Ahora, cuando termina un gobierno y comienza otro, Sánchez plantea una discusión que va más allá del balance sobre Petro: qué país queda y qué país se quiere construir. Habla de energía, gas, tarifas, inversión, pobreza y empleo, pero también de la necesidad de recuperar la técnica en las decisiones públicas, de tener funcionarios capaces de contradecir al presidente y de entender que el sector privado no puede ser visto como un enemigo. Su frase resume buena parte de la conversación: “Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso”.

Pero quizá la parte más importante de escucharlo ahora está en su llamado a dejar atrás la política de la confrontación permanente. “Tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro”, dice. Sánchez no propone olvidar lo ocurrido durante estos cuatro años, sino aprender de ello y construir sobre lo que ya existe. En un país acostumbrado a que cada gobierno quiera empezar de cero y a que cada diferencia termine convertida en una pelea, su invitación es sencilla y, al mismo tiempo, difícil: volver a hablar, volver a escuchar y preguntarnos menos quién ganó la discusión y más qué necesita Colombia.

Diego Aretz: Usted fue compañero de Gustavo Petro en el Senado y lo conoce desde hace muchos años. Ha sido también un crítico de su gobierno. ¿Cómo lee hoy a Petro? ¿Es el mismo alcalde, el mismo senador o el presidente fue otra persona?

Camilo Sánchez: Yo estoy acostumbrado a construir desde la diferencia. Cuando llegó Petro al Gobierno pensé que íbamos a tener un diálogo técnico. La gran sorpresa fue que terminó siendo ideología y no técnica.

Yo lo tuve como compañero en el Senado y tengo que decirlo: era un buen parlamentario, hacía debates muy bien sustentados. Eso fue totalmente distinto a lo que vimos como gobernante.

Creo que no tuvo un equipo real y serio que pudiera acompañarlo. Fue muy egoísta, creyendo que él tenía la verdad revelada. Nombró funcionarios para que hicieran caso y no para que lo ayudaran a gobernar. Esa fue una de sus grandes falencias.

Si se hubiera mantenido con el primer gabinete, con personas pensantes que podían decirle que no y darle buenos consejos, hubiera tenido una administración admirable. Hoy creo que fue deplorable. Cometió el error de rodearse de áulicos, de personas que solamente hacían caso y no de personas que lo ayudaran a gobernar.

Él es bueno para hacer debates, malo para ejecutar. Lo demostró en la Alcaldía y ahora lo ratificó como presidente.

Diego Aretz: Hablemos de economía y energía. ¿Cuál es su balance de estos cuatro años?

Camilo Sánchez: Los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Desde que llegué a Andesco aprendí que cuando uno mejora la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios públicos, mejora el nivel de vida de todos los colombianos.

Como senador tuve la suerte de ayudar a hacer las leyes 142 y 143, que produjeron una gran revolución. En menos de 32 años cambiamos las coberturas, la calidad y la continuidad de los servicios públicos. Mostramos que para cambiar lo público se necesitaba algo fundamental: competencia. Entraron los privados y los modelos mixtos a competir con lo público y el servicio mejoró.

Hoy tenemos coberturas superiores al 95% en todos los servicios. Es un ejemplo para Latinoamérica. En muchos rincones del país la gente tiene acueducto, alcantarillado, energía y tecnologías de información y comunicación, algo que antes parecía reservado a los departamentos ricos.

Lo triste es que este Gobierno no aprovechó esa ventaja.

Los empresarios, que son quienes hacen la inversión, pedían dos cosas: seguridad jurídica y personas que conocieran técnicamente los sectores para tomar decisiones. Nosotros tenemos una frase: “Buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana”.

Cuando se toman malas decisiones ocurre lo que estamos viviendo. Nosotros nunca deberíamos estar hablando de un apagón.

Un apagón en Colombia nos puede costar entre 1,8 y 2,2 puntos del PIB. Es gravísimo. El Gobierno decidió que Colombia no iba a producir más petróleo y gas y terminamos dependiendo de otros países. Hoy estamos importando más del 30% del gas, cuando antes se importaba alrededor del 4%.

Necesitamos recuperar la soberanía energética y construir una matriz energética diversa: agua, energía eólica, solar, pero también térmica. Aquí se decidió que algunas de esas energías no tenían sentido y son precisamente las que nos han salvado.

Diego Aretz: ¿Qué tan probable es un apagón y qué tiene que hacer el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Si no hubieran existido las empresas del sector eléctrico colombiano que se endeudaron, trabajaron e hicieron esfuerzos enormes, este país habría tenido problemas muy graves.

Hoy tenemos un apagón técnico. La demanda del país está casi un 5% por encima de la oferta y tenemos cortes programados en municipios del Pacífico y el Atlántico de cuatro, seis y hasta ocho horas. Les ponemos un nombre técnico, pero son apagones.

Cualquier contingencia puede apagar el país.

Además, tenemos un problema financiero. A Air-e se le deben alrededor de tres billones de pesos y a las térmicas cerca de dos billones. En un momento como el fenómeno de El Niño, cuando las térmicas pueden generar una parte fundamental de la energía firme del país, no tener liquidez puede producir un apagón financiero.

Por eso le estamos pidiendo al nuevo Gobierno que priorice estos recursos en el Presupuesto Nacional. Hay que evitar ese apagón.

También aplaudo que se haya nombrado una persona técnica al frente de Minas y Energía. En el Gobierno anterior, los ministros de Minas y Energía brillaron por su ausencia de capacidad técnica. Hicieron ideología y política.

Nosotros dimos muchas propuestas, pero querían bajar las tarifas a las malas y no lo lograron.

Diego Aretz: ¿Fue una estrategia deliberada de desfinanciar empresas públicas y servicios para debilitarlos?

Camilo Sánchez: Desde afuera parecía exactamente la misma práctica aplicada en dos sectores distintos. Era un modus operandi.

Tengo que aplaudir a los empresarios que hicieron hasta lo imposible. Otros habrían botado la toalla. Las empresas térmicas se endeudaron hasta el máximo para poder cumplirle al país.

Ahora tenemos que hacer un plan de choque. Primero, priorizar el Presupuesto Nacional para resolver el problema de Air-e. Segundo, revisar la opción tarifaria. Y tercero, pedirles a alcaldes y gobernadores que paguen las deudas de colegios, hospitales y otras entidades públicas.

La liquidez es la única forma de evitar una quiebra y un apagón.

Diego Aretz: Usted ha tenido una postura muy abierta al diálogo. Incluso durante el Gobierno Petro invitó a sus ministros a los congresos de Andesco. ¿Cómo debe ser la relación con el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Desde antes de que ganara el presidente de la República teníamos un vínculo muy grande con el vicepresidente y estuvimos revisando las propuestas para construir un plan de choque para los primeros 100 días.

Nosotros creemos en construir sobre lo construido. Una de las cosas que le decía al presidente Petro y a sus ministros era que ellos creían que habían llegado a fundar el mundo. Aquí ya se habían hecho cosas muy importantes que tenían que seguir construyéndose.

Desde la diferencia buscamos puntos de encuentro.

Nosotros les entregamos estudios sobre electricidad y gas. Les dijimos a tiempo que íbamos a tener que importar grandes cantidades de gas si dejábamos de perforar y aumentar las reservas. Nos dijeron que éramos mentirosos y tramposos, que el apagón era mentira.

Hoy estamos en un apagón técnico y tenemos cortes programados.

Al presidente le faltó dignidad para nombrar personas que pudieran llevarle la contraria. Y ese también es un mensaje para el nuevo Gobierno:

Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso.

Gabinetes capaces de escuchar las distintas posiciones y tomar decisiones aunque no sean las que inicialmente tenían previstas.

Y tenemos que entender algo fundamental: el sector privado no es el enemigo a vencer.

Con este Gobierno queremos trabajar. Para todo lo bueno estaremos acompañándolo, pero tampoco vamos a ser áulicos. Vamos a decir siempre las cosas en las que no estemos de acuerdo, con argumentos y estudios.

