Antonio regresó apenas empezando la noche. Traía puesta su raída camisa de cuadros rojos y negros, un pantalón de dril de color envejecido y su único par de chagualos. Había estado ausente todo el día y su mujer lo recibió con más rabia que preocupación.

-¿Dónde estabas, carajo? Todo el día en la calle y ni siquiera llamas, no portas tu celular, no he sabido nada de ti.

-Sabes que hace tiempo no tengo celular, y tú tampoco. Pero es que no me ha quedado dinero ni para ir a donde el vendedor de minutos.

-Disculpas, siempre disculpas, seguro andabas donde esa sinvergüenza y yo aquí, sola, pensando si estarías revolcándote con ella, si estarías bebiendo, si estarías jugando, que cuándo llamarían de un hospital o de la morgue, tú no cambias Antonio, tú no cambias.

-Ya quisiera yo estar con alguien a ver si así no dices mentiras.

Antonio había salido temprano esa mañana vestido de esa manera y ya con su ropa en ese estado, pero era lo mejor que tenía. El resto de su escaparate estaba en peor condición y él todos los días se quedaba absorto mirándolo, buscando qué ponerse, y, tal vez, añorando aquellos tiempos, hace años ya, cuando de sus ingresos aún le quedaba una buena porción para comprar los estrenos de semana santa, del día de la madre, de amor y amistad, el disfraz de los brujitos y, claro, las pintas nuevas de navidad y año nuevo. Entonces tenía dinero para que él y su mujer estrenaran. Eran otros tiempos.

Cuando salió en la mañana su mujer aún dormía. La miró con desaliento. Si supiera, pensó él, si supiera lo que voy a hacer hoy. Ella no lo sintió cuando muy temprano se levantó de su viejo lecho, se bañó con el agua helada de la madrugada por que hace ya muchos años no había ni una moneda para el agua caliente, se puso sus andrajos, se tomó su café de ripio y se marchó pensando qué había pasado con lo que creyó sería de su vida.

Su vida no había sido nada distinto de la de muchos de sus semejantes. Trabajar, pagar cuentas, día tras día trabajar más, día tras día ganar menos. El dinero era una ilusión, pensaba. Siempre llegaba y siempre se iba. Y cada mes sentía que era más el dinero que salía que el que entraba. Y así, honrado y honrando sus obligaciones había visto transcurrir su vida.

Pero eso no había sido lo peor. Lo peor fue cuando se dio cuenta que su vida estaba pasando por lo mismo por lo que había pasado la de sus viejos. Entonces, cuando notó el deterioro de sus condiciones materiales, cuando lo empezó a perder todo para atender sus obligaciones, cuando vio que su vida era la misma que la de aquellos vejetes de quién él internamente había despotricado, había señalado como unos viejos incapaces, entonces comenzó a entender.

Entendió los silencios de su padre. Entendió las congojas de su madre. Entendió lo que en murmullos decía su padre cada tanto, cuando antes de salir, con la puerta de la alcoba cerrada, musitaba que debía cumplir con sus obligaciones.

Desde entonces vivía aterrado.

Y así, aterrado, estaba cuando tronó la voz de su mujer.

-¡Qué dónde estabas, carajo!

Salió de su ensimismamiento y entonces también gritó.

-¡Estaba pagando impuestos, mujer!

Tácito, historiador romano del siglo I de nuestra era, un niño aun cuando el incendio de Roma, fue testigo del hecho que dejó en cenizas una gran parte de la ciudad, circunstancia que lo llevó a escribir historias sobre esa tragedia. Cuenta en ellas cómo Nerón tocaba su lira mientras la ciudad era presa de las llamas, cómo sus guardias no hicieron algo para sofocar el incendio, cómo las gentes corrían perseguidas por la quema. Luego de siete noches y seis días el fuego se calmó después de arrasar con el setenta por ciento de la ciudad. Los rumores culpaban de la catástrofe al emperador. Para clamar su inocencia Nerón culpó a los cristianos y los arrojó a los leones en espectáculos grotescos realizados en lo que quedaba del coliseo de Roma. Fue la misma práctica del chivo expiatorio de los días del Antiguo Testamento.

Aquí, hace años arde el rancho del ejercicio de la profesión contable con un fuego abrasador que cuenta con grandes tanques de combustible que se encargan de avivar las llamas a cada rato. La corrupción. Dentro de los últimos sonados casos de esta maloliente práctica cultural -bueno, a estas alturas del país uno ya no sabe cuáles son los últimos hechos de corrupción, pues su aparición vertiginosa desdibuja su cronología- están los referentes al sistema de salud.

