El Me Too Colombia, propio de esta fase feminista en clave digital del siglo XXI, estalló en todas las redes y, a manera de búmeran, visibilizó casos de denuncia de violencia, abuso sexual, abuso de poder y otras formas de acoso en el mundo del periodismo y en otros escenarios. Esto, sin duda, removió y dio oxígeno —no solo de manera simbólica, sino real— al movimiento dedicado a estas causas nobles, a las mujeres víctimas que se atrevieron a denunciar, hoy y siempre, y a las colectivas dedicadas al litigio violeta, muchas de ellas igualmente perseguidas, estigmatizadas e incluso denunciadas por los victimarios.

Pero también cuestionó, entre otras instituciones, al Estado patriarcal y a su justicia lenta, responsable en parte de la impunidad frente a la infinidad de casos que llegan —o que deberían llegar— a su conocimiento. El #MeTooColombia dejó al descubierto “el pacto de silencio” en torno a esta crueldad normalizada por todos y todas, en donde el Estado y la justicia han quedado en cuestión significativa. Ni hablar del silencio del primer gobierno de izquierda ante tantas denuncias, en el que ha preferido premiar a los denunciados, dejándolos en condiciones privilegiadas para la construcción de estrategias de silenciamiento y violencia sistemática.

Gracias a la lucha de siglos y décadas de las colectivas feministas, se han logrado avances en el mundo y en Colombia en la construcción de un marco jurídico de protección. En el caso colombiano, ese marco parte de la propia Constitución Política, de su bloque de constitucionalidad —con instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará— y de normas como la Ley 1257 de 2008, gran ley contra todas las formas de violencia de género; la Ley 1542 de 2012; la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio y es conocida como la Ley Rosa Elvira Cely; la Ley 2126 de 2021; la Ley 2365 de 2024; el Código Penal, en su componente violeta; y el Código de Procedimiento Penal. A ello se suman las sentencias violetas de la Corte Constitucional, de las demás altas cortes de cierre, los aportes de la justicia transicional impulsada por la JEP y la lenta transformación de la justicia patriarcal colombiana. Aun así, la impunidad ha seguido siendo la regla.

Todo este ordenamiento jurídico —en muchos casos de carácter punitivo— se ha tenido que implementar ante la prevalencia de una cultura que sigue viendo a las mujeres como propiedad, como subordinadas, como cosas, como objetos y hasta como amenaza. Así lo reflejan las cifras, en donde las mujeres constituyen el 75,6 % de las víctimas de violencias basadas en género (VBG), dato que evidencia la feminización de la crueldad en este ámbito, sin desconocer que otros géneros e identidades sexuales también son susceptibles de estas violencias estructurales e históricas.

Son estas mismas instituciones las que conocen de primera mano los hechos aberrantes o reciben las denuncias y, por lo tanto, tienen la enorme responsabilidad de recepcionar, acompañar, investigar y administrar justicia en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidio, acoso sexual, trata y toda forma de violencia simbólica. Al final, todo se convierte en un viacrucis —como he denominado esta columna— que culmina en la revictimización o crucifixión de las víctimas: una especie de Semana Santa permanente, pero sin resurrección, sin la más mínima esperanza.

Por fortuna —y lo digo así— las estrellas se alinearon en el caso de #MeTooColombia: algunos agresores fueron removidos de escenarios de poder (ya los veremos en otros escenarios, como si nada), se activaron redes de mujeres y mecanismos de protección, y el tema logró visibilidad gracias a voces femeninas influyentes en el mundo de la comunicación, un asunto impensable para mujeres de otras geografías en Colombia. Sin embargo, esto no puede quedarse en la reacción coyuntural. Se requiere ir más allá de comités de investigación —el show mediático que están haciendo las instituciones ante lo que denominan crisis— y avanzar hacia la creación urgente de culturas organizacionales con enfoque de género e interseccionalidad.

En esa línea, resulta relevante el anuncio de la Fiscal General de la Nación sobre la creación de grupos especializados con enfoque de género, la revisión histórica de casos bajo su conocimiento —¿qué pasó?— y la valoración y el seguimiento del derecho fundamental al escrache, identificado por la Corte Constitucional de Colombia como la libertad de expresión que “permite a las víctimas denunciar vulneraciones graves a sus derechos, especialmente en escenarios de impunidad o falta de acceso a la justicia” (Sentencia T-289 de 2021). Un derecho fundamental que, en el contexto colombiano, culmina con la criminalización de las víctimas y de las colectivas, quienes terminan denunciadas por injuria y calumnia por parte de sus agresores. Lo de la Fiscalía llega tarde, pero es mejor tarde que nunca.

Vuelvo entonces a la metáfora de los lentes: no todos los casos los requieren, pero los de VBG, indudablemente, sí. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han insistido en la necesidad de juzgar con perspectiva de género cuando los casos clamen dichos enfoques. Sin embargo, estos lentes resultan insuficientes si no se articulan con enfoques de interseccionalidad e interculturalidad. No es lo mismo estar en Bogotá que en las diversas geografías del país. Edad, etnia, condición migratoria, identidad sexual, discapacidad, ruralidad, pobreza y subordinación son variables que deben cruzarse para comprender la complejidad de estos casos, muchos de los cuales terminan en el olvido, mientras el viacrucis continúa.

La crueldad histórica contra las mujeres no ha terminado y no promete hacerlo pronto. Hablamos de siglos de sistema patriarcal, pero también de luchas, resistencias y avances —desde distintas geografías y miradas— que nos recuerdan que este proceso no es lineal ni homogéneo. En Abya Yala, por ejemplo, las luchas no solo son por igualdad, sino por comunidad, reconocimiento y vida digna. Allí, el feminismo comunitario también realiza la tarea.

Nota 1: Esta columna fue escrita en plena Semana Santa. Que la espiritualidad nos colme de empatía para comprender —y erradicar— tamaña crueldad histórica.

Nota 2: Un análisis más profundo de este tema se encuentra en el artículo escrito junto con Ana Lucía Caldas: La lucha por la inclusión de la perspectiva de género en la aún justicia patriarcal colombiana. Cuatro casos emblemáticos, el cual se puede consultar a texto abierto en el siguiente enlace:
https://www.rivistaianus.it/numero_30_2024/flipbook/html/05/05_Ianus_30_Achury_Caldas_117-148.html

Hemos creado, junto con la periodista y politóloga Paula Alejandra Ricaurte, un espacio virtual titulado Los lentes de Liliana. Hemos traído a este escenario una figura que suelo utilizar en mis clases sobre constitucionalismo, género, feminismo, territorio, descentralización, pluralismo y muchos otros temas. Seguramente quienes han escuchado mis charlas y clases la recordarán bien.

