América Latina atraviesa un momento de inflexión. En varios países de la región, gobiernos han impulsado reformas que debilitan las instituciones ambientales, reducen las garantías para las personas defensoras y limitan el acceso a la información y la participación en decisiones que afectan territorios y comunidades. Estas tendencias, lejos de ser aisladas, configuran un patrón regional que demanda análisis colectivo y respuestas coordinadas desde la sociedad civil.

El seminario ¿Está la democracia bajo presión? se planteó como un espacio propositivo donde organizaciones con trayectoria en litigio ambiental, incidencia política y acompañamiento territorial compartieron evidencia concreta sobre los impactos de la desregulación ambiental, el retroceso de derechos y la criminalización de la protesta en sus respectivos países.

Lo que se discutió

El evento abrió con la presentación del informe Participación cercada, a cargo de Dalile Antunez, investigadora colaborativa de la Coalition for Human Rights in Development, que documenta cómo en el contexto de proyectos de desarrollo se vulnera sistemáticamente el derecho a la participación en América Latina. Antunez señaló que los compromisos de participación y transparencia de los bancos de desarrollo no son opcionales, y que muchas organizaciones están utilizando precisamente esas obligaciones para presionar a estas instituciones a pronunciarse cuando hay restricciones al espacio cívico, resaltando cómo dichas restricciones impactan el cumplimiento de sus propias salvaguardas.

En ese marco, el panel reunió a cuatro expertas y expertos de organizaciones líderes en la región, quienes desarrollaron cuatro bloques temáticos:

Desregulación ambiental y cambio climático: Las y los panelistas identificaron reformas recientes que han debilitado los marcos de protección ambiental en sus países y analizaron cómo estas medidas comprometen la capacidad de responder a la crisis climática y de cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.

Rol de la sociedad civil y reducción del espacio cívico: El bloque visibilizó las restricciones que enfrentan organizaciones, personas defensoras, periodistas y movimientos sociales, e identificó patrones regionales de criminalización, limitaciones al financiamiento y reducción del acceso a información pública. Constanza Dougnac, de FIMA Chile, advirtió que dividir comunidades y organizaciones es una estrategia deliberada para impedir que puedan conformar un frente unido, e instó a utilizar todas las instancias internacionales disponibles: “Estamos en un contexto en el que pareciera que la institucionalidad internacional se está degradando, pero sigue siendo la forma que tenemos para dejar registro de lo que está pasando.”

Impactos económicos y sociales: Las y los panelistas examinaron quiénes asumen realmente los costos de estas reformas, con especial atención a los impactos sobre comunidades locales, la conflictividad socioambiental y los costos de largo plazo asociados al deterioro ambiental y climático. Fátima Contreras Téllez, de la SPDA Perú, subrayó que la crisis climática nos afecta a todos y que los espacios cívicos son fundamentales para representar al conjunto de la sociedad: “Es muy necesario poder trasladar cuáles son los esfuerzos, las necesidades y las brechas, y tomar decisiones para definir estrategias nacionales. Los impactos son globales y las respuestas también deben serlo.”

Estrategias y respuestas: El último bloque estuvo dedicado a las propuestas y aprendizajes de las organizaciones. Cristian Fernández, de FARN Argentina, destacó la importancia de ampliar las alianzas más allá del campo ambiental: “Conversar con colegios profesionales, universidades y movimientos sindicales aumenta las sinergias y amplía el frente de respuesta.” Por su parte, Edgard Vanegas, de ASDEPAZ El Salvador, llamó a no perder la fe en el litigio internacional: “Hay personas valientes que se han puesto al frente para dar la lucha. Existen mecanismos donde es importante poder visibilizar estas situaciones frente al panorama que enfrentamos.”

Este intercambio confirmó que el deterioro del espacio cívico no es un fenómeno aislado, sino una tendencia estructural que requiere respuestas igualmente estructurales. Vanessa Torres, subdirectora de AAS, cerró el encuentro destacando el valor de estos espacios de diálogo: “Salir de las burbujas de opinión es fundamental. Acceder a información de calidad y crítica es necesario. Si tenemos estos debates, podemos hacerlos con argumentos.”

Para Ambiente y Sociedad, el encuentro representó un espacio de construcción colectiva de conocimiento, en el que las comunidades y organizaciones que habitan y defienden los territorios son protagonistas del análisis y no simplemente objetos de estudio. La sociedad civil latinoamericana no se limita a denunciar el retroceso democrático;  también propone, actúa y construye alternativas para fortalecer la participación, la justicia y la defensa de los derechos humanos y ambientales.

Cada año, el 5 de junio recuerda al mundo que el ambiente no es un telón de fondo de la vida humana: es su condición de posibilidad. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos y los territorios que habitamos dependen de ecosistemas que hoy enfrentan presiones sin precedentes. En Colombia, una de las naciones más biodiversas del planeta, esa realidad es urgente y también esperanzadora, gracias al papel que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas han desempeñado históricamente como guardianes del patrimonio natural.

Comunidades cuidadoras: guardianes invisibilizados del ambiente

Antes de que existieran las políticas de conservación, antes de que los tratados internacionales reconocieran la crisis climática, hubo comunidades que sostuvieron bosques, páramos, humedales y ríos con su trabajo cotidiano, su conocimiento ancestral y su presencia territorial. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y campesinos han sido —y siguen siendo— actores eficaces en la protección de la biodiversidad en Colombia.

Los datos lo confirman: los territorios con mayor presencia comunitaria muestran tasas de deforestación significativamente menores. Las reservas forestales gestionadas por comunidades, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios colectivos constituyen algunas de las áreas con mayor integridad ecológica del país. Sin embargo, estas comunidades enfrentan una paradoja: son las principales cuidadoras del ambiente y, al mismo tiempo, quienes padecen con mayor crudeza los impactos de su degradación.

“Las soluciones a la crisis ambiental no se construyen sólo desde los escritorios de las instituciones. Se construyen, sobre todo, desde los territorios, con quienes los conocen y los habitan.”

Las poblaciones rurales, las más dependientes de los ecosistemas para su sustento, son también las más expuestas a sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de fuentes de agua. En Colombia, la deforestación —que alcanzó cifras preocupantes en los últimos años, especialmente en la Amazonía—, la minería ilegal, la expansión de monocultivos y la contaminación hídrica representan amenazas directas tanto para los ecosistemas como para las comunidades que los habitan.

Con menos del uno por ciento de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga cerca del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Esa riqueza extraordinaria es, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme: requiere políticas ambientales robustas, financiamiento efectivo para la conservación y, sobre todo, el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades que la sostienen.

Esa protección tiene un costo. En Colombia, defender el territorio y el ambiente sigue siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Líderes y lideresas ambientales son amenazados, desplazados y asesinados con una frecuencia alarmante. La justicia ambiental no puede separarse de la justicia territorial ni de la seguridad de quienes defienden la vida.

El rol de la sociedad civil organizada

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel insustituible en la protección ambiental: documentan impactos, construyen capacidades comunitarias, inciden en políticas públicas y acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos. 

