Salvo los de América Latina, pocos países tienen una cercanía tan manifiesta como Canadá y los Estados Unidos. Siendo Canadá más extenso, comparte con los Estados Unidos un bloque continental que va del Atlántico al Pacífico, con una frontera no militarizada de cerca de 9.000 kilómetros que facilita una relación comercial e industrial fluida, así como el manejo compartido de ecosistemas significativos.

A lo anterior hay que sumar una trayectoria de inmigración de procedencia e índole similar que consolida una cercanía difícil de revocar, y que encuentra en la lengua y la procedencia del Imperio Británico, salvo la Provincia de Quebec, elementos culturales de una armonía que hasta ahora no había producido sino solidaridad y cuya depredación no figuraba ni en pesadillas. 

Canadá y los Estados Unidos pasaron como un solo bloque vicisitudes de la vida internacional como las dos guerras mundiales, y fueron considerados como un binomio natural, fortalecido con alianzas militares y acuerdos comerciales que se consideraron paradigma de confiabilidad. Entre otros el famoso acuerdo que vincula a esos dos países con México y que en su primer gobierno el presidente estadounidense consideró el mejor acuerdo de toda la historia.

Toda esa trayectoria, de varios siglos, resultó bajo amenaza hace apenas año y medio, cuando al presidente de los Estados Unidos se le ocurrió “innovar” en su segundo mandato mediante la sacralización de los aranceles como pilar de su propósito de hacer a su país “grande otra vez”. Lo sorprendente fue la aplicación de la estrategia, sin contemplaciones, al mejor aliado, más grande y entrelazado amigo, como es Canadá. 

De un tajo se desconocieron súbitamente la cercanía, la historia común, las similitudes, y la confianza. Entreverado en el sartal cotidiano de declaraciones sobre la forma en la que Trump deseaba que funcionase el mundo, bajo su dirección y como si fuera su derecho, expresó el propósito de que el Canadá pasara a ser un Estado más de los Estados Unidos de América. Para lo cual no vaciló en llamar “gobernador” al primer ministro del Canadá, que tiene como jefe del Estado al monarca británico. 

Fue algo tan peregrino que resultó siendo objeto de chistes, como sucede con esas cosas que, en medio de la euforia de disfrute del poder por un ego desmedido, dicen gobernantes celebrados por sus desvaríos. De manera que el proyecto se tomó como nueva expresión de folclor, sin caer en cuenta de su gravedad, pues era equivalente a la decisión de Rusia de tomarse Ucrania, o como si Pakistán anunciara el propósito de que la India se sumara a su territorio y a sus leyes como una provincia adicional. 

De esa talla ha sido desde un principio el asunto, pero nadie se atrevió a protestar, fuese por lo absurdo de la idea respecto del orden mundial, o por el temor de enemistarse con un gobernante que ejerce como empresario cabalgando a sus anchas en el poder político y anda con una bolsa de sanciones comerciales en la mano, listo a repartir premios o castigos según cálculos intuitivos.

Después de año y medio de negociaciones llenas de altibajos, anuncios y cambios de opinión, al terminar la tercera semana de agosto de 2026 el primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho que la guerra comercial con los Estados Unidos no ha sido iniciativa de su país, que fue agredido y tiene la obligación de defenderse. El presidente estadounidense, inventor de la idea de anexión y de la imposición de aranceles a manera de punición por no ver satisfecha su exigencia, dijo sin pudor alguno que “Canadá quiere todas las ventajas de Estado (de los Estados Unidos), sin ser uno de ellos”. 

Lo sorprendente es que Canadá, sin complejos, ha decidido responder punto a punto las medidas arancelarias impuestas como sanción por los Estados Unidos, con las que puede aplicar de su parte hacia productos estadounidenses, así se moleste quien considera que puede sancionar a los demás desde una posición de intocabilidad. De manera que la frontera dejará de ser la más célebre por su aparente inocuidad. “Ahora somos más fuertes que cuando Estados Unidos empezó esta guerra comercial. Más unidos, más decididos, más ambiciosos”, ha dicho Carney.

A ese paso, cuando alguien intente retomar desde la Casa Blanca el hilo de la historia y busque reconstruir los puentes que desde su creación unieron a los dos países, encontrará que el daño de ahora dejó profundas huellas en una relación de hermandad suprimida por la ambición unipersonal de un presidente con talante de conquistador digno de épocas remotas y de mejores causas.

Ya vendrán las cuentas de los efectos devastadores de la guerra comercial entre los países con la frontera más larga del mundo, que han tenido un comercio bilateral de grandes proporciones para satisfacer necesidades mutuas.  Entonces será posible apreciar el efecto de fortalecimiento del nacionalismo canadiense y la defensa de la condición anglo-francesa de ese país, desconocida por los Estados Unidos, con exigencias contra el uso de la lengua francesa. También se conocerá el resultado de la consulta popular que tendrá lugar en la Provincia de Alberta, donde no ha faltado quien proponga independencia respecto del Canadá, para perder la misma independencia de inmediato en favor de los Estados Unidos. 

En el panorama internacional se verán los frutos del replanteamiento político, diplomático y estratégico que se vio obligado a hacer Canadá, que con apoyo popular creciente busca consolidar nuevas alianzas y nuevas relaciones no solo intercontinentales sino americanas, comenzando con el refuerzo de la alianza con México, el otro gran protagonista de la vida norteamericana y de una realidad económica que involucra a los tres países que en su momento celebraron el cantado “gran acuerdo comercial más importante del mundo”. 

La ruptura comercial y política de hoy entre una superpotencia y un país que ha estado aparentemente a su sombra sin hacer alarde de su propia fuerza, suscita reflexiones sobre la forma que puede tomar el mundo en las próximas décadas. Los Estados Unidos son todavía una superpotencia económica, política, diplomática y militar, pero es evidente que, a pesar de las proclamas propagandísticas de su líder temporal, su forma misma de hacer las cosas produce más inquietudes y temores que seguridades no solo entre oponentes sino entre sus propios amigos y aliados. Y dudas crecientes sobre su peso en el mundo del futuro. 

Con la presidencia actual de los Estados Unidos se cierra un ciclo de la historia. Y ello es así porque la Casa Blanca se ha puesto por oficio disolver amistades y alianzas de la postguerra, que tanto poder llegaron a darles. Es el caso del debilitamiento político de la OTAN, a pesar de su justificado fortalecimiento financiero. También el de las relaciones con los países europeos, acostumbrados a confiar en la protección americana ahora llena de altibajos e incertidumbres. Y así se puede dar la vuelta al mundo, hasta llegar a Corea del Sur, que en estos días ha recibido el mensaje de la suspensión de ejercicios militares tradicionales y de la intención de reunirse con Corea del Norte. Para no hablar de las perplejidades derivadas de la guerra contra Irán, hasta ahora perdida en una seguidilla de declaraciones contradictorias que aplazan cualquier salida. 

La fractura norteamericana nos pone a pensar sobre la configuración del mundo del futuro, y en particular sobre el puesto que dentro de él nos pueda corresponder. El hecho de que Canadá haya sido tratada como lo ha sido hace pensar que, al menos en la era Trump, que no se sabe cuánto va a durar, los Estados Unidos se auto asignarán la atribución de tomar las grandes decisiones y esperarán que los demás, y con mayor razón los países de las Américas, acepten las tareas que les asignen. De manera que cualquier negociación con ellos será asimétrica y simbólica. 

El hecho de que, por ahora respecto del Canadá, la política estadounidense tenga, lo mismo que en cuanto a Groenlandia, aspiraciones territoriales, no deja de ser un anuncio preocupante. Lógica dentro de la cual la intervención y el control ambiguo de Venezuela no dejan de llevar un mensaje explícito de abiertas intenciones de dominio. 

Sería bueno darle una mirada al discurso de Mark Carney en el Foro de Davos del presente año. De allí pueden salir consideraciones ilustradas y pragmáticas sobre la manera como, sin necesidad de echar por el camino de rupturas brutales en el conjunto de las Américas, resulta posible y recomendable ampliar el espectro de las relaciones de los países americanos, todos, con los de otras regiones del mundo, para consolidar nuevas opciones de intercambio comercial y de acción política emancipada de ese bloque de autoritarismo internacional que pretende dividirse otra vez el mundo en áreas de influencia con fidelidades obligadas que solo benefician a imperios con ilusiones renacientes. 

La participación ciudadana llegaba entonces hasta la elección de concejales, que debían buscar acuerdos, muchas veces viciados, con alcaldes nombrados por los gobernadores, a su vez escogidos por el presidente de la república. Cada alcalde, de libre nombramiento y remoción, se dedicaba en medio de la incertidumbre de la duración de su mandato a improvisar acciones, y en batalla política desordenada trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera. Los ciudadanos observaban y, cuando más, se dedicaban a la intriga, directamente o a través de agentes políticos, para tramitar sus aspiraciones. 

La elección popular de alcaldes abrió las compuertas de la democracia en ese escenario de la vida cotidiana que es donde cada habitante del territorio se ubica respecto del Estado. Allí donde su voluntad se puede ver reflejada en decisiones concretas que tienen consecuencias inmediatas en materia de obras y servicios. Allí donde se ha de ejercer control directo sobre gobernantes que deben proponer y cumplir proyectos específicos de manejo de los asuntos locales en busca del bienestar de la comunidad. 

