El pintor español Salvador Dalí dijo alguna vez: “hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen de mí”. Y no hay frase más apetecida por los políticos para poner en práctica que esta, sobre todo cuando su intención es darse a conocer.

Carlos Caicedo Omar -quien sueña con alguna vez llegar a ser presidente, o tan siquiera relevante a nivel nacional- es uno de esos que la ha intentado aplicar.

Por su puesto que Carlos, que fuera de su experiencia de ‘vivir del cargo público’ solo ha sido guerrillero (alzó armas y sembró terror en los territorios del Magdalena con la extinta Corriente de Renovación Socialista del ELN), no encontró mejor manera que darse a conocer llenando las principales ciudades de horripilantes grafitis que se preguntan ‘Quién carajo es Caicedo’. Ni más faltaba, le apuntó a que hablen mal de él.

Aunque -pa serte sincero- lo que quiero con este blog no es contarte las vainas de esta burda estrategia- que ya buen palo ha recibido en las redes sociales- sino más bien modificarla un poquito para preguntarme otra cosa: ¿Quién carajo le paga la publicidad a Caicedo?

Llama la atención que Carlos dejó la Gobernación del Magdalena hace dos años y desde entonces no se le conocen ingresos por empleo ni empresa privada que lo sostenga, pero, aun así, asiste a cuanto evento público rodeado por una cohorte que lo vitorea y le adula.

¿De qué vive si no trabaja? ¿Cómo hace para moverse a un lado y otro del país si no gana sueldo? ¿de dónde saca plata para pagar millones de publicidad? La respuesta es: ¡De la Gobernación del Magdalena!

Aunque yo no soy Salvador Dalí, también tengo mi refrán: ¡Hay que seguirle la cola al ratón! Si a Caicedo le encanta darse publicidad, miremos de dónde proviene:

Al hacer una rápida búsqueda en la biblioteca de anuncios de Facebook -una plataforma donde se pueden ver las publicidades activas en estas redes sociales- uno se encuentra con que, a fecha de hoy, hay una pauta promovida por Fuerza Ciudadana (el desaparecido partido político de Caicedo) que promueve una información proselitista de Caicedo.

Es una publicidad a la que le pagaron por muy poco tiempo un millón de pesos -siendo este solo un ejemplo de muchos millones invertidos-. ¿De dónde sale la plata? ¡De Fuerza Ciudadana! Diría uno. Sin embargo, al ver la descripción del responsable de publicar la publicidad, único dato que lleva a una persona -más allá del Facebook institucional- es un teléfono celular, el número +573014448978

Una búsqueda inversa de este celular a través de una reconocida plataforma de identificación, como lo es True Caller (píllalo aquí), nos muestra que el abonado de este teléfono es una persona llamada Isnardo Álvarez Polo.

Isnardo, según su hoja de vida en Linkedin (verla aquí) al parecer es alguien en la vida gracias a Caicedo. Estudió en la Universidad del Magdalena justo en los años en los que Caicedo se ‘vendía’ como el artífice del cambio en esa universidad, su primera experiencia profesional fue haciendo parte de la campaña de Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta y posteriormente trabajó en su Alcaldía. ¡Un funcionario hecho a la medida del jefe!

Pero, aunque Isnardo pareciera no ser una figura importante -más bien medio anónima- en un partido en el que juega mucho el protagonismo y el nivel de lamboneo, la verdad es que sí tiene gran relevancia, y es que su nombre está atado a Social DEV, una empresa de papel que él creó para ponerla al servicio del caicedismo, con la cual han sacado más de 1.500 millones de pesos de recursos públicos de los samarios y los magdalenenses a punta de contratos públicos. ¿No me crees? Mira la siguiente imagen:

Los 4 gatos que me leen dirán: ¡Nojoda Polo! ¿y cómo haces tú para vincular a la dichosa empresa con Isnardo? La respuesta es sencilla de demostrar. Primero, en el RUT de esta empresa figura un teléfono de celular (verlo aquí) que, al buscarlo nuevamente con la plataforma True Caller, dicho número también pertenece a Isnardo (píllalo aquí).

Y segundo, pero no menos importante, investigando esta empresa me encontré con la casualidad de que un supuesto representante legal que la empresa tuvo en algún momento resultó ser una persona que yo conocía. Lo encaré y le pregunté y no fue difícil que me contara la verdad: mi conocido era amigo de Isnardo y le ‘ofrecieron’ trabajar en unos proyectos. Simplemente tenía que dar su nombre para volverlo representante legal. En medio de su ignorancia, el joven aceptó el trabajo, quedando, -sin siquiera saberlo- como representante legal de un entramado para sacar recursos públicos de los samarios.

Aten ustedes los cabos y vean cómo Isnardo, quien además maneja la página oficial de Fuerza Ciudadana, gasta sin problema de a millón de pesos en promocionar la cara de Caicedo, un exgobernador que pareciera -OJO, SOLO PARECIERA- no tener ni con qué comer, pues trabajo más allá de ser gobernador no ha tenido.

¿Ya les va quedando claro quién carajos es Caicedo?

Sin embargo, en este caso muy específico -protagonizado por el gobernador del Magdalena- Rafael Alejandro Martínez, podemos pillar que esa máxima siempre puede resultar bien torcida.

Pa que vayan entendiendo el contexto, el blog de hoy trata del alquiler que hace la Gobernación del Magdalena de edificaciones a lo largo y ancho de Santa Marta, para albergar allí las distintas sedes y oficinas que tiene el ente territorial que el gobernador representa durante sus 4 años de Gobierno.

Una de estas sedes es la Secretaría de Educación del Magdalena, que es una de las carteras pilares de la administración departamental. En los últimos años, esta sede ha venido funcionando en un edificio entero que alquila la Gobernación del Magdalena en la Avenida de los Estudiantes (cra 12 # 18-56).

