se corre el riesgo de que la política beneficie más a las trasnacionales que al país, y en este sentido se requiere un equilibrio.

Lista de los socios corporativos de Conservación Internacional