Cinco años más tarde, la Constitución de 1991 mantuvo esa conquista democrática y consagró además al municipio como la unidad fundamental de la organización política y territorial del Estado. Como tenemos un territorio enorme y además alojamos una geografía variada como ninguna, portadora de diversidad cultural incomparable, el asunto del manejo territorial ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestra trayectoria, desde antes de la disolución de la Gran Colombia. 

Las variaciones del reparto territorial, que se advierten en los mapas desde la primera fundación del Estado colombiano, reflejan el interés permanente por conciliar la extensión y variedad del territorio con las necesidades de su gobierno. De manera que allí se puede advertir una larga secuencia de altibajos, aciertos y equivocaciones, que demuestra a la vez la importancia de la materia y su condición de tarea inconclusa.  

Los Constituyentes de 1991, al ocuparse de la división institucional del territorio, establecieron cuatro tipos de entidades territoriales que son: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Conocedores de la conveniencia de agrupar algunas de esas entidades para mejorar la planeación, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente, el uso de los recursos y la prestación de servicios, abrieron la posibilidad de que, sin necesidad de reforma constitucional, pudiesen existir regiones y provincias. 

La región, como entidad territorial, comprendería los espacios de varios departamentos. La provincia comprendería varios municipios o territorios indígenas al interior de un departamento. En ambos casos, las reglas para la creación y funcionamiento de las nuevas entidades territoriales serían establecidas por la ley. 

Para desatar ese proceso se dedicó un artículo, el 306, a propiciar un paso inicial con la constitución de “regiones administrativas y de planeación” (RAP) con personería, para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. No serían todavía entidades territoriales, pero constituirían una instancia previa para llegar a serlo, cuando se expidiese la ley orgánica correspondiente, y luego, en cada caso, la ley de creación de la respectiva región. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definió las competencias de las RAP, y una ley de 2019, la 1962, vino a establecer las pautas administrativas y financieras que faciliten su transición hacia entidades territoriales. Todo estaría listo para dar ese paso.

En cuanto a las provincias, la Constitución no estableció un precepto equivalente al del Artículo 306, sino que dejó todo el tema a lo que prescribiere la ley. De manera que no se ha expedido una “Ley de Provincias”, equivalente a la de regiones de 2019.

Los avances en esta materia son menores y han tomado un camino diferente. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que tardó veinte años en ser expedida, abordó el tema de las provincias, pero lo incluyó dentro de un concepto amplio, denominado Esquemas de Asociación Territorial, con la idea de promover procesos asociativos entre entidades territoriales mediante alianzas estratégicas en favor de un desarrollo autónomo y sostenible. Dichos esquemas incluirían regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, “provincias administrativas y de planificación”, y asociaciones de municipios.

Fue esta la primera mención legal a las provincias, tema al que dedicó un artículo en el que repite la definición constitucional sobre las provincias y señala como objeto de ellas, todavía no entidades territoriales, el de coordinar la prestación de servicios, la ejecución de obras, y proyectos de desarrollo y gestión ambiental. Con la advertencia de que su financiamiento no genera cargos al presupuesto general de la nación, al sistema general de participaciones, ni al Sistema General de Regalías. 

Son numerosos los municipios del país que, al interior de uno u otro departamento, han decidido aprovechar los Esquemas de Asociación Territorial, en algunos casos bajo la denominación de “provincias administrativas y de planeación”. A pesar de todos esos avances, queda pendiente una discusión que aborde la manera en la que se ha de desarrollar la previsión constitucional de que haya provincias que sean de verdad entidades territoriales, objeto de descentralización, esto es de transferencia efectiva de poder político y autonomía fiscal y administrativa. 

Si se quiere fortalecer institucionalmente a la provincia, para que no dependa de la voluntad paternalista o del desprecio de uno u otro gobierno, es necesario producir una “ley de provincias”, que no es otra que ese estatuto básico que ordena el Artículo 321 de la Constitución Política.

El tema, por supuesto, es difícil y dispendioso de abordar. Pero no por ello se debe rehuir el diseño de un modelo adecuado de provincia como entidad territorial integrada por diferentes municipios, con sus complejidades y su riqueza urbano – rural, o territorios indígenas. El modelo ha de servir para dotar de recursos y adecuada dosis de autonomía administrativa y fiscal a pequeñas zonas del territorio que tengan características y necesidades comunes, como las de catastro y ordenamiento territorial.  

Será indispensable que esas nuevas entidades territoriales se integren adecuadamente al conjunto de nuestra organización territorial y que funcionen de manera armónica con municipios y departamentos. Su organización deberá ser sencilla y las exigencias de profesionalismo de sus contados funcionarios tendrán que ser elevadas. Podría haber un consejo provincial integrado por alcaldes ya elegidos y un gerente encargado de coordinar la ejecución de las decisiones que se tomen. El control de sus actividades ha de ser refinado para que no se conviertan en nuevos nidos de burocracia, corrupción y politiquería, sino en gestoras de un desarrollo sostenible, con participación ciudadana. 

En las campañas en busca del poder legislativo o ejecutivo no figuran temas como este, de vital importancia para el desarrollo democrático del país y la profundización de una descentralización del poder que nos libere del modelo clientelista de la vida política. Por lo cual sigue pendiente la deuda de introducir esos temas en la discusión política, y evitar que quede como letra muerta una más de tantas prescripciones constitucionales que, si se desarrollaran adecuadamente, darían como resultado la configuración de un país con una democracia cada vez más consolidada y profunda. 

El avance en el ordenamiento territorial, la coordinación de los procesos de desarrollo y protección ambiental, e inclusive la atención de necesidades como las derivadas de la reconstrucción de regiones enteras del territorio cuando se presentan catástrofes, encontrarían en la provincia, como entidad territorial, el complemento de la fuerza que proviene de la identidad colectiva de municipios vecinos, que ya en otras épocas de la vida nacional fortalecieron sentimientos de pertenencia y comunidad de propósitos de muchas generaciones. 

Es entendible que los sentimientos juveniles sean particularmente agudos cuando se trata de auscultar el futuro. A esas alturas de la vida cada quién está en la tarea de prever lo más que pueda y escoger entre los caminos que se abren en busca de uno u otro destino. Si bien ese ejercicio comienza en el seno de la familia, cuando se cuenta con el privilegio de tenerla, es de ahí hacia afuera, en los diversos escenarios de la educación, donde, a través del diálogo con amigos y maestros, y al observar el mundo, donde aparecen mejor dibujadas las opciones y abiertas o cerradas las exclusas para que las aspiraciones sean viables.

Esos escenarios “diversos” de la educación son los cientos de circunstancias de la vida cotidiana que llevan una carga educativa.  Carga de la cual en muchos casos son inconscientes quienes aprenden y quienes enseñan una u otra cosa con su experiencia y con su ejemplo.

El Estado, como árbitro y calificador de concursos para acceder a instancias educativas o de trabajo, debe obrar de manera impecable para garantizar justicia y mantener credibilidad. De manera que cualquier fisura en la seriedad de los concursos que organiza, sea para contratar o para que en cualquier escenario opere la meritocracia, no es un problema menor.

Aquellas sociedades en las que se vuelven parte del folclor las trampas en los concursos organizados por el Estado, sea para contratar obras, admitir personal a su servicio o marcar el acceso a instancias educativas, adquieren una infección que afecta una amplia variedad de aspectos de su vida, y cuya erradicación se tiene que convertir en prioridad.

En la India los concursos fueron considerados como el mecanismo ideal para contar con las personas mejor calificadas para entrar a las universidades o acceder al servicio público. Pasar el examen respectivo se convirtió en una tradición tanto regional como nacional, y el resultado de cada examen vino a ser determinante no solo de éxito o fracaso en el propósito inmediato de estudiar o trabajar, sino factor decisivo de vivir una u otra vida, o inclusive morir. Todo explicable cuando el examen venía a demostrar si quien participaba en las pruebas estaba a la altura de su aspiración, y siempre y cuando el puntaje obtenido fuese confiable.

El aseguramiento de un puesto en la administración pública es tan apetecido como fuente de trabajo e ingresos para toda una vida, que muchas personas, ante uno o dos fracasos, insisten en participar en los concursos con la esperanza de lograr sus anhelos, sobre la base de las experiencias anteriores.  

La anulación de un examen de acceso a estudios de medicina propició en junio pasado efectos devastadores y hasta una serie de suicidios entre los dos millones de candidatos frustrados en su aspiración, obligados a tomar nuevamente unas pruebas para las que se habían preparado meses y años enteros. Uno de los más de veinte suicidas fue Kahaan Patel, de 17 años, estudiante distinguido que saltó del balcón de su habitación familiar en un sexto piso.

La familia Patel se había movido a Ahmedabad, en Gujarat, para tomar impuso desde la base de un mejor colegio, de manera que los estudios de medicina del menor se convirtieron en sueño de toda la familia. Y así, en diferentes regiones, miles de familias adoptaron la causa de los estudios de sus hijos, cuando no la de acceder al servicio público, como medio de realización colectiva o ascenso social. Todo frustrado por la corrupción.