Aquí tienen que volver a gobernar la inteligencia, los estudios y la técnica.

Diego Aretz: ¿Cuáles son las prioridades de los primeros 100 días?

Camilo Sánchez: Lo primero es revisar y derogar los proyectos que fueron negativos y estuvieron fundamentados solamente en ideología. El Consejo Gremial entregó un arsenal de propuestas y prospectiva. Mostramos cuáles resoluciones, decretos y proyectos eran negativos.

En energía y servicios públicos tenemos varios asuntos claves: el marco tarifario de agua potable y saneamiento básico, la transmisión, la generación y, especialmente, Air-e.

También es fundamental priorizar el Presupuesto Nacional para darle liquidez al sector en el momento más crítico.

Lo que estamos viendo ahora es algo que no se había hecho durante cuatro años: técnica, conocimiento y convocatoria a los mejores, sin importar de dónde vengan.

Y hay otro reto: la oposición.

Me parece equivocado empezar a hacer oposición sin que siquiera haya comenzado el Gobierno. ¿Cómo se puede juzgar un Gobierno que todavía no ha tenido la posibilidad de empezar a actuar?

Primero hay que esperar 90 o 100 días y hablar sobre hechos, no sobre prejuicios.

Diego Aretz: ¿Cómo podemos superar la polarización?

Camilo Sánchez: A mí me dolió mucho ver cómo se perdió la cultura democrática. Un presidente tiene que saber entregar el poder.

Uno no puede ser una persona maleducada ni en la entrada ni en la salida. El presidente Duque no tenía por qué estar feliz de entregarle el poder a Petro, pero era un demócrata y lo entregó como debía.

Ahora tenemos que trabajar para volver a unir al país. Lograron dividir a los colombianos, a las familias, los barrios y las poblaciones.

La gran estrategia debe ser que todos, desde la diferencia, construyamos para el beneficio general.

Tenemos que volver a trabajar en equipo. Lo que queremos todos es que le vaya bien al país.

Diego Aretz: Hablemos de servicios públicos. ¿Son caros o baratos en Colombia frente a los países desarrollados?

Camilo Sánchez: Tenemos servicios públicos admirables para los estándares internacionales y nuestras rentabilidades no son excesivas.

Hay que entender algo: más del 80% de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos. Los empresarios saben que no pueden poner tarifas que la gente no pueda pagar porque destruirían el sector.

En Colombia hemos hecho un milagro. Somos un fenómeno en Latinoamérica.

Tenemos, además, un sistema de subsidios cruzados: los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Eso es algo maravilloso.

Lo que tenemos que hacer es sacar a los colados del sistema.

En Colombia el estrato 4 es el único al que se le cobra lo que realmente vale el servicio.

En tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, los precios han crecido por debajo de la inflación. Es un sector tecnológico, con economías de escala y mucha competencia.

Y en energía, comparados con Estados Unidos, nuestros costos son muy bajos.

El problema es que tenemos redes de transmisión de más de 50 años. Somos unos berracos: hemos logrado mantener y aprovechar tecnología que ya es obsoleta.

Pero durante cuatro años no fue negocio invertir porque cambiaron las reglas de juego.

Diego Aretz: ¿Cómo sacamos de la pobreza a los colombianos que siguen en esa situación?

Camilo Sánchez: Lo primero es evitar el asistencialismo puro. Cuando un país se vuelve asistencialista, la gente puede terminar atrapada en la pobreza porque no encuentra incentivos para progresar.

Los subsidios son necesarios para quienes realmente los necesitan y no tienen posibilidades de salir adelante. Pero tienen que ser dignos, pagables y sostenibles.

El resto debe complementarse con incentivos.

Yo creo profundamente en el autoempleo y en la creación de microempresas. Hoy una persona crea una empresa y puede quebrarse en los siguientes cinco años porque le ponen condiciones como si fuera una gran compañía.

Hay que darle líneas de crédito, subsidios a las tasas de interés y condiciones para que pueda desarrollar su actividad.

Eso es más barato que mantener permanentemente un subsidio.

Y tenemos que incentivar a quien estudia y se esfuerza. ¿Cómo puede haberse convertido en pecado que una persona de estratos bajos reciba apoyo para estudiar en una universidad como Los Andes?

En mi caso particular, mi padre fue mesero del Hotel Tequendama y uno de mis mayores orgullos es que me dio la educación para que yo no tuviera que repetir lo que a él le tocó vivir. Llegó incluso a ser presidente encargado de este país.

Eso es lo que tenemos que crear: conciencia de que una persona puede progresar.

Diego Aretz: Si tuviera que escoger una política concreta para reducir la pobreza, ¿cuál sería?

Camilo Sánchez: Hacer de la generación de microempresas un objetivo nacional.

Tenemos que crear una política de autoempleo. Dar crédito, capacitación e incentivos para que una persona pueda convertirse en su propio empleador y trabajar para mantener a su familia y mejorar su situación.

También hay que hacer algo con el campo. Si entregamos tierras pero no damos maquinaria, crédito, asistencia y posibilidades de comercialización, en cinco años esas tierras pueden volver a concentrarse en otras manos.

No basta con entregar cinco hectáreas. Hay que darle al campesino las condiciones para producir, pagar a sus trabajadores, tener agua, servicios y comercializar.

Por eso necesitamos una política de autoempleo y darle incentivos al sector productivo, no convertirlo en el enemigo a vencer.

Los particulares son quienes hacen la inversión en este país. Tenemos que volver a darles confianza.

Diego Aretz: Hay algo que parece fundamental para el nuevo Gobierno: ¿cómo hacemos para que Colombia deje de vivir permanentemente mirando hacia atrás, discutiendo sobre Petro y sobre los cuatro años que terminan?

Camilo Sánchez: Yo creo que tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro. Petro ya tuvo cuatro años para gobernar, tomó sus decisiones y los colombianos las van a evaluar. Ahora el país tiene que mirar hacia adelante.

No podemos permitir que durante los próximos cuatro años toda la agenda nacional siga siendo Petro. Sería un error político y un error histórico. Si el nuevo Gobierno se dedica a responderle todos los días al presidente anterior, termina gobernando para él y no para los colombianos.

Hay que pasar la página, pero pasarla no significa olvidar. Significa aprender. Tenemos que mirar qué funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que corregir. Y eso implica reconocer también las cosas buenas que se hicieron en gobiernos anteriores. Colombia no puede seguir siendo un país que cada cuatro años cree que empieza de cero.

Tenemos que construir sobre lo construido.

Yo le diría al nuevo presidente: no se deje llevar por la tentación de gobernar solamente para quienes votaron por usted. Gobierne para todos. Y eso significa escuchar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a las regiones, a las universidades, a las organizaciones sociales y también a quienes están en la oposición.

La oposición es necesaria en una democracia. Lo que no podemos tener es una oposición que quiera que al Gobierno le vaya mal para demostrar que tenía razón. Si al Gobierno le va mal, le va mal a Colombia. Y si le va bien, ganamos todos.

Por eso también necesitamos bajar el nivel de agresividad. Colombia está cansada de que todo se convierta en una pelea. Hay que recuperar la conversación pública.

Yo no estoy diciendo que tengamos que pensar igual. Al contrario. Yo creo en la diferencia. Pero una cosa es tener diferencias y otra es convertir al que piensa distinto en un enemigo.

El sector privado no puede ser el enemigo. La oposición no puede ser el enemigo. Los empresarios no pueden ser enemigos. Los trabajadores no pueden ser enemigos. El Gobierno tampoco puede ver enemigos en todas partes.

Tenemos que volver a construir confianza.

Y la confianza se construye con reglas claras, con instituciones fuertes, con decisiones técnicas y con personas capaces de reconocer cuando se equivocan.

