Paola Sangolquí creció yendo a la playa junto a lobos marinos, iguanas y zayapas en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Habitar un sitio donde la vida silvestre no teme a los humanos y que ella llama hogar le hizo sentirse muy privilegiada. Eso la motivó a dedicar su vida a proteger la naturaleza. Años después, sus esfuerzos por salvar al petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) de la extinción la hicieron ganadora del Premio Whitley 2026, el principal galardón ambiental del mundo.

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“Es un reconocimiento al trabajo colectivo de todas las personas con las que trabajo”, dice Sangolquí, bióloga marina, desde Londres, donde recibió una estatuilla de manos de la princesa Ana del Reino Unido. La conservación en Galápagos es posible gracias a guardaparques, biólogos, científicos, agricultores, pescadores y muchos otros actores, dice.

No recuerda la primera vez que vio un petrel, pero está segura de que le pasó lo que a muchos galapagueños: no sabía identificar la especie. La suelen confundir con la pardela de Galápagos (Puffinus subalaris). Aunque son similares, su padre, guía de aves, le enseñó a diferenciarlas. “Tienen una mancha en la parte frontal, son de tamaño mayor y son elegantes al volar. Entonces empecé a ver la belleza del ave”, relata.

El petrel de Galápagos, una especie que solo anida en el archipiélago, empezó a verse amenazado cuando los seres humanos llegaron a las islas. Con ellos llegaron roedores, gatos y cerdos, que crecieron de manera descontrolada y empezaron a alimentarse de huevos y crías de las especies que estuvieran a su alcance.

Como resultado, la población se desplomó de 27 000 parejas reproductoras en la década de 1970 a menos de 3500 apenas diez años después. La especie está clasificada como Críticamente amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se trata de una categoría previa a la extinción en estado silvestre.

El premio no es solo un reconocimiento, sino que entrega a los ganadores fondos para continuar con sus iniciativas de conservación. Sangolquí y el equipo de la fundación Jocotoco ampliarán un proyecto en Santa Cruz que trabaja junto a comunidades locales para proteger los sitios de anidación del petrel, investigar los movimientos de esta ave oceánica y trabajar con niños de escuelas locales para fortalecer el conocimiento y protección de la especie.

En diálogo con Mongabay Latam, la bióloga marina explica por qué conservar al petrel.

El petrel conecta el océano con los cerros

—¿Qué la impulsó a conservar el petrel de Galápagos?

—Los petreles son aves oceánicas que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar y regresan después de seis o siete años a tierra, una vez que alcanzan la madurez sexual, solo para anidar.

Anidan exclusivamente en Galápagos, sin embargo, se conoce poco sobre ellos en nuestras islas. Tendemos a confundirlos con otra ave parecida o no le damos la importancia cultural y ecológica que tiene.

Algo que me encanta es que los petreles nos recuerdan que todos los ecosistemas están conectados, que somos uno con la naturaleza. Esta ave, a diferencia de otras aves marinas u oceánicas, no anida en las costas, lo hace en la parte alta de las islas, en bosques de Scalesia y Heliconia. Es un ecosistema diferente, donde hay humedad y garúa.

—¿Cuál es la importancia ecológica del ave?

—Los petreles traen consigo nutrientes del mar a las partes altas de la isla, a través de su guano dejan minerales en la tierra. También son indicadores de la salud oceánica. Usualmente están asociados a áreas de productividad, donde se alimentan, entonces, si tenemos productividad tenemos buenas condiciones ambientales.

—¿Cuáles son las mayores amenazas del petrel?

—Las mayores amenazas en sus sitios de anidación son las especies introducidas, como roedores, gatos ferales y cerdos salvajes [porque se alimentan de huevos y polluelos]. También hay especies introducidas de plantas que amenazan al petrel, como la guayaba (Psidium guajava) o la mora (Rubus niveus). En el mar les afecta el calentamiento global porque a mayor temperatura hay menos disponibilidad de alimento. Otra amenaza es la contaminación por plástico.

—¿Cuándo iniciaron el trabajo de conservación?

—La Fundación Jocotoco llegó en 2018 a Galápagos para proteger los petreles. Cuando empecé a trabajar con ellos, hace tres años, ya teníamos la reserva Los Petreles, en [la isla] San Cristóbal, donde cuidamos nidos de petreles. Con los años expandimos los esfuerzos y ahora trabajamos también en las islas Santa Cruz y Floreana.

70 nuevos nidos protegidos en Santa Cruz

En la parte alta de Santa Cruz y fuera del Parque Nacional Galápagos, que cubre el 97 % del archipiélago, se encuentran áreas destinadas a la agricultura y ganadería, donde también anidan los petreles. Allí, los científicos identificaron una zona que no estaba siendo monitoreada, pero que era importante por concentrar gran cantidad de nidos.