Ante una creciente protesta, con su oleada de suicidios, vino la infortunada, infame y despectiva reacción de un alto funcionario que no vaciló en llamar cucarachas a quienes protestaban por la irresponsabilidad en el manejo de los concursos. Con lo cual dio origen a que un ingenioso publicista satírico decidiera apelar a Instagram y convocar a la fundación del “Cockroach Janta Party”, o “partido popular de las cucarachas”, parodia de nombre cercano al Janata Party, a cargo del gobierno nacional.

En tiempo récord la idea tomó fuerza y miles de personas corrieron a manifestarse frente al Parlamento en Nueva Delhi y en otras ciudades del país. Pedían seriedad en los exámenes y la renuncia del ministro de educación, que por fin tuvo que salir. Algo que Narendra Modi no está acostumbrado a afrontar, dado el tono de su gobierno, que para manejar los problemas mezcla de manera experimentada las dosis necesarias de vinagre y miel.

El problema renace ahora ante la noticia de que la revelación de secretos de examen se ha presentado tres meses más tarde en el concurso para entrar al servicio civil en el Estado de Jharkhand. Miles de personas quedarían esperando para siempre sin poder entrar a la administración pública, mientras que otras accederían de una vez por el atajo de la corrupción.

Ante la reiteración del asunto, ha habido héroes populares en huelga de hambre. Rahul Gandhi, jefe de la oposición, fue con manifestantes hasta la puerta de la casa de Modi y se hizo arrestar, levantado de pies y manos, no sin antes haberse dejado maltratar, al tiempo que dejaba en el aire su necesaria proclama contra el gobierno, que forma parte de la campaña permanente de acción en busca de la recuperación del poder.

Como los problemas sociales no son aislados, hay otras causas que se pueden sumar a las defendidas hasta ahora por el “partido de las cucarachas”. Ahí cabe la lucha anticorrupción agitada en India en 2011, la acción antiviolencia sexual que ya tuvo apogeo en 2012, la situación de los campesinos pobres, y el repudio a la discriminación de la población musulmana que no se fue a Pakistán ni Bangladesh cuando se produjo la partición de la India británica.

Lo mismo que el gobierno indio, muchos otros han de asumir la responsabilidad de garantizar la completa seriedad de las pruebas de acceso a la educación superior y al servicio civil. No se trata de detalles menores del funcionamiento del Estado y de sus relaciones con la sociedad. De la confianza de los jóvenes en la seriedad de los concursos se derivan numerosos factores de viabilidad no solamente de un gobierno, que sería lo de menos, sino del conjunto del sistema político y social del país.

Los jóvenes tienen habilidad natural para vincular todo tipo de causas al momento de la vida por el que pasan ahora, afectado por su temor natural ante la perspectiva de las puertas cerradas hacia las opciones de educación, y aún más ante las oportunidades y obstáculos del empleo.

Siempre hay y debe haber campo en la sociedad para la rebeldía de los años juveniles. En cualquier contexto sería preocupante que no estuviera presente la fuerza cuestionadora de la juventud. Que nadie criticara desde la perspectiva de recién llegado la forma como se hacen las cosas, la organización de las ciudades y los países, lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos y, naturalmente, la manera como se trata a los jóvenes.

¡Ningunas cucarachas! No debe imperar el temor a que los muchachos protesten porque el mundo no es todavía como quisieran. De pronto los reclamos por ese mundo que para ellos aún no ha tomado forma, llevan la semilla de la sabiduría del futuro, que es la del progreso, ante el inminente relevo de generaciones que jamás se detendrá.  

La declaración de independencia de los Estados Unidos, como avance hacia un modelo de gobierno de estirpe democrática, ejerció influencia más allá de su geografía. Con el tiempo, entrelazados por elementos ideológicos y culturales, democracia y capitalismo se volvieron allí complementarios y expansivos. Los habitantes de ese país de inmigrantes en busca de la realización de un sueño, se llegaron a convencer de ser miembros de la nación más poderosa de la historia, aunque en su seno anidaran el racismo y todo tipo de discriminaciones y maniobras dedicadas a que la economía prevaleciera en el trámite de las relaciones sociales. 

Pasado el tiempo, después de los dolores de la guerra de independencia, el “gran acercamiento” de finales del Siglo XIX sirvió de base a una alianza incondicional con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Así el reencuentro de la antigua potencia colonial europea y la nueva superpotencia americana produjo resultados tan importantes como el refuerzo mutuo de las economías de ambas partes y la aparición de una alianza militar, política y estratégica, con primacía real de los Estados Unidos como la parte más grande y poderosa.  

Desde entonces, no hubo episodio de la vida internacional que no fuese asumido de manera solidaria por Londres y Washington. Solidaridad que pasó por momentos angostos con motivo de la Guerra de Vietnam, que los británicos apoyaron en el campo de la diplomacia, pero no quisieron hacerlo en el campo de batalla ante la impopularidad arrolladora de semejante aventura. Aunque los británicos resultaron más tarde apoyando despropósitos como el de la Guerra de Irak sobre la base falaz de la existencia de armas de destrucción masiva que décadas después de la catástrofe aún no han aparecido. 

El modelo de defensa conjunta de la OTAN parecía vitalicio, hasta que apareció, del lado americano, un presidente que comenzó por hacer exigencias, lógicas desde el punto de vista financiero, pero sorprendentes y tal vez contraproducentes bajo una mirada estrictamente estratégica. Todo con una actitud de arrogancia y menosprecio desde Washington, o mejor desde la Casa Blanca, hacia los hasta entonces entrañables aliados europeos, con exigencias de sumisión propias de un modelo de padrinazgo no solicitado y por demás molesto para naciones europeas que tuvieron que aprender, por las vías más difíciles, el valor de su libertad. 

El único estadista europeo con estatura suficiente para mirar varias décadas adelante fue el general De Gaulle, que propició la autonomía militar francesa respecto de los Estados Unidos, con la consideración de que en algún momento podría aparecer un presidente americano que no quisiera asumir los pesados compromisos de la defensa de Europa. Algo que los británicos no previeron en su momento y que ahora, con Donald Trump, se les vino encima y les tomó por sorpresa justo cuando su relación con el resto de Europa se había debilitado con el Brexit como nunca en tiempos modernos. Y cuando los frecuentes cambios de ocupante en 10 Downing Street introducen grandes dosis de incertidumbre sobre el futuro. 

A partir de este 20 de julio, la Gran Bretaña tendrá el séptimo primer ministro al cierre de la década desde la votación por el Brexit. Algo extraño a la tradición británica, no acostumbrada al espectáculo de gobiernos que vienen y van, y mucho menos a tener gobernantes que no llegan al cargo por elección popular sino en virtud de votaciones internas de los parlamentarios de uno u otro partido. Algo que deja un sabor a democracia incompleta.

Theresa May llegó al poder tras la caída de David por su derrota en la apuesta del Brexit. No fue elegida por el voto popular, pues el período del partido conservador no había expirado, sino por votación de los parlamentarios de su partido. Y cuando ella renunció en medio de las dificultades del Brexit, Boris Johnson llegó al poder también escogido por los parlamentarios conservadores, aunque más tarde ganó ampliamente unas elecciones, para caer un tiempo después en medio de sus escándalos y ser reemplazado por Elizabeth Truss, escogida sin votación popular, quien renunció muy pronto para dar paso a Rishi Sunak, igualmente elegido por los miembros de su partido en el parlamento. 

El turno de la renuncia fue ahora para Sir Keir Starmer, jefe laborista desde 2020 y primer ministro desde 2024, cuando obtuvo una victoria que le dio confortable mayoría parlamentaria. Solo que la gente se aburrió con la aparente frialdad de Sir Keir, algo explicable en esta época de exposición permanente de gobernantes no espectaculares a las crueldades de una opinión pública que ya no requiere de los medios de comunicación tradicionales para enterarse de las cosas y que encuentra en las “redes sociales” no solo elementos informativos de primera mano, sino un medio para expresar sus preocupaciones y sus quejas. 

La desazón de los sectores populares por el costo de vida se convirtió en la Gran Bretaña, donde la ciudadanía es políticamente alerta y activa, en elemento de desgaste prematuro de la imagen y la aceptación del primer ministro. Señal inequívoca de alerta fueron unas elecciones municipales desastrosas para el laborismo. Por lo cual los parlamentarios, que cuidan de sus jardines electorales y miran hacia la próxima elección, decidieron que era bueno echarlo a tiempo, para no lamentarse de una derrota, que consideraban segura, en los próximos comicios generales. Así castigaron además su falta de olfato en el manejo de asuntos como el del nombramiento de embajador en los Estados Unidos, aunque su figuración en el escenario internacional haya sido por demás decorosa. 

Ante la necesidad de un político más felino y capaz de mostrar resultados en materia de costo de vida y otros problemas inmediatos, la maniobra de los laboristas para tener nuevo primer ministro sin acudir a elecciones generales, debería figurar en las cartillas de ingeniería política. Los parlamentarios resolvieron que Andy Burnham, exitoso alcalde del Gran Mánchester, derrotado anteriormente en la carrera por la jefatura del partido, sería, ahora sí, el gallo para traer a Londres a ocupar la jefatura del gobierno. Solo que no era miembro del parlamento, condición indispensable de todo primer ministro. Por lo cual hicieron renunciar a un parlamentario, para que la curul quedara vacante. Así el alcalde, después de renunciar a su oficio, podía ser elegido, como lo fue, miembro del parlamento, y tendría el camino despejado para la jefatura del gobierno.

