La Asamblea General escoge cada año cinco países “del montón” para que, por dos años, tengan asiento en el Consejo junto a los miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Una vez en esa instancia, cada país tiene un turno mensual para presidir, en orden alfabético.  

Quien preside, convoca y coordina las sesiones del Consejo, previo acuerdo sobre una agenda de temas a tratar. También ejerce la vocería de la corporación y atiende la eventualidad de crisis internacionales que ameriten la convocatoria de reuniones extraordinarias. Todo esto desde una posición de neutralidad.

Por supuesto que tener un asiento en el Consejo de Seguridad es una distinción y conlleva una cuota de poder. Tener voz en esa instancia es ocasión privilegiada de poner temas de interés nacional en la agenda internacional y manifestarse sobre asuntos de importancia mundial, lo cual conlleva oportunidades de abrir espacios de amistad, reconocimiento e influencia para el país. Además, permite votar respecto de decisiones importantes, aún con la desventaja de que las decisiones del Consejo solo son válidas si llevan el acuerdo de sus cinco miembros permanentes. 

Si bien la propaganda parroquial proclamó que “Colombia hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU, al iniciar el primero de enero su mandato como miembro no permanente”, la verdad es que esta es la octava ocasión en la que nuestro país llega a tener un asiento en esa instancia de las Naciones Unidas. 

En la agenda de junio Colombia propuso un debate abierto de alto nivel sobre “Avance en soluciones políticas en Oriente Medio: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”. Para esa sesión el presidente Petro decidió asumir la representación colombiana y dirigir la mencionada discusión, que estaría precedida de una intervención del secretario general António Guterres, para introducir el tema.

Nada más oportuno que la realización de ese debate, cuando el mundo se pregunta por la utilidad de las Naciones Unidas en el propósito de la búsqueda de la paz en Oriente Medio, destrozada en los últimos tres años. Al mismo tiempo, nada más preocupante que la escasa trascendencia que las intervenciones allí realizadas tuvieron en los escenarios donde se ha negociado por ahora un memorando de entendimiento que permita abrir el Estrecho de Ormuz, obtener paz y estabilidad en el Líbano y buscar una nueva realidad en las relaciones de Irán con el resto del mundo.

El secretario general subrayó el precio que la genta paga en la región a causa de los conflictos, a pesar del cese del fuego acordado. Pidió el fin de la ocupación indebida de territorios y la urgencia de proceder a la existencia de dos Estados en la Palestina. Llamó la atención sobre los efectos mundiales del cierre del Estrecho de Ormuz. Elogió los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos, en el caso de Israel y Líbano, así como de Pakistán y otros países en las demás dimensiones del problema. Y cerró con la insistencia en el diálogo como esperanza de paz, para cuya obtención existen herramientas en la Carta de la ONU. 

El presidente de Colombia intervino antes de que los voceros de los países inscritos para participar en la discusión expusieran los puntos de vista de sus gobiernos sobre la materia. Liberia propuso la creación permanente de la ‘Secretaría de Diálogo de la ONU’. Los Estados Unidos defendieron su “diplomacia efectiva” en el Oriente Medio y el logro de “resultados reales”, así como el camino realista hacia una estabilidad duradera. Irán exigió respeto y el cese de amenazas en su contra, condenó las violaciones al alto al fuego, e insistió en que su país seguirá ejerciendo la legítima defensa de sus intereses. 

Bahréin condenó los ataques ilegales de los que ha sido objeto por parte de Irán. Arabia Saudí se sumó a la condena y afirmó que la causa palestina sigue siendo asunto central para el mundo árabe. Irlanda recalcó el sufrimiento inaceptable de los palestinos y la depredación territorial de la que son objeto. El Observador Permanente del Estado de Palestina, denunció que no ha cesado el fuego en Gaza y condenó “el apetito colonial de Israel”. Somalia cuestionó la eficacia de la mediación cuando se da en “en entornos de profunda asimetría de poder”. 

Pakistán reclamó el fin de “la ocupación ilegal de tierras árabes” y clamó por el respeto a los altos al fuego y la asistencia humanitaria. Siria trajo a cuento su experiencia y recalcó las dificultades que en estos casos se presentan para conseguir acuerdos, comenzando por el de designar mediadores honestos. Líbano exaltó la importancia de que la mediación sea prioritaria y no se utilice como último recurso, y acusó a Israel e Irán de socavar los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en el conflicto que tiene lugar en su territorio. 

Finlandia expresó su confianza en que el alto al fuego entre Líbano e Israel conduzca a que “Hezbollah detenga sus ataques e Israel respete la soberanía del Líbano”. Francia anunció la organización de una conferencia internacional en apoyo a los libaneses cuando las condiciones lo permitan. 

La Federación Rusa reprochó a quienes buscan “devolver a Irán a la edad de piedra” y destacó la idea de seguridad colectiva que su país promueve en el Golfo Pérsico. Corea advirtió que la crisis de Oriente Medio pone de presente las debilidades de las economías avanzadas, basadas en lo digital, frente a las obstrucciones del flujo del petróleo y el transporte marítimo. Y Panamá trajo a cuento los acuerdos de paz en Colombia y la recuperación plena del Canal por su país, como muestra de los efectos positivos de la combinación de mediación y voluntad política para la solución de conflictos. 

En su intervención, el presidente de Colombia se apartó de la ortodoxia diplomática y de la forma como los representantes de diferentes países suelen abordar debates como el convocado por su propio gobierno. Formuló, en cambio, una declaración que anunció como ejercicio del papel que le corresponde, “a punto de terminar”, al tiempo que anunciaba que no permanecerá en el gobierno por fuera de la constitución de Colombia, como, según él, se ha dicho. https://youtu.be/L7zauKbCIE4?si=aXzUDIJM7ogHmraI

Quien se tome el trabajo de escuchar con respeto y atención la declaración del presidente, podrá advertir cómo, conforme a su estilo personal y con explicaciones y consideraciones filosóficas y locales de ánimo ilustrativo, en lugar de tratar el tema específico del debate abordó temas que reflejan su visión del mundo. 

Criticó el oligopolio de las nuevas tecnologías de comunicación, que sirve intereses políticos y económicos excluyentes y manipula la verdad y la mentira, a través de la Inteligencia Artificial. Condenó además la desigualdad entre países en cuanto al acceso a dichas tecnologías, fenómeno que amenaza con acabar la humanidad si logra separar la realidad de la no realidad.

Trajo a cuento factores adicionales que atentan contra la existencia y supervivencia misma de la humanidad, como el cambio climático. Presentó su visión sobre el panorama del proceso histórico de las migraciones, relacionado con la crisis climática, la discriminación arbitraria y el racismo como construcción conceptual propia de países que rechazan a los migrantes.  

Hizo referencias escuetas al nazismo, como se ha vuelto costumbre ahora para descalificar, un siglo más tarde, a quien se quiera atacar, sin tener en cuenta las verdaderas proporciones y el sentido del horripilante e indeseable fenómeno original de las actuaciones del nacionalsocialismo. Y no se ahorró un reproche algo airado por la salida de la representante de los Estados Unidos, que abandonó la sala mientras él hacía referencia a esa materia.

También, por supuesto, mencionó las vicisitudes de su relación con el presidente de los Estados Unidos y condenó lo que estima apoyo indebido de este último a uno de los candidatos a la presidencia de Colombia. 