Pa que ustedes se vayan haciendo la idea de cómo le corre el agua al molino, pueden ver los datos de la última contratación del alquiler de este edificio de 8 pisos y 1.800 metros cuadrados.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento CA-1064-2023 (que fue el último que firmaron con la sociedad dueña del edificio), alquilar el edificio nos costó a los magdalenenses un valor mensual de $27 millones de pesos, incluyendo ahí no solo el uso de todos los pisos, sino además el IVA y hasta el mantenimiento de los ascensores. ¡Caro, pero qué carajo!, vaya y venga. Después de todo es un edificio entero, con parqueaderos y toda vaina.

Pero aquí es donde el cuento se va poniendo bueno, y es que para este 2024, el gobernador Martínez decidió ‘torcerle la cola al puerco’ y hacer una contratación distinta. De manera repentina, hizo un proceso de adjudicación contractual (a dedo) para alquilarle la sede de la Secretaría de Educación a uno de -los que llamaría yo- amigos contratistas.

El beneficiario del nuevo contrato es Fernando Varela, conocido en Santa Marta por ser dueño de la empresa Vaos Publicidad y Medios, muy reconocida en Santa Marta por ser la que maneja impresiones en gran formato y ubicaciones estratégicas de publicidad en vallas de la ciudad (apetecidas por los políticos en campaña).

Sin figurar en los papeles, Fernando Varela presentó la empresa FVO S.A.S. (que les hace juego a las iniciales FV de su nombre), pero en la que él no figura por ningún lado. En cambio, la que aparece como representante legal de esta compañía es una mujer llamada Elizabeth Margarita Vivic García, que no es más que la contadora de la empresa de Vaos de Varela. ¿Ya van pillando la vaina?

El gobernador Martínez, con la nueva contratación, dejó de alquilar el edificio completo y- en cambio- le alquiló a su amigo Varela dos casas ubicadas en el barrio Jardín, para que allí funcionaran las sedes de la Secretaría de Educación, y la oficina del PAE.

Los 4 gatos que me leen se preguntarán: ¡Nojoda Polo! Tú eres mal pensado. ¿Acaso no te has preguntado si la razón de la mudanza es porque el otro edificio está muy feo? A lo que yo te respondo. ¡Sí! Eso fue lo que justificaron. De hecho, la Gobernación del Magdalena en sus justificaciones oficiales manifestó que el edificio “carece de espacios para reuniones”, además de que también dijeron que el edificio tiene “humedad” y que por eso podrían ponerse en riesgo los archivos que allí se resguardad.

La gran solución que tuvo el gobernador -en vez de destinar unos recursos para reparar las humedades y corregir los temas de acabado o de adecuación de espacios- fue mudarse a dos casas en el Jardín (en la carrera 22 con 17), pasando así de 1.800 metros cuadrados a dos casas que -sumando ambas- apenas llegan a los 1.400 metros cuadrados. Perdiendo de tajo 400 m2 de espacio.

Pero no contestos con eso, la Gobernación ahora dejó de pagar 27 millones de pesos al mes, para pagarle al amigo del gobernador la pendejada de $62 millones de pesos al mes. ¡más del doble!… ¡Vaina linda!

Mejor dicho, pa’ que ustedes la pillen más clarita: el gobernador del Magdalena pasó de pagar menos por más, a pagar más por menos.

Lo más evidente de todo esto es que al buscar en la página de alquileres de Metro Cuadrado, uno encuentra una casa a pocos metros de distancia, con mayor área de construcción por un valor mensual de 7.500.000 mensuales.

Cualquier que pensara mal diría: Echeverry, aquí como que nos quieren tumbar en la cara. ¡Pero cómo se les va a ocurrir! Nuestro gobernador es una persona muy inteligente y él jamás dejaría que a nuestro pueblo pagara más por menos. ¡Ni que hubiera malas intenciones!

¡Piensen mal y acertarán!

La historia que te traigo hoy no podrías entenderla sin antes tener claro estos dos actores que ya he mencionado en entradas anteriores: La Universidad en el Aire -por un lado- y por el otro, el rector sin título, cuyo protagonista hoy se transforma un poco para darle sentido a este blog, llamado: ‘El exgobernador sin PhD’.

Si te da mucha pereza leer sobre la ‘Universidad en el Aire de Santa Marta’, te resumo que esta fue una universidad de papel creada por Carlos Caicedo Omar, en la que se gastaron $500 millones de pesos en pocos meses y a punta de sueldos de corbata, pues la universidad ni siquiera funcionaba cuando ya le estaba metiendo al presupuesto la pendejada de 8 mil millones de pesos. Todo esto sin tener ni un solo estudiante inscrito, ni tampoco carrera alguna aprobada.

Pues bien, precisamente con esos mismos recursos que le metieron a la universidad de papel, el 2 de noviembre de 2023, la entonces alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson -subordinada de los designios de Carlos- ordenó que se firmaran los nombramientos de varios profesionales universitarios para que ‘trabajaran’ en esta universidad.

Digo que ‘trabajaran’ -así, con comillas simples- porque varios de estos profesionales universitarios tenían una tarea muy particular, que nada tenía que ver con el rol de la universidad: la misión, encomendada por el mismísimo Carlos Caicedo Omar, era la de redactar la que sería la tesis de un doctorado que el señor don Carlos Caicedo realiza en España. ¡Sí, así como lo lees!

Fue así como el rector de la Universidad en el aire, Hugo Paternina Espinosa, pensando en congraciarse con el exgobernador -pero a la vez encontrarle justificación al sueldo de los profesionales por la tarea ‘extrauniversitaria’- se le ocurrió una idea que terminó convirtiéndosele en un búmerang: crear el Centro de Estudios sobre Autonomía, Descentralización y Federalismo.

¡Para desgracia del rector!, el nombre que le puso al centro de estudios académico fue prácticamente el mismo que presentó Caicedo para su tesis doctoral, llamada ‘Federalismo y Autonomía Territorial en Colombia’: ¡qué desfachatez!

