Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos. 

A primera vista, la respuesta a esta pregunta podría parecer sencilla y debería ser un rotundo sí. Sin embargo, al adentrarnos en la segunda semana de negociaciones en Belem, Brasil, la balanza se inclina hacia una respuesta menos optimista: es probable que no haya suficiente financiamiento para la acción climática en los próximos años.

Desde que se planteó la agenda oficial para la COP30 de cambio climático, se subrayó la necesidad de seguir impulsando los debates sobre la financiación a largo plazo para el clima, especialmente en lo que respecta a la movilización de al menos 1.3 billones de dólares anuales en financiamiento climático, más conocida como la ruta de Bakú a Belem. Se espera que esta iniciativa se dirija a mitigar los impactos del cambio climático de los países en desarrollo, priorizando especialmente las acciones de adaptación, y enfocándose en la igualdad de género, la transparencia, el acceso a la información, así como la priorización de actividades lideradas por las comunidades locales.

En este contexto, se presentó el informe del Comité Permanente de Financiación, sobre los avances hacia el objetivo de movilizar 100,000 millones de dólares anuales para el clima. Este documento será revisado, evaluado y aprobado, si las Partes están de acuerdo con su contenido.

El Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, destacó que “sin financiamiento, no hay acción climática”. Stiell resaltó que el camino propuesto para la COP30 de cambio climático es una señal positiva de que es posible alcanzar la meta de 1.3 billones de dólares anuales para financiar la acción climática hasta 2035. Además, agregó que este enfoque sugiere tres puntos para actuar de manera rápida y justa: 

(i) aumentando las subvenciones y reduciendo deudas; 

(ii) utilizando instrumentos financieros innovadores; y 

(iii) asegurando que el financiamiento beneficie a los pequeños negocios y a las comunidades locales.

A pesar de estas declaraciones alentadoras, el borrador de decisión propuesto sobre el financiamiento evidencia las preocupaciones de muchas de las Partes, especialmente en relación con la insuficiencia de los fondos destinados a la adaptación. Estas preocupaciones se centran en que la meta propuesta no responde adecuadamente a las necesidades y prioridades reales de los países en desarrollo.

En este contexto, se recuerda que el Acuerdo de París reconoció explícitamente la importancia de que los flujos financieros estén alineados con un camino hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Y esta obligación no deja lugar a interpretaciones.

Aún queda mucho por definir y esto seguirá siendo debatido en los próximos días. No hay, por ahora, un consenso claro sobre la dirección que tomarán las negociaciones sobre financiamiento, como quedó claramente evidenciado durante el primer día de la plenaria ministerial, llevada a cabo el 17 de noviembre. En esa jornada, el Grupo de los 77 + China, a través de varios de sus representantes, hicieron un llamado para triplicar los fondos aportados por los países desarrollados para apoyar las medidas de adaptación. Sin embargo, los países del norte global continúan resistiéndose a un aumento en los recursos destinados a la bolsa de financiamiento climático.

Este desacuerdo se hizo aún más evidente con las declaraciones de Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, quien afirmó durante una rueda de prensa que no vale la pena reabrir la discusión sobre el compromiso alcanzado en Bakú, ya que lo considera una “pérdida de tiempo”. En lugar de ello, Hoekstra sugirió centrarse en cómo poner en práctica el acuerdo al que se llegó en la COP anterior.

Las discusiones sobre el financiamiento apenas comienzan a tomar forma con la publicación del borrador de decisión en la página oficial de las Naciones Unidas. En Ambiente y Sociedad, esperamos que las negociaciones culminen con un acuerdo que refuerce la necesidad de que el financiamiento climático sea crucial para implementar las acciones de adaptación que requieren los países en desarrollo, especialmente aquellos más vulnerables.

Este llamado no es nada nuevo para las Partes. El propio Acuerdo de París lo establece claramente en sus artículos 2.1 (c) y 9.1, donde se destaca que los flujos financieros deben contribuir a un desarrollo resiliente al clima, y que son los países desarrollados los que deben proporcionar los recursos necesarios tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. Además, este proceso debe seguir los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, respetando los derechos humanos y promoviendo mecanismos innovadores de financiamiento que reduzcan las deudas de los países en desarrollo, al tiempo de su dependencia de los recursos privados.

Justo antes del inicio de la COP30 de cambio climático, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió a los líderes que ya han llegado a la ciudad amazónica de Belém Do Pará que cada fracción de grado que aumente en el planeta significa más hambre, desplazamiento y pérdidas, especialmente para quienes han sido menos responsables. 

En su concepto, haber fallado en mitigar el calentamiento global es una “falla moral y negligencia mortal”. Una postura similar a la que ha manifestado el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante la Cumbre de Países Amazónicos, donde afirmó: “Todas las cumbres terminan con que unos piden y otros niegan. Necesitamos que esta sea la COP más seria de todas, que no quede en discursos y promesas vacías”. 

Irónicamente, Lula preside el mismo gobierno que recientemente autorizó la explotación de hidrocarburos en un región muy cercana a una desembocadura del río Amazonas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sido muy insistente sobre la urgencia sustituir los combustibles fósiles para de frenar la crisis climática con una transición energética rápida, y, aún así, el país es el más mortal para los y las lideresas que alzan su voz en contra de proyectos que afectan gravemente al ambiente, como las industrias mineras o de hidrocarburos.

Esta contradicción entre el discurso y acciones efectivas para mitigar los efectos del cambio climático –como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta financiamiento para países del Sur Global y el apoyo y protección de comunidades étnicas y locales– debe estar en el centro de las negociaciones que se surtan durante la COP30. 

La urgencia y el espectáculo

La COP30 debe enfocarse en avances y compromisos tangibles en las negociaciones, más que en el costo económico de un evento de estas magnitudes, que fomenta cientos de miles de empleo y empuja las economías locales con la llegada de miles de turistas; algo que no solo ocurre en Belém, sino que también pasó el año pasado en Cali, Colombia.

En este sentido, los resultados de las cumbres, desafortunadamente, han sido más positivos para las economías locales que para impactar la política climática global; en Bakú, Azerbaiyán, la COP29 evidenció que los países del Norte Global no se comprometieron con las metas de financiamiento necesarias; en Cali en la COP16, aunque hubo avances con la creación del órgano subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales, los países negociadores quedaron debiendo un modelo para implementar el Marco Mundial Kunming-Montreal para la biodiversidad.

Lo cierto es que el mundo no puede seguir dando pasos tímidos con estos compromisos, pues aunque es redundante, también es evidente la urgencia de implementar acciones efectivas para mitigar el calentamiento global y los efectos de la crisis climática. El 2023, 2024 y 2025 han sido los tres años más calientes de los que tenemos registro y uno de los puntos de inflexión climática establecidos por la comunidad científica, el blanqueamiento de corales, ya ha comenzado.

