La disolución de la Unión Soviética, y luego la de Yugoslavia, han sido los cataclismos más recientes con efectos dramáticos en la distribución interna del mapa europeo. Y más allá de los cambios de fronteras, si se entra en el delicado terreno de las afiliaciones políticas, económicas y estratégicas, las cosas se hacen mucho más complejas. 

Así lo demuestra la desbandada del “Pacto de Varsovia”, que agrupaba a los países que política y militarmente estaban comprometidas, por la razón o la fuerza, con Rusia. Desbandada seguida de un afán irrefrenable de llegar cuanto antes, atraídos por nuevos paradigmas, a la “Organización del Tratado del Atlántico Norte”. Afiliación nueva que implicaba el correspondiente compromiso de defensa mutua con los Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos. 

Resulta explicable que semejante cambio fuese entendido por Rusia como amenaza que la llevó a reaccionar de manera violenta ante la inminencia de que pasara lo mismo con Ucrania, donde en el Siglo IX apareció la “Rus de Kiev”, predecesora de la de Moscú. 

Consecuencia todavía directa del colapso de la URSS, en el límite de los pueblos eslavos orientales con los rumanos de hoy, sucesores del Imperio Romano en la península balcánica, están por definirse los términos de un nuevo esquema político y cultural, que, como toda zona limítrofe entre culturas añejas, presenta zonas grises. 

Interpuesta entre Rumania y Ucrania está Moldavia, con una mayoría rumano parlante arrolladora, y con una comunidad de principios y valores rumanos que lograron superar la prueba del experimento comunista. Rumania como Estado independiente y Moldavia como República Soviética, parecen haber entendido que pueden transitar el resto del Siglo XXI de común acuerdo. Por lo cual se habla inclusive de una posible unión formal entre los dos países. 

Maia Sandu, presidente de Moldavia, y Nicusor Dan, presidente de Rumania, parecen estar cada vez más de acuerdo en la posibilidad y la conveniencia de integrarse como un solo Estado. Así viajaron y se presentaron juntos a la reciente reunión de la Comunidad Política Europea. Acompañamiento de alto valor simbólico, y mensaje para propios y extraños sobre la tendencia que cada uno representa en la perspectiva de un futuro común. 

La idea de una posible unión de los dos países ha flotado en el ambiente de la opinión de ambas partes en el transcurso de la post Guerra Fría. Los argumentos en favor de ese propósito son abundantes y de suficiente profundidad histórica y cultural. El territorio de lo que hoy son dos países ha estado habitado por la misma etnia, descendiente del encuentro de los romanos con los dacios, que dio lugar a la demarcación de la provincia de Dacia, anexada por Trajano, que vino a ser un enclave latino en medio de los eslavos del norte y los del sur. 

De ahí que rumanos y moldavos hablen un mismo idioma, con lagunas de eslavos que en Moldavia hablan ruso. Otra cosa es la configuración política del territorio, que en la Edad Media se dividía en Valaquia, Moldavia y Transilvania, que se convirtió más tarde en el Principado de Moldavia, con sus fértiles tierras, todavía productoras de algunos de los mejores vinos del mundo, que fue repartido a principios del Siglo XIX entre el Imperio Ruso y el Otomano.

La idea de Rumania apareció hacia 1860, con la unión de Moldavia y Valaquia, y se consolidó después de la Primera Guerra Mundial con la entrada de Transilvania. Y las cosas llegaron a su máxima expresión cuando Besarabia y Bucovina se agregaron para formar el Reino de Rumania, que entró en la lista de reinos objeto de las manipulaciones que para la época tejían respecto de los Balcanes las grandes potencias europeas. 

Stalin y Hitler, en su pacto traicionero de 1940, decidieron que la Moldavia volviera a estar bajo el dominio ruso. Entonces Stalin creó la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania. Después de la segunda conflagración mundial, mientras Rumania pasó los años de la postguerra sumida en el experimento bestial del régimen de Ceausescu, que a nombre de la independencia nacional exprimió el cuerpo y el alma de su pueblo, Moldavia disfrutó de relativa autonomía, aunque en 1991 se aventuró a declarar su independencia de la Unión Soviética.

Es posible que esa independencia moldava se hubiera facilitado debido a su limitada significación dentro de la URSS y a su condición de país mayoritariamente no eslavo. No obstante, como las fronteras entre culturas son opacas y sensibles, enredadas en la vivencia de comunidades que se entrelazan con facilidad en algunos aspectos y mantienen diferencias en otros, como el idioma, resulta compleja la manera de conducir procesos políticos. 

La complejidad de una posible unión de Moldavia con Rumania presenta el ingrediente inquietante de la existencia de un grupo humano, en territorio moldavo, a lo largo de la mayor parte de la frontera con Ucrania, que ha intentado consolidar una república aparte. Es la región de Transnistria, es decir “la tierra más allá del río Dniester”, que formaba parte de la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia y ahora desearía hacer tolda aparte, afiliada a la Federación Rusa. 

La franja de Transnistria no tiene más de 200 kilómetros de largo y unos pocos de ancho, y tampoco pasa del 10% de la extensión de Moldavia. Su población apenas supera los 350.000 habitantes, que serían menos del 15% de la población de Moldavia. Y a su vez, un 29% de sus pobladores se identifican como rusos, el 28% como moldavos y el 23% como ucranianos. 

A pesar de que ningún país miembro de las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia, ha reconocido a Transnistria, la influencia y la presencia rusas son allí evidentes. De alguna manera, Rusia sabe que cuenta con una base importantísima de eventual lanzamiento de operaciones contra Ucrania, o más allá, desde el territorio de la pretendida república. No otra cosa se puede concluir cuando se visita la zona y ahí están los controles de fuerzas rusas en lo que sería la “frontera” con Moldavia.

Los promotores de la hasta ahora no reconocida “República Moldava de Transnistria” fueron jefes comunistas y ruso parlantes, temerosos de la eventual unión de Moldavia con Rumania a la caída de la Unión Soviética. En el año 1992 se presentaron combates entre los separatistas, apoyados por el 14º Ejército Ruso, y fuerzas de la nueva Moldavia independiente. La independencia “no cuajó” inclusive en la propia región tras el Dniéster y todo quedó en veremos, cuando en una reunión en Estambul, con gringos y todo a bordo, los rusos se comprometieron a retirar sus tropas, pero ahí las han dejado como asunto olvidado. 

Entretanto, Transnistria parece una pieza de museo de la era soviética. Hay un Consejo Supremo de 33 miembros, 29 de los cuales son del partido “Renovación”, que encarna los ideales de la república. El gobierno lo ejerce un “hombre fuerte”, Viktor Gushan, fundador del holding “Sheriff”, que monopoliza la mayor parte de los sectores de la economía. Los rumano parlantes deben usar el alfabeto cirílico para escribir en su idioma. El récord en materia de derechos humanos es precario y no existe libertad de prensa. 

A pesar de la existencia de ese asunto sin respuesta fácil, la tendencia a una eventual unificación ha dado muestras de florecer en Moldavia y Rumania, particularmente a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania, cuyos ecos se sienten físicamente en ambos países, que tienen frontera con el país agredido. Aunque todavía el 47% de los moldavos no está de acuerdo con la idea de unirse a Rumania, un 42%. la apoya firmemente. Mientras en Rumania más del 70% de los ciudadanos están de acuerdo. Claro: más territorio, más poder, más recursos de una zona de gente pobre sobre un paraíso que se han disputado todos los imperios. 

Lo interesante es que ya se está presentando una especie de unión de hecho. Esto debido a que al menos un tercio de la población de Moldavia tiene también ciudadanía rumana y vota en las elecciones de ambos países. En particular, esos votantes moldavos ayudaron al triunfo de Nicusor Dan, hoy presidente, en la elección de 2025. Rumania es de lejos el socio comercial más importante de Moldavia, y a los dos países les unen necesidades parecidas en diferentes materias, como la ambiental y la energética. 

Los sindicatos de los dos países han exigido que se avance en la reunificación. Claro, más masa sindical y mayor capacidad de negociación dentro de un sistema como el rumano, entregado con entusiasmo febril al modelo capitalista, como en una especie de venganza después de las penurias inauditas de la era de Ceausescu, de las que pueden dar noticia principalmente las generaciones que la padecieron. 

