En particular, el sistema de seguridad colectiva que dio origen a la ONU en 1945 representó una apuesta ambiciosa y, en su momento, indispensable. Su promesa consistía en reemplazar la fuerza por el derecho, la guerra por la diplomacia y la unilateralidad por la cooperación internacional. Durante décadas, ese diseño otorgó legitimidad al multilateralismo y permitió consolidar un marco normativo sin precedentes, sostenido en la premisa de que el sistema internacional podía regirse por reglas relativamente claras. Esa promesa, sin embargo, dependía de un tipo de orden histórico que ya no existe.

Hoy el mundo está atravesado por conflictos híbridos, actores no estatales, ciberamenazas, riesgos nucleares y crisis localizadas que producen efectos energéticos, financieros y humanitarios de alcance global. Basta con mirar la prolongación de la guerra en Ucrania, la devastación humanitaria en Gaza, la persistencia de situaciones críticas en Sudán y en el Sahel, así como la escalada en torno a Irán y al estrecho de Ormuz, para advertir no solo la magnitud de los desafíos actuales, sino también la dificultad de la comunidad internacional para articular respuestas efectivas.

Ahora, si hay un lugar donde la ineficacia de esa arquitectura institucional se hace especialmente visible, es en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2024 se registraron siete proyectos de resolución vetados, la cifra más alta desde 1986 para este tipo de bloqueos. Lejos de tratarse de un episodio excepcional, la tendencia se mantuvo en 2025, cuando el Consejo volvió a registrar nuevos vetos en asuntos críticos como Gaza y Ucrania, lo que confirma la persistencia de una  estructura dentro del sistema. Más recientemente, Rusia y China vetaron una resolución orientada a coordinar esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, pese al respaldo mayoritario del resto de los miembros del Consejo. Así, cuando el principal órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales queda una y otra vez condicionado por los intereses de las grandes potencias, la seguridad colectiva deja de operar como un principio efectivo y empieza a desgastarse también como promesa política.

No se trata, entonces, de una falla coyuntural ni de un problema meramente procedimental o de gestión. La ineficacia del modelo de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se debe a factores estructurales. Los intentos de reforma del Consejo de Seguridad y del sistema multilateral tropiezan desde hace décadas con obstáculos reiterados. Las potencias con derecho de veto, justamente porque ese privilegio garantiza su influencia en el diseño institucional, suelen bloquear cualquier propuesta que pueda limitarlo.

A ello se suman las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la defensa cerrada de intereses nacionales, que han impedido avances sustantivos en asuntos como la ampliación del Consejo o la regulación del uso del veto. En otras palabras, los mecanismos de poder preestablecidos siguen priorizando un statu quo, a todas luces indefendible, por encima de la adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional.

Reconocer esta crisis no implica negar el papel que Naciones Unidas ha desempeñado en ámbitos como la asistencia humanitaria, la cooperación internacional para el desarrollo o la atención a poblaciones especialmente vulnerables. Pero también sería ingenuo suponer que ese saldo parcial compensa el deterioro de sus funciones centrales. Incluso esos programas, valiosos en muchos contextos, requieren hoy una revisión profunda, no para desmantelarlos, sino para hacerlos más eficientes, más pertinentes y más visibles en sus resultados. La ONU ha acumulado durante décadas una burocratización excesiva y una distancia cada vez mayor respecto de su espíritu fundacional. Y esa distancia resulta especialmente preocupante para la prevención de conflictos y la respuesta institucional cuando la seguridad internacional entra en crisis.

Por otra parte, también existe un desgaste moral y simbólico que merece tomarse en serio. La organización surgió de la convicción de que, tras la devastación de las guerras mundiales, era necesario construir un marco normativo capaz de limitar la soberanía estatal absoluta y de situar la paz, los derechos y la cooperación por encima de los intereses unilaterales de los Estados. Esa era, en el fondo, su ambición civilizatoria.

El panorama actual, sin embargo, deja ver hasta qué punto ese horizonte se ha erosionado. El Estado nación mantiene plena vigencia y la unilateralidad estatal —precisamente aquello que el multilateralismo buscaba contener— ha recuperado una centralidad evidente en el sistema internacional. Los marcos multilaterales subsisten, por supuesto, pero con mucha frecuencia operan más como escenarios de disputa entre intereses nacionales que como límites reales a su ejercicio. Por eso, parte de la crisis actual de Naciones Unidas es también la crisis del ideal político y moral que le dio origen.

Ahora bien, más allá del caso del Consejo de Seguridad, resulta claro que la actual crisis del multilateralismo no puede entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. Las discusiones recientes sobre la reforma de la gobernanza global apuntan, cada vez con mayor claridad, a algo mucho más profundo. No basta con hacer más eficientes los mecanismos existentes; es necesario repensar la manera misma en que se distribuyen responsabilidades, capacidades de respuesta y la fuente misma de legitimidad dentro del sistema internacional. Ello exige avanzar hacia una gobernanza mejor articulada entre los niveles nacional, regional y global, con una mayor capacidad de respuesta en los ámbitos más cercanos a cada crisis y con redes de rendición de cuentas más sólidas allí donde todavía sea posible construirlas o preservarlas.