Los lentes de Liliana hacen referencia a esos diversos colores con los que suelo leer la realidad: azules para la construcción de paz; verdes para la naturaleza; wiphala para la interculturalidad y el pluralismo; violetas o rosados para el feminismo y los enfoques de género; naranjas para el territorio; y también múltiples matices de gris, porque nada es completamente blanco o negro en la complejidad social y del derecho.

En fin, son múltiples lentes que permiten acercarse al mundo con empatía y compasión, sin dejar de lado el prisma de la literatura, el cine, el teatro y el arte, que también estarán siempre presentes.

No será un espacio acartonado, ojalá que no. Será, más bien, un espacio pedagógico, abierto al diálogo, al intercambio de voces y saberes, a la presencia de invitadas e invitados, a la lectura de columnas y, sobre todo, a la generosidad necesaria para aprender y caminar juntas y juntos.

Link en Instagram: https://www.instagram.com/lilianaestupinana?igsh=MWtnMTFyZDh2cnJhbg%3D%3D&utm_source=qr

Algo se movió en Colombia en los últimos años. Y no, no fue solo la “rebelión de gobernadores” reclamando autonomía territorial frente al viejo centralismo. También hubo otra: la de la toga (2025). Más sutil —no siempre—, quizás, pero igual de política.

Congresos, foros, declaraciones, comunicados, micrófonos y más micrófonos. De repente, la judicatura —en cabeza de sus presidentes de cierre— salió en masa a hablar de Estado de derecho, de regresión democrática, de constitucionalismo abusivo, de Constitución en reversa y de autonomía judicial.

Expresiones que, en el contexto colombiano, aludían a una posible afectación de la independencia y autonomía de las tres ramas del poder público —ejecutiva, legislativa y judicial—, pero, de manera especial, a las tensiones entre la rama judicial y la figura presidencial.

Todo muy propio de un escenario complejo y en abierta disputa: un Ejecutivo que, por momentos, exhibe visos populistas mientras impulsa una agenda social que lo llevó a encarnar el primer gobierno de izquierda en la historia política del país; y, del otro lado, una justicia incómoda, reactiva —incluso por momentos desbordada—, que se siente interpelada por el gigantismo del poder presidencial, propio de nuestro sistema de gobierno. Una justicia que se ha caracterizado por su rol garantista en materia de dogmática y derechos, pero mucho menos generosa cuando esos mismos lentes deben aplicarse a lo económico, lo fiscal, lo minero e incluso a lo social.

La llamada “rebelión de la toga” dejó varias lecciones. La más evidente: la autonomía judicial no es solo presupuesto, ni autogobierno, ni garantías estatutarias y formales. Es también —y, sobre todo— independencia real. Y esa independencia se pone a prueba no solo frente al poder político, sino frente a todos los poderes.

Sí, todos.

Porque el problema no se agota en las indebidas presiones del Ejecutivo. También opera —muchas veces con mayor sigilo— desde los gremios, las élites económicas, los círculos académicos cerrados, los grandes bufetes, las redes de influencia, el mundo del arbitraje e incluso el litigio estratégico.

Para pensar en esta última idea, acudí a un libro breve pero sustancioso: La independencia de los magistrados, del profesor francés Fabrice Hourquebie (Tirant lo Blanch). Allí se desarrollan elementos que, a mi juicio, quedaron por fuera de la “rebelión de la toga” vivida recientemente en Colombia.

El autor analiza la independencia judicial desde tres aristas: (i) la independencia de la institución judicial; (ii) la independencia sustentada en garantías estatutarias; y (iii) la independencia como cuestión de conducta personal.

Insisto: los dos primeros aspectos fueron ampliamente debatidos en 2025. Pero vale la pena detenernos en el tercero.

La independencia de los magistrados como cuestión de conducta personal abre interrogantes incómodos, pero necesarios. Como señala Hourquebie, cabe preguntarse si la teoría de la separación de poderes no ha sido, en ocasiones, más un ideal que una realidad, considerando los procedimientos de nombramiento, las presiones del poder ejecutivo, los escándalos que han marcado la historia de la justicia y los intereses que subyacen en su funcionamiento.

• ¿Están realmente los magistrados distanciados del poder? Y cuando hablamos de poder, este no se agota en lo público: incluye también el poder económico, gremial y simbólico.
• ¿Cuántos premios reciben nuestros magistrados?
• ¿Quién se los entrega?
• ¿Quién los invita a hablar? ¿A quiénes invitan a hablar?
• ¿Quién financia los escenarios donde hoy opinan con tanta soltura?
• ¿Estos escenarios responden a un poder en particular o están realmente libres de intereses?
• ¿Aplican “el deber de ingratitud”?
• ¿Y después de los ocho años, qué? ¿A dónde van? ¿A qué puertas tocan o les abren?

Porque la independencia no se declama: se practica. Y, sobre todo, se percibe.

Como bien lo recuerda Hourquebie, la independencia judicial no es solo institucional ni estatutaria. También es personal: es conducta, es ética, es estética, es moral y, ante todo, es distancia. Distancia del poder. De todos los poderes.

Estas preguntas sugieren la necesidad de una investigación jurídica y socio-jurídica seria sobre prácticas que podrían estar afectando la independencia judicial, no solo desde la estructura del Estado y la posible vulneración del Estado de derecho, sino desde la conducta.

Aquí aparece la llamada imparcialidad subjetiva, atravesada por convicciones políticas, filosóficas, religiosas e ideológicas. Son seres humanos, no dioses. Lo liberal, lo garantista, lo conservador —incluso lo espiritual— conviven en una misma Corte. Y ello, en buena medida, es inevitable.

Pero ser magistrado implica también resistir las presiones de la opinión pública, del corporativismo y de la demagogia. Implica, como bien lo señala Hourquebie, preferir una verdad incómoda antes que la facilidad de la complacencia. La independencia judicial es, en últimas, un acto de valentía.

El texto reabre un viejo debate: la tradición francesa, que concibe al juez como “boca de la ley”, frente a la anglosajona, que lo entiende como un “oráculo vivo”. Entre ambas, se despliegan las discusiones sobre activismo judicial, tribunales constitucionales y el papel de la judicatura en sociedades complejas. El juez que mira con lentes de compasión el dolor y la vulnerabilidad, antes que con lentes de complacencia frente a los ricos y poderosos. Pero ese es asunto de otra columna.

Cierro retomando el título: “Asociación de magistrados alérgicos a las condecoraciones”. Una figura irónica —creada en Francia en 2016— que cuestiona la práctica de otorgar y recibir medallas, distinciones y honores, especialmente desde el poder ejecutivo, pero también desde otros poderes, incluidos el económico y el mediático.

“No hay almuerzo gratis”.

