Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Mientras en Belém do Pará, Brasil se desarrolla la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima donde se reúnen líderes mundiales para acordar medidas de sostenibilidad, al otro lado del Atlántico un acontecimiento aparentemente trivial encarna la contradicción del siglo XXI: la apertura de la primera tienda física de Shein en el corazón de París.

El propósito de la cumbre es ahondar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, en un planeta que ya supera límites críticos de temperatura y recursos naturales.  A su vez,  los países realizan la presentación de nuevos planes de acción nacionales y los avances en los compromisos financieros contraídos en la COP29.

Brasil, el país anfitrión y guardián de gran parte del pulmón del mundo, busca proyectar liderazgo ambiental mientras enfrenta sus propios retos internos: deforestación, dependencia extractiva y desigualdad. Sin embargo, la cruel paradoja se hace evidente en París, donde un comprador de la nueva tienda de Shein en el centro comercial BHV resume la tensión global en una frase demoledora: “Llegar a fin de mes es más importante que el fin del mundo”. La declaración refleja, con brutal honestidad, la jugada del magnate Frédéric Merlin, propietario del BHV, que decidió asociarse con una marca cuestionada para salvar su compañía.

Shein, gigante chino de la moda ultrarrápida, ha conquistado al mundo con precios irrisorios y miles de nuevos productos cada semana. Su modelo de negocio se basa en la inmediatez: producir, vender y desechar con una rapidez que refleja la lógica de un sistema al borde de su propio colapso. Prioriza el crecimiento constante, la producción masiva y el consumo rápido, sin considerar los límites de recursos naturales ni el bienestar humano.

Hasta hace poco, Shein operaba casi exclusivamente en el entorno digital. A pesar de sus múltiples denuncias, desembarcó en París —la capital mundial del lujo y la moda— marca, por tanto, un punto de inflexión. No se trata solo de una estrategia comercial, sino de un gesto simbólico: la entrada del fast fashion en el santuario del refinamiento y tradición  artesanal. Mientras Francia refuerza políticas para reducir su huella de carbono, miles de jóvenes hacen fila para comprar prendas efímeras a precios irrisorios. La ciudad que vio nacer el prêt-à-porter (listo para usar) parece, poco a poco, rendirse al prêt-à-jeter (listo para tirar).

Desde su apertura, la tienda ha sido escenario de protestas y debates encendidos. Activistas y ciudadanos denuncian las condiciones laborales en las fábricas proveedoras, la contaminación derivada del modelo de producción y la incoherencia de una sociedad que exige sostenibilidad, pero premia la inmediatez.

No se trata solo de una marca, sino de un síntoma global. La lógica del consumo rápido perpetúa los mismos patrones que la COP30 intenta revertir: explotación de recursos, desigualdad laboral y deterioro ambiental. Ignorar este tipo de prácticas comerciales sería aceptar que el cambio climático se combate con discursos, no con coherencia. La responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos o las empresas. Cada consumidor forma parte de la ecuación. Apostar por la moda circular, la reutilización y por los emprendimientos locales sostenibles es, hoy,  una forma concreta de resistencia.

En Colombia, por ejemplo, el auge de comprar local demuestra que es posible vestir con estilo y con la conciencia de no sacrificar el planeta. También abrirnos a la posibilidad de las tiendas de segunda mano, los intercambios de ropa y los materiales reciclados ya que no son solo tendencias pasajeras, sino respuestas concretas a un modelo económico intensivo hacia uno basado en la eficiencia, la reparación y el valor duradero .

Porque el cambio climático no se detiene en las cumbres internacionales. Empieza en los armarios, en las decisiones de compra y en la valentía de mirar más allá del precio y ver el costo real de lo que vestimos.

El 11 de agosto de 2021 le dije adiós al ser que me dio la vida. Cuatro años después, en su aniversario, me levantécomo cada año con esa sensación de estar reviviendo aquel día. Sin embargo, esta vez se sumó una noticia que me golpeó aún más, ver a un niño, casi de la edad de mi hija, despedirse de su padre.

Yo tuve que decirle adiós a mi madre a causa de una enfermedad. En el caso de Alejandro, él perdió a su padre por una causa tristemente normalizada y repetitiva en nuestro país: la violencia y la intolerancia.

Los días siguientes fueron más amargos para todos. Escuchar las palabras del padre y de la esposa de Miguel nos apretó el corazón como pocas veces en la vida. Era una mezcla de frustración, impotencia y tristeza absoluta. El día del entierro fue inevitable no pensar en ese pequeño y ver en él a mi hija. Esa inocencia que llevan todos los niños de su edad me recordó que, aunque mi despedida fue dolorosa, tuve la fortuna de compartir muchos años con mi madre y hasta cuidarla durante su cáncer. Qué cruel es, en cambio, que un niño se despida con tanta ternura y sin una verdadera conciencia de lo que significa la pérdida, frente al féretro de su padre.

A Alejandro le arrebataron algo invaluable, la oportunidad de crecer junto a su papá. Lo pienso y me cuesta imaginar un solo día sin besar a mi hija, sin darle las buenas noches o llevarla al jardín. Esos momentos únicos que solo los padres conocemos se los arrebataron a Alejandro para siempre, junto a su padre.

Como él, muchos otros niños han sido víctimas de la violencia, dirán algunos. Pero lo cierto es que ningún niño de cuatro años debería enterrar a su padre por el simple hecho de expresar y defender sus ideas. Dejemos a un lado las miradas obtusas que buscan cuestionar lo incuestionable,hoy Colombia está de luto. Más allá de las diferencias ideológicas, lo que ocurrió fue el asesinato de un líder político que creía en el juego limpio. Con su muerte, también se asesinó la posibilidad de hacer política desde las buenas formas, y ese eco ensordecedor transmite a los jóvenes un mensaje equivocado: que en Colombia no hay espacio para quien piensa distinto.

