La misma señora, inquebrantable y sin estridencias, tuvo hace poco la audacia de disolver el parlamento y llamó a elecciones en busca de un apoyo más amplio que el obtenido cuando llegó a ser la primera mujer que, en una historia milenaria, ocupara la jefatura del gobierno en unas islas que por siglos dominaron hombres con espadas de samuráis.  

El resultado de los comicios no pudo ser más contundente, inédito y satisfactorio para su proyecto político. La obtención de la victoria electoral más contundente de la postguerra le permitirá velar con mayor solvencia por el avance vigoroso de la economía y del aparato administrativo del Estado, como responsabilidad de todo gobernante sensato. Además, como novedad, le permitirá eventualmente la introducción de reformas a una constitución que no ha sido modificada desde su expedición en 1947, porque los japoneses respetan a fondo su constitución y no se han tomado a juego su reforma conforme a caprichos de coyuntura de uno u otro jefe de gobierno. 

En vez de continuar la tradición de interpretaciones flexibles del texto del 47, salido de la pluma del General estadounidense Douglas MacArthur, vencedor de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi pretende en primer lugar introducir reformas en materia de defensa, para que su país cuente con capacidad bélica propia ante el resto del mundo, en condición diferente de la de protectorado estratégico de los Estados Unidos. 

También se propone introducir herramientas institucionales ahora inexistentes que le permitan al gobierno expedir decretos con fuerza de ley ante crisis de impacto colectivo y de diferente índole, como pandemias, desastres naturales e inclusive conflictos armados, mediante la declaración de estados de emergencia, sin aprobación parlamentaria previa. 

Además, ante las dificultades que se presentan en la sucesión dentro de la familia imperial por falta de herederos del sexo masculino, y para no abandonar el esquema milenario de existencia de un emperador como símbolo de la unidad nacional, se busca que miembros varones de antiguas ramificaciones del árbol de los emperadores recuperen el status de “nobles”, suprimido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y adquieran vocación de acceder eventualmente al trono.

Ninguno de los propósitos de reforma resultará fácil de manejar. El primero porque afecta el contexto estratégico de una región suficientemente candente con la presencia agresiva de la fuerza militar de Corea del Norte y la creciente actividad de China en todo el hemisferio, los inesperados cambios de actitud de los Estados Unidos frente a sus tradicionales aliados, y la necesidad de una abierta autonomía defensiva. El segundo, porque siempre habrá sospechas sobre la posible extralimitación de los gobiernos ante las emergencias, y el tercero porque, al adoptar el cambio propuesto, se cierra en pleno Siglo XXI la opción de que una mujer llegue al trono imperial.  

De todo esto, lo más relevante desde el punto de vista internacional es el asunto de un posible nuevo armamentismo japonés. Preocupación que no tardó en aparecer, con temores internos y externos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la Guerra Fría demostraron la inconveniencia de un Japón indefenso y sometido a depender integralmente de los Estados Unidos como garantes de la defensa y la integridad del archipiélago, con los costos económicos, estratégicos y políticos que ello implicaba. 

Entonces, sin cambiar la constitución, para no meterse en problemas, tradicionalmente se buscaron fórmulas pragmáticas para evadir la prohibición constitucional establecida en el Artículo 9 de la Carta, que dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales.” Y que: “Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.”

Para salirse del marco de esas prohibiciones, surgieron “interpretaciones flexibles” o “incrementales” de la constitución, orientadas a permitir, con aquiescencia de los Estados Unidos, la existencia de unas Fuerzas de Autodefensa. Opción que no ha dejado de producir una sensación de ambigüedad respecto de la prohibición constitucional y también un sentimiento de indefensión nacional, por el hecho de no contar abiertamente con fuerzas propias, ante las circunstancias cambiantes de la seguridad internacional en el Pacífico Noroccidental.  

La primera ministra propone añadir una cláusula al Artículo 9, por la cual se reconozca la existencia de las Fuerzas de Autodefensa Nacional, suficientemente capaces para la defensa del país, con lo cual se elimina la ambigüedad existente y se produce el efecto de contar con respaldo constitucional para una nueva política de defensa. Propuesta que algunos sectores parlamentarios consideran insuficiente, pues consideran que sería mejor eliminar la prohibición, para contar con una fuerza militar de verdad soberana. Mientras surgen también reclamos de pacifistas que prefieren seguir en la ambigüedad, que no ha dejado de dotar al país de unas poderosas fuerzas armadas, en lugar de aventurarse otra vez a un desarrollo militar que causaría alarma en el Pacífico y el Índico.

Las eventuales reformas de las instituciones japonesas implicarían el cierre de una época y la apertura de una nueva página. Eso es lo que ha planteado la primera ministra, que considera es tiempo de hacer algunos ajustes, sin estridencias, y sin exponer todo el cuerpo constitucional a la rebatiña de reformas sin límites, ni pies ni cabeza. Posición explicable porque, siendo admirable la estabilidad institucional provista por la Constitución de 1947, entre impuesta y adoptada en medio de la incertidumbre de la inmediata postguerra y el propósito de reconstruir un país desolado, hay una “marca de intervención extranjera” que no ha dejado de figurar como “sello de agua” del fondo de su texto y que suscita en ciertos sectores una buena dosis de vergüenza nacional. Marca que desaparecería en cuanto el país no continúe maniatado en materia de soberanía para su propia defensa. 

En ese orden de ideas, cualquier cambio constitucional representa, en una u otra proporción, un cambio en el tutelaje institucional establecido por MacArthur. Que curiosamente no fue el primer acto de intervención estadounidense en el destino del Japón, porque ya desde 1853 figura en la historia una relación Sui generis con los Estados Unidos, en términos de exigencias y concesiones, cuando los americanos enviaron una cuarta parte de su armada, bajo el mando del famoso Comodoro Perry, para obligar a Japón a abrir sus puertos en favor de pescadores y comerciantes de Estados Unidos, que hasta entonces apenas habían merodeado en la región en busca de ballenas. 

El Japón terminó entonces forzado a aceptar las exigencias formuladas, que a la postre resultaron trascendentales pues motivaron cambios tan importantes como la “Restauración Meiji”, que cambió dramáticamente el modelo encerrado del sistema Tokugawa, clásicamente feudal, en favor de uno unitario, y no solamente comenzó a abrir al Japón hacia el mundo, sino que permitió que se lanzara en una carrera de industrialización extraordinaria, que incluyó su propio desarrollo armamentístico.

Se estima que los amigos del Japón, comenzando por los Estados Unidos, verían con buenos ojos un nuevo marco para la defensa y el papel estratégico del Japón, a partir de las reformas planteadas. Esto porque implicaría la posibilidad de cumplir nuevos propósitos estratégicos y aliviaría los costos que la protección del archipiélago significa para sus aliados. 

Los países de la región, y en particular los que fueron objeto de agresión y ocupación japonesas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que son muchos e incluyen nada menos que a China y Corea del Norte, no verán los cambios con los mismos ojos. Les aterra la idea de un Japón eventualmente militarista, deseoso de jugar en el futuro otra ronda de esas que el sentido de los ciclos históricos puede llegar a propiciar en el momento menos pensado.

La casi octogenaria constitución japonesa del 1947, que reemplazó a la de 1889, tiene la particularidad de haber surgido de una iniciativa estadounidense que no pretendió instaurar un régimen presidencial sino uno parlamentario. A ello obligaba la preservación de la monarquía constitucional, así fuese con el emperador como símbolo de la unidad nacional, no ya como dios ni como representante vivo de dios en la tierra. 