Andy Burnham, juicioso estudiante y graduado de literatura inglesa en Cambridge, algo inusual en la fauna política, asumió sin competencia y por unanimidad la jefatura del laborismo. Y a partir de ahora, previa autorización del rey, que es una formalidad, vendrá el reparto de ministerios, las comparecencias ante el parlamento, y el desfile de medidas para resolver problemas y ganar el favor popular. Además, claro está, deberá dirigir las maniobras de política exterior, con un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otro en la OTAN, uno más en el G7 y unas cuántas arandelas más en escenarios muy alejados de lo que haya podido ser la gestión de una alcaldía. 

Las relaciones con los demás países europeos estarán en lo más alto de la agenda. A ello obliga la trayectoria del apoyo sostenido del Reino Unido a la causa de Ucrania, la cercanía con Francia y Alemania, y el hecho de que a estas alturas dos tercios de los británicos consideran que lo del Brexit no fue una decisión adecuada. Con la seguridad de que esos sectores mayoritarios, y entre ellos los más dinámicos de la economía, así como los jóvenes, desean un nuevo acercamiento, y verían con buenos ojos un eventual retorno al seno de la Unión Europea. 

Curiosamente, tanto en su gestión interna como en la internacional, uno de los escollos más serios que deberá afrontar el nuevo primer ministro es el de la nueva relación con los Estados Unidos, afectada severamente por las variaciones de tono del presidente americano, que se atribuye facultades de inmiscuirse donde le da la gana y de reclamar, como si fuese obligatorio, el apoyo incondicional del mundo occidental en aventuras, como la del ataque a Irán, que emprende sin consultar con nadie. 

Con todo y eso, relacionarse en los mejores términos con el presidente de los Estados Unidos resulta obligatorio para cualquier gobernante británico. Entre otras cosas porque la relación bilateral no depende solamente de quiénes gobiernen, pues existen vínculos intensos, profundos y valiosos que la gente seria de lado y lado del Atlántico aprecia y desea mantener. A dura prueba estará sometido Burnham ante una contraparte que en Washington que se ha burlado de los portaviones británicos, obtenido de un amigo abyecto el retiro de una sanción de tarjeta roja en el Mundial de Fútbol, y apoyado la exhibición de un aviso de los jugadores de la Selección Argentina en el que les decían a los británicos que esas islas son argentinas. 

Las actuaciones del presidente de los Estados Unidos no han tenido en cuenta la famosa “relación especial” más que para los aspectos protocolarios de las manifestaciones de aprecio por la realeza. Por lo demás, en materia estratégica y de defensa no ha habido sino exigencias onerosas y políticamente difíciles de atender, formuladas con un tono de superioridad que pone a prueba cualquier paciencia. De manera que no solamente se enturbia el aire de las relaciones bilaterales, sino que se alimenta un distanciamiento que naturalmente debe conducir al nuevo primer ministro británico a defender a su país y acercarse al movimiento todavía imperceptible, pero creciente, de introducir cambios en el contenido de los vínculos transatlánticos. 

Para comenzar, y como quiera que el presidente americano suele hacer una especie de “examen” a cada líder nuevo que conoce, para clasificarlo en el escalafón de sus afectos y sus broncas, Burnham deberá obrar con extraordinario tino después de que Trump, que no es ni mucho menos Roosevelt, dijo que Starmer no era Churchill. Sin que sea prudente en este momento responderle lo que Sir Winston hubiera pensado de Donald como empresario habilidoso metido en aventuras políticas y militares de talla mundial.  

Conocedor experimentado de los bálsamos que mantienen satisfecho el ego del presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron se inventó la idea de invitarlo a un banquete en el Palacio de Versalles. Al tiempo que hacerle mantenimiento al ánimo de quien se cree presidente del mundo, le hizo notar, sin decir una palabra, la inigualable magnificencia de Versalles, y sus abismales diferencias respecto de Mar a Lago y del salón de baile con el que Donald Trump pretende inmortalizar su paso por la Casa Blanca. 

Abrumado por las nebulosas del conflicto con Irán, y en busca de arreglo urgente a ese lío al que lo empujaron y del cual no hay salida clara, Trump firmó en una mesa de Versalles un Memorando de Entendimiento que le pone un poco de orden a unas discusiones de futuro incierto. 

A pesar de las apariencias, el documento firmado es apenas un ejercicio de aproximación entre dos Estados que se ponen de acuerdo sobre la forma como podrían llegar a solucionar sus diferencias por la vía del diálogo. Se trata de una hoja de ruta que, si bien demuestra la voluntad de las partes de discutir en vez de darse cañonazos, no genera compromiso jurídico entre sus signatarios. En otras palabras: nos vamos a sentar a hablar, para ver si en un tiempo determinado podemos llegar a algún acuerdo. 

El 21 de junio, a pesar de ciertas dudas sobre la efectiva realización del encuentro, y arreglados problemas de protocolo, como que los iraníes no querían ser vistos junto a los americanos, comenzaron las nuevas conversaciones. El vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado de un socio de negocios inmobiliarios y del yerno del presidente, se sentaron en Buergenstock frente al ministro de relaciones exteriores de Irán. Con Pakistán como intermediario. 

A pesar de que Washington trató de vender el memorando, y las conversaciones, como un trofeo diplomático, queda por delante una agenda en la que ya no pueden figurar asuntos como el “cambio inmediato de régimen”, la “intervención en la escogencia de nuevo líder supremo de la revolución islámica”, la “rendición inmediata e incondicional”, y el “total desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán”, que al principio se plantearon con mucho ruido y jamás se pudieron conseguir. 

Excluidos esos fracasos, que se ocultan como si jamás hubieran existido, la idea es ahora ocuparse de las sanciones contra Irán, la situación en El Líbano con la presencia de Hezbollah, el apoyo a Hamas en Gaza y a los hutíes de Yemen, la navegación por el Estrecho de Ormuz, y los límites al armamentismo iraní, además de la distensión en todo el Golfo Pérsico. 

El hecho de emprender ahora conversaciones demuestra que Irán soportó la política de máxima presión, que combinaba las tradicionales sanciones en su contra con un inclemente ataque militar en asocio de Israel, y que, además, tuvo manera de responder con misiles y drones, y desacomodar la situación de los socios de Estados Unidos en la región. Además de golpear bases americanas, que sirvieron de muy poco a la hora de defender a sus propios aliados.

En materia nuclear, Irán ha anunciado la suspensión de actividades de enriquecimiento de material nuclear mientras duren las conversaciones. Quedó claro que no era cierto que sus stocks de material nuclear serían entregados a los Estados Unidos. Además, se reiteró la “inexactitud” del pomposo anuncio de que las instalaciones nucleares iraníes habían sido “obliteradas” en junio del año pasado. Y no está para nada claro qué sucedería en esa materia si las conversaciones llegan a colapsar.  

Quedaron liberados, de entrada, 300 billones de dólares iraníes que estaban retenidos en el sistema bancario internacional. Su liberación constituye un triunfo para el gobierno islámico, que puede destinar esos fondos a la reconstrucción de su infraestructura, el restablecimiento de sus líneas de suministro, el alivio de las condiciones de vida de la gente, afectadas por años de aislamiento, y el fortalecimiento del esquema de sus alianzas en la región. Los Estados Unidos no reciben nada específico a cambio de esta concesión. 

Todo lo anterior se convierte en componente de fortalecimiento político del régimen, y pospone su desprestigio y su decadencia, que eran evidentes a raíz de la brutal represión del año pasado, pero vinieron a quedar eclipsados en febrero con el ataque americano-israelí. Al asesinar brutalmente a un anciano, que era el padre de la nación para millones de iraníes, se acalló de paso la protesta y se facilitó automáticamente un nuevo aire a los ayatolas. 

El asunto del Estrecho de Ormuz es, y seguirá siendo, un elemento de dificultad que no existía antes del ataque a Irán. Los antecesores de Trump aceptaron el consejo de sus estrategas en el sentido de no lanzarse a la aventura de emprender una guerra contra la República Islámica, entre otras cosas para no darle a ésta última motivo para cerrar el estrecho, con las consecuencias de todo tipo que el cierre conlleva. Y para no establecer un precedente difícil de erradicar. 

Si bien el memorando habla del paso seguro y la contención mutua en cuanto al cierre del Estrecho, no existe un manual para la observación de ese compromiso. Tampoco existe un mecanismo y mucho menos un órgano de supervisión, ni definición alguna sobre aquello que puede constituir una infracción de la libre navegación por el sector. De manera que las mismas partes quedan al tiempo obligadas a cumplir el arreglo provisional, pero pueden salirse del mismo con cualquier disculpa. 