Por supuesto que, para Carlos Caicedo, la decisión de nombrar de esa manera el centro de estudios, lejos de ser un acto lambón que le gustaría, le dio mucha ira, pues -con justa razón- esto daría para que cualquier persona se enterara e hiciera la conexión en algún momento de que el centro de estudios (con el nombre de su tesis) era preexistente al trabajo que él presentaría, lo que abriría las puertas al evidente plagio.

Enojadísimo por lo sucedido, el exgobernador Caicedo ordenó a Virna Johnson a que citaran a todas las personas involucradas con la tesis y, en presencia de la directora jurídica de la Alcaldía de Santa Marta, les exigiera la renuncia a sus cargos, cuando estos ni siquiera llevaban un mes de haber sido nombrados.

Pero los trabajadores -ahora llamados al paredón del fusilamiento- no eran tan brutos como para renunciar a un cargo de nombramiento de planta con la semejante situación política que se estaba presentando en noviembre de 2023, pues ya Carlos Pinedo Cuello había sido oficialmente elegido alcalde de Santa Marta. ¡Carlos Caicedo ya no tenía el poder!

Impotente y con mucha rabia, Caicedo entonces ordenó a Virna Johnson a que demandara los actos de nombramientos de estas personas, menos de 50 días después de que estos habían sido nombrados. Efectivamente, así sucedió: el 19 de diciembre de 2023, corriendo y a las patadas, la efe jurídica de la Alcaldía, Bertha Lorean Vizcaíno Linero, radicó las respectivas demandas de nulidad de los actos administrativos, en una serie de recursos que -fueron hechos tan a la machota- que el Tribunal Administrativo del Magdalena los descartó por no haber cumplido con requisitos mínimos para su radicación. ¡Todo por salir corriendo ante la ira de Caicedo!

El fondo de esta historia -opino yo- radica en que este es un ejemplo más que muestra las conductas repetitivas de Carlos Caicedo Omar, las de un hombre que llegó a la Universidad del Magdalena sin título profesional, y que por eso fue objeto de burla por los estudiantes de los años 90, quienes llevaron hasta la sede de la Gobernación del Magdalena (cuyo gobernador de entonces, Jorge Caballero Caballero lo había nombrado) para evidenciar que la universidad era ‘dirigida’ por un ‘burro’.  (Si no me crees, lee la historia aquí).

En esa época, Carlos Caicedo fue denunciado por el estudiante de Economía Hugo Maduro ante el Procurador General de la Nación de entonces, hecho que llevó a una suspensión de su cargo que, tristemente, solo fue de 5 días y que disfrazaron como si fueran unas vacaciones. Maduro -en hechos que hasta la fecha no conocen la verdad jurídica de por qué sucedieron- fue asesinado a bala en medio de la época negra en la que el paramilitarismo se tomó las universidades públicas del país a sangre y fuego.

Ese fue el mismo Caicedo que -pese a haber pasado años en el monte alzado en armas, en la ilegalidad, y de tener ocupaciones en cargos públicos que le demandaban tiempo y presencia, sacó de repente un título que lo acreditó como abogado de la Universidad Nacional, sin que en esta universidad los propios estudiantes de su promoción lo recuerden.

Sin duda alguna un rector sin título y – todo parece indicar- que será también un exgobernador sin tesis ni PhD.

¡Y así, de segurito lo volveremos a elegir!

Porque así somos.

La época de Navidad y Fin de Año es de las fiestas más lindas para todos los colombianos, pero en especial, para los funcionarios. ¡No por los villancicos, los buñuelos y la natilla!, sino porque en esos días de recogimiento y reencuentro, estos administradores de lo público afinan la muñeca para firmar cuanto papel les permita liberar los recursos públicos, que se pierden en la maraña de contratistas que, a la hora de contratar, ¡resultan especialistas en todo!

Así pasó el 26 de diciembre de 2023, apenas cinco días antes de que el caicedismo tuviera que bajarse de un bus que ocupó por 12 años, en el que se beneficiaron del ‘tape-tape’ que implica el arroparse con la misma cobija.

Aquel martes, mientras la ciudad se quitaba el velo navideño, la entonces secretaria general de la Alcaldía de Santa Marta, Hilda Borja, firmaba un contrato de $247 millones de pesos con un objeto que resultó tan obvio, que generó intriga: ¿estructurar el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del distrito de Santa Marta?.

Es decir: la secretaria contrató todo ese billete para que el beneficiario le dijera cuáles eran los bienes de la Alcaldía, cuando justamente de eso es de lo que trata su cargo. ¡Todo eso a menos de una semana de finalizar!

Pa que me sigan el hilo: es como si la señora que vende tintos pagara un billete para que le explicaran cómo se filtra el café; como si la que hace arepa de huevos pagara para que le enseñaran a fritar, o como si un político corrupto pagara para que le enseñaran a robar ¿Si pillan?

Por muy estúpido que parezca, así se hizo: el 26 de diciembre de 2023, a las 5:00 p.m. (tal como quedó en el sistema de contratación), la Fundación por un vivir mejor (¡sí, así las nombran!), representada legalmente por Maritza Ester Rivero Zuleta firmó el contrato y, contra todo pronóstico, pues los estudios previos para esta contratación determinaban que los pagos deberían hacerse en 3 partes, de acuerdo al desarrollo del cronograma (pueden ver acá), la contratista recibió el pago del total del contrato… ¡Sorpréndanse!… ¡Apenas 3 horas después de firmar el contrato!.

Sí, ¡así como lo leen! Eso fue firmando y coronando. $247 millones 200 mil pesos de los samarios fueron desembolsados el mismo 26 de diciembre a las 8:04 de la noche a través de un pago electrónico.