La carta se ha sostenido a lo largo de 79 años, y las reformas que ahora se plantean tienen que ver con asuntos que verdaderamente merecen ser revisados. El de las fuerzas armadas, porque es de soberanía nacional. El de los poderes de emergencia, porque es una herramienta útil para la respuesta oportuna del gobierno ante amenazas súbitas e imprevisibles. Y el de la sucesión imperial, porque el país necesita garantizar la supervivencia de una tradición milenaria que juega un papel fundamental en el alma de la gente, sin perjuicio de que la opción que escojan sea una u otra.

La aprobación de la reforma se hará por la vía parlamentaria, sin acudir a inventar atajos al impulso de afanes políticos. Para ello se requiere de una mayoría de dos tercios en el parlamento, y después de mayoría simple en un referendo en el que pueden participar todos los ciudadanos. Nada de proyectos fascistoides, así sean de tinte rojo desteñido, como los que en otras épocas y lugares plantean cambios a la medida de quienes buscan usar el poder constituyente como un juguete para quedarse con un poder que justifique fechorías contra la democracia.

El eventual fin del “pacifismo de jure”, no solamente abriría una página nueva para el Japón, sino para el Asia y el resto del mundo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Alemania, aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también marcha, obligada por nuevas circunstancias, a jugar un papel cada vez más relevante en el contexto de la defensa europea. 

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno. 

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno.

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

Enviado desde el otro lado del Atlántico con la misión expresa de entrometerse en el proceso electoral en Hungría, el joven vicepresidente, que detesta a la Unión Europea, dijo en su discurso sin reato alguno e incurriendo en flagrante contradicción, que “Lo que ha pasado en este país, lo que ha ocurrido en medio de esta campaña electoral, es uno de los peores ejemplos de interferencia extranjera en elecciones que he visto o siquiera leído.”

Eso es exactamente lo que debía decirse más bien de la descarada interferencia extranjera representada en su propia presencia en Budapest y su llamada por teléfono a Trump, quien a su vez pidió abiertamente que los húngaros votaran por su amigo y muy admirado alfil Viktor Orbán, presunto animador de un “trumpismo” que “le cambiaría la cara a Europa” para transformarla en extensión y complemento de movimiento MAGA, ahora en el poder en los Estados Unidos.

La postura de un antieuropeísmo peregrino, y una interpretación muy rusa de la Guerra de Ucrania, no era compartida por la mayoría de los húngaros, mayoritariamente partidarios de la Unión Europea, que recuerdan la tragedia de las guerras del Siglo XX y la cruenta dominación soviética, que duró hasta los años 90 y tuvo como máximo incidente la revolución anticomunista de 1956, cuando intentaron, con Imre Nagy a la cabeza, establecer un sistema multipartidista y el retiro del país del Pacto de Varsovia.

La respuesta entonces fue la llegada de los tanques soviéticos a las calles de Budapest y otras ciudades, la muerte de miles de húngaros, la detención y asesinato posterior de Nagy y la entronización de János Kádár como líder pro soviético, con todo lo que ello vino a implicar hasta el momento del desmonte de la URSS a finales del Siglo XX. Experiencia de autoritarismo y populismo reflejados para muchos en actos de gobierno de Orbán, quien llegó al poder desde un ángulo político más bien liberal, para convertirse pronto, con proclamación reconocida, en caudillo “iliberal” y anti-Unión Europea, contra la corriente que había llevado a su país, salido de la órbita soviética, a afiliarse cuanto antes a la Europa Comunitaria y a la OTAN.

Dentro de esa oleada prooccidental, animada por el desmonte de la URSS y el fin de su dominación sobre Hungría, Viktor Orbán se hizo famoso con un discurso enardecido en el que el mensaje era muy claro y satisfactorio para los húngaros: Russians go Home! Llegado a la jefatura del gobierno por primera vez entre 1998 y 2002, propició nada menos que la adhesión de su país a la OTAN, gesto político y estratégico que rompía una tradición de muchos años de afiliación a la causa de Rusia en la Europa Oriental. Hasta ahí solo aplausos, motivados por su interpretación de causas comunes y un innegable carisma.

A su regreso al poder en 2010, para quedarse hasta la primavera de 2026, su tarea de gobernante poco a poco fue tomando una deriva de autoritarismo nacionalista, euroescéptico, pro ruso, “trumpista”, enfrentado al sistema judicial, contrario a las migraciones hacia la Unión Europea, las políticas de asilo de la Unión, los derechos de la comunidad LGTBQ y el matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta llegar a la proclamación de su interés en consolidar en Hungría una “democracia iliberal”. Aspectos que se apartaban de la forma de pensar de grupos significativos de ciudadanos interesados en avanzar a la carrera a engrosar la cauda del mundo occidental, lo más lejos posible de la represión de la era soviética.

Fueron numerosos los incidentes que Orbán protagonizó en el seno de la Unión Europea en contra de políticas comunitarias que contaban con el apoyo de todos los demás países miembros, y en no pocas ocasiones obró abiertamente al servicio de los intereses del Kremlin de Moscú, de donde surgieron acusaciones en el sentido de que Vladimir Vladimirovich había conseguido una silla en las mesas del poder occidental.

Bien incómodo resultó siempre, para los demás gobernantes de la Unión Europea, debatir asuntos relacionados con Rusia y Ucrania, migraciones y relaciones con los Estados Unidos, en presencia de alguien que mostraba tener más interés en el beneplácito de la Casa Blanca de Trump y el Kremlin de Putin.

Al mismo tiempo, cada día se hizo más difícil para la mayoría de los húngaros vivir bajo el dominio de un gobierno añejo, plagado de lugares comunes, contrario a la marcha del resto de Europa, irrespetuoso con la institucionalidad democrática interna y favorecedor de la corrupción, lo mismo que de una intervención extranjera como la de los rusos e inclusive los israelíes de Netanyahu y los americanos de Trump, que al final de la campaña se entrometieron en los asuntos internos para pedir abiertamente a los húngaros que votaran por su continuidad en el gobierno.

No obstante, “Russians Go Home” vino a ser ahora el grito en la voz de los opositores de Orbán con motivo del reciente resultado electoral y el triunfo de Péter Magyar que lo sacó de manera contundente del gobierno. Eso era lo que se escuchaba en las calles de la capital y en los puentes que sobre el Danubio unen a Buda con Pest. Grito que seguramente se repite en otras capitales europeas, cansadas de soportar el paseíto de siempre de un personaje que jamás vaciló en entorpecer propuestas comunes y de vociferar su rebeldía de ultra euroescepticismo frente a las instituciones comunitarias. Conducta que, en razón del derecho al veto que tiene todo país de la Unión, fácilmente entorpecía propósitos comunes.

Tanto Trump como Putin, que tuvieron hasta ahora en Orbán una especie de agente de sus intereses en el seno de la Unión Europea, se van a quedar por un tiempo sin el “estadista de talla mundial”, como lo llamaba Trump en su jerga de Mar a Lago, que pretende atribuirse la calificación de los gobernantes del mundo entero, y sin el comodín que tenía el Kremlin para obstaculizar las acciones, inclusive ya acordadas, de los europeos en cuanto a la guerra de Ucrania.

Zelensky y la señora Van Der Layen, a quienes la propaganda del jefe derrotado pintaba en las paredes de Budapest como titiriteros de Péter Magyar, seguramente van a encontrar en este último un jefe de gobierno más sensato y amigable respecto de los propósitos de la Unión y del manejo de las relaciones con Rusia, que debido a necesidades energéticas en todo caso obligan a los húngaros a la prudencia.

El resultado de las elecciones en Hungría, con el contundente triunfo de los opositores al gobierno, a pesar de la manipulación extrema de parte de un primer ministro que no ahorró esfuerzo por seguir en el poder, demuestra que los gobiernos de esa índole son derrotables cuando la ciudadanía tiene claro el propósito de cambiarlos y no se deja manipular ni cae en la trampa de nuevas promesas sobre lo que se prometió en falso o lo que se debió haber hecho y no se hizo. Nada de que “ahora sí se puede que avanzar en la misma dirección”.