Cuando dieron con el sitio, la temporada de anidación estaba por finalizar. Muchos de los pichones habían sido atacados por los animales invasores y solo dos pichones alzaron el vuelo hacia aguas oceánicas, según registró la fundación. “Cuando empezamos a hacer acciones de control de especies introducidas, logramos que 24 pichones volaran”, dice Sangolquí con emoción.

Por eso, el equipo de Sangolquí presentó a la fundación Whitley una iniciativa que busca reforzar el trabajo en colaboración con fincas privadas. El objetivo es fortalecer los vínculos con la comunidad y desarrollar estrategias que beneficien a los finqueros al ampliar el control de las especies introducidas en las áreas de anidación de petreles.

El proyecto además tiene un componente de educación y comunicación. Consiste en organizar salidas de campo con estudiantes de las escuelas locales para que aprendan en los sitios de anidación sobre el ave y las amenazas que enfrenta.

Otra línea de trabajo es la colocación de marcas de rastreo satelital a las aves, una actividad que se realiza con la autorización de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Los especialistas buscan conocer con precisión dónde se alimentan  y cuáles son sus rutas de movilidad.

—¿Cómo identificaron el área de trabajo?

—Hay muchas fincas en Santa Cruz que tienen anidación de petreles y personas y organizaciones que ya trabajan para proteger estas aves. Hay personas conscientes de que tienen nidos en sus propiedades.

Estos 70 nidos con los que estamos trabajando no estaban registrados, son nuevos. Encontramos una zona con un hábitat ideal para la anidación de petreles. Ubicamos los nidos y los georreferenciamos. Como encontramos presencia de aves y huevos, empezamos a intervenir el área.

La zona es como una quebrada. Adentro hay varios nidos entre roquitas o directamente en el suelo, en la tierra, donde se forman pequeñas madrigueras.

Los finqueros son aliados estratégicos

—¿Por qué a los finqueros les interesa ser parte de esta iniciativa?

—Cuando controlas especies introducidas hay un beneficio para los agricultores. En Floreana, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), estamos tratando de erradicar roedores introducidos. En 2023, provocaron la pérdida del 80 % del maíz. Después de concluir el primer intento de erradicación, los agricultores reportaron cosechar el 90 % del maíz.

Además, en Floreana se busca reintroducir especies localmente extintas, lo cual añade valor en lo turístico y ecológico.

—¿Qué estrategias de control usan?

—La magnitud o intensidad de control varía de isla a isla, pero de manera general usamos cebos que tienen atrayentes para estas especies. Hacemos anillos de estaciones cebaderas alrededor de las colonias. El primer anillo está a 20 metros y después hay otro unos metros más adelante. Los cebos se cambian cada dos semanas.

Nos apoyamos en cámaras que detectan el movimiento y envían señales en tiempo casi real en caso de reconocer algún roedor u otro mamífero introducido. Usamos una combinación entre métodos manuales convencionales y tecnología. Ahora queremos usar inteligencia artificial para mejorar el reconocimiento.

El reto: conocer mejor a los petreles

Los científicos todavía tienen importantes brechas de conocimiento sobre el petrel de Galápagos. El ave, que ronda el medio kilo en la adultez, pasa gran parte de su vida en el mar abierto, buscando alimento principalmente en el Pacífico Oriental, siguiendo rutas de hasta 2000 kilómetros.

Regresa a tierra en abril para anidar en cinco de las 18 islas principales del archipiélago. Es esquivo y anida silenciosamente en cavidades rocosas. Solo sale de noche, para evitar a otras aves que son sus depredadores naturales, para cazar en el mar abierto.

—¿Cómo es un día de trabajo?

—Un monitoreo en Santa Cruz es un día entero de trabajo, desde antes de que salga el sol hasta que oscurece. Las zonas de anidación de los petreles no son de fácil acceso, es un esfuerzo caminar y llegar a los nidos.

El área de anidación es como una grieta bastante rocosa por la que tienes que bajar. Cuando llueve se forma una especie de quebrada con mucha agua adentro. Puede ser desafiante por la cantidad de nidos.

Los petreles son aves nocturnas, por lo que para marcarlos esperamos a que lleguen. Lo sabemos porque hacen una vocalización muy linda, parecida a la de un pavo real. Llegan, aterrizan y van a su nido.

Entonces empiezas a trabajar. Es desafiante porque lo tienes que hacer en el menor tiempo posible para no perturbar a la especie. A veces llegan temprano y otras a las tres de la mañana. Hay que estar a la expectativa.