Todas las vidas valen. Todas las víctimas de la violencia nos duelen. Pero sobre todo, duele seguir repitiendo la misma historia. Me niego a creer que un líder político con un futuro prometedor, el senador más votado del país, disciplinado, juicioso en su ejercicio político y ejemplo para otros jóvenes haya terminado como su madre a la misma edad, silenciado por el odio y la criminalidad. Y más aún, que le hayan arrebatado la posibilidad de perseguir su sueño de convertirse en presidente de Colombia.

El magnicidio de Miguel Uribe me hace reflexionar profundamente como ciudadana, pero sobre todo como madre: ¿qué futuro les espera a nuestros hijos en Colombia? No quiero pensar que ese futuro está fuera del país, porque sería el triunfo de los tiranos, de los enemigos de la libertad, de quienes insisten en vivir de la criminalidad y de los que, directa o indirectamente, la fomentan.

El futuro de los niños de Colombia, como el de Alejandro, está en nuestras manos. El mejor gesto de solidaridad con él y su familia es mantenernos firmes y con convicción para defender la democracia. El debate de las ideas no se gana incitando al odio o silenciando a quien piensa distinto, sino en el pleno ejercicio democrático: en las urnas, respetando la soberanía popular.

Lo que le hicieron a Miguel no puede quedar en el olvido. El mensaje a las nuevas generaciones debe ser contundente, debemos defender los valores y jamás justificar la violencia, porque así como las armas, las palabras nos están sepultandoy no están llevando a lo equivocado, a poner las ideologías por encima de la vida. Cuando se trata de defender la existencia, hay que aprender a despojarnos de la camisetapolítica y en esa desnudez actuar como humanidad. 

Porque si permitimos que la violencia siga dictando el rumbo de nuestra historia, no solo estaremos enterrandolíderes, también estaremos condenando a nuestros hijos a repetir la misma historia y a enterrar el futuro de Colombia.

Por: Ornella Suárez Vidal

En la conversación diaria se repite con frecuencia la misma premisa: que nos encontramos en un país polarizado entre la derecha y la izquierda, o ahora entre el “petrismo” y el “antipetrismo”. Sin embargo, antes de la denominada polarización, Colombia ya estaba rota, y esa condición persiste. El país no está roto por las posturas ideológicas ni por la coyuntura nacional. Colombia está rota por una huella histórica de brechas estructurales en la educación, la economía, el tejido social y cultural.

En el caso de las brechas educativas, vemos cómo las oportunidades en la vida y el acceso a ellas parten desde allí. Los niños que estudian en zonas rurales casi siempre se enfrentan a una educación llena de deficiencias: infraestructura precaria, falta de transporte, ausencia de docentes, entre muchas otras carencias. Por el contrario, los niños que estudian en las ciudades acceden a una educación de calidad, con bilingüismo, instalaciones modernas y, algo muy importante hoy en día, el acceso a internet, que se ha convertido en la fuente primaria de información.

El último censo realizado por el DANE revela que la cobertura de internet en las zonas urbanas es del 70,5 %, mientras que en las zonas rurales apenas alcanza el 41,4 %. Es decir, la diferencia en el acceso entre ambos contextos es de 29 puntos porcentuales. Pero el escenario es aún más crítico si se observa lo encontrado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana: solo el 9,3 % de las instituciones en zonas urbanas carecen de conectividad a internet, mientras que en las zonas rurales el 79,8 % de las instituciones no tienen acceso.

La brecha educativa es una realidad conocida, pero ignorada. Es una brecha silenciosa, y a la vez la génesis de muchos de los problemas que se desencadenan en consecuencia: la persistencia del ciclo de pobreza y la marginación social. Porque lo cierto es que cuando se garantizan todas las condiciones para una educación de calidad, se abre la puerta a la educación superior y, posteriormente, al mundo laboral.

Hay otra verdad incómoda: Colombia está rota porque no conoce sus raíces. Los que llamamos coloquialmente como “bien acomodados” no saben, ni quieren saber de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas. Lejos de las posiciones políticas o ideológicas, los colombianos desconocemos, en muchos sentidos, nuestra cultura, nuestras costumbres y los saberes de nuestros orígenes. Lo que existe es una desconexión cultural que ha imposibilitado la construcción de una identidad nacional sólida. Mientras tanto, persisten el clasismo, el racismo y la discriminación generalizada.

Por otro lado, quienes sí entienden dónde radican los problemas que dividen a los colombianos, capitalizan esa fractura en la sociedad en discursos robustos que dividen más y en el fondo no trascienden en resultados concretos ni en reformas estructurales. Esta línea discursiva es tan poderosa que se camufla en una narrativa de polarización, cuya finalidad es efectiva: conecta con millones de colombianos, porque toca todos sus dolores más profundos la exclusión, la marginación, las condiciones de vida desfavorables, la violencia, la pobreza, heridas históricas que aún duelen.

Así, mantener la narrativa de la polarización sigue siendo una estrategia rentable, pero no genera un diálogo constructivo ni mucho menos fomenta soluciones a los problemas estructurales del país. Lo primero que se debe hacer es reconocer que en Colombia no vivimos divididos en dos mitades: estamos fraccionados en miles de realidades. Por eso, se hace necesario construir un diálogo honesto, lejos de partidos y posturas políticas, un diálogo que nos permita reconciliarnos y reparar las brechas. Porque de nada sirve pegar los pedazos si no se cura lo que está roto.