La Unión Europea no vería con malos ojos la unificación, que de hecho llevaría a los moldavos a ser parte de la comunidad, sin pasar por el dispendioso proceso de admisión por su cuenta. Todo depende, dicen en Bruselas, de la autodeterminación de los pueblos. Así, la posición unionista de la presidente Sandu, que en virtud de su doble nacionalidad votó por el presidente Dan en 2025, encuentra hoy un ambiente favorable a su proyecto, aunque el asunto de Transnistria se atraviesa, y con ello los intereses rusos, en un momento de particulares tensiones en la Europa del Este. 

Seguramente los estudiosos tradicionales de cancillerías occidentales, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, conocen muy bien estas complejidades y advierten la forma como cada cambio del mapa europeo puede tener variadas implicaciones. No se sabe si quienes tocan al oído en la dirección de la política exterior de algunos países estén dispuestos a prestarles atención oportuna. 

Como lo habían previsto los sondeos de opinión, Reform UK, partido que apareció en escena en favor del Brexit y ahora centra su proyecto en castigar la inmigración y deportar a los ilegales, ocupó el primer lugar en las preferencias de los votantes y desplazó a conservadores y laboristas a lugares nunca vistos desde que comenzaron a alternarse en el poder a principios del Siglo XX. 

Además de Reform UK también avanzaron los liberales demócratas, así como los verdes. Y tanto el Partido Nacional en Escocia como Plaid Cymru en Gales, que avizoran la independencia de esos dos componentes del Reino Unido, se consolidaron en el dominio del respectivo escenario político. Así, son cinco las fuerzas que asedian a los partidos tradicionales y amenazan con introducir un cambio importante en la forma como funciona una de las democracias más antiguas del mundo. 

Desde el Siglo XVII, y hasta finalizar el XIX, Tories y Whigs representaban posiciones diferentes respecto de la primacía de la Corona o del Parlamento, consecuencia de una larga disputa con raíces profundas en la formación misma del conjunto de nacionalidades que hoy forman el Reino Unido y que en su momento animaron la expedición de la Magna Carta en 1215, y la Bill Of Rights en 1689. 

Al comenzar el Siglo XX los Tories derivaron en el Partido Conservador, defensor de la monarquía y la iglesia anglicana, y los Whigs en un Partido Liberal que más tarde desembocó en el socialdemócrata Partido Laborista, con tendencia a privilegiar el poder del parlamento. Hasta entrado el XXI, esos dos partidos se han alternado en el poder al ritmo que el electorado ha preferido hacer oscilar el péndulo. Con excepción de la explicable coincidencia destinada a sobrevivir la Segunda Guerra Mundial.

El bipartidismo se sostuvo en gran medida gracias a un modelo electoral que en cada circunscripción territorial le da el escaño correspondiente a quien obtenga el mayor número de votos. Es el famoso “first past the post”, conforme al cual el primero en votación se lleva todo. “Escrutinio mayoritario uninominal”, que condujo a que hubiera dos formaciones fuertes que se disputaban cada curul, sin dejar campo para aventuras de tercerías llamadas a fracasar. Nada de proporcionalidad. 

El asunto comenzó a cambiar 2010, cuando ninguno de los dos partidos tradicionales logró escaños suficientes para sostener un gobierno. Por lo cual el Partido Conservador, primero en los comicios, se alió con el Liberal Demócrata para reemplazar al laborista de Gordon Brown, sucesor de la “Tercera Vía” de Tony Blair. Alianza de centro y centro derecha que duró hasta 2015, cuando los conservadores obtuvieron de nuevo mayoría suficiente para gobernar por su cuenta.

En 2016, el conservador David Cameron, partidario de permanecer en la Unión Europea, convocó a consulta popular sobre un posible Brexit, para cumplir una promesa de campaña. Al girar la votación en torno a temas no tradicionales, resultó fácil apelar a argumentos falaces, como que la Gran Bretaña sostenía a la “perezosa Europa mediterránea”, para buscar el apoyo de los sectores sociales menos educados y más alejados de la liturgia de la vida política y de la economía internacional. Con el sorprendente resultado de la salida de la Unión, el correspondiente desacomode de todo tipo de asuntos y el comienzo de una etapa llena de incertidumbre que no ha terminado. 

Después de haberse retirado de la política, el promotor principal del Brexit, Nigel Farage, decidió retornar para encabezar un partido que, bajo el nombre de Reform UK, ha conquistado no solo jefes políticos regionales y locales, sino un nuevo caudal de votantes que no se sienten cómodos ante la falta de respuestas a sus anhelos inmediatos por parte de los partidos tradicionales. 

Reform, teñido de populismo, y eficiente en la apelación a votar por asuntos de interés inmediato, predica una acción radical “animada por el sentido común”. Busca la desregulación de la vida de la gente y de las empresas, introducir elementos de índole privada en el manejo de la salud, fortalecer la soberanía nacional frente a la inmigración, deportar a los ilegales, acentuar las diferencias con Europa y sus instituciones, y asumir una posición nada verde en materia ambiental. Con lo cual, sumado a los ya mencionados Liberal Demócrata, Verde, Nacional Escocés y Plaid Cymru, ha conseguido sacar a la gente de los dilemas de siempre entre laboristas y conservadores.  

El espectáculo, a la hora del discurso del Rey, que tuvo lugar en estos días para abrir las sesiones del Parlamento y presentar el proyecto del gobierno para este tramo de legislatura, era el de dos partidos recién derrotados en las urnas, encerrados en el recinto que ocupa el parlamento desde 1512, hablando de las diferencias de sus proyectos, mientras afuera la mayoría de la gente acababa de votar de manera contundente por partidos diferentes. 

La vida política británica se desenvuelve hoy bajo la sombra creciente de una posible victoria de Reform UK en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2029. La pérdida de cientos de curules en las instancias locales y regionales se vino a sumar a la crisis que ya afectaba al gobierno del primer ministro Keir Starmer, que ha brillado en el panorama internacional pero ha tenido serios reveses en la política interna, que en todas partes es inclemente. 

Al jefe del gobierno se le ha acusado de amiguismo y falta de criterio con motivo de la designación del Lord Mandelson, cercano al infame pedófilo Epstein, como embajador en Washington, pero sobre todo se le ha calificado como “tibio” y poco inspirador, así como mal gerente de la acción del gobierno ante las angustias diarias de la gente. Algo impresentable en el seno de un partido que se reclama como el de las clases populares. 

Por un lado, crecen voces que piden el retiro inmediato de Starmer, como quien prescinde de un entrenador de la Premier League cuando pierde un partido. Por otro, resuenan las de quienes consideran que, en lugar de dedicarse al proceso de reemplazarlo por otro para que asuma el gobierno hasta 2029, el partido debería avanzar con toda energía en su proyecto. Y es que mal se podría esperar que cumplida menos de la mitad del tiempo del mandato ya se hubiera desarrollado todo el plan de gobierno y resuelto los problemas, en medio de una crisis histórica en la relación del Reino Unido con Europa y también con los Estados Unidos, además de una guerra en Ormuz que afecta la economía a escala mundial.

Ya se vio cómo, en su momento, el Partido Conservador se consumió a sí mismo a partir de las extravagancias de Boris Johnson, popular como pocos y juguetón por decir lo menos en el ejercicio del poder. Proceso que llevó al colapso de ese partido, después de “consumir” cuatro primeros ministros: Johnson, May, Truss y Sunak, enfrascado en luchas internas. 

Salga o no el laborismo de su crisis actual, lo que es relevante en el fondo es la crisis del bipartidismo británico, pues así como hay crisis en el partido de gobierno, el Conservador no se queda atrás, pues a juzgar por el resultado de las elecciones, sus credenciales como partido de oposición están en entredicho ante el empuje de la nueva primera fuerza de oposición en el país, que sería de hecho Reform UK.  