Desde AAS trabajamos desde hace años en el acompañamiento a procesos territoriales, la incidencia en política pública y la construcción de conocimiento crítico sobre gobernanza ambiental, justicia climática y derechos de las comunidades rurales en Colombia. A través de nuestros programas, articulamos la defensa de los ecosistemas con la garantía de los derechos de quienes los cuidan.

Hoy, reafirmamos que no hay justicia climática sin justicia territorial, que no hay conservación real sin participación comunitaria y que proteger el ambiente es, en última instancia, defender los derechos de millones de personas que dependen de él para vivir.

Las metas globales de biodiversidad y los compromisos climáticos asumidos en distintos acuerdos internacionales sólo serán alcanzables si los Estados ponen en el centro de sus políticas a quienes más conocen, cuidan y dependen de los ecosistemas. Eso significa financiamiento, reconocimiento jurídico, seguridad para los defensores ambientales y  mecanismos efectivos de participación.

El Banco Mundial financió en 2025 más de 118 mil millones de dólares en proyectos alrededor del mundo. Solo para América Latina y el Caribe, el monto alcanzó los 25 mil millones. Detrás de esas cifras hay represas, carreteras, programas sociales y concesiones que transforman territorios enteros y que, cuando se diseñan o ejecutan sin respetar estándares ambientales y sociales, pueden causar daños irreversibles a comunidades que nadie consultó. Lo que pocas personas saben es que existe un mecanismo para que esas comunidades puedan reclamar.

Un derecho que existe, pero que no siempre llega

Desde 1993 el Banco Mundial cuenta con el Panel de Inspección, el primer mecanismo independiente de rendición de cuentas establecido por una institución financiera internacional. Su propósito: permitir que comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco presenten una queja formal para que un órgano independiente investigue si la institución cumplió con sus propias políticas ambientales y sociales. El Panel determina la elegibilidad de las quejas y conduce investigaciones de cumplimiento sobre si el Banco aplicó correctamente sus políticas y procedimientos en el diseño, evaluación e implementación de un proyecto. 

En 2020, el Banco Mundial reformó su sistema de rendición de cuentas con la creación del Mecanismo de Rendición de Cuentas (Accountability Mechanism – AM), que entró en funcionamiento hasta el 2021. Esta reforma incorporó el Servicio de Resolución de Disputas (DRS), una instancia paralela al Panel de Inspección que ofrece a las partes la posibilidad de participar en procesos voluntarios e independientes de diálogo y mediación para buscar soluciones a las preocupaciones planteadas. l,. Tanto el Panel de Inspección como el Servicio de Resolución de Disputas son mecanismos que cubren exclusivamente proyectos de financiamiento público y reportan de forma independiente a los Directores Ejecutivos. 

Para los proyectos del sector privado financiados por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), existe un mecanismo distinto: el CAO (Compliance Advisor Ombudsman), establecido en 1999 y que reporta directamente a los Directorios de ambas instituciones. Su mandato es atender, de manera justa, objetiva y constructiva, las quejas de personas afectadas, así como contribuir a mejorar el desempeño social y ambiental de los proyectos. 

Que estos mecanismos existan es resultado de décadas de presión de la sociedad civil. Pero para que generen cambios transformadores en los territorios depende, en gran medida, que los mecanismos de rendición de cuentas sean conocidos. Por ello, es fundamental fortalecer la difusión de estas herramientas y garantizar que tanto las comunidades como las organizaciones que las acompañan cuenten con la información necesaria para utilizarlas de manera efectiva.  

Ganar la queja no es el final: el seguimiento importa tanto como la denuncia

El caso de la Chiquitanía en Bolivia evidencia con precisión tanto el potencial como los límites de estos mecanismos. Los pueblos indígenas de la región lograron que sus preocupaciones fueran examinadas por el Panel de Inspección y discutidas en el Directorio del Banco Mundial. La investigación derivó en un Plan de Acción.

Pero ese Plan de Acción nunca fue socializado adecuadamente con las comunidades afectadas. ¿Qué significa ganar si nadie te dice qué comprometió el Banco? ¿Qué implica un acuerdo que las personas directamente afectadas no conocen, no entienden y no pueden exigir?

Ahí reside uno de los desafíos más urgentes que señalaron las organizaciones participantes en el taller de Panamá: la rendición de cuentas no termina con la queja ni con el informe. Termina cuando los compromisos se cumplen y las comunidades lo verifican.

Estos mecanismos no son solo una herramienta legal, son un reconocimiento político: las comunidades no son beneficiarias pasivas del desarrollo, sino actores con derechos propios. Cuando una comunidad logra que el Banco Mundial responda por sus actos, sienta un precedente que puede transformar la forma en que se diseñan proyectos futuros.

Ese efecto preventivo es tan valioso como el correctivo. Un banco que sabe que sus proyectos pueden ser investigados por un órgano independiente tiene incentivos para cumplir sus propias políticas desde el inicio, como condición real de operación.

Sin embargo, para que este mecanismo genere un impacto real, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con las capacidades necesarias para utilizarlo de manera efectiva. Esto implica conocer cuándo y cómo presentar una solicitud, comprender las particularidades de los distintos procedimientos y poder acompañar a las comunidades a lo largo de procesos que, en muchos casos, pueden extenderse durante varios años. 

También, resulta clave que estas organizaciones puedan identificar y gestionar los riesgos asociados, brindando apoyo para la protección de quienes presentan reclamaciones frente a posibles represalias. Más allá de la presentación de una queja, su papel es esencial para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, facilitar el acceso a la información y garantizar la participación de las comunidades en los espacios donde se toman decisiones que afectan directamente sus territorios y medios de vida. 

Lo que reveló el taller de Panamá

El encuentro realizado los días 28 y 29 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá reunió a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en rendición de cuentas en América Latina. El objetivo no era solo informar: era construir capacidad colectiva para interactuar con mecanismos que siguen siendo poco conocidos y difíciles de acceder para muchas comunidades.

Las discusiones evidenciaron que las barreras no son solo de información. Son barreras de lenguaje institucional, de recursos para sostener procesos largos, de distancia geográfica y cultural entre las comunidades afectadas y las instancias donde se toman decisiones. Son barreras que la sociedad civil puede ayudar a reducir si tiene las herramientas para hacerlo. Este taller fue también un espacio de intercambio de experiencias entre organizaciones que han acompañado casos concretos. 

El encuentro también puso sobre la mesa los riesgos que pueden enfrentar las personas defensoras del ambiente, líderes comunitarios y comunidades afectadas al participar en procesos de rendición de cuentas. Las y los participantes destacaron que el acceso a estos mecanismos requiere garantías para que quienes presentan información, denuncian impactos o impulsan reclamaciones puedan hacerlo sin temor a amenazas, intimidaciones o represalias. En este contexto, se recordó que el Banco Mundial mantiene una política de tolerancia cero frente a las represalias, reconociendo que la protección de quienes participan en estos procesos es una condición esencial para una rendición de cuentas efectiva.