Si el señor presidente Gustavo Petro, o más exactamente, Alfredo Saade en conjunto con Isabel Zuleta dejan que haya elecciones presidenciales el próximo año, tendremos una de las contiendas más diversas del nuevo milenio. Algunos pregonan equivocadamente que la gran cantidad de precandidatos se debe a que, dada una mala administración, cualquiera lo puede hacer mejor y se lanzan al ruedo. Pero no mi querido amigo opositor, en Colombia, desde antaño, todo el mundo quiere ser presidente, excepto claro, un gran sector de politólogos a los que no nos gusta el poder, – o eso decimos, en un bajo o alto entendimiento de la política colombiana -. Y esta última idea es lo que nutre nuestra democracia, la cual siempre debemos proteger.

Antes que nada, no dejan de preocupar las diversas declaraciones de varios políticos de las alas más extremistas tanto en el petrismo como el uribismo. Personas como Izabel Zuleta o Alfredo Saade, inclusive el ahora gran enemigo y golpista Álvaro Leyva han manifestado que Petro debe reelegirse, y peor, que debe durar 20 años en el poder, que para eso quieren una constituyente. Paloma Valencia aprovechando esto, manifiesta que entonces Álvaro Uribe también debería reelegirse, que sea el presidente eterno como lo llaman varios de sus afines. Si usted querido lector es amante y dice proteger la democracia sabe que uno de sus pilares es el cambio de poder, cambio de mando, cambio, transición, periodos definidos, un final. De esta manera se debe hacer un llamado rotundo a no impulsar una constituyente extremadamente peligrosa para el bienestar democrático colombiano. De igual manera, el llamado se extiende también a la protección de las diferentes entidades que conforman el Estado colombiano, en las tres ramas del poder, Judicial, Ejecutivo y Legislativo además de los órganos de control.

La democracia no está soportada únicamente en el cambio de poder y la fortaleza e independencia de los órganos que integran un Estado. Demos = pueblo, Cracia = kratos = poder, ¿Qué significa esto?, que todo el pueblo puede integrar las ramas del poder. Pero, ¿Cuál pueblo? ¿el de Petro? ¿el de Uribe? ¿el de Lucho Garzón?, la respuesta es simple para el caso colombiano, TODO el pueblo, sin importar su color de piel, genero, creencias, etc. Obviando la lógica de la preparación intelectual para asumir un determinado cargo. Para el caso del poder ejecutivo en su máxima dignidad (presidente), tan solo se requiere ser Colombiano, Ciudadano en ejercicio, tener 30 años y haber vivido en el territorio nacional un buen periodo de tiempo. Es simple ¿no?, la constitución es muy democrática en este sentido. Lo anterior explica la gran cantidad y diversidad de precandidatos presidenciales, no querido amigo opositor, no es porque Petro lo esté haciendo mal o bien, es el simple deseo y derecho de cualquier colombiano de querer acceder al mayor cargo en un ejercicio democrático.

A día de hoy, hasta Batman quiere ser presidente. Este bogotano, John Edison Mosquera Blanco, logro dar el primer batacazo frente a por lo menos 40 precandidatos más, se dio a conocer, es viral en medio de lo que parece chiste, pero en realidad es algo muy serio. Por un lado, la comunicación política, la publicidad en este mundo, no es para nada diferente a la de cualquier producto, o la de un concurso de belleza o reality show, usted tiene que convencer a la gente, con gracia o con drama, tiene que saber vender, saber venderse, el posicionamiento de marca está entre otras cosas, en, ¿cuánto están hablando de usted? El drama está y ha estado presente también en las elecciones presidenciales, lastimosamente en un país tan violento, sigue siendo una lamentable forma que inevitablemente se usa por los precandidatos y sus afines.

Habemus democracia, 75 precandidatos no es una cifra para nada despreciable, la diversidad propia de un país plural como este se ve claramente reflejada. Los 75 no son solo gobiernistas, ni solo opositores, ni tampoco solo antisistema (outsiders), esa larga lista está integrada por todas las orillas ideológicas presentes en nuestro país. De esta manera el pueblo colombiano, todo, se puede sentir libre en una especie de gran Buffet donde puede elegir lo que quiera para llenar sus expectativas, afortunadamente no es un menú reducido entre pescado dañado y frijoles crudos, como es el caso de los vecinos. De aquí surgen varios problemas, el principal es la elección, ¿cuál es el que mejor satisface tus necesidades? A menos de un año se espera que estas columnas acompañadas de diferentes herramientas sean el mesero perfecto para que usted querido lector elija la opción que más encaja con sus preferencias y se siga nutriendo el bello ejercicio de la democracia.

No, la democracia no es perfecta, tiene varios problemas, como la dificultad para concretar proyectos que no se vean frenados por la idea del contrario de creer hacerlo mejor. Pero es lo que por ahora más nos acerca a la racionalidad, nos aleja de la instintiva violencia, en medio del dialogo y la paz se busca un estado de bienestar general. Las diversas ideas la nutren constantemente, procura un estado de igualdad para todo el pueblo. Debemos protegerla de proyectos equivocados y atornillamientos en el poder. Siempre debemos buscar esa libertad y pluralidad en la elección, en una competencia sana y equitativa, puede ganar la mejor opción.

Un plan para tumbar al presidente de Colombia, armado por alguien que estuvo en su Gobierno y que involucraría a Estados Unidos. Un atentado contra un precandidato presidencial de oposición, que pudo haber sido ordenado por la mafia internacional con participación de disidentes colombianos y narcos ecuatorianos. Y un viaje sin explicación del presidente colombiano a la ciudad de Manta, Ecuador.

Estos tres macro hechos hacen parte de la trama del thriller político de los últimos dos meses, que estamos viviendo en vivo y en directo en Colombia, como antesala de una campaña presidencial que se anticipa convulsa.

El ambiente enrarecido que se ha creado por esta mezcla de información ha llevado a que la conspiración se haya tomado la política colombiana y cada cual está organizando su narrativa como más le conviene.