Así se va engrosando la lista de los que, alucinados por el poder del que resultan investidos, se llegan a creer intérpretes únicos de la historia de sus naciones e indicadores de su destino, depredan las instituciones, y aspiran a perpetuarse en el poder, a nombre propio o ajeno, hasta que una ciudadanía, sensata y sensible políticamente, resuelve hacer uso de su soberanía y retirarlos en forma contundente de la cumbre en la que se habían atrincherado. Siendo todo esto apenas un episodio de la historia, porque nada está escrito para siempre.

Las huestes del Imperio Romano habían abandonado hacía poco Britannia, y el espacio estaba abierto para que los nuevos reinos anglosajones que se repartían el poder tomaran el camino de retorno al paganismo. Circunstancia que entendió Berta y lo mismo el Papa Gregorio I, llamado “el grande”, como oportunidad para acometer una tarea evangelizadora que el pontífice encomendó a Agustín, abad de un monasterio benedictino en Roma. Ese es el origen de “la silla de San Agustín” que después de 1400 años ha venido a ocupar una mujer, la arzobispa Sarah Mullally. 

Agustín, que según la estrategia del papa debía ir a Londres, prefirió quedarse en Kent, donde Berta y su esposo le ofrecieron tierra. Llegó con cuarenta monjes, construyó una abadía y desarrolló una admirable campaña de conversiones, hasta que fue designado por el Papa como Arzobispo de Canterbury en 597, con lo cual se abrió el camino a la tradición del cristianismo británico que llegó a ser tan importante como para convertirse desde entonces en aliado fundamental del poder político, particularmente a partir de la fundación de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, a instancias de Enrique VIII. 

Si bien hubo cristianos en las islas británicas desde el Siglo I, y sus creencias figuraban como una de las muchas que pululaban en comunidades todavía primitivas, la conversión de Æthelberht, a instancias de su mujer, fue un punto culminante en el rumbo que tomarían las cosas, pues ese primer rey convertido a la fe cristiana poco a poco se convirtió en ejemplo y referente para otros. El “secreto”, aunque parezca pagano y pragmático decirlo, es que la adopción del cristianismo llevaba la ventaja de imitar al emperador oriental Constantino, descubridor del poder de la integración de iglesia y Estado. 

A partir de entonces, la importancia de Canterbury fue definitiva en la evolución de la vida británica, y ello se manifestó en el desarrollo mismo de la lengua inglesa, lo mismo que en eventos y avances democráticos que vinieron a tener eco que todavía resuena en los más variados escenarios del mundo. Todo esto además de mantener una vigencia fundamental en el desarrollo de una organización religiosa que incluyó nada menos que la fundación de una iglesia propia, la anglicana.

El 29 de diciembre de 1170 Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue brutalmente asesinado por cuatro caballeros al servicio del Rey Enrique II en el interior de la catedral, después de haber reñido con el monarca, anteriormente su amigo, en cuanto a la supremacía de la autoridad real sobre la de la iglesia. Como suele suceder, quedó la duda de si los asesinos recibieron la orden de matar a Becket, o si le quitaron la vida como gesto exagerado de busca de privilegios del monarca. Lo cierto es que, desde entonces, Becket se convirtió en santo y el sitio de su asesinato en lugar de peregrinación con profundo sentimiento popular. 

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en 1215, jugó un papel importante en las negociaciones entre el Rey Juan y los barones, al punto que se dice ayudó a redactar nada menos que la Carta Magna, que vino a establecer el principio de que nadie está por encima de la ley, incluido el monarca. Fundamento de la futura democracia inglesa, anterior a las demás de occidente y sobreviviente a todas las vicisitudes de la historia interna e internacional, que no han sido pocas.  

Geoffrey Chaucer se instaló allí entre 1387 y 1400 para escribir sus 24 célebres Cuentos de Canterbury, que representaron la “liberación” de la lengua inglesa al adquirir su propia identidad literaria, separada del francés anglo-normando y del latín, de los cuáles conservó elementos embellecedores. Con ello contribuyó a que la lengua inglesa, con base en el londinense vernáculo, se popularizara ,y pudiera ser vehículo de comunicación de sutilezas, complejidades y expresiones poéticas.    

La ruptura con la Curia Romana, y con la autoridad de los papas en el Siglo XVI ha sido tal vez el hito más importante de la relevancia del arzobispado de Canterbury. Declarada la independencia de la Iglesia de Inglaterra, luego de los conocidos enfrentamientos del rey Enrique VIII con el papado de Roma, Thomas Cranmer se convirtió en el primer arzobispo de la nueva iglesia protestante, y en consecuencia tuvo a su cargo el diseño de The Book of Commmon Prayer, que marca la identidad del cristianismo anglicano.

Cuando la reina Mary I, católica, llamada por los británicos “Bloody Mary”, llegó al trono en 1553, se puso por oficio vengar a los autores y cómplices del divorcio de su padre Enrique VII con Catalina de Aragón, su madre, y de la apertura forzada a la reforma protestante en Inglaterra, según la conveniencia del monarca. Cranmer fue acusado de traición y herejía, pero fundamentalmente de la anulación del matrimonio de Enrique y Catalina, así como de la degradación de ésta última. Por lo cual terminó quemado vivo, a pesar de haber renegado varias veces por escrito de su fe protestante. Gesto del cual se arrepintió a la hora de morir, por lo cual puso su mano derecha a quemar primero que todo por haber firmado semejantes documentos. 

A partir de Cranmer se ha mantenido, con sede en Canterbury, una “sucesión apostólica” que otorga a quien ocupe la silla de San Agustín la calidad de “primus inter pares” en el mundo entero de la denominación anglicana, que se extiende a más de 160 países. Y desde el año 973 existe la tradición según la cual al arzobispo corresponde la coronación de los monarcas británicos. 

Esta es, con la mención de unos pocos hechos, la tradición que hereda y representa Dame Sarah Elisabeth Mullally, originalmente enfermera, casada con Eamonn, de quien tomó su apellido, madre de dos hijos, miembro de la Cámara de los Lores, anterior obispa de Londres, ahora arzobispa de Canterbury y por lo tanto suprema referente de la Iglesia Anglicana para el mundo entero. Desde ahora, eso sí, bajo el patronazgo del Rey Carlos III, estandarte y protector de la Iglesia Anglicana. 

La selección de Sarah se desarrolló a lo largo de un proceso complejo, que tomó más de un año a partir de la renuncia del arzobispo Justin Welby, quien dejó el cargo en noviembre de 2024 por no haber actuado con suficiente diligencia frente al abuso de niños por parte de un amigo suyo. Así quiso evitar que se mancharan el prestigio y la autoridad que deben caracterizar a quien ostente el arzobispado. Renuncia sin precedentes en 1427 años, que demuestra encomiable celo por la preservación de la rectitud en el ejercicio de funciones de alta responsabilidad pública. Nada de “aquí me quedo”.

Antes de convertirse en la persona que ostenta, por centésima sexta vez el arzobispado, y hasta su ascenso en Canterbury, Sarah Mullally continuó ejerciendo como obispa de Londres. La escogencia estuvo a cargo de un comité de 17 personas, presidido por Lord Evans de Weardale, antiguo jefe del espionaje, cinco miembros no ingleses, entre ellos un arzobispo palestino, un ingeniero argentino y un profesor ghanés, seis representantes del Sínodo General de la Iglesia, tres de la Diócesis de Canterbury y dos del obispado de Norwich. Asistieron además dos miembros sin voto.