Tecno-soluciones para el futuro que ignoran el presente

La apuesta del gobierno de Brasil por la explotación de hidrocarburos va de la mano con la creencia en soluciones climáticas mediadas por la tecnología. En varias oportunidades  Guterres ha insistido en que este evento debe servir como el inicio de la transición definitiva a las “energías limpias”, como la solar, eólica o el aún hipotético hidrógeno verde. 

Incluso, la editora de ambiente de The Guardian ve en estas tecno-soluciones un futuro prometedor pues, argumenta, ahora mismo atrae más inversiones y emplea a más personas que la industria de combustibles fósiles. 

Sin embargo, debemos ser cautos con estas apuestas, pues detrás de las llamadas energías limpias, sigue habiendo una industria que requiere y puede depredar los recursos naturales de países en vías de desarrollo y que impacta las relaciones con el territorio de las comunidades étnicas y locales. 

A esto se suma que, más allá de las buenas intenciones, estas tecnologías pueden quedar por fuera del alcance de todos por barreras corporativas, legales y económicas que segreguen a países que no puedan investigarlas o desarrollarlas. Es decir, son soluciones pensadas desde y para el Norte Global. 

En este sentido, la apuesta de Ambiente y Sociedad, así como de decenas de organizaciones aliadas en el mundo, se basa en soluciones que existen actualmente, económicas, viables y que respetan los derechos y necesidades de las personas. 

En los trece años que hemos acompañado procesos comunitarios y locales hemos notado cómo, sin discursos ni promesas, estas personas viven y permanecen en sus territorios al mismo tiempo que protegen la diversidad y los ecosistemas. Estas soluciones no dependen de un descubrimiento científico o técnico, sino que se basan en una apuesta fácil de plantear, pero difícil de cumplir: el compromiso de las sociedades con nuevas nuevas formas de desarrollo y relacionamiento con el ambiente, una transformación que implica un cambio tanto cultural como social. 

Esperamos que esta nueva COP de cambio climático sea un éxito, pero este éxito no puede medirse en turismo o ingresos para las ciudades o países, sino en negociaciones profundas y acuerdos amplios y vinculantes. Ya hemos visto un primer avance con el impulso de 5.5 mil millones de dólares al fondo TFFF, aunque es aún una iniciativa muy joven y que no está exenta de críticas. Además, si bien la tecnología debe ser un aliado en estos esfuerzos, creemos que las acciones multilaterales deben enfocarse en soluciones realizables como el cuidado y protección de comunidades campesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas, cuyas formas de vida han demostrado ser una barrera real y efectiva para enfrentar la crisis climática. Pero no pueden hacerlo solos. 

El 14 de febrero de 2025, Colombia logró un avance sustancial con la aprobación del CONPES 4143. En efecto, el CONPES promete reorganizar el sistema de cuidados y reconocer las prácticas de cuidado comunitario, enfáticamente aquellas que desarrollan las comunidades campesinas y pueblos étnicos. No obstante, el discurso institucional sobre el progreso ha formalizado una omisión: las mujeres migrantes, como actoras invisibles frente al cuidado comunitario y ambiental, continúan siendo marginalizadas en el diseño de las políticas públicas que inciden directamente sus vidas. Bajo esta premisa, resulta coherente cuestionarse ¿Puede predicarse el principio de integralidad en la Política Nacional de Cuidado cuando existe una clara exclusión de grupos de interés en la fase de diseño?

Desde el Grupo de Acciones Públicas (GAPI), esta pregunta no resulta inadvertida. En efecto, durante los últimos años, nuestro trabajo con mujeres migrantes nos ha permitido conocer de cerca las experiencias de quienes, desplazadas por factores climáticos y violencias estructurales, han construido procesos de cuidado ambiental y comunitario que trascienden las fronteras tradicionales de lo que entendemos por “política pública de cuidado”. Las mujeres migrantes promueven el cuidado más allá de las fronteras nacionales y se identifican como defensoras de los territorios, el ambiente y el tejido social. El trabajo desarrollado desde el GAPI frente al acompañamiento activo y permanente a mujeres migrantes se construye a partir del reconocimiento de que son sujetas políticas que aportan tanto a la defensa de derechos como al cuidado ambiental, pero cuyas voces han sido sistemáticamente excluidas en los debates sobre política pública.

Un ejemplo que ilustra esta realidad es el de Carolina Pomares, activista colombiana cuya experiencia de trabajo en frontera la ha llevado a conocer de cerca las dificultades de la vida en territorios marcados por la movilidad humana, la desigualdad y los impactos ambientales. Su compromiso con las mujeres migrantes y su comprensión de las dinámicas fronterizas le han permitido impulsar procesos de organización colectiva que combinan la defensa de los derechos de las mujeres con la protección del ambiente. Su liderazgo ha sido decisivo en la construcción de redes comunitarias que reflejan tanto su propia capacidad transformadora como la de las mujeres migrantes a quienes acompaña.

Estas experiencias nos han mostrado que las mujeres migrantes son voceras naturales del cuidado ambiental porque sus experiencias están marcadas por la resiliencia y por un ejercicio cotidiano del cuidado de sus familias, sus comunidades y los territorios que habitan. En efecto, desde su cotidianidad, las mujeres migrantes disponen de un conocimiento profundo del territorio, de las necesidades de la comunidad y, en consecuencia, ejercen una forma de cuidado integral que comprende personas, ecosistemas, cultura y cohesión social.

La ausencia de las mujeres migrantes en el CONPES 4143 no es un olvido técnico, sino un reflejo de cómo entendemos la migración y el cuidado en Colombia. Tendemos a ver a las personas migrantes como receptoras pasivas de ayuda humanitaria, y no como agentes transformadoras que contribuyen activamente al cuidado de los territorios que las acogen. Lo cierto es que las mujeres migrantes son fuente primaria de conocimiento al ser quienes en algún momento debieron formular estrategias de adaptación y resistencia para afrontar los retos que supone la migración.

Esta perspectiva es particularmente problemática cuando hablamos de migración climática. Las mujeres que se movilizan por factores ambientales no solo traen consigo conocimientos ancestrales sobre manejo de recursos naturales, sino que desarrollan estrategias de adaptación y resiliencia que benefician a las comunidades receptoras. Sus prácticas de cuidado trascienden lo doméstico y se extienden al cuidado de los ecosistemas, la gestión comunitaria del agua, la agricultura sostenible y la construcción de redes de apoyo que fortalecen el tejido social.