Favores, regalos, cenas, reconocimientos… todo ello puede exacerbar la vanidad en un ámbito que exige sobriedad.

Dicho en términos más directos: ¿provenir del arbitraje, aspirar a él, tener vínculos con partidos políticos, con grandes gremios, firmas de abogados o con litigios estratégicos puede afectar la independencia judicial? Lo dejo como pregunta.

En Colombia, ocho años de magistratura pasan rápido. Pero la pregunta persiste: ¿qué viene después? ¿Se retiran nuestros magistrados a la contemplación? El libro de Hourquebie invita a la prudencia, a la mesura. A una judicatura que hable a través de sus sentencias. Menos expuesta, menos mediática, menos tentada por la política y los micrófonos.

Tal vez ha llegado el momento de abrir esa discusión: de mirar de frente esa tercera arista que también debería integrar la llamada “rebelión de la toga” —así he querido nombrarla—. Un punto incómodo, pero ineludible, que interpela de manera directa la independencia y la autonomía de la justicia en Colombia.

Más aún cuando a esa estética se le contrapone, con desparpajo, la imagen del señor blanco, economista, técnico, neoliberal, exministro y demás, presentado con mangas arremangadas —como el gran ejecutivo de lo político— como si fuera el salvador del Estado. Su único error, nos dicen, habría sido aceptar la candidatura vicepresidencial de una versión local de las caricaturas políticas de Bukele o de Milei. Nada más que eso.

Algo parecido ocurre cuando escucho la manera en que hablan de la ternura, la candidez y la lucidez de la ahora candidata de la derecha colombiana: muy blanca, de “buena familia”, con formación en una universidad de élite y ungida por el presidente de “marras” para los grandes asuntos del Estado. Y entonces aparece la frase que pretende cerrar cualquier debate: qué tal una presidenta mujer para Colombia, para resolver de una vez por todas el problema de la igualdad.

La escena parece sacada de los siglos XVIII o XIX.

Lo que estamos viendo, en realidad, es la confrontación entre dos estéticas y dos modelos de Estado. Uno, el que históricamente ha detentado el poder en Colombia; el otro, el que apenas logra abrirse paso después de siglos de exclusión, a pesar de errores —algunos graves e injustificables— pero también de avances sociales que sería imposible desconocer.

Se trata de dos proyectos que no solo difieren en programas políticos. Son estéticas, éticas y concepciones de justicia profundamente distintas.

El primero se suma a la ola conservadora que recorre América y que se impulsa desde el Norte. Un modelo que puede adornarse con la presencia de un candidato gay —tan incómodo para la heteronormatividad tradicional como útil para las estrategias electorales—, pero que al mismo tiempo expulsa sin remordimientos a los migrantes pobres, esos que no encajan en la estética de la migración rica y blanca que tanto seduce a ciertas élites.

El segundo proviene de otras geografías, de otros marcos epistemológicos, de otras historias. Es el que apenas logra sacar la cabeza después de siglos de dominación, explotación y silenciamiento.

Por eso esta columna quiere detenerse en la estética del poder en Colombia: una estética colonial, racista, clasista, sexista, homofóbica, patriarcal, capitalista y machista. Una estética que puede posar hoy junto a mujeres o disidencias sexuales, pero muchas veces más por estrategia que por convicción.

Para entenderla basta recordar el extraordinario libro del historiador Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas: la construcción de las razas y de la geografía del siglo XIX en Colombia. Allí se denuncia esa lectura casi feudal de nuestra historia: una historiografía de héroes, de caudillos, de grandes señores, de hijos ilustres y de esclavistas convertidos en próceres, que todavía pueblan los currículos visibles e invisibles de la educación colombiana.

El problema es tan profundo que incluso la enseñanza misma de la historia terminó siendo marginada de los salones de clase justo cuando comenzaban a emerger nuevas formas de escribirla. Cuando la historia empezó a narrarse desde otras metodologías y no solo desde la mirada de las élites.

En ese contexto, la Comisión de la Verdad realizó un ejercicio fundamental: pensar la historia del país de abajo hacia arriba. Una transgresión intelectual que permitió escuchar voces y relatos que durante décadas habían sido silenciados.

Sin embargo, paradójicamente, en ese mismo momento la historia fue perdiendo espacio en escuelas y colegios. De ahí la importancia de la Ley 1874 de 2017, que ordenó fortalecer su enseñanza en los distintos niveles de la educación básica y media.

La pregunta sigue siendo incómoda:
¿qué historia nos han enseñado para que la diferencia despierte tanto desprecio en Colombia?

Algo similar ha ocurrido en muchas facultades de derecho, donde las cátedras de historia constitucional o del derecho han sido eliminadas por considerarse prescindibles. Y ello justo cuando la llamada Nueva Historia comenzaba a construir una contrahistoria frente al relato oficial de las élites.

Como recuerda Alfonso Múnera:

“Las élites, y aun el imaginario colectivo, se nutrieron de la creencia en la inferioridad natural de buena parte de la geografía colombiana y de los seres humanos que la habitan…”.

Ese es, quizá, uno de los dramas centrales de nuestra historia republicana: élites que hablaban en nombre de un orden democrático mientras practicaban, en la vida real, un orden profundamente aristocrático, reservado a un pequeño grupo de notables y negado a la gran mayoría de la población.

En esa misma línea han reflexionado pensadores como Dussel, Quijano o Catherine Walsh, quienes han mostrado cómo la colonialidad del poder sigue atravesando nuestras instituciones, nuestra cultura política, nuestra estética y nuestras formas de comprender el mundo.

Porque el viejo orden colonial no desapareció del todo. Sigue presente en imaginarios cotidianos: primero los blancos —porque “mejorar la raza” sigue siendo una expresión tristemente familiar—, luego los mestizos, y al final los indígenas y los afrodescendientes.

Un orden que las leyes dicen superar, pero que las estadísticas desmienten. Un orden que la geografía social del país revela con crudeza. Un orden que incluso convive con una Constitución que muchos dicen defender con fervor, pero que rara vez se cumple en la práctica.

El artículo 7 de la Constitución de 1991 es claro:

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

Sin embargo, los privilegios siguen sostenidos por viejos relatos coloniales que sobreviven en nuestro imaginario nacional. Relatos que ubican a unos pocos en el poder durante siglos, mientras Colombia continúa figurando entre los países más desiguales del mundo.

Tal vez por eso el debate actual no sea solamente electoral.
Es también —y sobre todo— una disputa por la estética del poder y por la forma misma de imaginar el país.