Colombia tiene enormes problemas, pero también tiene enormes posibilidades. Tenemos empresarios, trabajadores, científicos, universidades, campesinos y jóvenes capaces de hacer cosas extraordinarias.

Lo que necesitamos es que el Gobierno no les ponga obstáculos y que vuelva a existir una idea común de país.

Tenemos que dejar de preguntarnos quién ganó la discusión y empezar a preguntarnos qué necesita Colombia. Ese tiene que ser el acuerdo nacional: mirar hacia adelante.

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

La entrevista aborda temas como la calidad de la educación, el papel de los maestros, la formación del pensamiento crítico, la educación pública y privada, el futuro de las universidades, las brechas sociales y el impacto que las decisiones políticas tendrán sobre las próximas generaciones. También se discute cómo la educación puede convertirse en un espacio para reconstruir la confianza, fortalecer la democracia y aprender, finalmente, a dialogar.

Una conversación serena y necesaria, crítica y de fondo sobre el presente y el futuro de Colombia.

Por eso la entrada en funcionamiento de la Plataforma del Legado del Centro Nacional de Memoria Histórica merece una lectura que va más allá del lanzamiento de un nuevo portal institucional. Lo que se pone a disposición del público no es simplemente una página web renovada, sino una infraestructura digital que reúne buena parte del patrimonio documental construido durante años alrededor del conflicto armado colombiano.

Durante más de una década el Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló investigaciones, entrevistas, informes, cartografías, archivos de derechos humanos, publicaciones, registros audiovisuales y materiales producidos junto con comunidades, organizaciones sociales, universidades y víctimas. Ese acervo, disperso hasta ahora en distintos repositorios, comienza a integrarse en un único ecosistema que permitirá consultar, descargar y cruzar información desde cualquier lugar del país.

La decisión tiene una importancia que no depende del gobierno de turno. Los archivos públicos adquieren verdadero valor cuando dejan de ser patrimonio de una administración para convertirse en bienes accesibles para investigadores, periodistas, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en comprender cómo se ha documentado uno de los periodos más complejos de la historia reciente de Colombia.

La plataforma está organizada en dieciséis grandes componentes. Allí conviven las investigaciones producidas por el Centro, el Archivo de Derechos Humanos, la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos y Memoria Histórica, el Observatorio de Memoria y Conflicto, el Museo de la Memoria, las exposiciones, los recursos pedagógicos, las iniciativas territoriales y distintos espacios audiovisuales que incluyen documentales, pódcast y registros multimedia.

Uno de los apartados más relevantes sigue siendo el Observatorio de Memoria y Conflicto. Desde hace años se convirtió en una de las fuentes de consulta más utilizadas por periodistas, investigadores y organizaciones nacionales e internacionales gracias a la sistematización de cifras, líneas de tiempo, bases de datos e informes que permiten observar la evolución de la violencia desde múltiples variables. La nueva plataforma facilita el acceso a esa información y la articula con otros fondos documentales que hasta ahora se consultaban de manera independiente.

También resulta significativa la incorporación de herramientas que permiten recorrer la memoria desde los territorios. Los Planes Territoriales de Memoria, los mapas del despliegue institucional y el espacio dedicado a las resistencias comunitarias muestran una dimensión menos conocida del trabajo del Centro: la construcción de memoria no ocurre únicamente en Bogotá, sino en cientos de municipios donde comunidades enteras han documentado su propia historia y desarrollado procesos de reparación simbólica.

Hay un aspecto que suele pasar inadvertido cuando se habla de digitalización. No se trata únicamente de conservar documentos, sino de garantizar su circulación. Durante años muchos de estos materiales existían, pero encontrarlos requería conocer previamente el funcionamiento interno de la entidad o navegar por distintos repositorios. Reunirlos bajo una misma arquitectura facilita el acceso y, sobre todo, amplía las posibilidades de investigación.

Ese esfuerzo adquiere una dimensión particular en un país donde la discusión pública sobre el pasado suele estar atravesada por interpretaciones enfrentadas. La existencia de archivos abiertos no elimina esas diferencias, pero ofrece un punto de partida común: los documentos. Es difícil sostener una conversación seria sobre la historia reciente cuando las fuentes permanecen dispersas o inaccesibles.

El lanzamiento de la Plataforma del Legado también deja una reflexión sobre el papel de las instituciones culturales. Con frecuencia se espera que produzcan nuevos contenidos, exposiciones o publicaciones, cuando una parte esencial de su trabajo consiste en preservar aquello que ya existe y asegurar que continúe disponible para las siguientes generaciones. La preservación documental rara vez produce titulares, aunque probablemente sea una de las tareas más silenciosas y duraderas del Estado.

A partir del 21 de julio, cualquier ciudadano podrá ingresar al portal institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica y recorrer millones de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano. Más que una actualización tecnológica, la Plataforma del Legado representa la consolidación de un archivo público construido durante años de trabajo con comunidades, investigadores y víctimas. En tiempos en los que la información parece cada vez más efímera, la existencia de un repositorio abierto, organizado y permanente constituye una noticia cuyo verdadero alcance probablemente solo podrá medirse con el paso de los años.

La polémica que rodeó a Andrés Bilbao por publicar una convocatoria para un trabajo no remunerado, dirigida a alguien con “hambre de aprender”, no debería agotarse en un intercambio de indignaciones en redes sociales. Sería desperdiciar una oportunidad para reflexionar sobre algo mucho más profundo: la relación que Colombia tiene con el trabajo, el privilegio y las oportunidades de su juventud.

Andrés Bilbao seguramente utilizó una expresión común en el lenguaje empresarial. “Hambre de aprender” es una metáfora frecuente para describir la curiosidad, la disciplina y las ganas de crecer. El problema es que las metáforas también tienen contexto.

En un país donde cerca de un tercio de la población enfrenta dificultades para acceder adecuadamente a la alimentación, donde millones de familias hacen cuentas para decidir qué comida pueden saltarse, el hambre deja de ser una figura literaria y se convierte en una realidad cotidiana. No se trata de personas perezosas ni de individuos que no quieran esforzarse. Se trata de una sociedad que, durante décadas, no ha logrado construir una arquitectura económica y social capaz de garantizar oportunidades suficientes para todos.

Por eso la frase produjo tanta incomodidad.

Pero el debate no termina ahí.

La discusión adquiere otra dimensión porque Andrés Bilbao no habla desde cualquier lugar de la sociedad colombiana. Gracias a su trayectoria empresarial, a su participación en compañías de enorme éxito como Rappi y a los resultados económicos que ha alcanzado, hoy pertenece a uno de los sectores más privilegiados del país. Y precisamente por eso sus palabras pesan más.

El privilegio no invalida una opinión. Tampoco convierte automáticamente a alguien en culpable. Lo que hace es aumentar la responsabilidad.

Quien ha logrado construir patrimonio, influencia y reconocimiento tiene también la posibilidad —y, en cierta medida, la responsabilidad— de contribuir a construir mejores estándares para quienes vienen detrás.

Por eso esta columna no es únicamente para Andrés Bilbao.

Es para todos los empresarios, emprendedores, líderes de organizaciones y personas que hoy tienen la posibilidad de ofrecer trabajo.

Porque durante demasiado tiempo hemos romantizado la precariedad.

Se volvió normal decirle a un joven que trabaje gratis para “ganar experiencia”, que acepte jornadas interminables porque “está aprendiendo”, que su remuneración será el networking, los contactos o la posibilidad de fortalecer su hoja de vida. Como si el arriendo pudiera pagarse con experiencia o el mercado del mes aceptara como moneda el aprendizaje.

El problema es que esa lógica termina reproduciendo desigualdades. Solo puede trabajar gratis quien tiene a alguien que financie ese privilegio.

Quien necesita pagar transporte, alimentación o ayudar en su casa simplemente queda excluido.