Desde nuestra experiencia en el GAPI, hemos documentado cómo estas mujeres se convierten en mediadoras entre diferentes formas de conocimiento ambiental, conectando saberes de sus territorios de origen con las realidades de sus nuevos lugares de residencia. Son, en esencia, agentes de transferencia tecnológica y conocimiento ecológico, pero esta contribución permanece invisible ante los ojos de la política pública. Nuestro acompañamiento ha incluido la creación de espacios para niños, niñas y adolescentes donde los más pequeños tienen lugares para jugar y acceso a libros, así como el apoyo en la conformación de pulgueros comunitarios a través de donaciones de ropa que permiten a las familias migrantes generar ingresos propios. Estas iniciativas revelan cómo el cuidado se extiende más allá de lo individual y se convierte en construcción de tejido social y económico.

Las voces de las mujeres migrantes permiten visibilizar la relación intrínseca entre migración y sostenibilidad ambiental. Sus testimonios cuestionan estereotipos que las reducen a víctimas de la violencia o la pobreza, y muestran en cambio su papel activo en la transformación social y ecológica de los territorios que habitan. En esta misma línea y a través de nuestro trabajo con el GAPI hemos aprendido que el cuidado ambiental no es solo una práctica técnica, sino una práctica política. En efecto, cuando una mujer migrante organiza a su comunidad para proteger una fuente hídrica, no solo está ejerciendo cuidado ambiental, sino que está haciendo política pública desde abajo, está construyendo ciudadanía, está defendiendo derechos.

Esta perspectiva nos obliga a replantear los marcos conceptuales de la política de cuidado. Si realmente queremos una política integral, debemos reconocer que el cuidado no se detiene en las fronteras nacionales, que las prácticas de cuidado ambiental son tan relevantes como el cuidado doméstico, y que las mujeres migrantes son sujetas políticas cuyas voces deben estar en el centro de estas discusiones. La exclusión de su protagonismo en el diseño de la política nacional de cuidado imposibilita construir una política verdaderamente transformadora, conectada con los territorios y articulada con quienes actúan diligentemente frente al cuidado comunitario y ecosistémico.

El CONPES 4143 representa un avance significativo, pero su implementación será exitosa solo si logra incluir las voces y experiencias de todos los sectores que ejercen cuidado en Colombia. Las mujeres migrantes no pueden seguir siendo las grandes ausentes de esta política. Para ello, proponemos tres acciones concretas. Primero, es fundamental que el Ministerio de Igualdad y Equidad, en coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, desarrolle lineamientos específicos que reconozcan el aporte de las mujeres migrantes a las prácticas de cuidado ambiental. Esto incluye crear mecanismos de participación que garanticen su voz en los espacios de diseño e implementación de la política. En efecto, la intervención y el intercambio de perspectivas es esencial para la construcción de una política integral, legítima y sostenible.

Segundo, las universidades y centros de investigación debemos fortalecer los estudios sobre migración climática y cuidado ambiental, documentando las prácticas y saberes que estas mujeres aportan a los territorios. La investigación jurídica debe vincularse a la acción transformadora en contextos sociales concretos, como lo hemos hecho desde el GAPI. Ello permitirá exponer el rol histórico, social, cultural y económico de las mujeres migrantes, a su vez, enriquecerá el diseño de políticas de cuidado con conocimientos locales basados en evidencia social, y consolidará el conocimiento local en un insumo para la formación educativa de nuevas generaciones.

Tercero, es necesario crear un fondo específico dentro de la inversión proyectada de 25 billones de pesos para fortalecer iniciativas comunitarias que ya están trabajando en la intersección entre migración, cuidado y ambiente. Estas experiencias no pueden seguir dependiendo exclusivamente del trabajo voluntario y la autogestión. Si verdaderamente se proyecta una transformación de alto impacto social se requerirá la asignación de recursos económicos para el desarrollo de los objetivos. Al final, se debe entender que las transformaciones sociales requieren compromiso político, social y económico para su efectivo diseño e implementación.

La experiencia de Carolina, y la de miles de mujeres migrantes en Colombia, nos recuerda que las políticas públicas más efectivas son aquellas que se cimientan sobre el reconocimiento de las prácticas que ya se han consolidado en los territorios. Lo inminente en este punto es reconocer que la cotidianidad de las mujeres migrantes engloba el cuidado de sus familias, de sus comunidades y de los ecosistemas, en consecuencia, es deber del Estado potenciar los saberes de las mujeres migrantes a través del reconocimiento de su labor y garantizando su participación activa en la estructuración de la Política Nacional de Cuidado.

La Política Nacional de Cuidado tiene la oportunidad histórica de ser realmente transformadora, pero solo lo será en la medida en que logre incluir todas las voces que ejercen cuidado en Colombia. Las mujeres migrantes no solo merecen asumir un rol activo en el diseño de la política, sino que su inclusión es esencial para la construcción de una política más justa, sólida y efectiva.

Desde el GAPI seguiremos trabajando para que estas voces sean escuchadas. Creemos firmemente que la investigación jurídica debe estar al servicio de la justicia social, y que reconocer a las mujeres migrantes como sujetas políticas del cuidado ambiental es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y sostenible.

El cuidado no tiene fronteras. Es hora de que nuestras políticas públicas tampoco las tengan.

Este artículo surge del trabajo conjunto entre el Grupo de Acciones Públicas (GAPI) y la Corporación Las Violetas, en el marco de la Escuela Emma, espacio de formación e incidencia para mujeres migrantes.

Referencias

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2025, febrero 14). Documento CONPES 4143 – Política Nacional de Cuidado. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bogotá República de Colombia.

Ministerio de Igualdad y Equidad. (2025, febrero). “Colombia da un paso histórico aprobado CONPES para la Política Nacional de Cuidado”. Sala de Prensa.

Consultor Salud. (2025, febrero 21). “Política Nacional de Cuidado en Colombia – CONPES 4143”

El agua que no se ve, pero sostiene la vida 

En Colombia, las aguas subterráneas son una reserva silenciosa y vital. Alimentan acueductos rurales, cultivos y ecosistemas enteros. Sin embargo, siguen desprotegidas. La Mesa de Los Santos es un ejemplo claro. Este territorio ubicado al norte del Cañón del Chicamocha, en Santander, abarca la totalidad del municipio de Los Santos, una franja de Piedecuesta y parte de la vereda Chocoa en Girón. En los últimos años se ha convertido en destino de casas campestres para quienes buscan un lugar cercano a Bucaramanga, transformando el territorio sin considerar a las comunidades campesinas de laderas y zonas bajas. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por la concentración y rápido crecimiento industrial y urbanístico  en la planicie. Así, mientras los habitantes tradicionales padecen la disminución de nacimientos y quebradas, proliferan pozos para urbanizaciones, industrias avícolas y proyectos turísticos sin diagnóstico integral del acuífero. Es la crónica de un despojo invisible, donde los derechos colectivos quedan relegados ante intereses privados e individuales. 

