Incluso, ante el hostigamiento que vivían los liberales y su impunidad, en abril de 1947 (un año antes de su muerte) Gaitán le remitió al presidente Mariano Ospina y al ministro de Gobierno un “Memorial de Agravios”. Ya en febrero de 1948, Gaitán convocó la “Marcha del Silencio” la cual reunió en el centro de Bogotá alrededor de 100 mil personas que protestaron contra la violencia ejercida contra simpatizantes del Partido Liberal. En la manifestación, los participantes debían guardar silencio como expresión de duelo por las victimas asesinadas por la policía en regiones como el Sumapaz, Tolima, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Pero ¿cuál fue la fuente de la violencia en ese momento? Son varias las hipótesis planeadas, entre las que se cuentan: el triunfo del conservatismo en 1946 (luego de 16 años de liberalismo), lo cual devino en una sociedad cada vez más polarizada; la persecución y represión contra el movimiento gaitanista y los sectores subalternos que estaban emergiendo en plena Guerra Fría; sin embargo, la que más profundo ha calado está relacionada con la tenencia de la tierra.

Después del proyecto de reforma agraria impulsada por la Ley 200 de 1936 en el marco del gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el campesinado se configuró la esperanza de que la tierra podía ser distribuida en un término de 10 años. La ley era expresa en proponer que, quienes concentraban tierras improductivas, tenían una década para ponerlas a producir, de lo contrario, el Estado podía expropiarlas para entregarlas a desposeídos.

A finales de la década del treinta e inicios del cuarenta fueron muchos los campesinos que invadieron terrenos privados improductivos con la finalidad de que el Estado cumpliera su palabra y distribuyera la tierra. Algunos de los grandes propietarios habían asumido el dictamen del gobierno y estaban dispuestos a entregar sus predios al Estado. A pesar de estos avances, con la Ley 100 de 1944 (impulsada por la misma administración de López en su segundo mandato), se instauró la contrareforma que empoderó a los propietarios de grandes extensiones y limitó los derechos adquiridos por los campesinos.

La respuesta de algunos terratenientes no se hizo esperar. Armaron con machetes, cuchillos y escopetas de fisto a sus peones y los enviaron a expulsar campesinos invasores, presentándose las primeras masacres y asesinatos selectivos en 1945. Este año fue traumático para el país: además del intento de golpe contra la administración de López Pumarejo en Pasto, llegó el gobierno interino de Alberto Lleras Camargo que hizo caso omiso a estos hechos delictivos y al inicio de la violencia en Colombia. Si bien el asesinato de Gaitán extrapoló la violencia, desde finales de 1944 y producto de la respuesta criminal de sectores terratenientes es que se presentan los primeros hechos victimizantes.  

Aplaudo la sistematización de esta información (que empezó a realizar el CNMH en cabeza de Gloria Valencia Gaitán), pues ayuda a develar los orígenes del conflicto armado en Colombia que tiene como antecedente el periodo de la Violencia.  

A finales de 1956 los hermanos Rafael y Tomás Herrán Olózaga fueron capturados en La Habana, Cuba, con un cargamento avaluado en 16.000 dólares. Rafael y Tomás confesaron haber transportado drogas con anterioridad, aparentemente desde 1948. A inicios de 1957 el entonces Servicio de Inteligencia de Colombia allanó el laboratorio de los Herrán Olózaga en Medellín y encontraron que se había procesado cocaína, al menos, desde 1952, además de que habían adquirido opio ecuatoriano anteriormente.

Paradójicamente, los dos hermanos eran tataranietos de Tomas Cipriano de Mosquera y bisnietos de Pedro Alcántara Herrán, los dos presidentes de Colombia durante el siglo XIX. El abuelo de los hermanos, Tomás Herrán, fue el encargado de negociar el tratado para la construcción del canal de Panamá y firmó el convenio Hay-Herrán. Rafael Herrán, padre de los hermanos, “fue cónsul de Colombia en Hamburgo, era esposo de Lucía Olózaga, concuñado de Gabriel Echevarría y tío político de los Echavarría Olózoga, miembros del principal clan de industriales de Medellín”.

Estos datos extraídos de la investigación La Conexión Cubana: Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución elaborada por el profesor Eduardo Saenz Rovner ponen de presente que históricamente el negocio de las drogas ilícitas ha sido manejado por representantes de la élite colombiana.