Hace algún tiempo el propio Andrés Bilbao contó una historia sobre sus años universitarios. Recordaba que un compañero le preguntó cuánto había obtenido en un examen y él respondió, con absoluta seguridad, que había sacado cinco. Cuando llegaron las notas descubrió que en realidad había obtenido tres. La enseñanza que extrajo era valiosa: el exceso de confianza, incluso cierta arrogancia, puede alejarnos de la realidad.

Creo que esa misma reflexión puede aplicarse hoy.

No porque exista mala intención detrás de la convocatoria, sino porque el éxito también puede construir burbujas. A veces uno deja de ver lo que para millones de personas resulta evidente.

Y ahí aparece una oportunidad extraordinaria.

Andrés Bilbao podría abrir una nueva convocatoria, esta vez remunerada. Podría apoyar desde su plataforma a jóvenes talentosos que necesitan una oportunidad real. Podría decir, sencillamente, que este episodio lo hizo reflexionar y que cambió de opinión.

No sería una derrota.

Sería una demostración de liderazgo.

Vivimos una época en la que muchos personajes públicos consideran que reconocer un error equivale a perder autoridad. Ocurre exactamente lo contrario. Equivocarse es humano. Rectificar fortalece la credibilidad. La humildad suele despertar afecto. La arrogancia, casi nunca.

Sin embargo, sería un error pensar que todo termina con Andrés Bilbao.

La indignación que despertó su publicación es, en realidad, el síntoma de una deuda mucho más grande.

Los jóvenes colombianos llevan décadas enfrentando un mercado laboral que les ofrece desempleo, informalidad, salarios insuficientes y barreras para iniciar una vida independiente. Esa deuda no pertenece exclusivamente al gobierno actual. Tampoco al anterior. Es una deuda histórica que ningún gobierno ha logrado saldar.

Por eso el mensaje también debe llegar al Estado.

No basta con promover el emprendimiento ni con celebrar historias individuales de éxito. La tarea fundamental de cualquier gobierno consiste en crear las condiciones para que el trabajo digno deje de ser un privilegio y se convierta en una posibilidad real para millones de personas.

Y el mensaje debe llegar igualmente al sector privado.

Quienes hoy tienen empresas, recursos o capacidad para contratar pueden ayudar a cambiar una cultura que durante demasiado tiempo confundió la formación con la explotación y la oportunidad con la gratuidad.

Quizá, dentro de algunos años, nadie recuerde aquella publicación en redes sociales.

Lo importante sería que sí recordáramos la conversación que produjo.

Porque el hambre de aprender siempre será una virtud.

El hambre real, la que todavía padecen millones de colombianos, nunca debería convertirse en el precio de una oportunidad.

Hoy, cuando la inteligencia artificial, el trabajo remoto, la economía digital y la educación híbrida se han convertido en parte del lenguaje cotidiano, vale la pena detenerse a mirar un caso colombiano que quizá no ha recibido toda la atención que merece.

La revolución digital no comenzó con las IA ni con las videollamadas durante la pandemia. Comenzó cuando alguien comprendió que la tecnología podía democratizar el acceso al conocimiento. En Colombia esa intuición tuvo un nombre: educación abierta y a distancia.

La pandemia terminó por darle la razón a quienes durante años fueron observados con cierto escepticismo. De un momento a otro, universidades de enorme prestigio descubrieron que debían aprender, en cuestión de semanas, aquello que la UNAD llevaba perfeccionando durante décadas. Lo que para muchos fue una solución de emergencia, para esta universidad era ya una cultura institucional.

No deja de ser llamativo que uno de los proyectos educativos más ambiciosos del país haya crecido lejos de los grandes reflectores. Hoy la UNAD atiende a cientos de miles de estudiantes distribuidos por todo el territorio nacional y en distintos lugares del mundo. Su presencia alcanza municipios donde durante muchos años la educación superior simplemente no existía. Allí donde construir un campus era inviable, la universidad encontró otra respuesta: llevar el campus a través de la conectividad, de centros regionales y de un modelo pedagógico diseñado para quienes trabajan, tienen familia, viven lejos de las ciudades o simplemente nunca habían tenido una oportunidad.

En un país donde la geografía ha sido tantas veces una condena, convertir la distancia en una oportunidad constituye una innovación mucho más profunda de lo que parece.

Las cifras son impresionantes, pero quizá lo más importante no son los números sino lo que representan. Cada estudiante que logra graduarse desde una zona rural, desde una población apartada o desde un municipio históricamente olvidado es también una victoria contra una de las desigualdades más persistentes de Colombia: la desigualdad en el acceso al conocimiento.

En buena medida, la historia del desarrollo económico puede leerse como la historia de la expansión educativa. Ningún país ha logrado dar el salto hacia una economía basada en la innovación sin ampliar radicalmente el acceso a la formación superior. Sin embargo, el siglo XXI plantea un desafío adicional: ya no basta con estudiar una carrera durante cinco años y ejercerla durante cuarenta. La velocidad del cambio tecnológico ha roto ese paradigma.

Los economistas hablan cada vez con mayor frecuencia del aprendizaje permanente, del lifelong learning. La formación continua dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad estructural. Las profesiones cambian, aparecen nuevas habilidades, otras desaparecen y millones de trabajadores deberán actualizarse varias veces a lo largo de su vida laboral.

En ese contexto, universidades flexibles, digitales y capaces de acompañar procesos de formación permanente adquieren una importancia estratégica para cualquier país.

A esto se suma otro fenómeno silencioso: la transformación demográfica. Colombia envejece. La población joven comienza a reducirse mientras aumenta el número de adultos que necesitarán reconvertirse profesionalmente varias veces durante su vida. La universidad del futuro ya no estará dedicada exclusivamente a jóvenes de dieciocho años. También deberá formar a personas de treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años que necesitan aprender nuevas competencias para seguir siendo competitivas en un mercado laboral profundamente dinámico.

Pocas instituciones parecen estar mejor preparadas para ese escenario que una universidad cuyo ADN siempre fue precisamente la flexibilidad.

Sería injusto analizar este proceso sin mencionar el liderazgo que lo ha acompañado durante los últimos años. Las universidades no solo producen conocimiento; también son organizaciones complejas que requieren visión estratégica, estabilidad administrativa y una enorme capacidad de gestión. Bajo el rectorado de Jaime Alberto Leal Afanador, la UNAD ha consolidado un modelo institucional que ha sabido combinar expansión, innovación tecnológica, acreditación de calidad e internacionalización, sin perder de vista su propósito original: llevar educación allí donde parecía imposible hacerlo.

Gestionar una universidad de semejante tamaño es administrar simultáneamente talento humano, infraestructura tecnológica, investigación, relaciones internacionales, presencia territorial y cientos de miles de trayectorias académicas individuales. No es simplemente dirigir una institución educativa; es coordinar una organización nacional cuya materia prima es el conocimiento.

Quizá por eso la historia de la UNAD merece ser observada con mayor atención. En ocasiones Colombia busca respuestas en Finlandia, Corea del Sur o Estonia, sin detenerse a examinar experiencias propias que llevan años produciendo resultados. No toda innovación necesita venir del extranjero. Algunas nacen aquí, discretamente, mientras el país mira hacia otro lado.

Vivimos un momento histórico en el que la inteligencia artificial transformará la educación tanto como internet lo hizo hace treinta años. El profesor dejará de ser únicamente un transmisor de información para convertirse cada vez más en un orientador del aprendizaje. Los contenidos serán personalizados, los ritmos flexibles y la formación estará presente durante toda la vida. La pregunta ya no es si la universidad cambiará, sino qué universidades estaban preparadas para ese cambio antes de que ocurriera.

Tal vez esa sea la gran lección de la UNAD. Mientras Colombia discutía el futuro de la educación, ella llevaba décadas construyéndolo. Mientras el país pensaba en kilómetros, edificios y aulas físicas, la universidad pensaba en redes, conocimiento y personas.

