La declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante ECI), es una invención teórica y jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana ideada a finales de los años noventa como un instrumento extraordinario para responder a la grave violación de los derechos fundamentales de amplios sectores poblacionales en situación de máxima vulnerabilidad y que busca movilizar mediante una serie de ordenes, todas las fuerzas del Estado con responsabilidad en esa situación, para lograr superar una realidad absolutamente contraria a lo dispuesto en nuestra Constitución Política.

Esta figura se ha venido desarrollando a través de los años para responder a diferentes fallas estructurales del Estado que han traído como consecuencia la violación aberrante y sistemática de los derechos fundamentales de grupos poblacionales en condiciones inadmisibles e insostenibles de vulnerabilidad en un pretendido Estado Social y Constitucional de Derecho, así: -Por condiciones relativas a la seguridad social mediante Sentencias SU-559/97, T-068/98, T-535/99 y SU_090/00, -por las condiciones de hacinamiento de la población carcelaria mediante Sentencia T-153/98, -por la deficiencia de protección a los defensores de derechos humanos mediante Sentencia T-590/98), -por la situación de la población desplazada por la violencia mediante Sentencia (T-025/2004), -por la situación del derecho a la salud mediante Sentencia (T-760/2008), -por la situación de los niños y niñas de la población Wayuu mediante Sentencia (T-302/2017) y la última proferida hace dos días  -por la situación de los lideres sociales y los defensores de derechos humanos.

En todos estos casos, la Corte Constitucional ha declarado la situación de ECI luego de constatar la existencia de unos elementos comunes: Violación masiva de los derechos fundamentales de un amplio sector poblacional que se convierte en un grave problema social; congestión judicial generada por el recurso masivo a mecanismos como la acción de tutela junto a la imposibilidad de superar esta situación mediante el amparo otorgado a través de acciones individuales; necesidad de implementar medidas extraordinarias y urgentes mediante el ejercicio mancomunado y articulado de las diferentes autoridades concernidas del Estado; necesidad de realizar un esfuerzo presupuestal o económico sustancial y extraordinario y necesidad de recurrir a acciones audaces y respuestas radicales que permitan transformar con urgencia una realidad en términos humanitarios, impostergable.

Si bien es cierto esta figura ha sido criticada y vista con desconfianza por algunos sectores académicos y políticos por considerar que mediante ella la Corte tiende a invadir la esfera de competencias que le son en principio ajenas y que en la práctica una valoración de su eficacia y resultados puede resultar “relativamente” satisfactoria, lo cierto es que nadie podría desconocer que se trata de un instrumento jurídico-político que permite generar una alarma social, seguida de una serie de acciones y políticas públicas extraordinarias, que junto a un seguimiento y valoración permanente por parte de la Corte, se traduce en avances significativos hacia la consecución de los fines por dicho instrumento establecidos.

Se trata entonces por una parte, de una expresión de las posibilidades que brinda la colaboración armoniosa entre las ramas del poder público para que nuestro Estado social de derecho logre sus fines y por otra parte, de la voluntad de una Corte que tradicionalmente comprometida con la garantía material de los derechos fundamentales (establecidos en la Constitución Política y en los Tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia), conmina a las otras ramas del poder Público y en especial a la rama ejecutiva, a salir del Estado de inercia y adormecimiento que deja fenecer los derechos fundamentales de los más vulnerables en los laberintos de la burocracia, los formalismos, los tecnicismos y todos los obstáculos que imposibilitan a millones de personas en mayor estado de indefensión, disfrutar de esas mínimas condiciones de dignidad humana que les fueron prometidas hace mas de treinta años, con la proclamación de nuestra Constitución Política.

No obstante, la orientación de la Corte Constitucional al decidir después de tres meses la inexequibilidad de la emergencia ecológica, social y ambiental en La Guajira decretada el pasado dos de julio del 2023 por el gobierno nacional, para dar respuesta a la grave crisis que después de siete años de la declaratoria del ECI se sigue presentando con los niños y niñas de la población Wayuu, así como la declaratoria de inexequibilidad a cuenta gotas de los decretos allí proferidos después de casi seis meses, deja una sensación de frustración y marca un irónico precedente en cuanto al fondo y la forma.

En primer lugar, llama la atención en primer lugar la línea argumentativa mayoritaria de la Corte que a pesar de considerar que el decreto 1085 del 2023 cumplió tanto con los requisitos formales como los materiales para su declaratoria, es decir, logró demostrar la existencia de hechos sobrevinientes a la Sentencia T-302/2017 que declaro el EDI y que amenazan de forma grave e inminente el orden el orden económico, social o ecológico en la Guajira y que por tanto serían habilitantes para la declaratoria del Estado de Emergencia, la Corte optó por declarar la inexequibiliad total del decreto pero con efectos diferidos por el termino de un año “respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibiliad de agua” por no encontrar satisfecho el juicio de suficiencia.

En segundo lugar, llama la atención que se trato de una decisión muy dividida al interior de la sala, pues la misma contó con los salvamentos de voto de los Magistrados Natalia Angel, Cristina Pardo y Juan Carlos Cortes, y con tres aclaraciones de voto de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Alejandro Linares. Los salvamentos de voto se orientaron a demostrar la inconveniencia de declarar la inexequibilidad con efectos diferidos y la viabilidad de haber decretado en su lugar la exequibilidad condicionada para poder enfrentar a corto plazo el agravamiento de la crisis mediante medidas urgentes e inmediatas declarando la inexequibilidad parcial de lo concerniente a medidas estructurales y de largo plazo que no podrían desarrollarse y por lo mismo no podrían justificarse como necesarias o justificables en el marco de la emergencia.