Quizás fue por la penalización internacional al cultivo, fabricación y comercialización de estupefacientes, establecida por la ONU en 1961, que el tráfico de drogas empezó a incrementar su clandestinidad y a utilizar, cada vez más, métodos tecnificados para no ser descubiertos y, por esta vía, evitar improperios contra la élite colombiana.

Sin embargo, los documentos desclasificados por la National Security Archive, publicados ayer por varios medios de comunicación colombianos, pusieron de presente que en 1977 la administración norteamericana de Jimmy Carter entregó al entonces presidente colombiano Alfonso López Michelsen una lista de 36 altos funcionarios vinculados con el narcotráfico. Entre las personas nombradas en el dossier están el ministro de defensa, Abraham Varón Valencia, el ministro de trabajo, Óscar Montoya Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces responsable de Indumil. Al tiempo, los documentos señalan a Alfonso López Caballero (hijo del presidente López Michelsen) de “posibles actividades de narcotráfico”.

El informe sirvió, también, para que en 1978 la cadena CBS hiciera un reportaje que acusaba al entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala, abuelo del actual Senador Miguel Uribe Turbay, de tener vínculos con el narcotráfico. Según los documentos, “existían alegaciones de que Turbay, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, mantenía conexiones con narcotraficantes influyentes capaces de influir en la selección de líderes de las agencias encargadas de la aplicación de la ley en Colombia, en el evento de que Turbay asumiera la presidencia”. El objetivo de Carter era presionar al gobierno colombiano para que luchara contra la corrupción y el narcotráfico.

Desde la década del ochenta, se ha visto cómo el narcotráfico ha influenciado campañas presidenciales, cooptado instituciones del Estado, transformado leyes a su acomodo, empañado la justicia colombiana, creado ejércitos ilegales e, incluso, involucrado a personajes de la farándula colombiana. Entre los casos recientes más sonados está el hermano de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, el esposo de la modelo y presentadora Alejandra Azcárate y el comediante Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como ‘carroloco’.

Urge a Colombia continuar con la búsqueda de verdad histórica para desmitificar el imaginario de que los narcotraficantes son, solamente, personas humildes que ascendieron socialmente por los exorbitantes réditos del negocio ilegal. Hay que dejar claro que representantes de la élite colombiana y de las “familias de bien” fueron quienes iniciaron con tráfico de drogas y se han lucrado desde hace más de medio siglo.

Recientemente el EMC anunció la creación del “Bloque Central Comandante Isaías Pardo” que operará en Tolima, Quindío, Huila y Valle del Cauca. Aunque el anuncio causó estupor en la opinión pública por las declaraciones de Otty Patiño, Alto Comisionado de Paz, señalando que el EMC tiene todo el derecho de hacer una reorganización interna, lo que se percibe, desde afuera, es una escisión de esta organización armada ilegal.

A esta situación se suma lo acontecido en el encuentro extraordinario que tuvieron las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y esta disidencia en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 5 de abril. Si bien, en la reunión se acordó continuar con la negociación de paz, no hicieron presencia los delegados del Cauca y Arauca. Específicamente se hace referencia a los delegados de las estructuras conocidas como “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos” que operan en el Cauca y el decimo frente “Guadalupe Salcedo” en Arauca son los que están incumpliendo los acuerdos y el cese al fuego en estas regiones.

El Gobierno Nacional tiene clara esta división en el EMC. Por esto la decisión de Gustavo Petro fue suspender, parcialmente, el cese al fuego con esta organización criminal en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En comunicado público, esta organización ilegal muestra una posición incoherente; mientras solicitan el restablecimiento del cese al fuego en todos los departamentos, amenazan veladamente con posibles ataques a objetivos militares y policiales. En el comunicado piden “a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno”.

En los últimos días se ha observado que el EMC mantiene disputas territoriales con la Segunda Marquetalia, especialmente en Nariño y Cauca, y con el ELN, en Arauca. Estas disputas han generado el desplazamiento masivo de campesinos y el confinamiento de otros tantos. En Arauca, donde el ELN tiene su mayor poderío militar, las disidencias solicitan un “sece (sic) bilateral temporal de fuego, para aliviar de inmediato la crisis humanitaria y regresar la tranquilidad al departamento”.