Para ilustrar su discurso, además de reprochar los métodos modernos de manipulación del imaginario popular y el uso de misiles para matar bebés, trajo a cuento la linterna de Diógenes y el supuesto ánimo unificador de Alejandro Magno. Todo, muy a su estilo, aderezado con referencias a controversias internas de Colombia, y lo que considera similitudes entre nuestro país y Belfast, donde en ese momento ardían vehículos y edificios. Situaciones ambas afectadas, según él, por el poder de la Inteligencia Artificial. 

Esa es la imagen que, a manera de despedida, ha dejado en las Naciones Unidas el actual gobierno de Colombia, cuya representación permanente ante la Organización se apartó en los últimos cuatro años de la tradición de apelar, para que nos representen allí,  a personas con experiencia y supuesta versación en los múltiples asuntos internacionales que circulan en ese foro. 

Presidir por una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es ejercer la presidencia del mundo. Ni el presidente de Colombia fue allí el 10 de junio por un llamado de la comunidad internacional que deseaba escucharlo, ni como premio a su capacidad visionaria ni a ser consagrado como líder de talla mundial. Como suele suceder, en el caso de Colombia y en el de muchos otros presidentes, la trascendencia de su original discurso tuvo eco más bien en su propio país, y particularmente entre sus seguidores. 

En todo lo anterior no hay nada de malo. Las apreciaciones de propios y extraños serán variopintas trátese de quien se trate. Lo importante es que crezca la conciencia de la relevancia que debe tener la existencia de una política exterior conocida, sólida, efectiva, útil y presentable. Porque la improvisación o el desconocimiento de los rituales de la vida internacional, por ridículos que a algunos les parezcan, resultan perjudiciales para los intereses de Colombia. Y en esa materia es indudable que hemos perdido prestigio, confianza y credibilidad, aunque en algunas materias algunos protagonistas de nuestra acción internacional han querido ser innovadores. 

Ojalá el nuevo presidente, quien quiera que sea, tenga claro todo esto y actúe de inmediato en la tarea de volver a dibujar una política exterior acorde con las realidades y retos de nuestra época, y más adelante. Para comenzar, Colombia seguirá ocupando un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el final de 2027. Oportunidad privilegiada de actuar en la promoción y defensa de nuestros intereses y de aprovechar la concurrencia de representantes de todo el mundo en los cuarteles centrales de esa organización, con lo cual se facilita el ejercicio de esa diplomacia efectiva ejercida en múltiples direcciones, que es elemento esencial para nuestro futuro. 

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.  

Semejante postura es muestra fehaciente de la forma como los chinos, que jamás han dejado de ver al mundo con gesto y ánimo imperial, entienden la relación entre el tiempo y la consolidación de nuevos propósitos. Así como cultivan el árbol del Gingko Biloba, que después dura más de mil años, o esperan la cosecha del bambú, que durante los cuatro primeros años no crece hacia arriba porque está desarrollando sus raíces, para luego llegar a más de treinta metros en menos de dos meses.

No cabe duda de que la “gestación” de la China de hoy se dio a través de muchos siglos, como se puede confirmar a lo largo y ancho del Asia, donde hay huellas de su condición de cultura madre. Con el agregado de que ahora, bajo el impulso de la claridad de propósitos de sus dirigentes y de su forma de interpretar el modelo comunista, con su lectura internacionalista del mundo, ha llegado a tener indudable alcance global.

Esa China contemporánea es la que todos consideran una superpotencia ante cuyo poder económico, capacidad militar, fuerza cultural y significación político se ven obligados a entrar en acuerdos las demás potencias del mundo, en busca de arreglos que no las dejen atrás.

Con la seguridad de que la procesión va a continuar, no más en lo que va del año 2026 el presidente chino ha recibido las visitas de los gobernantes del Reino Unido, Keir Starmer, Canadá, Mark Carney, España, Pedro Sánchez, Alemania, Friderich Merz, Vietnam, To Lam, Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed, Uruguay, Yamandú Orsi, Serbia, Alexander Vucic, Tayikistán, Emomali Rahmon, Estados Unidos, Donald Trump, Federación Rusa, Vladimir Vladimirovic Putin, Pakistán, Shehbaz Sharif,  y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La ya legendaria ceremonia de recibimiento sobre uno de los costados de la Plaza Tiananmen, frente al Gran Salón del Pueblo, continuará siendo el punto de partida de visitas de gobernantes que buscan alianzas comerciales, políticas y militares en las que están interesados países de todos los continentes. A todos los recibe el presidente Xi con actitud serena y al tiempo solemne de tono amablemente imperial.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es en cada caso el resultado verdadero y profundo de conversaciones francas y escuetas que tienen lugar en reuniones a puerta cerrada, en banquetes de muchos platos, y en paseítos de tono menor cuidadosamente calculados para recorrer lugares históricos o visitar jardines privados. Circunstancias todas aprovechadas magistralmente por los chinos desde hace miles de años, en ejercicio de una tradición imperial que se alimenta de cada nueva experiencia.

Las visitas de los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, que se produjeron en menos de diez días, son sin duda las más relevantes en el contexto de la situación internacional del momento. El solo hecho de que ambos, altivos al cual más, hayan ido a Pekin a reunirse con el presidente Xi, representa el reconocimiento de que en la capital china residen las claves para aclarar un poco el futuro en asunto como la Guerra del Estrecho de Hormuz, en el caso de Donald, y la de Ucrania en el caso de Vladimir.

En medio de su arrogancia congénita, y de su interpretación simplista del mundo, el presidente americano llegó a su encuentro con Xi cargado con el lastre de no haber podido culminar su aventura guerrera en Irán, que hasta ahora ha descompuesto al mundo entero a cambio de nada. Se apareció en compañía de grandes empresarios que ya no impresionan a los chinos y que en todo negocio que cierren han de pagar el precio de transferir tecnología a quienes se convierten velozmente en competidores.

Todo lo que se pudo notar de inmediato, al terminar su visita, fue la repetición, por parte de Trump, de las consignas de Xi respecto de Taiwan: nada de pensar en un cambio del status que la República Popular le tiene asignado a la isla como provincia rebelde que algún día entrará al redil. Por lo demás, no hubo campo para esos avisos estridentes dirigidos a los mercados de valores y otros destinatarios sensibles, que tanto gusta dar al presidente americano, y que sus seguidores atesoran como provenientes de un improvisado “mesías”, que no se sabe nunca para dónde va.

El sueño de obtener ayuda de China para persuadir a Irán de entrar en un acuerdo favorable a los intereses americanos, o al menos a la imagen de los Estados Unidos, no se cumplió. Xi fue supremamente amable y estuvo risueño, pero no cedió. Trump se montó a su avión con la cara de triunfador que le ha reportado tanto éxito en los negocios, haciendo caso omiso de las quiebras, pero eso no quita el color de fracaso de su aventura en Pekín, donde su anfitrión mantuvo siempre la primacía que le da el ser jefe de una potencia que se mueve con serenidad oriental.

El presidente ruso llegó a visitar a Xi apenas horas después de la salida de Trump, en actitud muy diferente de la que los líderes de su país mostraban hacia la naciente República Popular China, cuando Moscú era el epicentro de la euforia comunista encabezada por la Unión Soviética. Imposible ocultar el cambio de los papeles, cuando China ha reemplazado precisamente a la URSS como superpotencia, y cuando Rusia lucha por recuperar su economía, su potencial tecnológico y algo de prestancia política, para lo cual requiere del apoyo de Pekín.  