Cuando la norma existe, pero no se cumple 

Aunque la Ley 373 de 1997 ordenó a las autoridades ambientales realizar estudios hidrogeológicos, con respaldo técnico del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, antes de otorgar permisos para el uso de agua subterránea, casi tres décadas después este mandato sigue sin cumplirse. En sus respuestas a solicitudes de información, las autoridades ambientales de Santander —la CDMB y la CAS— reconocieron no haber realizado estos estudios con dicho respaldo ni haber solicitado formalmente ese apoyo. De forma paralela, el Decreto 1640 de 2012 ordenó formular Planes de Manejo de Acuíferos, pero en la Mesa de Los Santos ninguno ha sido adoptado formalmente. A pesar de ello, los permisos para perforar agua subterránea se siguen otorgando, muchas veces basados en informes de empresas privadas interesadas en los mismos proyectos que hacen las perforaciones. 

Las consecuencias para las comunidades campesinas 

Esta omisión tiene rostro humano. Las comunidades rurales asentadas en las laderas de la Mesa de Los Santos enfrentan desabastecimiento progresivo. Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander (2016–2023) han documentado la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las zonas bajas. 

En 2022, un estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander evaluó 11 aljibes y 2 pozos perforados en la región: 9 de los 13 puntos presentaban disminución del nivel freático. En 2023, una investigación de la Maestría en Historia de la misma universidad evidenció que la perforación de pozos profundos, principalmente para urbanizadores y agroindustrias, ha concentrado el agua en las zonas planas, agravando la escasez en las laderas campesinas. Esta dinámica produce paisajes desiguales: comunidades precarizadas en las laderas y nuevos enclaves suburbanos con agua asegurada en la planicie. Es un despojo silencioso y difuso, difícil de rastrear y controlar, que amenaza la soberanía hídrica campesina, fragmenta los vínculos culturales con el territorio y debilita los sistemas tradicionales de manejo del agua. 

El costo de profundizar para acceder al agua 

El costo económico de la perforación de pozos aumenta de acuerdo a su profundidad. Esto excluye a los campesinos, que no pueden pagar estudios ni trámites exigidos para obtener permisos, limitando su posibilidad de garantizar el mínimo vital de agua. Las denuncias también alertan sobre la desaparición de humedales y la disminución del caudal o sequía total de quebradas como Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas, San Miguel, Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda. La privatización y captación de agua en las partes planas amenaza el arraigo de muchas familias campesinas y  aumenta  el riesgo de desplazamiento forzado por razones económicas y ambientales  y la vulneración de derechos bioculturales. 

A esto se suman las polémicas por el riesgo de privatización de acueductos comunitarios y el frustrado proyecto millonario del Acueducto Regional del Chicamocha, una promesa incumplida desde 2015 por la administración del entonces gobernador Richard Aguilar. 

Un ahorro que nunca fue 

La Ley 373 de 1997 también ordenó crear programas de uso eficiente y ahorro del agua. Sin embargo, en Los Santos ese programa nunca se implementó. Tras años de omisión, en 2018 la CAS sancionó al municipio con 9 millones de pesos por incumplir la ley. Pero en 2024 la misma corporación revocó la multa porque el plan, aunque existía, no había sido formalizado mediante acto administrativo. Así, entre trámites y vacíos legales, ni multa ni programa de ahorro. Y la pregunta persiste: ¿qué pasó con el uso eficiente y el ahorro del agua para la población de Los Santos? 

Una problemática global con rostro local 

La situación de la Mesa de Los Santos no es un caso aislado. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el municipio de Los Santos está entre las zonas con alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico durante temporadas secas. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2022) advierte que las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua dulce líquida del planeta, pero su explotación insostenible genera consecuencias irreversibles. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua ha señalado que la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica global, especialmente en zonas rurales. Sus recomendaciones son claras: gestión equitativa, monitoreo riguroso y gobernanza sostenible, advirtiendo que la negligencia en este ámbito profundiza las desigualdades y pone en riesgo el derecho humano al agua. 

La Mesa de Los Santos cumple varios criterios de riesgo: agotamiento de las fuentes, dependencia exclusiva para consumo humano, conflictos por uso del agua y desabastecimiento superficial. Todo esto exige una acción prioritaria y coordinada de las autoridades locales y nacionales. 

Lo que hemos hecho desde la Clínica Carlos Gaviria Díaz 

Frente a este panorama, desde la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS hemos impulsado acciones para visibilizar y enfrentar esta problemática. Con el apoyo de veedurías, organizaciones sociales como la Fundación la Cabuya, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Corporación Compromiso, procesos sociales de Piedecuesta y Los Santos, estamos exigiendo la convocatoria a una audiencia pública ambiental conjunta para debatir de manera integral la gestión del agua subterránea en la región, trascendiendo del análisis fragmentado de permisos individuales y proponiendo una inmediata intervención para evitar la destrucción de las fuentes hídricas en el territorio. 

Además, interpusimos una acción de cumplimiento para hacer efectivo el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 y que las CAR realicen los estudios hidrogeológicos exigidos antes de otorgar nuevas concesiones. Estas iniciativas buscan abrir canales de participación y diálogo comunitario con las autoridades ambientales, haciendo valer el derecho de las comunidades a ser informadas y participar en decisiones que afectan su agua y su territorio, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Hacia una justicia hídrica, territorial y ambiental 

La situación actual demanda medidas urgentes de regulación, control y recuperación por parte de las autoridades competentes. No se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar la preservación, sostenibilidad y cuidado del agua, el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales y la aplicación de principios de equidad ambiental y justicia hídrica. 

El Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander ya hizo un llamado en agosto de 2024 a la CDMB y la CAS para que aborden esta situación de forma articulada y establezcan planes de acción que protejan tanto la estabilidad ecológica del territorio como los derechos colectivos del campesinado. A la fecha, no se conoce respuesta. 

Persistir en esta omisión significa propiciar un desplazamiento ambiental silencioso, una forma de despojo que compromete el derecho al agua, al territorio, a la permanencia digna en el campo y los derechos bioculturales de las comunidades campesinas. La progresiva escasez de agua amenaza su permanencia al impedir actividades básicas de subsistencia como el cultivo, el cuidado de animales y el abastecimiento doméstico, acelerando procesos de descampesinización y poniendo en riesgo la pérdida de las prácticas y saberes propios de estas comunidades. 