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—¿Cómo reaccionan las aves durante el marcaje?

—Marcamos 15 individuos. La Dirección del Parque Nacional Galápagos tiene guardaparques super experimentados en la manipulación del ave y nuestro equipo también tiene mucha experiencia. Si por alguna razón hay una ave nerviosa o inquieta no se lo hace, pero en términos generales, la naturaleza en Galápagos no responde de manera evasiva al ser humano.

A final del año esperamos tener un mapeo más claro de dónde se alimentan los petreles que anidan en Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal. Queremos conocer más de la ecología de la especie, que de momento no se ha descrito a totalidad. Tenemos datos preliminares que sugieren que las colonias de San Cristóbal y Floreana se alimentan en áreas diferentes.

La comunidad se involucra en la conservación

—¿Qué falta para proteger a los petreles y evitar su extinción?

—Dentro de Galápagos estamos dando los primeros pasos para estandarizar las metodologías de control de especies invasoras y de monitoreo de los petreles.

Buscamos que quien quiera monitorear el ave lo haga de tal forma que la información que se genere se entregue a la autoridad ambiental en un formato útil y con recomendaciones asociadas. El objetivo es que se sigan generando políticas de conservación, inclusive no solo dentro del área protegida, sino apuntando a formalizar algún tipo de colaboración entre la autoridad ambiental y los dueños de fincas donde sabemos que anidan las aves.

Si bien los petreles anidan dentro de Galápagos, cuando se alimentan lo hacen fuera de la Reserva Marina, [donde enfrentan riesgos como la pesca con palangre]. Además, a nivel regional hay otras especies que enfrentan amenazas similares.

Mirando a futuro, apuntamos a compartir este conocimiento y técnicas, pero también aprender de otros países y regiones va a ser clave para conocer el estado de la población del petrel y, a mediano o largo plazo, poder decir que la población se está recuperando.

—¿Qué le da esperanza para continuar con esta labor?

—Técnicamente hablando, me da esperanza ver que los números aumentan de un año a otro. Como tenemos cámaras trampa en los nidos, podemos ver el crecimiento del pichón y ver cómo entran y salen los padres para alimentarlo. Se vuelven como nuestros pequeños hijos y verlos volar es esperanzador.

Como miembro de la comunidad, ahorita hay momentum para conservación en muchas partes, no solo en Galápagos, porque vemos que la naturaleza ha respondido a las amenazas actuales con inundaciones y otros desastres naturales.

En el caso de los petreles hemos recibido muchos voluntarios locales que han ayudado en el monitoreo. Ver ese empoderamiento, ese involucramiento y poder visibilizar que la conservación en Galápagos puede ser hecha por personas de la comunidad es super esperanzador. ¿Si no protegemos nuestro hogar, quién lo va a hacer?

*Imagen principal: Paola Sangolquí es bióloga marina galapagueña y la segunda ecuatoriana en ganar el premio Whitley. Foto: cortesía Bryan Pérez Saltos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

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Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.https://www.youtube.com/embed/Eko2F5rZicQ?si=5GKZpSwWGIYJ3ZbD

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

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En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)».

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

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La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

*Imagen principal: el perro de orejas cortas o perro fantasma habita en la Amazonía y prefiere vivir en bosques intactos. Foto: cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

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Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una señal de alerta comienza a tomar forma en el océano Pacífico. Modelos climáticos internacionales apuntan a la posible formación de un evento El Niño en 2026, con escenarios que incluso contemplan una intensificación extrema, lo que algunos científicos describen —con cautela— como un posible “súper El Niño”.

Sin embargo, la comunidad científica advierte que, aunque las señales existen, la incertidumbre sigue siendo elevada. La evolución del fenómeno dependerá de la interacción entre el océano y la atmósfera en los próximos meses, en un periodo del año en el que los modelos climáticos pierden capacidad predictiva.

“El problema no es solo si va a ocurrir El Niño, sino qué tan fuerte puede llegar a ser”, dice Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Estamos todavía en una etapa con alta incertidumbre”.

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Los especialistas coinciden en que anticipar la magnitud del evento es particularmente difícil en esta fase. Entre marzo y mayo se presenta la llamada “barrera de predictibilidad”, un periodo en el que la transición estacional hace que el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical no estén bien acoplados, lo que reduce la precisión de los modelos y provoca que las proyecciones puedan cambiar con rapidez. Por ello, advierten, los pronósticos más confiables podrían consolidarse recién hacia mediados de año.