No es desdeñable la manifestación de amistad entre China y Rusia, que proclamaron los dos gobiernos, y no se sabe qué más habrán hablado y proyectado hacia el futuro dos gobernantes que tienen asiento y derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Pero la ilusión rusa de obtener el impulso definitivo al gasoducto más grande del mundo, que saldría de Rusia para llegar a China, no se cumplió. De manera que, otra vez, los chinos fueron quienes marcaron el ritmo de un nuevo episodio de la relación bilateral, a su acomodo y sin afán.

El paso de tantos jefes de gobierno por al ritual de los encuentros con Xi ha servido para confirmar que el internacionalismo chino, impulsor de la globalización, continúa marcando el ritmo de la producción y el comercio en gran escala, con acuerdos puntuales que puede manejar a su conveniencia.

Al mismo tiempo, China se consolida como superpotencia y fuerza política tranquila, que avanza en todos los continentes en ejecución de un proyecto de orden mundial hecho a su medida, que no encuentra en este momento competidor. Así parece demostrarlo el hecho de que los predicadores de un nuevo aislamiento autoritario y del retorno a una grandeza esquiva, como Estados Unidos y Rusia, figuran entre los que concurren a China y terminan por decir: Xi señor.

La disolución de la Unión Soviética, y luego la de Yugoslavia, han sido los cataclismos más recientes con efectos dramáticos en la distribución interna del mapa europeo. Y más allá de los cambios de fronteras, si se entra en el delicado terreno de las afiliaciones políticas, económicas y estratégicas, las cosas se hacen mucho más complejas. 

Así lo demuestra la desbandada del “Pacto de Varsovia”, que agrupaba a los países que política y militarmente estaban comprometidas, por la razón o la fuerza, con Rusia. Desbandada seguida de un afán irrefrenable de llegar cuanto antes, atraídos por nuevos paradigmas, a la “Organización del Tratado del Atlántico Norte”. Afiliación nueva que implicaba el correspondiente compromiso de defensa mutua con los Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos. 

Resulta explicable que semejante cambio fuese entendido por Rusia como amenaza que la llevó a reaccionar de manera violenta ante la inminencia de que pasara lo mismo con Ucrania, donde en el Siglo IX apareció la “Rus de Kiev”, predecesora de la de Moscú. 

Consecuencia todavía directa del colapso de la URSS, en el límite de los pueblos eslavos orientales con los rumanos de hoy, sucesores del Imperio Romano en la península balcánica, están por definirse los términos de un nuevo esquema político y cultural, que, como toda zona limítrofe entre culturas añejas, presenta zonas grises. 

Interpuesta entre Rumania y Ucrania está Moldavia, con una mayoría rumano parlante arrolladora, y con una comunidad de principios y valores rumanos que lograron superar la prueba del experimento comunista. Rumania como Estado independiente y Moldavia como República Soviética, parecen haber entendido que pueden transitar el resto del Siglo XXI de común acuerdo. Por lo cual se habla inclusive de una posible unión formal entre los dos países. 

Maia Sandu, presidente de Moldavia, y Nicusor Dan, presidente de Rumania, parecen estar cada vez más de acuerdo en la posibilidad y la conveniencia de integrarse como un solo Estado. Así viajaron y se presentaron juntos a la reciente reunión de la Comunidad Política Europea. Acompañamiento de alto valor simbólico, y mensaje para propios y extraños sobre la tendencia que cada uno representa en la perspectiva de un futuro común. 

La idea de una posible unión de los dos países ha flotado en el ambiente de la opinión de ambas partes en el transcurso de la post Guerra Fría. Los argumentos en favor de ese propósito son abundantes y de suficiente profundidad histórica y cultural. El territorio de lo que hoy son dos países ha estado habitado por la misma etnia, descendiente del encuentro de los romanos con los dacios, que dio lugar a la demarcación de la provincia de Dacia, anexada por Trajano, que vino a ser un enclave latino en medio de los eslavos del norte y los del sur. 

De ahí que rumanos y moldavos hablen un mismo idioma, con lagunas de eslavos que en Moldavia hablan ruso. Otra cosa es la configuración política del territorio, que en la Edad Media se dividía en Valaquia, Moldavia y Transilvania, que se convirtió más tarde en el Principado de Moldavia, con sus fértiles tierras, todavía productoras de algunos de los mejores vinos del mundo, que fue repartido a principios del Siglo XIX entre el Imperio Ruso y el Otomano.

La idea de Rumania apareció hacia 1860, con la unión de Moldavia y Valaquia, y se consolidó después de la Primera Guerra Mundial con la entrada de Transilvania. Y las cosas llegaron a su máxima expresión cuando Besarabia y Bucovina se agregaron para formar el Reino de Rumania, que entró en la lista de reinos objeto de las manipulaciones que para la época tejían respecto de los Balcanes las grandes potencias europeas. 

Stalin y Hitler, en su pacto traicionero de 1940, decidieron que la Moldavia volviera a estar bajo el dominio ruso. Entonces Stalin creó la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania. Después de la segunda conflagración mundial, mientras Rumania pasó los años de la postguerra sumida en el experimento bestial del régimen de Ceausescu, que a nombre de la independencia nacional exprimió el cuerpo y el alma de su pueblo, Moldavia disfrutó de relativa autonomía, aunque en 1991 se aventuró a declarar su independencia de la Unión Soviética.

Es posible que esa independencia moldava se hubiera facilitado debido a su limitada significación dentro de la URSS y a su condición de país mayoritariamente no eslavo. No obstante, como las fronteras entre culturas son opacas y sensibles, enredadas en la vivencia de comunidades que se entrelazan con facilidad en algunos aspectos y mantienen diferencias en otros, como el idioma, resulta compleja la manera de conducir procesos políticos. 

La complejidad de una posible unión de Moldavia con Rumania presenta el ingrediente inquietante de la existencia de un grupo humano, en territorio moldavo, a lo largo de la mayor parte de la frontera con Ucrania, que ha intentado consolidar una república aparte. Es la región de Transnistria, es decir “la tierra más allá del río Dniester”, que formaba parte de la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia y ahora desearía hacer tolda aparte, afiliada a la Federación Rusa. 

La franja de Transnistria no tiene más de 200 kilómetros de largo y unos pocos de ancho, y tampoco pasa del 10% de la extensión de Moldavia. Su población apenas supera los 350.000 habitantes, que serían menos del 15% de la población de Moldavia. Y a su vez, un 29% de sus pobladores se identifican como rusos, el 28% como moldavos y el 23% como ucranianos. 

A pesar de que ningún país miembro de las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia, ha reconocido a Transnistria, la influencia y la presencia rusas son allí evidentes. De alguna manera, Rusia sabe que cuenta con una base importantísima de eventual lanzamiento de operaciones contra Ucrania, o más allá, desde el territorio de la pretendida república. No otra cosa se puede concluir cuando se visita la zona y ahí están los controles de fuerzas rusas en lo que sería la “frontera” con Moldavia.