La incógnita de fondo es la forma en la cual Reform UK seguirá jugando con base en su avance de ahora y lo que sería capaz de hacer si asumiera la tarea de gobernar en 2029; o antes, si llega a haber elecciones generales anticipadas, haciendo a un lado a conservadores y laboristas. Incógnita válida, pues Reform suma su nombre a la lista de los partidos populistas de derecha, un poco “trumpistas”, que en uno y otro lugar de Europa siguen un modelo nacionalista, antiinmigración, anti-Unión Europea y antiglobalización. Aunque que buena parte de los sectores urbanos, empresariales y mejor educados, no están de acuerdo con el aislacionismo, como tampoco lo están los posibles separatistas de Escocia y Gales, que en un momento dado preferirían lanzarse al mundo por su cuenta. 

Asunto éste último de gran calado pues, con los resultados obtenidos en las recientes elecciones, los nacionalistas escoceses y galeses pueden ver al alcance de la mano un intento más de retiro del Reino Unido, que desbarataría una de las grandes potencias de los últimos siglos. Y todo esto, frente a dos partidos históricos debilitados ante el avance del populismo, puede llegar a ser la tormenta perfecta. 

Como lo habían previsto los sondeos de opinión, Reform UK, partido que apareció en escena en favor del Brexit y ahora centra su proyecto en castigar la inmigración y deportar a los ilegales, ocupó el primer lugar en las preferencias de los votantes y desplazó a conservadores y laboristas a lugares nunca vistos desde que comenzaron a alternarse en el poder a principios del Siglo XX. 

Además de Reform UK también avanzaron los liberales demócratas, así como los verdes. Y tanto el Partido Nacional en Escocia como Plaid Cymru en Gales, que avizoran la independencia de esos dos componentes del Reino Unido, se consolidaron en el dominio del respectivo escenario político. Así, son cinco las fuerzas que asedian a los partidos tradicionales y amenazan con introducir un cambio importante en la forma como funciona una de las democracias más antiguas del mundo. 

Desde el Siglo XVII, y hasta finalizar el XIX, Tories y Whigs representaban posiciones diferentes respecto de la primacía de la Corona o del Parlamento, consecuencia de una larga disputa con raíces profundas en la formación misma del conjunto de nacionalidades que hoy forman el Reino Unido y que en su momento animaron la expedición de la Magna Carta en 1215, y la Bill Of Rights en 1689. 

Al comenzar el Siglo XX los Tories derivaron en el Partido Conservador, defensor de la monarquía y la iglesia anglicana, y los Whigs en un Partido Liberal que más tarde desembocó en el socialdemócrata Partido Laborista, con tendencia a privilegiar el poder del parlamento. Hasta entrado el XXI, esos dos partidos se han alternado en el poder al ritmo que el electorado ha preferido hacer oscilar el péndulo. Con excepción de la explicable coincidencia en busca de la supervivencia nacional con motivo de la Segunda Guerra Mundial.

El bipartidismo se sostuvo en gran medida gracias a un modelo electoral que en cada circunscripción territorial le da el escaño correspondiente a quien obtenga el mayor número de votos. Es el famoso “first past the post”, conforme al cual el primero en votación se lleva todo. “Escrutinio mayoritario uninominal”, que condujo a que hubiera dos formaciones fuertes que se disputaban cada curul, sin dejar campo para aventuras de tercerías llamadas a fracasar. Nada de proporcionalidad. 

El asunto comenzó a cambiar 2010, cuando ninguno de los dos partidos tradicionales logró escaños suficientes para sostener un gobierno. Por lo cual el Partido Conservador, primero en los comicios, se alió con el Liberal Demócrata para reemplazar al laborista de Gordon Brown, sucesor de la “Tercera Vía” de Tony Blair. Alianza de centro y centro derecha que duró hasta 2015, cuando los conservadores obtuvieron de nuevo mayoría suficiente para gobernar por su cuenta.

En 2016, el conservador David Cameron, partidario de permanecer en la Unión Europea, convocó a consulta popular sobre un posible Brexit, para cumplir una promesa de campaña. Al girar la votación en torno a temas no tradicionales, resultó fácil apelar a argumentos falaces, como que la Gran Bretaña sostenía a la “perezosa Europa mediterránea”, para buscar el apoyo de los sectores sociales menos educados y más alejados de la liturgia de la vida política y de la economía internacional. Con el sorprendente resultado de la salida de la Unión, el correspondiente desacomode de todo tipo de asuntos y el comienzo de una etapa llena de incertidumbre que en realidad no ha terminado. 

Después de haberse retirado de la política, el promotor principal del Brexit, Nigel Farage, decidió retornar para encabezar un partido que, bajo el nombre de Reform UK, ha venido drenando no solo jefes políticos regionales y locales, sino un nuevo caudal de votantes que no se sienten cómodos ante la falta de respuestas a sus anhelos inmediatos por parte de los partidos tradicionales. 

Reform, teñido de populismo, y eficiente en la apelación a votar por asuntos de interés inmediato, predica una acción radical “animada por el sentido común”. Busca la desregulación de la vida de la gente y de las empresas, introducir elementos de índole privada en el manejo de la salud, fortalecer la soberanía nacional frente a la inmigración, deportar a los ilegales, acentuar las diferencias con Europa y sus instituciones, y asumir una posición nada verde en materia ambiental. Con lo cual, sumado a los ya mencionados Liberal Demócrata, Verde, Nacional Escocés y Plaid Cymru, ha conseguido sacar a la gente de los dilemas entre laboristas y conservadores.  

El espectáculo, a la hora del discurso del Rey, que tuvo lugar en estos días para abrir las sesiones del Parlamento y presentar el proyecto del gobierno de turno, en este caso el Laborista, era el de dos partidos recién derrotados en las urnas, que al mismo tiempo llenan la arrolladora mayoría de las curules, encerrados en el recinto parlamentario hablando de sus diferencias, mientras afuera la mayoría de la gente acababa de votar de manera contundente por partidos diferentes. 

La vida política británica se desenvuelve hoy bajo la sombra creciente de una posible victoria de Reform UK en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2029. La pérdida de cientos de curules en las instancias locales y regionales se vino a sumar a la crisis que ya afectaba al gobierno del primer ministro Keir Starmer, que ha brillado en el panorama internacional pero ha tenido serios reveces en la política interna, que en todas partes es inclemente. 

Al jefe del gobierno se le ha acusado de amiguero y falto de criterio con motivo de la designación del Lord Mandelson, amigo del infame pedófilo Epstein como embajador en Washington, pero sobre todo se le ha calificado como “tibio” y poco inspirador, así como mal gerente de la acción del gobierno ante las angustias diarias de la gente. Algo fácil de criticar en el seno de un partido que se reclama como el de las clases populares. 

Por un lado, crecen voces que piden el retiro inmediato de Starmer. Por otro, resuenan las de quienes consideran que, en lugar de dedicarse ahora al proceso de reemplazarlo por otro para que asuma el gobierno hasta el final del turno, que expira en las elecciones generales de 2029, el partido debería avanzar con entusiasmo en su proyecto. Esto último porque mal se podría esperar que cumplida menos de la mitad del tiempo del mandato ya se hubieren resuelto los problemas, con crisis en la ubicación del Reino Unido respecto de Europa y con Guerra de Estados Unidos contra Irán encima de todo, que afecta la economía a escala mundial.

Ya en su momento el Partido Conservador se consumió a sí mismo a partir de las extravagancias de Boris Johnson, popular como pocos, pero al tiempo juguetón, por decir lo menos, en el ejercicio del poder, cuando tenía en frente la responsabilidad de conducir al país en la pandemia y sobre todo sacar adelante en los mejores términos posibles una nueva versión de la Gran Bretaña, por fuera ya de la Unión Europea. Proceso que llevó al colapso de ese partido, después de consumir cuatro primeros ministros, Johnson, May, Truss y Sunak, enfrascado en luchas internas. 

Salga o no el laborismo de su crisis actual, lo que es relevante en el fondo es la crisis del bipartidismo británico, pues así como hay crisis en el partido de gobierno, enredado en la pelea por cambiar o no al primer ministro, como cambian a los entrenadores de la Premier League cuando pierden muchos juegos, el Conservador no se queda atrás, porque al paso que van las cosas, y para muchos ahora mismo, a juzgar por el resultado de las elecciones, sus credenciales como partido de oposición están en entredicho ante el empuje de la nueva primera fuerza de oposición en el país, que sería de hecho Reform UK.  