La comisión abandonó la tradición de que los candidatos fuesen blancos, graduados de Oxford o Cambridge, del género masculino, y procedentes del sureste de Inglaterra. La escogida, que por primera vez no estudió ni en Oxford ni en Cambridge sino en una universidad discreta del sur de Londres, fue puesta a consideración del primer ministro, quien recomendó al rey su nombramiento. Luego de lo cual vino la ceremonia de confirmación de la elección en reunión secreta en Canterbury, la confirmación pública de la elección en la Catedral de San Pablo de Londres y finalmente la entronización en la catedral de su ejercicio como arzobispa de ahora en adelante.

La ascensión de la arzobispa no estuvo libre de controversias y dificultades, y existen todavía elementos que ponen a prueba la aceptación profunda de su presencia y su condición de primus inter pares en el variado mundo de una iglesia que no limita su presencia a las islas británicas. Su condición de mujer, aceptada con entusiasmo por algunos sectores, no es vista con los mismos ojos en otros, y su talante liberal y abierto a una interpretación no restringida de la fe cristiana y más bien inclusiva y permisiva respecto de asuntos como las uniones homosexuales, estarán en adelante a prueba frente a las vicisitudes de su ejercicio.

Por ahora, no deja de ser un acontecimiento loable el relevo en el cumplimiento de funciones tan importantes reservadas hasta aquí a los hombres, que han producido suficientes altibajos como para que sea sano dejar instituciones de alta trascendencia en manos de mujeres virtuosas. En eso va la tradición instalada hace 1429 años por Berta, pionera del cristianismo británico. 

Conmovido, como corresponde a un presidente que ejerce la obligación de representar el sentimiento de propios y extraños ante la desaparición de una figura pública, Emmanuel Macron asistió a la ceremonia que, en la Esplanada de Los Inválidos, tuvo lugar en homenaje póstumo a Lionel Jospin.

Como si el presidente Macron hubiera vuelto a sus raíces, ya que fue militante del Partido Socialista Francés antes de organizar su propio partido, y en todo caso como intérprete de los sentimientos de la militancia antigua y nueva de ese partido, dio lectura emocionada a un discurso conmovedor que repasó la trayectoria de Jospin y subrayó las características principales de su legado.

Con sorprendente familiaridad, Macron recordó la condición calvinista de Jospin, su exquisita formación, su temprana militancia en el Partido Socialista, las tareas cumplidas en el entorno inmediato de Francois Mitterrand, su participación en congresos definitivos del proyecto socialista, los ministerios que ocupó en el gobierno Rocard, la jefatura del partido, su actuación como miembro del Consejo Constitucional, su jefatura del gobierno en cohabitación, sus candidaturas presidenciales y su retiro en dignidad de la vida pública.

El protagonismo propio de Jospin vino a ser realidad luego de la desaparición de su maestro Francois Mitterrand. Como era previsible, 14 años de omnipresencia de un presidente socialista, elegido según la constitución gaullista dos veces seguidas para períodos de siete años, habían llevado el péndulo en una dirección que tenía que cambiar. En ese orden de ideas, la previsible derrota socialista de 1993 debía conducir a una profunda reflexión sobre el futuro del partido.

Lionel Jospin estuvo al frente de una travesía por el desierto durante la cual su partido tenía que reflexionar sobre los éxitos y las equivocaciones de la era Mitterrand, para salir a proponer cosas nuevas y pertinentes, con la mirada puesta en el remate del siglo y el comienzo de un nuevo milenio. Ese fue el origen de las propuestas de la “Izquierda Plural”, libre de dogmas derrotados por la experiencia, como aquel de la indispensable supremacía del Estado en la administración de la mayor cantidad de emprendimientos de significación para los ciudadanos.

En esa izquierda plural, menos ortodoxa y más amplia, vinieron a caber miembros del desfalleciente partido comunista lo mismo que del naciente de los verdes, engrosado con los que pasaron de rojo a verde. Prueba de la pertinencia de esa transición programática vino a ser el triunfo de retorno de la izquierda democrática con Jospin como portaestandarte, para protagonizar la cohabitación más larga de la Quinta República.

A lo largo de esa cohabitación, prolongada y estable, el presidente Chirac se ocupó exclusivamente de los asuntos de defensa y relaciones exteriores, mientras el primer ministro fue un verdadero jefe de gobierno. Así se pudo abrir paso el mandato programático de la nueva versión de la izquierda, que con Jospin a la cabeza introdujo reformas como la reducción de la jornada laboral, para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la cobertura en salud para ciudadanos de menores recursos económicos comprobados, y el famoso PACS, Pacto Civil de Solidaridad, destinado a formalizar la unión de personas del mismo sexo, aprovechado más tarde por no homosexuales en busca de formalización de su vínculo como sucedáneo del matrimonio.

Se dice en Francia que Jospin privatizó más empresas públicas que los gobiernos de la derecha. En la lista figuran entre otras Air France, Thomson Multimédia, AGF, Credit Lyonnais, France Telecom y Aérospatiale-Matra. También figuran rebajas de impuestos que serían más bien propias de gobiernos de derecha tradicional.

El sello de esa nueva izquierda no llevaba ya la marca del culto al Estado como el gran emprendedor y gerente de asuntos que podían estar en manos del sector privado. De manera que ya no se le concebía como garante a ultranza de beneficios para quienes no tuviesen voluntad o vocación de abrirse paso dentro del modo de producción capitalista, contagiados por el virus retrógrado de un peronismo a la francesa.

Semejante ruptura pragmática con los postulados estatistas que en su momento fueran paradigma romántico del Partido Socialista, no salió necesariamente de la traición a sus propias tradiciones o de una claudicación blandengue ante el empuje de otros partidos. Más bien salió del choque con la realidad a la hora del ejercicio del poder y de reacciones frente a los beneficios el Estado, no siempre con el espíritu constructivo esperado sino con el ánimo de vivir sabroso a costa del esfuerzo de otros, que si se sumaran a la misma causa producirían la ruina generalizada, como predijo el ideólogo socialista Jacques Attali, asesor inmediato de Mitterrand y tal vez la persona más sensata, ecuánime y realista de la izquierda democrática europea.

Sin desmontar el Estado de Bienestar en su versión original, los postulados del Partido Socialista comenzaron desde entonces a cambiar para dejarlo como protagonista de la atención de las “urgencias sociales” y la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos, comprometido con una “justicia fiscal” que exija contribuciones de solidaridad a los más poderosos de manera que sea posible financiar servicios como la salud y la educación, además de atender la causa de la defensa del ambiente y la transición hacia energías renovables.

Lionel Jospin recibió el bautismo de fuego de la derrota en su primer intento como candidato a la presidencia, cuando en las elecciones de 1995 obtuvo el primer lugar en la primera vuelta frente a una derecha dividida entre Chirac y Édouard Balladur, pero en la segunda vuelta perdió por estrecho margen. No obstante, su fortaleza política aumentó de manera que tan pronto como en 1997 su partido se impuso en las parlamentarias, de donde salió su obligación política de formar un gobierno en cohabitación con el propio Chirac.

En las elecciones de 2002 fue por segunda vez candidato presidencial. Como primer ministro en ejercicio, tuvo que afrontar críticas por su gestión cuando la discusión se centró en los problemas de la delincuencia creciente, y fue atacado por gente de su propio partido por su favorecimiento del libre mercado, de manera que tuvo que afrontar la competencia de candidatos socialistas radicales que le quitaron porciones del electorado, al punto que no alcanzó a clasificar para la segunda vuelta.

Ya se sabe que, ante la alternativa de elegir entre la continuación del desgastado Jacques Chirac y la entronización del campeón de la extrema derecha, Jean Marie Le Pen, los propios socialistas, como el resto de la izquierda, se vieron políticamente obligados a votar por Chirac, que obtuvo por esa vía, y contra todo pronóstico, un segundo mandato presidencial.