Esta crónica de viaje nació a petición de la Revista Cambio, en un momento decisivo para Cuba (publicada el 10 de febrero de 2026). Una isla que huele a son, a ciencia y a cultura, pero también a hermandad y a una generosidad profunda con Colombia. No es un dato menor: fue en su territorio donde se tejieron los diálogos de paz que condujeron al Acuerdo de La Habana —así se llamó—, o Acuerdo Colón, el cierre de uno de los conflictos armados más largos y dolorosos, con las hoy extintas FARC. Un territorio generoso que hoy sigue abriendo sus puertas para la construcción de más paces en un país que, como Colombia, recicla la guerra y desentierra las armas y los odios a cada instante.

La misma isla de la paz fue azotada la semana pasada por una ráfaga de viento frío que llegaba desde el norte y la hacía irreconocible. La ropa pensada no servía para nada y tocó vestirse “a lo Bogotá”: sacos y abrigos como nunca. Un viento que la volvió, por momentos, oscura y extraña. Un mar embravecido, quizás porque ya sentía los coletazos del último bloqueo —porque han sido infinitos—.

Los mismos bloqueos que la detuvieron en el tiempo: sus edificios, sus calles, el mismo aeropuerto y hasta su transporte. Marcas visibles a lo largo y ancho de la isla, incluso en el rostro de una nación digna y culta que no pudo desarrollar su proyecto utópico, como se lee en esa Constitución devorada durante el viaje de regreso.

Una Cuba que apenas logra resistir tamañas embestidas de la historia, lideradas por los Estados Unidos desde los años sesenta. En esta oportunidad, un bloqueo que, además de económico, es energético y se refleja en nuevos aranceles y sanciones para todos aquellos Estados que se atrevan a suministrarle petróleo. ¿Cómo sobrevivir ante tamaña ignominia?

¿Y los aliados del pasado? Algunos fracasaron como proyecto histórico; otros no tienen el oro negro ni están dispuestos a agraviar al Norte; y, para colmo de males, en los últimos meses se perdió a Venezuela, que hoy parece una colonia del norte. Y ya ni la misma Sheinbaum puede hacer algo relevante en materia de solidaridad. Colombia, por su parte, permanece amarrada por el miedo a nuevas listas Clinton y sanciones.

Un mundo lleno de miedo, sin integración ni comunidad para enfrentar estos apetitos del mercado y del capital. Lo democrático, luego de la afrenta militar a Venezuela, ya no puede ser utilizado como excusa para esta última agresión a la isla. Eso que llaman democracia es expoliación, explotación o mercado por construir. ¿O no?

Desde el Hotel Nacional —en una burbuja de privilegios—, en pleno evento liderado por constitucionalistas y comparatistas, en clave de empatía y esperanza, apenas se puede observar lo que sucede en las provincias y en las calles en estos momentos. Una “calma chicha”, muchos silencios y poca información. La penúltima noche en la isla, uno de los conserjes del hotel emblemático insinúa que salir de esa burbuja es complejo, por la poca de luz en las calles, los temas de seguridad y una incertidumbre que agobia.

En ese mismo hotel donde reposan las fotografías, en el Salón de los Famosos, de Samper, Piedad Córdoba, Lucho Garzón, Santos y otros, se convocó el emblemático evento Cuba CON-PARA (Segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado y Constitucional), al que asistieron decenas de profesoras y profesores —entre ellos, grandes constitucionalistas y comparatistas cubanos—. Un proyecto académico que podría haberse realizado en otro país, pero que tuvo lugar precisamente en Cuba, para comprender todas las geografías y las propuestas de organización política que ameritan profundo respeto desde la comparación y la empatía.

Leer con lentes de supremacía moral y homogeneidad no es respetuoso ni esperado en el mundo de la comparación ni en un constitucionalismo de la esperanza. Por eso Cuba es y será el mejor lugar para este seriado de eventos, que en esta oportunidad coincidió con el azote del Norte: no solo del viento frío, sino del voraz capital que lo acompaña.

En Cuba CON-PARA se tuvo tiempo para el respeto y la comprensión de un fenómeno constitucional e histórico que fue truncado desde su nacimiento y que entró en su fase más compleja a finales de los años ochenta, cuando se cayó una de las formas de hacer socialismo en el mundo, cuando se abrazó al capitalismo como única opción y a la democracia liberal como la única posible, presentada como racional y perfecta, a pesar de haber engendrado monstruos como el actual gobierno de Trump o el que lidera el genocidio de Palestina.

Ni el constitucionalismo, ni el derecho internacional, ni los organismos internacionales ofrecen hoy una salida a Cuba. El primero queda frustrado ante las intervenciones y los bloqueos referidos; el segundo se percibe como un ordenamiento en crisis —la voz de los internacionalistas apenas se escucha—; y el tercero parece silencioso e inoperante en este momento. Tampoco se observa una línea de integración latinoamericana o mundial que opere en clave de unidad y solidaridad. Sin duda, se está frente a una forma de castigo colectivo y a una práctica susceptible de ser calificada como delito de lesa humanidad: someter a millones de seres humanos a la indignidad estructural, ante un mundo que hoy prefiere pasar la página.

De hecho, la Constitución de la República de Cuba, en su parte dogmática, habla de una utopía poderosa: una sociedad donde la dignidad es central. Pero esa dignidad, sin calorías suficientes para sostener la vida, sin energía eléctrica, sin combustibles, sin transporte y sin esperanza —y con una democracia socialista que apenas revisa sus graves errores históricos—, arrinconada por el bloqueo de marras, hace imposible la vida y el sueño del gran Martí:

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

Los coletazos del tirano del Norte se sienten y se ven en La Habana, pero más aún en las provincias; en la emigración de millones de cubanas y cubanos; en una población cada vez más envejecida; en la imposibilidad de construir su propia dignidad. Toda una estrategia para estrangular la isla y proyectar más complejos hoteleros y casinos, como hoy se observan en los renders construidos sobre el adolorido territorio y Estado de Palestina.

Esta reflexión se cierra con muchas imágenes de esperanza recogidas durante la corta estadía: estudiantes de la Universidad de La Habana, ávidos de sueños y oportunidades; químicos, matemáticos y artistas que hoy transportan el turismo rico y pobre que llega a la isla, pero que tuvieron un pasado en las fábricas, las industrias, las universidades y los teatros; licenciados bilingües y trilingües que hoy cuidan a los miles de extranjeros que a diario pisan la isla; y el gran Estudio 50, tan parecido a las viejas bodegas del Williamsburg neoyorquino, un proyecto cubano construido en una antigua bodega gigantesca donde jóvenes hacen arte, teatro y cultura. Tienen con qué: estudios, alto nivel, estética y una sensibilidad profunda.

Se suma, el conductor del taxi que cantó sin parar son cubano, como si afuera nada estuviera pasando. Y, al mismo tiempo, las filas de carros esperando la última gota de gasolina; los turistas despistados que llegaban a la misma burbuja; y tantas otras escenas que conviven sin pedir permiso. Rostros bellos y de esperanza en medio de la calma chicha que se siente en cada calle.