Las grandes revoluciones suelen reconocerse cuando ya han ocurrido. Quizá haya llegado el momento de reconocer que una de las transformaciones educativas más importantes de Colombia no fue una promesa, sino un experimento que terminó convirtiéndose en una realidad. Y en tiempos en que el conocimiento será el principal motor de las naciones, conviene mirar con atención a quienes entendieron el siglo XXI antes de que el siglo XXI comenzara.

“Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos”. La frase, escrita por Virgilio en La Eneida, pone en boca del sacerdote Laocoonte una advertencia que nadie quiso escuchar. Frente a las murallas de Troya había aparecido un inmenso caballo de madera que parecía un obsequio, un gesto de rendición, el final de una guerra interminable. Era exactamente lo contrario. En su interior viajaban los soldados que terminarían por destruir la ciudad y cambiar para siempre el rumbo de la literatura occidental.

Curiosamente, esa frase no pertenece ni a La Ilíada ni a La Odisea, pertenece a otro gran poema que dialoga con Homero y demuestra que las grandes historias nunca dejan de conversar entre sí, cada generación les responde con una nueva voz, con una nueva lengua, con una nueva sensibilidad.

Mientras veía La Odisea de Christopher Nolan, pensé menos en la película que en el milagro que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Imaginé a Homero, o a quien llamamos Homero, contemplando una pantalla gigantesca donde su poema volvía a cobrar vida tres mil años después de haber sido cantado por primera vez. Me pregunté qué habría sentido al descubrir que aquello que nació para ser escuchado alrededor del fuego hoy reúne a cientos de personas en una sala oscura, en silencio, conmovidas por la misma historia.

Quizá habría sonreído. Quizá habría entendido que el verdadero protagonista nunca fue Odiseo sino la imaginación humana.

Ese es, creo yo, el mayor acierto de Nolan. No filmó una película para resolver debates históricos ni para satisfacer a los arqueólogos, filmó una película para recordarnos que los clásicos siguen respirando porque hablan de aquello que nunca deja de pertenecernos.

Durante semanas buena parte de la conversación pública se ha reducido a preguntar si Helena debía ser blanca, negra o mediterránea, como si la fuerza de un poema dependiera del color de la piel de sus personajes. Es una discusión profundamente contemporánea y al mismo tiempo profundamente superficial. Helena nunca fue solamente una mujer. Fue el deseo, la belleza, la obsesión, el motivo que desencadena una guerra. Del mismo modo, las sirenas nunca fueron únicamente criaturas marinas, Polifemo jamás fue solamente un gigante, los dioses tampoco fueron simples personajes. Son símbolos, metáforas, imágenes que sobreviven precisamente porque no pertenecen a una sola época.

Los poemas son territorios donde la razón no alcanza a explicarlo todo y acaso ese sea su mayor privilegio. Intentar racionalizar cada verso de Homero es olvidar que antes de ser literatura, La Odisea fue música, memoria y voz.

Hay algo profundamente emocionante en el viaje que hizo ese texto para llegar hasta nosotros. Nació en griego antiguo y durante siglos sobrevivió gracias a los rapsodas que lo recitaban de memoria mucho antes de quedar fijado por escrito. Más tarde el mundo latino dialogó con él, Virgilio escribió La Eneidaconversando con Homero y convirtió la tradición clásica en un puente entre dos civilizaciones. Durante siglos Europa leyó a los griegos a través del latín, hasta que en el siglo XVI el humanista Gonzalo Pérez realizó la primera traducción completa de La Odisea al castellano directamente desde el griego. Cada lengua fue un nuevo puerto. Cada traducción fue otra travesía hacia Ítaca. Cada generación volvió a contar la misma historia con palabras distintas, demostrando que la verdadera inmortalidad no consiste en permanecer intactos sino en seguir transformándose.

Vi la película doblada al español y debo confesar que la experiencia me sorprendió. Pensé, por un momento, que el castellano abrazaba aquella épica con una naturalidad especial, no porque sea una lengua más cercana al griego antiguo desde el punto de vista lingüístico, no lo es, sino porque nuestra tradición literaria lleva siglos dialogando con los clásicos a través del latín y de las grandes traducciones españolas. Escuchar a Odiseo en español fue recordar que Homero también forma parte de nuestra lengua.

Pero hay una escena que me acompañó mucho después de salir del cine. El Odiseo de Nolan contempla el fuego consumiendo Troya y entiende que toda victoria tiene algo de derrota, que el humo no distingue entre vencedores y vencidos, que las ciudades arden con el mismo color sin importar quién levante finalmente la bandera.

Qué contemporánea resulta esa imagen mientras contemplamos un mundo donde medio planeta parece dispuesto a matar a la otra mitad, convencido de que las guerras todavía pueden producir vencedores. Troya ocurrió hace casi tres mil años y, sin embargo, seguimos levantando argumentos para justificar incendios, invasiones y exterminios. Cambian las armas, cambian las banderas, cambian los nombres de los imperios, pero la tragedia continúa siendo la misma.

Quizá esa sea la enseñanza más profunda de aquella guerra entre hermanos. Las guerras no las gana nadie, las guerras las perdemos todos.

Nolan parece comprenderlo. Su Odiseo no es un héroe invencible, es un hombre cansado, marcado por la culpa, por la pérdida y por la nostalgia. No busca conquistar el mundo, busca regresar a casa. Esa diferencia es enorme. En una época fascinada por los superhéroes, Nolan rescata al héroe profundamente humano, al hombre que duda, que se equivoca, que llora, que sobrevive y que comprende que ninguna gloria compensa los años perdidos.

Tal vez por eso Christopher Nolan era el director indicado para esta historia. Desde Memento, pasando por El gran truco, Interestelar, Dunkerque y Oppenheimer, toda su filmografía ha girado alrededor del tiempo, de la memoria, de la culpa y de la condición humana. En el fondo siempre ha estado filmando la misma pregunta, qué significa seguir siendo humanos cuando todo parece empujarnos hacia el olvido.

Mientras avanzaba la película pensé que el mayor logro de nuestra especie no es haber llegado a la Luna, ni haber construido ciudades inmensas, ni haber partido el átomo, ni haber inventado la inteligencia artificial. Nuestro mayor logro consiste en algo mucho más sencillo y mucho más extraordinario, nunca dejamos de contar historias.

Hemos cambiado de herramientas, de idiomas, de imperios y de religiones, pero seguimos reuniéndonos para escuchar el viaje de un hombre que quiere volver a casa. Antes fue alrededor de una hoguera, luego en pergaminos, después en libros impresos y ahora en una pantalla gigantesca. Cambió el soporte, nunca cambió el asombro.

Quizá esa sea la verdadera victoria de la humanidad. No haber conquistado el mundo sino haber conservado la capacidad de emocionarse con un poema escrito hace casi tres mil años.

Porque La Odisea nunca trató solamente de regresar a Ítaca. Trata de nosotros, de nuestra fragilidad, de nuestra obstinación, de nuestra belleza, de nuestra permanente posibilidad de perdernos y de volver a encontrarnos.

Seguimos siendo Odiseo.

Seguimos navegando entre monstruos que cambian de nombre, entre guerras que prometen victorias imposibles y entre dioses que ahora adoptan otras formas.

Y mientras exista alguien dispuesto a escuchar esta historia, mientras un poema pueda cruzar los siglos para conmover a un espectador del siglo XXI, la humanidad seguirá encontrando un camino de regreso hacia sí misma.

Porque al final no existen razas de héroes ni razas de villanos. Existe una sola, contradictoria, luminosa y terrible, capaz de construir el caballo de Troya y también de escribir el poema que lo convertiría en una advertencia para siempre.

La raza humana.

En febrero de 2026, en plena campaña electoral, las inundaciones que golpearon a ocho departamentos le costaron al Estado $8,68 billones de pesos. Para todo el año, el país tenía destinados apenas $668.000 millones para atender emergencias, es decir, menos de una décima parte de lo que costó un solo evento.