Pareciera avecinarse una escisión en la disidencia de las FARC conocida como EMC. Este es un escenario en el que el gobierno nacional debe tomar decisiones de fondo. Puede encaminar acciones armadas para combatir estos nuevos grupos que se están fortaleciendo, como lo ha hecho últimamente dando de baja algunos comandantes en Casanare y Cauca, o repiensa la incorporación de los grupos al proceso de negociación. De la decisión que se tome depende la política de Paz Total que no está atravesando por su mejor momento.

Podría sonar alarmista la declaración del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que advierte que Bogotá “vive su propio conflicto interno”, pero no se puede pasar por alto la oleada de atracos en restaurantes, actos de sicariato de alto impacto, extorsiones y amenazas que ha vivido la ciudad últimamente. La Alerta Temprana se concentra en zonas ubicadas, principalmente, en el centro oriente de la ciudad, en las localidades de Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria, Teusaquillo, Chapinero. Hay UPZ, en dicho informe, que son de reconocida recordación por los bogotanos y en donde se desarrolla buena parte del comercio de la urbe: Venecia, Restrepo, La Sabana, Ciudad Montes, Pardo Rubio, Zona Industrial, Candelaria, Lourdes, Teusaquillo, Galerías, Chapinero, Doce de Octubre, entre otras.

La expansión de la presencia de bandas de delincuencia organizada y la disputa por el control del territorio son elementos que hacen concluir a la Defensoría que hay una “tercerización de la violencia” en Bogotá. Es decir, grupos financiados, tercerizados o subordinados por estructuras criminales transnacionales como El Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que están imponiendo el terror. Mientras los ‘satanas’ son financiados por el Tren de Aragua (organización criminal de origen venezolano), la ‘Oficina de San Andresito’, los ‘boyacos’, los ‘camilos’, los ‘costeños’, los ‘paisas’ y los ‘pereiranos’, reciben apoyo del Clan del Golfo (estructura delincuencial que nació en el Urabá, pero que actualmente es una de las que más presencia tiene en el territorio nacional). Justamente, en agosto del año pasado circuló un video en el que el hombres fuertemente armados del Clan del Golfo, desde uno de los cerros tutelares de Bogotá, le declaraba la guerra al Tren de Aragua.

Y es que no es la única Alerta que ha publicado la Defensoría en Bogotá. Hay dos que aún están activas (AT 046 de 2019 y AT 010 de 2021) en las que se observa un continuum de violencia que los ciudadanos de a pie no le hemos puesto la suficiente atención. En abril de 2022, por ejemplo, fueron encontrados con signos de tortura y sevicia 11 cuerpos en localidades del centro, Kennedy y Usme. En los tres primeros meses de 2023 se registraron 19 homicidios, cuyos cuerpos fueron abandonados en espacios públicos. El año pasado, también, se conocieron panfletos con amenazas y cobros de extorsiones, enfrentamientos por el dominio de ‘ollas’ del microtráfico, control de grupos criminales de redes de trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados, acompañados de desplazamientos forzados intraurbanos. A esto se suma la oleada de violencia que los bogotanos hemos visto televisada, en la que se observan delitos de alto impacto. No hay que hilar fino para comprender que estos hechos criminales se presentan de forma articulada.

El plan de seguridad implementado por el alcalde, Carlos Fernando Galán, el cual cuenta con 21 acciones estratégicas para combatir delitos como el homicidio, la extorsión, el tráfico de drogas y el hurto, no ha tenido el impacto esperado. Las medidas inmediatas han sido sumarle 100 policías a los ya existentes y dos helicópteros para monitorear la ciudad; pero si el problema no es de bandas aisladas, sino de organizaciones criminales internacionales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, la estrategia de Galán debe estar enfocada en mantener el orden público, con la articulación a la política de seguridad del gobierno central; al tiempo que debe armar el rompecabezas de la jerarquía de mandos para desestructurarla con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El soporte que brinde el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Policía y la próxima Fiscal serán vitales para combatir el crimen en la capital y mantener el orden público.