En este orden de ideas, uno de los errores más persistentes del enfoque tradicional ha sido asumir que la respuesta a las crisis internacionales debe centrarse casi exclusivamente en los grandes organismos de alcance global. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que la contención de una deriva autoritaria, de una ruptura institucional o de una escalada bélica depende también de otros planos de acción: de la capacidad de mediación de los entornos regionales, de los instrumentos de rendición de cuentas que puedan agenciarse desde la sociedad civil y, cuando todavía existen, de las instituciones internas que conservan algún grado de autonomía.

Desde luego, estos contrapesos no están disponibles en todos los contextos; en muchos países han sido capturados, debilitados o simplemente no existen. Esto obliga a abandonar la idea de que las crisis internacionales pueden seguir gestionándose exclusivamente desde estructuras globales y, en cambio, a avanzar hacia mecanismos más realistas de articulación entre niveles nacionales, regionales y multilaterales.

Lo que hoy está en entredicho no es la necesidad del multilateralismo, sino la pretensión de que sus viejas estructuras sigan ofreciendo respuestas pertinentes. Insistir en fórmulas institucionales heredadas equivale, en el fondo, a una lectura del mundo que ya no corresponde a la realidad. Sin una reforma profunda, la ONU, particularmente, seguirá debilitándose hasta perder paulatinamente su relevancia internacional. Y es precisamente en ese punto donde se juega algo mucho más profundo que el destino de una organización. Lo que está en juego es la capacidad del orden multilateral para seguir ofreciendo respuestas legítimas y eficaces a desafíos que ninguna sociedad puede enfrentar por sí sola. Sin transformaciones reales, el debilitamiento del multilateralismo solo abrirá nuevamente espacio a formas aun más pronunciadas de unilateralidad, cuyos costos históricos para la vida, la paz y la estabilidad de la humanidad, tristemente, conocemos bastante bien.

La pregunta de fondo no es, entonces, únicamente cuánto crece la economía, sino desde dónde lo hace, a qué niveles de productividad y con base en qué tipo de actividades. Plantear esta pregunta con rigor revela un problema estructural: cerca del 70% de la población ocupada no tiene educación terciaria, más del 55% del empleo es informal y el tejido productivo está formado por unos 5,3 millones de micronegocios, principalmente en sectores como el comercio, las actividades agropecuarias de baja tecnificación y el transporte. Estos factores permiten observar una configuración productiva persistente que limita las posibilidades reales de desarrollo del país.

En ese contexto, distintos análisis han convergido en un punto central: Colombia no enfrenta únicamente un problema de crecimiento, sino, sobre todo, un problema de productividad. Dicho de otro modo, el país no ha logrado incrementar de manera sostenida su capacidad de generar valor ni ha avanzado con suficiente profundidad en la sofisticación de su base productiva. Y es precisamente allí donde el lugar que ocupan la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del modelo de desarrollo resulta prioritario.

Aunque la ciencia y la tecnología aparecen de manera recurrente en el discurso público, su peso efectivo en la estructura económica y en la toma de decisiones estratégicas sigue siendo limitado. La inversión en I+D, cercana al 0,31% del PIB, resulta claramente insuficiente para impulsar una transformación productiva de fondo. El problema no es únicamente de financiamiento, sino también de la escala de la producción de conocimiento y de las capacidades que el país ha construido —o ha dejado de construir— en este ámbito.

En efecto, Colombia cuenta con aproximadamente 88 investigadores en I+D por millón de habitantes. Al comparar estas cifras a nivel internacional, un referente como Corea del Sur supera los 9.400 investigadores por millón, mientras que países latinoamericanos como Chile presentan niveles considerablemente más altos que los de Colombia. Esta diferencia no solo refleja un menor volumen de investigadores, sino que evidencia una brecha estructural en la capacidad del país para generar conocimiento, sostener procesos de innovación y vincularlos con su aparato productivo.

Así, las trayectorias de desarrollo más exitosas a nivel regional e internacional muestran un patrón bastante claro. Las economías que han logrado incrementar su productividad y diversificar su estructura lo han hecho sobre la base de inversiones sostenidas en ciencia, tecnología e innovación, acompañadas de la consolidación de un talento investigador robusto y de una articulación efectiva entre el Estado, la universidad y el sector productivo. Por ejemplo, Corea del Sur no solo invierte más del 5% de su PIB en I+D, sino que también ha construido un ecosistema capaz de sostener procesos de innovación continuos. En contraste, Colombia no solo invierte poco, sino que también dispone de una base científica limitada, lo que reduce significativamente sus posibilidades de transformación.

Ahora bien, el problema colombiano no radica tanto en la ausencia de condiciones como en la subutilización de su verdadero potencial. El país cuenta con ventajas evidentes, incluso envidiables a nivel internacional, como su biodiversidad, su potencial agroindustrial y su riqueza cultural. Estas características, bien aprovechadas, podrían convertirse en motores de desarrollo. Sin embargo, esas ventajas no se traducen automáticamente en valor agregado. Su aprovechamiento depende de la capacidad para incorporarlas en procesos productivos directamente relacionados con su transformación a partir del conocimiento.