Los promotores de la hasta ahora no reconocida “República Moldava de Transnistria” fueron jefes comunistas y ruso parlantes, temerosos de la eventual unión de Moldavia con Rumania a la caída de la Unión Soviética. En el año 1992 se presentaron combates entre los separatistas, apoyados por el 14º Ejército Ruso, y fuerzas de la nueva Moldavia independiente. La independencia “no cuajó” inclusive en la propia región tras el Dniéster y todo quedó en veremos, cuando en una reunión en Estambul, con gringos y todo a bordo, los rusos se comprometieron a retirar sus tropas, pero ahí las han dejado como asunto olvidado. 

Entretanto, Transnistria parece una pieza de museo de la era soviética. Hay un Consejo Supremo de 33 miembros, 29 de los cuales son del partido “Renovación”, que encarna los ideales de la república. El gobierno lo ejerce un “hombre fuerte”, Viktor Gushan, fundador del holding “Sheriff”, que monopoliza la mayor parte de los sectores de la economía. Los rumano parlantes deben usar el alfabeto cirílico para escribir en su idioma. El récord en materia de derechos humanos es precario y no existe libertad de prensa. 

A pesar de la existencia de ese asunto sin respuesta fácil, la tendencia a una eventual unificación ha dado muestras de florecer en Moldavia y Rumania, particularmente a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania, cuyos ecos se sienten físicamente en ambos países, que tienen frontera con el país agredido. Aunque todavía el 47% de los moldavos no está de acuerdo con la idea de unirse a Rumania, un 42%. la apoya firmemente. Mientras en Rumania más del 70% de los ciudadanos están de acuerdo. Claro: más territorio, más poder, más recursos de una zona de gente pobre sobre un paraíso que se han disputado todos los imperios. 

Lo interesante es que ya se está presentando una especie de unión de hecho. Esto debido a que al menos un tercio de la población de Moldavia tiene también ciudadanía rumana y vota en las elecciones de ambos países. En particular, esos votantes moldavos ayudaron al triunfo de Nicusor Dan, hoy presidente, en la elección de 2025. Rumania es de lejos el socio comercial más importante de Moldavia, y a los dos países les unen necesidades parecidas en diferentes materias, como la ambiental y la energética. 

Los sindicatos de los dos países han exigido que se avance en la reunificación. Claro, más masa sindical y mayor capacidad de negociación dentro de un sistema como el rumano, entregado con entusiasmo febril al modelo capitalista, como en una especie de venganza después de las penurias inauditas de la era de Ceausescu, de las que pueden dar noticia principalmente las generaciones que la padecieron. 

La Unión Europea no vería con malos ojos la unificación, que de hecho llevaría a los moldavos a ser parte de la comunidad, sin pasar por el dispendioso proceso de admisión por su cuenta. Todo depende, dicen en Bruselas, de la autodeterminación de los pueblos. Así, la posición unionista de la presidente Sandu, que en virtud de su doble nacionalidad votó por el presidente Dan en 2025, encuentra hoy un ambiente favorable a su proyecto, aunque el asunto de Transnistria se atraviesa, y con ello los intereses rusos, en un momento de particulares tensiones en la Europa del Este. 

Seguramente los estudiosos tradicionales de cancillerías occidentales, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, conocen muy bien estas complejidades y advierten la forma como cada cambio del mapa europeo puede tener variadas implicaciones. No se sabe si quienes tocan al oído en la dirección de la política exterior de algunos países estén dispuestos a prestarles atención oportuna. 

Como lo habían previsto los sondeos de opinión, Reform UK, partido que apareció en escena en favor del Brexit y ahora centra su proyecto en castigar la inmigración y deportar a los ilegales, ocupó el primer lugar en las preferencias de los votantes y desplazó a conservadores y laboristas a lugares nunca vistos desde que comenzaron a alternarse en el poder a principios del Siglo XX. 

Además de Reform UK también avanzaron los liberales demócratas, así como los verdes. Y tanto el Partido Nacional en Escocia como Plaid Cymru en Gales, que avizoran la independencia de esos dos componentes del Reino Unido, se consolidaron en el dominio del respectivo escenario político. Así, son cinco las fuerzas que asedian a los partidos tradicionales y amenazan con introducir un cambio importante en la forma como funciona una de las democracias más antiguas del mundo. 

Desde el Siglo XVII, y hasta finalizar el XIX, Tories y Whigs representaban posiciones diferentes respecto de la primacía de la Corona o del Parlamento, consecuencia de una larga disputa con raíces profundas en la formación misma del conjunto de nacionalidades que hoy forman el Reino Unido y que en su momento animaron la expedición de la Magna Carta en 1215, y la Bill Of Rights en 1689. 

Al comenzar el Siglo XX los Tories derivaron en el Partido Conservador, defensor de la monarquía y la iglesia anglicana, y los Whigs en un Partido Liberal que más tarde desembocó en el socialdemócrata Partido Laborista, con tendencia a privilegiar el poder del parlamento. Hasta entrado el XXI, esos dos partidos se han alternado en el poder al ritmo que el electorado ha preferido hacer oscilar el péndulo. Con excepción de la explicable coincidencia destinada a sobrevivir la Segunda Guerra Mundial.

El bipartidismo se sostuvo en gran medida gracias a un modelo electoral que en cada circunscripción territorial le da el escaño correspondiente a quien obtenga el mayor número de votos. Es el famoso “first past the post”, conforme al cual el primero en votación se lleva todo. “Escrutinio mayoritario uninominal”, que condujo a que hubiera dos formaciones fuertes que se disputaban cada curul, sin dejar campo para aventuras de tercerías llamadas a fracasar. Nada de proporcionalidad. 

El asunto comenzó a cambiar 2010, cuando ninguno de los dos partidos tradicionales logró escaños suficientes para sostener un gobierno. Por lo cual el Partido Conservador, primero en los comicios, se alió con el Liberal Demócrata para reemplazar al laborista de Gordon Brown, sucesor de la “Tercera Vía” de Tony Blair. Alianza de centro y centro derecha que duró hasta 2015, cuando los conservadores obtuvieron de nuevo mayoría suficiente para gobernar por su cuenta.

En 2016, el conservador David Cameron, partidario de permanecer en la Unión Europea, convocó a consulta popular sobre un posible Brexit, para cumplir una promesa de campaña. Al girar la votación en torno a temas no tradicionales, resultó fácil apelar a argumentos falaces, como que la Gran Bretaña sostenía a la “perezosa Europa mediterránea”, para buscar el apoyo de los sectores sociales menos educados y más alejados de la liturgia de la vida política y de la economía internacional. Con el sorprendente resultado de la salida de la Unión, el correspondiente desacomode de todo tipo de asuntos y el comienzo de una etapa llena de incertidumbre que no ha terminado. 

Después de haberse retirado de la política, el promotor principal del Brexit, Nigel Farage, decidió retornar para encabezar un partido que, bajo el nombre de Reform UK, ha conquistado no solo jefes políticos regionales y locales, sino un nuevo caudal de votantes que no se sienten cómodos ante la falta de respuestas a sus anhelos inmediatos por parte de los partidos tradicionales. 

Reform, teñido de populismo, y eficiente en la apelación a votar por asuntos de interés inmediato, predica una acción radical “animada por el sentido común”. Busca la desregulación de la vida de la gente y de las empresas, introducir elementos de índole privada en el manejo de la salud, fortalecer la soberanía nacional frente a la inmigración, deportar a los ilegales, acentuar las diferencias con Europa y sus instituciones, y asumir una posición nada verde en materia ambiental. Con lo cual, sumado a los ya mencionados Liberal Demócrata, Verde, Nacional Escocés y Plaid Cymru, ha conseguido sacar a la gente de los dilemas de siempre entre laboristas y conservadores.  