En paralelo, la comunidad científica ya analiza los posibles efectos de este fenómeno en distintas regiones del planeta, especialmente en el Pacífico oriental, donde sus impactos suelen ser más directos.

Mongabay Latam conversó con especialistas en Ecuador, Perú, Colombia y México para entender cómo podría manifestarse El Niño en cada país y qué implicaciones tendría para las lluvias, las sequías, la actividad ciclónica y sectores clave como la pesca y la gestión del riesgo.

Perú: un Niño que ya está en marcha

En Perú, el fenómeno no es una proyección futura, sino una condición ya en curso. Desde inicios de año, el país enfrenta un evento activo de calentamiento oceánico frente a su litoral. “El mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal”, explica Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP). “Esto nos ubica dentro del rango de un Niño costero”.

Este calentamiento en el Pacífico oriental responde, según el especialista, a una combinación de factores: el debilitamiento de los vientos alisios —corrientes de aire constantes que soplan de este a oeste entre las zonas subtropicales y la región ecuatorial— y la llegada de ondas Kelvin —pulsos de calor que se desplazan bajo la superficie del océano— que elevan la temperatura del mar en la franja cercana a Sudamérica.

A diferencia del fenómeno global más conocido, El Niño costero tiene una escala regional y efectos más inmediatos. En Perú, el seguimiento se concentra en la región Niño 1+2, un sector clave del Pacífico donde el aumento de la temperatura marina suele traducirse en lluvias intensas en la costa, especialmente durante el verano austral.

Sin embargo, el comportamiento del sistema no es uniforme. Mosquera subraya que el Pacífico tropical funciona como un engranaje dividido en dos zonas principales: el sector oriental, próximo a Sudamérica, y el central, más alejado. La interacción entre ambas define los impactos en tierra.

“Si el calentamiento se concentra frente a la costa peruana, aumenta la probabilidad de lluvias intensas en el litoral. Pero si ocurre en el Pacífico central, el efecto puede ser opuesto en los Andes, con déficit de precipitaciones en el sur y centro del país”, explica. Esta diferencia ayuda a entender por qué los eventos de El Niño no producen consecuencias idénticas, ni siquiera dentro de un mismo territorio.

La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el análisis. “Los modelos pueden anticipar el desarrollo de un evento, pero no su magnitud”, advierte Mosquera. A esto se suma la llamada barrera de predictibilidad, que reduce la confiabilidad de los pronósticos en esta época del año. “Más allá de abril, no son muy confiables; estaremos más confiados en los modelos con los pronósticos que se den en a partir de junio aproximadamente”.

Por ahora, los escenarios más extremos —como un evento comparable a los de 1982-1983 o 1997-1998— no pueden confirmarse. Aun así, los especialistas observan señales que ameritan atención, como cambios recientes en los vientos del Pacífico occidental que podrían generar nuevas ondas cálidas y reforzar el calentamiento en los próximos meses.

Si estas condiciones persisten hacia el verano austral, el principal riesgo en Perú será un aumento de las lluvias intensas en la costa, con efectos en cadena sobre el territorio. “Podríamos ver inundaciones, desbordes de ríos, huaicos [flujos de lodo y piedras] y deslizamientos”, señala Mosquera. A ello se suman impactos menos visibles pero recurrentes, como problemas de salud asociados al estancamiento de agua tras eventos extremos.

Actualmente, el país ya se encuentra en nivel de alerta dentro de su sistema oficial de monitoreo. Esto implica un seguimiento continuo y la emisión de reportes periódicos dirigidos a autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, el especialista reconoce que la vulnerabilidad estructural sigue siendo un desafío pendiente.

“El fenómeno siempre nos ha impactado de la misma manera y todavía no vemos cambios suficientes para reducir esos daños”, sostiene.

En ese contexto, la recomendación es anticiparse. Con varios meses por delante antes de la temporada de lluvias, Mosquera insiste en la necesidad de actuar ahora. “Este es el momento para ejecutar medidas de prevención. Si no ocurre este año, ocurrirá después. El Niño es un fenómeno recurrente”, concluye.

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Ecuador: el calor oculto bajo el océano

Si en Perú el calentamiento ya es visible en la superficie, en Ecuador las señales más relevantes aún se desarrollan bajo el mar. “El océano no solo se observa en la superficie. También estamos viendo lo que ocurre hasta unos 300 metros de profundidad”, explica Felipe Costa, oceanógrafo y director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).

En esas capas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial se está acumulando una anomalía cálida, derivada también de los pulsos de calor u ondas Kelvin.“Este calentamiento subsuperficial es una señal importante. Nos indica que el sistema está acumulando energía”, señala Costa. “Pero para que se configure un evento El Niño, no basta con el océano: la atmósfera también tiene que responder”.