“Resistir con dignidad”, dijo Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en su alocución de la semana pasada. Pero la dignidad, para sostenerse, necesita manos amigas y un apoyo real que acompañe el cansancio de un pueblo. Que Latinoamérica —la misma que canta y se nombra en las canciones de Bad Bunny— despierte en solidaridad y tienda el abrazo necesario a esa isla que hoy clama respeto, empatía y corazón.

¡Ay, mi Cuba!

De Beny Moré.

No digo más.

En mi calidad de coordinadora de la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina – RedCCAL e integrante de su Comité Ejecutivo, utilizo mi blog en El Espectador, entre otras redes sociales y estrategias de difusión, para socializar el Resumen Ejecutivo de la primera reunión de la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina – RedCCAL, dedicada al análisis de la coyuntura en torno a Venezuela, el constitucionalismo en América Latina, la integración, la soberanía y la violación del derecho internacional.

Mensaje de solidaridad de la REDCCAL con el pueblo venezolano:

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, “Colombia, potencia de la vida”, pasará a la historia como uno de los planes más democráticos de este país, por el proceso de participación que reunió más de 6.500 proposiciones y la presencia de más de 250.000 colombianos y colombianas en los 51 Diálogos Regionales Vinculantes, según información reportada por el Departamento Nacional de Planeación.

Sin duda, este ejercicio ha sido una de las mejores tareas de este gobierno, aunque el abandono posterior del documento y de su hoja de ruta le ha pasado factura no solo al gobierno nacional sino a toda Colombia. Celebro, sin embargo, su construcción en torno al agua y la vida.

Sobre el agua, centro de este documento histórico de la planeación en Colombia, clave recordar las cifras oficiales de evaluación del componente de calidad, las cuales son elocuentes: de los 1.103 municipios y distritos, únicamente 80 cumplen con los indicadores de suministro de agua apta para consumo humano en zonas urbanas y rurales; 539 cumplen con el tratamiento de aguas residuales, y 1.021 con la disposición final adecuada de residuos sólidos (MinVivienda). Todo esto en un país anfibio, atravesado por ríos caudalosos y hasta “voladores”.

Siempre recurrí a una metáfora para referirme positivamente a este plan: decía que si levantábamos el texto y lo escurriéramos, caería agua. En tiempos de cambio climático y de estrés ambiental, en un país anfibio que hoy se queda sin agua en las grandes ciudades, y donde millones carecen de acceso a este recurso, una hoja de ruta así es lo que estábamos esperando.

Aplico ahora la misma metáfora al nuevo borrador de ley de distribución de competencias:

• ¿Qué tanta agua escurre este documento?
• ¿Qué tanta vida y derechos constitucionales fluyen de sus páginas?
• ¿Qué tanta autonomía territorial propone?
• ¿Cómo frena la recentralización que ha marcado al Estado colombiano?
• ¿Qué ha cedido el Estado central y qué ha transferido a los territorios?

Este borrador, en fase de diálogo social, ha sido titulado por el Comité del Gobierno Nacional:

“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre asignación, distribución de competencias y recursos entre la Nación, las entidades territoriales y las entidades beneficiarias del Sistema General de Participaciones con el fin de fortalecer la autonomía territorial, la descentralización y el cierre de brechas, de conformidad con los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Su ajuste, conforme al diálogo social en curso y a los debates que enfrentará en el Congreso, dará plena vigencia al Acto Legislativo 03 de 2024. Se trata de una oportunidad única para transformar un Sistema General de Participaciones que, aunque cumplió un papel importante en determinados aspectos, ha distribuido históricamente con base casi exclusiva en población y recursos, dejando de lado otros criterios fundamentales como la prevalencia ambiental, étnica, fronteriza, la geografía o los impactos derivados del conflicto armado en los territorios.

El Acto Legislativo 03 de 2024 —fruto de un gran Acuerdo Nacional— clama por una norma transformadora en materia de distribución de competencias y autonomía territorial. No resolverá por sí sola todos los problemas de la organización territorial —bien evidenciados por la Misión de Descentralización—, pero es un punto de partida fundamental hacia una segunda ola descentralizadora en Colombia. Un camino que durará años, con nuevas reformas constitucionales, orgánicas y ordinarias, pero que apunta a algo más profundo que la descentralización: la autonomía territorial real.

La Ley de Distribución de Competencias es una oportunidad histórica que no pueden desaprovechar ni el Ejecutivo ni el Congreso. Tampoco las autoridades territoriales: gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles y edilas, líderes y lideresas sociales quienes hoy conforman una gobernanza territorial cada vez más vigilante frente a los abusos del clientelismo y del mal uso de los recursos públicos.

El borrador, elaborado por un equipo técnico de altísimo nivel, cuenta con 176 páginas y cerca de 200 artículos. Su propósito declarado: fortalecer la autonomía, la descentralización y avanzar hacia la equidad y el cierre de brechas. Un documento que toca todos los ámbitos de la organización territorial y que merece lecturas y análisis múltiples, pues compromete derechos constitucionales como la salud, la educación, el agua y el saneamiento básico, la asociatividad territorial, la paz, la diversidad étnica y ambiental, entre otros.

Mi aporte inicial al diálogo social —además de los que he realizado en calidad de consultora y asesora en esta temática— lo traduzco hoy en un conjunto de preguntas provocadoras, pensadas para suscitar la reflexión crítica del Equipo Técnico.