El Gobierno saliente financió el gasto por vía extraordinaria. Un decreto de excepción creó un nuevo impuesto de emergencia sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo.

La nueva realidad climática de Colombia significa que habrá inundaciones, incendios y otros eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esto se traduce en mayor carga fiscal para el Estado, que debe financiarse con emisión de deuda o nuevos impuestos.

Para proteger las finanzas del país y a las empresas, el Gobierno entrante debe cambiar la forma en la que se financian las emergencias en el país. El modelo actual está desfinanciado, es reactivo y fragmentario, y no integra al sector privado.

A través de la reconstrucción de lo ocurrido en Córdoba, evidenciamos la manera en la que opera el sistema de financiamiento de desastres del país y las principales falencias que el nuevo Gobierno deberá solucionar, si quiere cumplir sus promesas de campaña.

La tragedia de febrero

En febrero de 2026, Córdoba vivió una tragedia sin precedentes. En plena temporada seca, un frente frío descargó sobre el departamento más de 145 milímetros de lluvia en menos de un día, el volumen típico de un mes entero. Esto multiplicó el caudal del río Sinú entre 15 y 20 veces respecto a su promedio histórico. La magnitud del daño fue enorme: 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba y más de 236.000 en la región Caribe, equivalente a más del doble del área de Bogotá; más de 170.000 damnificados, casi el 9% de la población del departamento; 450.564 bovinos afectados, uno de cada cinco animales; y 30.225 hectáreas de cultivos perdidos, más de la mitad del área sembrada del departamento.

Imagen 1. Huella de inundaciones en Córdoba en febrero del 2026

Los impactos económicos reportados para la región fueron severos. Según datos de la Cámara de Comercio de Montería, las inundaciones comprometieron cerca del 12,6% del PIB departamental, con pérdidas en activos por 3,85 billones de pesos. Solo la restauración de pasturas para el sector ganadero costará al menos 900.000 millones de pesos, cerca del 3% del PIB departamental. Aun cuando los datos se centran en los negocios del sector real, es razonable pensar que el sistema financiero también se vio afectado: productores y empresas que perdieron cultivos, ganado o infraestructura difícilmente pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que presiona los balances de bancos con portafolios agropecuarios en la región. Las aseguradoras, por su parte, enfrentaron reclamaciones que podrían llevarlas a recalibrar primas o a retirarse de territorios cada vez más expuestos a inundaciones y otros eventos extremos.

La respuesta fiscal

Al momento del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía $668.421 millones de pesos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la principal bolsa de recursos del país para atender emergencias.

El costo estimado de atender la emergencia por lluvias extremas de febrero de este año, que además de Córdoba afectó a siete departamentos más, ascendió a un total de $8,68 billones de pesos, trece veces el tamaño del fondo. En otras palabras, la provisión anual del país entero para todas las contingencias y desastres equivalía a apenas el 7,7% de lo que costaría atender una sola emergencia.

Sin presupuesto listo para responder, los recursos tuvieron que movilizarse por una vía extraordinaria. El 11 de febrero, una semana después de las inundaciones, el Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150, que habilitó al Estado para legislar transitoriamente en materia tributaria y presupuestal, una facultad que la Constitución reserva para circunstancias en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

 Trece días después, el Decreto 0173 creó un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de grandes empresas, mediante el cual las sociedades con activos netos superiores a $10.474 millones de pesos pagarían entre el 0,5% y el 1,6% de ese patrimonio, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo. El 12 de marzo, el Decreto 0240 amplió el paquete en tres frentes: fijó un impuesto al consumo del 16% sobre apuestas en línea, incluyó en el impuesto al patrimonio a sucursales extranjeras que operan en el país, y ofreció a las empresas con activos no declarados la posibilidad de declararlos voluntariamente con una tarifa del 19%. Ese mismo día, el Decreto 0241 formalizó la adición de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026, con lo que cerró la brecha de recursos identificada para atender la emergencia.

Imagen 2. Cronología de la respuesta fiscal a la emergencia de febrero de 2026

Los recursos captados por el Estado se destinaron en su totalidad al manejo del desastre, bajo un enfoque sectorial: cerca de tres cuartas partes se canalizaron a través de la UNGRD hacia los frentes más afectados (agricultura, vivienda, educación y transporte), mientras que el monto restante se dirigió a agua y saneamiento, salud y prosperidad social, entre otros sectores. Así, por ejemplo, los recursos de agricultura financiaron el alivio de las deudas de los productores que perdieron cultivos y ganado; los de vivienda, la reparación de las viviendas y el reasentamiento de las familias afectadas; y los de agua y saneamiento, el restablecimiento del acceso a agua potable en los municipios cuyos acueductos resultaron dañados por las inundaciones. La Imagen 3 muestra el flujo completo, desde el origen tributario hasta los destinos sectoriales priorizados.

Imagen 3. Flujo de recursos de la emergencia climática 2026, desde las fuentes tributarias hasta los destinos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia con base en Decretos 0173, 0240 y 0241 de 2026

Las fallas del modelo de financiamiento de gestión de riesgos 

La magnitud del evento dejó al descubierto las fallas estructurales del modelo con que Colombia financia su gestión del riesgo de desastres. La primera, y la más evidente, es la falta de recursos: los costos para atender un solo evento excedieron el presupuesto anual del país para emergencias. Sin embargo, hay tres fallas adicionales que el nuevo Gobierno deberá solucionar: una arquitectura financiera reactiva, un sistema de fondos sumamente centralizado y con poca coordinación, y un sector privado que permanece al margen de la gestión del riesgo.

Aun cuando la gestión integral del riesgo de desastres tiene tres etapas (conocer el riesgo, reducirlo y manejar el desastre), Colombia destina la mayor parte de sus recursos a la tercera. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país destina en promedio 3,3 billones de pesos al año a la gestión del riesgo, y cerca del 70% se destina al manejo de desastres. Apenas un tercio se destina a conocer y reducir el riesgo, es decir, a las dos etapas anticipatorias, las únicas que pueden evitar o atenuar el próximo evento. Esto se explica, en parte, porque el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la mayor bolsa de recursos del país, puede financiar las tres etapas, pero en la práctica se usa casi exclusivamente para responder al desastre. Que la respuesta sea prioritaria es indiscutible, pero priorizar lo urgente sin atender lo importante tiene un costo medible. Estudios del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han demostrado que cada peso invertido en prevención evita entre cuatro y siete de pérdidas posteriores. Colombia sigue operando con un modelo de financiamiento reactivo: trapea la casa en lugar de cerrar el grifo.

La segunda falla proviene de un sistema de fondos desarticulado y con una dependencia alta del Gobierno Nacional. Además del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Colombia cuenta con una multiplicidad de fondos que pueden ser utilizados para gestionar el riesgo de desastres en el país: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial (FOMINTEDER) y varias asignaciones del Sistema General de Regalías: Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiental, y 20% del Mayor Recaudo. A pesar de esa disponibilidad de recursos, estos fondos operan en paralelo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin criterios compartidos de asignación presupuestal y sin priorizar los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el principal instrumento de política del país en la materia.

A esto se suma que los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, creados para que los municipios y departamentos financien sus propias acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, todavía no operan. Entre un sistema de fondos complejo de navegar y fondos territoriales que no operan, los municipios y departamentos quedan sin capacidad de invertir y dependen del Gobierno Nacional.

La tercera falla que reveló el desastre es la escasa participación del sector privado en la gestión del riesgo. La mayoría de las empresas no sabe cómo el cambio climático puede golpear sus finanzas ni lo incluye en su matriz de riesgos corporativos. Tampoco invierte en reducir su vulnerabilidad, en hacer más resilientes sus cadenas de suministro, ni en protegerse con instrumentos financieros como los seguros paramétricos. Las juntas directivas siguen viendo la sostenibilidad como un tema de responsabilidad social corporativa y no como algo estratégico para asegurar su estabilidad financiera. Aun cuando las empresas asumieron buena parte de las pérdidas en Córdoba, persiste la percepción de que gestionar el riesgo de desastres es obligación exclusiva del Estado. Esta creencia limita el rol que pueden llegar a tener las empresas en la resiliencia de los territorios en los que operan.  