La situación del Líbano, que Irán insiste en incluir en cualquier acuerdo, y que figura en el memorando de manera ambigua, es tan difícil de arreglar como la del Estrecho. Y es que en ese ítem aparecen Israel y Hezbollah. El primero, que no ha firmado nada y muy difícilmente va a dejar de empujar dentro del territorio libanés para destruir a un enemigo a muerte que se refugia allí. El segundo porque es una prolongación del poder político, militar y religioso de Irán, que no está dispuesto a abandonar. 

El factor israelí afecta severamente cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los israelíes no aceptarán arreglo alguno firmado por otras partes pasando por encima de sus intereses. Israel es de los muy pocos países que se puede dar el lujo de sostener un desacuerdo cordial con los Estados Unidos, sin que estos se atrevan a tomar decisiones que afecten a su más importante aliado en la región. Y ya es bien claro que Israel se reserva el derecho de actuar de manera independiente, sin sentirse obligado por lo que negociadores estadounidenses e iraníes lleguen a convenir.

Si a lo anterior se suma una situación cada vez más tensa, por decir lo menos, al interior de los Estados Unidos, como consecuencia de la aventura imprevista de una guerra de agresión en el medio oriente, por parte de un presidente que había gritado a los cuatro vientos que no cometería la estupidez de comprometer al país en guerras ajenas y lejanas, el cuadro en general no resulta favorable para Trump. 

Avanza el tiempo y se acercan las elecciones de noviembre, que renovarán parcialmente el congreso. Los porcentajes de rechazo a la guerra crecen, no necesariamente por motivos políticos o estratégicos, que a la gente no le importan o no entiende. Se trata del bolsillo. Se trata del costo de la vida cotidiana, que se suma a un estado de ánimo afectado por una actitud errática, en lo de la guerra y en otros aspectos, que si bien produce euforia entre fanáticos “trumpistas” genera exasperación no solo entre los más liberales sino entre los mejor educados. 

Lo peor, para el presidente, es que por más que consiga, a un costo altísimo, de pronto con el sacrificio político de su vicepresidente, un arreglo con Irán, el acuerdo al que se llegue será en el mejor de los casos parecido al que hace once años consiguió el presidente Obama. Acuerdo cuidadosamente negociado y suscrito por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea; refrendado además mediante resolución por el Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con funcionarios de carrera experimentados en el seguimiento analítico de los procesos más variados de la vida internacional. También cuenta con negociadores profesionales que conocen el “art of the deal” en un contexto muy distinto del de los negocios inmobiliarios y la ley de la selva de Manhattan, donde se suele mentir, amenazar, dar la espalda, y cambiar súbitamente de opinión, como elementos de “negociación”, con la opción, siempre abierta, de que el negocio no se llegue a hacer. Con lo cual todo lo que se pierde es alguna oportunidad de enriquecimiento.

Negociar con Irán bajo la guía de un vicepresidente inexperto y dos empresarios de finca raíz, acostumbrados a defender sus intereses individuales, se aleja de lo requerido en negociaciones diplomáticas, en las que están de por medio los intereses públicos. 

La suerte de millones de personas depende otra vez de un documento firmado, sin contraparte presente, por un presidente estadounidense exhausto, en el Palacio de Versalles, donde hace poco más de un siglo se firmó alegremente un tratado que solo sirvió para posponer los arreglos de cuentas entre las potencias europeas de la época. 

El presidente iraní firmó desde Teherán, a sabiendas de que las cosas van a marchar al ritmo que a su país más le convenga, pues se trata de su vecindario, está acostumbrado a la dureza de sanciones ahora un poco aliviadas y no tiene el afán de unas elecciones prontas, de una opinión pública cada vez más molesta. Tampoco a la presión de aliados que no se someten a lo que otros pretendan pensar por ellos.

La Asamblea General escoge cada año cinco países “del montón” para que, por dos años, tengan asiento en el Consejo junto a los miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Una vez en esa instancia, cada país tiene un turno mensual para presidir, en orden alfabético.  

Quien preside, convoca y coordina las sesiones del Consejo, previo acuerdo sobre una agenda de temas a tratar. También ejerce la vocería de la corporación y atiende la eventualidad de crisis internacionales que ameriten la convocatoria de reuniones extraordinarias. Todo esto desde una posición de neutralidad.

Por supuesto que tener un asiento en el Consejo de Seguridad es una distinción y conlleva una cuota de poder. Tener voz en esa instancia es ocasión privilegiada de poner temas de interés nacional en la agenda internacional y manifestarse sobre asuntos de importancia mundial, lo cual conlleva oportunidades de abrir espacios de amistad, reconocimiento e influencia para el país. Además, permite votar respecto de decisiones importantes, aún con la desventaja de que las decisiones del Consejo solo son válidas si llevan el acuerdo de sus cinco miembros permanentes. 

Si bien la propaganda parroquial proclamó que “Colombia hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU, al iniciar el primero de enero su mandato como miembro no permanente”, la verdad es que esta es la octava ocasión en la que nuestro país llega a tener un asiento en esa instancia de las Naciones Unidas. 

En la agenda de junio Colombia propuso un debate abierto de alto nivel sobre “Avance en soluciones políticas en Oriente Medio: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”. Para esa sesión el presidente Petro decidió asumir la representación colombiana y dirigir la mencionada discusión, que estaría precedida de una intervención del secretario general António Guterres, para introducir el tema.

Nada más oportuno que la realización de ese debate, cuando el mundo se pregunta por la utilidad de las Naciones Unidas en el propósito de la búsqueda de la paz en Oriente Medio, destrozada en los últimos tres años. Al mismo tiempo, nada más preocupante que la escasa trascendencia que las intervenciones allí realizadas tuvieron en los escenarios donde se ha negociado por ahora un memorando de entendimiento que permita abrir el Estrecho de Ormuz, obtener paz y estabilidad en el Líbano y buscar una nueva realidad en las relaciones de Irán con el resto del mundo.

El secretario general subrayó el precio que la genta paga en la región a causa de los conflictos, a pesar del cese del fuego acordado. Pidió el fin de la ocupación indebida de territorios y la urgencia de proceder a la existencia de dos Estados en la Palestina. Llamó la atención sobre los efectos mundiales del cierre del Estrecho de Ormuz. Elogió los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos, en el caso de Israel y Líbano, así como de Pakistán y otros países en las demás dimensiones del problema. Y cerró con la insistencia en el diálogo como esperanza de paz, para cuya obtención existen herramientas en la Carta de la ONU. 

El presidente de Colombia intervino antes de que los voceros de los países inscritos para participar en la discusión expusieran los puntos de vista de sus gobiernos sobre la materia. Liberia propuso la creación permanente de la ‘Secretaría de Diálogo de la ONU’. Los Estados Unidos defendieron su “diplomacia efectiva” en el Oriente Medio y el logro de “resultados reales”, así como el camino realista hacia una estabilidad duradera. Irán exigió respeto y el cese de amenazas en su contra, condenó las violaciones al alto al fuego, e insistió en que su país seguirá ejerciendo la legítima defensa de sus intereses. 

Bahréin condenó los ataques ilegales de los que ha sido objeto por parte de Irán. Arabia Saudí se sumó a la condena y afirmó que la causa palestina sigue siendo asunto central para el mundo árabe. Irlanda recalcó el sufrimiento inaceptable de los palestinos y la depredación territorial de la que son objeto. El Observador Permanente del Estado de Palestina, denunció que no ha cesado el fuego en Gaza y condenó “el apetito colonial de Israel”. Somalia cuestionó la eficacia de la mediación cuando se da en “en entornos de profunda asimetría de poder”. 

Pakistán reclamó el fin de “la ocupación ilegal de tierras árabes” y clamó por el respeto a los altos al fuego y la asistencia humanitaria. Siria trajo a cuento su experiencia y recalcó las dificultades que en estos casos se presentan para conseguir acuerdos, comenzando por el de designar mediadores honestos. Líbano exaltó la importancia de que la mediación sea prioritaria y no se utilice como último recurso, y acusó a Israel e Irán de socavar los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en el conflicto que tiene lugar en su territorio. 

Finlandia expresó su confianza en que el alto al fuego entre Líbano e Israel conduzca a que “Hezbollah detenga sus ataques e Israel respete la soberanía del Líbano”. Francia anunció la organización de una conferencia internacional en apoyo a los libaneses cuando las condiciones lo permitan. 

La Federación Rusa reprochó a quienes buscan “devolver a Irán a la edad de piedra” y destacó la idea de seguridad colectiva que su país promueve en el Golfo Pérsico. Corea advirtió que la crisis de Oriente Medio pone de presente las debilidades de las economías avanzadas, basadas en lo digital, frente a las obstrucciones del flujo del petróleo y el transporte marítimo. Y Panamá trajo a cuento los acuerdos de paz en Colombia y la recuperación plena del Canal por su país, como muestra de los efectos positivos de la combinación de mediación y voluntad política para la solución de conflictos. 

En su intervención, el presidente de Colombia se apartó de la ortodoxia diplomática y de la forma como los representantes de diferentes países suelen abordar debates como el convocado por su propio gobierno. Formuló, en cambio, una declaración que anunció como ejercicio del papel que le corresponde, “a punto de terminar”, al tiempo que anunciaba que no permanecerá en el gobierno por fuera de la constitución de Colombia, como, según él, se ha dicho. https://youtu.be/L7zauKbCIE4?si=aXzUDIJM7ogHmraI

Quien se tome el trabajo de escuchar con respeto y atención la declaración del presidente, podrá advertir cómo, conforme a su estilo personal y con explicaciones y consideraciones filosóficas y locales de ánimo ilustrativo, en lugar de tratar el tema específico del debate abordó temas que reflejan su visión del mundo. 