La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe— concluyó con la aprobación de diez decisiones. Los avances son reales, pero también lo son las señales de alerta: en varios países de la región los derechos que el Acuerdo busca garantizar no sólo no avanzan, sino que retroceden. La COP4 marcó un precedente al celebrarse por primera vez en el Caribe, y no es casualidad. De los 19 Estados Parte, 10 son países caribeños, lo que hace plenamente coherente que la nueva Mesa Directiva haya quedado en cabeza de  Saint Kitts y Nevis en la Presidencia, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las Vicepresidencias. 

Este liderazgo caribeño es un reconocimiento a ese compromiso sostenido y una responsabilidad: se espera que la Mesa impulse con determinación una agenda ambiciosa de democracia ambiental que traduzca los compromisos del Acuerdo en garantías concretas para la región. Colombia tuvo un rol propositivo en las negociaciones, impulsando las sinergias con la agenda climática y la necesidad de retomar la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en la próxima COP. Las diez decisiones aprobadas muestran que ese camino avanza, aunque de manera desigual.

Las palabras importan: cómo los gobiernos suavizaron los compromisos

No todas las decisiones pesan igual y, todo está en los verbos: la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género se presentó a la COP4 pero sin adoptarse como compromiso, solo se “invitó” a los países a usarla; los avances en participación ciudadana fueron “acogidos con beneplácito”, fórmula diplomática que no es lo mismo a “aprobar”; y la cooperación entre países recibió el verbo más blando de todos: “invitar”. En diplomacia, la diferencia no es semántica y puede ser la diferencia entre una obligación y una sugerencia. 

Acceso a la justicia ambiental: nuevos reconocimientos para defensores y el público

La Decisión sobre acceso a la justicia incorporó dos cambios relevantes durante las negociaciones de esta COP4. El primero es el reconocimiento explícito de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El segundo cambio es que el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia ambiental estará formalmente integrado por una de las personas representantes electas del público. Esto garantiza una voz directa dentro del propio grupo, que tiene el mandato de elaborar lineamientos y un relevamiento de buenas prácticas para la siguiente COP.

Primeros avances concretos para proteger a quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, ha priorizado desde su primera Conferencia de las Partes la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El pilar de defensoras y defensores es el de mayor avance en la implementación del tratado: desde la COP1 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para el artículo 9, y en la COP3 se aprobó un Plan de Acción específico. Por su parte, en la COP4, las Partes y el público conocieron los primeros avances concretos de ese plan, lo que marca el tránsito de la planificación a la ejecución.

Entre las actividades reportadas se destacan tres: el desarrollo del programa de implementación con su proceso de consulta; la realización del Foro Regional de Defensoras y Defensores, orientado a fortalecer las capacidades de las Partes y del público; y el inicio de la primera actividad del eje de conocimiento: la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este diagnóstico deberá documentar, como mínimo: el número de víctimas y tipos de vulneraciones registradas; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, protección y sanción; y las prácticas existentes, incluyendo experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección.

La recolección de datos se extenderá hasta agosto de 2026 a través de un mecanismo participativo La elaboración del informe está prevista entre agosto y diciembre de 2026, y su publicación y difusión se realizará en el marco del Foro Regional de 2027. Este proceso es el primer levantamiento sistemático de datos sobre vulneraciones a defensores ambientales en el marco vinculante de Escazú, y sus resultados informarán directamente las políticas y lineamientos que adopten las Partes en la COP5.

El Comité de Cumplimiento y el mecanismo de respuesta rápida

Uno de los avances es la formalización del mecanismo de respuesta rápida del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este mecanismo permite al Comité adoptar medidas urgentes, como priorizar casos, convocar sesiones extraordinarias, proteger la identidad de quienes presentan comunicaciones y recomendar al Estado interesado medidas de protección inmediata, cuando se detecten situaciones de riesgo frente a ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público. 

Pueblos indígenas: deuda pendiente y demandas concretas

Desde COICA, el balance es claro: persisten limitaciones estructurales que impiden una participación indígena plena y efectiva. Varias de las propuestas impulsadas por los pueblos indígenas amazónicos no fueron incorporadas en los proyectos de decisión, lo que evidencia que los mecanismos actuales de gobernanza aún resultan insuficientes para responder a sus realidades y necesidades. A ello se suman barreras concretas: la brecha digital, las limitaciones lingüísticas, el acceso desigual a información pública y la ausencia de mecanismos culturalmente adecuados para participar en igualdad de condiciones.

COICA también ha señalado la limitada incorporación de enfoques interculturales en la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras y la falta de reconocimiento de los sistemas propios de protección territorial y autoprotección indígena. Por ello,consideran prioritario que las próximas COP adopten medidas concretas: la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el reconocimiento formal de un Caucus Indígena con apoyo técnico y financiero; una Relatoría sobre Pueblos Indígenas que haga seguimiento a la situación de defensoras y defensores; y la garantía de al menos un representante indígena dentro de los mecanismos de representación del público. Los pueblos indígenas no deben ser considerados únicamente actores consultivos, sino sujetos colectivos de derechos y socios estratégicos fundamentales para la protección de la Amazonía y los derechos humanos ambientales en la región.

Colombia tomó la palabra para solicitar que la Secretaría tomara nota de la necesidad de abrir espacios de discusión sobre cuestiones indígenas y comunidades locales, a fin de hacer una revisión informada en la siguiente COP, considerando el contexto crítico que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus territorios. Esta señal quedó registrada en el reporte de la COP. 

Hojas de ruta nacionales: más países, pero con retrocesos que preocupan

Nueve países han publicado planes y hojas de ruta para la implementación nacional. Valoramos que Belice se incorporó a esta lista en el texto final. No obstante, el mecanismo de seguimiento previsto se redujo de un sistema integral de verificación a un modelo de informe de alcance más limitado.

Según Cristian Fernández de FARN, el proceso de construcción de la hoja de ruta argentina fue complejo: si bien es positivo que el país haya trazado acciones concretas, la instancia de buzones electrónicos no puede suplantar instancias de diálogo presenciales. Esta lección es extrapolable a toda la región: las hojas de ruta deben construirse con participación ciudadana robusta, antes y durante el proceso.

Pero más allá de los déficits de proceso, lo que preocupa en Argentina es lo que ocurre en la práctica. Como advierte FARN, desde la COP3 los cambios han sido regresivos. El Decreto 780/2024 restringió el derecho de acceso a la información pública, ampliando de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué se informa e invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley. El Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina —a partir de un informe de Proyecto Meulen, iniciativa radicada en la FCJS-UNL— ha documentado regresiones que incluyen la desaparición del Ministerio de Ambiente, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la derogación de herramientas para energías renovables y modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos, entre otros retrocesos. Si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, estos retrocesos la ubican en un escenario preocupante frente a sus compromisos.

Registros de contaminantes e informes técnicos: evidencia para la acción

Se aprobó la creación de un grupo técnico de expertos para desarrollar lineamientos regionales sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC): el grupo incorporó formalmente la participación de representantes electos del público, garantizando que las comunidades tengan voz directa en la definición de estos lineamientos. Este avance, junto con la incorporación del representante del público en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia, es resultado de la incidencia sostenida del público en las negociaciones, en articulación con los representantes electos del público, la Red Regional Escazú Ahora y CANLA.