El caso de la Mesa de Los Santos es una advertencia sobre cómo la omisión institucional abre la puerta a intereses privados en la gestión del agua subterránea. También es ejemplo de cómo las clínicas jurídicas pueden enfocar la enseñanza en justicia ambiental a partir de problemáticas territoriales. Garantizar la justicia hídrica requiere planificación adecuada, gestión sostenible y participación comunitaria para asegurar que el agua, aunque invisible, siga siendo un bien común y un derecho para todos. 

El diálogo entre los liderazgos ambientales raizales y quienes se forman como abogados se convierte en una herramienta clave para enfrentar la emergencia climática en Providencia y Santa Catalina, tras la devastación que dejó el huracán Iota.. 

La idea de que el cambio climático es un fenómeno ajeno y lejano, que aún no ha traído consecuencias negativas para las personas y para la naturaleza y frente al cual solo debemos “prepararnos” para el futuro, es una falacia. En muchas ocasiones se percibe como un asunto temporal, que solo adquiere relevancia cuando un desastre altera de golpe la vida humana y la tranquilidad de las comunidades, lo que conduce a reaccionar tarde y desde la improvisación. Sin embargo, la evidencia muestra que no se trata de un fenómeno de la ciencia ficción: ya estamos inmersas en sus efectos y, peor aún, nos enfrentamos un escenario de falta de preparación para afrontarlo.

Uno de los impactos más graves del cambio climático es el aumento de la temperatura de los océanos, lo que provoca cada año la formación ciclones que dan origen a huracanes de enorme magnitud.  En noviembre de 2020, las islas de Providencia y Santa Catalina vivieron la furia del huracán Iota, que arrasó con viviendas, infraestructura de servicios públicos, escuelas, el hospital y con la tranquilidad del pueblo raizal. El huracán destruyó el 98% de la infraestructura de las islas y las vidas de la comunidad cambiaron para siempre. 

Han pasado casi cinco años desde aquella tragedia, y desde entonces en la clínica jurídica GAP hemos tenido el privilegio y el desafío de acompañar al pueblo raizal en el desarrollo de una estrategia jurídica que exige una participación real en las decisiones sobre la reconstrucción de estas islas, que son su territorio ancestral. En este proceso, hemos acompañado al Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence como asesores jurídicos en la estrategia judicial, en el proceso de consulta previa y actualmente en el seguimiento a los acuerdos con las autoridades. Durante este tiempo, hemos reaprendido que el derecho y el litigio estratégico son herramientas multiescala que exige integrar lo normativo e institucional con los saberes de la comunidad, su identidad y sus costumbres. 

Como parte de la estrategia de acompañamiento jurídico a la comunidad raizal, incluimos dos perspectivas fundamentales para la defensa del ambiente en los territorios de Colombia: por un lado, la gestión y adaptación frente al cambio climático, y por otro, la promoción del Acuerdo de Escazú como pilar clave para asumir el reto de garantizar los derechos y un ambiente sano, a partir de sus principios de acceso a la información, participación y justicia ambiental y climática.

En agosto de 2025, visitamos la isla Providencia, lo que significó mucho más que una actividad académica: reconocer nuestra vulnerabilidad como humanos y la resiliencia de la naturaleza, reconectar con nuestro propósito como profesoras e inspirarnos como colombianas, en la fuerza de un pueblo que había sido devastado y resurgió entre las cenizas. 

En esta visita, reconfirmamos que, si bien el derecho ofrece caminos poderosos para exigir la garantía de derechos como el Acuerdo de Escazú, la verdadera fuerza está en la comunidad, en las personas que defienden el ambiente, en su empeño de reconstruir, proteger y proyectar el territorio como parte de su identidad y de su vida en común. Esa combinación —la comunidad organizada y el derecho como herramienta viva— se convierte en la base de una construcción conjunta frente a los retos del cambio climático. Y es allí donde radica la relevancia de las clínicas jurídicas, pues el uso de herramientas como las acciones judiciales, resulta clave para el acompañamiento a las comunidades. 

Por esto, en el modelo de educación legal clínica buscamos que, a través de un contacto con la realidad, las nuevas generaciones de abogados y abogadas establezcan una conexión desde la empatía y la justicia social y ambiental con los contextos territoriales. De esta manera, queremos formar estudiantes con una genuina preocupación y consecuente sensibilización sobre el derecho como herramienta de transformación social. 

De ahí surge la necesidad de que tanto las nuevas generaciones de juristas como las comunidades cuenten con espacios de encuentro, discusión y análisis en los que sea posible conocer de cerca, en el propio territorio, todas las implicaciones reales que trae la emergencia climática. En el acompañamiento jurídico a la comunidad raizal tras el  Huracán Iota, y en la visita que realizamos como parte de esta estrategia, encontramos que la implementación de instrumentos jurídicos en escenarios de cambio climático tiene una ganancia en doble sentido: por un lado, permite acompañar de manera efectiva a la comunidad en la defensa de sus derechos culturales y ambientales; y por el otro, enseña a los estudiantes, antes incluso de ser abogadas y abogados, a aplicar el derecho como una herramienta viva y con un alto poder de cambio social. 

Este tipo de iniciativas, en las que se comprende la dimensión de los problemas desde el territorio, materializan la enseñanza de la ética legal y evidencian el impacto del derecho en un mundo fuertemente marcado por el cambio climático y sus innegables efectos adversos. Caminar por los espacios devastados por Iota y reconstruidos tras años de lucha, escuchar las historias de la comunidad sobre cómo enfrentaron el desastre natural en sus casas y evidenciar su capacidad de resiliencia en ellos, reitera el debate sobre la necesidad de incluir en los currículos de las facultades de derecho materias relacionadas con el derecho ambiental y las clínicas jurídicas para la defensa del interés público, como asuntos indispensables para un proceso de formación integral.

Como clínica jurídica GAP nos hemos dedicado por más de 25 años a la protección de los derechos humanos y del interés público. Nuestra labor nos recompensa con ganancias que caracterizan la experiencia clínica: i) aprendemos de las comunidades en la defensa de sus derechos; ii) compartimos con ellas nuestros conocimientos y iii) brindamos a los estudiantes un espacio práctico para su formación, sensibilización y compromiso con la realidad social y ambiental del país.

De esta experiencia emerge la necesidad de enseñar a las nuevas generaciones que más allá de preguntarse cuándo cambiará el mundo, lo verdaderamente transformador es cuestionarse qué puedo hacer yo para cambiarlo, y empezar por ello, con pequeños y conscientes pasos.

El Golfo de Fonseca, en la costa sur de Honduras, ha sido durante generaciones el corazón de las comunidades de Guapinol, Cedeño y Punta Ratón, en el municipio de Marcovia. Allí, el mar no era solo paisaje: era sustento, alimento y cultura. Era también la garantía de un entorno vital donde se entrelazaban la pesca, la agricultura y la vida comunitaria.