Criticó el oligopolio de las nuevas tecnologías de comunicación, que sirve intereses políticos y económicos excluyentes y manipula la verdad y la mentira, a través de la Inteligencia Artificial. Condenó además la desigualdad entre países en cuanto al acceso a dichas tecnologías, fenómeno que amenaza con acabar la humanidad si logra separar la realidad de la no realidad.

Trajo a cuento factores adicionales que atentan contra la existencia y supervivencia misma de la humanidad, como el cambio climático. Presentó su visión sobre el panorama del proceso histórico de las migraciones, relacionado con la crisis climática, la discriminación arbitraria y el racismo como construcción conceptual propia de países que rechazan a los migrantes.  

Hizo referencias escuetas al nazismo, como se ha vuelto costumbre ahora para descalificar, un siglo más tarde, a quien se quiera atacar, sin tener en cuenta las verdaderas proporciones y el sentido del horripilante e indeseable fenómeno original de las actuaciones del nacionalsocialismo. Y no se ahorró un reproche algo airado por la salida de la representante de los Estados Unidos, que abandonó la sala mientras él hacía referencia a esa materia.

También, por supuesto, mencionó las vicisitudes de su relación con el presidente de los Estados Unidos y condenó lo que estima apoyo indebido de este último a uno de los candidatos a la presidencia de Colombia. 

Para ilustrar su discurso, además de reprochar los métodos modernos de manipulación del imaginario popular y el uso de misiles para matar bebés, trajo a cuento la linterna de Diógenes y el supuesto ánimo unificador de Alejandro Magno. Todo, muy a su estilo, aderezado con referencias a controversias internas de Colombia, y lo que considera similitudes entre nuestro país y Belfast, donde en ese momento ardían vehículos y edificios. Situaciones ambas afectadas, según él, por el poder de la Inteligencia Artificial. 

Esa es la imagen que, a manera de despedida, ha dejado en las Naciones Unidas el actual gobierno de Colombia, cuya representación permanente ante la Organización se apartó en los últimos cuatro años de la tradición de apelar, para que nos representen allí,  a personas con experiencia y supuesta versación en los múltiples asuntos internacionales que circulan en ese foro. 

Presidir por una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es ejercer la presidencia del mundo. Ni el presidente de Colombia fue allí el 10 de junio por un llamado de la comunidad internacional que deseaba escucharlo, ni como premio a su capacidad visionaria ni a ser consagrado como líder de talla mundial. Como suele suceder, en el caso de Colombia y en el de muchos otros presidentes, la trascendencia de su original discurso tuvo eco más bien en su propio país, y particularmente entre sus seguidores. 

En todo lo anterior no hay nada de malo. Las apreciaciones de propios y extraños serán variopintas trátese de quien se trate. Lo importante es que crezca la conciencia de la relevancia que debe tener la existencia de una política exterior conocida, sólida, efectiva, útil y presentable. Porque la improvisación o el desconocimiento de los rituales de la vida internacional, por ridículos que a algunos les parezcan, resultan perjudiciales para los intereses de Colombia. Y en esa materia es indudable que hemos perdido prestigio, confianza y credibilidad, aunque en algunas materias algunos protagonistas de nuestra acción internacional han querido ser innovadores. 

Ojalá el nuevo presidente, quien quiera que sea, tenga claro todo esto y actúe de inmediato en la tarea de volver a dibujar una política exterior acorde con las realidades y retos de nuestra época, y más adelante. Para comenzar, Colombia seguirá ocupando un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el final de 2027. Oportunidad privilegiada de actuar en la promoción y defensa de nuestros intereses y de aprovechar la concurrencia de representantes de todo el mundo en los cuarteles centrales de esa organización, con lo cual se facilita el ejercicio de esa diplomacia efectiva ejercida en múltiples direcciones, que es elemento esencial para nuestro futuro. 

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.  

Semejante postura es muestra fehaciente de la forma como los chinos, que jamás han dejado de ver al mundo con gesto y ánimo imperial, entienden la relación entre el tiempo y la consolidación de nuevos propósitos. Así como cultivan el árbol del Gingko Biloba, que después dura más de mil años, o esperan la cosecha del bambú, que durante los cuatro primeros años no crece hacia arriba porque está desarrollando sus raíces, para luego llegar a más de treinta metros en menos de dos meses.

No cabe duda de que la “gestación” de la China de hoy se dio a través de muchos siglos, como se puede confirmar a lo largo y ancho del Asia, donde hay huellas de su condición de cultura madre. Con el agregado de que ahora, bajo el impulso de la claridad de propósitos de sus dirigentes y de su forma de interpretar el modelo comunista, con su lectura internacionalista del mundo, ha llegado a tener indudable alcance global.

Esa China contemporánea es la que todos consideran una superpotencia ante cuyo poder económico, capacidad militar, fuerza cultural y significación político se ven obligados a entrar en acuerdos las demás potencias del mundo, en busca de arreglos que no las dejen atrás.

Con la seguridad de que la procesión va a continuar, no más en lo que va del año 2026 el presidente chino ha recibido las visitas de los gobernantes del Reino Unido, Keir Starmer, Canadá, Mark Carney, España, Pedro Sánchez, Alemania, Friderich Merz, Vietnam, To Lam, Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed, Uruguay, Yamandú Orsi, Serbia, Alexander Vucic, Tayikistán, Emomali Rahmon, Estados Unidos, Donald Trump, Federación Rusa, Vladimir Vladimirovic Putin, Pakistán, Shehbaz Sharif,  y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La ya legendaria ceremonia de recibimiento sobre uno de los costados de la Plaza Tiananmen, frente al Gran Salón del Pueblo, continuará siendo el punto de partida de visitas de gobernantes que buscan alianzas comerciales, políticas y militares en las que están interesados países de todos los continentes. A todos los recibe el presidente Xi con actitud serena y al tiempo solemne de tono amablemente imperial.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es en cada caso el resultado verdadero y profundo de conversaciones francas y escuetas que tienen lugar en reuniones a puerta cerrada, en banquetes de muchos platos, y en paseítos de tono menor cuidadosamente calculados para recorrer lugares históricos o visitar jardines privados. Circunstancias todas aprovechadas magistralmente por los chinos desde hace miles de años, en ejercicio de una tradición imperial que se alimenta de cada nueva experiencia.

Las visitas de los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, que se produjeron en menos de diez días, son sin duda las más relevantes en el contexto de la situación internacional del momento. El solo hecho de que ambos, altivos al cual más, hayan ido a Pekin a reunirse con el presidente Xi, representa el reconocimiento de que en la capital china residen las claves para aclarar un poco el futuro en asunto como la Guerra del Estrecho de Hormuz, en el caso de Donald, y la de Ucrania en el caso de Vladimir.

En medio de su arrogancia congénita, y de su interpretación simplista del mundo, el presidente americano llegó a su encuentro con Xi cargado con el lastre de no haber podido culminar su aventura guerrera en Irán, que hasta ahora ha descompuesto al mundo entero a cambio de nada. Se apareció en compañía de grandes empresarios que ya no impresionan a los chinos y que en todo negocio que cierren han de pagar el precio de transferir tecnología a quienes se convierten velozmente en competidores.

Todo lo que se pudo notar de inmediato, al terminar su visita, fue la repetición, por parte de Trump, de las consignas de Xi respecto de Taiwan: nada de pensar en un cambio del status que la República Popular le tiene asignado a la isla como provincia rebelde que algún día entrará al redil. Por lo demás, no hubo campo para esos avisos estridentes dirigidos a los mercados de valores y otros destinatarios sensibles, que tanto gusta dar al presidente americano, y que sus seguidores atesoran como provenientes de un improvisado “mesías”, que no se sabe nunca para dónde va.

El sueño de obtener ayuda de China para persuadir a Irán de entrar en un acuerdo favorable a los intereses americanos, o al menos a la imagen de los Estados Unidos, no se cumplió. Xi fue supremamente amable y estuvo risueño, pero no cedió. Trump se montó a su avión con la cara de triunfador que le ha reportado tanto éxito en los negocios, haciendo caso omiso de las quiebras, pero eso no quita el color de fracaso de su aventura en Pekín, donde su anfitrión mantuvo siempre la primacía que le da el ser jefe de una potencia que se mueve con serenidad oriental.

El presidente ruso llegó a visitar a Xi apenas horas después de la salida de Trump, en actitud muy diferente de la que los líderes de su país mostraban hacia la naciente República Popular China, cuando Moscú era el epicentro de la euforia comunista encabezada por la Unión Soviética. Imposible ocultar el cambio de los papeles, cuando China ha reemplazado precisamente a la URSS como superpotencia, y cuando Rusia lucha por recuperar su economía, su potencial tecnológico y algo de prestancia política, para lo cual requiere del apoyo de Pekín.  