Por ahora, el sistema muestra un comportamiento desigual: el Pacífico central se mantiene neutral, mientras el sector oriental —frente a Sudamérica— ya está más cálido. Ese contraste ya tiene efectos en tierra. “Estamos experimentando olas de calor asociadas a este calentamiento oceánico”, dice Costa. “El mar más cálido transfiere calor al aire y eso incrementa la temperatura en tierra”.

En las ciudades costeras, esto se traduce en altas temperaturas combinadas con humedad, una sensación térmica persistente que impacta la vida cotidiana. “El uso de aire acondicionado aumenta, las facturas de electricidad suben y la sensación de calor se vuelve constante”, añade.

La intensidad del fenómeno dependerá de su persistencia. “Podemos imaginarlo como pulsos de calor que viajan por el océano. Ahora vemos uno, pero para un evento intenso deben repetirse durante varios meses”, explica. Los impactos, además, no son uniformes.

“Históricamente, en Ecuador El Niño se asocia a más lluvias en la costa, mientras que en Colombia suele traer condiciones más secas”, señala. Esto puede traducirse en inundaciones o sequías, según la región.

El calentamiento también altera los ecosistemas marinos. Muchas especies migran hacia aguas más frías, afectando la pesca, aunque también hay otras que se benefician de aguas más cálidas, como los camarones. “Se puede tener más o menos productividad pesquera, pero en general el balance es negativo”, afirma Costa.

Ante la creciente atención sobre un posible evento extremo, insiste en consumir información confiable. “El alarmismo genera ansiedad, pero no ayuda a prepararse con anticipación”, concluye.

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Colombia: la sequía como impacto dominante

En Colombia, El Niño se entiende menos por lo que ocurre en el océano y más por sus efectos en tierra: sequías prolongadas, presión sobre el agua y consecuencias económicas. “El más intenso que hemos registrado fue el de 1982-1983”, recuerda Max Enriquez Daza, meteorólogo y divulgador científico.

“Las anomalías de temperatura superaron los 2.5 grados centígrados y provocaron impactos severos en Colombia y Ecuador”. A ese episodio le siguieron otros eventos fuertes, como los de 1997-1998 y 2015-2016, en una secuencia que —según el especialista— sugiere una intensificación progresiva.

A diferencia de Perú o Ecuador, donde el fenómeno suele asociarse a lluvias, en Colombia predomina el déficit hídrico. “El fenómeno afecta principalmente a las regiones Caribe y Andina, donde vive cerca del 80 % de la población”, explica.

Los efectos son amplios: disminución de los caudales en los ríos Magdalena y Cauca, afectaciones a cultivos como café, maíz o yuca, problemas en el suministro de agua potable y un aumento de incendios forestales durante los periodos secos.

El sistema energético también es especialmente sensible. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, la reducción de niveles en los embalses obliga a recurrir a plantas térmicas, con mayores costos económicos y ambientales. Un antecedente clave ocurrió entre 1991 y 1992, cuando un evento intenso provocó racionamientos eléctricos prolongados y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, este sector ha fortalecido su capacidad de respuesta, describe el meteorólogo.

En este escenario, el país entra en una fase de preparación desigual. Mientras algunos sectores comienzan a anticiparse —precisamente como el hidroeléctrico—, otros como el agrícola siguen siendo altamente vulnerables por falta de organización. “La agricultura en Colombia no siempre cuenta con directrices claras del Ministerio de Agricultura para anticiparse a estos eventos”, advierte.

Henríquez Daza coincide en que la posibilidad de un evento más intenso hacia 2026 está vinculada al calentamiento de los océanos. “Las tendencias de los eventos intensos han sido crecientes”, señala. “Eso es coherente con el aumento de la temperatura global del océano”. Aun así, insiste en que es prematuro confirmar la magnitud del próximo evento.

Más allá del ámbito nacional, el especialista recuerda que los efectos de El Niño se extienden a otras regiones, alterando patrones como los monzones en Asia o las lluvias en el océano Índico.

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México: sequías, ciclones y un sistema en tensión

En México, El Niño suele manifestarse como una combinación compleja: menos lluvias en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, mayor actividad ciclónica en el Pacífico. “Lo que sugieren los modelos es una probabilidad de un El Niño fuerte, pero con alta incertidumbre”, señala Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la UNAM. “Estamos en una fase donde los modelos tienen más dificultad para predecir”.