Está a tiempo la administración distrital para hacer un balance y analizar a fondo las Alertas de la Defensoría. Aún no ha sido aprobado el Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá y el aumento del pie de fuerza no es suficiente. Se requiere el fortalecimiento en equipos tecnológicos, así como hombres expertos en inteligencia e investigación criminal para determinar los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales que, seguramente, no hacen presencia en Bogotá.

La mayor aprobación e imagen positiva está en el Suroccidente y el Caribe colombiano (62%), seguida del Centro del país (50%) y finalizada por la región Antioquia-Eje Cafetero y Centro Oriente (35%). El análisis del gobierno sobre la encuesta es que los resultados se comportan similares a las elecciones en la segunda vuelta presidencial y en la Zona cafetera, Aburrá y Santanderes “no existe una definición por la paz y el progresismo” porque, debido a la violencia, se tornaron en uribistas.

Si el Gobierno del Cambio quiere continuar su proyecto político otros cuatro años más, debe auscultar la encuesta, no como un triunfo mancipado, sino como un examen suspicaz de las regiones donde más trabajo debe proyectar. Es evidente que las acciones de gobierno, en año y medio que lleva de mandato, se han concentrado en regiones olvidadas de la geografía nacional como La Guajira y el Litoral Pacífico. Allí Petro desplegó su estrategia de “Gobierno con el Pueblo” en la que, junto con su gabinete, escuchan las necesidades de la población y plantean soluciones a las problemáticas. Loable labor, pues llegar a zonas que nunca habían tenido la presencia de un mandatario enorgullece a todo el pueblo colombiano; sin embargo, aunque son regiones que ocupan gran parte del territorio, no concentran población.

Justamente, la parte del territorio nacional con mayor densidad poblacional y donde están los votos se ubica principalmente en los valles interandinos de las cordilleras central y oriental. Allí están las grandes ciudades y es donde debe enfocarse gran parte del trabajo del progresismo en lo que le queda de gobierno, claro está, si quiere ganar las elecciones de 2026. Convencer al pueblo paisa (bastión del uribismo como se reflejó en las elecciones regionales de 2023), a los santanderes (en los que se evidenció el triunfo de proyectos de derecha en la gobernación y alcaldías importantes), a Bogotá (donde la propuesta del progresismo fue aniquilada en primera vuelta) y a la costa caribe (zona controlada por élites regionales) no es tarea fácil. Para gestar la continuidad del proyecto político progresista es urgente impulsar la estrategia de “Gobierno con el Pueblo” en grandes ciudades y visibilizar las problemáticas urbanas. El Valle de Aburrá, Bogotá, Bucaramanga y su área metropolitana deben ser parte de los próximos escenarios en los que el presidente solidifique su estrategia, plantee soluciones a problemáticas urbanas e incremente la popularidad de su gobierno con miras a las elecciones 2026.

A pesar de que son variadas las razones que explican el incremento en la popularidad del mandatario (nominación al Premio Nobel de Paz, solicitud de EEUU para que medie en la crisis política venezolana, entre otras), el Pacto Histórico no puede continuar con el “culto a la personalidad”. Debe, desde ya, proyectar nuevos liderazgos que se encuentran en las canteras de la izquierda. La decisión de promover la unidad del Pacto Histórico como partido para hacer “irreversible la transformación” en las elecciones nacionales de 2026 es un acierto si se quiere competir contra los candidatos del centro y la derecha que ya están haciendo sus pinitos con miras a quedarse con la presidencia.

En el marco de sus operaciones, el 25 de febrero de 1994 el comandante de la policía de Yarumal, Juan Calos Meneses, y el patrullero, Alexander Amaya Vargas (miembro “los doce apóstoles”), asesinaron a Camilo Barrientos Duran, conductor de un autobús que viajaba entre Campamento y Yarumal, porque había rumores que transportaba guerrilleros de las FARC. Los dos asesinos fueron condenados por homicidio y se inició un proceso penal contra Santiago Uribe Vélez por la autoría intelectual en el crimen y su participación en el grupo