No es desdeñable la manifestación de amistad entre China y Rusia, que proclamaron los dos gobiernos, y no se sabe qué más habrán hablado y proyectado hacia el futuro dos gobernantes que tienen asiento y derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Pero la ilusión rusa de obtener el impulso definitivo al gasoducto más grande del mundo, que saldría de Rusia para llegar a China, no se cumplió. De manera que, otra vez, los chinos fueron quienes marcaron el ritmo de un nuevo episodio de la relación bilateral, a su acomodo y sin afán.

El paso de tantos jefes de gobierno por al ritual de los encuentros con Xi ha servido para confirmar que el internacionalismo chino, impulsor de la globalización, continúa marcando el ritmo de la producción y el comercio en gran escala, con acuerdos puntuales que puede manejar a su conveniencia.

Al mismo tiempo, China se consolida como superpotencia y fuerza política tranquila, que avanza en todos los continentes en ejecución de un proyecto de orden mundial hecho a su medida, que no encuentra en este momento competidor. Así parece demostrarlo el hecho de que los predicadores de un nuevo aislamiento autoritario y del retorno a una grandeza esquiva, como Estados Unidos y Rusia, figuran entre los que concurren a China y terminan por decir: Xi señor.

La disolución de la Unión Soviética, y luego la de Yugoslavia, han sido los cataclismos más recientes con efectos dramáticos en la distribución interna del mapa europeo. Y más allá de los cambios de fronteras, si se entra en el delicado terreno de las afiliaciones políticas, económicas y estratégicas, las cosas se hacen mucho más complejas. 

Así lo demuestra la desbandada del “Pacto de Varsovia”, que agrupaba a los países que política y militarmente estaban comprometidas, por la razón o la fuerza, con Rusia. Desbandada seguida de un afán irrefrenable de llegar cuanto antes, atraídos por nuevos paradigmas, a la “Organización del Tratado del Atlántico Norte”. Afiliación nueva que implicaba el correspondiente compromiso de defensa mutua con los Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos. 

Resulta explicable que semejante cambio fuese entendido por Rusia como amenaza que la llevó a reaccionar de manera violenta ante la inminencia de que pasara lo mismo con Ucrania, donde en el Siglo IX apareció la “Rus de Kiev”, predecesora de la de Moscú. 

Consecuencia todavía directa del colapso de la URSS, en el límite de los pueblos eslavos orientales con los rumanos de hoy, sucesores del Imperio Romano en la península balcánica, están por definirse los términos de un nuevo esquema político y cultural, que, como toda zona limítrofe entre culturas añejas, presenta zonas grises. 

Interpuesta entre Rumania y Ucrania está Moldavia, con una mayoría rumano parlante arrolladora, y con una comunidad de principios y valores rumanos que lograron superar la prueba del experimento comunista. Rumania como Estado independiente y Moldavia como República Soviética, parecen haber entendido que pueden transitar el resto del Siglo XXI de común acuerdo. Por lo cual se habla inclusive de una posible unión formal entre los dos países. 

Maia Sandu, presidente de Moldavia, y Nicusor Dan, presidente de Rumania, parecen estar cada vez más de acuerdo en la posibilidad y la conveniencia de integrarse como un solo Estado. Así viajaron y se presentaron juntos a la reciente reunión de la Comunidad Política Europea. Acompañamiento de alto valor simbólico, y mensaje para propios y extraños sobre la tendencia que cada uno representa en la perspectiva de un futuro común. 

La idea de una posible unión de los dos países ha flotado en el ambiente de la opinión de ambas partes en el transcurso de la post Guerra Fría. Los argumentos en favor de ese propósito son abundantes y de suficiente profundidad histórica y cultural. El territorio de lo que hoy son dos países ha estado habitado por la misma etnia, descendiente del encuentro de los romanos con los dacios, que dio lugar a la demarcación de la provincia de Dacia, anexada por Trajano, que vino a ser un enclave latino en medio de los eslavos del norte y los del sur. 

De ahí que rumanos y moldavos hablen un mismo idioma, con lagunas de eslavos que en Moldavia hablan ruso. Otra cosa es la configuración política del territorio, que en la Edad Media se dividía en Valaquia, Moldavia y Transilvania, que se convirtió más tarde en el Principado de Moldavia, con sus fértiles tierras, todavía productoras de algunos de los mejores vinos del mundo, que fue repartido a principios del Siglo XIX entre el Imperio Ruso y el Otomano.

La idea de Rumania apareció hacia 1860, con la unión de Moldavia y Valaquia, y se consolidó después de la Primera Guerra Mundial con la entrada de Transilvania. Y las cosas llegaron a su máxima expresión cuando Besarabia y Bucovina se agregaron para formar el Reino de Rumania, que entró en la lista de reinos objeto de las manipulaciones que para la época tejían respecto de los Balcanes las grandes potencias europeas. 

Stalin y Hitler, en su pacto traicionero de 1940, decidieron que la Moldavia volviera a estar bajo el dominio ruso. Entonces Stalin creó la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania. Después de la segunda conflagración mundial, mientras Rumania pasó los años de la postguerra sumida en el experimento bestial del régimen de Ceausescu, que a nombre de la independencia nacional exprimió el cuerpo y el alma de su pueblo, Moldavia disfrutó de relativa autonomía, aunque en 1991 se aventuró a declarar su independencia de la Unión Soviética.

Es posible que esa independencia moldava se hubiera facilitado debido a su limitada significación dentro de la URSS y a su condición de país mayoritariamente no eslavo. No obstante, como las fronteras entre culturas son opacas y sensibles, enredadas en la vivencia de comunidades que se entrelazan con facilidad en algunos aspectos y mantienen diferencias en otros, como el idioma, resulta compleja la manera de conducir procesos políticos. 

La complejidad de una posible unión de Moldavia con Rumania presenta el ingrediente inquietante de la existencia de un grupo humano, en territorio moldavo, a lo largo de la mayor parte de la frontera con Ucrania, que ha intentado consolidar una república aparte. Es la región de Transnistria, es decir “la tierra más allá del río Dniester”, que formaba parte de la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia y ahora desearía hacer tolda aparte, afiliada a la Federación Rusa. 

La franja de Transnistria no tiene más de 200 kilómetros de largo y unos pocos de ancho, y tampoco pasa del 10% de la extensión de Moldavia. Su población apenas supera los 350.000 habitantes, que serían menos del 15% de la población de Moldavia. Y a su vez, un 29% de sus pobladores se identifican como rusos, el 28% como moldavos y el 23% como ucranianos. 

A pesar de que ningún país miembro de las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia, ha reconocido a Transnistria, la influencia y la presencia rusas son allí evidentes. De alguna manera, Rusia sabe que cuenta con una base importantísima de eventual lanzamiento de operaciones contra Ucrania, o más allá, desde el territorio de la pretendida república. No otra cosa se puede concluir cuando se visita la zona y ahí están los controles de fuerzas rusas en lo que sería la “frontera” con Moldavia.

Los promotores de la hasta ahora no reconocida “República Moldava de Transnistria” fueron jefes comunistas y ruso parlantes, temerosos de la eventual unión de Moldavia con Rumania a la caída de la Unión Soviética. En el año 1992 se presentaron combates entre los separatistas, apoyados por el 14º Ejército Ruso, y fuerzas de la nueva Moldavia independiente. La independencia “no cuajó” inclusive en la propia región tras el Dniéster y todo quedó en veremos, cuando en una reunión en Estambul, con gringos y todo a bordo, los rusos se comprometieron a retirar sus tropas, pero ahí las han dejado como asunto olvidado. 

Entretanto, Transnistria parece una pieza de museo de la era soviética. Hay un Consejo Supremo de 33 miembros, 29 de los cuales son del partido “Renovación”, que encarna los ideales de la república. El gobierno lo ejerce un “hombre fuerte”, Viktor Gushan, fundador del holding “Sheriff”, que monopoliza la mayor parte de los sectores de la economía. Los rumano parlantes deben usar el alfabeto cirílico para escribir en su idioma. El récord en materia de derechos humanos es precario y no existe libertad de prensa. 

A pesar de la existencia de ese asunto sin respuesta fácil, la tendencia a una eventual unificación ha dado muestras de florecer en Moldavia y Rumania, particularmente a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania, cuyos ecos se sienten físicamente en ambos países, que tienen frontera con el país agredido. Aunque todavía el 47% de los moldavos no está de acuerdo con la idea de unirse a Rumania, un 42%. la apoya firmemente. Mientras en Rumania más del 70% de los ciudadanos están de acuerdo. Claro: más territorio, más poder, más recursos de una zona de gente pobre sobre un paraíso que se han disputado todos los imperios. 

Lo interesante es que ya se está presentando una especie de unión de hecho. Esto debido a que al menos un tercio de la población de Moldavia tiene también ciudadanía rumana y vota en las elecciones de ambos países. En particular, esos votantes moldavos ayudaron al triunfo de Nicusor Dan, hoy presidente, en la elección de 2025. Rumania es de lejos el socio comercial más importante de Moldavia, y a los dos países les unen necesidades parecidas en diferentes materias, como la ambiental y la energética. 