Durante estos eventos, el verano —que en el centro y sur de México corresponde a la temporada de lluvias— tiende a ser más seco, una etapa clave para la recarga de presas y acuíferos. “El agua que cae en verano es la que se usa durante la temporada seca”, explica. Es decir, si llueve menos, el impacto se siente meses después. Esa reducción se traduce en menor disponibilidad para consumo humano, presión sobre la agricultura y niveles más bajos en los sistemas de almacenamiento.

El escenario es especialmente delicado en grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, donde la demanda de agua ya supera la oferta en condiciones normales.

A la par, el riesgo no desaparece en las costas. “En años de El Niño, la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico tiende a incrementarse, mientras que en el Atlántico disminuye”, explica Jaramillo. Esto implica una mayor probabilidad de impactos en el litoral pacífico, donde estos sistemas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

El resultado es un escenario dual: mientras hay sequía a escala nacional y eventos extremos localizados, se genera una combinación que complica la gestión del riesgo.

“Cuando se desarrolla El Niño, las temperaturas globales tienden a subir”, señala. “Si además se combina con el calentamiento global, es probable que estemos ante uno de los años más calientes de la última década”. En México, esto se traduce en olas de calor más frecuentes e intensas, sobre todo en regiones ya expuestas a altas temperaturas, como en el norte del país.

Pese a la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el llamado es a anticiparse y empezar a planificar, advierte el investigador. La prioridad, apunta, es fortalecer la gestión del agua, mejorar el monitoreo de ciclones y prepararse para escenarios de sequía.

También insiste en moderar el tono del debate público. “Súper Niño suena muy catastrófico, pero es un proceso natural. Lo importante es prepararse para las consecuencias de este fenómeno y cuidar los recursos hídricos en particular”, sostiene.

Más allá de si se confirma o no un evento extremo, el desafío para México será su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, aunque incierto, ya empieza a perfilar sus posibles impactos.

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Todo está conectado

En los cuatro países analizados, el mensaje coincide: más allá de si el evento resulta moderado o extremo, los impactos dependerán de la capacidad de preparación y adaptación.

Las próximas semanas serán decisivas para confirmar la evolución del sistema en el Pacífico. Mientras tanto, la vigilancia científica se intensifica frente a un fenómeno que, como recuerdan los expertos, trasciende fronteras.

“Todo está conectado”, resume Max Henríquez. “Lo que ocurre en el Pacífico tiene repercusiones globales”.

*Imagen principal: Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

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Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Antes de tomar la cámara fotográfica, Cristina Goettsch Mittermeier ya tenía una conexión con el mar. Los veranos en las playas de Tampico, Tamaulipas, en el Golfo de México, y la fuerza de las olas marcaron esa fascinación por el océano. Al mismo tiempo recuerda desde entonces cómo su madre cargaba con gasolina para limpiarle los pies del chapopote —restos de hidrocarburos— que ya desde entonces existía en las costas.

Su conexión con el mar ahora es más fuerte. Su trabajo como fotógrafa de conservación ha sido reconocido en el mundo por documentar la riqueza de los océanos, así como la vida que habita en ellos y los riesgos cada vez mayores que enfrentan.

Cofundadora de la fundación SeaLegacy, Mittermeier ha documentado por décadas las transformaciones y los impactos que ocurren en los mares: arrecifes degradados, costas contaminadas, especies al borde de la extinción. Pero también ha mostrado historias de resistencia para proteger y conservar la vida marina.

A solo unas semanas del recientes derrame petrolero en las costas del Golfo de México, cuyos remanentes llegaron por semanas a las costas de la región, en medio de las amenazas que representan los proyectos de gas para los ecosistemas marinos y la autorización del gobierno de Donald Trump para que las petroleras estadounidenses hagan nuevas perforaciones en aguas profundas, poniendo en riesgo a especies protegidas, Mittermeier charla con Mongabay Latam y reflexiona sobre el momento que viven los mares mexicanos y las oportunidades reales para protegerlos.

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—¿Qué fragilidad y al mismo tiempo qué resistencias encuentra en los mares de México?

—Tuve la fortuna de estudiar Ingeniería Bioquímica y Recursos Marinos en el TEC de Monterrey, en Guaymas, Sonora, y aunque yo me imaginé que iba a ir a estudiar ballenas y tiburones y toda esta megafauna, en realidad lo que estudié fue el mar a través de un microscopio.

Una de las primeras cosas que aprendes es que la diversidad del océano existe a nivel microscópico en el plancton y es el fitoplancton el que proporciona la mitad del oxígeno. Por esa simple razón deberíamos cuidar esta fragilidad porque nadie puede vivir con solo la mitad del oxígeno.