23 años después, el 13 de octubre de 2017 se inició el juicio contra Santiago Uribe. Aunque estuvo preso, en marzo de 2018 quedó en libertad por vencimiento de términos. Según los fundamentos que estableció la Fiscalía, existieron patrones de macrocriminalidad que configuraron el delito como de lesa humanidad. Igualmente, determinó que tres elementos le dan ese carácter: i) la existencia de un fenómeno paramilitar con el grupo “doce apóstoles” que contaba con una estructura de mando y generó el exterminio de sectores de la sociedad al catalogarlos como pertenecientes a la insurgencia; ii) la constante violación de Derechos Humanos favorecida por la acción u omisión de la Fuerza Pública en connivencia con el grupo paramilitar; y iii) una evaluación material probatoria de los hechos en la que se cuenta, entre otros, con acuerdos criminales, aniquilamiento y limpieza social e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Las pruebas de la Fiscalía en el juicio contra Santiago Uribe fueron contundentes. Entre las de tipo documental, se encuentran informes de la Personería y Fiscalía de Yarumal que dan cuenta de la existencia del clan doce apóstoles, la estigmatización de personas y el asesinato de alrededor de 30 personas entre julio de 1993 y noviembre de 1994. Al tiempo, audios transcritos y actas notariales de testigos que dan cuenta del liderazgo de Santiago Uribe en los “doce apóstoles” y las ordenes que daba desde la finca La Carolina con el objetivo de hacer “limpieza social” para eliminar integrantes de subversión y delincuentes. Nueve fueron los testimonios que complementaron el acervo probatorio. Cuatro de los cuales fueron contundentes en asegurar que Santiago Uribe hizo parte y lideró el grupo criminal, entre ellos los dos policías que cometieron el asesinato de Camilo Barrientos.

A pesar de que el 9 de febrero de 2021 culminó la exposición de evidencias y se llegaron a los alegatos de conclusión, el juez del caso -Jaime Herrera Niño- señaló que, por ser un caso complejo, se demoraría cuatro meses. Ya van para tres años y, por distintas razones expuestas por el juez que Daniel Coronell sintetiza en su reporte de ayer, aún está en vilo la decisión judicial.

Es entendible que se trata del hermano del expresidente Álvaro Uribe, quizás el representante de derecha más poderoso del país, pero la justicia no se puede politizar. El juez Jaime Herrera debe tomar una decisión pronta sobre el caso así exista una presión mediática y social, pues las dilaciones, además de generar una afectación a las victimas frente al conocimiento de la verdad y la reparación que se les debe garantizar, generan implicaciones que están pasando al ámbito de lo político. Se está generando una politización de la justicia, pues claramente hay intereses políticos en este proceso judicial.

Faculta, inicialmente, al ejecutivo a adelantar los actos tendientes a entablar “acercamientos y conversaciones”. En tal sentido, hay reconocimiento explícito de la reconfiguración del conflicto armado y de las transformaciones en las estructuras criminales durante los últimos años. Concuerda con la ley en que las negociaciones se deben realizar con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), es decir, organizaciones que tienen “un mando responsable” y ejercen “sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (caso ELN, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central); mientras que se pueden adelantar acercamientos para lograr el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), o sea, organizaciones jerárquicas o en red que se dediquen a la ejecución continua de conductas punibles tipificadas en la Convención de Palermo (Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional), que realicen patrones criminales como el sometimiento violento de la población civil y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. Este es el caso, entre otras, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -llamados igual como el clan del golfo-, los shottas y espartanos en Buenaventura, las estructuras asociadas a la Oficina de Envigado en el Valle de Aburrá y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta (también conocidos como los pachenca).

En segundo lugar, considera como finalidad legítima que el Gobierno nacional impulse los acercamientos con estructuras criminales para someterlas a la justicia y pacificar, así, los territorios. Sin embargo, es el Congreso de la República quien debe dictaminar los términos de desmantelamiento y sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. Con el principio de separación de poderes, la Corte constitucional redujo el margen de discrecionalidad del ejecutivo y consideró que la regulación para someter a las EAOCAI debe tener un carácter legal. Esta decisión no debe verse como una limitación al ejecutivo, sino como una presión para que el presidente presente, lo más pronto posible, un proyecto de ley que tenga en cuenta los adelantos en las conversaciones con las estructuras criminales y la lógica delictiva en los territorios.

En cuanto a la suspensión de órdenes de captura -tercera conclusión de la Corte- el gobierno debe motivar y justificar la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias ante la rama judicial para que sea ésta la que valore los argumentos y determine la posible excarcelación.