El espectáculo, a la hora del discurso del Rey, que tuvo lugar en estos días para abrir las sesiones del Parlamento y presentar el proyecto del gobierno para este tramo de legislatura, era el de dos partidos recién derrotados en las urnas, encerrados en el recinto que ocupa el parlamento desde 1512, hablando de las diferencias de sus proyectos, mientras afuera la mayoría de la gente acababa de votar de manera contundente por partidos diferentes. 

La vida política británica se desenvuelve hoy bajo la sombra creciente de una posible victoria de Reform UK en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2029. La pérdida de cientos de curules en las instancias locales y regionales se vino a sumar a la crisis que ya afectaba al gobierno del primer ministro Keir Starmer, que ha brillado en el panorama internacional pero ha tenido serios reveses en la política interna, que en todas partes es inclemente. 

Al jefe del gobierno se le ha acusado de amiguismo y falta de criterio con motivo de la designación del Lord Mandelson, cercano al infame pedófilo Epstein, como embajador en Washington, pero sobre todo se le ha calificado como “tibio” y poco inspirador, así como mal gerente de la acción del gobierno ante las angustias diarias de la gente. Algo impresentable en el seno de un partido que se reclama como el de las clases populares. 

Por un lado, crecen voces que piden el retiro inmediato de Starmer, como quien prescinde de un entrenador de la Premier League cuando pierde un partido. Por otro, resuenan las de quienes consideran que, en lugar de dedicarse al proceso de reemplazarlo por otro para que asuma el gobierno hasta 2029, el partido debería avanzar con toda energía en su proyecto. Y es que mal se podría esperar que cumplida menos de la mitad del tiempo del mandato ya se hubiera desarrollado todo el plan de gobierno y resuelto los problemas, en medio de una crisis histórica en la relación del Reino Unido con Europa y también con los Estados Unidos, además de una guerra en Ormuz que afecta la economía a escala mundial.

Ya se vio cómo, en su momento, el Partido Conservador se consumió a sí mismo a partir de las extravagancias de Boris Johnson, popular como pocos y juguetón por decir lo menos en el ejercicio del poder. Proceso que llevó al colapso de ese partido, después de “consumir” cuatro primeros ministros: Johnson, May, Truss y Sunak, enfrascado en luchas internas. 

Salga o no el laborismo de su crisis actual, lo que es relevante en el fondo es la crisis del bipartidismo británico, pues así como hay crisis en el partido de gobierno, el Conservador no se queda atrás, pues a juzgar por el resultado de las elecciones, sus credenciales como partido de oposición están en entredicho ante el empuje de la nueva primera fuerza de oposición en el país, que sería de hecho Reform UK.  

La incógnita de fondo es la forma en la cual Reform UK seguirá jugando con base en su avance de ahora y lo que sería capaz de hacer si asumiera la tarea de gobernar en 2029; o antes, si llega a haber elecciones generales anticipadas, haciendo a un lado a conservadores y laboristas. Incógnita válida, pues Reform suma su nombre a la lista de los partidos populistas de derecha, un poco “trumpistas”, que en uno y otro lugar de Europa siguen un modelo nacionalista, antiinmigración, anti-Unión Europea y antiglobalización. Aunque que buena parte de los sectores urbanos, empresariales y mejor educados, no están de acuerdo con el aislacionismo, como tampoco lo están los posibles separatistas de Escocia y Gales, que en un momento dado preferirían lanzarse al mundo por su cuenta. 

Asunto éste último de gran calado pues, con los resultados obtenidos en las recientes elecciones, los nacionalistas escoceses y galeses pueden ver al alcance de la mano un intento más de retiro del Reino Unido, que desbarataría una de las grandes potencias de los últimos siglos. Y todo esto, frente a dos partidos históricos debilitados ante el avance del populismo, puede llegar a ser la tormenta perfecta. 

Como lo habían previsto los sondeos de opinión, Reform UK, partido que apareció en escena en favor del Brexit y ahora centra su proyecto en castigar la inmigración y deportar a los ilegales, ocupó el primer lugar en las preferencias de los votantes y desplazó a conservadores y laboristas a lugares nunca vistos desde que comenzaron a alternarse en el poder a principios del Siglo XX. 

Además de Reform UK también avanzaron los liberales demócratas, así como los verdes. Y tanto el Partido Nacional en Escocia como Plaid Cymru en Gales, que avizoran la independencia de esos dos componentes del Reino Unido, se consolidaron en el dominio del respectivo escenario político. Así, son cinco las fuerzas que asedian a los partidos tradicionales y amenazan con introducir un cambio importante en la forma como funciona una de las democracias más antiguas del mundo. 

Desde el Siglo XVII, y hasta finalizar el XIX, Tories y Whigs representaban posiciones diferentes respecto de la primacía de la Corona o del Parlamento, consecuencia de una larga disputa con raíces profundas en la formación misma del conjunto de nacionalidades que hoy forman el Reino Unido y que en su momento animaron la expedición de la Magna Carta en 1215, y la Bill Of Rights en 1689. 

Al comenzar el Siglo XX los Tories derivaron en el Partido Conservador, defensor de la monarquía y la iglesia anglicana, y los Whigs en un Partido Liberal que más tarde desembocó en el socialdemócrata Partido Laborista, con tendencia a privilegiar el poder del parlamento. Hasta entrado el XXI, esos dos partidos se han alternado en el poder al ritmo que el electorado ha preferido hacer oscilar el péndulo. Con excepción de la explicable coincidencia en busca de la supervivencia nacional con motivo de la Segunda Guerra Mundial.

El bipartidismo se sostuvo en gran medida gracias a un modelo electoral que en cada circunscripción territorial le da el escaño correspondiente a quien obtenga el mayor número de votos. Es el famoso “first past the post”, conforme al cual el primero en votación se lleva todo. “Escrutinio mayoritario uninominal”, que condujo a que hubiera dos formaciones fuertes que se disputaban cada curul, sin dejar campo para aventuras de tercerías llamadas a fracasar. Nada de proporcionalidad. 

El asunto comenzó a cambiar 2010, cuando ninguno de los dos partidos tradicionales logró escaños suficientes para sostener un gobierno. Por lo cual el Partido Conservador, primero en los comicios, se alió con el Liberal Demócrata para reemplazar al laborista de Gordon Brown, sucesor de la “Tercera Vía” de Tony Blair. Alianza de centro y centro derecha que duró hasta 2015, cuando los conservadores obtuvieron de nuevo mayoría suficiente para gobernar por su cuenta.

En 2016, el conservador David Cameron, partidario de permanecer en la Unión Europea, convocó a consulta popular sobre un posible Brexit, para cumplir una promesa de campaña. Al girar la votación en torno a temas no tradicionales, resultó fácil apelar a argumentos falaces, como que la Gran Bretaña sostenía a la “perezosa Europa mediterránea”, para buscar el apoyo de los sectores sociales menos educados y más alejados de la liturgia de la vida política y de la economía internacional. Con el sorprendente resultado de la salida de la Unión, el correspondiente desacomode de todo tipo de asuntos y el comienzo de una etapa llena de incertidumbre que en realidad no ha terminado. 