El sector agropecuario ilustra bastante bien este punto. Allí, particularmente, el aumento de la productividad no se basa en producir más, sino en producir mejor, mediante biotecnología, analítica de datos, trazabilidad y transformación industrial, entre otros. En ese contexto, el contraste regional también ofrece ejemplos concretos. Brasil, uno de los líderes regionales en este sector, no se consolidó como potencia agroindustrial solo por su escala productiva, sino también por su apuesta sostenida durante décadas por la investigación aplicada. El caso de Embrapa —la empresa pública brasileña de investigación agropecuaria— muestra que la articulación entre la ciencia, el Estado y el sector productivo puede transformar de manera estructural la productividad del campo.

Ahora, al revisar las apuestas recientes sobre política pública en Colombia, el panorama general resulta insuficiente, ya que los instrumentos impulsados —convocatorias, políticas emergentes en inteligencia artificial, programas de formación avanzada y mecanismos de financiación territorial— no han resuelto el problema de fondo: las decisiones políticas en materia de ciencia y tecnología operan en una escala limitada, sin una articulación clara con la estrategia de desarrollo productivo y sin prioridad real dentro del Estado.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa operando más como un espacio de validación discursiva que como un verdadero motor estratégico de transformación económica. El problema no es la inexistencia de instrumentos, sino la ausencia de un proyecto integrado, ambicioso y sostenido que sitúe el conocimiento en el centro del modelo de desarrollo del país.

De allí que el debate sobre el futuro económico de Colombia no pueda seguir reduciéndose a variables macroeconómicas de corto plazo. La discusión exige una pregunta clave: ¿qué economía quiere construir el país en las próximas décadas? Esa pregunta, en un contexto global cada vez más exigente, implica la necesidad de tomar decisiones estructurales en ciencia, tecnología e innovación. Decisiones que el próximo o próxima presidente de Colombia, sin posibilidad de renunciar a ello, deberá tomar para el futuro del país.

Quien llegue a la Casa de Ñariño deberá trazar una estrategia decidida para incrementar la inversión en investigación y desarrollo que permita alcanzar, a mediano plazo, al menos el 1% del PIB. Además, deberá reposicionar el lugar de la ciencia en el Estado, dotando la política de ciencia, tecnología e innovación de una capacidad real de incidencia en la planificación económica. También se le exigirá impulsar la formación de capital humano avanzado, fortalecer la articulación entre universidades, empresas y territorios, y apostar por sectores en los que el conocimiento y la innovación sean el principal motor de la generación de valor. Finalmente, deberá propiciar ecosistemas regionales de innovación con capacidad real para interactuar con contextos glocales.

Nada de esto será accesorio. Por el contrario, será determinante para las apuestas de desarrollo de Colombia. Las experiencias internacionales muestran que las transformaciones productivas profundas no resultan de ajustes marginales, sino de decisiones técnicas y políticas sostenidas que sitúan el conocimiento en el centro del proyecto nacional.

Colombia aún tiene una ventana de oportunidad para avanzar en esa dirección, pero no es indefinida. En últimas, las decisiones del próximo gobierno —y, en particular, la composición y las capacidades de su gabinete— darán cuenta de si el país será capaz de construir una economía basada en el conocimiento o si continuará reproduciendo una estructura de baja productividad, alta informalidad y limitada generación de valor. Mientras en Colombia no se asuma que la ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen un sector más, sino el fundamento mismo de la productividad, la generación de valor y la competitividad, estas seguirán ocupando un lugar marginal dentro de la estructura del Estado y, en esas condiciones, el país difícilmente podrá avanzar hacia la transformación productiva que requiere.

Ese argumento puede sonar seductor en un país atravesado por desigualdades históricas y por una larga concentración del acceso a ciertos espacios de representación del Estado. Ahora, frente a dicha condición, conviene traer al debate una diferencia decisiva que debe discutirse con rigor: ampliar el acceso a escenarios diplomáticos para sectores históricamente excluidos es necesario, pero vaciar esos espacios de las capacidades profesionales que requieren es profundamente irresponsable.

La discusión de fondo, entonces, no debería plantearse como una elección entre una supuesta diplomacia de élites y una improvisada “diplomacia popular”. Ese es un falso dilema. Tal vez, lo que deberíamos preguntarnos es: ¿cómo construir una diplomacia más socialmente diversa y representativa  sin renunciar a la competencia, al conocimiento, a la formación y al mérito que exige representar a Colombia ante el mundo? Esa pregunta se vuelve todavía más urgente cuando se observa con atención la volatilidad del sistema internacional que hoy debe navegar Colombia.

En este sentido, y apenas como ejemplo, si consideramos uno de los roles fundamentales del servicio exterior, el de embajador, es importante anotar que este no se reduce a un rostro político ni a una lealtad ideológica. Representa, o debería representar, la capacidad del Estado para ser interlocutor, negociar, anticipar riesgos, construir confianza, abrir oportunidades, manejar profesionalmente las crisis y posicionar estratégicamente al país. Para lo cual, se requieren competencias elementales: idiomas, experiencia, formación, criterio, conocimiento del mundo y capacidad de lectura política.

Es por eso que resulta preocupante que ese discurso, que invoca la apertura de la Cancillería mientras erosiona sus capacidades técnicas y profesionales, ya haya tenido expresiones concretas. Una de las más visibles fue la actualización del manual específico de funciones y competencias laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Resolución 10142 de 2025. Allí desapareció, para el cargo de embajador, la exigencia expresa de acreditar el dominio de una lengua internacional de trabajo o del idioma del país de destino, que sí figuraba en la regulación anterior. Posteriormente, el Ministerio volvió a abrir el manual a revisión y adelantó una nueva actualización en 2026, mediante la Resolución 00341, en la que esa exigencia no fue restablecida pese a la revisión del manual.