El informe técnico presentado en la COP4 revela un panorama regional heterogéneo: solo Chile y México cuentan con sistemas RETC plenamente operativos, mientras la mayoría de países se encuentra en etapas iniciales. Al mismo tiempo, los países con hojas de ruta nacionales han incorporado los RETC como acción prioritaria, lo que evidencia el efecto catalizador del Acuerdo.

Desde FIMA, Constanza Dougnac subraya su importancia estratégica: los RETC permiten a las comunidades conocer qué contaminantes se emiten en sus territorios y quiénes son los responsables, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la participación pública. En territorios altamente expuestos a contaminación o vulnerables frente a la crisis climática, esta información es fundamental. Por ello, señala FIMA, los RETC deben fortalecerse e implementarse bajo estándares de transparencia, actualización y acceso público.

Cambio climático y sinergias: una articulación urgente

Desde FIMA, Constanza Dougnac considera que los procesos climáticos como las NDC deben considerar los estándares de Escazú para asegurar transparencia, participación y rendición de cuentas. El principio de no regresión no puede quedar fuera de los compromisos climáticos. No avanzar en esta dirección implica el riesgo de impulsar acciones que profundicen desigualdades en lugar de abordarlas. La propia CIDH ha señalado que el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas que exacerba desigualdades estructurales —un riesgo especialmente crítico para América Latina y el Caribe, región altamente vulnerable pese a su baja contribución histórica a las emisiones globales.

Sin embargo, la COP4 sí aprobó dos disposiciones que avanzan en esa dirección. La Decisión IV/10 invita a las Partes a promover sinergias y alianzas entre Escazú y otros foros multilaterales sobre medio ambiente, y encomienda a la Secretaría reforzar la cooperación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el Comité de Cumplimiento quedó habilitado para establecer diálogos y consultas con otros acuerdos e instituciones multilaterales. Juntas, estas dos decisiones habilitan a toda la arquitectura institucional del Acuerdo para avanzar en la articulación entre Escazú, la agenda climática y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Hacia la COP5: tareas urgentes

Las decisiones adoptadas en la COP4 marcan la agenda hasta la COP5, la puesta en marcha del grupo de trabajo sobre acceso a la justicia, el grupo técnico sobre RETC, la elaboración de un modelo de seguimiento de las hojas de ruta que incorpore voces independientes del público, y el inicio de una conversación estructurada sobre la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del Acuerdo.

Valoramos además que una de las decisiones adoptadas establezca que la Mesa Directiva deberá anunciar con al menos seis meses de anticipación el país anfitrión de la siguiente COP. La participación informada y preparada no es un detalle logístico: es una condición para que la democracia ambiental que el Acuerdo promete sea real.

Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos. 

A primera vista, la respuesta a esta pregunta podría parecer sencilla y debería ser un rotundo sí. Sin embargo, al adentrarnos en la segunda semana de negociaciones en Belem, Brasil, la balanza se inclina hacia una respuesta menos optimista: es probable que no haya suficiente financiamiento para la acción climática en los próximos años.

Desde que se planteó la agenda oficial para la COP30 de cambio climático, se subrayó la necesidad de seguir impulsando los debates sobre la financiación a largo plazo para el clima, especialmente en lo que respecta a la movilización de al menos 1.3 billones de dólares anuales en financiamiento climático, más conocida como la ruta de Bakú a Belem. Se espera que esta iniciativa se dirija a mitigar los impactos del cambio climático de los países en desarrollo, priorizando especialmente las acciones de adaptación, y enfocándose en la igualdad de género, la transparencia, el acceso a la información, así como la priorización de actividades lideradas por las comunidades locales.

En este contexto, se presentó el informe del Comité Permanente de Financiación, sobre los avances hacia el objetivo de movilizar 100,000 millones de dólares anuales para el clima. Este documento será revisado, evaluado y aprobado, si las Partes están de acuerdo con su contenido.

El Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, destacó que “sin financiamiento, no hay acción climática”. Stiell resaltó que el camino propuesto para la COP30 de cambio climático es una señal positiva de que es posible alcanzar la meta de 1.3 billones de dólares anuales para financiar la acción climática hasta 2035. Además, agregó que este enfoque sugiere tres puntos para actuar de manera rápida y justa: 

(i) aumentando las subvenciones y reduciendo deudas; 

(ii) utilizando instrumentos financieros innovadores; y 

(iii) asegurando que el financiamiento beneficie a los pequeños negocios y a las comunidades locales.

A pesar de estas declaraciones alentadoras, el borrador de decisión propuesto sobre el financiamiento evidencia las preocupaciones de muchas de las Partes, especialmente en relación con la insuficiencia de los fondos destinados a la adaptación. Estas preocupaciones se centran en que la meta propuesta no responde adecuadamente a las necesidades y prioridades reales de los países en desarrollo.

En este contexto, se recuerda que el Acuerdo de París reconoció explícitamente la importancia de que los flujos financieros estén alineados con un camino hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Y esta obligación no deja lugar a interpretaciones.

Aún queda mucho por definir y esto seguirá siendo debatido en los próximos días. No hay, por ahora, un consenso claro sobre la dirección que tomarán las negociaciones sobre financiamiento, como quedó claramente evidenciado durante el primer día de la plenaria ministerial, llevada a cabo el 17 de noviembre. En esa jornada, el Grupo de los 77 + China, a través de varios de sus representantes, hicieron un llamado para triplicar los fondos aportados por los países desarrollados para apoyar las medidas de adaptación. Sin embargo, los países del norte global continúan resistiéndose a un aumento en los recursos destinados a la bolsa de financiamiento climático.

Este desacuerdo se hizo aún más evidente con las declaraciones de Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, quien afirmó durante una rueda de prensa que no vale la pena reabrir la discusión sobre el compromiso alcanzado en Bakú, ya que lo considera una “pérdida de tiempo”. En lugar de ello, Hoekstra sugirió centrarse en cómo poner en práctica el acuerdo al que se llegó en la COP anterior.

Las discusiones sobre el financiamiento apenas comienzan a tomar forma con la publicación del borrador de decisión en la página oficial de las Naciones Unidas. En Ambiente y Sociedad, esperamos que las negociaciones culminen con un acuerdo que refuerce la necesidad de que el financiamiento climático sea crucial para implementar las acciones de adaptación que requieren los países en desarrollo, especialmente aquellos más vulnerables.

Este llamado no es nada nuevo para las Partes. El propio Acuerdo de París lo establece claramente en sus artículos 2.1 (c) y 9.1, donde se destaca que los flujos financieros deben contribuir a un desarrollo resiliente al clima, y que son los países desarrollados los que deben proporcionar los recursos necesarios tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. Además, este proceso debe seguir los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, respetando los derechos humanos y promoviendo mecanismos innovadores de financiamiento que reduzcan las deudas de los países en desarrollo, al tiempo de su dependencia de los recursos privados.

Justo antes del inicio de la COP30 de cambio climático, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió a los líderes que ya han llegado a la ciudad amazónica de Belém Do Pará que cada fracción de grado que aumente en el planeta significa más hambre, desplazamiento y pérdidas, especialmente para quienes han sido menos responsables. 