La incógnita de fondo es la forma en la cual Reform UK seguirá jugando con base en su tremendo avance de ahora y lo que sería capaz de hacer si asumiera la tarea de gobernar en 2029; o antes, si llega a haber elecciones generales anticipadas, haciendo a un lado a conservadores y laboristas. Incógnita válida, pues Reform suma su nombre a la lista de los partidos populistas de derecha “trumpistas”, que en uno y otro lugar de Europa siguen un modelo nacionalista, antiinmigración, anti-Unión Europea y antiglobalización. Con la adición de que buena parte de los sectores urbanos y empresariales no están muy de acuerdo con el aislacionismo, como no lo están tampoco los posibles separatistas de Escocia y Gales, que preferirían lanzarse al mundo por su cuenta.

Asunto éste último de gran calado pues, con los resultados obtenidos en las recientes elecciones, los nacionalistas escoceses y galeses pueden ver al alcance de la mano un intento más de retiro del Reino Unido, que desbarataría una de las grandes potencias de los últimos siglos. Y todo esto, frente a dos partidos históricos debilitados ante el avance del populismo, puede llegar a ser la tormenta perfecta. 

Si bien no existe tratado alguno que de manera expresa contenga los elementos y propósitos de dicha relación, existen factores históricos y culturales, así como diplomáticos, políticos y estratégicos, que han puesto a los dos países de un mismo lado frente al resto del mundo. Las dos partes comparten información secreta y elementos de tecnología militar, inclusive nuclear. Los británicos sirven de puente con Europa, aún después del Brexit. Los dos países votan fácilmente de acuerdo en escenarios multilaterales y resultan aliados con naturalidad en emprendimientos diplomáticos, políticos e inclusive militares. Todo lo cual se facilita por la identidad lingüística y la admiración mutua. 

El tono de la relación especial tenía que verse afectado por el modelo Trump de ejercicio del poder, según la idea imperial que tiene de su función como presidente, hacia adentro y hacia afuera de los Estados Unidos, con su estilo de gerente de negocios que se hacen o deshacen súbitamente, acompañados de fintas y maniobras de despiste magistrales.

La combinación de aspiraciones “disciplinarias” y económicas ha estado muy presente bajo Trump II en las relaciones de los Estados Unidos con Europa. En primer lugar, figuran las obligaciones de financiamiento de la OTAN, y luego los balances comerciales, que desea siempre sean ventajosos para su país, además de exigir total obsecuencia política y militar de sus socios, como en las guerras de Irak, cuando los europeos, y principalmente los británicos, corrieron a apoyar intervenciones de la Alianza Atlántica muy lejos del Atlántico Norte. 

Capítulo aparte merecen las diferencias entre los Estados Unidos y las antiguas potencias europeas en el caso de Ucrania, después del asalto perpetrado por Rusia. Asunto que el presidente ha visto como alejado de los intereses de su país, a pesar de lo cual prometió en su momento arreglarlo en cuestión de 24 horas, vencidas hace casi año y medio. 

Los británicos estuvieron presentes en la peregrinación de mandatarios hacia Washington en busca del favor del nuevo gobierno Trump, para no caer en la desgracia de ser objeto de decisiones adversas en materia de aranceles, y menos aún de resultar descalificados para efectos de apoyo diplomático o ayuda militar o de otra índole. 

Conociendo el talante del presidente, Sir Keir Starmer hizo gala de sus encantos, que funcionan más hacia fuera que hacia adentro del Reino Unido, y exhibió ostentoso la carta de invitación, forzada, suscrita por el rey, para que Trump hiciera una segunda visita de Estado a la Gran Bretaña. Oportunidad dorada para el presidente de emular con esa realeza que tanto admiran en su país y le permitiría lucir en todo su esplendor su condición de “el hombre más poderoso del mundo”.

Símbolo de las naciones británicas, el rey no tenía alternativa frente a la insinuación del gobierno laborista de cumplir la cita de reciprocidad de la visita del presidente, programada para mayo, antes de que se atravesara la guerra en el Golfo Pérsico. Aplazar la visita, después de que el presidente hubiese maltratado de palabra al primer ministro, habría ahondado la brecha diplomática y política recientemente surgida entre los dos países a raíz de que el gobierno británico no corrió, como Trump esperaba, a sumarse al ataque a Irán. 

Si existe jefe de Estado con preparación, vocación y experiencia en maniobras diplomáticas complicadas, es el rey Carlos III.  Preparado desde la infancia para el papel que llegó a cumplir después de los 70 años, Carlos asumió la delicada misión de ir a Washington a recomponer el contenido de la famosa “relación especial “, como parte de su oficio.

Conocedor de las ventajas emanadas de su experiencia en la navegación de aguas difíciles, y de su ascendiente en medio de políticos sedientos de realeza, Carlos se sintió seguro para decir en la lengua madre de las dos naciones toda una serie de cosas, bien dichas y leídas, con sus dotes de hombre de teatro.

Don Carlos fue amable y gracioso en una fiesta en los jardines de la embajada británica, generoso y agudo en la cena de gala en la Casa Blanca, y magistral ante la clase política reunida en el Congreso. Sus mensajes fueron claros y firmes, contundentes y precisos, envueltos en su particular acento real y con actitud de mensajero cercano, al punto que hicieron poner de pie para aplaudir a los congresistas de todas las tendencias, unos más sinceros que otros. 

El rey recordó que, a pesar de la consolidación de la independencia hace 250 años, y particularmente en el último siglo, los destinos del antiguo reino y la nueva república han estado unidos invariablemente por la búsqueda de uno unos mismos ideales, que no son otros que los de la democracia a la manera occidental, que tuvo en la Gran Bretaña, por lo menos desde 1689 expresiones de poder popular cada vez más amplias, a pesar de que siguió siendo una monarquía, solo que bajo las reglas de una diferencia nítida entre lo que es reinar y lo que es gobernar por mandato exclusivo del pueblo.  

Para deleite de quienes reclaman, desde el principio de la nueva administración republicana, el respeto cabal por el principio de equilibrio de poderes, heredado en los Estados Unidos de la Carta Magna británica, el rey subrayó las referencias que en los tribunales se han hecho a lo importante que resulta que el poder ejecutivo esté sujeto a controles y equilibrios. 

Resaltó igualmente la importancia de la defensa de Ucrania como ingrediente para la consecución de una paz justa y verdadera en Europa. Referencia que se interpretó como cordial crítica a la cercanía de la Casa Blanca de hoy con el Kremlin de Moscú, y la distancia establecida respecto del resto de los tradicionales aliados occidentales, entre otras respecto de la forma de obrar en el caso ucraniano. 

Para responder a los reclamos de Trump en contra de los aliados europeos que no le han acompañado en la guerra contra Irán, el rey recordó no solamente la acción conjunta en las dos guerras mundiales y la cooperación a lo largo de la Guerra Fría, sino la movilización generalizada con motivo de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la acción de las tropas de la OTAN en el conflicto afgano, donde Trump había dicho que se mantuvieron en la retaguardia como si fueran cobardes. Respaldo a la OTAN que el rey subrayó como una de sus causas, frente a un presidente que ha decidido atenuar al menos de palabra su compromiso con esa organización. 

Como quiera que para un rey británico resulta molesto que se menosprecie a la mítica Marina Real, donde han servido él y muchos miembros de su familia y en torno a cuyas hazañas existen leyendas nacionales, Carlos III no podía dejar de realzar la importancia de esa fuerza, respecto de la cual Trump, que no tiene formación militar ni naval, ha dicho que tiene “unas navecitas como de juguete”. 

Para calmar la angustia americana por tener que gastar en el sostenimiento de la OTAN, el rey habló, a nombre de su gobierno, de un proceso de renovación emprendido y afirmó que su país no pretende abusar de la relación especial con los Estados Unidos para que le financien sus batallas. 

El presidente pudo saber que la visita real fue programada por el gobierno de Keir Starmer, al que tanto ha criticado. Aclaración útil después de que, en entrevista con Sky News de Londres, Trump dijo ignorar que esas visitas son de iniciativa del gobierno, de manera que no valía la pena tratar de enemistar al rey con el primer ministro, en favor de la pretensión americana de entrar en alianza en la aventura del Golfo Pérsico. 