Después de haberse retirado de la política, el promotor principal del Brexit, Nigel Farage, decidió retornar para encabezar un partido que, bajo el nombre de Reform UK, ha venido drenando no solo jefes políticos regionales y locales, sino un nuevo caudal de votantes que no se sienten cómodos ante la falta de respuestas a sus anhelos inmediatos por parte de los partidos tradicionales. 

Reform, teñido de populismo, y eficiente en la apelación a votar por asuntos de interés inmediato, predica una acción radical “animada por el sentido común”. Busca la desregulación de la vida de la gente y de las empresas, introducir elementos de índole privada en el manejo de la salud, fortalecer la soberanía nacional frente a la inmigración, deportar a los ilegales, acentuar las diferencias con Europa y sus instituciones, y asumir una posición nada verde en materia ambiental. Con lo cual, sumado a los ya mencionados Liberal Demócrata, Verde, Nacional Escocés y Plaid Cymru, ha conseguido sacar a la gente de los dilemas entre laboristas y conservadores.  

El espectáculo, a la hora del discurso del Rey, que tuvo lugar en estos días para abrir las sesiones del Parlamento y presentar el proyecto del gobierno de turno, en este caso el Laborista, era el de dos partidos recién derrotados en las urnas, que al mismo tiempo llenan la arrolladora mayoría de las curules, encerrados en el recinto parlamentario hablando de sus diferencias, mientras afuera la mayoría de la gente acababa de votar de manera contundente por partidos diferentes. 

La vida política británica se desenvuelve hoy bajo la sombra creciente de una posible victoria de Reform UK en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2029. La pérdida de cientos de curules en las instancias locales y regionales se vino a sumar a la crisis que ya afectaba al gobierno del primer ministro Keir Starmer, que ha brillado en el panorama internacional pero ha tenido serios reveces en la política interna, que en todas partes es inclemente. 

Al jefe del gobierno se le ha acusado de amiguero y falto de criterio con motivo de la designación del Lord Mandelson, amigo del infame pedófilo Epstein como embajador en Washington, pero sobre todo se le ha calificado como “tibio” y poco inspirador, así como mal gerente de la acción del gobierno ante las angustias diarias de la gente. Algo fácil de criticar en el seno de un partido que se reclama como el de las clases populares. 

Por un lado, crecen voces que piden el retiro inmediato de Starmer. Por otro, resuenan las de quienes consideran que, en lugar de dedicarse ahora al proceso de reemplazarlo por otro para que asuma el gobierno hasta el final del turno, que expira en las elecciones generales de 2029, el partido debería avanzar con entusiasmo en su proyecto. Esto último porque mal se podría esperar que cumplida menos de la mitad del tiempo del mandato ya se hubieren resuelto los problemas, con crisis en la ubicación del Reino Unido respecto de Europa y con Guerra de Estados Unidos contra Irán encima de todo, que afecta la economía a escala mundial.

Ya en su momento el Partido Conservador se consumió a sí mismo a partir de las extravagancias de Boris Johnson, popular como pocos, pero al tiempo juguetón, por decir lo menos, en el ejercicio del poder, cuando tenía en frente la responsabilidad de conducir al país en la pandemia y sobre todo sacar adelante en los mejores términos posibles una nueva versión de la Gran Bretaña, por fuera ya de la Unión Europea. Proceso que llevó al colapso de ese partido, después de consumir cuatro primeros ministros, Johnson, May, Truss y Sunak, enfrascado en luchas internas. 

Salga o no el laborismo de su crisis actual, lo que es relevante en el fondo es la crisis del bipartidismo británico, pues así como hay crisis en el partido de gobierno, enredado en la pelea por cambiar o no al primer ministro, como cambian a los entrenadores de la Premier League cuando pierden muchos juegos, el Conservador no se queda atrás, porque al paso que van las cosas, y para muchos ahora mismo, a juzgar por el resultado de las elecciones, sus credenciales como partido de oposición están en entredicho ante el empuje de la nueva primera fuerza de oposición en el país, que sería de hecho Reform UK.  

La incógnita de fondo es la forma en la cual Reform UK seguirá jugando con base en su tremendo avance de ahora y lo que sería capaz de hacer si asumiera la tarea de gobernar en 2029; o antes, si llega a haber elecciones generales anticipadas, haciendo a un lado a conservadores y laboristas. Incógnita válida, pues Reform suma su nombre a la lista de los partidos populistas de derecha “trumpistas”, que en uno y otro lugar de Europa siguen un modelo nacionalista, antiinmigración, anti-Unión Europea y antiglobalización. Con la adición de que buena parte de los sectores urbanos y empresariales no están muy de acuerdo con el aislacionismo, como no lo están tampoco los posibles separatistas de Escocia y Gales, que preferirían lanzarse al mundo por su cuenta.

Asunto éste último de gran calado pues, con los resultados obtenidos en las recientes elecciones, los nacionalistas escoceses y galeses pueden ver al alcance de la mano un intento más de retiro del Reino Unido, que desbarataría una de las grandes potencias de los últimos siglos. Y todo esto, frente a dos partidos históricos debilitados ante el avance del populismo, puede llegar a ser la tormenta perfecta. 

Si bien no existe tratado alguno que de manera expresa contenga los elementos y propósitos de dicha relación, existen factores históricos y culturales, así como diplomáticos, políticos y estratégicos, que han puesto a los dos países de un mismo lado frente al resto del mundo. Las dos partes comparten información secreta y elementos de tecnología militar, inclusive nuclear. Los británicos sirven de puente con Europa, aún después del Brexit. Los dos países votan fácilmente de acuerdo en escenarios multilaterales y resultan aliados con naturalidad en emprendimientos diplomáticos, políticos e inclusive militares. Todo lo cual se facilita por la identidad lingüística y la admiración mutua. 

El tono de la relación especial tenía que verse afectado por el modelo Trump de ejercicio del poder, según la idea imperial que tiene de su función como presidente, hacia adentro y hacia afuera de los Estados Unidos, con su estilo de gerente de negocios que se hacen o deshacen súbitamente, acompañados de fintas y maniobras de despiste magistrales.

La combinación de aspiraciones “disciplinarias” y económicas ha estado muy presente bajo Trump II en las relaciones de los Estados Unidos con Europa. En primer lugar, figuran las obligaciones de financiamiento de la OTAN, y luego los balances comerciales, que desea siempre sean ventajosos para su país, además de exigir total obsecuencia política y militar de sus socios, como en las guerras de Irak, cuando los europeos, y principalmente los británicos, corrieron a apoyar intervenciones de la Alianza Atlántica muy lejos del Atlántico Norte. 

Capítulo aparte merecen las diferencias entre los Estados Unidos y las antiguas potencias europeas en el caso de Ucrania, después del asalto perpetrado por Rusia. Asunto que el presidente ha visto como alejado de los intereses de su país, a pesar de lo cual prometió en su momento arreglarlo en cuestión de 24 horas, vencidas hace casi año y medio. 

Los británicos estuvieron presentes en la peregrinación de mandatarios hacia Washington en busca del favor del nuevo gobierno Trump, para no caer en la desgracia de ser objeto de decisiones adversas en materia de aranceles, y menos aún de resultar descalificados para efectos de apoyo diplomático o ayuda militar o de otra índole. 