Las oportunidades para el nuevo Gobierno

El Presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido proteger las finanzas públicas y reducir los impuestos al sector privado. La nueva realidad climática hará que cumplir ambas promesas sea difícil. Las inundaciones en Córdoba ilustran las falencias del modelo actual de financiamiento de la gestión del riesgo de desastres del país y cómo estas se traducen en pérdidas para las empresas, nuevos impuestos y gasto adicional del Estado. Para cumplir con sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno deberá reformar el modelo de financiamiento: dotarlo de recursos, hacer que anticipe en lugar de reaccionar, descentralizarlo, coordinar sus fondos y darle al sector privado un rol más activo. Todo eso empieza por reconocer el cambio climático por lo que es: una prioridad fiscal.

Autores:

Artículo producido por el equipo de Strata Advisors, consultora colombiana especializada en la gestión fiscal y corporativa de riesgos financieros derivados del cambio climático (www.strata-advisors.com).

María Camila Jaramillo. Consultora Sr; Mateo Prada Quintero, Director; Juan José Guzmán Ayala, Director; y Juan Sebastián Moreno, Consultor Sr.

Fui al Centro Nacional de las Artes invitado a ver una nueva coproducción de Umbral Teatro y el Centro Nacional de las Artes de Umbral Teatro. Como suele ocurrir con las experiencias más memorables, llegué desprevenido y salí acompañado de preguntas que todavía me siguen rondando la cabeza.

La Suite del Despertar, escrita y dirigida por Carolina Vivas Ferreira, encuentra una ruta poco transitada para hablar del conflicto colombiano y de los diez años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. No busca convencernos de nada, no intenta funcionar como una consigna política ni como una celebración acrítica del proceso, tampoco cae en la tentación de convertir el dolor nacional en una colección de cifras o estadísticas. Hace algo mucho más complejo: devuelve los rostros.

Durante años hemos conocido la guerra a través de informes, titulares, mapas, porcentajes y balances. Sabemos cuántos muertos hubo, cuántos desplazados, cuántos secuestrados, cuántas víctimas. Sabemos las dimensiones de la tragedia. Lo que a veces olvidamos es que detrás de cada número existió una persona concreta, una familia, una comunidad, una historia interrumpida. La Suite del Despertar trabaja precisamente sobre esa ausencia y por eso pone en el centro a los civiles, los grandes perdedores de todas las guerras.

No a los comandantes, no a los estrategas, no a los dirigentes políticos que negocian o rompen acuerdos desde la distancia. La obra mira a quienes han tenido que sobrevivir durante décadas entre guerrillas, paramilitares, grupos armados, narcotráfico, ausencias estatales y múltiples formas de violencia. Allí radica buena parte de su fuerza, en la decisión de observar el conflicto desde abajo, desde quienes han soportado las consecuencias sin haber tomado las decisiones.

Mientras observaba la puesta en escena pensaba inevitablemente en estos diez años transcurridos desde 2016. Pensaba en aquel plebiscito que dividió al país, en las esperanzas y temores que despertó el acuerdo, en las discusiones interminables que todavía hoy siguen ocupando espacios políticos y mediáticos. También pensaba en algo más incómodo. Han pasado gobiernos de derecha y de izquierda, han llegado proyectos políticos que se presentaban como antagónicos y representantes de visiones completamente distintas de Colombia. Sin embargo, para muchos territorios golpeados por la violencia, la sensación sigue siendo que los acuerdos quedaron atrapados entre disputas ideológicas, prioridades cambiantes e incumplimientos.

La derecha cuestionó aspectos fundamentales de la implementación. La izquierda llegó prometiendo una nueva etapa para la paz y tampoco logró transformar de manera decisiva las condiciones estructurales que siguen alimentando la violencia en muchas regiones. Mientras tanto, en demasiados lugares del país la guerra simplemente cambió de nombre, de uniforme o de bandera. La obra no esquiva esa realidad. Por el contrario, parece preguntarse qué ocurrió con aquella oportunidad histórica que Colombia tuvo en sus manos y, sobre todo, por qué seguimos atrapados en ciclos tan extraños y persistentes de violencia, ciclos que parecen terminar para luego reaparecer bajo nuevas formas, ciclos que se heredan de una generación a otra y que, en ocasiones, dan la impresión de ser eternos.

Hay escenas que condensan esa reflexión de manera extraordinaria. En una de ellas, un niño campesino interpreta su cuatro mientras alrededor suyo aparece la posibilidad de la guerra. La música y el reclutamiento conviven en el mismo espacio. El arte y las armas se disputan el futuro de un muchacho que simplemente debería estar creciendo, estudiando o tocando su instrumento. La escena es devastadora precisamente porque no necesita explicarse. Resume décadas enteras de la historia colombiana.

En otro momento, una mujer cuida a un paramilitar como si estuviera cuidando al hijo que perdió en la guerra. Allí desaparecen las respuestas fáciles. El dolor se vuelve más complejo que cualquier consigna política. La compasión se mezcla con la memoria y la tragedia humana aparece en toda su dimensión. Son imágenes que permanecen mucho después de terminada la función y quizás esa sea una de las mayores virtudes de Carolina Vivas y de todo el equipo creativo. Entienden que la función del teatro no es reemplazar a los historiadores, a los periodistas o a los centros de memoria. Su trabajo consiste en devolverle humanidad a los hechos.

En una conversación posterior a la función, la directora me explicaba que el punto de partida del montaje fue estudiar cuidadosamente qué había ocurrido durante esta década de implementación de los acuerdos, cuáles habían sido los avances, cuáles los obstáculos y cómo esos procesos habían impactado la vida cotidiana de las personas comunes. Porque la verdadera pregunta nunca ha sido únicamente qué pasó con la paz. La pregunta es qué pasó con la gente, con quienes siguieron viviendo en los territorios, con quienes enterraron a sus muertos, con quienes continúan esperando que el Estado llegue de manera efectiva y con quienes sobrevivieron.

La respuesta aparece fragmentada a lo largo de la obra, construida mediante testimonios, literatura, danza, música en vivo, coros y una puesta en escena visualmente poderosa. La propia directora ha señalado que existe un diálogo con el Guernica de Picasso, particularmente desde la fragmentación, la composición espacial y la construcción visual de la escena. Sin embargo, más allá de cualquier referencia estética, lo que termina imponiéndose es la presencia de los seres humanos que habitan el escenario.

Y especialmente la presencia de las mujeres. Las mujeres que sostienen las familias cuando todo se derrumba, las mujeres que cargan la memoria, las mujeres que mantienen vivas las comunidades y las mujeres que reconstruyen el tejido social después de cada ola de violencia. La Suite del Despertar es, en muchos sentidos, una obra sobre ellas.

También merece una mención especial la música en vivo, que acompaña el recorrido emocional de manera notable. No funciona como un simple complemento sino como una voz adicional dentro del relato. El resultado es una experiencia profundamente emotiva que evita tanto la solemnidad excesiva como la simplificación.

Lo más valioso es que la obra nunca pierde de vista quiénes han pagado el precio más alto. Si algo hemos aprendido los colombianos después de tantas décadas de conflicto es que la fuerza bruta de distintos ejércitos, con distintas banderas y diferentes discursos, terminó demasiadas veces cayendo sobre la misma población. Secuestros, desplazamientos, reclutamientos forzados, violaciones, masacres, desapariciones, abusos y miedo forman parte de la experiencia de millones de ciudadanos que quedaron atrapados en medio de una guerra que rara vez consultó su voluntad.