En su concepto, haber fallado en mitigar el calentamiento global es una “falla moral y negligencia mortal”. Una postura similar a la que ha manifestado el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante la Cumbre de Países Amazónicos, donde afirmó: “Todas las cumbres terminan con que unos piden y otros niegan. Necesitamos que esta sea la COP más seria de todas, que no quede en discursos y promesas vacías”. 

Irónicamente, Lula preside el mismo gobierno que recientemente autorizó la explotación de hidrocarburos en un región muy cercana a una desembocadura del río Amazonas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sido muy insistente sobre la urgencia sustituir los combustibles fósiles para de frenar la crisis climática con una transición energética rápida, y, aún así, el país es el más mortal para los y las lideresas que alzan su voz en contra de proyectos que afectan gravemente al ambiente, como las industrias mineras o de hidrocarburos.

Esta contradicción entre el discurso y acciones efectivas para mitigar los efectos del cambio climático –como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta financiamiento para países del Sur Global y el apoyo y protección de comunidades étnicas y locales– debe estar en el centro de las negociaciones que se surtan durante la COP30. 

La urgencia y el espectáculo

La COP30 debe enfocarse en avances y compromisos tangibles en las negociaciones, más que en el costo económico de un evento de estas magnitudes, que fomenta cientos de miles de empleo y empuja las economías locales con la llegada de miles de turistas; algo que no solo ocurre en Belém, sino que también pasó el año pasado en Cali, Colombia.

En este sentido, los resultados de las cumbres, desafortunadamente, han sido más positivos para las economías locales que para impactar la política climática global; en Bakú, Azerbaiyán, la COP29 evidenció que los países del Norte Global no se comprometieron con las metas de financiamiento necesarias; en Cali en la COP16, aunque hubo avances con la creación del órgano subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales, los países negociadores quedaron debiendo un modelo para implementar el Marco Mundial Kunming-Montreal para la biodiversidad.

Lo cierto es que el mundo no puede seguir dando pasos tímidos con estos compromisos, pues aunque es redundante, también es evidente la urgencia de implementar acciones efectivas para mitigar el calentamiento global y los efectos de la crisis climática. El 2023, 2024 y 2025 han sido los tres años más calientes de los que tenemos registro y uno de los puntos de inflexión climática establecidos por la comunidad científica, el blanqueamiento de corales, ya ha comenzado.

Tecno-soluciones para el futuro que ignoran el presente

La apuesta del gobierno de Brasil por la explotación de hidrocarburos va de la mano con la creencia en soluciones climáticas mediadas por la tecnología. En varias oportunidades  Guterres ha insistido en que este evento debe servir como el inicio de la transición definitiva a las “energías limpias”, como la solar, eólica o el aún hipotético hidrógeno verde. 

Incluso, la editora de ambiente de The Guardian ve en estas tecno-soluciones un futuro prometedor pues, argumenta, ahora mismo atrae más inversiones y emplea a más personas que la industria de combustibles fósiles. 

Sin embargo, debemos ser cautos con estas apuestas, pues detrás de las llamadas energías limpias, sigue habiendo una industria que requiere y puede depredar los recursos naturales de países en vías de desarrollo y que impacta las relaciones con el territorio de las comunidades étnicas y locales. 

A esto se suma que, más allá de las buenas intenciones, estas tecnologías pueden quedar por fuera del alcance de todos por barreras corporativas, legales y económicas que segreguen a países que no puedan investigarlas o desarrollarlas. Es decir, son soluciones pensadas desde y para el Norte Global. 

En este sentido, la apuesta de Ambiente y Sociedad, así como de decenas de organizaciones aliadas en el mundo, se basa en soluciones que existen actualmente, económicas, viables y que respetan los derechos y necesidades de las personas. 

En los trece años que hemos acompañado procesos comunitarios y locales hemos notado cómo, sin discursos ni promesas, estas personas viven y permanecen en sus territorios al mismo tiempo que protegen la diversidad y los ecosistemas. Estas soluciones no dependen de un descubrimiento científico o técnico, sino que se basan en una apuesta fácil de plantear, pero difícil de cumplir: el compromiso de las sociedades con nuevas nuevas formas de desarrollo y relacionamiento con el ambiente, una transformación que implica un cambio tanto cultural como social. 

Esperamos que esta nueva COP de cambio climático sea un éxito, pero este éxito no puede medirse en turismo o ingresos para las ciudades o países, sino en negociaciones profundas y acuerdos amplios y vinculantes. Ya hemos visto un primer avance con el impulso de 5.5 mil millones de dólares al fondo TFFF, aunque es aún una iniciativa muy joven y que no está exenta de críticas. Además, si bien la tecnología debe ser un aliado en estos esfuerzos, creemos que las acciones multilaterales deben enfocarse en soluciones realizables como el cuidado y protección de comunidades campesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas, cuyas formas de vida han demostrado ser una barrera real y efectiva para enfrentar la crisis climática. Pero no pueden hacerlo solos. 

El 14 de febrero de 2025, Colombia logró un avance sustancial con la aprobación del CONPES 4143. En efecto, el CONPES promete reorganizar el sistema de cuidados y reconocer las prácticas de cuidado comunitario, enfáticamente aquellas que desarrollan las comunidades campesinas y pueblos étnicos. No obstante, el discurso institucional sobre el progreso ha formalizado una omisión: las mujeres migrantes, como actoras invisibles frente al cuidado comunitario y ambiental, continúan siendo marginalizadas en el diseño de las políticas públicas que inciden directamente sus vidas. Bajo esta premisa, resulta coherente cuestionarse ¿Puede predicarse el principio de integralidad en la Política Nacional de Cuidado cuando existe una clara exclusión de grupos de interés en la fase de diseño?

Desde el Grupo de Acciones Públicas (GAPI), esta pregunta no resulta inadvertida. En efecto, durante los últimos años, nuestro trabajo con mujeres migrantes nos ha permitido conocer de cerca las experiencias de quienes, desplazadas por factores climáticos y violencias estructurales, han construido procesos de cuidado ambiental y comunitario que trascienden las fronteras tradicionales de lo que entendemos por “política pública de cuidado”. Las mujeres migrantes promueven el cuidado más allá de las fronteras nacionales y se identifican como defensoras de los territorios, el ambiente y el tejido social. El trabajo desarrollado desde el GAPI frente al acompañamiento activo y permanente a mujeres migrantes se construye a partir del reconocimiento de que son sujetas políticas que aportan tanto a la defensa de derechos como al cuidado ambiental, pero cuyas voces han sido sistemáticamente excluidas en los debates sobre política pública.

Un ejemplo que ilustra esta realidad es el de Carolina Pomares, activista colombiana cuya experiencia de trabajo en frontera la ha llevado a conocer de cerca las dificultades de la vida en territorios marcados por la movilidad humana, la desigualdad y los impactos ambientales. Su compromiso con las mujeres migrantes y su comprensión de las dinámicas fronterizas le han permitido impulsar procesos de organización colectiva que combinan la defensa de los derechos de las mujeres con la protección del ambiente. Su liderazgo ha sido decisivo en la construcción de redes comunitarias que reflejan tanto su propia capacidad transformadora como la de las mujeres migrantes a quienes acompaña.