Sin embargo, desde hace más de tres décadas, estas comunidades conviven con una amenaza silenciosa y persistente: la intrusión marina. Se trata de un fenómeno agravado por el cambio climático, que saliniza los suelos, reduce su fertilidad, desplaza cultivos tradicionales como el arroz y contamina las fuentes de agua. Lo que a simple vista podría confundirse con un proceso natural, en realidad es un problema climático y de derechos humanos.

En los últimos años, el mar avanza con más fuerza: cada episodio de marejada puede invadir entre 50 y 100 metros de tierra firme, según los registros locales. Esta erosión costera trae consigo consecuencias devastadoras: pérdida de viviendas, destrucción de infraestructura, migraciones forzadas, brotes de enfermedades gastrointestinales prevenibles, reducción de ingresos por la pesca artesanal, amenaza constante a la seguridad alimentaria y degradación de ecosistemas vitales, como los bosques de manglar.

Desde el huracán Mitch en 1998, los inviernos no han traído calma, sino oleajes e inundaciones cada vez más intensos. Muchas familias enfrentan brotes recurrentes de diarrea, vómitos y cólicos, mientras sus posibilidades económicas se reducen con la disminución de especies marinas y la falta de empleos en la zona. La migración hacia Estados Unidos se ha vuelto, para muchos, la única alternativa de sobrevivencia.

El impacto no es solo material. El mar ha borrado casas, cultivos y hasta cementerios. Sus tierras, antes productivas, se destinan ahora a la ganadería extensiva, una actividad que, paradójicamente, incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y profundiza la crisis climática. Lo que ocurre en Cedeño es un espejo doloroso de la injusticia climática: quienes menos han contribuido a la crisis global son quienes hoy pagan el precio más alto, perdiendo territorios, cultura y sustento.

Esta problemática exige respuestas prontas y efectivas. Desde hace años, la comunidad internacional viene discutiendo el tema de las “pérdidas y daños” climáticos. El reciente acuerdo impulsado en el marco de Naciones Unidas para crear un Fondo Mundial de Pérdidas y Daños representa un paso valioso; sin embargo, los recursos comprometidos siguen siendo claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Aún más preocupante es que los mecanismos diseñados hasta ahora son incipientes y, en ningún caso, habían incorporado la obligación de brindar reparaciones a las comunidades afectadas.

Ese panorama cambió con la Opinión Consultiva 32 de 2025 sobre emergencia climática y derechos humanos (OC-32), emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión marca un hito en la historia del derecho ambiental y climático, al reconocer el deber de los Estados de reparar los daños ocasionados por la crisis climática. El pronunciamiento no estuvo aislado: fue acompañado de una movilización social sin precedentes. La Corte recibió 263 escritos de 613 actores —organismos internacionales, Estados, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, academia e individuos—, una participación histórica que refleja con claridad la urgencia de adoptar medidas contundentes frente a las injusticias climáticas.

En su decisión, la Corte mostró que la crisis climática no es solo un asunto ambiental: es, sobre todo, una cuestión de derechos humanos, de justicia intergeneracional y de acción urgente. La Opinión Consultiva 32 aclaró obligaciones inmediatas y trazó coordenadas jurídicas que permiten a cualquier persona acudir a los tribunales para exigir protección y demandar justicia. Incluso, abrió la puerta para reclamar reparaciones climáticas, un avance sin precedentes en el derecho internacional.

La Corte señaló que reparar los daños ocasionados por la emergencia implica procurar, siempre que sea posible, la restitución plena —volver las cosas al estado anterior— y, cuando ello no sea viable, ofrecer medidas económicas y simbólicas que atiendan cada una de las consecuencias negativas de los eventos climáticos extremos. Con ello, recordó que las víctimas no deben resignarse a la pérdida, sino que tienen derecho a la reparación integral.

En esa línea, los Estados tienen el deber de garantizar canales administrativos y recursos judiciales efectivos para que las comunidades afectadas puedan solicitar y obtener indemnizaciones. Estas medidas deben considerar las particularidades de la naturaleza y de cada población, fortaleciendo sus capacidades de adaptación y resiliencia, y contribuyendo a su recuperación sostenible. Así, la Corte estableció que las reparaciones climáticas incluyen:

• Restitución, para restaurar ecosistemas y sistemas climáticos, con planes de conservación y recuperación.
• Rehabilitación, que contemple atención médica frente a enfermedades vinculadas al cambio climático.
• Indemnización, que valore las pérdidas desde una perspectiva económica y cultural.
• Garantías de no repetición, orientadas a reducir la vulnerabilidad inicial, vigilar el cumplimiento de las obligaciones y fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos.

Aun con este logro histórico, lo más desafiante está por venir: hacer realidad lo que la Opinión Consultiva consagra. Avanzar hacia el “Estado Democrático y Ambiental de Derecho” que inspira. Sus mandatos constituyen una base sólida para exigir mayor ambición y coherencia en la acción climática, tanto en la reducción de emisiones como en la atención de quienes ya padecen sus impactos. El litigio estratégico, en instancias nacionales e internacionales, se convierte en una vía imprescindible para transformar las promesas en derechos efectivos.

Si no actuamos, la intrusión marina no solo arrasará con playas y tierras agrícolas: también se llevará prácticas ancestrales, la pesca artesanal y, en definitiva, la vida de miles de familias que han habitado las costas por generaciones. Lo que ocurre en el Golfo de Fonseca nos recuerda con crudeza que la crisis climática ya está aquí y exige respuestas inmediatas, justas y reparadoras.

El SAMAI es la plataforma en donde se accede a la información de los procesos de lo contencioso administrativo, incluidos aquellos ante el Consejo de Estado. Al ingresar, se encuentra un prometedor mensaje de bienvenida que lo presenta como un sistema que crea un vínculo entre las personas y el sistema judicial, al permitir a aquellas gestionar los procesos judiciales y participar del proceso de transformación de la justicia. Se trata de una promesa incumplida al actuar como una barrera en el acceso a la información que pueda permitir a los ciudadanos participar en procesos de interés general. Por el contrario, es un sistema que dificulta el acceso y la participación, vulnerando así el artículo 79 de la Constitución y las disposiciones del Acuerdo de Escazú. 

Esta es la conclusión tras la frustrante experiencia que hemos tenido con el SAMAI desde el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El Semillero es un espacio de formación para estudiantes de pregrado en que, mediante una metodología clínica que implica aprender haciendo, se promueve una apuesta por la autonomía territorial y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Una de esas formas de participar es precisamente en litigios estratégicos, en aquellos casos de alto impacto donde tenemos algo que aportar.