Una cuarta conclusión tiene que ver con que las garantías de seguridad proporcionadas por el Estado se deben aplicar a quienes efectivamente están participando en los procesos de acercamiento y conversación y solo con esta finalidad. Esto implica que, mientras la estructura criminal continúe desarrollando actividades delictivas, el Estado debe utilizar las herramientas de persecución y uso proporcional y necesario de la fuerza para proteger los derechos de la población civil y las comunidades.

En quinto lugar, el Alto Tribunal exhortó al Congreso de la República para que determine un marco legal que defina las pautas, lineamientos, oportunidad y límites en el momento de la creación de zonas de ubicación cuando se trata de conversaciones con la criminalidad organizada. La creación de zonas de ubicación debe materializarse cuando el proceso de paz con los GAOML o los acercamientos y conversaciones con los EAOCAI estén en una fase madura del proceso, de tal manera que sea efectiva la entrega o sometimiento a la justicia.

Finalmente, uno de las conclusiones que más discusión causó fue la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias -Gestores de Paz. La Corte consideró que el ejecutivo no puede disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, pues limita los derechos de las víctimas y afecta la efectiva impartición de justicia. Esta decisión de la Corte generó el pronunciamiento del Fiscal General, Francisco Barbosa, quien señaló que “seguramente los fiscales en el marco de su independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura de quienes se designaron voceros de paz y se les otorgó esa libertad”. A quienes directamente perjudicaría esta postura de la Fiscalía sería, entre otros, a los jóvenes de la Primera Línea dejados en libertad en el marco de la paz total.

En definitiva, la decisión de la Corte brindó al Gobierno nacional las herramientas jurídicas para continuar con los procesos de negociación y acercamientos para el sometimiento a la justicia que viene adelantando con grupos criminales en el marco de la paz total. Una Corte Constitucional que, en un primer momento, se pensó estaba politizada contra el gobierno del cambio al negar los Decretos de la Guajira -en el marco del Estado de Excepción- rescata la Constitución Política al poner por encima los principios de separación de poderes, búsqueda de la paz y la convivencia pacífica y fortalecimiento del Estado de Derecho para proteger a la población. Una decisión, sin dudas, que dejó contentos tanto al gobierno como a la oposición.

Mientras que los medios han construido una opinión pública negativa de la Paz Total, en reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP se evidencia, entre otras conclusiones, que en los primeros 10 meses de 2023 hubo un desescalamiento del conflicto armado y, en ciertas regiones, hubo “alivios humanitarios parciales”.

El reto central es crear una estrategia comunicativa para darle a entender a la sociedad la reconfiguración que ha tenido el conflicto armado y la diversidad de grupos armados al margen de la ley -GAOML- y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto – EAOCAI- con las cuales está negociando el Estado colombiano. Hay diferencias sustanciales con los procesos de paz anteriores que se llevaron con grupos armados, pues mientras la administración Uribe negoció con las AUC, Santos hizo lo propio con las FARC, la actual administración tiene, al menos, 8 escenarios en los que se cuentan procesos de paz y acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones ilegales.

Son tres procesos de paz que se adelantan con GAOML: por un lado, la negociación con el ELN que se encuentra empantanada porque esta organización ilegal continua con la práctica del secuestro, desconociendo el respeto al DIH pactado en México. La negociación con el Estado Mayor Central liderado por alias Iván Mordisco, quien ha anunciado su voluntad de paz, pero que exige la no presencia de Fuerzas Armadas en el cañón de Micay para sacar la cocaína que producen por el pacífico. El tercer proceso se lleva a cabo con las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Marquez, que, si bien, se sentó en ocasiones en la mesa con el Ex Comisionado, Danilo Rueda, no hay negociación en curso.

Hay cinco procesos de acercamiento para sometimiento a la justicia con EAOCAI: inicialmente están los diálogos con Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quizás el grupo armado con mayor presencia en el territorio, que está pidiendo un reconocimiento político porque creen tener una visión de país; en segundo lugar, los diálogos con shottas y espartanos en Buenaventura, que han evidenciado una reducción sustancial en los niveles de violencia en el puerto del pacífico; otras son las estructuras que hacen presencia en el Valle de Aburrá que, por medio de comunicado a la opinión pública del pasado 23 de noviembre, dieron a conocer su voluntad de continuar con los protocolos y temas de dialogo en los acercamientos con el gobierno; en cuarto lugar están los mexicanos, locos yam y RPS que hacen presencia en Chocó y con quienes se instaló un Espacio de Conversación Socio-Jurídico en agosto de este año; finalmente, los acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como los pachenca, quienes, el mes pasado, liberaron a dos jóvenes que tenían en su poder y han manifestado su voluntad de paz al gobierno.