Estas experiencias nos han mostrado que las mujeres migrantes son voceras naturales del cuidado ambiental porque sus experiencias están marcadas por la resiliencia y por un ejercicio cotidiano del cuidado de sus familias, sus comunidades y los territorios que habitan. En efecto, desde su cotidianidad, las mujeres migrantes disponen de un conocimiento profundo del territorio, de las necesidades de la comunidad y, en consecuencia, ejercen una forma de cuidado integral que comprende personas, ecosistemas, cultura y cohesión social.

La ausencia de las mujeres migrantes en el CONPES 4143 no es un olvido técnico, sino un reflejo de cómo entendemos la migración y el cuidado en Colombia. Tendemos a ver a las personas migrantes como receptoras pasivas de ayuda humanitaria, y no como agentes transformadoras que contribuyen activamente al cuidado de los territorios que las acogen. Lo cierto es que las mujeres migrantes son fuente primaria de conocimiento al ser quienes en algún momento debieron formular estrategias de adaptación y resistencia para afrontar los retos que supone la migración.

Esta perspectiva es particularmente problemática cuando hablamos de migración climática. Las mujeres que se movilizan por factores ambientales no solo traen consigo conocimientos ancestrales sobre manejo de recursos naturales, sino que desarrollan estrategias de adaptación y resiliencia que benefician a las comunidades receptoras. Sus prácticas de cuidado trascienden lo doméstico y se extienden al cuidado de los ecosistemas, la gestión comunitaria del agua, la agricultura sostenible y la construcción de redes de apoyo que fortalecen el tejido social.

Desde nuestra experiencia en el GAPI, hemos documentado cómo estas mujeres se convierten en mediadoras entre diferentes formas de conocimiento ambiental, conectando saberes de sus territorios de origen con las realidades de sus nuevos lugares de residencia. Son, en esencia, agentes de transferencia tecnológica y conocimiento ecológico, pero esta contribución permanece invisible ante los ojos de la política pública. Nuestro acompañamiento ha incluido la creación de espacios para niños, niñas y adolescentes donde los más pequeños tienen lugares para jugar y acceso a libros, así como el apoyo en la conformación de pulgueros comunitarios a través de donaciones de ropa que permiten a las familias migrantes generar ingresos propios. Estas iniciativas revelan cómo el cuidado se extiende más allá de lo individual y se convierte en construcción de tejido social y económico.

Las voces de las mujeres migrantes permiten visibilizar la relación intrínseca entre migración y sostenibilidad ambiental. Sus testimonios cuestionan estereotipos que las reducen a víctimas de la violencia o la pobreza, y muestran en cambio su papel activo en la transformación social y ecológica de los territorios que habitan. En esta misma línea y a través de nuestro trabajo con el GAPI hemos aprendido que el cuidado ambiental no es solo una práctica técnica, sino una práctica política. En efecto, cuando una mujer migrante organiza a su comunidad para proteger una fuente hídrica, no solo está ejerciendo cuidado ambiental, sino que está haciendo política pública desde abajo, está construyendo ciudadanía, está defendiendo derechos.

Esta perspectiva nos obliga a replantear los marcos conceptuales de la política de cuidado. Si realmente queremos una política integral, debemos reconocer que el cuidado no se detiene en las fronteras nacionales, que las prácticas de cuidado ambiental son tan relevantes como el cuidado doméstico, y que las mujeres migrantes son sujetas políticas cuyas voces deben estar en el centro de estas discusiones. La exclusión de su protagonismo en el diseño de la política nacional de cuidado imposibilita construir una política verdaderamente transformadora, conectada con los territorios y articulada con quienes actúan diligentemente frente al cuidado comunitario y ecosistémico.

El CONPES 4143 representa un avance significativo, pero su implementación será exitosa solo si logra incluir las voces y experiencias de todos los sectores que ejercen cuidado en Colombia. Las mujeres migrantes no pueden seguir siendo las grandes ausentes de esta política. Para ello, proponemos tres acciones concretas. Primero, es fundamental que el Ministerio de Igualdad y Equidad, en coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, desarrolle lineamientos específicos que reconozcan el aporte de las mujeres migrantes a las prácticas de cuidado ambiental. Esto incluye crear mecanismos de participación que garanticen su voz en los espacios de diseño e implementación de la política. En efecto, la intervención y el intercambio de perspectivas es esencial para la construcción de una política integral, legítima y sostenible.

Segundo, las universidades y centros de investigación debemos fortalecer los estudios sobre migración climática y cuidado ambiental, documentando las prácticas y saberes que estas mujeres aportan a los territorios. La investigación jurídica debe vincularse a la acción transformadora en contextos sociales concretos, como lo hemos hecho desde el GAPI. Ello permitirá exponer el rol histórico, social, cultural y económico de las mujeres migrantes, a su vez, enriquecerá el diseño de políticas de cuidado con conocimientos locales basados en evidencia social, y consolidará el conocimiento local en un insumo para la formación educativa de nuevas generaciones.

Tercero, es necesario crear un fondo específico dentro de la inversión proyectada de 25 billones de pesos para fortalecer iniciativas comunitarias que ya están trabajando en la intersección entre migración, cuidado y ambiente. Estas experiencias no pueden seguir dependiendo exclusivamente del trabajo voluntario y la autogestión. Si verdaderamente se proyecta una transformación de alto impacto social se requerirá la asignación de recursos económicos para el desarrollo de los objetivos. Al final, se debe entender que las transformaciones sociales requieren compromiso político, social y económico para su efectivo diseño e implementación.

La experiencia de Carolina, y la de miles de mujeres migrantes en Colombia, nos recuerda que las políticas públicas más efectivas son aquellas que se cimientan sobre el reconocimiento de las prácticas que ya se han consolidado en los territorios. Lo inminente en este punto es reconocer que la cotidianidad de las mujeres migrantes engloba el cuidado de sus familias, de sus comunidades y de los ecosistemas, en consecuencia, es deber del Estado potenciar los saberes de las mujeres migrantes a través del reconocimiento de su labor y garantizando su participación activa en la estructuración de la Política Nacional de Cuidado.

La Política Nacional de Cuidado tiene la oportunidad histórica de ser realmente transformadora, pero solo lo será en la medida en que logre incluir todas las voces que ejercen cuidado en Colombia. Las mujeres migrantes no solo merecen asumir un rol activo en el diseño de la política, sino que su inclusión es esencial para la construcción de una política más justa, sólida y efectiva.

Desde el GAPI seguiremos trabajando para que estas voces sean escuchadas. Creemos firmemente que la investigación jurídica debe estar al servicio de la justicia social, y que reconocer a las mujeres migrantes como sujetas políticas del cuidado ambiental es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y sostenible.

El cuidado no tiene fronteras. Es hora de que nuestras políticas públicas tampoco las tengan.

Este artículo surge del trabajo conjunto entre el Grupo de Acciones Públicas (GAPI) y la Corporación Las Violetas, en el marco de la Escuela Emma, espacio de formación e incidencia para mujeres migrantes.

Referencias

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2025, febrero 14). Documento CONPES 4143 – Política Nacional de Cuidado. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bogotá República de Colombia.