Luego de la intervención gubernamental a dos entidades del sector, el ente interviniente ha hecho declaraciones que queman el alma de los colombianos. Ha dicho el Superintendente de Salud que la Nueva EPS, una de las intervenidas, “venía escondiendo facturas del sistema de salud desde 2019”, práctica con la que habían conseguido ocultar un pasivo por cinco billones de pesos con las entidades prestadoras de salud, es decir con hospitales, clínicas e IPS en general. “Son $5 billones que estaban escondidos debajo de la alfombra”, dijo el alto funcionario. La alfombra son los estados financieros de la Nueva EPS.

De seguro por seguir de cerca el caso, una congresista dijo que en la salud “existe una falsa contabilidad que deja muchas dudas sobre los recursos públicos”. A la congresista no la han desmentido, ni los organismos de la profesión contable le han pedido explicaciones, ni las EPS le han pedido el retracto de sus aseveraciones, pues ella más bien las amplía cuando dice que hay trece billones de pesos “refundidos de dineros públicos de la salud”. Refundidos también en la contabilidad, se entiende.

Los actos de corrupción en el sector de la salud han sido la constante en los últimos treinta y un años, los mismos que lleva vigente este sistema. Antes fueron Saludcoop, Coomeva, Cafesalud y tantas otras que se pierden en los extensos listados de más de cien de esas entidades liquidadas. Los recursos de la salud se han gastado en lujosos automóviles, en acciones de clubes sociales, en condominios de ricos en donde han oficiado como compradores los auditores de las mismas entidades liquidadas. En todas estas entidades los estados financieros han sido la alfombra bajo la cual se han ocultado los recursos, reportes que se originan, necesariamente, en una falsa contabilidad.

Es claro que quien tiene la capacidad técnica para montar una falsa contabilidad que esconda por debajo de la alfombra cinco, o trece, billones de pesos es el contador del caso. Adicional, en las EPS esa información está sometida al escrutinio profesional de auditores y revisores fiscales, quienes han dictaminado unos estados financieros que llevan por dentro una corcova más grande, y más evidente, que la de Quasimodo. Pero ¿quién dio la orden?

Así, mientras el país se achicharra en la hoguera de la corrupción, los contables interpretan la lira de las normas internacionales de información financiera, acompañada de las notas de unas normas de aseguramiento de la información con las que dizque logran una representación razonable de la información financiera. No importa la partitura cuando la corrupción pone el ritmo de la melodía. Igual, esa lira siempre sonará desafinada y siempre habrá cómo esconder billones de pesos debajo de esa alfombra.

En el entretanto, la promoción científica del saber contable resuelve las dudas acerca de cómo contabilizar los pagos en especie que se hacen a quienes trabajan en el servicio doméstico, y la disciplina se impone sancionando ejemplarmente a revisores fiscales de la propiedad horizontal.

Cabezas de turco, sí hay. Intérpretes de la lira, también.

Suena bien en la galería la propuesta de subir el impuesto de renta a las personas naturales de mayores ingresos y bajar la tarifa de las personas jurídicas para que ellas puedan ser más competitivas y más productivas. Esta manifestación hace saltar dos grandes inquietudes. De un lado, cuánto ganan las personas de mayores ingresos, es decir, en qué valor y sobre qué criterios se va a trazar la línea que va a decir que de esta cantidad en adelante se entiende que la persona devenga mayores ingresos. La pregunta no es retórica, aun se recuerda al exministro Carrasquilla que opina que el salario mínimo en Colombia es absurdamente alto. De otro lado, vale preguntar cuál es el estudio, el fundamento técnico, el elemento de juicio que lleva a la certeza de que un menor impuesto de renta hace más productiva y más competitiva a una empresa; pero de esto me ocuparé en otra ocasión.

Revisemos la distribución del ingreso en Colombia. De acuerdo con la UGPP (Informe mensual de cotizaciones, septiembre/2023) el país contaba en ese mes con 13.6 millones de cotizantes personas naturales, que equivale al 26% de la población total y al 59% de la población ocupada (Dane). De esos cotizantes, una cantidad igual a 11.8 millones -el 87% del total- registran ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos ($3.480.000 para 2023), y apenas 811.000 -el 6% del total- reportan ingresos mensuales superiores a cinco salarios mínimos ($5.800.000 para 2023). El resto, 7% de cotizantes, registra ingresos entre tres y cinco salarios mínimos mensuales.