Y aun así, el país sigue produciendo resistencias. Sigue produciendo comunidades capaces de reconstruirse, mujeres capaces de sostener la vida cuando todo parece perdido y artistas capaces de convertir el dolor en preguntas. Por eso resulta tan importante que el Centro Nacional de las Artes impulse una creación como esta. También por eso sería deseable que la obra pudiera viajar por el país, encontrarse con públicos de municipios que han vivido directamente muchas de las historias que aparecen representadas en escena. Estoy convencido de que tendría una recepción poderosa en territorios donde la memoria del conflcito no es un tema de debate sino una experiencia cotidiana.

Salí de la función pensando que quizás la pregunta más difícil no es qué ocurrió durante estos diez años después de La Habana. La pregunta es otra: por qué seguimos regresando a la violencia una y otra vez, por qué los ciclos de nuestra guerra parecen resistirse a terminar y cuánto más tendremos que esperar para que un niño campesino pueda seguir tocando su cuatro sin que nadie vuelva a ofrecerle la guerra como destino.

Información para asistir

La Suite del Despertar
Sala Delia Zapata – Centro Nacional de las Artes
Calle 11 # 5-60, Bogotá.

Temporada: del 16 al 26 de julio de 2026.

Funciones: jueves, viernes y sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 5:00 p.m.

Las naciones suelen hablar de fronteras; las familias, en cambio, hablan de hijos. Entre esos dos lenguajes casi nunca existe equilibrio. Mientras los Estados clasifican personas en expedientes, permisos, visas o procesos administrativos, una madre recuerda la primera palabra de su hijo; un padre conserva la fotografía donde aún era un niño; una hija espera que alguien vuelva a abrir la puerta de la casa. Ahí comienza la verdadera dimensión de una tragedia.

El 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de apenas veintiséis años, durante un operativo migratorio en Biddeford. Murió frente a su esposa, Martha Carolina Rojas, y frente a su pequeña hija de tres años. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agente efectuó al menos cuatro disparos que atravesaron el parabrisas del vehículo que conducía el joven colombiano. Joan Sebastián había llegado a Estados Unidos buscando exactamente lo mismo que han buscado millones de seres humanos desde el inicio de la historia: una oportunidad para trabajar, sostener a su familia y construir un futuro mejor.

No conocemos todavía todas las respuestas. Sería irresponsable fingir que las tenemos. La investigación deberá establecer plenamente las responsabilidades penales y administrativas. Pero sí conocemos una verdad anterior a cualquier proceso judicial: un joven trabajador murió por disparos efectuados por un agente del Estado. Y ninguna democracia puede aceptar que una vida termine así sin exigir una explicación completa, transparente e independiente.

Organizaciones de inmigrantes en Maine sostienen que Joan Sebastián contaba con autorización para trabajar y número de Seguro Social. Su abogado explicó que tenía un proceso de asilo activo. Su padre contó que sostenía a su hogar con dos empleos. Su esposa recordó que cada mañana su hija despertaba llamando a su padre. Esas son las cosas que importan cuando se habla de una vida humana.
Después del tiroteo aparecieron nuevas revelaciones. El agente fue identificado por la prensa estadounidense como David Michael Brouillette. Su exesposa, Ashley Brouillette, declaró al Portland Press Herald que él la llamó para decirle que había disparado y le pidió que mintiera para proteger su reputación. Según su testimonio, ella se negó y afirmó públicamente: “Me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”. Será la justicia quien determine el alcance de esos hechos. Pero incluso esas declaraciones reflejan la dimensión moral de una tragedia que ya no puede reducirse a un simple procedimiento administrativo.

Hay millones de colombianos viviendo fuera del país. Algunos escaparon de la violencia, otros de la pobreza, otros simplemente buscaron una oportunidad que aquí no encontraron. Son médicos en Madrid, obreros en Nueva York, ingenieras en Toronto, enfermeros en Londres, cocineras en Santiago, estudiantes en Berlín, agricultores en Australia. Envían remesas que sostienen hogares enteros, celebran la Navidad viendo amanecer por videollamada y aprenden a pronunciar palabras nuevas sin olvidar el acento de su infancia. Cada uno carga una forma distinta de nostalgia. Ninguno deja de ser colombiano porque cambie de pasaporte, de idioma o de paisaje.

Por eso debería dolernos Joan Sebastián. No porque su historia haya llegado a los titulares, sino porque representa a esa Colombia silenciosa que continúa construyendo su vida lejos de casa. A veces pareciera que solo recordamos a nuestros compatriotas cuando una tragedia los devuelve al mapa nacional. Mientras viven, suelen permanecer invisibles; cuando mueren, descubrimos demasiado tarde que también eran parte de nosotros.

Y también porque cualquiera de nosotros podría haber sido él. Bastaba con haber nacido en otra ciudad, haber tomado otra decisión, haber aceptado un trabajo lejos de casa o haber perseguido el mismo sueño de millones de migrantes. La geografía es, muchas veces, una casualidad. La dignidad humana no debería serlo.

Resulta imposible no preguntarse cuánto pesan todavía el origen, la nacionalidad, el idioma o incluso el color de la piel en la manera en que algunas vidas son percibidas. Joan Sebastián era colombiano, era latinoamericano, era migrante. Su muerte obliga a preguntarnos si todas las personas reciben el mismo trato y el mismo valor cuando quienes ejercen el poder deciden usar la fuerza. Esa pregunta no acusa de manera anticipada a una investigación; interpela nuestra conciencia colectiva.

Edward Said escribió que el exilio nunca deja de ser una fractura entre el ser humano y su lugar de origen. Esa herida no desaparece con el éxito profesional ni con los años. Se aprende a vivir con ella. Quien migra lleva dos geografías al mismo tiempo: la que pisa y la que recuerda. Quizá por eso la muerte lejos de casa posee una dimensión particularmente dolorosa. No solo interrumpe una vida; también rompe el puente invisible que une a una familia con la esperanza del regreso.

Las imágenes que llegaron desde Biddeford no muestran únicamente una escena policial. Muestran a una mujer arrodillada frente al cuerpo de su esposo y a una niña pequeña que, según testigos, lloraba con una mochila rosa porque nunca volvería a abrazar a su padre. Ninguna discusión política puede borrar ese instante. Ninguna diferencia ideológica debería impedir reconocer que allí ocurrió una tragedia humana.

Los Estados tienen el derecho y la obligación de hacer cumplir sus leyes. También tienen la obligación —más profunda todavía— de proteger la vida y actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando una intervención termina con una muerte, el deber democrático consiste en investigar sin reservas, esclarecer los hechos y garantizar que la verdad prevalezca sobre cualquier versión apresurada. Esa exigencia no pertenece a una ideología; pertenece a la dignidad humana.

En Colombia conocemos demasiado bien el precio de deshumanizar a las personas. Durante décadas aprendimos que basta con etiquetar a alguien para que su muerte parezca menos importante. Esa es una lección que no deberíamos exportar ni aceptar en ningún rincón del mundo. Ningún migrante es un expediente antes que una persona. Ningún ser humano pierde su dignidad por cruzar una frontera.

Quizá esa sea la responsabilidad más profunda de un país: no abandonar a sus ciudadanos cuando la distancia los vuelve invisibles. Un colombiano en Biddeford, en Queens, en Madrid o en Melbourne sigue llevando consigo una parte de la historia nacional. Sus alegrías también nos pertenecen. Sus dolores también deberían hacerlo.

Porque antes que inmigrante, antes que colombiano, antes que cualquier categoría jurídica, Joan Sebastián Durán Guerrero era un ser humano. Su vida valía exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano del mundo. El llamado urgente que deja su muerte trasciende a Colombia y a Estados Unidos: que nunca olvidemos que la dignidad humana no depende de un pasaporte, de una visa, de un permiso de trabajo, del idioma, del color de la piel o del lugar donde alguien nació. Si permitimos que una vida valga menos por cualquiera de esas razones, habremos empezado a perder algo mucho más grande que una discusión sobre inmigración: habremos empezado a perder nuestra propia humanidad.