A los candidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe los acusan de estar incluidos en el plan del excanciller Álvaro Leyva para sacar a la fuerza de su cargo al presidente Gustavo Petro, con la participación de los gringos, grupos armados y líderes gremiales.

También hay quienes afirman que el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio pasado en Bogotá, fue parte del plan para hacerle un golpe de Estado al presidente Petro.

Mientras que, por otro lado, a Petro lo señalan de planear el atentado contra Miguel Uribe junto al narco ecuatoriano alias “Fito”, recientemente capturado en su país.

Revisemos los hechos.

Primer hecho: a los paranoicos también los persiguen

El presidente Petro varias veces ha dicho que le quieren dar un golpe para sacarlo del poder y, hasta ahora, esas habían sido teorías poco creíbles o delirios de persecución en reacción a actuaciones judiciales, movidas políticas o publicaciones periodísticas. Ataques sí, pero no intentos por tumbarlo.

Solo hasta que el domingo pasado el diario El País publicó los audios del excanciller Álvaro Leyva es que conocimos por primera vez evidencias concretas de un plan político, económico y criminal por querer tumbar a Petro. Que lo esté planeando un “viejo de 82 años”, como excusan muchos para quitarle gravedad al hecho, no implica que no se fuera a ejecutar.

Se dice que el excanciller Álvaro Leyva, ofendido por no haber sido nombrado en otro cargo después de su salida obligada por una suspensión de la Procuraduría, se dedicó a planear el golpe contra Petro y para eso buscó el apoyo de los gringos, desde asesores del gobierno Trump hasta congresistas republicanos que odian cualquier cosa que huela a izquierda.

El periodista Juan Diego Quesada, que publicó los audios en El País, aseguró que está “100 por cien documentado” la reunión con los republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Y aunque esos congresistas gringos niegan su participación en el plan y dicen que les “causa risa” la denuncia, no negaron encuentros o acercamientos con Leyva. La versión de su participación en el plan es creíble, teniendo en cuenta el largo historial de los gringos por desestabilizar o tumbar gobiernos de izquierda en Latinoamérica.

Pero no solo son audios, el periódico El País también tiene testimonios de personas que se reunieron con Leyva quienes detallan las intenciones del excanciller: “Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez (…) La ayuda de los americanos era muy importante”.

En los audios, Leyva menciona varios nombres, entre ellos los de los precandidatos presidenciales de la derecha Vicky Dávila y Miguel Uribe, aunque parecen ser solo ideas al aire y no una participación concreta de ambos políticos. O por lo menos así lo deja ver en la minientrevista que la periodista-candidata Dávila le hizo al excanciller para intentar limpiar su nombre.

En esa conversación, Leyva solo apunta a decir que él “no es golpista”, pero no niega sus planes con los gringos y con grupos armados ilegales. “Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (…) Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (…) Yo he hablado con los gremios más importantes (…). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo”, es otra de las frases que se le escucha decir a Leyva.

El excanciller no aclara en su minientrevista con Dávila los acercamientos con el Clan del Golfo o el ELN y su pasado permite creer que es posible que estuviera organizando un complot con grupos ilegales contra un presidente, como lo hizo contra Samper en los años 90 y recientemente en 2014 como emisario del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga para que las Farc negociaran con ellos y no con el entonces presidente Santos.

Así que las dudas sobre un plan para tumbar al presidente Petro, orquestado por Leyva y con la participación de los gringos y grupos armados ilegales, aún están lejos de ser aclaradas.

Segundo hecho: ¿Quién y para qué ordenaron el atentado contra Miguel Uribe?

Desde que ocurrió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, se han intentado construir varias hipótesis para señalar al presidente Petro como uno de los autores intelectuales del atentado.

La inicial apuntaba a que el joven sicario era un petrista radical, incluso de primera línea, que había disparado alentado por un discurso de odio promovido contra el senador uribista. Muy rápidamente se resolvió que él actuó por fines económicos y que detrás suyo había una estructura criminal sofisticada.

En otro intento por establecer la relación entre Petro y el atentado, la semana pasada los abogados de Uribe Turbay presentaron una demanda contra el presidente señalándolo de “hostigamiento” por más de cuarenta trinos que, en medio de su ejercicio político, publicó el presidente contra el líder opositor.

Según la demanda, con esas publicaciones Petro creó un ambiente hostil que propició el atentado, aunque el mismo abogado que presentó la denuncia ampliamente difundida en los medios, aclaró que eso no significaba que estuvieran responsabilizando al mandatario del lamentable hecho.

El atentado contra Uribe Turbay ha servido para aprovechamiento político no solamente desde la derecha que lanza su dedo acusador a Petro, sino también del mismo Gobierno. Tanto el presidente como su ministro del Interior, Armando Benedetti, han dicho que después del senador, ellos han sido los más afectados con el atentado que, según la hipótesis que manejan, buscaba desestabilizar al Gobierno.

La teoría fue recogida de forma aún más radical por el precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien primero dijo que el atentado había sido organizado por el Clan del Golfo para beneficiar a Vicky Dávila.

Y en un trino reciente, combinó los dos macro hechos al afirmar que las grabaciones a Álvaro Leyva probaban que el atentado a Miguel Uribe hacía parte del plan para intentar tumbar a Petro de la Presidencia, una interpretación que desmintió el periodista que escribió la nota para el periódico El País.

Lo cierto es que sobre el atentado a Uribe Turbay hay pocas certezas aún, pero “la pista Caquetá” es la hipótesis que más fuerza ha tomado desde la Fiscalía. Esto es que desde este departamento vino la orden de alguna de las dos disidencias de las Farc que se disputan ese territorio, las de los “ivanes”: Iván Mordisco o Iván Márquez.