A pesar de que varias de estas organizaciones han mostrado su voluntad de paz e interés para someterse a la justicia, lo paradójico es que ha sido el Estado colombiano el que ha limitado los avances, pues no hay un marco jurídico. El proyecto de ley de sometimiento se hundió en el Congreso de la República en la legislatura anterior y actualmente el gobierno no se a puesto de acuerdo para presentar uno nuevo. Mientras unos consideran que se puede ampliar la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), otros consideran que se debe presentar una iniciativa propia.

Otty Patiño, también, debe posicionar en la opinión pública el discurso de que la Paz Total aporta a los derechos de las víctimas, pues algunas de estas estructuras cometieron magnicidios, infracciones al DIH y operaciones militares que causaron hechos victimizantes generalizados. El aporte a la verdad extrajudicial y el cese del flagelo de la desaparición forzada son algunos derechos de las victimas que, en el marco del sometimiento a la justicia y de procesos de paz, deben salir a la luz pública.

La encrucijada en la que se encuentra el gobierno está en que, debido a la complejidad actual del conflicto y a la diversidad de grupos que hacen presencia en el territorio, si golpea militarmente a una estructura ilegal, termina beneficiando a otra. Las rutas metodologías de acercamiento y negociación que se desarrollen con las organizaciones armadas deben darle la ventaja militar a las Fuerzas Militares del Estado y tener claridades en temas urbano-rurales, cuestiones novedosas para el Estado colombiano. Es por ello que la Paz Total debe comprenderse de manera integral y si no se desarman todas las organizaciones armadas que hacen presencia en el territorio, la violencia continuará y posiblemente se recrudecerá finalizado este gobierno.

A comienzos de semana, el comandante del ELN, alias Antonio García, continuó con la justificación del secuestro como medio de financiación de esa guerrilla. Las desconcertantes declaraciones, dadas por García después de la liberación de Luís Manuel Díaz, mencionan que el ELN es una organización “pobre como la mayoría de los colombianos” y que no aceptaran “imposiciones ni chantajes” por parte del Estado.

Lo peor es que, en parte, Antonio García tiene razón, pues el proceso de paz con esa guerrilla ha sido tan mal llevado que, en la mesa de negociación, el gobierno no les ha exigido dejar el secuestro como fuente de financiación. Es crucial que el presidente tome decisiones contundentes, pues las estremecedoras emociones en el rostro de Luís Manuel Díaz al celebrar los goles de su hijo -que asemejaban plegarias por la libertad y el fin del secuestro- reflejan el clamor de los colombianos. El jefe de Estado se está jugando su política insigne: la “Paz Total”.

Si en materia de paz las cosas no marchan bien, los datos económicos fueron un latigazo previo al encuentro futbolero. En la mañana, el DANE reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año cayó al terreno negativo en -0,3%, la peor cifra desde la pandemia del Covid-19. La industria manufacturera, la construcción y el comercio fueron los sectores que más jalonaron negativamente el PIB.  Aunque no estamos en recesión económica y no se avizora en el corto plazo, la respuesta del presidente fue “cambiar la regla fiscal”, lo cual generó desconfianza en los mercados, más en un país que tiene altos niveles de endeudamiento. Con esta desastrosa noticia, muchos de los hinchas viajaron a Barranquilla a ver la selección.

La otra trompada que vivió ayer el gobierno, horas previas al partido, fue la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición de deducción de regalías de la reforma tributaria. La resolución del alto tribunal permite que petroleras y mineras deduzcan las regalías de la base gravable del impuesto de renta, lo que implica que el Estado no recaudará alrededor de cuatro billones de pesos; cifra nada despreciable para el Presupuesto General de la Nación. La respuesta del presidente en su cuenta de X no fue nada afortunada: “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

Los sentimientos mezclados de triunfo, odio y rencor luego del partido Colombia-Brasil deben calmarse. En una ráfaga de lucidez el gobierno nacional debe tomarse el tinto con el uribismo para replantear la reforma a la salud; reconocer que hay un sector importante de la población que no está de acuerdo con la forma en que se está llevando “el cambio” (según la última encuesta existe un 64% de desaprobación); ponerle el tatequieto al ELN y a las disidencias de FARC; considerar la incidencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad colombiana y repensarse la estrategia comunicativa de sólo utilizar la cuenta X; y renegociar acuerdos con los partidos tradicionales, pues, al fin y al cabo, fueron ganadores en las pasadas elecciones locales.