El beneficiario del contrato es una fundación que ni siquiera es de Santa Marta, sino de Valledupar, cuya sede está ubicada en la carrera 13 # 9ª – 57, de un barrio residencial donde no operan fundaciones.

¡Eso sí! Si es por experiencia, esta fundación -que según su red de Instagram se dedica a ayudar a la niñez en situación de indigencia– tiene toda la versatilidad del mundo, pues gracias a unas cuantas entidades territoriales que se matricularon con la fundación ‘sin ánimo de lucro’, esta puede decir que ha invertido cientos de millones de pesos en temas tan distintos como “preparar plan de acciones de salud” (mira aquí), “atender adultos mayores” (revisa aquí), “implementar el PAE” (clic aquí) y hasta para “organizar reinados” (píllalo aquí), todo esto en Alcaldías de municipios pequeños.

Y si lo que les cuento les parece poco, les agrego una coincidencia más: Ese 26 de diciembre ese mismo contratista recibía un contrato el doble de grande (646 millones de pesos), aunque con un objeto distinto (administrar bibliotecas), adjudicado, ¿adivinan por quién? por la Gobernación del Magdalena.

No sé ustedes, pero al encontrarme con estas perlas es que termino opinando que a veces los políticos nos quieren ver la cara de pendejos.

Da lástima que ante esta gran cantidad de recursos a su alcance, los políticos, en vez de servirle a su comunidad y de tener una vocación de servicio, se les despepitan los sentidos pensando de qué manera es que mejor pueden malgastarse los recursos.

¡Más de 800 millones en un abrir y cerrar de ojos! ¿Coincidencia o concierto para raspar la olla?

Piensa mal y acertarás.

Párenle bolas a este blog, que, si Rafael Escalona estuviera vivo y se le diera por reescribir la Casa en el Aire, no solo le daría un techo imaginario a Ada Luz, sino que, también -de paso- podría inscribirla para que el aviador que la conquiste la lleve todos los días a la única universidad sin estudiantes del Mundo, ubicada -nada más y nada menos- que en la ciudad de Santa Marta.

La diferencia, eso sí, es que esta universidad, aunque es imaginaria, en los papeles es tan real que ya se ha consumido 500 millones de pesos de los samarios; y, si alguna autoridad como el electo alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, no hace algo para evitarlo, esta universidad del caicedismo, se estaría llevando consigo la pendejada de $8 mil millones de pesos en el venidero 2024.

De lo que les hablo es de la Institución Universitaria de Santa Marta, conocida en el pasado como la Politécnica Distrital, uno de esos inventos del Gobierno del exgobernante Carlos Caicedo, que metió en sus discursos como una revolución educativa que -a fecha de hoy- no ha sido más que un burdo maquillaje para ‘justificar’ recursos públicos a punta de gastos de funcionamiento y de personal.

Gracias a un aval que le entregó el Ministerio de Educación a comienzos de este año, esta institución educativa ‘caicedista’ pudo correr a crear una estructura burocrática, que es lo que más le encanta hacer a Carlos; ¡Si no, pillen las investigaciones que hemos hecho de cómo convirtieron la Essmar y otras entidades, en su propia bolsa de empleo familiar!. (Ver artículos aquí, también aquí o aquí).

En cuestión de pocos meses crearon cargos con millonarios ingresos, como el rector, que se ganó en 2023 una asignación mensual de $17.304.099 pesos (¡de sueldo básico!), el secretario general que se ganó $16.434.894 o vicerrectores y decanos que ganaron entre 10 y 13 millones de pesos. ¡Todo eso sin contar cargos de nivel de asesor y profesional que se asignaron 8 millones de pesos pa arriba! Mejor dicho, si no me creen, sorpréndanse aquí la tabla de los ingresos por cargo de 2023.

Como la vaina con Caicedo funciona es a los lambonazos y por nivel de fidelidad, Caicedo optó por poner en el cargo de rector encargado a Hugo Paternina Espinosa, un personaje importado de las toldas de la izquierda en España, donde fue concejal en medio de irregularidades por corrupción electoral, y que también le sirvió para presentarlo como miembro de la lista cerrada que presentó Fuerza Ciudadana a la Cámara de Representantes.

Si esto aún no les sorprenden, déjenme decirles que esta universidad de fábula envió oficios a la Secretaría de Educación porque pretenden que sus sedes aterricen en los colegios públicos INEM Simón Bolívar, IED Juan Maiguel de Osuna y la IED Normal San Pedro Alejandrino.

Los 4 gatos que me leen bien podrían preguntarme: ¿Nojoda Polo y acaso no es un orgullo que colegios públicos alberguen a una universidad? A lo que yo le respondo no solo que NO sino que, además, esto resulta ser todo un despropósito.

¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la Normal de Varones solo tiene 10 computadores y que tiene un grave problema estructural que amenaza las aulas de clases de los propios estudiantes? ¿o sabían que en el colegio Juan Maiguel de Osuna a los niños les ha tocado hasta ver clases al aire libre debido a las pésimas condiciones en los que en muchas ocasiones se han encontrado sus aulas? Si no me creen vean la foto de abajo captada por nosotros en 2022.

Este blog no pretende ir en contra de la educación. ¡Bienvenidas sean las nuevas instituciones educativas a la ciudad! Lo que sí no puede suceder -y esta es una tarea de autoridades como el alcalde de la ciudad- es que esta institución se convierta en la caja menor -y mayor- de presupuestos públicos otorgados a fichas del caicedismo.

Porque lo cierto es que, mientras yo escribo este blog y tú te indignas leyéndolo, las directivas de este cascarón estudiantil con hambre de presupuesto convocan a una reunión para elegir a su rector (que está en encargo) de manera permanente el próximo 28 de diciembre, en donde pretenden además, que el distrito los financie ahora con un presupuesto de 8 mil millones de pesos, un absurdo para una universidad que no tiene ni un solo estudiante matriculado y -peor aún- no tiene tan siquiera un registro calificado ante el Ministerio de Educación para que les aprueben la primera carrera, un proceso que puede tardar meses o hasta un año.