Esta decisión respecto del requisito del idioma no es, entonces, un detalle aislado. Es uno de los indicios más visibles de una señal institucional preocupante: la disposición a flexibilizar los estándares de idoneidad en la alta representación exterior del Estado colombiano. Esto no es un asunto menor, ya que, en el mundo diplomático, el idioma no es un adorno elitista, sino una herramienta básica de interlocución, negociación y representación. Así, desestimar dicho estándar no amplía las capacidades del Estado, por el contrario, las reduce.

Pero el problema de fondo no se agota en ese retroceso puntual. Lo que está en discusión es algo más amplio: si Colombia va a responder a la demanda legítima de una diplomacia más diversa, fortaleciendo sus capacidades estatales, o si, por el contrario, va a confundir la apertura con la erosión de sus capacidades institucionales. Dicho de otro modo, no se trata de oponerse a una Cancillería más abierta, más diversa o más conectada con los territorios. Esa apertura, bien entendida, es más que necesaria. También en la carrera diplomática pueden existir medidas legítimas de democratización del acceso, siempre que preserven el mérito, la competencia y la formación rigurosa. Sin embargo, el problema surge cuando el lenguaje de la inclusión se convierte en una coartada para reducir las exigencias técnicas en la representación exterior del Estado.

Si de verdad se quiere democratizar el servicio exterior, entonces hay que crear y fortalecer rutas estratégicas de formación diplomática. Hay que llevar programas de relaciones internacionales a los territorios. Hay que construir rutas de acceso para jóvenes de regiones periféricas, de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes y de sectores históricamente excluidos. Hay que ofrecer becas, formación intensiva en lenguas extranjeras de uso internacional que complementen y potencien la riqueza lingüística ya existente en Colombia, así como acompañamiento académico y mecanismos de preparación de alto nivel. Y hay que hacerlo, además, con enfoques diferenciales que reconozcan la diversidad real del país.

Nuevamente, eso supone entender que la inclusión real no consiste en eliminar requisitos para simular una aparente apertura. Consiste en hacer posible que una joven indígena del Cauca, un estudiante afro del Pacífico, un líder del Amazonas o una profesional del Caribe accedan, con excelencia, a una carrera diplomática exigente y de alto nivel. No mediante la flexibilización populista de los estándares, sino mediante la instalación de capacidades desde los territorios.

Y sí: por supuesto que cualquier “hijo de obrero”, como se le ha escuchado decir al presidente, debería tener la posibilidad real de acceder al servicio exterior colombiano. Esa tendría que ser una aspiración incuestionable de una democracia seria. Pero precisamente por eso, el Estado debe garantizar que pueda hacerlo con la más alta y rigurosa formación en competencia abierta, junto a los mejores. Democratizar no puede significar sustituir una vieja diplomacia de privilegios por una nueva diplomacia sin mérito. Lo contrario solo cambiaría los nombres del privilegio, mientras Colombia seguiría siendo representada por personas sin las capacidades que exige un mundo cada vez más complejo.

Visto así, la clave no está en desmantelar la Cancillería ni en expulsar de ella el conocimiento experto. Todo lo contrario, Colombia necesita preservar y fortalecer un núcleo profesional de primer nivel en su servicio exterior. Lo que debe cambiar no es la exigencia, sino la manera en que se redistribuyen y amplían las oportunidades para alcanzarla. En ese escenario,la diplomacia pública, la cooperación internacional descentralizada y el enfoque territorial, propuestas de las que me he ocupado en entradas anteriores, pueden desempeñar un rol decisivo en las apuestas internacionales de Estado.

Una política seria de democratización del servicio exterior debe partir de un criterio básico: la representación del Estado no puede improvisarse ni quedar atrapada en los ánimos del gobierno de turno. Debe hacer parte de una política de Estado que trascienda los gobiernos y que forme, cultive y entrene constantemente los mejores talentos del país. Allí habría que elevar el estatus de la diplomacia pública como apuesta estratégica para sembrar capacidades en los territorios, articular regiones, universidades, gobiernos y comunidades con la acción internacional, y convertir la diversidad colombiana en una fortaleza diplomática real y en un campo fértil donde se cultiven las nuevas fuerzas diplomáticas de Colombia. En el fondo, de eso se trata: no de elegir entre profesionalismo o inclusión, sino de construir una diplomacia capaz de reunir ambas. Así sería posible armonizar excelencia y diversidad, mérito y apertura territorial, formación rigurosa y acceso real.

En tiempos de incertidumbre global, Colombia no puede darse el lujo de reemplazar la profesionalización por el populismo. Lo que el país realmente necesita es una Cancillería más fuerte, más diversa, más territorial y más democrática, por supuesto, pero también más rigurosa, más preparada y más competente que nunca. Esa tendría que ser, además, una preocupación fundamental para el próximo presidente de Colombia. Fortalecer las capacidades internacionales del Estado no puede seguir siendo un asunto de retórica que legitima ideologías de turno ni de improvisación disfrazada de apertura. Se trata de una condición básica para que el país pueda defender sus intereses, ampliar sus oportunidades y navegar con inteligencia en un sistema internacional cada vez más exigente. De lo contrario, seguir debilitando el servicio exterior en nombre de una falsa inclusión no dejará en desventaja únicamente a una institución cada vez más aislada, sino al país entero.