Ministerio de Igualdad y Equidad. (2025, febrero). “Colombia da un paso histórico aprobado CONPES para la Política Nacional de Cuidado”. Sala de Prensa.

Consultor Salud. (2025, febrero 21). “Política Nacional de Cuidado en Colombia – CONPES 4143”

El agua que no se ve, pero sostiene la vida 

En Colombia, las aguas subterráneas son una reserva silenciosa y vital. Alimentan acueductos rurales, cultivos y ecosistemas enteros. Sin embargo, siguen desprotegidas. La Mesa de Los Santos es un ejemplo claro. Este territorio ubicado al norte del Cañón del Chicamocha, en Santander, abarca la totalidad del municipio de Los Santos, una franja de Piedecuesta y parte de la vereda Chocoa en Girón. En los últimos años se ha convertido en destino de casas campestres para quienes buscan un lugar cercano a Bucaramanga, transformando el territorio sin considerar a las comunidades campesinas de laderas y zonas bajas. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por la concentración y rápido crecimiento industrial y urbanístico  en la planicie. Así, mientras los habitantes tradicionales padecen la disminución de nacimientos y quebradas, proliferan pozos para urbanizaciones, industrias avícolas y proyectos turísticos sin diagnóstico integral del acuífero. Es la crónica de un despojo invisible, donde los derechos colectivos quedan relegados ante intereses privados e individuales. 

Cuando la norma existe, pero no se cumple 

Aunque la Ley 373 de 1997 ordenó a las autoridades ambientales realizar estudios hidrogeológicos, con respaldo técnico del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, antes de otorgar permisos para el uso de agua subterránea, casi tres décadas después este mandato sigue sin cumplirse. En sus respuestas a solicitudes de información, las autoridades ambientales de Santander —la CDMB y la CAS— reconocieron no haber realizado estos estudios con dicho respaldo ni haber solicitado formalmente ese apoyo. De forma paralela, el Decreto 1640 de 2012 ordenó formular Planes de Manejo de Acuíferos, pero en la Mesa de Los Santos ninguno ha sido adoptado formalmente. A pesar de ello, los permisos para perforar agua subterránea se siguen otorgando, muchas veces basados en informes de empresas privadas interesadas en los mismos proyectos que hacen las perforaciones. 

Las consecuencias para las comunidades campesinas 

Esta omisión tiene rostro humano. Las comunidades rurales asentadas en las laderas de la Mesa de Los Santos enfrentan desabastecimiento progresivo. Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander (2016–2023) han documentado la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las zonas bajas. 

En 2022, un estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander evaluó 11 aljibes y 2 pozos perforados en la región: 9 de los 13 puntos presentaban disminución del nivel freático. En 2023, una investigación de la Maestría en Historia de la misma universidad evidenció que la perforación de pozos profundos, principalmente para urbanizadores y agroindustrias, ha concentrado el agua en las zonas planas, agravando la escasez en las laderas campesinas. Esta dinámica produce paisajes desiguales: comunidades precarizadas en las laderas y nuevos enclaves suburbanos con agua asegurada en la planicie. Es un despojo silencioso y difuso, difícil de rastrear y controlar, que amenaza la soberanía hídrica campesina, fragmenta los vínculos culturales con el territorio y debilita los sistemas tradicionales de manejo del agua. 

El costo de profundizar para acceder al agua 

El costo económico de la perforación de pozos aumenta de acuerdo a su profundidad. Esto excluye a los campesinos, que no pueden pagar estudios ni trámites exigidos para obtener permisos, limitando su posibilidad de garantizar el mínimo vital de agua. Las denuncias también alertan sobre la desaparición de humedales y la disminución del caudal o sequía total de quebradas como Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas, San Miguel, Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda. La privatización y captación de agua en las partes planas amenaza el arraigo de muchas familias campesinas y  aumenta  el riesgo de desplazamiento forzado por razones económicas y ambientales  y la vulneración de derechos bioculturales. 

A esto se suman las polémicas por el riesgo de privatización de acueductos comunitarios y el frustrado proyecto millonario del Acueducto Regional del Chicamocha, una promesa incumplida desde 2015 por la administración del entonces gobernador Richard Aguilar. 

Un ahorro que nunca fue 

La Ley 373 de 1997 también ordenó crear programas de uso eficiente y ahorro del agua. Sin embargo, en Los Santos ese programa nunca se implementó. Tras años de omisión, en 2018 la CAS sancionó al municipio con 9 millones de pesos por incumplir la ley. Pero en 2024 la misma corporación revocó la multa porque el plan, aunque existía, no había sido formalizado mediante acto administrativo. Así, entre trámites y vacíos legales, ni multa ni programa de ahorro. Y la pregunta persiste: ¿qué pasó con el uso eficiente y el ahorro del agua para la población de Los Santos? 

Una problemática global con rostro local 

La situación de la Mesa de Los Santos no es un caso aislado. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el municipio de Los Santos está entre las zonas con alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico durante temporadas secas. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2022) advierte que las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua dulce líquida del planeta, pero su explotación insostenible genera consecuencias irreversibles. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua ha señalado que la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica global, especialmente en zonas rurales. Sus recomendaciones son claras: gestión equitativa, monitoreo riguroso y gobernanza sostenible, advirtiendo que la negligencia en este ámbito profundiza las desigualdades y pone en riesgo el derecho humano al agua. 

La Mesa de Los Santos cumple varios criterios de riesgo: agotamiento de las fuentes, dependencia exclusiva para consumo humano, conflictos por uso del agua y desabastecimiento superficial. Todo esto exige una acción prioritaria y coordinada de las autoridades locales y nacionales. 

Lo que hemos hecho desde la Clínica Carlos Gaviria Díaz 

Frente a este panorama, desde la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS hemos impulsado acciones para visibilizar y enfrentar esta problemática. Con el apoyo de veedurías, organizaciones sociales como la Fundación la Cabuya, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Corporación Compromiso, procesos sociales de Piedecuesta y Los Santos, estamos exigiendo la convocatoria a una audiencia pública ambiental conjunta para debatir de manera integral la gestión del agua subterránea en la región, trascendiendo del análisis fragmentado de permisos individuales y proponiendo una inmediata intervención para evitar la destrucción de las fuentes hídricas en el territorio. 

Además, interpusimos una acción de cumplimiento para hacer efectivo el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 y que las CAR realicen los estudios hidrogeológicos exigidos antes de otorgar nuevas concesiones. Estas iniciativas buscan abrir canales de participación y diálogo comunitario con las autoridades ambientales, haciendo valer el derecho de las comunidades a ser informadas y participar en decisiones que afectan su agua y su territorio, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Hacia una justicia hídrica, territorial y ambiental 

La situación actual demanda medidas urgentes de regulación, control y recuperación por parte de las autoridades competentes. No se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar la preservación, sostenibilidad y cuidado del agua, el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales y la aplicación de principios de equidad ambiental y justicia hídrica. 

El Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander ya hizo un llamado en agosto de 2024 a la CDMB y la CAS para que aborden esta situación de forma articulada y establezcan planes de acción que protejan tanto la estabilidad ecológica del territorio como los derechos colectivos del campesinado. A la fecha, no se conoce respuesta. 