Todos estos tópicos, tratados con firmeza elegante y tono de maestro de buena escuela, contribuyeron por ahora a que los británicos se sientan satisfechos con la tarea cumplida por su monarca, que recibió las mejores calificaciones de propios y extraños.

Otra cosa será el tiempo que dure el remiendo de urgencia de la famosa “relación especial” cuyo contenido seguirá siendo incierto por la parte americana bajo un gobierno de habilidad inaudita para explicar las cosas en forma tal que aparente tener siempre de su parte no solo la razón sino el éxito. Gobierno que, por demás, como lo habría dicho hace unos meses en pequeña reunión el nuevo embajador del Reino Unido en Washington, Sir Christian Turner, parece haber abierto otra relación también especial con Israel, de manera que no existiría más la exclusividad británica. 

La misma señora, inquebrantable y sin estridencias, tuvo hace poco la audacia de disolver el parlamento y llamó a elecciones en busca de un apoyo más amplio que el obtenido cuando llegó a ser la primera mujer que, en una historia milenaria, ocupara la jefatura del gobierno en unas islas que por siglos dominaron hombres con espadas de samuráis.  

El resultado de los comicios no pudo ser más contundente, inédito y satisfactorio para su proyecto político. La obtención de la victoria electoral más contundente de la postguerra le permitirá velar con mayor solvencia por el avance vigoroso de la economía y del aparato administrativo del Estado, como responsabilidad de todo gobernante sensato. Además, como novedad, le permitirá eventualmente la introducción de reformas a una constitución que no ha sido modificada desde su expedición en 1947, porque los japoneses respetan a fondo su constitución y no se han tomado a juego su reforma conforme a caprichos de coyuntura de uno u otro jefe de gobierno. 

En vez de continuar la tradición de interpretaciones flexibles del texto del 47, salido de la pluma del General estadounidense Douglas MacArthur, vencedor de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi pretende en primer lugar introducir reformas en materia de defensa, para que su país cuente con capacidad bélica propia ante el resto del mundo, en condición diferente de la de protectorado estratégico de los Estados Unidos. 

También se propone introducir herramientas institucionales ahora inexistentes que le permitan al gobierno expedir decretos con fuerza de ley ante crisis de impacto colectivo y de diferente índole, como pandemias, desastres naturales e inclusive conflictos armados, mediante la declaración de estados de emergencia, sin aprobación parlamentaria previa. 

Además, ante las dificultades que se presentan en la sucesión dentro de la familia imperial por falta de herederos del sexo masculino, y para no abandonar el esquema milenario de existencia de un emperador como símbolo de la unidad nacional, se busca que miembros varones de antiguas ramificaciones del árbol de los emperadores recuperen el status de “nobles”, suprimido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y adquieran vocación de acceder eventualmente al trono.

Ninguno de los propósitos de reforma resultará fácil de manejar. El primero porque afecta el contexto estratégico de una región suficientemente candente con la presencia agresiva de la fuerza militar de Corea del Norte y la creciente actividad de China en todo el hemisferio, los inesperados cambios de actitud de los Estados Unidos frente a sus tradicionales aliados, y la necesidad de una abierta autonomía defensiva. El segundo, porque siempre habrá sospechas sobre la posible extralimitación de los gobiernos ante las emergencias, y el tercero porque, al adoptar el cambio propuesto, se cierra en pleno Siglo XXI la opción de que una mujer llegue al trono imperial.  

De todo esto, lo más relevante desde el punto de vista internacional es el asunto de un posible nuevo armamentismo japonés. Preocupación que no tardó en aparecer, con temores internos y externos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la Guerra Fría demostraron la inconveniencia de un Japón indefenso y sometido a depender integralmente de los Estados Unidos como garantes de la defensa y la integridad del archipiélago, con los costos económicos, estratégicos y políticos que ello implicaba. 

Entonces, sin cambiar la constitución, para no meterse en problemas, tradicionalmente se buscaron fórmulas pragmáticas para evadir la prohibición constitucional establecida en el Artículo 9 de la Carta, que dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales.” Y que: “Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.”

Para salirse del marco de esas prohibiciones, surgieron “interpretaciones flexibles” o “incrementales” de la constitución, orientadas a permitir, con aquiescencia de los Estados Unidos, la existencia de unas Fuerzas de Autodefensa. Opción que no ha dejado de producir una sensación de ambigüedad respecto de la prohibición constitucional y también un sentimiento de indefensión nacional, por el hecho de no contar abiertamente con fuerzas propias, ante las circunstancias cambiantes de la seguridad internacional en el Pacífico Noroccidental.  

La primera ministra propone añadir una cláusula al Artículo 9, por la cual se reconozca la existencia de las Fuerzas de Autodefensa Nacional, suficientemente capaces para la defensa del país, con lo cual se elimina la ambigüedad existente y se produce el efecto de contar con respaldo constitucional para una nueva política de defensa. Propuesta que algunos sectores parlamentarios consideran insuficiente, pues consideran que sería mejor eliminar la prohibición, para contar con una fuerza militar de verdad soberana. Mientras surgen también reclamos de pacifistas que prefieren seguir en la ambigüedad, que no ha dejado de dotar al país de unas poderosas fuerzas armadas, en lugar de aventurarse otra vez a un desarrollo militar que causaría alarma en el Pacífico y el Índico.

Las eventuales reformas de las instituciones japonesas implicarían el cierre de una época y la apertura de una nueva página. Eso es lo que ha planteado la primera ministra, que considera es tiempo de hacer algunos ajustes, sin estridencias, y sin exponer todo el cuerpo constitucional a la rebatiña de reformas sin límites, ni pies ni cabeza. Posición explicable porque, siendo admirable la estabilidad institucional provista por la Constitución de 1947, entre impuesta y adoptada en medio de la incertidumbre de la inmediata postguerra y el propósito de reconstruir un país desolado, hay una “marca de intervención extranjera” que no ha dejado de figurar como “sello de agua” del fondo de su texto y que suscita en ciertos sectores una buena dosis de vergüenza nacional. Marca que desaparecería en cuanto el país no continúe maniatado en materia de soberanía para su propia defensa. 

En ese orden de ideas, cualquier cambio constitucional representa, en una u otra proporción, un cambio en el tutelaje institucional establecido por MacArthur. Que curiosamente no fue el primer acto de intervención estadounidense en el destino del Japón, porque ya desde 1853 figura en la historia una relación Sui generis con los Estados Unidos, en términos de exigencias y concesiones, cuando los americanos enviaron una cuarta parte de su armada, bajo el mando del famoso Comodoro Perry, para obligar a Japón a abrir sus puertos en favor de pescadores y comerciantes de Estados Unidos, que hasta entonces apenas habían merodeado en la región en busca de ballenas. 

El Japón terminó entonces forzado a aceptar las exigencias formuladas, que a la postre resultaron trascendentales pues motivaron cambios tan importantes como la “Restauración Meiji”, que cambió dramáticamente el modelo encerrado del sistema Tokugawa, clásicamente feudal, en favor de uno unitario, y no solamente comenzó a abrir al Japón hacia el mundo, sino que permitió que se lanzara en una carrera de industrialización extraordinaria, que incluyó su propio desarrollo armamentístico.

Se estima que los amigos del Japón, comenzando por los Estados Unidos, verían con buenos ojos un nuevo marco para la defensa y el papel estratégico del Japón, a partir de las reformas planteadas. Esto porque implicaría la posibilidad de cumplir nuevos propósitos estratégicos y aliviaría los costos que la protección del archipiélago significa para sus aliados. 

Los países de la región, y en particular los que fueron objeto de agresión y ocupación japonesas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que son muchos e incluyen nada menos que a China y Corea del Norte, no verán los cambios con los mismos ojos. Les aterra la idea de un Japón eventualmente militarista, deseoso de jugar en el futuro otra ronda de esas que el sentido de los ciclos históricos puede llegar a propiciar en el momento menos pensado.

La casi octogenaria constitución japonesa del 1947, que reemplazó a la de 1889, tiene la particularidad de haber surgido de una iniciativa estadounidense que no pretendió instaurar un régimen presidencial sino uno parlamentario. A ello obligaba la preservación de la monarquía constitucional, así fuese con el emperador como símbolo de la unidad nacional, no ya como dios ni como representante vivo de dios en la tierra. 