En la baraja de presidenciables, la votación de Paloma Valencia la proyecta como una figura con capacidad real para disputar el liderazgo de la derecha y entrar con fuerza en la conversación principal de la primera vuelta. En ese contexto, la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, precedida además por un clima de expectativa favorable, podría ayudarle a atraer, tanto en primera como en una eventual segunda vuelta, una parte importante de los votos dispersos del centro. Su incorporación también inclina la candidatura de Paloma Valencia hacia la moderación y reduce significativamente el margen de maniobra de Sergio Fajardo en ese mismo electorado. Queda, además, un capital electoral que no conviene perder de vista: el que se expresó en las otras dos consultas. Aunque muchos puedan considerarlo menor frente a la magnitud de la consulta de la derecha y la solidez electoral de Iván Cepeda, allí persisten apoyos que pueden resultar estratégicos en una elección tan estrecha como la que hoy se perfila.

Ahora, si las consultas ayudaron a ordenar el panorama presidencial, las elecciones al Congreso dejaron ver con igual claridad el tipo de gobernabilidad que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. La jornada legislativa volvió a mostrar un Congreso sin hegemonías claras, con varias fuerzas de tamaño relevante, pero incapaces de dominar por sí solas el panorama legislativo. En otras palabras, ni el oficialismo ni la oposición salen de estas elecciones con la posibilidad de controlar el Congreso por cuenta propia. Por eso, quien llegue a la presidencia tendrá que gobernar en un contexto de negociación constante, con bancadas dispersas y con la necesidad permanente de construir coaliciones.

Ese dato importa no solo por lo que dice sobre la gobernabilidad futura, sino también por el contraste que revela. Las urnas dibujaron un mapa político que obligará a la negociación y a la construcción de acuerdos. Sin embargo, muchos de los discursos que se consolidaron después de la jornada parecen ir en sentido contrario. En vez de asumir la evidente necesidad del otro, justo cuando la realidad institucional exige mayor disposición al entendimiento, al cierre de las consultas, persistió la alusión a la derrota del adversario como principal movilizador de las emociones colectivas.

En algunos casos, se habló de derrotar al proyecto que hoy ocupa el gobierno. En otros, de derrotar a las fuerzas que, durante las últimas décadas, han encarnado la tradición política de la derecha colombiana. Incluso desde posiciones que se presentan como superadoras de la polarización reaparece una fórmula semejante: derrotar simultáneamente a quienes dominan el debate político nacional. Casi todos, al final, terminan enlazados por una lógica similar: convertir al otro en una amenaza y a la política en un campo de eliminación simbólica. Y ese, en la historia colombiana, es un lenguaje peligroso.

Lo más revelador es que esa lógica se manifiesta, incluso, entre sectores que leen el país desde perspectivas muy distintas. La izquierda tiende a mirar el país desde la gramática de los derechos, la inclusión y la justicia social, y por eso percibe cualquier retroceso en las libertades o en las conquistas sociales como una amenaza. La derecha lo hace desde la defensa del orden, la seguridad y la confianza en reglas estables para producir e invertir, y por eso reacciona ante la incertidumbre jurídica, el debilitamiento de la autoridad o la hostilidad hacia el mercado. El centro, por su parte, se afirma en la prudencia en la toma de decisiones, la técnica y la sostenibilidad institucional y teme que el país quede a merced de la improvisación, de promesas inviables y de la erosión de las capacidades del Estado.

Esas diferencias, en lugar de abrir el camino al reconocimiento mutuo, terminan subordinadas a una misma idea: asumir que el rumbo del país solo podrá corregirse mediante la anulación simbólica del adversario. No el diálogo, ni la posibilidad de reconocer las diferencias, ni la construcción paciente de un lenguaje común, sino la derrota del otro como único horizonte imaginable. Sin embargo, el país que emerge de las urnas difícilmente puede reducirse a esa lógica.

La Colombia que se asoma desde los resultados electorales no cabe en la simple lógica de la derrota del otro, porque en ella conviven preocupaciones distintas, todas ellas reales, sobre el rumbo de la democracia. El problema comienza cuando los partidarios de un proyecto son presentados como radicales irresponsables; los del otro, como enemigos de cualquier transformación; y quienes intentan ubicarse en el centro del debate, como ingenuos, tibios o irrelevantes. Poco a poco, el contrario político deja de ser un interlocutor y empieza a convertirse en una amenaza.

En este orden de ideas, la realidad de gobernar el país exigirá algo mucho más difícil que ganar una elección. Exigirá reconocer que en el otro —en ese adversario político que tantas veces se caricaturiza— también existen preocupaciones legítimas sobre el país que queremos construir. Quien llegue a la presidencia tendrá que comprender que gobernar Colombia no podrá constituirse en una suerte de derecho adquirido tras la conquista ni en la consumación de una derrota sobre otros. Gobernar, en un país como este, deberá significar algo mucho más exigente: escuchar las diferencias, abrir los diálogos necesarios, tender puentes entre sensibilidades distintas y acercar las múltiples realidades legítimas que atraviesan la vida nacional. Solo desde ese reconocimiento será posible construir la estabilidad que Colombia necesita y hacer de la presidencia no el trofeo de una facción, sino un verdadero gobierno para toda la nación.