¿Cómo carajo piensa tener estudiante si ni siquiera tienen una carrera para ofrecer? ¡Pero eso sí! Lo que está asegurado son los miles de millones para pagar elevadísimos sueldos que ni en la Universidad del Magdalena, con todo y sus 20 mil estudiantes, pagan a ese nivel.

Y es que los presupuestos ya lo indican: ¿Decanos con millonarios sueldos sin un estudiante al que atender? Rector, vicerrectores y altos cargos directivos con millonarios sueldos. Si nadie hace nada, todos estos serán cargos de derroche que quedarán en manos de los alfiles caicedistas.

Es más, no me digan Nostradamus, si la actual gobernadora encargada, Denis Rangel, recibe como premio, la rectoría de esta universidad de papel.

P.D. Si se sorprendieron con los salarios que el rector y sus máximas directivas se asignaron para ganarse en el año 2023, váyanse para atrás con las proyecciones que tienen para el 2024 en un anteproyecto de presupuesto que ya tienen listo para aprobar. Píllenlo aquí:

¡No dejen que este despropósito suceda!

Haider Valle Valle es un bacán. Y en una población pequeña como lo es Pivijay, en el Magdalena -que apenas supera los 35 mil habitantes- es difícil que alguien no lo conozca, pues este personaje es quien se aparece cada vez que algún pivijayero llama a alguna de las droguerías reconocidas del pueblo: bien sea la Inglesa, la Botica o la Andina.

Llames a la que llames, Haider llegará en su moto, con su camiseta manga larga que le hace publicidad a las empresas para las que trabaja, y con una sonrisa bacana que se pinta en su cara y en el espaldar de la camiseta.

Por esa misma peculiaridad, el que lea este blog -sea pivijayero, cachaco o funcionario de un ente de control- se sorprenderá apenas le cuente la realidad de Haider y es que, al juzgar por la Alcaldía de ese municipio, Haider se gana nada más y nada menos que un promedio de $400 millones de pesos al año a punta de contratos de: ¡váyanse para atrás!… EL PAE.

¡Así como lo lees! y es que Haider, que aún no pisa los 40 años de edad, y que en el Sisbén aparece registrado en pobreza extrema (míralo aquí), es -paradójicamente- el representante legal de la Corporación para el Desarrollo del Caribe Colombiano, también conocida como Codesco.

Esta Organización –SIN SUPUESTO ÁNIMO DE LUCRO– fue la misma a la que el pasado 17 de mayo, el alcalde municipal, Roberto Mario Pérez Varela -conocido como Rocho- le adjudicó la pendejada de $400 millones de pesos para encargarse del “complemente alimentario de los niños de las instituciones educativas públicas del municipio de Pivijay”. Contrato que aún está vigente (Mira el proceso en Secop al hacer clic aquí).

Pero también fue la misma fundación que, en el año 2022, se ganó otro contrato en Pivijay -adjudicado por el mismo alcalde, conocido como ‘Rocho’ Pérez- para brindar el alimento a los niños de los colegios públicos del municipio por un valor de $364 millones de pesos. Contrato que se ejecutó -váyanse para atrás-… ¡En 37 días! Y que tuvo un anticipo del 50%. Mira la evidencia:

Cuando uno busca esta compañía en Google -al igual que en la Cámara de Comercio (Descarga aquí el certificado)- se puede constatar que la supuesta ubicación de esta corporación es la calle 8 # 10-04, en Pivijay. Pero al llegar a esta calle destapada, uno se encuentra con que allí no funciona fundación alguna. Allí solo hay un inmueble residencial que anexa lo que tiene es una peluquería. ¡En alusión a trasquilar los recursos públicos será!

Lo de esta supuesta fundación es algo sistemático y bien grave, pues en los últimos años han logrado contratos, no solo de la alimentación de los niños, sino también de temas bien diversos que nada tienen que ver: con decirles que hasta obras de dragado de caños (ver aquí) y proyectos agropecuarios (también ver aquí) han conseguido. Y sus tentáculos sobrepasan los límites de Pivijay, pues también han logrado contratos en municipios como Salamina y El Retén.

Pa’ que se hagan una idea, entre 2017 y 2023, la fundación representada legalmente por el domiciliario de Pivijay se ha hecho con más de $1.800 millones de pesos, beneficiándose de contratos en algunos de los municipios más pobres del Magdalena. ¡Simplemente absurdo e insólito!

Yo sé que los 4 gatos que me leen podrían preguntarme que qué tengo contra la superación de las personas, ¿que acaso ahora un domiciliario no puede lograr tan éxito? A lo que yo tengo que responderles -esta vez sin mamadera de gallo- que este es un tema muy serio y preocupante, pues no hay que tener 2 dedos de frente pa saber que: ¡al bacán de Haider lo están usando de firmón!

Detrás de este pobre hombre, que quizás ni sepa qué lo ponen a firmar -pues pa completar, la seguridad social se la pagan los dueños de la droguería,  hay una mafia que se está llevando los recursos públicos de una población pobre como Pivijay, como el Retén y como Salamina, donde además acuden a recursos tan sagrados como es el de los niños, muy probablemente con el pleno conocimiento de los alcaldes que adjudican estos contratos.

Porque es que no me cabe en la cabeza que el alcalde de una población como la de Pivijay, adjudique semejantes contratos millonarios a una fundación, cuyo representante legal sea el que le lleva los domicilios del Advil y el Acetaminofén hasta la puerta de su casa.

¿A cambio de qué es que no les tiembla la mano para entregar cientos de millones de las arcas públicas sin verificar algo tan básico como el representante legal del contratista del PAE? ¿Son realmente ciegos o más bien será que miran para otro lado a propósito?