La carta se ha sostenido a lo largo de 79 años, y las reformas que ahora se plantean tienen que ver con asuntos que verdaderamente merecen ser revisados. El de las fuerzas armadas, porque es de soberanía nacional. El de los poderes de emergencia, porque es una herramienta útil para la respuesta oportuna del gobierno ante amenazas súbitas e imprevisibles. Y el de la sucesión imperial, porque el país necesita garantizar la supervivencia de una tradición milenaria que juega un papel fundamental en el alma de la gente, sin perjuicio de que la opción que escojan sea una u otra.

La aprobación de la reforma se hará por la vía parlamentaria, sin acudir a inventar atajos al impulso de afanes políticos. Para ello se requiere de una mayoría de dos tercios en el parlamento, y después de mayoría simple en un referendo en el que pueden participar todos los ciudadanos. Nada de proyectos fascistoides, así sean de tinte rojo desteñido, como los que en otras épocas y lugares plantean cambios a la medida de quienes buscan usar el poder constituyente como un juguete para quedarse con un poder que justifique fechorías contra la democracia.

El eventual fin del “pacifismo de jure”, no solamente abriría una página nueva para el Japón, sino para el Asia y el resto del mundo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Alemania, aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también marcha, obligada por nuevas circunstancias, a jugar un papel cada vez más relevante en el contexto de la defensa europea. 

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno. 

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno.

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

Enviado desde el otro lado del Atlántico con la misión expresa de entrometerse en el proceso electoral en Hungría, el joven vicepresidente, que detesta a la Unión Europea, dijo en su discurso sin reato alguno e incurriendo en flagrante contradicción, que “Lo que ha pasado en este país, lo que ha ocurrido en medio de esta campaña electoral, es uno de los peores ejemplos de interferencia extranjera en elecciones que he visto o siquiera leído.”

Eso es exactamente lo que debía decirse más bien de la descarada interferencia extranjera representada en su propia presencia en Budapest y su llamada por teléfono a Trump, quien a su vez pidió abiertamente que los húngaros votaran por su amigo y muy admirado alfil Viktor Orbán, presunto animador de un “trumpismo” que “le cambiaría la cara a Europa” para transformarla en extensión y complemento de movimiento MAGA, ahora en el poder en los Estados Unidos.

La postura de un antieuropeísmo peregrino, y una interpretación muy rusa de la Guerra de Ucrania, no era compartida por la mayoría de los húngaros, mayoritariamente partidarios de la Unión Europea, que recuerdan la tragedia de las guerras del Siglo XX y la cruenta dominación soviética, que duró hasta los años 90 y tuvo como máximo incidente la revolución anticomunista de 1956, cuando intentaron, con Imre Nagy a la cabeza, establecer un sistema multipartidista y el retiro del país del Pacto de Varsovia.

La respuesta entonces fue la llegada de los tanques soviéticos a las calles de Budapest y otras ciudades, la muerte de miles de húngaros, la detención y asesinato posterior de Nagy y la entronización de János Kádár como líder pro soviético, con todo lo que ello vino a implicar hasta el momento del desmonte de la URSS a finales del Siglo XX. Experiencia de autoritarismo y populismo reflejados para muchos en actos de gobierno de Orbán, quien llegó al poder desde un ángulo político más bien liberal, para convertirse pronto, con proclamación reconocida, en caudillo “iliberal” y anti-Unión Europea, contra la corriente que había llevado a su país, salido de la órbita soviética, a afiliarse cuanto antes a la Europa Comunitaria y a la OTAN.

Dentro de esa oleada prooccidental, animada por el desmonte de la URSS y el fin de su dominación sobre Hungría, Viktor Orbán se hizo famoso con un discurso enardecido en el que el mensaje era muy claro y satisfactorio para los húngaros: Russians go Home! Llegado a la jefatura del gobierno por primera vez entre 1998 y 2002, propició nada menos que la adhesión de su país a la OTAN, gesto político y estratégico que rompía una tradición de muchos años de afiliación a la causa de Rusia en la Europa Oriental. Hasta ahí solo aplausos, motivados por su interpretación de causas comunes y un innegable carisma.

A su regreso al poder en 2010, para quedarse hasta la primavera de 2026, su tarea de gobernante poco a poco fue tomando una deriva de autoritarismo nacionalista, euroescéptico, pro ruso, “trumpista”, enfrentado al sistema judicial, contrario a las migraciones hacia la Unión Europea, las políticas de asilo de la Unión, los derechos de la comunidad LGTBQ y el matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta llegar a la proclamación de su interés en consolidar en Hungría una “democracia iliberal”. Aspectos que se apartaban de la forma de pensar de grupos significativos de ciudadanos interesados en avanzar a la carrera a engrosar la cauda del mundo occidental, lo más lejos posible de la represión de la era soviética.

Fueron numerosos los incidentes que Orbán protagonizó en el seno de la Unión Europea en contra de políticas comunitarias que contaban con el apoyo de todos los demás países miembros, y en no pocas ocasiones obró abiertamente al servicio de los intereses del Kremlin de Moscú, de donde surgieron acusaciones en el sentido de que Vladimir Vladimirovich había conseguido una silla en las mesas del poder occidental.

Bien incómodo resultó siempre, para los demás gobernantes de la Unión Europea, debatir asuntos relacionados con Rusia y Ucrania, migraciones y relaciones con los Estados Unidos, en presencia de alguien que mostraba tener más interés en el beneplácito de la Casa Blanca de Trump y el Kremlin de Putin.

Al mismo tiempo, cada día se hizo más difícil para la mayoría de los húngaros vivir bajo el dominio de un gobierno añejo, plagado de lugares comunes, contrario a la marcha del resto de Europa, irrespetuoso con la institucionalidad democrática interna y favorecedor de la corrupción, lo mismo que de una intervención extranjera como la de los rusos e inclusive los israelíes de Netanyahu y los americanos de Trump, que al final de la campaña se entrometieron en los asuntos internos para pedir abiertamente a los húngaros que votaran por su continuidad en el gobierno.

No obstante, “Russians Go Home” vino a ser ahora el grito en la voz de los opositores de Orbán con motivo del reciente resultado electoral y el triunfo de Péter Magyar que lo sacó de manera contundente del gobierno. Eso era lo que se escuchaba en las calles de la capital y en los puentes que sobre el Danubio unen a Buda con Pest. Grito que seguramente se repite en otras capitales europeas, cansadas de soportar el paseíto de siempre de un personaje que jamás vaciló en entorpecer propuestas comunes y de vociferar su rebeldía de ultra euroescepticismo frente a las instituciones comunitarias. Conducta que, en razón del derecho al veto que tiene todo país de la Unión, fácilmente entorpecía propósitos comunes.

Tanto Trump como Putin, que tuvieron hasta ahora en Orbán una especie de agente de sus intereses en el seno de la Unión Europea, se van a quedar por un tiempo sin el “estadista de talla mundial”, como lo llamaba Trump en su jerga de Mar a Lago, que pretende atribuirse la calificación de los gobernantes del mundo entero, y sin el comodín que tenía el Kremlin para obstaculizar las acciones, inclusive ya acordadas, de los europeos en cuanto a la guerra de Ucrania.

Zelensky y la señora Van Der Layen, a quienes la propaganda del jefe derrotado pintaba en las paredes de Budapest como titiriteros de Péter Magyar, seguramente van a encontrar en este último un jefe de gobierno más sensato y amigable respecto de los propósitos de la Unión y del manejo de las relaciones con Rusia, que debido a necesidades energéticas en todo caso obligan a los húngaros a la prudencia.

El resultado de las elecciones en Hungría, con el contundente triunfo de los opositores al gobierno, a pesar de la manipulación extrema de parte de un primer ministro que no ahorró esfuerzo por seguir en el poder, demuestra que los gobiernos de esa índole son derrotables cuando la ciudadanía tiene claro el propósito de cambiarlos y no se deja manipular ni cae en la trampa de nuevas promesas sobre lo que se prometió en falso o lo que se debió haber hecho y no se hizo. Nada de que “ahora sí se puede que avanzar en la misma dirección”.