Sin embargo, el problema de fondo no se reduce únicamente a su posición institucional. Es, sobre todo, la manera en que ha sido entendida. Una comprensión errada de lo que es la internacionalización ha orbitado, tal vez durante demasiado tiempo, en torno a nuestras instituciones de educación superior en Colombia. Reducida a intercambios, convenios, ferias educativas y posiciones en rankings, la internacionalización se ha confundido con algunos de sus síntomas o manifestaciones más visibles, como si bastara con enviar estudiantes al exterior o con acumular acuerdos para definir las apuestas universitarias frente a un espacio que busca voces que lo nutran y no simplemente aplausos: el escenario internacional. Esta confusión se deja ver en la manera misma en que muchas instituciones reportan sus grandes logros en materia de internacionalización: la movilidad y los convenios ocupan el centro de la escena, mientras el impacto real de la internacionalización sobre la formación, la investigación y el territorio suele quedar en segundo plano. Así, los síntomas acaparan la atención, mientras las causas de una verdadera internacionalización transformadora permanecen insuficientemente abordadas.

Esa lectura, bastante limitada, ha dominado buena parte del debate contemporáneo. En muchos casos, la internacionalización ha quedado atrapada entre la obsesión por las cifras de movilidad, la competencia reputacional de los rankings y la adopción acrítica de estándares definidos en contextos muy distintos de los de nuestras propias instituciones. En lugar de preguntarse sobre cómo participar en la conversación global desde sus capacidades, trayectorias y necesidades propias, muchas universidades han terminado por intentar parecerse a modelos ajenos.

Esa es precisamente una de las críticas que desarrollé recientemente en un artículo de investigación en el que propongo resignificar la acción internacional universitaria a partir de tres categorías: territorialidad, diplomacia pública y cooperación internacional descentralizada. Allí planteé que la internacionalización no puede seguir pensándose como una carrera de indicadores ni como una práctica imitativa desligada de los contextos en los que las universidades existen y actúan.

Algunas experiencias institucionales muestran que es posible recorrer un camino distinto. La Universidad del Quindío, por ejemplo, ha venido construyendo una acción internacional que no se agota en la movilidad ni en la firma de convenios, sino que busca articular la cooperación académica, el ejercicio diplomático, las agendas de desarrollo territorial y la proyección institucional desde las capacidades y realidades propias. Más que reproducir una idea ornamental de la internacionalización, esta experiencia sugiere que una universidad puede insertarse globalmente sin renunciar a su contexto y que justamente allí —en su vínculo con el territorio— puede estar una de sus mayores fortalezas.

Ahora, este no es un argumento abstracto, es claro que las universidades no operan en el vacío. Las historias institucionales, tejidos sociales, economías, culturas y desafíos situados hacen parte de las realidades universitarias. Sin embargo, buena parte de la conversación sobre internacionalización todavía parece ignorarlo, como si las instituciones de educación superior fueran piezas intercambiables en un mercado global del conocimiento. Como si ser internacionales consistiera, sobre todo, en un ejercicio adaptativo que corre detrás de referentes globales y ajusta su rumbo cada vez que surge una nueva tendencia.

Por eso, uno de los errores más persistentes en Colombia ha sido pensar la internacionalización al margen del territorio. Y aquí no me refiero al territorio como una mera delimitación geográfica ni como un recurso retórico para adornar discursos institucionales. Me refiero al territorio como un espacio vivido: un entramado de capacidades, conflictos, vocaciones, memorias y horizontes de acción colectiva. Pensar la internacionalización desde allí no implica encerrarse en lo local. Implica, por el contrario, construir una forma más inteligente, situada y autónoma de participar en lo global.

Internacionalizar no debería ser solo salir al mundo. También debería significar proyectar al mundo una voz propia. Una voz capaz de encontrar interlocutores dispuestos a escucharla, a debatirla y a enriquecerla. No hacerlo —quizá por temor a no estar a la altura de las grandes voces globales— ha sido, salvo contadas excepciones, una de las mayores limitaciones de nuestras instituciones.

Ese giro exige, entonces, tomarse en serio una idea que durante mucho tiempo fue subestimada: la diplomacia pública. Durante décadas se asumió que la acción internacional era asunto casi exclusivo de los Estados y que las universidades ocupaban, a lo sumo, un lugar complementario. Hoy esa visión resulta insuficiente. Las universidades producen conocimiento, articulan redes científicas, generan confianza, conectan actores sociales e institucionales y construyen narrativas que trascienden fronteras. En ese proceso no solo participan en relaciones internacionales, sino que también contribuyen a moldearlas. En términos cada vez más claros, actúan como actores diplomáticos que, al asumir ese papel, pueden impactar positivamente en el desarrollo de sus territorios e, inclusive, contribuir al fortalecimiento de la política exterior del país.

Algo similar ocurre con la cooperación internacional. Durante mucho tiempo se la pensó como una dinámica que descendía verticalmente desde los Estados o los grandes organismos multilaterales. Pero la acción internacional contemporánea también se construye de forma horizontal: entre ciudades, regiones, universidades, centros de investigación, organizaciones sociales y múltiples actores que interactúan en redes transnacionales. La cooperación internacional descentralizada expresa justamente ese desplazamiento. Y en ese escenario las universidades ocupan un lugar privilegiado, porque pueden operar como articuladoras entre capacidades técnicas, confianza institucional y apuestas de desarrollo nacionales, regionales y locales.