Los sindicatos de los dos países han exigido que se avance en la reunificación. Claro, más masa sindical y mayor capacidad de negociación dentro de un sistema como el rumano, entregado con entusiasmo febril al modelo capitalista, como en una especie de venganza después de las penurias inauditas de la era de Ceausescu, de las que pueden dar noticia principalmente las generaciones que la padecieron. 

La Unión Europea no vería con malos ojos la unificación, que de hecho llevaría a los moldavos a ser parte de la comunidad, sin pasar por el dispendioso proceso de admisión por su cuenta. Todo depende, dicen en Bruselas, de la autodeterminación de los pueblos. Así, la posición unionista de la presidente Sandu, que en virtud de su doble nacionalidad votó por el presidente Dan en 2025, encuentra hoy un ambiente favorable a su proyecto, aunque el asunto de Transnistria se atraviesa, y con ello los intereses rusos, en un momento de particulares tensiones en la Europa del Este. 

Seguramente los estudiosos tradicionales de cancillerías occidentales, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, conocen muy bien estas complejidades y advierten la forma como cada cambio del mapa europeo puede tener variadas implicaciones. No se sabe si quienes tocan al oído en la dirección de la política exterior de algunos países estén dispuestos a prestarles atención oportuna. 

Como lo habían previsto los sondeos de opinión, Reform UK, partido que apareció en escena en favor del Brexit y ahora centra su proyecto en castigar la inmigración y deportar a los ilegales, ocupó el primer lugar en las preferencias de los votantes y desplazó a conservadores y laboristas a lugares nunca vistos desde que comenzaron a alternarse en el poder a principios del Siglo XX. 

Además de Reform UK también avanzaron los liberales demócratas, así como los verdes. Y tanto el Partido Nacional en Escocia como Plaid Cymru en Gales, que avizoran la independencia de esos dos componentes del Reino Unido, se consolidaron en el dominio del respectivo escenario político. Así, son cinco las fuerzas que asedian a los partidos tradicionales y amenazan con introducir un cambio importante en la forma como funciona una de las democracias más antiguas del mundo. 

Desde el Siglo XVII, y hasta finalizar el XIX, Tories y Whigs representaban posiciones diferentes respecto de la primacía de la Corona o del Parlamento, consecuencia de una larga disputa con raíces profundas en la formación misma del conjunto de nacionalidades que hoy forman el Reino Unido y que en su momento animaron la expedición de la Magna Carta en 1215, y la Bill Of Rights en 1689. 

Al comenzar el Siglo XX los Tories derivaron en el Partido Conservador, defensor de la monarquía y la iglesia anglicana, y los Whigs en un Partido Liberal que más tarde desembocó en el socialdemócrata Partido Laborista, con tendencia a privilegiar el poder del parlamento. Hasta entrado el XXI, esos dos partidos se han alternado en el poder al ritmo que el electorado ha preferido hacer oscilar el péndulo. Con excepción de la explicable coincidencia destinada a sobrevivir la Segunda Guerra Mundial.

El bipartidismo se sostuvo en gran medida gracias a un modelo electoral que en cada circunscripción territorial le da el escaño correspondiente a quien obtenga el mayor número de votos. Es el famoso “first past the post”, conforme al cual el primero en votación se lleva todo. “Escrutinio mayoritario uninominal”, que condujo a que hubiera dos formaciones fuertes que se disputaban cada curul, sin dejar campo para aventuras de tercerías llamadas a fracasar. Nada de proporcionalidad. 

El asunto comenzó a cambiar 2010, cuando ninguno de los dos partidos tradicionales logró escaños suficientes para sostener un gobierno. Por lo cual el Partido Conservador, primero en los comicios, se alió con el Liberal Demócrata para reemplazar al laborista de Gordon Brown, sucesor de la “Tercera Vía” de Tony Blair. Alianza de centro y centro derecha que duró hasta 2015, cuando los conservadores obtuvieron de nuevo mayoría suficiente para gobernar por su cuenta.

En 2016, el conservador David Cameron, partidario de permanecer en la Unión Europea, convocó a consulta popular sobre un posible Brexit, para cumplir una promesa de campaña. Al girar la votación en torno a temas no tradicionales, resultó fácil apelar a argumentos falaces, como que la Gran Bretaña sostenía a la “perezosa Europa mediterránea”, para buscar el apoyo de los sectores sociales menos educados y más alejados de la liturgia de la vida política y de la economía internacional. Con el sorprendente resultado de la salida de la Unión, el correspondiente desacomode de todo tipo de asuntos y el comienzo de una etapa llena de incertidumbre que no ha terminado. 

Después de haberse retirado de la política, el promotor principal del Brexit, Nigel Farage, decidió retornar para encabezar un partido que, bajo el nombre de Reform UK, ha conquistado no solo jefes políticos regionales y locales, sino un nuevo caudal de votantes que no se sienten cómodos ante la falta de respuestas a sus anhelos inmediatos por parte de los partidos tradicionales. 

Reform, teñido de populismo, y eficiente en la apelación a votar por asuntos de interés inmediato, predica una acción radical “animada por el sentido común”. Busca la desregulación de la vida de la gente y de las empresas, introducir elementos de índole privada en el manejo de la salud, fortalecer la soberanía nacional frente a la inmigración, deportar a los ilegales, acentuar las diferencias con Europa y sus instituciones, y asumir una posición nada verde en materia ambiental. Con lo cual, sumado a los ya mencionados Liberal Demócrata, Verde, Nacional Escocés y Plaid Cymru, ha conseguido sacar a la gente de los dilemas de siempre entre laboristas y conservadores.  

El espectáculo, a la hora del discurso del Rey, que tuvo lugar en estos días para abrir las sesiones del Parlamento y presentar el proyecto del gobierno para este tramo de legislatura, era el de dos partidos recién derrotados en las urnas, encerrados en el recinto que ocupa el parlamento desde 1512, hablando de las diferencias de sus proyectos, mientras afuera la mayoría de la gente acababa de votar de manera contundente por partidos diferentes. 

La vida política británica se desenvuelve hoy bajo la sombra creciente de una posible victoria de Reform UK en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2029. La pérdida de cientos de curules en las instancias locales y regionales se vino a sumar a la crisis que ya afectaba al gobierno del primer ministro Keir Starmer, que ha brillado en el panorama internacional pero ha tenido serios reveses en la política interna, que en todas partes es inclemente. 

Al jefe del gobierno se le ha acusado de amiguismo y falta de criterio con motivo de la designación del Lord Mandelson, cercano al infame pedófilo Epstein, como embajador en Washington, pero sobre todo se le ha calificado como “tibio” y poco inspirador, así como mal gerente de la acción del gobierno ante las angustias diarias de la gente. Algo impresentable en el seno de un partido que se reclama como el de las clases populares. 

Por un lado, crecen voces que piden el retiro inmediato de Starmer, como quien prescinde de un entrenador de la Premier League cuando pierde un partido. Por otro, resuenan las de quienes consideran que, en lugar de dedicarse al proceso de reemplazarlo por otro para que asuma el gobierno hasta 2029, el partido debería avanzar con toda energía en su proyecto. Y es que mal se podría esperar que cumplida menos de la mitad del tiempo del mandato ya se hubiera desarrollado todo el plan de gobierno y resuelto los problemas, en medio de una crisis histórica en la relación del Reino Unido con Europa y también con los Estados Unidos, además de una guerra en Ormuz que afecta la economía a escala mundial.

Ya se vio cómo, en su momento, el Partido Conservador se consumió a sí mismo a partir de las extravagancias de Boris Johnson, popular como pocos y juguetón por decir lo menos en el ejercicio del poder. Proceso que llevó al colapso de ese partido, después de “consumir” cuatro primeros ministros: Johnson, May, Truss y Sunak, enfrascado en luchas internas. 

Salga o no el laborismo de su crisis actual, lo que es relevante en el fondo es la crisis del bipartidismo británico, pues así como hay crisis en el partido de gobierno, el Conservador no se queda atrás, pues a juzgar por el resultado de las elecciones, sus credenciales como partido de oposición están en entredicho ante el empuje de la nueva primera fuerza de oposición en el país, que sería de hecho Reform UK.  

La incógnita de fondo es la forma en la cual Reform UK seguirá jugando con base en su avance de ahora y lo que sería capaz de hacer si asumiera la tarea de gobernar en 2029; o antes, si llega a haber elecciones generales anticipadas, haciendo a un lado a conservadores y laboristas. Incógnita válida, pues Reform suma su nombre a la lista de los partidos populistas de derecha, un poco “trumpistas”, que en uno y otro lugar de Europa siguen un modelo nacionalista, antiinmigración, anti-Unión Europea y antiglobalización. Aunque que buena parte de los sectores urbanos, empresariales y mejor educados, no están de acuerdo con el aislacionismo, como tampoco lo están los posibles separatistas de Escocia y Gales, que en un momento dado preferirían lanzarse al mundo por su cuenta. 

Asunto éste último de gran calado pues, con los resultados obtenidos en las recientes elecciones, los nacionalistas escoceses y galeses pueden ver al alcance de la mano un intento más de retiro del Reino Unido, que desbarataría una de las grandes potencias de los últimos siglos. Y todo esto, frente a dos partidos históricos debilitados ante el avance del populismo, puede llegar a ser la tormenta perfecta.