De otro lado, la Dian ha manifestado (La República, 25-oct-2023) que por el año gravable 2022 presentaron declaración de renta en el 2023 una cantidad de 5.4 millones de personas naturales. Manteniendo constante el número de declarantes para este año gravable 2023 en aras del ejercicio, el número de declarantes de renta es igual al 40% del número de cotizantes a la seguridad social. Si consideramos que para declarar renta la obligación surge a partir de ingresos brutos anuales desde $59.3 millones, es decir de un promedio mensual de ingresos de $4.9 millones, frente a los datos de la UGPP solo estaría obligada a declarar renta por ingresos una cantidad de 1.8 millones de personas naturales, igual al 13% de cotizantes. Se infiere que los otros 3,6 millones de declarantes lo fueron por razón de tener un patrimonio bruto a partir de $190.8 millones, alrededor de lo que vale una VIS.

Entonces, cuando se dice que se gravarán los ingresos más altos de personas naturales, ¿a quiénes se refieren? Según el inefable ex minhacienda todos los cotizantes al sistema de seguridad social tienen ingresos absurdamente altos, luego todos ellos deberían declarar renta y pagar impuestos. Y ahí ocurrió el estallido social del 2021. Tampoco suena lógico decir que un ingreso mensual de $5.8 millones es muy alto. Si la línea se traza en diez millones de pesos mensuales, se estaría hablando de alrededor de 220.000 personas, según informó el mismo Gobierno en la anterior reforma tributaria, un número igual al 1,6% de los cotizantes. Pero no tiene mucho sentido volver a gravar los mismos de antes, ni bajar la estimación de lo que se consideran altos ingresos.

Así, preocupa que cuando el Gobierno vea que las cuentas no le cuadran poniendo más impuestos al 0,4% de la población (1,6% de los cotizantes a seguridad social), buscará bajar la línea de ingresos para que paguen los de menos recursos. Como manda la Ocde, que paguen los de abajo. Y ella, no siempre tiene la razón.

El asunto es que, más que bajar o subir la línea de altos ingresos, el actual Gobierno debería pensar en una reforma tributaria que lleve al país a cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo global (ODS) de la ONU a los que se ha comprometido, los cuales tienen un horizonte fijado en el 2030. Se necesita una reforma tributaria que coadyuve en el cumplimiento de los ODS 1 y 10 de fin de la pobreza y de reducción de las desigualdades, una reforma que contribuya a tener en el futuro una sociedad más equilibrada social y económicamente. Dice Stiglitz que en la búsqueda de rentas “el gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia o viceversa”, hecho que al final del día se ve reflejado en el indicador de Gini.

Por lo anterior, vuelvo a una propuesta que había hecho anteriormente y que puede ir bien con una reducción en la tarifa impositiva de sociedades. Se trata de que la deducibilidad de los pagos laborales se limite al monto máximo de pensión de jubilación, hoy en 25 salarios mínimos mensuales. Así, lo pagado por salarios en exceso de ese límite no sería deducible fiscalmente; entonces, el aumento de la carga tributaria proveniente de un mayor gasto no deducible para las sociedades, se vería compensado con una menor tarifa impositiva. Esta norma podría tener un parágrafo que habilite la deducibilidad total de lo pagado por encima del límite pensional sujeto a que la diferencia entre el mayor y el menor sueldo pagado por el contribuyente no exceda un número determinado de veces, por ejemplo, que no supere las diez veces entre uno y otro. Es decir, se habilitaría la deducibilidad de un sueldo mensual de cien millones de pesos siempre que el menor sueldo pagado por ese contribuyente no sea inferior a diez millones de pesos.

Si la nueva reforma tributaria no parte del criterio de los ODS, de buscar una sociedad más equilibrada para los años treinta de este siglo a través de usar su capacidad para trasladar el dinero, es muy seguro que enfrente resistencia en la sociedad. Además, sería una nueva frustración pues estaríamos simplemente ante una reforma recaudadora. Sería más de lo mismo, y nos quedarían debiendo el cambio prometido y apoyado.

Un indicador relevante para medir la temperatura de la economía es el recaudo de impuestos nacionales que realiza la Dian. Al mes de agosto de este año se reporta un total de impuestos nacionales recogidos por valor de $197 billones, que representa, frente al mismo periodo del año pasado, un incremento nominal del 30% y cercano al 20% después de inflación. Con un promedio mensual de $24,6 billones, hasta agosto, es claro que al finalizar el pasado mes de septiembre se rompió la barrera de los doscientos billones por segunda vez en la historia colombiana, anticipándose en dos meses a lo ocurrido en el 2022 cuando ese techo se pasó en el mes de noviembre. Si se mantiene el ritmo de recaudo, una proyección lineal nos sitúa al final del año en un total recolectado cercano a los trescientos billones de pesos, todo un hito en la historia nacional.