Conociendo el talante del presidente, Sir Keir Starmer hizo gala de sus encantos, que funcionan más hacia fuera que hacia adentro del Reino Unido, y exhibió ostentoso la carta de invitación, forzada, suscrita por el rey, para que Trump hiciera una segunda visita de Estado a la Gran Bretaña. Oportunidad dorada para el presidente de emular con esa realeza que tanto admiran en su país y le permitiría lucir en todo su esplendor su condición de “el hombre más poderoso del mundo”.

Símbolo de las naciones británicas, el rey no tenía alternativa frente a la insinuación del gobierno laborista de cumplir la cita de reciprocidad de la visita del presidente, programada para mayo, antes de que se atravesara la guerra en el Golfo Pérsico. Aplazar la visita, después de que el presidente hubiese maltratado de palabra al primer ministro, habría ahondado la brecha diplomática y política recientemente surgida entre los dos países a raíz de que el gobierno británico no corrió, como Trump esperaba, a sumarse al ataque a Irán. 

Si existe jefe de Estado con preparación, vocación y experiencia en maniobras diplomáticas complicadas, es el rey Carlos III.  Preparado desde la infancia para el papel que llegó a cumplir después de los 70 años, Carlos asumió la delicada misión de ir a Washington a recomponer el contenido de la famosa “relación especial “, como parte de su oficio.

Conocedor de las ventajas emanadas de su experiencia en la navegación de aguas difíciles, y de su ascendiente en medio de políticos sedientos de realeza, Carlos se sintió seguro para decir en la lengua madre de las dos naciones toda una serie de cosas, bien dichas y leídas, con sus dotes de hombre de teatro.

Don Carlos fue amable y gracioso en una fiesta en los jardines de la embajada británica, generoso y agudo en la cena de gala en la Casa Blanca, y magistral ante la clase política reunida en el Congreso. Sus mensajes fueron claros y firmes, contundentes y precisos, envueltos en su particular acento real y con actitud de mensajero cercano, al punto que hicieron poner de pie para aplaudir a los congresistas de todas las tendencias, unos más sinceros que otros. 

El rey recordó que, a pesar de la consolidación de la independencia hace 250 años, y particularmente en el último siglo, los destinos del antiguo reino y la nueva república han estado unidos invariablemente por la búsqueda de uno unos mismos ideales, que no son otros que los de la democracia a la manera occidental, que tuvo en la Gran Bretaña, por lo menos desde 1689 expresiones de poder popular cada vez más amplias, a pesar de que siguió siendo una monarquía, solo que bajo las reglas de una diferencia nítida entre lo que es reinar y lo que es gobernar por mandato exclusivo del pueblo.  

Para deleite de quienes reclaman, desde el principio de la nueva administración republicana, el respeto cabal por el principio de equilibrio de poderes, heredado en los Estados Unidos de la Carta Magna británica, el rey subrayó las referencias que en los tribunales se han hecho a lo importante que resulta que el poder ejecutivo esté sujeto a controles y equilibrios. 

Resaltó igualmente la importancia de la defensa de Ucrania como ingrediente para la consecución de una paz justa y verdadera en Europa. Referencia que se interpretó como cordial crítica a la cercanía de la Casa Blanca de hoy con el Kremlin de Moscú, y la distancia establecida respecto del resto de los tradicionales aliados occidentales, entre otras respecto de la forma de obrar en el caso ucraniano. 

Para responder a los reclamos de Trump en contra de los aliados europeos que no le han acompañado en la guerra contra Irán, el rey recordó no solamente la acción conjunta en las dos guerras mundiales y la cooperación a lo largo de la Guerra Fría, sino la movilización generalizada con motivo de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la acción de las tropas de la OTAN en el conflicto afgano, donde Trump había dicho que se mantuvieron en la retaguardia como si fueran cobardes. Respaldo a la OTAN que el rey subrayó como una de sus causas, frente a un presidente que ha decidido atenuar al menos de palabra su compromiso con esa organización. 

Como quiera que para un rey británico resulta molesto que se menosprecie a la mítica Marina Real, donde han servido él y muchos miembros de su familia y en torno a cuyas hazañas existen leyendas nacionales, Carlos III no podía dejar de realzar la importancia de esa fuerza, respecto de la cual Trump, que no tiene formación militar ni naval, ha dicho que tiene “unas navecitas como de juguete”. 

Para calmar la angustia americana por tener que gastar en el sostenimiento de la OTAN, el rey habló, a nombre de su gobierno, de un proceso de renovación emprendido y afirmó que su país no pretende abusar de la relación especial con los Estados Unidos para que le financien sus batallas. 

El presidente pudo saber que la visita real fue programada por el gobierno de Keir Starmer, al que tanto ha criticado. Aclaración útil después de que, en entrevista con Sky News de Londres, Trump dijo ignorar que esas visitas son de iniciativa del gobierno, de manera que no valía la pena tratar de enemistar al rey con el primer ministro, en favor de la pretensión americana de entrar en alianza en la aventura del Golfo Pérsico. 

Todos estos tópicos, tratados con firmeza elegante y tono de maestro de buena escuela, contribuyeron por ahora a que los británicos se sientan satisfechos con la tarea cumplida por su monarca, que recibió las mejores calificaciones de propios y extraños.

Otra cosa será el tiempo que dure el remiendo de urgencia de la famosa “relación especial” cuyo contenido seguirá siendo incierto por la parte americana bajo un gobierno de habilidad inaudita para explicar las cosas en forma tal que aparente tener siempre de su parte no solo la razón sino el éxito. Gobierno que, por demás, como lo habría dicho hace unos meses en pequeña reunión el nuevo embajador del Reino Unido en Washington, Sir Christian Turner, parece haber abierto otra relación también especial con Israel, de manera que no existiría más la exclusividad británica. 

La misma señora, inquebrantable y sin estridencias, tuvo hace poco la audacia de disolver el parlamento y llamó a elecciones en busca de un apoyo más amplio que el obtenido cuando llegó a ser la primera mujer que, en una historia milenaria, ocupara la jefatura del gobierno en unas islas que por siglos dominaron hombres con espadas de samuráis.  

El resultado de los comicios no pudo ser más contundente, inédito y satisfactorio para su proyecto político. La obtención de la victoria electoral más contundente de la postguerra le permitirá velar con mayor solvencia por el avance vigoroso de la economía y del aparato administrativo del Estado, como responsabilidad de todo gobernante sensato. Además, como novedad, le permitirá eventualmente la introducción de reformas a una constitución que no ha sido modificada desde su expedición en 1947, porque los japoneses respetan a fondo su constitución y no se han tomado a juego su reforma conforme a caprichos de coyuntura de uno u otro jefe de gobierno. 

En vez de continuar la tradición de interpretaciones flexibles del texto del 47, salido de la pluma del General estadounidense Douglas MacArthur, vencedor de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi pretende en primer lugar introducir reformas en materia de defensa, para que su país cuente con capacidad bélica propia ante el resto del mundo, en condición diferente de la de protectorado estratégico de los Estados Unidos. 

También se propone introducir herramientas institucionales ahora inexistentes que le permitan al gobierno expedir decretos con fuerza de ley ante crisis de impacto colectivo y de diferente índole, como pandemias, desastres naturales e inclusive conflictos armados, mediante la declaración de estados de emergencia, sin aprobación parlamentaria previa. 