Sacado del juego en virtud de esa peculiar situación política, a las puertas de la presidencia, Lionel Jospin reconoció su derrota y se retiró de inmediato de la vida pública, en gesto y con actitud ejemplares de político de talla mayor, sereno y digno, sin síntomas de desespero ni venganza, y sin insistir en la búsqueda reiterada del poder. De manera que no pasó a la lista de quienes toman por oficio ser siempre candidatos como resultado del enamoramiento platónico del poder.

Desde entonces cumplió a cabalidad con la regla de oro de los retirados, que dejan atrás la edificación de su trayectoria pública para retomar los capítulos postpuestos de su realización personal, habiendo dado hasta el último de sus días muestras de una integridad que siempre le caracterizó y permitió la terminación de su vida como ejemplo de rectitud y coherencia, conforme a principios éticos y morales que jamás abandonó. Así lo tiene que reconocer el juicio de la posteridad. Y así deberíamos exigir que se comporten, con integridad, los políticos de actualidad.

Si el actual primer ministro británico perteneciera a la especie de los que creen tener siempre la razón y además el derecho a calificar a los demás como les venga en gana, podría decir que Trump no es Franklin Delano Roosevelt, contraparte americana de Churchill y aliado en el invento de la “relación especial” que desde la Segunda Guerra Mundial caracterizó la amistad entre el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Aparte del origen cultural, histórico y lingüístico compartido entre sus dos países, Churchill y Roosevelt tenían afinidades en cuanto a su abolengo distinguido, su educación y su integridad personal y política, además de un entrenamiento comprobado en el manejo de las cosas públicas. Condiciones personales de ancestro, afinidad y cercanía ausentes en el caso de Starmer y Trump: el primero abogado, parlamentario y exitoso fiscal, y el segundo hombre de negocios inmobiliarios, concursos de belleza, casinos, hoteles, y campos de golf.

No es posible apreciar el contenido y la calidad de la relación entre los gobernantes británico y estadounidense de hoy sin darle una mirada al contexto político e institucional que, en el caso de cada uno, enmarca sus actuaciones. Starmer vive la realidad cotidiana de un sistema político fundamentado en la discusión parlamentaria permanente, frente a una oposición institucionalizada, ejercida con rigor y dureza apoyados no solamente en proyectos políticos diferenciados, sino en la existencia de un “gabinete en la sombra” que debe recibir toda la información necesaria para estar listo a asumir el poder en el término de horas, si fuese necesario. 

Cada miércoles al medio día, todo primer ministro británico debe concurrir personalmente a responder preguntas en el seno de la Cámara de los Comunes. Allí debe demostrar su conocimiento del Estado, el sentido que tiene el funcionamiento de su gobierno, la orientación de su política interna y exterior, y todo cuanto se les pueda ocurrir a los miembros de esa cámara habitada por representantes elegidos que se mantienen en contacto con sus electores para recoger sus sentimientos y hacerlos públicos. Para completar, el jefe del gobierno no puede nombrar simplemente a sus amigos o socios de su vida privada en el gabinete, pues para formar parte de ese equipo es indispensable ser miembro del parlamento. Y no puede haber gobierno si el primer ministro no cuenta con mayoría parlamentaria, de manera que en el momento en que la pierda, se tiene que ir.

El contraste con los Estados Unidos de nuestros días no puede ser más elocuente. La venerada Constitución de 1787 es mucho más joven que las normas que dieron origen a la democracia británica, que datan de la Carta Magna de 1215, cuando se estableció que el rey estaba sujeto a la ley. Pero en todo caso no es otra cosa que la consagración expresa de un Estado de Derecho, con libertades, responsabilidades y factores de equilibrio que nadie se había atrevido a desconocer. 

Justamente ahora se ha venido a hacer evidente que esa constitución, a la que se refieren con justificado orgullo los estadounidenses, confiaba en la continuidad de un estereotipo elevado de presidente de la Unión. Es decir que el gobierno federal estuviese en manos de alguien caracterizado por el respeto a esa ley de leyes que cada presidente jura cumplir y defender, el manejo juicioso de las herramientas del poder, la atención prioritaria a la preservación del Estado de Derecho, y el respeto total de las fronteras entre ramas del poder, así como entre el gobierno federal y los estatales. Algo que no se aprecia con esa nitidez bajo el modo de ejercicio de la presidencia actual de los Estados Unidos. 

Esto quiere decir que no es fácil ni exigible políticamente la coincidencia entre un presidente que ejerce su mandato a su manera, sin detenerse demasiado en “detalles” institucionales, y un primer ministro que ejerce el suyo de manera rigurosa dentro de una de las organizaciones institucionales democráticas más antiguas del mundo. 

Trump ha demostrado que no tiene reatos en lanzarse a una guerra de proporciones y consecuencias muy graves sin notificación previa ni autorización del Congreso, con expresiones erráticas sobre las causas y los objetivos de la “excursión”, y encima de todo exigir con aire de dueño del mundo que los aliados históricos de los Estados Unidos le acompañen en su aventura. ¡Justamente por eso no le sería posible convencer y manejar un Churchill!

Tal vez quien hubiera convenido más a Trump habría sido un Tony Blair. En el Reino Unido nadie olvida que, con motivo del ataque a Irak, sobre el supuesto, que resultó después falso, de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Sadam Hussein, Blair corrió a participar en el asalto y después en la administración imperial de Mesopotamia, con resultados de los que todavía tienen de qué lamentarse todas las partes. 

Churchill y Roosevelt fueron aliados políticos y llegaron a ser amigos personales, pero ninguno de ellos se caracterizó por tratar de subordinar al otro y mucho menos tratarlo de manera irrespetuosa, como si tuviera la exclusividad de la prerrogativa de calificarlo y jugar burlonamente ante el público con las palabras para sentirse superior. Quien así hubiera actuado se habría desprestigiado para siempre, y habría sentido horror de ser celebrado como “mangas” de barrio. 

Y no es que hubieran faltado desacuerdos, inclusive profundos, entre esos dos líderes de verdadera talla mundial. Como fue el caso de la presión de Roosevelt en favor del desmonte del esquema colonial del Imperio Británico como garantía del paso a una nueva era en la configuración del mundo. Propuesta que afectaba el que para Churchill era el logro más grande de la Gran Bretaña en la historia mundial. Imperio en el que había nacido y en cuya administración y sostenimiento había participado con una mezcla de política y armas en la mano. Pero jamás esa diferencia fue motivo de comportamiento desobligante o irrespetuoso, como tampoco dificultades mayores la admiración de Roosevelt por Stalin, no compartida en la misma proporción por Churchill.

Trump y Churchill difícilmente habrían podido ser amigos. Para ello habría sido necesaria la existencia de motivos de admiración mutua, sobre la base común de la integridad demostrada por cada quién. En gracia de discusión, Churchill, al haber recibido la solicitud de Trump de entrar en la guerra actual contra Irán, habría hecho valer su condición de estratega y guerrero en condición de militar o de periodista en las guerras de la independencia de Cuba, en batallas libradas para el Imperio en la India y en Sudáfrica, en la debacle de los Dardanelos y otros episodios de la Primera Guerra Mundial, así como en la invención de los tanques de Guerra, en su momento el avance más grande de la tecnología bélica, para rematar en la epopeya de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración del mundo.

Vale la pena imaginar cómo habría sido la expresión de Winston Churchill, consumado lector y Premio Nobel de Literatura, curtido en campos de batalla donde se distinguió por osadía y audacia, al ser invitado por un empresario de inmuebles que se precia de no leer y evadió el servicio militar pero se cree el jefe de la manada, a emprender una guerra, con los argumentos expuestos al calor de su ego superlativo, precisamente en Irán, donde los británicos tuvieron tanta influencia en la estructuración de la explotación petrolera y en la política en el Siglo XX, y cuyas complejidades geográficas y culturales son particularmente exigentes. 