1. ¿Escurre agua este documento como lo hacía el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Coloca la vida, el agua y el cambio climático en el centro de la política pública y la organización territorial?
2. ¿Atiende el clamor de la geografía de la esperanza: fronteras, mares, territorios étnicos y rurales históricamente marginados por un Estado racista y clasista? ¿Cede la geografía ganadora ante esa geografía olvidada?
3. ¿Transforma la categorización discriminatoria basada en población y recursos? ¿Veremos pronto un nuevo mapa que reconozca diferencias y otorgue competencias y recursos reales para equilibrar el territorio?
4. ¿Existen fondos de convergencia y de solidaridad que hagan viable la equidad y la asociatividad territorial?
5. ¿Se despojan los sectores del ego centralista y del síndrome salvador del Estado centro? ¿El diseño se hace en clave de derechos constitucionales?
6. ¿Se abandona el lenguaje centralista que entiende la descentralización como una concesión o un favor del Estado centro?
7. ¿Qué competencias se transfieren efectivamente a los territorios y cómo se reflejará esto en la administración pública?
8. ¿Se elimina o se transforma la figura de la certificación, que ha impedido a cientos de municipios manejar directamente recursos esenciales para salud y educación?
9. ¿La educación, la salud, el agua y el saneamiento se leen desde la diversidad, interculturalidad, ruralidad y la ruralidad dispersa? ¿Qué respuesta concreta da la ley a las imágenes de niños en chalupa para llegar a sus escuelas convertidas en trincheras para la guerra; campesinos cargando enfermos en hamaca para buscar un centro de salud que no existe, mujeres ancestrales muriendo en partos sin atención médica cercana?
10. ¿La asociatividad territorial sigue viéndose como “alianza de pobres” sin fondos reales ni incentivos efectivos? ¿Cómo cifran el éxito de la asociatividad territorial para el cierre de brechas?
11. ¿Las redes locales que propone la ley garantizarán verdadera gobernanza territorial? La gente en los territorios está cansada de la corrupción, de fotos y refrigerios sin proyectos ni impactos.
12. ¿Cómo beneficia a los territorios en construcción de paz y a las fronteras abandonadas?
13. ¿Estamos frente a una estructura que impulsa una verdadera descentralización y la autonomía territorial, o más bien ante la creación de instituciones aún más centralistas que las previstas en la Ley 1454 de 2011?
14. ¿Realmente contribuirá al cierre de brechas sociales, económicas e institucionales?
15. ¿Se reduce el Estado centro?

Cierre de esta reflexión preliminar

Sin duda, este proyecto ofrece respuestas positivas a varias de estas inquietudes; sin embargo, la gran pregunta que queda abierta es: ¿hasta dónde alcanza realmente la transformación que propone?

Como estudiosa de la organización territorial, celebro este momento histórico y este borrador de proyecto. Celebro el debate nacional que debe darse sobre inclusión, equidad territorial, cambio climático, gobernanza y construcción del Estado social de derecho desde los territorios.

Este país debería estar hoy en clave de construcción de un nuevo Acuerdo Nacional: la Ley de Distribución de Competencias.

Nota final: Que escurra agua y vida de este documento. Eso es lo más importante.

Si algo valoro del debate actual es que varios temas entraron en la discusión pública y han dejado de estar en manos del monopolio de uno que otro analista, de las élites nacionales, regionales y locales, de algunos políticos (lo digo en sentido positivo) o de la burocracia enquistada por siglos, amparada en la supuesta “meritocracia”. La descentralización y la autonomía han logrado tener rostro de mujer, de niños, de paz, de derechos, de profesores, de salud y de agua apta para la vida. Y esto es un avance.

Estos temas han dejado de ser exclusivos de los economistas, técnicos expertos y de ciertos gurús de las cifras, de algunos análisis comparados, de líneas jurisprudenciales sin análisis crítico y de datos y más datos, eso sí, casi nunca relacionados con el Estado social de derecho, con los derechos y con la dignidad en los territorios. O de constitucionalistas o administrativistas que han convertido este asunto en un entuerto técnico y aburrido en los programas de derecho. Más Orlando Fals Borda, menos técnica y normas en el análisis de la organización territorial.

Debo reconocer que la Misión de Descentralización cumplió parte de la tarea que debía hacer: poner las cifras en cuestión. Cifras que hoy recitan autoridades de todos los niveles de gobierno, congresistas, magistrados, jueces y más —aunque más de uno no se toma la molestia de citar la fuente—. Ya dejó de ser un tema tabú, propio de políticos regionales o de los egoísmos o las inseguridades propias de la burocracia del gobierno central, y ha adquirido un tinte más democrático e incluso comunitario. Antes se pedía autonomía por la autonomía. Hoy esa autonomía ya no es un simple estribillo ni una consigna de las autoridades o de los políticos de turno.

A la Misión y a otros estudios se les deben los análisis que hoy saturan —por fortuna— el diagnóstico sobre la organización territorial. Recentralización que, tal como lo señala el informe de la Misión, tiene varias aristas: una Nación que se apropió de buena parte de los recursos y del gasto social; un diseño institucional de la descentralización elaborado desde la “geografía de las oportunidades”, en desconocimiento de la otra geografía —la que representa la naturaleza, la diversidad étnica y cultural, las fronteras y la escasa agua con la que contaremos en las próximas generaciones—; un triángulo de oro extendido en el que cinco ciudades – Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga- concentran el “74%% del PIB (sin actividad extractiva), el 83% de la actividad industrial y el 82,4% del crédito país” (Misión de Descentralización); y una división político-administrativa cifrada en departamentos cuyas capitales reproducen la misma lógica centralista (consultar Informe Final de la Misión de Descentralización).

No daré cifras; más bien los invito a revisar el informe Final de la Misión de Descentralización y muchos estudios más que, por fin, hablan de lo que discutimos desde hace muchos, pero muchos años: la construcción de una organización que no logra la equidad territorial, o la existencia de una descentralización que no leyó la geografía de la esperanza.

Pero, ante tamaño diagnóstico —hoy en boca de muchos, por fortuna— seguimos sin atinar a resolver este enorme problema. Quizás este asunto sí amerite una cirugía radical en el texto constitucional, pero nadie está preparado para ese debate en este momento. La reglamentación del Acto Legislativo No 03 de 2024, esto es, la ley de distribución de competencias —de la cual aún no conocemos el proyecto de borrador y que hasta ahora se ha construido desde el alto gobierno central— apenas resolverá una parte del asunto. Dicen que están enredados en porcentajes y sectores. Ojalá que el enfoque territorial, diferencial y de derechos los contagie tanto a ellos como al Congreso, que pronto entrará a hacer la tarea legislativa orgánica.

Lo importante es reconocer que el Sistema General de Participaciones, tal como está distribuido (población y recursos), contribuye a la inequidad. ¿Qué hacer para nivelar la cancha? Insisto: lo del Sistema General de Participaciones es apenas una parte del trabajo de equidad y de solidaridad territorial que debemos emprender, durante décadas, para superar el abandono. Ni hablar de las propuestas antidemocráticas de referendo que ahora aparecen por ahí, con las que apenas se beneficiarían unas pocas ciudades – impuestos de renta y patrimonio para administración directa de los departamentos y del distrito capital. ¡Así no es! Cierre de filas ante tamaña desfachatez.

Pero ahí no termina el problema de la cuestión territorial. Se deben emprender muchas reformas para lograr una geografía de las oportunidades, más allá del “triángulo ampliado o extendido”. Esta es una asignatura que está de moda en estos momentos. No perdamos el impulso de lo que se ha llamado la “segunda ola de la descentralización”. En 34 años se avanzó, pero el modelo de descentralización se agotó. ¿Qué sigue?

La otra parte del asunto es que esta nueva conversación ya es polifónica, pluralista y ha salido del monopolio analítico de estos asuntos. Poco a poco, las comunidades —desesperadas— hablan de descentralización y de autonomía territorial. Algo se salió de curso del centralismo a ultranza, y eso ya no tiene marcha atrás. Sin duda, una nueva gobernanza territorial se está cocinando en Colombia.