Un caso reciente que nos ha enfrentado al kafkiano laberinto del SAMAI es el intento de participar en defensa del Decreto 044 de 2024, que establece criterios para delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal. En la actualidad cursan ante el Consejo de Estado cuatro demandas de nulidad contra este decreto. No fue fácil saber que eran cuatro, pues sin tener el radicado o el nombre del demandante no hay forma de acceder a la información del proceso, ni siquiera de saber sí existen o cuantas demandas hay contra un decreto, sin hacer una investigación digna de Sherlock Holmes buscando todas las demandas contra el Ministerio de Ambiente, o sin hacer un derecho de petición de información. Y una vez se logran tener esos números de radicado, el acceso a los expedientes es igualmente complejo. 

Los casos de interés público, en los que cualquier ciudadano puede intervenir, como las demandas de nulidad simple contra decretos, deben ser de conocimiento público. Sin embargo, en los cuatro expedientes que encontramos contra el Decreto 044, buena parte de los archivos, incluyendo las propias demandas, aparecen como “clasificados”; es decir, solo pueden acceder quienes son parte en el proceso. Interpusimos derechos de petición solicitando, no el acceso para nosotros sino la publicidad de los expedientes. La respuesta fue un enlace con acceso temporal a los mismos, que siguen estando clasificados. 

El artículo 79 de la Constitución consagra el derecho fundamental a la participación ciudadana en asuntos ambientales. La reciente entrada en vigencia en Colombia del Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022), fortalece el marco normativo que garantiza los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisión ambiental y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Si bien en Colombia existen leyes de acceso a la información y el derecho de petición es un derecho fundamental, el tratado fortalece los derechos de acceso en asuntos ambientales. El Estado y las autoridades deben promover activamente el acceso a la información en asuntos ambientales, no se trata solo de responder cuando se les solicita, sino de adaptar los sistemas para brindar la información de una manera proactiva a todos los ciudadanos, sin depender de una solicitud individual.

Este acceso es especialmente importante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo. La desinformación implica inacción, y cuando las decisiones ambientales impactan directamente en la salud, la protección de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la economía, esa falta de participación es muy costosa. Así lo señalo la reciente opinión consultiva de la CIDH OC-32/25 que destaca la importancia de garantizar los derechos a la información, la participación ciudadana y acceso a la justicia para hacer frente a la emergencia climática global.

Para poder participar en la transformación de la justicia, como promete el banner del SAMAI, es necesario tener un acceso real a la información ambiental, como lo exige Escazú. El problema no es solo “el sistema” que no permite la consulta por la norma demandada, como si lo permite la página de la Corte Constitucional por poner un ejemplo. El problema radica, ante todo, en las personas que toman las decisiones y alimentan un sistema que pretende ser un “vínculo con el sistema judicial”, quienes deciden además que los documentos públicos sean clasificados, obstaculizando con ello la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales. 

Habilitar la consulta por normas demandadas en el SAMAI y permitir el acceso a toda la información en procesos que, como los de simple nulidad contra normas ambientales, son de interés público, representan apenas una pequeña transformación, pero necesaria. 

En sociedades pluriculturales y con fuerte arraigo territorial, como muchas en América Latina, el cuidado no se limita a las personas, sino que también involucra la protección de los ecosistemas que sostienen la vida. Partiendo de esta idea, en enero de 2023 Argentina presentó una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El objetivo de esta petición era determinar el contenido y alcance del derecho del cuidado y su interrelación con otros derechos humanos, reconociendo la necesidad de abordar este tema desde una perspectiva integral.

Más de dos años después, el 12 de junio de 2025, la Corte IDH adoptó su decisión OC 31 de 2025. Allí, la Corte determinó que el cuidado es un derecho autónomo. Esto significa que todas las personas tienen derecho de brindar y recibir cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada; además contempló que las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir, por parte del Estado, atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Dichas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural. 

Con este reconocimiento sobre el derecho al cuidado, este pasa de tener un alcance meramente privado y asistencial, a convertirse en un derecho integral y moral, exigible a nivel individual y/o colectivo. 

El cuidado y su relación con otros derechos

En su decisión, la Corte IDH destacó que el derecho al cuidado se interrelaciona con otros, como el derecho a la vida, la dignidad, la salud, la identidad cultural, el trabajo, la igualdad de género y a un ambiente sano. 

Si bien la solicitud inicial no abordaba de forma directa el cuidado del ambiente y los territorios, la Opinión Consultiva abre un espacio fundamental para reflexionar sobre esta conexión, pues el cuidado del territorio debe entenderse como un factor esencial para el bienestar físico, mental y cultural de diversas comunidades, cuyas cosmovisiones, prácticas y arraigo reconocen que el cuidado de la naturaleza es inseparable del cuidado de las personas y de la cultura. 

En línea con esta visión, en la Opinión Consultiva se afirma que “Los Estados deben garantizar el reconocimiento de diversos modelos de organización de los cuidados y, en especial, valorar los saberes tradicionales, locales e indígenas que reconocen una relación inescindible entre el cuidado de las personas y del medio ambiente”.

Cuidado, medio ambiente y crisis climática

Aunque la Opinión Consultiva no se centró específicamente en la crisis climática, su contenido tiene implicaciones directas para enfrentarla. La Corte IDH sostiene que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de protección, mitigación y restaurativas del ambiente frente a daños significativos, no sólo como un fin en sí mismo, sino también como un medio indispensable para garantizar los derechos de las personas, incluido el derecho al cuidado. 

Este enfoque es directamente aplicable a la crisis climática y particularmente importante en un contexto de pérdidas y daños ya que, al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, la Corte establece que los Estados deben proteger los territorios y ecosistemas como condición para garantizar la vida, la salud, la identidad cultural y la dignidad de las personas. Esto implica adoptar medidas preventivas, reactivas y restaurativas que reparen los daños ya ocasionados, colocando siempre en el centro la protección de los derechos humanos.

De esta mabera, garantizar que las personas cuidadoras puedan ejercer su labor sin discriminación y con pleno respeto de sus derechos humanos se conecta directamente con el Acuerdo de Escazú, que representa un avance significativo al promover la protección de quienes defienden el ambiente y el territorio. Este tratado refuerza que las personas defensoras del ambiente que se dedican al cuidado del territorio deben contar con condiciones seguras, dignas y adecuadas que les permitan ejercer plenamente su derecho al cuidado, entendido en sus tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidarse.

Conclusiones

En Colombia, este reconocimiento del cuidado como derecho autónomo llega en un momento clave. El país atraviesa procesos de transformación de su política climática y ambiental, con debates sobre la NDC 3.0 (2025-2035), la implementación del Acuerdo de Escazú y la defensa de ecosistemas estratégicos como la Amazonia, el Chocó biogeográfico, los páramos y los humedales.