Aunque esta la hipótesis que hoy cobra más fuerza, inicialmente los reflectores de la investigación se habían puesto en Ecuador por una filtración que publicó el periódico El Tiempo, según la cual quien organizó el atentado en el barrio Modelia, conocido con el alias de “El Costeño”, recibía órdenes de alguien en Ecuador llamado “El Churco”, de quien se especuló, aún sin pruebas concretas, que también habría estado detrás del atentado contra el excandidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio.

Tercer hecho: Manta y la opacidad de la agenda de Petro que alimenta teorías conspirativas

El más reciente intento por vincular directamente al presidente Petro como responsable del atentado a Miguel Uribe Turbay se dio por otra combinación de sucesos: la mención sobre “El Churco”, las entrevistas que dio la hija del excandidato Villavicencio a medios colombianos y el misterio frente al viaje de Petro a la posesión de Daniel Noboa a final de mayo pasado.

El viaje del presidente Petro a la ciudad costera de Manta, Ecuador, que no fue informado y que después se hizo pasar como parte de su “agenda privada”; ha servido como especulación para afirmar que el presidente colombiano se reunió en esta región ecuatoriana con el narco alias “Fito” para planear el atentado contra el senador opositor.

La teoría de una alianza criminal trasnacional de izquierda para quitarles la vida a políticos de derecha, se ha alimentado con declaraciones como las que dio Amanda Villaviencio, hija del candidato asesinado, en Blu Radio.

“Hay un escenario de responsabilidades políticas (…) Vemos cómo las tiendas políticas (partidos) que han tenido vinculaciones con el crimen organizado, se declaran como víctimas. En el caso de Ecuador a los pocos minutos del asesinato de mi padre el correísmo se declaraba como víctima del crimen y vemos también a Petro diciendo que él es quien va a pagar los platos rotos”, dijo la hija del candidato al hablar de las similitudes que según ella había en los atentados contra su padre y contra el senador uribista.

Esta declaración sirvió de insumo, además, para que el opinador Mauricio Vargas afirmara en El Tiempo que el presidente Petro debía despejar “inquietantes dudas” sobre su viaje a Manta, Ecuador. Una publicación que en las últimas horas impulsó aún más la teoría conspirativa de la supuesta responsabilidad de Petro en el ataque contra Uribe Turbay.

Sobre la permanencia del presidente en una casa de esta ciudad, se han ventilado otras teorías relacionadas con su supuesta adicción, sobre reuniones con alias “Fito”, no para atentar contra Miguel Uribe, sino para que le ayudara a tener acercamientos de paz con las disidencias; y sobre reuniones secretas con líderes opositores de Ecuador. Pero nada está probado.

Al turbulento cúmulo de teorías se le sumó una información publicada por Noticias Uno, según la cual el narco alias “Fito” envió una carta a la embajada colombiana en Ecuador para que el gobierno Petro sirviera como mediador para su entrega, lo que fue desmentido por los gobiernos de los dos países. Y aunque la carta existió, la Cancillería en Colombia aclaró que nunca se comprobó su autenticidad y que en ningún caso se hicieron gestiones relacionadas con este narcotraficante.

La supuesta reunión de Petro con “Fito” fue desmentida por la Casa de Nariño en un comunicado y por el presidente en su cuenta de Twitter, en la que dijo que la acusación era una “leyvada más” -en referencia a Álvaro Leyva- y hacer parte de las que llamó “falsedades de la extrema derecha”.

No hay evidencias, entonces, que apunten a que la “agenda privada” en la que estuvo el presidente colombiano entre el 24 y el 26 de mayo esté relacionada con un encuentro con el criminal ecuatoriano para planear el atentado contra Miguel Uribe. Sin embargo, como ha sido habitual en la escasa información que se entrega desde la Presidencia, no se entregaron más detalles sobre la actividad de Petro esos días, lo cual ayuda a alimentar la teoría conspirativa.

Así las cosas, frente a estos tres macro hechos del thriller político que hemos vivido en Colombia durante estos días:

1 -Es urgente que la Fiscalía llama a declarar a Álvaro Leyva para que responda por sus planes de golpe Estado contra el presidente Petro y diga quiénes realmente están involucrados.

2 -Se hace necesario que avance la investigación por el atentado contra Miguel Uribe para determinar si la responsabilidad apunta solo a las disidencias de las Farc o hay grupos políticos y bandas criminales extranjeras involucradas.

Y 3 -Deben cesar las teorías conspirativas sobre el viaje de Petro a Manta, salvo que exista una evidencia concreta, y no especulaciones, sobre la actividad del presidente en esta ciudad.

Por estos días, la democracia colombiana no solo se expresa en las urnas o en el Congreso. Se está escribiendo en las plazas, en las calles, en los videos virales y en los símbolos que cada bloque político ha decidido enarbolar como parte de una disputa más profunda: la del relato fundacional de país. Lo que está en juego ya no es un simple giro de gobierno o un reemplazo de élites. Es, ni más ni menos, el alma del modelo democrático que regirá en el mediano plazo.

La “marcha del silencio”, paradójicamente ruidosa y simbólicamente potente, dejó en evidencia que el tablero político está marcado por dos bloques en abierta confrontación. De un lado, un progresismo que necesita trascender a Gustavo Petro y consolidarse como proyecto de país si desea tener viabilidad política más allá de 2026. Del otro, una derecha en reconstrucción que, luego del atentado a Miguel Uribe, encontró el elemento emocional que requería para cohesionarse y proyectarse en la etapa post-uribista.

Ambos bloques se encuentran atrapados en lo que podríamos llamar un conflicto existencial: sienten que la supervivencia de su visión de país depende de la derrota absoluta del otro. En esa lógica, todo se vuelve irreconciliable. La polarización no es un accidente, es un síntoma de fondo: los proyectos que se enfrentan no son negociables porque están hechos de mitos, de imaginarios identitarios que delimitan quiénes somos “nosotros” y quiénes son “ellos”.