Lo que estamos haciendo en el mar son dos cosas gravísimas. La primera es la extracción de biomasa a nivel industrial. La cacería industrial de vida marina silvestre es un error gravísimo porque no entendemos todavía la función de la biomasa marina en el ciclo de carbono del planeta, son lo que lo mantiene vivo.

El segundo problema es que hemos utilizado el mar como un vertedero de basura y no son solo plásticos. Son químicos, petroquímicos, hidrocarburos, sustancias súper tóxicas que están matando el mar.

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—¿Considera que ha cambiado la percepción sobre la conservación desde que empezó a estudiar el mar?

—La percepción de la gente ha cambiado muchísimo. Cuando comenzamos, cuando creamos SeaLegacy, que es la organización que mi esposo y yo creamos, lo que queríamos era enfocar más atención a los temas marinos. Apenas si se hablaba del mar, aunque es el ecosistema más grande y el que define la vida sobre la tierra.

Seguimos muy rezagados en términos de inversión de los gobiernos, de las corporaciones para crear economías azules que dependan de un mar vivo. Estoy hablando de billones de dólares que todavía nos faltan para realizar esa ambición. 80 billones de dólares al año.

—¿En qué contexto nace SeaLegacy y cuál es el aporte que ha tenido y que que destacaría?

—Al final de la Segunda Guerra Mundial, la gente que no tenía experiencia en espionaje ni en cuestiones militares se sumó al esfuerzo para tratar de ganar la guerra. Les decían los amateurs gloriosos. Fue lo que hicimos mi esposo y yo. Sin tener dinero, sin tener respaldo organizacional dijimos: «Vamos a hacer fotografías y hablar del mar, usar nuestras cuentas de medios sociales».

Las derrotas son todos los días. La última es el gobierno de Donald Trump declarando que ya no va a haber protecciones para las especies en peligro en el Golfo de México para poder seguir extrayendo petróleo. Vamos a presenciar la extinción de la ballena de Rice (Balaenoptera ricei), una verdadera pena del lado del Golfo de México, la extinción de la vaquita [marina] (Phocoena sinus) en el Golfo de California. Estas son vergüenzas internacionales para México.

Pero anécdotas de lo que ganamos es lo más importante que podemos hacer y es importante orientarse a esas victorias. SeaLegacy pudo participar como parte de un consorcio internacional muy grande para ganar la creación de la primera red de áreas marinas protegidas interconectadas en el Pacífico Oriental entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Se creó esta red muy grande de áreas marinas protegidas para permitir que las especies como tiburones, ballenas, tortugas puedan transitar en sus pasajes de migración sin ser hostigadas por la pesca industrial y eso fue un logro importantísimo.

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—Recientemente habló sobre el imperialismo ecológico. ¿Cómo lo describiría?

—Escuché acerca de esta planta desalinizadora que está promoviendo Arizona porque les falta agua en el sureste de los Estados Unidos. Entonces la idea es: «Vamos a sacar agua del mar del Golfo de California, desalinizar y llevarnos el agua dulce a los Estados Unidos», pero a México se le queda toda la salmuera que es tóxica.

Ese imperialismo de pensar «nosotros nos llevamos todos los beneficios» y México se queda con el mugrero, a mí se me hace ofensiva. Te das cuenta de que México no es el único país, hay muchos países donde los grandes imperios occidentales tiran su mugrero y se llevan la riqueza.

—¿Cómo percibe estas decisiones en la situación que vive el Golfo de México?

—Me gustaría decirle a la presidenta [Claudia] Sheinbaum que nuestras ballenas de Rice son mexicanas y merecedoras de la protección del gobierno de México. Pero lo que más creo que tiene importancia a nivel macro es esta carrera de los hidrocarburos. México no controla el precio de los hidrocarburos. Estamos a merced de lo que digan otros gobiernos. Por esa razón solamente México debería estar transicionando a energías renovables en las que nosotros controlamos el precio y nosotros nos quedamos con el beneficio.

México tiene una oportunidad muy grande porque gozamos con recursos renovables gloriosos, recursos solares, eólicos que podrían posicionar a México como una poderosa potencia de energía sostenible.

—¿Qué riquezas todavía tiene el Golfo de México y por qué es importante defenderlas?

—Una de las fallas que cometemos es esa idea de que el Golfo ya está echado a perder y que por eso no vale la pena hacer nada. Nada podría estar más lejos de la verdad. El Golfo de México tiene unas costas que todavía tienen áreas de biodiversidad increíblemente importantes. No solo los manglares y las lagunas costeras, sino también arrecifes de coral.

Precisamente porque ha estado abandonado durante tanto tiempo, desde el punto de vista científico sabemos muy poco sobre lo que hay. La capacidad global del petróleo está a punto de empezar a disminuir y los países que no transicionen hoy se van a quedar atrás.