Además, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo por parte de la Corte IDH marca un precedente histórico para América Latina. Este avance no solo dignifica el trabajo de quienes cuidan, sino que también fortalece la defensa del territorio, de la biodiversidad y de los derechos colectivos y bioculturales.

En un escenario marcado por la crisis socioambiental y climática, el derecho al cuidado se posiciona como un pilar fundamental para construir sociedades más justas, solidarias y resilientes. Asimismo, permite entrelazar la realidad de los territorios con la garantía de una vida digna, reconociendo y consolidando el trabajo y la labor de los defensores.

“La seguridad de la selva es la seguridad de la humanidad”. Con esa frase concluyó su discurso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Encuentro de Presidentes de Países Amazónicos con Autoridades Indígenas y Sociedad Civil. Sin embargo, mientras el discurso resalta la urgencia de salvar la Amazonía, la realidad muestra otra cara: la degradación de la selva avanza y los compromisos climáticos de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú —las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)— siguen sin traducirse en resultados efectivos. Así lo advirtieron especialistas de la sociedad civil durante la V Cumbre Amazónica, al debatir el papel de las NDC frente a la Amazonía y la política climática regional.

En términos simples, las NDC son los compromisos que los países que firmaron el Acuerdo de París asumieron para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adaptarse y mitigar los efectos  del cambio climático.  

En el caso de los 8 países que comparten el bioma amazónico, su responsabilidad es inmensa: proteger el bosque tropical más grande del planeta, que no solo produce buena parte del agua en Sudamérica, sino que alberga la mayor biodiversidad del mundo y contribuye a estabilizar el clima global.

Realidades en retroceso: un balance de las NDC en la región

La deforestación continúa siendo la principal fuente de emisiones en la región, y es la causa de casi una quinta parte de los GEI a nivel mundial. En Colombia, el IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportaron un aumento del 43% en 2024 con respecto al año anterior. Esto se traduce en 113.608 hectáreas deforestadas, concentradas sobre todo en el Arco Amazónico, es decir la zona más deforestada que afecta principalmente a los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Aunque la tendencia de los últimos tres años muestra una reducción, este repunte vuelve a encender las alarmas.

Andrea Prieto, experta en cambio climático de la Asociación Ambiente y Sociedad, explicó algunos de los problemas estructurales de estos compromisos climáticos: la inestabilidad institucional que impide dar continuidad a las políticas, la incoherencia entre planes económicos y climáticos, la falta de datos e información clara, la ausencia de un sistema de monitoreo transparente que permita verificar el avance de los planes que buscan disminuir la deforestación, así como la carencia de metas específicas para la Amazonía.

El panorama en otros países no es más alentador. En Ecuador, los compromisos son “mínimos” y no reflejan una acción climática real, según Natalia Greene, de Global Alliance for the Rights of Nature. En Bolivia, solo se ha cumplido alrededor del 15% de las metas anteriores, de acuerdo con Juan Carlos Alarcón, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Por otro lado, en Perú, la falta de coordinación entre ministerios y la ausencia de una metodología única de reporte dificultan el avance, señaló  Denisse Linares, jefa de Proyecto del Programa de Sostenibilidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

Otro punto crítico es la expansión de los combustibles fósiles, pues muchos países no incluyen compromisos claros en las NDC para detener su expansión en la región. En Ecuador, por ejemplo, la transición energética ni siquiera aparece en la NDC, y el gobierno ha incumplido demandas ciudadanas como la que pide detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Además, países como Bolivia dependen en gran medida de la cooperación internacional para cumplir sus metas, lo que limita la ambición de estos planes. En el caso colombiano, aunque se reciben recursos significativos para frenar la deforestación, estos no parecen ejecutarse de forma efectiva: “la tasa de deforestación sigue siendo altísima”, advirtió Prieto.

NDC con la gente para resultados reales

Un punto común en todos los países es la débil participación ciudadana en la actualización de las NDC. En Colombia, por ejemplo, aunque se han realizado múltiples talleres y espacios de diálogo, estos no han logrado ser lo suficientemente masivos ni claros en su sistematización. Además, persiste la incertidumbre sobre cómo se articulan con los sectores clave y, sobre qué tanto se reflejan realmente en las medidas finales de la NDC. La meta de deforestación cero a 2030 es un ejemplo: más que el resultado de un proceso participativo, fue definida como una decisión principalmente política, no técnica, advirtió Prieto.

Las y los expertos coinciden en que la participación vinculante de pueblos indígenas y comunidades amazónicas es indispensable para garantizar que las NDC reflejen sus voces y contar con su experiencia para  frenar la deforestación. En este sentido, el Acuerdo de Escazú se mencionó como un marco clave para garantizar inclusión y transparencia en América Latina y el Caribe.

El compromiso a prueba en la COP30

La próxima COP30, que se celebrará en Belém do Pará (Brasil), representa una oportunidad histórica para avanzar en la agenda climática de la región. La sociedad civil latinoamericana ha instado a la presidencia de la cumbre a impulsar resultados concretos, entre ellos:

• NDC ambiciosas, basadas en ciencia y coherentes con la meta de 1.5° C del Acuerdo de París: los países desarrollados y del G20 deben presentar, antes de septiembre, sus NDC 3.0 con compromisos robustos y participación ciudadana.
  
• Metas claras, medibles y financiables: una meta explícita de deforestación cero para 2030 y compromisos cuantificables con presupuestos específicos.
  
• Visión regional e integral: reforzar la OTCA como espacio de articulación amazónica y consolidar el Observatorio Regional para verificar avances.
  
• Indicadores claros: permitiendo un seguimiento público y financiamiento transparente para los territorios amazónicos y sus comunidades.

La Amazonía es un ecosistema vital para regular el clima global. Las NDC son la promesa que los países hicieron al planeta, pero solo tendrán sentido si pasan del papel al territorio. Si bien las NDC se consideran compromisos voluntarios, el Acuerdo de París establece que cada país debe presentarlas, mantenerlas y garantizar que cada actualización represente mayor ambición que la anterior. En el caso de Colombia, que ratificó este Acuerdo, la presentación de la NDC 3.0 no es opcional: es una obligación y, al mismo tiempo, un mensaje político, un instrumento de planificación climática y una herramienta para movilizar recursos. Por eso, la sociedad civil insiste en que, más allá de la retórica, las metas sean claras, sectoriales, basadas en evidencia científica y con respaldo normativo y financiero. En otras palabras: que la NDC deje de ser solo un compromiso en papel y se convierta en un plan vinculante, participativo y que realmente busque proteger la Amazonía.