Link de Informe Final de Misión de Descentralización: https://misiondescentralizacion.dnp.gov.co/SiteAssets/Paginas/MMXXIV/Informe%20final%20Misión%20de%20Descentralización.pdf

Hemos concluido la primera fase de un proyecto de cooperación académica e institucional entre la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, titulado “Diálogos Territoriales. Gobernanza y la ley de distribución de competencias”. En dicho proyecto he participado como asesora académica, dentro del equipo de expertos y expertas de la Escuela de Alto Gobierno (ESAP), liderado por el profesor Mario Moisés Juvinao Daza.

El propósito principal ha sido incidir —desde la academia— en el proceso de formulación de la ley de distribución de competencias, mediante la presentación de insumos tanto al Gobierno —encargado de redactar el proyecto— como al Congreso de la República, responsable de su aprobación definitiva.

Celebro que la primera meta ya se haya cumplido: se entregó, a manera de borrador, una sistematización preliminar del ejercicio realizado en los territorios. Este documento aspira a ser considerado por el equipo gubernamental en la etapa final de construcción de la ley. Insisto: se trata de un acercamiento inicial, respetuoso de las voces participantes, que no pretende sustituirlas, sino interpretar con rigor académico las enseñanzas colectivas que emergieron de los diálogos regionales celebrados en esta primera fase.

Este proyecto adoptó una metodología inédita, original y profundamente territorial. Se alejó de los enfoques tradicionales tan proclives a la teoría, la jurisprudencia, la econometría, los números, los mapas de brechas y la erudición centralista que, a menudo, concluye en despachos bogotanos o bajo lentes tecnocráticos. Esta vez, no fue así.

Realizamos un ejercicio de participación académica, deliberativa, libre y espontánea con comunidades y territorios históricamente excluidos, que apenas comienzan a integrarse en los circuitos de decisión. Estos territorios enfrentan, además, una descentralización territorial precaria y una autonomía territorial incipiente.

En algunos casos, las reuniones se llevaron a cabo en ciudades capitales por solicitud expresa de las y los participantes, ya fuera por razones de seguridad o logística. Sin embargo, en todos los encuentros se garantizó la presencia de representantes de municipios apartados, de esa Colombia que aún espera una verdadera distribución de las oportunidades, a pesar de poseer una inmensa riqueza humana, natural y geográfica en todas sus dimensiones.

Los encuentros abordaron temáticas diversas: Quibdó trabajó sobre educación; Leticia sobre agua y medio ambiente; Dosquebradas y Cali sobre asociatividad territorial y regiones administrativas; Tumaco sobre distritos especiales y categorización territorial; Medellín y varios municipios de Antioquia sobre desarrollo y convergencia regional; Valledupar sobre salud; Cúcuta sobre paz y fronteras; Sincelejo sobre ruralidad dispersa; y Popayán sobre prevalencia étnica y autonomía territorial. Una agenda coherente con el Acto Legislativo No. 03 de 2024, que convoca a pensar mucho más allá de porcentajes y recursos: exige leer desde la geografía y el pluralismo territorial.

Esta columna se centra en aquello que me conmovió profundamente y que inspira el título de esta reflexión: el papel de las mujeres en estos espacios participativos. Pero, ¿por qué ellas?

Porque eran las primeras en llegar y las últimas en irse. Se ubicaban con estrategia en los espacios de discusión, mientras muchos se retiraban por asuntos de agenda o de almuerzo (no todos o todas). Tuvimos más de 550 participantes, pero ellas estuvieron en todo: lideraron relatorías, formularon ideas fuerza, sintetizaron conclusiones, asumieron la palabra, el compromiso y la ternura propia de quienes, aun habiéndolo perdido todo, encuentran en el canto, la palabra y el compartir, la fuerza para seguir caminando. Representan hijos, nietos, vecindarios, comunidades, víctimas, migrantes y desplazadas. Y su presencia fue, sencillamente, conmovedora.

Sus rostros cambiaban a medida que los espacios se volvían más seguros y dignos. Tomaron la palabra —esa que les ha sido históricamente negada por el patriarcado— y no están dispuestas a soltarla. Los hombres, aún con recelo, intuyen que ellas llegaron para quedarse, para proteger lo público con una fuerza serena y firme.

Lo más impactante fue constatar que estas mujeres son las mismas que han cargado sobre sus hombros la memoria, la paz territorial y la reconciliación; las mismas que buscan a sus hijos y a sus muertos, que acogen migrantes, que acompañan todas las causas posibles. Hoy también hablan de descentralización y autonomía. Comprendieron que seguir esperando al Estado no tiene sentido: deben construirlo con sus propias manos y con su propia vigilancia.

Han visto llegar más botas y fusiles que soluciones. Reconocen el sufrimiento de vivir sin acceso digno a derechos: escuelas convertidas en trincheras, maestros obligados a huir por falta de garantías para la vida, niños que temen regresar a casa por el riesgo del reclutamiento; comunidades que cargan a sus enfermos en hamacas por la ausencia de ambulancias, médicos o caminos; territorios anfibios sin agua potable, ni siquiera para el riego de sus cosechas.

Les preocupa el destino de sus hijos e hijas jóvenes, que hoy abandonan el campo por falta de incentivos y de futuro, lo que compromete la seguridad alimentaria del país. Para ellos y ellas, eso significa migrar a las grandes ciudades y enfrentarse a la discriminación. Ni hablar de las fronteras y del abandono cruel del Estado.

Estas mujeres han conectado todas esas realidades con los fines esenciales de la descentralización: educación, salud, agua potable, saneamiento básico —lo mínimo para el buen vivir—, en territorios que apenas se levantan de siglos de olvido y de una violencia que se recicla una y otra vez, como si las armas siempre resucitaran o se desenterraran para sembrar el terror.

Y sin conocer a fondo el Acto Legislativo No. 03 de 2024, ellas preguntaron con claridad y firmeza: ¿quién va a controlar la “nueva platica”? Esa que, según el propio acto legislativo, llegará a los territorios. Ellas entendieron que el reto no es solo participar en comités y en la formulación de ideas para futuros proyectos que no se llevan a cabo o parcialmente,  sino ejercer una veeduría ética, comunitaria y transparente sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Saben que ese sistema —hoy tan recentralizado, que apenas representa entre el 20 y el 25 % de los Ingresos Corrientes de la Nación— comenzará a aumentar de manera gradual hasta llegar, en los próximos 12 años, al 39,5 %. Y es allí donde ellas entran con fuerza: ¿cómo vigilar la politiquería, el clientelismo, la corrupción, la criminalidad y todo aquello que impide que los recursos públicos beneficien a la ciudadanía, a la naturaleza y a la vida?