Por eso, el centro político parece naufragar en su intento de mediar. Su identidad, tradicionalmente ligada a la institucionalidad y al acuerdo, se ve desbordada por una coyuntura en la que los consensos son mal vistos y los tonos grises pierden tracción frente a los relatos heroicos de los extremos. El centro aparece entonces como un lugar frágil, sin fuerza narrativa, con una capacidad limitada para convocar o contener.

No es casual que las derechas estén invirtiendo en la creación de un nuevo mito fundacional. La narrativa de orden, estabilidad y seguridad —reconfigurada ahora como defensa frente a un enemigo interno: el gobierno— les permite cohesionarse y convocar a sectores medios que sienten que el país ha perdido el rumbo. Ya no se trata del enemigo armado que desafiaba al Estado desde las selvas, sino del riesgo que, dicen, viene desde adentro, desde el mismo poder.

Mientras tanto, el progresismo encuentra en la Consulta Popular su propia plataforma mítica: la idea de que el pueblo puede y debe defender sus reformas frente a una institucionalidad capturada por quienes se oponen al cambio. Así, ambos bloques caminan en paralelo, levantando sus banderas, marchando, gritando, votando. Pero sin escucharse.

En este contexto, las instituciones ya no están funcionando como espacios de arbitraje y resolución de diferencias. Por el contrario, se han convertido en el terreno donde se despliega la confrontación. El Congreso, las Cortes, incluso los organismos de control, parecen estar siendo absorbidos por esta lógica binaria que todo lo divide entre amigos y enemigos.

La posibilidad de una Constituyente ronda como salida a la crisis política, pero no puede ser asumida con ligereza. Soy un defensor de la Constitución del 91, una carta política avanzada que consagró derechos, reconoció la diversidad étnica y territorial, y creó mecanismos de participación y control ciudadano. Esa Constitución tiene las herramientas necesarias para materializar las transformaciones sociales que hoy Colombia le adeuda a sus sectores más excluidos. Sin embargo, por falta de voluntad política —unas veces del legislativo, otras del ejecutivo, y muchas veces de ambos—, esas herramientas han quedado reducidas a promesas no cumplidas, a letra muerta. Apostarle a una nueva Constituyente sin resolver primero esa falta de voluntad solo trasladaría el conflicto a otro escenario sin garantizar una solución.

Lo ocurrido en Chile debe servirnos como advertencia. Tras el estallido social de 2019, ese país optó por una Asamblea Constituyente como respuesta a las demandas populares, pero el proceso fue cooptado en su segunda etapa por sectores conservadores, que terminaron imponiendo una visión regresiva del orden institucional. El resultado: una nueva Constitución propuesta por la derecha radical, que fue ampliamente rechazada en las urnas por la ciudadanía. Ese desenlace muestra los riesgos de abrir procesos constituyentes sin un consenso mínimo ni garantías democráticas claras. En contextos de polarización, una Constituyente puede dejar de ser una herramienta de transformación progresiva y convertirse en una estrategia de restauración autoritaria. Colombia no está exenta de ese riesgo: si el nuevo pacto social se entrega a quienes ven en la exclusión y el miedo una plataforma de poder, se corre el peligro de retroceder en derechos, cerrar espacios de participación y desmontar avances históricos en justicia social y reconocimiento de las diversidades.

La violencia reciente contra líderes políticos —57 casos en apenas tres meses— no puede leerse al margen de este contexto. Es el síntoma de una democracia donde los canales institucionales se han erosionado y la confrontación se desborda hacia lo físico, hacia el cuerpo de quienes representan una idea, una propuesta o una voz disonante.

En medio de esta fractura institucional, tres eventos recientes dan cuenta del momento crítico en el que estamos: la reunión en la Curia Arzobispal —convocada por el cardenal primado José Luis Rueda— entre el presidente Gustavo Petro, el presidente del Senado, los presidentes de las Altas Cortes y los jefes de entes de control; la posición del registrador nacional, Hernán Penagos, quien anunció que no tomará decisiones frente a la convocatoria de Consulta Popular hasta que el Consejo de Estado no emita un concepto; y el incierto futuro legislativo de la reforma laboral, que a pesar de haber sido revivida, enfrenta un Congreso dividido y una clase política cada vez más presionada por tomar partido.

Lo que estamos presenciando no es una simple tensión coyuntural. Es una disputa estructural sobre el tipo de democracia que queremos. Las posibilidades de desescalamiento son escasas porque los incentivos para negociar son débiles, y los relatos que hoy movilizan a los bloques son excluyentes por definición. No son programas de gobierno, son mitologías en las que cada bando ha encontrado identidad y propósito.

El desafío es mayúsculo: o encontramos una manera de canalizar el antagonismo dentro de los marcos democráticos existentes, o nos exponemos a que la polarización siga creciendo hasta convertir la política en una zona de guerra simbólica permanente, donde solo sobrevivan los discursos más extremos.

Colombia ya vivió lo que significa dejar que los conflictos políticos se resuelvan por fuera de las instituciones. No podemos darnos el lujo de repetir esa historia. La Constitución del 91 nos dejó una hoja de ruta. La pregunta es si tendremos, finalmente, la voluntad política de recorrerla.

Lo sucedido el pasado 7 de junio solo deja un amargo sabor de un intempestivo viaje al pasado. Para mis generaciones, es algo más parecido a esas historias de los abuelos y nuestros padres en la adultez temprana, conocidas como la época más oscura de nuestra historia: el terror a flor de piel sembrado por la violencia, el terrorismo, las guerrillas y el narcotráfico.