Y es un síntoma de la salud de la economía, pues sabido es que, no obstante que el pago de impuestos es de máxima prioridad para los contribuyentes, ha habido épocas en que ni para eso alcanza el dinero. Basta mirar lo sucedido en el año de los confinamientos; en presencia de una economía reventada por el encierro, en los primeros ocho meses de ese año se había recaudado la suma de $97 billones, monto que ahora se recoge en la mitad de ese tiempo.

Al subir el recaudo de este año subirá la meta para el 2024, la cual se verá impulsada con el cobro proyectado en la reforma tributaria del año pasado. Pero también es de esperar que dos hechos notorios incidan directamente en ese crecimiento el próximo año. De un lado, la sanción impuesta al Grupo Aval en USA -US60.000.000- no es deducible de impuestos, por lo cual su impuesto de renta por este año arrancará con un banderazo del orden de los cien mil millones de pesos, considerando la tarifa aplicable del 40%.

Otro hecho notorio provendrá de las sentencias judiciales que ordenan la restitución de tierras. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, Caso 79, hasta mayo de 2020 había “un total de 66 empresas cobijadas por sentencias de restitución…ranking que de lejos encabeza Cementos Argos S.A.,” sociedad contra la que ya había en esa fecha 16 sentencias que le ordenaban restituir 1.224,8 hectáreas. Expresa la Comisión que la cementera había diseñado “una refinada estrategia” para encubrir esas operaciones tras de un objetivo ambicioso: “adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo”; en esta filigrana aparecen por lo menos una fiduciaria y una entidad sin ánimo de lucro que controla 6.600 hectáreas avaluadas en $25 mil millones. Hace unos días, otra sentencia judicial ordenó a otra empresa de la cementera la devolución de otras 490 hectáreas en la misma zona de los Montes de María; al respecto, revela la Unidad de Restitución de Tierras que en su fallo el Tribunal Superior de Cartagena “declaró no acreditada la buena fe exenta de culpa declarada por la empresa” poseedora.

La arista tributaria de estos procesos de restitución de tierras está en la forma en cómo se estructuren ellos de acuerdo con esas normas. Se trata de evitar que de transacciones ilegales surjan beneficios tributarios legales; si de los procesos de restitución de tierras -y de las actividades corruptas- surgen aminoraciones en la carga tributaria de los implicados, de nuevo seremos todos los ciudadanos quienes carguemos con este costo del conflicto armado.

Se escucha que en unos procesos de restitución se presenta la devolución como una donación de tierras intermediada por una fundación, lo cual conduciría a un menor pago de impuestos. Esta “donación” no puede conducir a beneficios tributarios; la donación es, por definición del Código Civil, un acto en el que los bienes se transfieren de manera gratuita e irrevocable, gratuidad que implica la decisión voluntaria del donante. Y es claro que aquí no hay entrega voluntaria.

Tampoco se puede aducir, en favor de los obligados a restituir, que allí nazca un gasto deducible de impuestos por la vía de la necesidad legal de devolver las tierras. Al contrario, la norma tributaria dispone que no se aceptan gastos derivados de conductas sancionables a título de dolo. Y eso ha quedado revelado en las sentencias que ordenan la restitución.

El conflicto armado ha sido catastrófico para el erario. De un lado, la gigantesca evasión que medra entre tanto ilícito. De otro, la norma existente desde 1995 que dispone que no se encuentran gravados los dineros que se reciben por concepto de recompensa por suministrar información sobre antisociales y sobre actividades delictivas.

Y pensar en todo lo que se pagó por información que no condujo a verdaderos positivos.

¿Existe un nexo causal entre las leyes que promueven el empleo, y la generación de empleo? Desde la Economía la pregunta puede ser un disparate. Esta ciencia -que ha considerado el trabajo como un factor de producción, junto con el capital y la tierra-   propone desde las teorías clásicas del empleo, que lo tratan dentro de la ley de oferta y demanda con intervención del Estado, hasta la teoría neoliberal basada en la autorregulación del mercado y sin intervención estatal. Pero aquí no aplica ni la una ni la otra y al empleo se le trata desde la perspectiva jurídica, tal vez por aquella sentencia santanderista que las leyes nos darán libertad. Y empleo, claro.