Además, ante las dificultades que se presentan en la sucesión dentro de la familia imperial por falta de herederos del sexo masculino, y para no abandonar el esquema milenario de existencia de un emperador como símbolo de la unidad nacional, se busca que miembros varones de antiguas ramificaciones del árbol de los emperadores recuperen el status de “nobles”, suprimido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y adquieran vocación de acceder eventualmente al trono.

Ninguno de los propósitos de reforma resultará fácil de manejar. El primero porque afecta el contexto estratégico de una región suficientemente candente con la presencia agresiva de la fuerza militar de Corea del Norte y la creciente actividad de China en todo el hemisferio, los inesperados cambios de actitud de los Estados Unidos frente a sus tradicionales aliados, y la necesidad de una abierta autonomía defensiva. El segundo, porque siempre habrá sospechas sobre la posible extralimitación de los gobiernos ante las emergencias, y el tercero porque, al adoptar el cambio propuesto, se cierra en pleno Siglo XXI la opción de que una mujer llegue al trono imperial.  

De todo esto, lo más relevante desde el punto de vista internacional es el asunto de un posible nuevo armamentismo japonés. Preocupación que no tardó en aparecer, con temores internos y externos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la Guerra Fría demostraron la inconveniencia de un Japón indefenso y sometido a depender integralmente de los Estados Unidos como garantes de la defensa y la integridad del archipiélago, con los costos económicos, estratégicos y políticos que ello implicaba. 

Entonces, sin cambiar la constitución, para no meterse en problemas, tradicionalmente se buscaron fórmulas pragmáticas para evadir la prohibición constitucional establecida en el Artículo 9 de la Carta, que dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales.” Y que: “Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.”

Para salirse del marco de esas prohibiciones, surgieron “interpretaciones flexibles” o “incrementales” de la constitución, orientadas a permitir, con aquiescencia de los Estados Unidos, la existencia de unas Fuerzas de Autodefensa. Opción que no ha dejado de producir una sensación de ambigüedad respecto de la prohibición constitucional y también un sentimiento de indefensión nacional, por el hecho de no contar abiertamente con fuerzas propias, ante las circunstancias cambiantes de la seguridad internacional en el Pacífico Noroccidental.  

La primera ministra propone añadir una cláusula al Artículo 9, por la cual se reconozca la existencia de las Fuerzas de Autodefensa Nacional, suficientemente capaces para la defensa del país, con lo cual se elimina la ambigüedad existente y se produce el efecto de contar con respaldo constitucional para una nueva política de defensa. Propuesta que algunos sectores parlamentarios consideran insuficiente, pues consideran que sería mejor eliminar la prohibición, para contar con una fuerza militar de verdad soberana. Mientras surgen también reclamos de pacifistas que prefieren seguir en la ambigüedad, que no ha dejado de dotar al país de unas poderosas fuerzas armadas, en lugar de aventurarse otra vez a un desarrollo militar que causaría alarma en el Pacífico y el Índico.

Las eventuales reformas de las instituciones japonesas implicarían el cierre de una época y la apertura de una nueva página. Eso es lo que ha planteado la primera ministra, que considera es tiempo de hacer algunos ajustes, sin estridencias, y sin exponer todo el cuerpo constitucional a la rebatiña de reformas sin límites, ni pies ni cabeza. Posición explicable porque, siendo admirable la estabilidad institucional provista por la Constitución de 1947, entre impuesta y adoptada en medio de la incertidumbre de la inmediata postguerra y el propósito de reconstruir un país desolado, hay una “marca de intervención extranjera” que no ha dejado de figurar como “sello de agua” del fondo de su texto y que suscita en ciertos sectores una buena dosis de vergüenza nacional. Marca que desaparecería en cuanto el país no continúe maniatado en materia de soberanía para su propia defensa. 

En ese orden de ideas, cualquier cambio constitucional representa, en una u otra proporción, un cambio en el tutelaje institucional establecido por MacArthur. Que curiosamente no fue el primer acto de intervención estadounidense en el destino del Japón, porque ya desde 1853 figura en la historia una relación Sui generis con los Estados Unidos, en términos de exigencias y concesiones, cuando los americanos enviaron una cuarta parte de su armada, bajo el mando del famoso Comodoro Perry, para obligar a Japón a abrir sus puertos en favor de pescadores y comerciantes de Estados Unidos, que hasta entonces apenas habían merodeado en la región en busca de ballenas. 

El Japón terminó entonces forzado a aceptar las exigencias formuladas, que a la postre resultaron trascendentales pues motivaron cambios tan importantes como la “Restauración Meiji”, que cambió dramáticamente el modelo encerrado del sistema Tokugawa, clásicamente feudal, en favor de uno unitario, y no solamente comenzó a abrir al Japón hacia el mundo, sino que permitió que se lanzara en una carrera de industrialización extraordinaria, que incluyó su propio desarrollo armamentístico.

Se estima que los amigos del Japón, comenzando por los Estados Unidos, verían con buenos ojos un nuevo marco para la defensa y el papel estratégico del Japón, a partir de las reformas planteadas. Esto porque implicaría la posibilidad de cumplir nuevos propósitos estratégicos y aliviaría los costos que la protección del archipiélago significa para sus aliados. 

Los países de la región, y en particular los que fueron objeto de agresión y ocupación japonesas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que son muchos e incluyen nada menos que a China y Corea del Norte, no verán los cambios con los mismos ojos. Les aterra la idea de un Japón eventualmente militarista, deseoso de jugar en el futuro otra ronda de esas que el sentido de los ciclos históricos puede llegar a propiciar en el momento menos pensado.

La casi octogenaria constitución japonesa del 1947, que reemplazó a la de 1889, tiene la particularidad de haber surgido de una iniciativa estadounidense que no pretendió instaurar un régimen presidencial sino uno parlamentario. A ello obligaba la preservación de la monarquía constitucional, así fuese con el emperador como símbolo de la unidad nacional, no ya como dios ni como representante vivo de dios en la tierra. 

La carta se ha sostenido a lo largo de 79 años, y las reformas que ahora se plantean tienen que ver con asuntos que verdaderamente merecen ser revisados. El de las fuerzas armadas, porque es de soberanía nacional. El de los poderes de emergencia, porque es una herramienta útil para la respuesta oportuna del gobierno ante amenazas súbitas e imprevisibles. Y el de la sucesión imperial, porque el país necesita garantizar la supervivencia de una tradición milenaria que juega un papel fundamental en el alma de la gente, sin perjuicio de que la opción que escojan sea una u otra.

La aprobación de la reforma se hará por la vía parlamentaria, sin acudir a inventar atajos al impulso de afanes políticos. Para ello se requiere de una mayoría de dos tercios en el parlamento, y después de mayoría simple en un referendo en el que pueden participar todos los ciudadanos. Nada de proyectos fascistoides, así sean de tinte rojo desteñido, como los que en otras épocas y lugares plantean cambios a la medida de quienes buscan usar el poder constituyente como un juguete para quedarse con un poder que justifique fechorías contra la democracia.

El eventual fin del “pacifismo de jure”, no solamente abriría una página nueva para el Japón, sino para el Asia y el resto del mundo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Alemania, aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también marcha, obligada por nuevas circunstancias, a jugar un papel cada vez más relevante en el contexto de la defensa europea. 

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno. 

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno.

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.