Sobre el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, a quien, por supuesto, le deseo con optimismo una pronta recuperación y la dicha de volver a estar reunido con sus seres queridos, le manifiesto toda mi solidaridad. Por respeto a él y a su familia evitaré hacer comentarios, porque ya bastante se ha dicho de manera irresponsable, y la verdad es que solo es a las autoridades competentes a quienes les corresponde esclarecer lo sucedido.

Por eso, centrémonos en una visión general de lo que hemos presenciado los últimos días en Colombia: un escenario lamentable que parece estar emulando el de los años 80; un ambiente de terror que, además del estremecedor suceso del pasado sábado, incluyó 24 ataques y ocho muertos en el Valle y el Cauca, dos departamentos azotados por la criminalidad y el narcotráfico.

Pero adicionalmente, ese viaje en el tiempo pareciera una copia mal remasterizada donde se asoma la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. A diferencia de la de 1991, que nació de un amplio consenso social y una movilización genuina de la ciudadanía impulsada por las juventudes, las víctimas y las organizaciones sociales, la propuesta actual parece surgir desde el poder, con escasa deliberación pública y sin garantías claras de inclusión de otros sectores. La ausencia de un proceso transparente y participativo genera por obvias razones, desconfianza en buena parte de la población.

En esta ocasión, además, se suman otros factores: una alta polarización, los mensajes cargados de odio a través de las redes sociales y los discursos incendiarios, tanto de creadores de contenido como de líderes de opinión, que incitan a la violencia, y deshumanizan a sus contradictores. Y es que, a diferencia de aquella época, me atrevería a decir que los discursos de animadversión no eran tan taquilleros como los de ahora, porque en nuestros tiempos las redes sociales han servido como mísiles de odio a través de la palabra.

La situación en el Valle del Cauca es especialmente alarmante. Según la Defensoría del Pueblo, el 67% del departamento está en alerta debido a la expansión de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Estos grupos han intensificado sus ataques en municipios como Jamundí, Buenaventura y Cali, generando desplazamientos masivos y sembrando el terror entre la población civil.

La respuesta del gobierno no ha sido suficiente. Aunque se han desplegado fuerzas militares y se han realizado operativos, la violencia persiste y se expande. La falta de una estrategia integral que aborde tanto la seguridad como las causas estructurales del conflicto ha permitido que los grupos armados ilegales sigan operando con impunidad. Es urgente que Colombia recupere el rumbo. No podemos permitir que el miedo y la violencia nos retrocedan a épocas que creíamos superadas. Es necesario un compromiso real con la paz, la justicia y la reconciliación. Solo así podremos evitar que este amargo viaje en el tiempo se convierta en una pesadilla interminable.

*Periodista y magister en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en The George Washington University, experta en campañas políticas, le apasiona la política y los liderazgos femeninos, pero es una observadora crítica del feminismo contemporáneo.

La reciente carta pública de Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, dirigida al presidente Gustavo Petro, ha desatado un torbellino de reacciones y ha vuelto a poner sobre la mesa un dilema complejo: ¿hasta qué punto lo personal puede y debe formar parte del debate público cuando está en juego el rumbo de un gobierno?

Más allá del contenido específico de la misiva, lo que inquieta es la forma en que Leyva decide expresarse: una mezcla de reflexiones íntimas, observaciones emocionales y críticas de fondo que, al entrelazarse, corren el riesgo de desdibujar el propósito político con un tono más propio del drama personal. Este tipo de exposición puede abrir preguntas legítimas sobre la estabilidad del liderazgo presidencial, pero al mismo tiempo banaliza el debate, al convertirlo en espectáculo.

No se trata de exonerar al presidente Petro ni de blindarlo ante el escrutinio. De hecho, varias de las inquietudes planteadas por Leyva —como la gestión del tiempo presidencial, su estilo de comunicación o la designación de ciertos funcionarios— merecen ser discutidas con seriedad institucional. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se ejerce el poder, especialmente cuando surgen dudas sobre el cumplimiento de deberes oficiales. Pero la forma en que se hace esa crítica importa: debe priorizarse el interés general, no el impacto mediático ni las cuentas personales.

Leyva, con su extensa trayectoria, conoce bien los códigos de la política de alto nivel. Por eso sorprende que, en lugar de acudir a canales institucionales o a espacios de deliberación estructurada, haya optado por una carta pública de tono confesional. Esa elección lo aleja del papel de estadista y lo acerca peligrosamente al de actor de un espectáculo político. Cuando se ventilan asuntos privados sin un marco claro de rendición de cuentas, se erosiona la confianza ciudadana y se enturbia aún más un ambiente político ya polarizado.

No obstante, sería reduccionista ignorar que su carta ha dado eco a preocupaciones que circulan en distintos sectores. La diferencia está en cómo y con qué fines se formulan esas preocupaciones. En Colombia, se está diluyendo peligrosamente la frontera entre la transparencia, entendida como rendición de cuentas legítima y oportuna, y un tipo de populismo del escrutinio, que usa la exigencia de información como arma política más que como mecanismo democrático. La transparencia no se construye con cartas abiertas cargadas de ambigüedad ni con filtraciones interesadas. Se construye con procedimientos institucionales, deliberación seria y reglas claras.

Más inquietante aún es cómo en su carta, Leyva sugiere desequilibrios emocionales o estados de salud del presidente sin pruebas ni contexto. Se abre así una puerta peligrosa: la politización de la salud mental. En una sociedad que todavía arrastra estigmas sobre estos temas, convertirlos en materia de disputa política es profundamente irresponsable. La salud mental, como cualquier dimensión de la condición humana, merece ser tratada con respeto, evidencia y legalidad. Nadie, ni siquiera el jefe de Estado, debe ser blanco de insinuaciones médicas sin fundamentos claros. Hacerlo debilita la discusión democrática y refuerza prejuicios sociales que debemos superar, no explotar.