Hace unos días presenciamos lo que parecía una mala escena de una película de lo absurdo: en el Congreso de la República se caía la reforma laboral por que los congresistas no fueron a laborar ese día. En el fondo, como que no podía ser otro el resultado en este país en donde se mama gallo diciendo que se ha erradicado la malaria por decreto, para simbolizar la antigua sentencia.

La norma laboral que se quería modificar nació en el primer lustro de este siglo, cuando la inagotable necesidad de legislar llevó al gobierno de Uribe a proponer una ley que extendiera la duración del día hasta las diez de la noche. Para promover el empleo, dijo; así, no habría necesidad de pagar recargos nocturnos, pues donde no hay noche no hay recargo. Una ley tropical, pero letal.

La reforma recién hundida buscaba volver al pago de los recargos que existían antes de que aquí les diera por legislar acerca del horario en que alumbra el sol. Y eso desató críticas, y amenazas de diversos líderes que anunciaron despidos de hasta de cinco millones de personas en su sector comercial, y de hasta setecientos mil nuevos desempleados en el sector de bares y restaurantes en donde con frecuencia se les paga a los trabajadores con una porción de las propinas dadas por los consumidores. La furia patronal dejaba sentada una premisa: que la ley del nuevo “calendario solar” había generado empleo, y que una que revirtiera las cosas a las leyes del universo habría de producir desempleo.

Revisemos. En el año 2002, cuando nace la Ley 789 que deteriora el pago laboral, el índice de desempleo cerró en el 15,6%, y por el año 2022 este índice cerró en el 10,7%, y el punto más bajo en este lapso lo tuvo en el año 2015 con el 8,3% (Banco Mundial). Como este indicador se mide frente a la población económicamente activa (Dane), el número de desempleados al cierre de los mismos años ha sido de 2,9 millones para el 2002, 2,7 millones para el 2022, y 2,1 millones para el 2015. Entonces, una primera aproximación nos dice que luego de veinte años de la ley de empobrecimiento del trabajo, ella ha logrado una pírrica disminución del número de desempleados, tan solo 145.000 personas.

De manera concomitante, el índice de pobreza monetaria que en el 2002 se situaba en el 53,7%, cerró el 2022 sobre el 50,4% (Dane/Anif); de acuerdo con la población en esos años (Dane), el número de personas en situación de pobreza era de 21,7 millones en 2002 y de 26,0 millones en 2022. El empleo prometido hace veinte años no llegó. La pobreza, sí. El saldo: cuatro millones más de colombianos pobres luego de veinte años de precarización del trabajo.

Entonces, si una ley de pauperización laboral no ha contribuido en la generación de empleo durante su vigencia, no hay razón válida para sostener que otra ley que devuelva algo de dignidad económica al trabajo ocasione desempleo en el país.

Esta evidencia inicial lleva a algunas conclusiones. Una, que definitivamente la generación de empleo obedece a leyes de la economía y no a normas jurídicas (en estos veinte años han aparecido normas tributarias para apoyar la contratación laboral -disminución de los impuestos a la nómina, incentivos para la contratación de poblaciones especiales- que tampoco han producido un resultado favorable). Otra, que el inmenso sacrificio económico de los trabajadores se ha quedado en las arcas de algunos empleadores. Y otra más, que hay quienes prefieren sacar su capital del país, antes que pagar por una pequeña mejora en la condición de sus trabajadores. Eso dicen los indicadores.

De la riqueza que se produce en Colombia, el 45% se queda en manos del 1% de la población más rica del país; otro 42,6% se queda en el otro 9% más rico, y tan solo el 12,4% llega a manos del 90% de la población más pobre (Oxfam), segmento en donde se encuentra el 50,4% de la población total ubicada en línea de pobreza. Esta sí parece ser la razón del ultimátum. Pura miseria humana. Y en el país, es más grande la miseria humana que la económica.

“Pues échese diez mil pesos al bolsillo y pase por mi consultorio” le respondía hace muchos años un médico amigo a todo aquel que se acercaba a saludarlo en las fiestas de su club social y, queriendo evadir el pago de la consulta, le preguntaba qué le recomendaba para curar tal o cual dolencia. Igual nos ocurre a otros profesionales que somos blanco de consultas gratuitas. Hace unos días, en algún evento, me presentaron a alguien, quien me fue preguntando qué tan difícil es hacer una sociedad y empezar con un negocio. Lo de constituir una sociedad puede ser fácil, le dije, usted consigue en red modelos para cada tipo societario, es analizar, agregar y listo. ¿Y luego? Luego la registra en la cámara de comercio que corresponda y empieza con su negocio. ¿Y cuáles son las obligaciones en temas de impuestos? Viendo que la cosa iba para largo lo invité a mi oficina para unos días después. Allá conversamos, le dije.