No sé qué piensen ustedes, pero para mí, los entes de control tienen que revisar esto urgente, pues no me quiero imaginar que ellos también se hacen los invidentes ante las irregularidades que saltan en sus propias narices.

Ante esta preocupante situación, solo me resta decirles: ¡Piensen mal y acertarán!, pues nos roban en la cara, nos estamos dando cuenta y nadie dice nada.

P.D.1. Les corresponde a las autoridades hilar, pero no hay político local al que uno no le pregunte que no atine a decir lo mismo: el PAE de Pivijay “es de un señor” que -con empresas de él firmadas por terceros- se ha hecho millonario, ha sido candidato a la Asamblea y ahora lleva a su hijo al Concejo.

No digo su nombre propio porque en mi reportería para hacer este blog no logré encontrar el vínculo. Cosa que -creo- no le quedará difícil a las autoridades. Investiguen y lo encontrarán.

La historia que les contamos hoy menciona a una aguerrida mujer que conocimos en el Magdalena, Maritza Quiroz, que siendo mujer, campesina y víctima de la violencia tuvo que afrontar el asesinato de su esposo y su cuñado, pero también el despojo y otras formas de violencia, hasta que su vida se apagó a sus 60 años por las las balas impunes que acallan a los líderes sociales.

Martiza se convirtió en la primera líder social asesinada en 2019 en Colombia, una historia de lucha y protección a las mujeres, de superación y de éxito al lograr ver a sus hijos convertirse en profesionales, pese a los despojos y la violencia que siempre la persiguieron, lo más merecido es que su legado perdurara. Se supone que ese legado sería exaltado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, quien, usando su nombre, contrató a una empresa para la creación de una aplicación supuestamente para las víctimas de violencia en el Magdalena, llamada Maritza Quiroz.

En este blog, te cuento cuál es la empresa detrás de un polémico contrato por más de 400 millones, adjudicado un 24 de diciembre, para ser ejecutado apenas en 8 días. Una aplicación que no cumple su función.

Si tú eres uno de los 4 gatos que me lee, es porque tienes clarísimo qué es la Essmar y por qué es que el caicedismo –que tiene la ciudad sin agua, igualito que los de antes- está desesperado por quitarse la ‘sed’ de burocracia logrando que alguien les abra el chorro de esta entidad, que está actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Si no me lees, o eres un lector cachaco, entonces te cuento rápidamente que la Essmar es una empresa de servicios públicos que creó el caicedismo en 2016 para arropar allí todas las concesiones que poco a poco fue quitándole a privados -que hacían negociados con los de antes- para ahora manejarlos con una sola empresa bajo su entero control político: la joya de la corona, le llamamos en Santa Marta.

Y no es para menos, pues la Essmar, a la que no solo le quedó el negocio del acueducto -que antes manejó Metroaguas- sino también el del alcantarillado, alumbrado público y la intervención a la recolección de basuras, es una entidad a la que le ingresan más de 100 mil millones de pesos al año, de los que se gastan al menos 18 mil millones tan solo en contratos de personal; el resto lo embolatan en la operación. (Si no me crees, mira sus cuentas aquí)

Y lo más lindo, es que, al ser mixta, no se rige por tanto obstáculo de transparencia que les dificulta mandar la plata pa donde ellos quieren.  ¿Ya vas viendo de dónde viene la sed?

No en vano, cuando la Essmar la intervinieron, personajes como Patricia Caicedo Omar, hermana del gobernador Carlos Caicedo, y quien gerenció esta empresa en su tiempo, ha acudido a recursos jurídicos para tratar de recuperar el manejo que en su momento les quitaron bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, y que Gustavo Petro aún les tiene vedado… ¡Por algo será!

Precisamente, uno de estos recursos fue noticia hace pocos días, cuando el juez décimo administrativo del Circuito de Santa Marta le falló a favor y ordenó -contra todo pronóstico- que se declare nula la intervención de la Essmar; dicho de otro modo, que la Essmar vuelva a manos del manejo de la Alcaldía de Santa Marta, es decir, del caicedismo.

Yo sé que alguno de los 4 gatos que me lee podrá decirme: ¡Nojoda Polo! Pero confía en la justicia, ¿o es que acaso vas a creer que con la medida lo que pretenden es hacerles el favor al caicedismo? A lo que yo respondo: ¡Piensa mal y acertarás!

El fallo -que se produjo el pasado 26 de julio con una sentencia emanada por el juez 10 administrativo del Circuito de Santa Marta, Romualdo José Gómez Andrade– en realidad no debió haber sido fallada por este juez, por lo que -de entrada- ¡tiene un grave vicio de nulidad!.

Si tú, yo, o quien quiera hacerlo, ingresa al sistema SAMAI, en el que se pueden ver las anotaciones de los expedientes judiciales, se darán cuenta que hay una anotación con fecha del 17 de marzo de 2023, que señalaba que esta demanda debía ser enviada al juez de Descongestión asignado en el reparto. Sin embargo, el juez Gómez decidió seguir con este en su despacho, pese a no ser competente para ello.

¡Su nombre -el del juez- me sonaba!, por eso es por lo que, con la malicia periodística propia de los que sospechamos, se me dio por buscar su cédula en las bases de datos públicas y me encontré con un homónimo: Romualdo Gómez Pinilla, SU PAPÁ.

Para los que no saben, el papá del juez que falló a favor de Patricia Caicedo es dueño de una empresa llamada Decolda (sociedad anónima), empresa contratista (¿adivinan de quién?) … ¡De la Alcaldía!, Dicho de otro modo, el papá del juez es y será contratista del mismo ente territorial que -si las cosas se le dan al caicedismo- comenzará a ser administrada por, nada más y nada menos, la demandante, Patricia Caicedo. ¿Pillan lo que pillo?

Pa que vayan viendo la vaina, Decolda es la interventora de la concesión de Amoblamiento Urbano, uno de los pocos privados que le han funcionado al caicedismo de maravillas, y para quienes SÍ QUE NO aplica el discurso de que las concesiones son negocios de politiqueros que hay que desmontar.