Así se va engrosando la lista de los que, alucinados por el poder del que resultan investidos, se llegan a creer intérpretes únicos de la historia de sus naciones e indicadores de su destino, depredan las instituciones, y aspiran a perpetuarse en el poder, a nombre propio o ajeno, hasta que una ciudadanía, sensata y sensible políticamente, resuelve hacer uso de su soberanía y retirarlos en forma contundente de la cumbre en la que se habían atrincherado. Siendo todo esto apenas un episodio de la historia, porque nada está escrito para siempre.

Las huestes del Imperio Romano habían abandonado hacía poco Britannia, y el espacio estaba abierto para que los nuevos reinos anglosajones que se repartían el poder tomaran el camino de retorno al paganismo. Circunstancia que entendió Berta y lo mismo el Papa Gregorio I, llamado “el grande”, como oportunidad para acometer una tarea evangelizadora que el pontífice encomendó a Agustín, abad de un monasterio benedictino en Roma. Ese es el origen de “la silla de San Agustín” que después de 1400 años ha venido a ocupar una mujer, la arzobispa Sarah Mullally. 

Agustín, que según la estrategia del papa debía ir a Londres, prefirió quedarse en Kent, donde Berta y su esposo le ofrecieron tierra. Llegó con cuarenta monjes, construyó una abadía y desarrolló una admirable campaña de conversiones, hasta que fue designado por el Papa como Arzobispo de Canterbury en 597, con lo cual se abrió el camino a la tradición del cristianismo británico que llegó a ser tan importante como para convertirse desde entonces en aliado fundamental del poder político, particularmente a partir de la fundación de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, a instancias de Enrique VIII. 

Si bien hubo cristianos en las islas británicas desde el Siglo I, y sus creencias figuraban como una de las muchas que pululaban en comunidades todavía primitivas, la conversión de Æthelberht, a instancias de su mujer, fue un punto culminante en el rumbo que tomarían las cosas, pues ese primer rey convertido a la fe cristiana poco a poco se convirtió en ejemplo y referente para otros. El “secreto”, aunque parezca pagano y pragmático decirlo, es que la adopción del cristianismo llevaba la ventaja de imitar al emperador oriental Constantino, descubridor del poder de la integración de iglesia y Estado. 

A partir de entonces, la importancia de Canterbury fue definitiva en la evolución de la vida británica, y ello se manifestó en el desarrollo mismo de la lengua inglesa, lo mismo que en eventos y avances democráticos que vinieron a tener eco que todavía resuena en los más variados escenarios del mundo. Todo esto además de mantener una vigencia fundamental en el desarrollo de una organización religiosa que incluyó nada menos que la fundación de una iglesia propia, la anglicana.

El 29 de diciembre de 1170 Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue brutalmente asesinado por cuatro caballeros al servicio del Rey Enrique II en el interior de la catedral, después de haber reñido con el monarca, anteriormente su amigo, en cuanto a la supremacía de la autoridad real sobre la de la iglesia. Como suele suceder, quedó la duda de si los asesinos recibieron la orden de matar a Becket, o si le quitaron la vida como gesto exagerado de busca de privilegios del monarca. Lo cierto es que, desde entonces, Becket se convirtió en santo y el sitio de su asesinato en lugar de peregrinación con profundo sentimiento popular. 

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en 1215, jugó un papel importante en las negociaciones entre el Rey Juan y los barones, al punto que se dice ayudó a redactar nada menos que la Carta Magna, que vino a establecer el principio de que nadie está por encima de la ley, incluido el monarca. Fundamento de la futura democracia inglesa, anterior a las demás de occidente y sobreviviente a todas las vicisitudes de la historia interna e internacional, que no han sido pocas.  

Geoffrey Chaucer se instaló allí entre 1387 y 1400 para escribir sus 24 célebres Cuentos de Canterbury, que representaron la “liberación” de la lengua inglesa al adquirir su propia identidad literaria, separada del francés anglo-normando y del latín, de los cuáles conservó elementos embellecedores. Con ello contribuyó a que la lengua inglesa, con base en el londinense vernáculo, se popularizara ,y pudiera ser vehículo de comunicación de sutilezas, complejidades y expresiones poéticas.    

La ruptura con la Curia Romana, y con la autoridad de los papas en el Siglo XVI ha sido tal vez el hito más importante de la relevancia del arzobispado de Canterbury. Declarada la independencia de la Iglesia de Inglaterra, luego de los conocidos enfrentamientos del rey Enrique VIII con el papado de Roma, Thomas Cranmer se convirtió en el primer arzobispo de la nueva iglesia protestante, y en consecuencia tuvo a su cargo el diseño de The Book of Commmon Prayer, que marca la identidad del cristianismo anglicano.

Cuando la reina Mary I, católica, llamada por los británicos “Bloody Mary”, llegó al trono en 1553, se puso por oficio vengar a los autores y cómplices del divorcio de su padre Enrique VII con Catalina de Aragón, su madre, y de la apertura forzada a la reforma protestante en Inglaterra, según la conveniencia del monarca. Cranmer fue acusado de traición y herejía, pero fundamentalmente de la anulación del matrimonio de Enrique y Catalina, así como de la degradación de ésta última. Por lo cual terminó quemado vivo, a pesar de haber renegado varias veces por escrito de su fe protestante. Gesto del cual se arrepintió a la hora de morir, por lo cual puso su mano derecha a quemar primero que todo por haber firmado semejantes documentos. 

A partir de Cranmer se ha mantenido, con sede en Canterbury, una “sucesión apostólica” que otorga a quien ocupe la silla de San Agustín la calidad de “primus inter pares” en el mundo entero de la denominación anglicana, que se extiende a más de 160 países. Y desde el año 973 existe la tradición según la cual al arzobispo corresponde la coronación de los monarcas británicos. 

Esta es, con la mención de unos pocos hechos, la tradición que hereda y representa Dame Sarah Elisabeth Mullally, originalmente enfermera, casada con Eamonn, de quien tomó su apellido, madre de dos hijos, miembro de la Cámara de los Lores, anterior obispa de Londres, ahora arzobispa de Canterbury y por lo tanto suprema referente de la Iglesia Anglicana para el mundo entero. Desde ahora, eso sí, bajo el patronazgo del Rey Carlos III, estandarte y protector de la Iglesia Anglicana. 

La selección de Sarah se desarrolló a lo largo de un proceso complejo, que tomó más de un año a partir de la renuncia del arzobispo Justin Welby, quien dejó el cargo en noviembre de 2024 por no haber actuado con suficiente diligencia frente al abuso de niños por parte de un amigo suyo. Así quiso evitar que se mancharan el prestigio y la autoridad que deben caracterizar a quien ostente el arzobispado. Renuncia sin precedentes en 1427 años, que demuestra encomiable celo por la preservación de la rectitud en el ejercicio de funciones de alta responsabilidad pública. Nada de “aquí me quedo”.

Antes de convertirse en la persona que ostenta, por centésima sexta vez el arzobispado, y hasta su ascenso en Canterbury, Sarah Mullally continuó ejerciendo como obispa de Londres. La escogencia estuvo a cargo de un comité de 17 personas, presidido por Lord Evans de Weardale, antiguo jefe del espionaje, cinco miembros no ingleses, entre ellos un arzobispo palestino, un ingeniero argentino y un profesor ghanés, seis representantes del Sínodo General de la Iglesia, tres de la Diócesis de Canterbury y dos del obispado de Norwich. Asistieron además dos miembros sin voto.

La comisión abandonó la tradición de que los candidatos fuesen blancos, graduados de Oxford o Cambridge, del género masculino, y procedentes del sureste de Inglaterra. La escogida, que por primera vez no estudió ni en Oxford ni en Cambridge sino en una universidad discreta del sur de Londres, fue puesta a consideración del primer ministro, quien recomendó al rey su nombramiento. Luego de lo cual vino la ceremonia de confirmación de la elección en reunión secreta en Canterbury, la confirmación pública de la elección en la Catedral de San Pablo de Londres y finalmente la entronización en la catedral de su ejercicio como arzobispa de ahora en adelante.