Ya dedicado a atender la consulta empecé a enumerarle las responsabilidades y obligaciones en materia tributaria. En cuanto a impuestos nacionales, la sociedad es agente de retención y autorretención, y responsable del IVA de acuerdo con su actividad, por lo cual deberá presentar una declaración mensual de retención en la fuente y una bimestral de IVA, dieciocho declaraciones por año. También deberá presentar una declaración de renta anual, diligenciando previamente un largo anexo de ocho formatos y más de mil renglones. Luego, debe trasmitir anualmente un muy largo reporte de información exógena en que deberá enviar por lo menos unos catorce formatos diligenciados de más de cincuenta en total. Todo esto siempre que no establezca negocios en, o con, el exterior que impliquen la entrega de reportes de precios de transferencias y otros adicionales. También, deberá realizar, y mantener actualizado, el Registro Único de Beneficiarios. Entonces, dije, en estos impuestos cumplirá con un mínimo de 42 obligaciones formales cada año, que suben a 62 entendiendo que una declaración y su pago son procesos diferentes.

Otros deberes formales de impuestos nacionales están en la trasmisión mensual de la nómina electrónica, 12 al año, aparte del envío mensual de la planilla electrónica de nómina para el pago al sistema de seguridad social y parafiscales, seguí diciéndole. También debe tener en cuenta lo de la factura electrónica, la aceptación electrónica a las facturas de sus proveedores y el documento de soporte electrónico. Es decir, en el día a día de su empresa deberá tener una comunicación permanente en tiempo real con la Dian.

Pero también tendrá obligaciones con hacienda distrital en Bogotá, continué. Aquí presentará seis declaraciones anuales de ICA y seis de retención en la fuente de este impuesto. También entregará un reporte de información exógena diligenciando por lo menos unos diez formatos. Sin contar con otros impuestos distritales, en total entregará un mínimo de 22 reportes de obligaciones formales. Considere que, si decide abrir operaciones en otros municipios, este número deberá multiplicarlo por la cantidad de municipios en que opere.

Después le conté que aparte de las obligaciones tributarias mínimas, que ya van en 108 al año, su empresa deberá tener un Programa de Transparencia y Ética Empresarial para el riesgo de corrupción, uno de Sagrilaft para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y uno de Sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo. Y tenga en cuenta, agregué, que para el Programa de Transparencia y el Sagrilaft deberá nombrar un oficial de cumplimiento. Y no olvide el trámite y pago del registro mercantil, el RUT y el RIT, el registro de proveedores, la encuesta del Dane, los reportes a Superintendencias, y no deje de dar respuesta a todas las solicitudes de información que le envíen las entidades administrativas, usualmente se inspiran pidiendo información a las empresas.

Ahora, sume, le dije. El promedio mínimo de obligaciones formales tributarias es de 2,5 a la semana, que suena muy ágil por aquello de la tecnología pero que, en la vida real, le va a demandar mucho más tiempo del que usted se imagina; los empresarios no tienen idea de cómo es la comunicación con las páginas de las administraciones tributarias y de que la exposición a sanciones tributarias es alta pues un mínimo error tiene un máximo de sanción.

Atribulado, me preguntó: y, ¿Quién hace todo eso? Su grupo contable y usted, claro, le respondí, es trabajo en equipo; ellos preparan, usted verifica, usted firma, ellos firman y transmiten, usted paga. ¿Grupo contable? Pensaba en contratar un contador y listo, me dijo. No, así no funciona, le manifesté, una sola persona no alcanza para tanta obligación y así únicamente conseguirá aumentar su nivel de riesgo sancionatorio. Pensé que el contador estaba para asesorarme, comentó con voz apagada y con evidente desconcierto. Si le queda tiempo, le respondí.

Qué consulta tan larga, me dijo. Sí, pero no se desanime, vea que…No me dejó terminar, se fue sin despedirse, sin esperar la receta final. Me quedé pensando que ese prospecto de cliente era un novel empresario. Uno que no sabía que en Colombia se hace empresa a pesar del Estado.

Sabía que el llegaría relativamente a tiempo. La atroz condición de la movilidad en la capital colombiana nos hace cada día más indulgentes con la impuntualidad, ahora hablamos de la hora judicial ampliada. Yo estaba desde temprano en mi oficina, es cerca a mi casa, de una a otra “camino dos pasos”. Me había llamado el día anterior, pues alguien cercano a ambos le había dado mi número. Entró saludando con deferencia. Un hombre algo menor que yo, elegante, de modales corteses.