De hecho, parece tan rentable el negocio, que Rafael Alejandro Martínez, uno de los alcaldes del caicedismo (2016-2019), le renovó el contrato de intervención al papá del juez durante una década, después de unas facultades que le entregó el Concejo de Santa Marta en el año 2018.

Por este y otros negocios, el papá del juez se puede dar el lujo de reportar es su declaración de bienes y rentas que, durante un solo año, generó ingresos por más de $2 mil millones de pesos. ¡Gracias en buena parte al caicedismo!

¡No me vengan con cuentos! Que a este juez le cabe una explicación bien grande: ¿A cuenta de qué decidió quedarse con un proceso que, por competencia, ni siquiera le correspondía? ¿Por qué en su declaración juramentada como impartidor de justicia, jamás reportó como eventual inhabilidad tener un papá que, no solo es contratista de la Alcaldía, sino que además gana miles de millones por eso?

¡Acuérdense! Que no es la primera vez que el caicedismo da muestras de tener amiguismos en la rama judicial. No solo se los conté una vez el caso del magistrado penal Carlos Milton Fonseca y los negocios de su hermana, sino que en otra ocasión les hablé de ‘los buenos amigos’ de Carlos Caicedo.

Al paso que vamos, al único en Santa Marta al que le van a quitar la sed es al caicedismo, el resto de los 500 mil habitantes, que sigamos mamando.

¿El poder para qué?

En aquel viejo blog revelé la manera en que el entonces gobernador del Magdalena (2012-2016), Luis Miguel Cotes (político de ‘los de antes’), otorgó un contrato por $17 millones 500 mil pesos del erario a una estudiante de derecho para que ejecutara labores de prestación de servicio ‘profesional’ durante 7 meses como ‘asistente judicial’.

La beneficiaria de esa oportunidad laboral resultó nada menos que la novia del hermano del entonces gobernador. (Si te quieres acordar de ese blog, píllalo aquí).

¿Pa qué te cuento esa vaina? Pa’ que te enteres de que, una década después, cuando se supone que llegó el cambio al Magdalena, la cosa no es igual, sino peor que antes, pues quienes manejan los hilos del caicedismo, lo hacen para darles contratos a sus propios familiares -incluyendo a parejas sentimentales- llegando incluso a la bajeza de hacerlo usando la plata de la salud.  

El que te traigo es apenas un ejemplo. Su nombre es Hugo César Vega Rodríguez, pareja de Patricia Caicedo Omar, hermana del gobernador del Magdalena, por lo menos desde el año 2021.

Ya desde esas épocas, Patricia Caicedo usaba el manejo político del Dadsa, entidad ambiental de Santa Marta donde ejercía como directora, para darle contratos a su pareja: como este, del 10 de junio de 2021 (cuando ya se conocía de la relación de ambos), Patricia Caicedo le dio un contrato de 17 millones 500 mil pesos (si no me crees míralo aquí) al fotógrafo para realizar “actividades de comunicación”.

Después del Dadsa, vinieron contratos de la salud… (Sí, de esa salud que debería ser para atender a los pobres desprotegidos del departamento). Específicamente en la ESE Hospital de Zona Bananera, uno de los municipios más pobres del Magdalena.

Allí, en ese hospital, la gerencia de turno sacó recursos públicos para pagarle, no uno, ni dos, ni tres ni cuatro, sino 8 contratos de supuestas prestaciones de servicio en comunicaciones al parejo de Patricia Caicedo.

El más reciente de estos, el 3 de enero de 2022, el fotógrafo recibió un contrato de -váyanse pa’ atrás- 36 MILLONES en ese empobrecido hospital.

Los 4 Gatos que me leen dirán: ¡Nojoda Polo! ¿Pero eso te sorprende? Si los politiqueros quieren agarrar la marrana del poder es pa eso, pa’ comérsela a pedazos. Y a esos 4 gatos yo les respondo: sí claro, yo lo sé. Pero lo que a uno no le pasa es que con una mano hagas bandideces y con la otra te persignes. ¡Y así es el caicedismo!

Lo que pretendo con este blog -a fin de cuentas- no es criticar que al fotógrafo lo contraten (sus servicios habrán tenido que prestar y, si no lo hizo, ahí sí que lo investiguen), lo que no debemos dejar pasar son esas actitudes de nuestros gobernantes, que en redes y ante sus cámaras, se las quieren venir a tirar de lo que no son. ¿Te acuerdas de Carlos Caicedo Ante la inminente llegada de la Supersalud a intervenirle el hospital?

 

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Cuando de pelear sus manejos politiqueros se trata, los gobernantes están ahí en primera fila para hablar de austeridad, de ahorro de recursos y de cómo los demás se dilapidan los dineros de la salud. Ante eso yo le pregunto ahora a Caicedo: ¿por qué jamás ha dicho nada de los contratos de la salud del que ahora mismo es su cuñado?

Ahora… ¿Sorprenden estas cosas? La verdad es que a mí no, pues, después de todos estos años cubriendo a los gobernantes de ahora, lo he visto todo, hasta cuando Patricia convirtió al de tránsito en su propio cuidador. ¡Apague y vámonos!

Pa poderte contar este blog, primero tienes que conocer la historia de la familia Escalante Charris y cómo la vida de ellos dio un giro radical el 31 de agosto del 99. Ellos vivían en Pivijay. ¡Plena época paramilitar! En una población donde mandaba el terror de las armas.

Roberto Luis Escalante, uno de los hijos de una numerosa familia, era un profesor de la población que contó con la mala suerte de caer en una redada de paramilitares. Años después, frente a una magistrada de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena, Roberto contaría su terror: “Me secuestró el grupo del comandante Esteban”, recuerda.