En este orden de ideas, reducir la internacionalización a la movilidad y a los convenios no solo empobrece el debate. También limita estratégicamente a las universidades. Les impide asumir un papel más ambicioso en la producción de agendas, en la construcción de formas de gobernanza internacional y en la articulación de alianzas con impacto real. A medida que avanzamos hacia la mitad del siglo XXI, una universidad no debería ser una mera usuaria de circuitos internacionales diseñados por otros. También puede ser una institución capaz de intervenir en ellos desde sus propias capacidades, su experiencia y su contexto.

Esto vale para el sistema universitario en general, pero adquiere una relevancia particular en aquellas instituciones que históricamente no han ocupado un lugar central en la escena global. Allí, resignificar la internacionalización no es solo una cuestión de gestión; es una posibilidad de construir una apuesta internacional propia, ampliar los márgenes de interlocución y participar en el diálogo internacional sin quedar atrapadas en una lógica imitativa. Esa fue, precisamente, una de las conclusiones centrales de mi investigación: la acción internacional puede construirse desde el territorio, proyectando una voz propia, sin quedar atrapada en el sin sentido de imitar indefinidamente modelos ajenos.

Es por ello que la internacionalización no debería seguir funcionando como un complemento cosmético de la universidad contemporánea. Debería asumirse como una dimensión estructural que atraviese todo el quehacer universitario. Pero para que eso ocurra hay que dejar de tratarla como una oficina administrativa, como una agencia de oportunidades en el exterior o como una carrera frenética por la validación externa. El reto no es, entonces, simplemente hacer más de lo mismo bajo un falso espejismo de lo que creemos que es la internacionalización. El reto es, en primer lugar, entenderla mejor.

El error está en tratar la crisis como un escenario excepcional; una anomalía que se desvía de una línea recta cuidadosamente trazada y que, al parecer, avanzaba hacia una dirección supuestamente clara para todos. Pareciera, entonces, que existiera un “estado normal” de la universidad: estable, predecible, sin conflicto. Y lo cierto es que la universidad —desde su invención moderna— ha sido, precisamente, una institución que vive en medio de tensiones constantes y que, una y otra vez, reafirma su valor inconmensurable como faro en aguas turbulentas y baja visibilidad.

Por eso conviene resistir esas lecturas contemporáneas que, tristemente y no con poca frecuencia, encasillan a la universidad como un simple proveedor de títulos. Porque, eso sí, son los modelos universitarios que se limitan a reproducir fábricas de credenciales académicas los que podrían tener sus días contados. Conviene recordar, entonces, que la universidad es, ante todo, productora, resguardo y garante de proyectos civilizatorios: un lugar donde se crea conocimiento, se disputa la verdad, se ejercita el juicio, se dirime lo justo y lo injusto y se preserva —a veces a contracorriente— la capacidad de una sociedad de discutir lo común con evidencia, argumentos y límites.

Dicha condición hace parte de la universidad moderna: desde los ideales humboldtianos que la pensaron como unidad entre investigación y enseñanza, con libertad académica y una lealtad primaria al conocimiento; pasando por Newman, que defendió la formación del intelecto y se resistió a reducir la universidad a mera utilidad inmediata; siguiendo con Jaspers, que volvió sobre esa idea en la posguerra para recordarnos que la universidad no es un aparato neutro, sino una institución con responsabilidad frente a la verdad y frente a la sociedad; hasta, en nuestra tradición hispana, Ortega y Gasset, que lo formuló con una claridad a veces todavía incómoda: la universidad no puede ser solo especialización; debe transmitir cultura, enseñar las profesiones y sostener la creación de conocimiento dentro de un horizonte histórico.

Lo que subrayo es simple: la crisis, más que un problema de gestión, es el síntoma permanente de una institución cuya función esencial es sostener la arquitectura de la razón pública en sociedades en constante cambio. La crisis es, en buena medida, el lenguaje histórico de la universidad. Lo novedoso hoy no es la palabra “crisis”, sino la velocidad de los cambios y cómo, en un mundo interconectado, las turbulencias se superponen. Por eso, si superamos la lectura de la crisis como evento excepcional y aprendemos a leer los cambios inciertos, podremos traducir en acciones lo que nuestras instituciones necesitan ahora.

Si miramos, por ejemplo, el espejo de Estados Unidos —referente que Colombia suele observar entre una mezcla de admiración y observación crítica—, se ve con claridad que la tensión no es exclusivamente financiera. Hace unos meses, en el marco de los IAP Symposia, participé en el campus de Harvard en una conversación con representantes de distintas universidades sobre el futuro de la educación superior. Allí surgió un diagnóstico preocupante: la valoración social de la universidad parece deteriorarse de forma sostenida. Cada vez más personas dudan que un título universitario justifique los costos económicos y personales que acarrea. Más importante aún, allí la idea de la universidad como motor e impulsor de proyectos de vida está en proceso de fragmentación.