Los británicos no han sido ajenos a los chistes de Trump respecto de Starmer, quien ha manejado el bullying con decoro de caballero. Entre los comentaristas de actualidad ha habido quien recuerde que la alianza con los Estados Unidos no ha sido necesariamente incondicional. El primer ministro Harold Wilson mantuvo en su momento al Reino Unido fuera de la Guerra de Vietnam, a pesar de las presiones de Dean Rusk. En la misma lógica esperan que Starmer pase a la historia como alguien que fue capaz de mantener al país al margen de “una invitación a fiesta de karaoke en un lodazal”.

En Londres entienden que si bien los gobiernos tienen la obligación de pretender que los Estados Unidos obran con responsabilidad, la gente del común se puede separar de esa pretensión. Razón por la cual desde diferentes rincones se cuestiona la seriedad de los argumentos expuestos, y cambiados a cada rato, para el desencadenamiento de esta guerra asimétrica por definición y llena de sorpresas, como la de comenzar todo con el exterminio aparentemente aséptico de los gobernantes del país atacado. 

Las alianzas se deben construir sobre valores y compromisos comunes, y las guerras emprendidas en compañía exigen propósitos previamente acordados. Nadie tiene obligación de salir corriendo a participar en un asalto que se le ocurrió a otro, que exige ayuda e insulta a quien no la preste para luego repudiarlo por innecesario, al tiempo que anuncia a su conveniencia propósitos y hechos que no siempre coinciden con la realidad. Motivos suficientes para que sea risible la referencia de este momento a la figura de Winston Churchill, como si con su bagaje de gobernante y estratega hubiese estado dispuesto a entrar bajo el mando errático de Donald Trump.

Si el actual primer ministro británico perteneciera al género de los que creen tener siempre la razón y además el derecho a calificar a los demás como les venga en gana, podría decir que Trump no es Franklin Delano Roosevelt, contraparte americana de Churchill y aliado en el invento de la “relación especial” que desde la Segunda Guerra Mundial caracterizó la amistad entre el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Aparte del origen cultural, histórico y lingüístico compartido entre sus dos países, Churchill y Roosevelt tenían afinidades en cuanto a su abolengo, su educación y su integridad personal y política, además de un entrenamiento comprobado en el conocimiento de las cosas públicas. Afinidad y cercanía ausentes en el caso de Starmer y Trump: Sir Keir abogado, parlamentario y exitoso fiscal, y Donald hombre de negocios inmobiliarios, concursos de belleza, casinos, hoteles, y campos de golf.

No es posible apreciar el contenido y la calidad de la relación entre los gobernantes británico y estadounidense de hoy sin darle una mirada al contexto político e institucional que, en el caso de cada uno, enmarca sus actuaciones. Starmer vive la realidad cotidiana de un sistema político fundamentado en la discusión parlamentaria permanente, frente a una oposición institucionalizada, ejercida con rigor y dureza apoyados no solamente en proyectos políticos diferenciados, sino en la existencia de un “gabinete en la sombra” que debe recibir toda la información necesaria para estar listo a asumir el poder en el término de horas, si fuese necesario. 

Cada miércoles al medio día, todo primer ministro británico debe concurrir personalmente a responder preguntas en el seno de la Cámara de los Comunes. Allí debe demostrar su conocimiento del Estado, el sentido que tiene el funcionamiento de su gobierno, la orientación de su política interna y exterior, y todo cuanto se les pueda ocurrir a los miembros de esa cámara habitada por representantes elegidos que se mantienen en contacto con sus electores para recoger sus sentimientos y hacerlos públicos. Para completar, el jefe del gobierno no puede nombrar simplemente a sus amigos en el gabinete, pues para formar parte de ese equipo es indispensable ser miembro del parlamento. Y no puede haber gobierno si el primer ministro no cuenta con mayoría parlamentaria, de manera que en el momento en que la pierda, se tiene que ir.

El contraste con los Estados Unidos de nuestros días no puede ser más elocuente. La venerada Constitución de 1787 es mucho más joven que las normas que dieron origen a la democracia británica, que datan de la Carta Magna de 1215, cuando se estableció que el rey estaba sujeto a la ley, y no es otra cosa que la consagración de un Estado de Derecho, con libertades, responsabilidades y factores de equilibrio que nadie se debería atrever a desconocer. 

Justamente ahora se ha venido a hacer evidente que esa constitución, a la que se refieren con justificado orgullo los estadounidenses, confiaba en la continuidad inmodificable de un estereotipo de presidente de la Unión. Es decir que el gobierno federal estuviese en manos de alguien caracterizado por el respeto a esa ley de leyes que cada presidente jura cumplir y defender, por el manejo juicioso de las herramientas del poder, la atención prioritaria a la preservación del Estado de Derecho, y el respeto total de las fronteras establecidas entre ramas del poder, así como entre el poder federal y los estatales. Algo que no se aprecia con esa nitidez bajo el modo de ejercicio de la presidencia actual de los Estados Unidos. 

Esto quiere decir que no es fácil ni exigible políticamente la coincidencia entre un presidente que ejerce su mandato a su manera, sin detenerse demasiado en “detalles” institucionales, y un primer ministro que ejerce el suyo de manera rigurosa dentro de una de las organizaciones institucionales democráticas más antiguas del mundo. 

En otras palabras, Trump no tiene reatos en lanzarse a una guerra de proporciones y consecuencias muy graves sin notificación previa ni autorización del Congreso, con expresiones erráticas sobre las causas y los objetivos de la “excursión”, y encima de todo exigir con aire de dueño del mundo que los aliados históricos de los Estados Unidos le acompañen en su aventura. ¡Justamente para eso no sería posible convencer y manejar un Churchill!

Tal vez quien hubiera convenido más a Trump habría sido un Tony Blair. En el Reino Unido nadie olvida que, con motivo del ataque a Irak, sobre el supuesto, que resultó después falso, de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Sadam Hussein, Blair corrió a participar en el asalto y después en la administración imperial de Mesopotamia, con resultados de los que todavía tienen de qué lamentarse todas las partes. 

Churchill y Roosevelt fueron aliados políticos y llegaron a ser amigos personales, pero ninguno de ellos se caracterizó por tratar de subordinar al otro y mucho menos tratarlo de manera irrespetuosa, como si tuviera la exclusividad de la prerrogativa de calificarlo y jugar ante el público con las palabras para sentirse superior. Quien así hubiera actuado se habría desprestigiado para siempre, y habría sentido horror de ser celebrado como “mangas” de barrio. 

Y no es que hubieran faltado desacuerdos, inclusive profundos, entre esos dos líderes de verdadera talla mundial. Como fue el caso de la presión de Roosevelt en favor del desmonte del esquema colonial del Imperio Británico como garantía del paso a una nueva era en la configuración del mundo. Propuesta que afectaba el que para Churchill era el logro más grande de la Gran Bretaña en la historia mundial. Imperio en el que había nacido y en cuya administración y sostenimiento había participado con una mezcla de política y armas en la mano. Pero jamás esa diferencia fue motivo de comportamiento desobligante o irrespetuoso, como tampoco dificultades mayores la admiración de Roosevelt por Stalin, no compartida en la misma proporción por Churchill.

Trump y Churchill difícilmente habrían podido ser amigos. Para ello habría sido necesaria la existencia de motivos de admiración mutua, sobre la base común de la integridad demostrada por cada quién. En gracia de discusión, Churchill, al haber recibido la solicitud de Trump de entrar en la guerra actual contra Irán, habría hecho valer su condición de estratega y guerrero en condición de militar o de periodista en las guerras de la independencia de Cuba, en batallas libradas para el Imperio en la India y en Sudáfrica, en la debacle de los Dardanelos y otros episodios de la Primera Guerra Mundial, así como en la invención de los tanques de Guerra, en su momento el avance más grande de la tecnología bélica.