El reloj y los zapatos que le habían robado los paramilitares era apenas un pequeño aviso premonitorio de la mala suerte que el destino le guardaba, si no hubiera hecho algo por salvar su vida. Roberto vio cómo a otras personas que también habían secuestrado las comenzaron a “cortarlas y echarlas en pedazos al río”, según él mismo relató al juez.

Al ver la brutal escena, se atrevió a pedir hablar con el jefe paramilitar y le ofreció pagarles a cambio de que lo soltaran. Milagrosamente el paramilitar aceptó.

Aunque su liberación implicó -de paso- la incursión de los paramilitares a la vereda Cinta Roja, corregimiento de Media Luna, donde por años, tres generaciones de su familia habían construido sus vidas, materializadas en 4 predios con una extensión de casi 100 hectáreas. Tierras que tanto él como toda su familia tuvieron que dejar, junto a otros pobladores, esa misma noche, cuando el asesinato de una pareja de esposos y los incendios de unos predios desencadenaron en lo inevitable: el desplazamiento forzado.

“Se metió un grupo armado que nos obligó a desalojar las tierras, tuvimos que dejarlo todo: animales, gallinas, caballos, mulos, aves de corral. Después de que nos despojaron la finca quemaron unas casas que estaban en el predio. Tuvimos que irnos, como dicen vulgarmente, con las manos en la cabeza. No teníamos con qué vivir y éramos un grupo numeroso”, relató ante el Juez (ver testimonio).

Este fue apenas el primero de dos despojos. Años después -pese a la permanente amenaza de muerte de todo aquel que se negara a las pretensiones de paramilitares- el papá y jefe de la familia, Julio Escalante Polo, se negaba a dejar la tierra que su padre había iniciado en el año 66 y que él y sus hijos habían continuado. Pero aunque intentaron entrar pagando vacunas al jefe de la zona, pero la orden directa de una amenaza lo obligó finalmente a irse. Era vivir o morir.

“Ya yo vivía en Santa Marta y le dije a mi papá, que ya habían matado a unos profesores, unos campesinos. Eso era en 2002”.

Y es justo unos meses después -año 2003- cuando entra en esta historia el protagonista de este blog, Roberto Campo Severini, en ese momento un prominente funcionario, secretario de Salud del Magdalena, quien llegó con una propuesta que la familia, ya en la ruina y pasando hambre, se vio obligada a tomar: vender sus tierras de toda su vida por cualquier peso.

Campo Severini, primo de Saúl Severini, un jefe paramilitar que sembró el terror en la zona de Pivijay y otros municipios, se aprovechó de la necesidad. Los ponía a esperar horas fuera de su oficina para darles de a $200 y $500 mil; pagos a retazos para matar el hambre a cambio de la tierra perdida.

Como el negocio nunca se concretó en algunos de los predios, Campo Severini, que se convirtió en poseedor de las casi 100 hectáreas, terminó falsificando las firmas del propietario para legalizar las transferencias de una de las propiedades. El señor Julio, soporte del hogar, murió el 9 de enero de 2015, con la esperanza de, en algún momento, ver recuperadas las tierras perdidas.

Fue una lucha jurídica que se inició en 2017, dos años después de la muerte del campesino jefe del hogar, y que el pasado 29 de julio de 2020 – gracias a la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, honró la muerte del hombre que en vida luchó por recuperar el hogar de su familia. En días pasados, esta restitución se materializó. (Lee aquí la sentencia completa)

La historia se las quise contar porque esta decisión judicial ratifica las advertencias que hicimos a través de Twitter el sábado 16 de mayo, cuando, ante la mirada de todos, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien se jacta de ondear banderas de la izquierda y los pensamientos de la guerrilla desmovilizada, pretendía posesionar como gerente del hospital Santander Herrera de Pivijay a este personaje, repito, primo hermano de un jefe paramilitar y -como este fallo judicial lo demostraría también- un poseedor de tierras despojadas.

Este es Roberto Campo Severini, investigado por poseer tierras despojadas forzosamente a sus dueños originales, primo de jefe paramilitar haciéndole política a @carlosecaicedo. Hoy lo designan gerente de hospital en Pivijay. @carlosecaicedo es un político como todos, sépanlo. pic.twitter.com/RdmZdx4zGF

— Polo Díaz-Granados (@PoloDiazG) May 16, 2020

Ante la evidente denuncia, Caicedo corrió a tratar de tapar su pretensión de entregar la salud de Pivijay a estas personas y -en una desembarrada preventiva- decidió, a último minuto, desmontar a Campo Severini y posesionar a la que hoy es la gerente, Mayra Alejandra Castro Brito. Todo esto, pese a que minutos antes el controvertido Campo Severini había hecho un video declarando su posesión.

Como sé que @carlosecaicedo es especialista en voltear todo y pretenderán decir que ESA TAL DESIGNACIÓN de Roberto Campo Severini no existió, les dejo este video grabado hoy. Lo montaron y lo desmontaron ellos mismos porque se conoció la verdad. pic.twitter.com/FJyZU40kVp

— Polo Díaz-Granados (@PoloDiazG) May 16, 2020

Con este blog ratifico las denuncias que hicimos en su momento y que Caicedo, en vez de reconocer, calló de manera descarada.Tanto así que -aunque desmontó al polémico personaje de la gerencia- literalmente miró hacia otro lado y permitió que Roberto Campo Severini -sin el cargo de gerente- igual se pasee por el hospital como Pedro por su casa, amparado en un contrato de 10 millones 500 mil que lo acreditan como asesor de la gerencia que él debe considerar que es suya. ¡El poder tras el poder!

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P. D. Mi opinión: muchos políticos, por más de que se monten en discursos e ideales que denotan una posición definida, al final no son más que aves de rapiña que acuerdan lo que haya que acordar, que se sientan con quien se tengan que sentar, para garantizar sus más íntimas pretensiones personales: seguir agarrados del poder. ¡Pero sus acciones los delatan!