Los datos acompañan esa intuición. En septiembre de 2025, Gallup registró que solo el 35% de los estadounidenses considera la universidad “muy importante”, una caída significativa frente a 2019 (53%) y 2013 (70%). En mayo de 2024, Pew mostró que apenas el 22% cree que el costo de un título universitario de cuatro años “vale la pena” incluso si implica endeudarse. Pew también halló que el 49% considera que el título es hoy menos importante para obtener un buen trabajo que hace 20 años.

Cuando la promesa social de la universidad comienza a erosionarse, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un debate sobre el sentido: ¿por qué y para qué la universidad? No obstante, el fenómeno no puede leerse como un simple abandono masivo del campus. Hay un matiz decisivo: las expectativas respecto de los modelos de educación superior se están reconfigurando. Hoy, la universidad tradicional ya no cohabita solo con otras universidades, sino también con itinerarios alternativos de formación y trabajo: rutas más cortas, más flexibles y más segmentadas, que compiten por tiempo, atención y confianza.

Así, frente a esa presión, puede surgir la respuesta más fácil —y más tentadora—: para ajustar el rumbo y volver a la sensación de seguridad de antes, tratar la educación como un mercado de consumo. Más marketing, más “experiencia”, más infraestructura, más promesas sustentadas en una segmentación por gustos. Y aquí hay un riesgo de fondo: confundir la adaptación con una renuncia a lo trascendente y con la aceptación de lo superfluo. Convertir la formación en una suscripción o la universidad en un hotel de cinco estrellas no recompone lo esencial: el vínculo entre la educación superior, la razón, la ciencia, la ciudadanía y los proyectos de vida. A lo sumo, disimula por un tiempo la pregunta central que, aunque incómoda, es necesaria.

Y si alguien todavía cree que la salida es competir netamente por la experiencia y la infraestructura, conviene hacer una pausa. El propio sistema estadounidense muestra que la carrera por vitrinas lujosas y por “nuevos productos” aparentemente deseados por el consumidor no restituye, por sí sola, la legitimidad del quehacer universitario ni repara la aparente fractura de sentido que atraviesa la educación superior.

Es ahí donde Colombia debería dejar de reaccionar y empezar a decidir. Si la crisis es parte del idioma histórico de la universidad y un escenario que no le es en absoluto ajeno, lo decisivo es qué apuestas de navegación realizamos para surcar estas aguas turbulentas y cómo nos anticipamos a las próximas. Y aquí conviene decir con precisión: ¡el sentido no se ha perdido! Este sigue siendo, en lo esencial, el mismo: custodiar el método, organizar el conocimiento, formar criterio y sostener la discusión de lo común con evidencia. Entonces, lo que está en disputa no es el sentido, sino la capacidad institucional de seguir cumpliéndolo en un mundo que cambia a una velocidad inédita. Si la universidad no ajusta sus instrumentos de navegación, el sentido que debe defender quedará reducido a la retórica dominante de la venta de un producto que, vale la pena decirlo, fácilmente puede quedar descontinuado. Por ello, a continuación, apenas sugiero algunos instrumentos que las universidades deberían considerar para afinar el rumbo.

Primero, un componente de curricularidad, de oferta académica, de innovación, de flexibilidad y de pedagogía a la altura de nuestro momento histórico. Pasar de programas rígidos a trayectorias modulares sin fragmentar por moda, sino para construir trayectorias profesionales con resultados verificables, acumulables y transferibles, que permitan entradas y reentradas sin convertir el aprendizaje en retazos inconexos. En ese rediseño hay un hecho que ya no puede tratarse como si fuera externo: la inteligencia artificial. Este no es un invitado incómodo ni un atajo clandestino, sino una nueva capa del ecosistema académico que ya atraviesa la forma en que se lee, se escribe, se investiga y se aprende. Por eso, el debate, hace mucho tiempo, tendría que haber dejado de ser “¿la permitimos o la prohibimos?” y pasar a ser, sin posibilidad alguna de evitarlo por más tiempo: ¿Cómo enseñamos a usarla con criterio? ¿Cómo evaluamos lo que de verdad importa y cómo preservamos la credibilidad del aprendizaje?

Segundo, una dimensión relacionada con la estructura organizacional, la regulación, la normativa, la política institucional y el aseguramiento de la calidad, capaz de planear y operar en la incertidumbre. Gobernar la universidad en lo que queda de este siglo no será sostener la misma estructura con más publicidad, sino construir instituciones con una columna vertebral ágil en sus formas y firme en sus criterios de calidad.

Tercero, un eje prioritario de internacionalización que ampliaré en mi siguiente entrada, porque cruza buena parte de mis reflexiones recientes. No como el adorno que todavía acompaña a muchas universidades —reducido a movilidad episódica, convenios y retórica de visibilidad—, sino como uno de los fundamentos epistemológicos de la universidad contemporánea. En un mundo globalizado —dirían Bauman y Beck, cada uno a su modo—, independientemente de la geografía en la que se esté, todas las apuestas deben ser globales. Entender y dialogar desde la glocalidad, a partir de estructuras amplias y bien definidas que respalden su ejercicio integral en las universidades, resultará fundamental para preservar la pertinencia universitaria.

Y sí, la crisis seguirá ahí. Siempre ha estado. Corresponde, entonces, a las universidades calibrar los instrumentos necesarios para seguir navegando con sentido —y no naufragar— en el camino.