Se presentó como un empresario. Me dijo que en su juventud había empezado estudios universitarios, que los tuvo que abandonar a causa de un matrimonio a escondidas pues su novia había quedado en embarazo, que su padre le quitó el apoyo económico cuando se enteró, que le tocó salir a trabajar, que luego se dedicó a los negocios y que en ellos había tenido éxito. Los contadores también oficiamos como confidentes de nuestros clientes, pero este había empezado muy pronto con su intimidad de lugares comunes; tal vez para tomar confianza. Entonces, pasó a lo concreto.

Me dijo que en su empresa las cosas eran transparentes, que su contabilidad siempre estaba al día, que todo se compraba y se vendía legalmente, que las obligaciones tributarias se cumplían sin atrasos y los pagos eran oportunos pues prefería deberle al banco que a la Dian. Estoy cansado de pagar impuestos y de que esa plata se la roben, continuó diciendo, mire que las obras no se ven en el país y aquí lo único que abunda es la corrupción, en todos los gobiernos pasa lo mismo; luego se quejó del Congreso y de los congresistas, con la expresión de su cara los definió.

Le pregunté cómo podía ayudarle, pues el orden aparente de sus negocios no suponía mayores necesidades de mi asesoría. Volvió a decirme que estaba cansado de pagar impuestos, y que había oído que la reforma tributaria había traído algunos beneficios, pero también mayores impuestos para las sociedades y que le preocupaba eso de la tarifa mínima de tributación. No puedo más, se lamentó, y desde ahora quiero pagar menos impuestos, “eso sí, dentro de lo legal” me advirtió, como presintiendo mi respuesta.

Oyéndolo, recordé que con el tiempo entendemos que en el colombiano habitan dos individuos con personalidades diferentes. Es un emocionante caso endémico de doble personalidad, algo así como un fenómeno nacional masivo de trastorno disociativo de identidad, en donde cuando una actúa cierra a la otra; entre ellas no hay consciencia de su existencia y las dos personalidades se posesionan con velocidad inusitada del mismo cuerpo físico. Todo puede ocurrir tan rápido, en fracciones de segundo, que sucede de manera inadvertida para sus contertulios y vecinos. Pasar de ciudadano a contribuyente no requiere de la ingesta de ninguna pócima.

Entonces le dije que para poder prestarle una asesoría eficiente debía contarme su realidad tributaria de una manera franca; ir al contador es como ir al confesor, le dije, debe contar todos sus pecados, pues de lo contrario puede ser rechazado a las puertas del cielo. O puede terminar en la cárcel. O sancionado por la autoridad tributaria.

Me miró con recelo. Vaciló. Un poco despacio comenzó a decirme que acostumbraba a ocultar algunos ingresos -para poder vivir, me aclaró- uno no puede pagar impuestos por todo; que algunas cosas no las declaraba, como unos centavos que había sacado del país; que…

Justo cuando venía lo bueno de la confesión, abrí los ojos. Era un sueño, me dije mientras permanecía soñoliento; miraba fijamente a un techo que no reconocía; a mi lado mi esposa; entonces recordé que estábamos de viaje, que habíamos ido a una ciudad costera a llevar nuestro discurso de la reforma tributaria, que nos habían hospedado en un lugar en donde nos arrullaba el rumor del mar. Era el lugar propicio para reflexionar acerca de ese extraño comportamiento de nuestros connacionales. De cómo se censura la corrupción, pero se buscan mecanismos de evasión. De cómo se enjuician al gobierno y a los gobernantes y se les tildan de corruptos, pero siempre se trata de esas personas que han elegido. De cómo se exigen honestidad y transparencia en funcionarios y gobernantes, pero se ofrecen coimas para ganar un contrato. De cómo se pide moral pulcra a los candidatos, para luego ir tras los muros a visitar al político por el que han votado. De cómo se critican el atraso y la pobreza del país, pero se buscan mecanismos para sacar el capital a lugares más seguros del primer mundo.

Quería seguir en esas reflexiones. Quería continuar cogitando de esa contracultura. Quería ahondar en los misterios de ese gran trastorno nacional.

Entonces desperté.