Considero como un acto de irresponsabilidad periodística haber publicado una carta abierta al presidente de la República señalándolo como adicto, sin tener pruebas fácticas y guiándose por rumores de fuentes que le aseguran que esa es la razón de su ausencia en algunos eventos públicos. El ejercicio periodístico en Colombia no puede seguir consistiendo en exacerbar emociones por medio de presunciones sensacionalistas, ataques moralistas y acusaciones sin fundamento. Las columnas de opinión deben tener un carácter reflexivo y analítico de la realidad, de lo contario se convierten en resúmenes de sentimientos y anhelos delirantes.

Eso dejárselo a los imitadores de periodistas, al amarillismo anquilosado, pero usted que es una de las columnistas más influyentes de este país, escrupulosa en sus análisis y consagrada a la profesión, no le queda bien emitir juicios de valor y generar un debate público contra la figura del presidente por “chismes” de pasillo que pretenden atar algunas decisiones políticas desafortunadas con una adicción.

Concuerdo con los twitt del embajador Roy Barreras y la exministra de salud, Carolina Corcho (él médico y ella psiquiatra), en que la exposición pública que usted realizó, además de violar los derechos de privacidad del presidente, estigmatiza al representante de la institucionalidad en Colombia. Difiero de algunos opinadores que afirman que usted redacto esa columna con el fin de “dar el Golpe de Estado a Petro”; esa no es la intención que en el fondo se lee.

Hay algunos elementos que presenta en la misiva, y que comparto plenamente, pero que por su énfasis en la petición al presidente de que devele su adicción, quedan de soslayo. Cada vez el presidente se está aislando y ausentando del poder en lugar de utilizar las facultades que el pueblo le entregó para ejercer los cambios que necesita Colombia.

Vemos más a un jefe de Estado ávido de una agenda internacional en torno a temas medioambientales y reducción de la deuda, pero en un deambular sigiloso interno, desconectado de la gente y de las problemáticas cotidianas. Un ejemplo es la victoria pírrica que se atribuyó el presidente después de las elecciones locales. No hay lectura más errática que ésta. Seguramente sus subalternos, que están gobernando a su acomodo y amasando poder, cómo usted muy bien señala, le descifran un escenario (que como el presidente manifiesta en X), “muy alejado del relato mediático”. Al Pacto Histórico le falta estructura, está intrincado en la figura personalista de Petro, en debates internos de unidad y eso fue el fiel reflejo de las elecciones locales. Una jornada electoral en las que las élites regionales le hicieron saber al presidente -en un lenguaje altisonante- que ellos mandan en las ciudades más densamente pobladas y en los departamentos del centro del país, y que no la tendrá fácil en lo que le queda de gobierno.

Aunque queda bastante tiempo de “Gobierno del Cambio”, las cábalas politológicas no dan mucha esperanza en la continuidad del proyecto del Pacto Histórico y vaticinan su pronto suicidio. Uno de los errores más desconcertantes y que usted, María Jimena, deja ver en su columna, es la falta de una estrategia comunicativa asertiva por parte del presidente. Un jefe de estado que se pronuncia a través de trinos, algunos agudos y críticos, otros mal escritos y punzantes, son las formas que han tomado líderes totalitarios del continente como Nayib Bukele y Donal Trump. Todos sabemos que los medios de comunicación tienen intereses económicos tras bambalinas, pero entrar en una negación total de los mismos es riesgoso para cualquier democracia.

Maria Jimena, su trabajo como periodista y formadora de opinión ha incidido en la construcción de la democracia en Colombia. Sin embargo, columnas como la publicada en Cambio ayer, dejan mal parado al gremio e incitan a discursos amparados en la impulsividad, las suposiciones y los enigmas.