La ascensión de la arzobispa no estuvo libre de controversias y dificultades, y existen todavía elementos que ponen a prueba la aceptación profunda de su presencia y su condición de primus inter pares en el variado mundo de una iglesia que no limita su presencia a las islas británicas. Su condición de mujer, aceptada con entusiasmo por algunos sectores, no es vista con los mismos ojos en otros, y su talante liberal y abierto a una interpretación no restringida de la fe cristiana y más bien inclusiva y permisiva respecto de asuntos como las uniones homosexuales, estarán en adelante a prueba frente a las vicisitudes de su ejercicio.

Por ahora, no deja de ser un acontecimiento loable el relevo en el cumplimiento de funciones tan importantes reservadas hasta aquí a los hombres, que han producido suficientes altibajos como para que sea sano dejar instituciones de alta trascendencia en manos de mujeres virtuosas. En eso va la tradición instalada hace 1429 años por Berta, pionera del cristianismo británico. 

Conmovido, como corresponde a un presidente que ejerce la obligación de representar el sentimiento de propios y extraños ante la desaparición de una figura pública, Emmanuel Macron asistió a la ceremonia que, en la Esplanada de Los Inválidos, tuvo lugar en homenaje póstumo a Lionel Jospin.

Como si el presidente Macron hubiera vuelto a sus raíces, ya que fue militante del Partido Socialista Francés antes de organizar su propio partido, y en todo caso como intérprete de los sentimientos de la militancia antigua y nueva de ese partido, dio lectura emocionada a un discurso conmovedor que repasó la trayectoria de Jospin y subrayó las características principales de su legado.

Con sorprendente familiaridad, Macron recordó la condición calvinista de Jospin, su exquisita formación, su temprana militancia en el Partido Socialista, las tareas cumplidas en el entorno inmediato de Francois Mitterrand, su participación en congresos definitivos del proyecto socialista, los ministerios que ocupó en el gobierno Rocard, la jefatura del partido, su actuación como miembro del Consejo Constitucional, su jefatura del gobierno en cohabitación, sus candidaturas presidenciales y su retiro en dignidad de la vida pública.

El protagonismo propio de Jospin vino a ser realidad luego de la desaparición de su maestro Francois Mitterrand. Como era previsible, 14 años de omnipresencia de un presidente socialista, elegido según la constitución gaullista dos veces seguidas para períodos de siete años, habían llevado el péndulo en una dirección que tenía que cambiar. En ese orden de ideas, la previsible derrota socialista de 1993 debía conducir a una profunda reflexión sobre el futuro del partido.

Lionel Jospin estuvo al frente de una travesía por el desierto durante la cual su partido tenía que reflexionar sobre los éxitos y las equivocaciones de la era Mitterrand, para salir a proponer cosas nuevas y pertinentes, con la mirada puesta en el remate del siglo y el comienzo de un nuevo milenio. Ese fue el origen de las propuestas de la “Izquierda Plural”, libre de dogmas derrotados por la experiencia, como aquel de la indispensable supremacía del Estado en la administración de la mayor cantidad de emprendimientos de significación para los ciudadanos.

En esa izquierda plural, menos ortodoxa y más amplia, vinieron a caber miembros del desfalleciente partido comunista lo mismo que del naciente de los verdes, engrosado con los que pasaron de rojo a verde. Prueba de la pertinencia de esa transición programática vino a ser el triunfo de retorno de la izquierda democrática con Jospin como portaestandarte, para protagonizar la cohabitación más larga de la Quinta República.

A lo largo de esa cohabitación, prolongada y estable, el presidente Chirac se ocupó exclusivamente de los asuntos de defensa y relaciones exteriores, mientras el primer ministro fue un verdadero jefe de gobierno. Así se pudo abrir paso el mandato programático de la nueva versión de la izquierda, que con Jospin a la cabeza introdujo reformas como la reducción de la jornada laboral, para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la cobertura en salud para ciudadanos de menores recursos económicos comprobados, y el famoso PACS, Pacto Civil de Solidaridad, destinado a formalizar la unión de personas del mismo sexo, aprovechado más tarde por no homosexuales en busca de formalización de su vínculo como sucedáneo del matrimonio.

Se dice en Francia que Jospin privatizó más empresas públicas que los gobiernos de la derecha. En la lista figuran entre otras Air France, Thomson Multimédia, AGF, Credit Lyonnais, France Telecom y Aérospatiale-Matra. También figuran rebajas de impuestos que serían más bien propias de gobiernos de derecha tradicional.

El sello de esa nueva izquierda no llevaba ya la marca del culto al Estado como el gran emprendedor y gerente de asuntos que podían estar en manos del sector privado. De manera que ya no se le concebía como garante a ultranza de beneficios para quienes no tuviesen voluntad o vocación de abrirse paso dentro del modo de producción capitalista, contagiados por el virus retrógrado de un peronismo a la francesa.

Semejante ruptura pragmática con los postulados estatistas que en su momento fueran paradigma romántico del Partido Socialista, no salió necesariamente de la traición a sus propias tradiciones o de una claudicación blandengue ante el empuje de otros partidos. Más bien salió del choque con la realidad a la hora del ejercicio del poder y de reacciones frente a los beneficios el Estado, no siempre con el espíritu constructivo esperado sino con el ánimo de vivir sabroso a costa del esfuerzo de otros, que si se sumaran a la misma causa producirían la ruina generalizada, como predijo el ideólogo socialista Jacques Attali, asesor inmediato de Mitterrand y tal vez la persona más sensata, ecuánime y realista de la izquierda democrática europea.

Sin desmontar el Estado de Bienestar en su versión original, los postulados del Partido Socialista comenzaron desde entonces a cambiar para dejarlo como protagonista de la atención de las “urgencias sociales” y la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos, comprometido con una “justicia fiscal” que exija contribuciones de solidaridad a los más poderosos de manera que sea posible financiar servicios como la salud y la educación, además de atender la causa de la defensa del ambiente y la transición hacia energías renovables.

Lionel Jospin recibió el bautismo de fuego de la derrota en su primer intento como candidato a la presidencia, cuando en las elecciones de 1995 obtuvo el primer lugar en la primera vuelta frente a una derecha dividida entre Chirac y Édouard Balladur, pero en la segunda vuelta perdió por estrecho margen. No obstante, su fortaleza política aumentó de manera que tan pronto como en 1997 su partido se impuso en las parlamentarias, de donde salió su obligación política de formar un gobierno en cohabitación con el propio Chirac.

En las elecciones de 2002 fue por segunda vez candidato presidencial. Como primer ministro en ejercicio, tuvo que afrontar críticas por su gestión cuando la discusión se centró en los problemas de la delincuencia creciente, y fue atacado por gente de su propio partido por su favorecimiento del libre mercado, de manera que tuvo que afrontar la competencia de candidatos socialistas radicales que le quitaron porciones del electorado, al punto que no alcanzó a clasificar para la segunda vuelta.

Ya se sabe que, ante la alternativa de elegir entre la continuación del desgastado Jacques Chirac y la entronización del campeón de la extrema derecha, Jean Marie Le Pen, los propios socialistas, como el resto de la izquierda, se vieron políticamente obligados a votar por Chirac, que obtuvo por esa vía, y contra todo pronóstico, un segundo mandato presidencial.

Sacado del juego en virtud de esa peculiar situación política, a las puertas de la presidencia, Lionel Jospin reconoció su derrota y se retiró de inmediato de la vida pública, en gesto y con actitud ejemplares de político de talla mayor, sereno y digno, sin síntomas de desespero ni venganza, y sin insistir en la búsqueda reiterada del poder. De manera que no pasó a la lista de quienes toman por oficio ser siempre candidatos como resultado del enamoramiento platónico del poder.

Desde entonces cumplió a cabalidad con la regla de oro de los retirados, que dejan atrás la edificación de su trayectoria pública para retomar los capítulos postpuestos de su realización personal, habiendo dado hasta el último de sus días muestras de una integridad que siempre le caracterizó y permitió la terminación de su vida como ejemplo de rectitud y coherencia, conforme a principios éticos y morales que jamás abandonó. Así lo tiene que reconocer el juicio de la posteridad. Y así deberíamos exigir que se comporten, con integridad, los políticos de actualidad.