Persistir en esta omisión significa propiciar un desplazamiento ambiental silencioso, una forma de despojo que compromete el derecho al agua, al territorio, a la permanencia digna en el campo y los derechos bioculturales de las comunidades campesinas. La progresiva escasez de agua amenaza su permanencia al impedir actividades básicas de subsistencia como el cultivo, el cuidado de animales y el abastecimiento doméstico, acelerando procesos de descampesinización y poniendo en riesgo la pérdida de las prácticas y saberes propios de estas comunidades. 

El caso de la Mesa de Los Santos es una advertencia sobre cómo la omisión institucional abre la puerta a intereses privados en la gestión del agua subterránea. También es ejemplo de cómo las clínicas jurídicas pueden enfocar la enseñanza en justicia ambiental a partir de problemáticas territoriales. Garantizar la justicia hídrica requiere planificación adecuada, gestión sostenible y participación comunitaria para asegurar que el agua, aunque invisible, siga siendo un bien común y un derecho para todos. 

El diálogo entre los liderazgos ambientales raizales y quienes se forman como abogados se convierte en una herramienta clave para enfrentar la emergencia climática en Providencia y Santa Catalina, tras la devastación que dejó el huracán Iota.. 

La idea de que el cambio climático es un fenómeno ajeno y lejano, que aún no ha traído consecuencias negativas para las personas y para la naturaleza y frente al cual solo debemos “prepararnos” para el futuro, es una falacia. En muchas ocasiones se percibe como un asunto temporal, que solo adquiere relevancia cuando un desastre altera de golpe la vida humana y la tranquilidad de las comunidades, lo que conduce a reaccionar tarde y desde la improvisación. Sin embargo, la evidencia muestra que no se trata de un fenómeno de la ciencia ficción: ya estamos inmersas en sus efectos y, peor aún, nos enfrentamos un escenario de falta de preparación para afrontarlo.

Uno de los impactos más graves del cambio climático es el aumento de la temperatura de los océanos, lo que provoca cada año la formación ciclones que dan origen a huracanes de enorme magnitud.  En noviembre de 2020, las islas de Providencia y Santa Catalina vivieron la furia del huracán Iota, que arrasó con viviendas, infraestructura de servicios públicos, escuelas, el hospital y con la tranquilidad del pueblo raizal. El huracán destruyó el 98% de la infraestructura de las islas y las vidas de la comunidad cambiaron para siempre. 

Han pasado casi cinco años desde aquella tragedia, y desde entonces en la clínica jurídica GAP hemos tenido el privilegio y el desafío de acompañar al pueblo raizal en el desarrollo de una estrategia jurídica que exige una participación real en las decisiones sobre la reconstrucción de estas islas, que son su territorio ancestral. En este proceso, hemos acompañado al Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence como asesores jurídicos en la estrategia judicial, en el proceso de consulta previa y actualmente en el seguimiento a los acuerdos con las autoridades. Durante este tiempo, hemos reaprendido que el derecho y el litigio estratégico son herramientas multiescala que exige integrar lo normativo e institucional con los saberes de la comunidad, su identidad y sus costumbres. 

Como parte de la estrategia de acompañamiento jurídico a la comunidad raizal, incluimos dos perspectivas fundamentales para la defensa del ambiente en los territorios de Colombia: por un lado, la gestión y adaptación frente al cambio climático, y por otro, la promoción del Acuerdo de Escazú como pilar clave para asumir el reto de garantizar los derechos y un ambiente sano, a partir de sus principios de acceso a la información, participación y justicia ambiental y climática.

En agosto de 2025, visitamos la isla Providencia, lo que significó mucho más que una actividad académica: reconocer nuestra vulnerabilidad como humanos y la resiliencia de la naturaleza, reconectar con nuestro propósito como profesoras e inspirarnos como colombianas, en la fuerza de un pueblo que había sido devastado y resurgió entre las cenizas. 

En esta visita, reconfirmamos que, si bien el derecho ofrece caminos poderosos para exigir la garantía de derechos como el Acuerdo de Escazú, la verdadera fuerza está en la comunidad, en las personas que defienden el ambiente, en su empeño de reconstruir, proteger y proyectar el territorio como parte de su identidad y de su vida en común. Esa combinación —la comunidad organizada y el derecho como herramienta viva— se convierte en la base de una construcción conjunta frente a los retos del cambio climático. Y es allí donde radica la relevancia de las clínicas jurídicas, pues el uso de herramientas como las acciones judiciales, resulta clave para el acompañamiento a las comunidades. 

Por esto, en el modelo de educación legal clínica buscamos que, a través de un contacto con la realidad, las nuevas generaciones de abogados y abogadas establezcan una conexión desde la empatía y la justicia social y ambiental con los contextos territoriales. De esta manera, queremos formar estudiantes con una genuina preocupación y consecuente sensibilización sobre el derecho como herramienta de transformación social. 

De ahí surge la necesidad de que tanto las nuevas generaciones de juristas como las comunidades cuenten con espacios de encuentro, discusión y análisis en los que sea posible conocer de cerca, en el propio territorio, todas las implicaciones reales que trae la emergencia climática. En el acompañamiento jurídico a la comunidad raizal tras el  Huracán Iota, y en la visita que realizamos como parte de esta estrategia, encontramos que la implementación de instrumentos jurídicos en escenarios de cambio climático tiene una ganancia en doble sentido: por un lado, permite acompañar de manera efectiva a la comunidad en la defensa de sus derechos culturales y ambientales; y por el otro, enseña a los estudiantes, antes incluso de ser abogadas y abogados, a aplicar el derecho como una herramienta viva y con un alto poder de cambio social. 

Este tipo de iniciativas, en las que se comprende la dimensión de los problemas desde el territorio, materializan la enseñanza de la ética legal y evidencian el impacto del derecho en un mundo fuertemente marcado por el cambio climático y sus innegables efectos adversos. Caminar por los espacios devastados por Iota y reconstruidos tras años de lucha, escuchar las historias de la comunidad sobre cómo enfrentaron el desastre natural en sus casas y evidenciar su capacidad de resiliencia en ellos, reitera el debate sobre la necesidad de incluir en los currículos de las facultades de derecho materias relacionadas con el derecho ambiental y las clínicas jurídicas para la defensa del interés público, como asuntos indispensables para un proceso de formación integral.

Como clínica jurídica GAP nos hemos dedicado por más de 25 años a la protección de los derechos humanos y del interés público. Nuestra labor nos recompensa con ganancias que caracterizan la experiencia clínica: i) aprendemos de las comunidades en la defensa de sus derechos; ii) compartimos con ellas nuestros conocimientos y iii) brindamos a los estudiantes un espacio práctico para su formación, sensibilización y compromiso con la realidad social y ambiental del país.

De esta experiencia emerge la necesidad de enseñar a las nuevas generaciones que más allá de preguntarse cuándo cambiará el mundo, lo verdaderamente transformador es cuestionarse qué puedo hacer yo para cambiarlo, y empezar por ello, con pequeños y conscientes pasos.