Vale la pena imaginar cómo habría sido la expresión de Winston Churchill, consumado lector y Premio Nobel de Literatura, curtido en campos de batalla donde se distinguió por osadía y audacia, al ser invitado por un empresario de inmuebles que se precia de no leer y evadió el servicio militar pero se cree el jefe de la manada, a emprender una guerra, con los argumentos expuestos al calor de su ego superlativo, precisamente en Irán, donde los británicos tuvieron tanta influencia en la estructuración de la explotación petrolera y en la política en el Siglo XX, y cuyas complejidades geográficas y culturales son particularmente exigentes. 

Los británicos no han sido ajenos a los chistes de Trump respecto de Starmer, quien ha manejado el bullying con decoro de caballero. Entre los comentaristas de actualidad ha habido quien recuerde que la alianza con los Estados Unidos no ha sido necesariamente incondicional. El primer ministro Harold Wilson mantuvo en su momento al Reino Unido fuera de la Guerra de Vietnam, a pesar de las presiones de Dean Rusk. En la misma lógica esperan que Starmer pase a la historia como alguien que fue capaz de mantener al país al margen de “una invitación a fiesta de karaoke en un lodazal”.

En Londres entienden que si bien los gobiernos tienen la obligación de pretender que los Estados Unidos obran con responsabilidad, la gente del común se puede separar de esa pretensión. Razón por la cual desde diferentes rincones se cuestiona la seriedad de los argumentos expuestos, y cambiados a cada rato, para el desencadenamiento de esta guerra asimétrica por definición y llena de sorpresas, como la de comenzar todo con el exterminio aparentemente aséptico de los gobernantes del país atacado. 

Las alianzas se deben construir sobre valores y compromisos comunes, y las guerras emprendidas en compañía exigen propósitos previamente acordados. Nadie tiene obligación de salir corriendo a participar en un asalto que se le ocurrió a otro, que exige ayuda e insulta a quien no la preste para luego repudiarlo por innecesario, al tiempo que anuncia a su conveniencia propósitos y hechos que no siempre coinciden con la realidad. Motivos suficientes para que sea risible la referencia de este momento a la figura de Winston Churchill, como si con su bagaje de gobernante y estratega hubiese estado dispuesto a entrar bajo el mando errático de Donald Trump.

Las explicaciones de las razones por las cuales los Estados Unidos desataron esta guerra no han producido claridad. Si Irán estaba muy cerca de contar con bombas atómicas, quedaría desvirtuada la proclama victoriosa de hace 6 meses en el sentido de que los iraníes tardarían décadas en conseguir un arsenal atómico después del contundente bombardeo de la “Guerra de los 12 días”. Y si la idea fue adelantarse a la reacción iraní contra los Estados Unidos ante el inminente ataque de Israel, como lo dijo el Secretario de Estado, los americanos habrían entrado en guerra arrastrados por insinuación ajena. La renuncia estrepitosa de Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, que dice expresamente que Irán no representaba una amenaza inminente contra los Estados Unidos y que la Administración “inició esa guerra bajo presión de Israel y su poderoso lobby americano”, dejará flotando serias dudas en esa materia.    

El llamado del presidente Trump a los iraníes, coreado por el primer ministro israelí, para que se levanten y tomen por su cuenta la tarea de acabar con el régimen de los ayatolas, no ha sido o no ha podido ser atendido. Pasados unos días parece claro que la misma gente que salió a la calle en enero no estaría dispuesta a correr otra vez, ahora en pleno Ramadán, a intentar tomarse el poder bajo el bombardeo de quienes habían prometido ayudar y dicen hacerlo de manera aséptica desde el aire, como en un juego de computador. 

El sistema establecido por la revolución islámica de Irán fue diseñado desde un principio para afrontar contrarrevoluciones. Con ese propósito se fundó una poderosa guardia, diferente del ejército, a cargo de organizaciones policivas y paramilitares, públicas y secretas, internas y exteriores, orientadas exclusivamente al control social y la represión, no sólo cuando la gente protesta sino a través de acciones de control de la vida cotidiana. Organización arraigada en la vida del país a lo largo de casi medio siglo, que no se va a disolver por el hecho de que muchas de sus instalaciones hayan sido destruidas. 

En las ciudades iraníes se dice que a estas alturas la gente no solo tiene miedo de la represión, cuyo aparato a pesar de haber sido golpeado sigue vigente y más alerta que nunca, sino que teme caer en la trampa de una guerra civil, que castigaría a una población de más de 90 millones de almas que no necesariamente aplauden, sino que repudian el ruido de los aviones y la caída de miles de bombas sobre su territorio. 

Casi veinte días después del ataque que mató al líder supremo, seguido de una “poda” mortal de altos dirigentes, y a pesar del anuncio de la destrucción de la fuerza aérea, el hundimiento de la marina de guerra y del cierre, ahora sí, del programa nuclear, Irán continúa lanzando misiles y artefactos de bajo precio contra instalaciones militares americanas en la región y contra objetivos civiles en los países del Golfo Pérsico. Controla además el paso por el Estrecho de Ormuz, sin que se produzca el temido efecto de obliteración del suministro de petróleo que por allí transita, pues permite la navegación de embarcaciones con destino a sus amigos y principales compradores.

Como si una operación de semejante envergadura no hubiese estado bien planeada, desde Washington se ha hablado de “excursión” lo mismo que de guerra, se ha tratado de manera desobligante al primer ministro británico para luego decir que no se necesita su apoyo, se ha convocado luego a la OTAN, con Gran Bretaña incluida, para que contribuya a despejar Ormuz y, ante la muy importante e inédita negativa de los aliados naturales a cooperar en ese propósito, se ha vuelto a decir que no se les necesita. 

La aspiración de la Casa Blanca en el sentido de participar en la selección del nuevo líder supremo de la República Islámica, con la esperanza de montar un esquema como el de Venezuela, simplemente no fue atendida. La mención de que Irán estaría solicitando un cese del fuego y una negociación fue categóricamente desmentida por el canciller iraní, que desde un principio ha sostenido que Irán no tiene de qué hablar con los Estados Unidos y que está dispuesto a continuar la guerra por el tiempo que sea necesario, y ha retado más bien a que los norteamericanos se atrevan a enviar tropas para ver cómo les va en el terreno. 

La guerra desatada contra Irán se convierte poco a poco en una prueba de resistencia. Para la República Islámica, y también para el pueblo iraní, sea cual sea su posición frente a los hechos, cada día de supervivencia tiene sabor de victoria. El deseo de sobrevivir les fortalece. Mientras tanto, sigue siendo una incógnita la actitud futura de los países limítrofes y de los del Golfo Pérsico, cuya condición de “oasis” para inversionistas y emprendedores occidentales se ha deteriorado y será difícil de recuperar. 

Israel, que maneja sus operaciones con precisión y propósitos claros, se ha beneficiado de la acción estadounidense para golpear a Irán con base en un ejercicio de inteligencia que lleva años en busca de una oportunidad como esta. También se ha adentrado en el Líbano para tratar de rematar a Hezbollah. Acciones que al parecer cuentan con apoyo en una sociedad que ha tenido en Irán un enemigo declarado. Otra cosa serán las cuentas de todo lo que Israel ha protagonizado a partir del infausto ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, que no hay que olvidar como detonante de tanta desgracia. 

En los Estados Unidos, a pesar del apoyo irrestricto de algunos sectores, no se notan réditos y más bien crecen las voces que reclaman por la falta de claridad en los objetivos, las explicaciones erráticas y una opacidad incómoda respecto de la extensión y profundidad de una guerra que se ha llamado a ratos expedición, como si fuera un paseo. Aventura cuyo desenlace se aplaza en cuanto no caiga el régimen iraní, el Estrecho de Ormuz siga en otras manos, siga ausente el apoyo de aliados tradicionales y crezca la oposición interna, preocupante en la perspectiva las elecciones de renovación parcial del congreso en el mes de noviembre.