Este episodio revela además un problema de fondo que atraviesa a todos los sectores políticos: la escasez de liderazgos éticos y responsables. La política colombiana parece cada vez más atrapada en una lógica de exposición, protagonismo y revancha. Leyva, por su trayectoria, tenía la posibilidad de ofrecer una crítica serena y constructiva. Pero su decisión de acudir al dramatismo y a lo personal lo aleja de ese rol y lo instala en una narrativa centrada en el yo, más que en el país.

No se trata de silenciar las diferencias ni de exigir silencio a quienes tienen críticas válidas. Pero sí de recordar que la política no es una tarima emocional. Las discrepancias deben resolverse con argumentos, no con sentimentalismos ni con gestos grandilocuentes. El país necesita voces críticas, pero también necesita responsabilidad. Necesita líderes que entiendan la gravedad de su papel público. Que no conviertan la confidencialidad en arma ni la emocionalidad en estrategia.

En este contexto, la propuesta de sectores del Congreso de exigir un examen médico o toxicológico al presidente es aún más grave. No solo no tiene base constitucional ni legal clara, sino que representa una amenaza directa al derecho a la intimidad y al principio de legalidad. Es una extralimitación del poder legislativo que, de permitirse, sentaría un precedente peligrosísimo. La rendición de cuentas no puede ser confundida con la invasión a la dignidad.

Frente a esta espiral de gestos simbólicos, cartas públicas y propuestas desbordadas, lo que se impone es el fortalecimiento de los canales institucionales. El presidente puede —y debe— ser convocado a comparecer, rendir informes, responder a la opinión pública. Pero debe hacerse por la vía correcta, con respeto a la legalidad y a los principios democráticos. Este episodio debe servir como un llamado de atención para todos los actores políticos. La crítica al poder exige altura, y el ejercicio del poder exige responsabilidad. No podemos seguir erosionando la confianza pública a punta de escándalos personalizados. La política no necesita más shows. Necesita líderes. Líderes que sepan cuándo hablar y cuándo callar. Que resuelvan sus diferencias sin usar lo íntimo como arma ni lo público como revancha. Porque, al final, el costo de estas acciones no lo paga un presidente ni un ministro: lo paga la democracia misma, cada vez más frágil ante el morbo, la desinformación y el desencanto colectivo.

El mundo perdió un referente moral en tiempos inciertos. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco abordó, sin evasivas, temas clave para el siglo XXI: ecología, migración, pobreza, homosexualidad y paz. Mostró que el mensaje cristiano puede tener una dimensión profundamente humanista, incluso para quienes no comparten la fe.

Su lenguaje sencillo, sus gestos de cercanía, su rechazo a los lujos del Vaticano, invita ineludiblemente a contrastar ese modo de liderazgo con la lógica habitual del poder político. Desde su saludo inicial al mundo, mostró que no seguiría el guion tradicional: en lugar de bendecir de inmediato al pueblo, pidió primero que rezaran por él. Optó por seguir usando sus zapatos negros, ortopédicos, y una cruz de plata, en lugar de los tradicionales zapatos rojos de terciopelo y la cruz de oro que simbolizan la pompa de la cúpula papal.

Su voz se convirtió en una brújula ética en medio del ruido ideológico global. En septiembre de 2015, fue el primer pontífice en dirigirse ante el congreso de los Estados Unidos, abogando por los migrantes “que viajan al norte en búsqueda de una mejor vida”. En ese mismo sentido, fue crítico de las políticas migratorias de los países del norte. Donde de manera tácita o explicita, el estatus de ilegal de algunos migrantes se identifica con la criminalidad.

También su mensaje alcanzaba al sur global, a través de gestos que trascendían los marcos tradicionales de la diplomacia. La insistencia en el diálogo, la fraternidad y la escucha (incluso de los que piensan distinto) fue un ejemplo raro en un tiempo marcado por la confrontación. Uno de los momentos más inspiradores de su pontificado fue cuando en abril de 2019 se arrodillo para besarle los pies a los lideres en guerra de Sudán del Sur. El papa les instó a consolidar el proceso de paz en su país, que había sufrido una guerra civil desde 2013. Según Amnistía Internacional, el conflicto ha cobrado cerca de 14.000 vidas y ACNUR estima que se ha provocado el desplazamiento de más de 10,5 millones de personas.

Además, acogió a la ciencia y proyecto la preocupación e incertidumbre de la academia y lideres ambientales frente al cambio climático. En su discurso ante la 70 Asamblea General de la ONU en New York, enfatizó la importancia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Ya que “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos (..) El mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar”. Sin duda fue una voz clara, crítica, contundente contra la guerra y la destrucción de la naturaleza.

El mundo —católico y no católico— lamenta su partida, pero sobre todo su ejemplo de liderazgo. Ejerció el poder con humildad, valentía y claridad, siendo capaz de abordar con sensibilidad temas profundamente controversiales como el aborto, la desigualdad y la homosexualidad, aún espinosos en la sociedad actual. Sin su figura central, la Iglesia enfrenta ahora un desafío enorme. Pero el legado de Francisco trasciende lo eclesiástico: interpela directamente a quienes hoy ejercen o aspiran al poder, recordándoles que liderar es, ante todo, un acto de responsabilidad moral cargado de aspiraciones de genuino interés por el bien colectivo.

En tiempos donde el mundo vive una transición incierta y la política global parece cada vez más alejada de la ética, la muerte del Papa Francisco deja una pregunta urgente: ¿quiénes se atreverán a liderar con coraje moral en lugar de cálculo? ¿Podremos, como sociedad, estar a la altura del llamado a una justicia social que no admite más demoras?