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—¿Y qué amenazas observa para el Golfo de California?

—El Proyecto Saguaro y el Proyecto Amigo, dos proyectos de gas natural licuado. Son hidrocarburos texanos que no le pertenecen a México y que aunque se vendan no vamos a ganar ni un peso de eso. Lo único que le queda a México es el mugrero y el potencial de un derrame, pero también la destrucción del Golfo de California de convertirse en un corredor industrial.

Tenemos la diversidad de cetáceos más grande del mundo, 43 especies de mamíferos marinos, entre ellas la ballena azul, que es el animal más grande que ha vivido sobre la tierra. Y aunque vayamos a presenciar la extinción de la ballena Rice en el Golfo de México y la vaquita marina en el Golfo de California, todavía tenemos oportunidad de salvar a las ballenas azules que en el Golfo de California y en el Pacífico Oriental mexicano tienen una de sus poblaciones más importantes en el planeta.

Todo eso lo vamos a poner en peligro para hacer un corredor industrial. ¿Qué se va a acabar? El trabajo para los pescadores artesanales de Puerto Libertad, que ya están preocupados de que se industrialice la zona donde ellos viven.

Pensar en los mares de México es pensar en las generaciones futuras de mexicanos y no en la monetización de nuestros recursos irreemplazables.

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—¿Cómo impulsar la idea de que la naturaleza no está aislada de nosotros?

—Hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que yo ayudé a ponerle el nombre, que es la Reserva de la Biósfera de Dos Mares en Baja California Sur, que es la entrada del Golfo de California. Una reserva de la biósfera permite que se lleven a cabo actividades sostenibles, por ejemplo, la pesca artesanal.

Y son los pescadores artesanales, los ribereños mismos, los que piden la creación de esta reserva de la biosfera porque ven su modo de vida amenazado. Son más de 25 000 pescadores y sus familias que dependen de los recursos del Golfo de California. Y es la pesca industrial la que amenaza este modo de vida, la proliferación de cruceros y de turismo desenfrenado, y ahora la industrialización de estos buques. La gasificación.

—¿Todavía estamos a tiempo de fomentar esta conexión con la sociedad a través de, por ejemplo, la fotografía?

—Hay un peligro enorme en rendirnos a estos procesos. Yo como acto de resistencia creo que tenemos la oportunidad de reorientarnos hacia donde todavía hay esperanza.

Y la esperanza siempre existe en las soluciones. Entonces ahí es donde tenemos que enfocar nuestras narrativas e invitar a otra gente a que se sume.

Yo me imagino y me gustaría vivir en un planeta donde el Golfo de California está vivo, donde el Golfo de México está protegido y donde México fuera el primer país que depende totalmente de energía verde.

—¿Qué señales de esperanza ve?

—En semanas como esta donde lees la catástrofe que está pasando el Golfo de México y donde te das cuenta de que siempre hay intereses personales que empujan este tipo de proyectos me da una tristeza enorme, pero siento que hay esperanza en la resistencia, en saber que no somos sólo tú y yo los que estamos preocupados.

En el caso del Proyecto Saguaro y el Proyecto Amigo en el Golfo de California se han sumado más de 40 organizaciones, muchas de ellas internacionales, pero la mayoría mexicanas, para oponerse y para levantar la voz y decir «no podemos hacer aquí lo que hicimos del otro lado».

Creo que hay esperanza en las compañías y en las corporaciones que sí se pueden imaginar un futuro más sostenible.

—¿Planea volver a trabajar en México?

—Llevo más de 30 años fuera de México y es uno de los dolores más grandes de mi vida.

Ahora quiero que se sepa que renuncié a mi ciudadanía americana, que yo no me puedo suscribir a lo que está haciendo este gobierno contra los mexicanos y que yo no quiero que ni un peso de mis impuestos vaya para eso. Me regreso a vivir a México.

Le diría a la Presidenta que la mejor manera de establecer la soberanía de México es protegiendo los mares que son una joya para el mundo, no solo para nosotros, sino también para las especies con las que compartimos el mar. Esta presidenta puede hacerlo.

Tenemos mucho trabajo por delante y eso le toca a Claudia Sheinbaum. Que sepa la Presidenta que la apoyamos en esa ambición, no en las contradicciones.

*Imagen principal: una ballena en aguas de México. Foto: cortesía Cristina Mittermeier.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

*Imagen principal: organizaciones protestan dentro de la COP30, en noviembre de 2025, por la presencia de lobistas de los combustibles fósiles. Foto: cortesía © UN Climate Change/Kiara Worth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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