Pensaron más allá de la descentralización. Pensaron en autonomía, en gobernanza territorial, en lo colectivo. ¿Cómo cuidar el queso? ¿Cómo controlar a los depredadores desde la comunidad? Ellas asumen, con coraje, el deber constitucional de proteger lo público. Entienden que, mientras los territorios avanzan en construir recursos propios, lo poco o lo mucho que llegue no debe destinarse al lujo de unos pocos, a casas de recreo ni a relojes de marca o paraísos fiscales, sino a construir la geografía de las oportunidades y el Estado social de Derecho en cada rincón de Colombia.

Valientes mujeres de todas las edades, sin etiquetas, desde la diversidad. Porque eso que llamamos gobernanza territorial tiene piel de mujer —de mujeres diversas—, y piel de cuidado por lo público.

Tengo el pálpito de que en ellas —todas las mujeres, todas las etnias, todas las edades— habita el alma de la gobernanza territorial: el corazón del control ciudadano, del cuidado de la naturaleza, del campo, de los niños y las niñas, de la diversidad, del agua, del río, de todo lo que da vida y de lo público. Una ternura convertida en control y poder.

Ellas saben del riesgo que asumen, un riesgo quizás aún más peligroso que la propia violencia criminal que enfrentan cada día.

Y sí: una buena parte de lo público sigue en manos de depredadores (porque llamarlos “ratas” sería una ofensa para los animales)… y bajo la vigilancia de unas instituciones estatales y territoriales en las que, tristemente, ya no creen.

Nota 1.

Aquí está mi pálpito de mujer en esos espacios de Diálogos Territoriales, en los que tuve la fortuna de participar y que gocé a plenitud. Tengo muchos más pálpitos que, con el tiempo, se convertirán en columnas, artículos, documentos técnicos y muchas otras formas de escritura. Fue una experiencia bella y transformadora, que cambió profundamente mi manera de leer la descentralización y la autonomía territorial.

Nota 2.

Es importante señalar que los Diálogos Territoriales no correspondieron a un espacio formal de participación institucional ni gubernamental dentro del proceso de construcción de la ley. Además, se desarrollaron sin conocer el articulado que el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República. No obstante, estos espacios permitieron que los múltiples actores convocados —directivos, representantes del gobierno, sociedad civil, líderes y lideresas— llegaran sin libreto, con la libertad de compartir ideas, percepciones y esperanzas sobre el futuro del Sistema General de Participaciones y su relación con la dignidad, los derechos y el Estado social en los territorios.

Una segunda fase se avecina, ya con el proyecto de ley en mano. Para entonces, la academia estará nuevamente lista para el debate y la discusión en la geografía ávida de las oportunidades.

El Acto Legislativo No 03 de 2024 ha impulsado la segunda ola de descentralización en Colombia, la primera se remonta al Acto Legislativo No 01 de 1986, que introdujo la elección popular de alcaldes. Esta segunda ola está acompañada de un debate público sobre la necesaria profundización de la descentralización y la autonomía territorial establecida por la Constitución de 1991, en el marco de una república unitaria.

Si bien dicha reforma constitucional apenas retoma uno de los derechos consagrados para las entidades territoriales en materia de autonomía territorial (artículo 287 de la Constitución Política), específicamente el derecho que tienen las mismas a participar en las rentas nacionales -en este caso concreto, en el denominado Sistema General de Participaciones (SGP)-, también es cierto que este mecanismo de distribución de recursos de los Ingresos Corrientes de la Nación, en la geografía de la inclusión – exclusión colombiana, representa una posibilidad para el desarrollo del Estado social de Derecho en los territorios y muchas veces, es la única vía de acceso a recursos para el cumplimiento de tareas constitucionales y legales por parte de las entidades territoriales.

Sin duda, cientos de entidades territoriales dependen de los recursos del Sistema General de Participaciones para garantizar los derechos mínimos que reclaman las poblaciones en el marco de un Estado que se proclama como social y de derecho.

La dependencia a este recurso constitucional está originada, entre otras razones, por el centralismo que ha generado una geografía que no premia con oportunidades a todos los territorios o ante la ausencia de capacidades para la generación de recursos propios, que también son necesarios para el cumplimiento de los fines constitucionales en toda la geografía nacional. Mientras se avanza con este último aspecto (descentralización de la economía, las oportunidades y generación de recursos propios), la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación aminora las brechas sociales propias de la inequidad territorial, eso sí, siempre y cuando se cumplan las directrices señaladas por el Acto Legislativo No 03 de 2024.

Así las cosas, estamos ante una trascendental reforma constitucional que pretendió, inicialmente, volver a la fórmula generosa del constituyente de 1991 (46%), en materia de SGP, pero que fue reducida por dos reformas constitucionales que recentralizaron los recursos y contribuyeron al agravamiento de la inequidad y de las brechas sociales en los territorios.

Sin embargo, el Acto Legislativo No 03 de 2024, no solamente tiene como finalidad ampliar el porcentaje de participación (39.5% – hoy apenas en 20 o 23%), sino incluir elementos fundamentales para cerrar las brechas en la geografía de la exclusión que apenas se hace evidente a 34 años de la Constitución Política de 1991. Asuntos como el cierre de brechas, equilibrio territorial, equidad, inclusión, cambio climático, pluralismo territorial y asociatividad son fundamentales para la reglamentación de esta reforma constitucional con enfoque sectorial, pero también territorial.

En estos momentos, el Gobierno Nacional, tal como lo dispuso el Acto Legislativo 3 de 2024, está en plena construcción del proyecto ley orgánica de distribución de competencias, paso necesario para la entrada en vigencia de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Un proyecto que será sometido a consideración del Legislativo, el cual, a su vez, deberá escuchar a la geografía de la esperanza, que ha sido excluida de la dignidad y del desarrollo. Un proyecto que se convertirá en ley y que, tal como lo señala la misma reforma constitucional, transformará la administración pública y la estructura territorial del Estado. Mucho debe ceder el gobierno central para el cierre de brechas, pero también mucho deberán asumir los territorios para la construcción de la geografía de las oportunidades. También deberá ceder el denominado “triángulo de oro” (Bogotá, Medellín, Cali y las grandes ciudades), que ya goza de todos los privilegios en esta descentralización centralista y excluyente.

La construcción de la nueva ley deberá abordarse de forma participativa y deliberativa. No es un asunto menor: se trata del primer paso de la segunda ola de descentralización y del inicio de la transformación de la estructura del Estado. Estamos ante un momento histórico de gran magnitud, que ha iniciado en pleno siglo XXI y en el marco de la república unitaria.