Si la Casa Blanca diera vuelta atrás, cualquier proclama, aún de victoria, para justificar ese hecho tendría sabor a derrota; algo inaceptable para un presidente que considera que “perdedor” es el peor de los calificativos.  Además, dejaría al mundo metido en una crisis de la cual le echarían la culpa abierta o veladamente. Y podría ser el principio de una tremenda batalla política en busca de una nueva prevalencia imperial, en cuanto muchos paso a paso se atreven ya a cuestionar un liderazgo americano que se desgasta con su falta de claridad y sus contradicciones. 

Destejer una alfombra tejida en el seno de una civilización milenaria, ignorada y menospreciada a través de ese lente oscuro de ignorancia con el que tantos miran hacia Oriente, no es trabajo fácil. No más la idea del martirio como credencial con la que muchos desean irse a la tumba resulta ser un elemento de refuerzo al sentido que el régimen islámico tiene de la misión que cumple. 

Todo se ve como si, una vez más, los Estados Unidos insistieran en emprender acciones con el fin de cambiar el Medio Oriente, que es un mundo aparte donde aún existen las huellas de Nabucodonosor, Alejandro, Darío y Ciro, que no eran ningunos tontos. Y es que cogobernar a Irán no es lo mismo que hacerlo con Venezuela, que parecería ser el modelo originalmente invocado. Y hacerlo después de más bombardeos, aún con el envío de tropas a un país de 90 millones de almas, donde se hablan al menos 40 idiomas distintos, sería una aventura de pronóstico reservado.

Paul Bremen, que tuvo a su cargo el gobierno de Irak luego de la caída de Sadam Hussein, relata en cartas dirigidas en su momento a su esposa, cómo la pretensión de ir a gobernar conforme a los valores occidentales asuntos de fondo que pertenecen a otro mundo, todo lo que hizo fue propiciar una revuelta antiamericana que en un año lo obligó a renunciar a ese oficio. 

No cabe duda de que en Washington se viven momentos dramáticos, aunque muchos traten de ocultar una realidad apremiante que pone a prueba el verdadero liderazgo mundial que el presidente ha reclamado con tanta suficiencia. Mientras se sabe que Rusia jamás ha sido ajena al destino de Irán, y que China e India tienen cartas para jugar, lo mismo que las naciones árabes, habitantes del mismo vecindario.

Aunque parezca inocuo, idealista, ingenuo o ridículo, en esta época de transgresión sin pena del derecho internacional, quienes crean que todavía es posible echar mano de lo que de ese engendro quede, deberían hacer a estas alturas el intento de buscar una paz negociada, en lugar de insistir en el uso brutal de la fuerza para detener un proceso de deterioro que puede llevar a una catástrofe cada vez más amplia. 

Las elecciones de Congreso en este caso eran cruciales porque, como ya quedó plenamente demostrado con el gobierno nacional que termina, a menos que el Ejecutivo cuente con una mayoría parlamentaria, estable o “negociable“, no puede realizar cabalmente su proyecto de gobierno, cualquiera que sea.

En esa lógica, era entendible la gran preocupación que existía por el esfuerzo extraordinario del gobierno actual en mantener una propaganda implacable en favor de sus reales o supuestas realizaciones, para conseguir un aumento sustancial en la representación parlamentaria de la izquierda, en la perspectiva de un nuevo gobierno nacional. Estrategia de propaganda que jamás fue contrarrestada por una oposición seria y sostenida. 

Curiosamente, la gente que vota le ha puesto suprema atención a la elección para el Senado de la República, mientras que tiende a relagar a segundo plano la elección para la Cámara de Representantes. Algo que constituye una importante equivocación, porque nuestras dos cámaras tienen exactamente los mismos poderes desde el punto de vista legislativo y de reformas constitucionales, con un ítem muy particular, y es que mientras en el Senado la representación es nacional, algo que conduce a todo tipo de ficciones e interpretaciones, en la Cámara de Representantes la elección se hace sobre la base directa de una representación regional, es decir, departamental, además del Distrito Capital, que puede mostrar más fiel y efectivamente, a lo largo y ancho del país, lo que es la temperatura de la vida política, la participación, y sobre todo el apoyo que pueda tener uno u otro movimiento.

Ciertamente, para el Senado de la República, la izquierda representada hoy en el gobierno nacional tuvo aparentemente un avance en materia de curules, pero no tanto como para tener una incidencia mayor que la que antes tenía si se sumaban a sus 20 escaños los concedidos por el acuerdo de paz a la antigua guerrilla. De manera que, a la hora de la verdad, la representación, o mejor la fuerza congresional en el Senado, sigue siendo la misma para ese movimiento, mientras las demás fuerzas se reparten el resto, con el ítem adicional de que la antigua guerrilla no obtuvo ni siquiera una curul por la vía auténticamente democrática, y ni siquiera consiguió el umbral de la votación. Así que “el establecimiento” y “la maquinaria” condujeron a que no haya cambios de rumbo. Que eso sea bueno o malo, ya se verá.  

Lo que sí vale la pena señalar es que en el caso de la Cámara de Representantes el resultado fue muy distinto del que muchos esperaban, sobre todo frente a la acción proselitista del gobierno en las regiones. Allí, en cada departamento, podría decirse que sucedieron dos cosas: en primer lugar, triunfó la maquinaria política tradicional, mientras que, por otro lado, no avanzó como se pudiera esperar el proyecto político del gobierno, pues a la hora de la verdad el Pacto Histórico quedó relegado a un lugar modesto en la composición de la Cámara.  Y si recordamos que la Cámara de Representantes tiene exactamente la misma fuerza que el Senado a la hora de legislar o de hacer reformas, esa representación resulta insuficiente, mientras que se refuerza o por lo menos se mantiene la de la derecha radical y la de los partidos tradicionales.

El anterior panorama conduce a concluir que un nuevo gobierno de izquierda a la colombiana no tendría mayores posibilidades de desarrollar una agenda legislativa conforme a su proyecto político, mientras que uno del centro o inclusive de la derecha tendría mejores posibilidades de hacerlo.

Las incongruencias propias de un país en el que los partidos políticos en todo caso son precarios, los programas políticos son bastante desconocidos, los debates se dan en torno a las personas y no a las ideas, y la gente escoge candidatos por simpatía, se pusieron de presente nuevamente en esta contienda electoral.

La mayor incongruencia se deriva, para mostrar sólo una fotografía, del hecho de que el candidato Oviedo hubiese recibido un vigoroso apoyo que lo ubicó con más de 1 millón de votos en el segundo lugar de la consulta en la que participaba, mientras que su lista ni siquiera consiguió el umbral. Algo parecido sucedió con otras organizaciones políticas, para demostrar que no solamente no existen partidos debidamente organizados y mucho menos con militancia vigorosa, salvo de alguna manera la de izquierda, sino que ese mismo tipo de incongruencia y falta de racionalidad política jugarán un papel importante en la elección presidencial.

La campaña por la presidencia comienza verdaderamente ahora. Otra cosa es que a lo largo del último año se haya agitado el panorama con la presencia de aspirantes de distintas tendencias, cuyo verdadero poderío electoral saldrá a flote con motivo de la primera vuelta. 

En ese orden de ideas hay buenas noticias para el país, en la medida que se va a clarificando el panorama y nos vamos acostumbrando a que ahora sí es el momento de la exigencia de programas, de debates, de contradicción democrática, y de fortalecimiento de proyectos políticos por los cuales la gente pueda votar con conocimiento, criterio, y responsabilidad democrática.