El deplorable estado de las vías de Colombia se hizo público por las recientes y múltiples quejas y fotografías en las redes sociales. Algunos medios piden pronta reparación de las carreteras. Pero el asunto se torna grave si consideramos que, de acuerdo con la ANI, el recaudo de 187 peajes en 2021 sumó $4,07 billones, que al final del 2022 se contaba con 198 peajes según el Mintransporte, lo que debió generar para ese año un incremento en el recaudo más que proporcional a la sumatoria del alza de tarifas más los nuevos peajes. Dice la ANI que el cobro de los peajes se invierte en el mantenimiento de la infraestructura vial, pero el pésimo estado de las vías en general habla de otra cosa.

Como el valor del peaje es un tributo en la especie de la tasa, debe tenerse presente que su pago se constituye en la contraprestación de los servicios prestados, que surge en la prestación de un servicio público -el de las vías para la movilidad, en este caso- y que se establece en favor de quien presta el servicio -concesionario- para garantizar su afectación y prestación. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional (C-508/2006) que el objeto del peaje que recaudan los contratistas concesionarios incluye la realización de “actividades conexas necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio, por cuenta y riesgo del contratista concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente contratante”. Ante el desastre de las vías y el incremento del número y el valor de los peajes es válido preguntar qué se hace con los dineros de los tributos así recaudados. Y qué hace quien vigila y controla.

Pero si en las carreteras nacionales llueve, en Bogotá no escampa. La movilidad en la capital colombiana está en niveles de miserabilidad; el caos de tránsito ocasionado por las obras viales se agudiza con las muchísimas calles rotas y la pésima señalización, entre otros factores, que sumados al deficiente servicio de transporte público y a las “repúblicas independientes” de taxistas, motociclistas y ciclistas hacen de la ciudad un verdadero inframundo. Domina la hostilidad en las calles en donde cada quien hace lo que le viene en gana; los motociclistas transitan por andenes y ciclorrutas; los ciclistas lo hacen serpenteando entre peatones, autos, buses y camiones; los taxistas prestan el servicio a discreción; los peatones sufren los embates de todos los anteriores y los conductores de autos particulares salen a la calle sabiendo que a ellos sí les aplica el Código de Tránsito.

El desmadre se promueve desde las altas esferas. Es el caso del mal llamado pico y placa solidario, el cual consiste en sustraerse de la restricción vehicular con el pago de una suma a favor del Distrito. La contradicción monumental de la autoridad capitalina es la de impedir el derecho constitucional a la movilidad con el pretexto de mejorar la eficiencia de las vías, para luego decir que si el contribuyente tiene dinero puede pagar para esquivar la restricción. Entonces, que pague por pecar. Y que pague un tributo, pues eso es el pago solidario.

Desde el Decreto Distrital 749/2019 se dice que el pico y placa solidario es un precio público, el cual es de pago voluntario por parte de la persona que quiera hacerlo y que tiene como objeto el permitir la circulación del vehículo dentro de todo el perímetro urbano de Bogotá. El precio público se clasifica como un ingreso no tributario del Estado, manifestando la Corte Constitucional (C-927/2006) que proviene de una relación contractual o voluntaria por el uso o explotación económica de un bien del Estado del cual la administración pública no tiene obligación de otorgarlo. La doctrina ha desarrollado el concepto de precio público en el entendido que produce una contrapartida directa, personal y equivalente en la adquisición de bienes y servicios. Y este no es el caso del pago solidario visto desde estas apreciaciones constitucionales y doctrinarias.

El pago solidario se erige en su realidad como una tasa, pues reúne sus elementos como el de tratarse de un pago para el uso personal de un bien de dominio público, el de permitir individualizar el beneficio al que se accede, el de que su pago es obligatorio pues el Distrito conserva la capacidad de coacción contra el infractor y el de no consultar la capacidad económica de quien lo paga. Llamar precio público al pago solidario es embozarlo con un origen contractual, lo que lo sustrae del origen legal de la tasa, origen legal del cual carece el pago solidario.

El derecho constitucional a la libre circulación se menoscaba cuando se restringe el ir y venir por la vía pública, y se pervierte cuando se pide un tributo para transgredir la norma restrictiva.

Anexo. La destartalada carretera que comunica los municipios santandereanos de Bucaramanga y Barbosa es un ejemplo de sometimiento al ciudadano. Se trata de un tramo angosto de poco más de doscientos kilómetros en su mayoría con rizados, huecos y derrumbes; entra a todas las poblaciones por las que pasa; el ritmo lo pone el tráfico pesado y oscila entre veinte y treinta kph; y se pagan tres peajes en los que se forman colas de más de tres kilómetros para llegar a la caseta de pago. No es una carretera, es una cicatriz en el mapa de Santander.