Para terminar, la previsible declaratoria de inexequibilidad de los diferentes decretos proferidos en el marco de la declaratoria de emergencia en el contexto aquí señalado, después de casi seis meses de haber sido expedidos, mediante comunicados de prensa en los que se anuncia en ocasiones efectos retroactivos, junto a la ambigüedad de la declaratoria de la inexequibiliad de la emergencia con efectos diferidos, envía un mensaje confuso y crea una lamentable situación de incertidumbre jurídica con graves repercusiones para la población objeto de protección, así como envía un mensaje contrario al pretendido seguramente por la Corte, en cuanto a  falta de disposición para lograr la deseada colaboración armoniosa entre las ramas del poder público, que sobre la base de formalismos encuentran todos los pretextos para pasarse entre una y otra la pelota de las responsabilidades y seguir postergando la posibilidad de tomar medidas estructurales inmediatas que permitan superar definitivamente el Estado de Cosas inconstitucional que en diferentes materias enfrenta Colombia.

¿Podrá la Corte Constitucional retomar una senda jurisprudencial más garantista que formalista, orientándose prioritariamente a la consecución articulada de los fines establecidos en la Constitución política y aprovechando la voluntad política de un gobierno comprometido con la materialización de estos fines y la superación de los estados de cosas inconstitucional que han sido por ella misma declarados ?

Affaire à suivre…

*Imagen: fuente Colprensa

Desde hace varios meses el wokismo, corriente que en la ultima década se expande en el mundo occidental, es objeto de animados debates a nivel internacional, particularmente en países como Francia y Estados Unidos, donde feministas, académicos, periodistas y ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad han venido tomando postura sobre esta tendencia que también ha llegado a Colombia, sin ser abordada con distancia crítica o rigor analítico.

El termino wokismo, de origen afro-americano, se deriva de la palabra inglesa Woke, que sugiere el “despertar” de un individuo de cara a las diferentes formas de injusticia y discriminación: tomar conciencia social de los privilegios propios y asumir la determinación de luchar activamente por la equidad. Su origen se remonta a los movimientos antirracistas y a otros tipos de injusticia que mediante el uso de hashtags como #staywoke, #BlackLivesMatters o #MeToo  pusieron en evidencia las graves violencias que a través de comportamientos racistas, clasistas y sexistas venían siendo normalizadas en sociedades democráticas del siglo XXI.

Ese “despertar”, respecto a todo tipo de violencias que no deben ser toleradas o normalizadas, ha conllevado un llamado a denunciarlas de manera vertiginosa, pretendiendo a través del rechazo contundente a cualquier signo de este tipo de discriminaciones o violencias “cortarlas de raíz”. No obstante, al mismo ritmo que se propaga esta suerte de fijación identitaria, frecuentemente asociada a lo “políticamente correcto” y que enfatiza la pertenencia de los individuos a alguno de los grupos tradicionalmente excluidos, sus detractores vislumbran en ella los riesgos de una ideología de corte totalitario, o incluso una formula perfecta para el dogmatismo[1]. Esto en la medida que se orienta  a la destrucción de la individualidad, que termina siendo reducida o predefinida a lo que se pueda determinar según su origen social, racial, o identidad sexual.

De otra parte, la también denominada “cultura woke” se encuentra entre otros al origen de la “culpabilización o persecución” a todo lo que tenga que ver con parte de las raíces históricas de la cultura occidental judeo-cristiana, que desafortunadamente estos movimientos tienden a generalizar enfatizando en sus practicas racistas, machistas y discriminatorias, sin reconocer los factores positivos de una tradición e identidad de la cual también formamos parte. Se trata en otros términos, de una suerte de fijación identitaria común, frecuentemente movilizada al interior de los partidos y movimientos de izquierda, que busca mediante acciones diversas —que van desde tumbar estatuas, cambiar los nombres de las calles, hasta linchar mediáticamente a quienes observen comportamientos presuntamente discriminantes—, reescribir la historia, cambiando la realidad de manera radical, mediante postulados que son cuestionados por actores señalados como “maniqueistas, resentidos y victimistas”[2], que han desembocando en la denominada  “Cultura de la cancelación”, la cual busca mediante el aleccionamiento ejemplarizante cambiar de tajo esas realidades de discriminación, las cuales son a todas luces reprochables, pero que si pretendemos cambiarlas de un brochazo, sin comprender la complejidad histórica y cultural que se encuentra detrás de ellas, podemos incurrir en ligerezas, reduccionismos y facilismos que no necesariamente se traducirán en beneficios para la sociedad. En palabras de Barck Obama: “Hacer el cambio no es lanzar juicios contra otros, porque aún la gente que hace cosas buenas a veces comete errores. Si hacemos fiesta de pureza, vamos a tener fiestas muy pequeñas”.

Algunas de las principales criticas que en el contexto global se han hecho a las prácticas que se desprenden de este “despertar” son: 1) Quienes promueven los linchamientos o aleccionamientos suelen ser mayoritariamente personas “blancas y privilegiadas” que se sienten moral e intelectualmente superiores al resto, por haber tomado conciencia de sus privilegios y ahora denuncian vehementemente todas esas injusticias de orden social. 2) Suelen ser prácticas de escarnio público como el “escrache” que no parecen servir para contrarrestar las realidades que pretenden denunciar, ni ayudan a bajar los márgenes de impunidad que se pretenden como forma alternativa o sustitutiva de la justicia. 3) Promueven una justicia de mano propia, el linchamiento y la cancelación social de las personas que se ponen en la mira para hacer de ellos casos ejemplarizantes o “chivos expiatorios”, arriesgando fundamentos propios del Estado de Derecho moderno, convirtiéndose en un sistema paralegal de justicia vindicativa, en la que se establecen máximas sanciones de facto sin que medie alguna garantía de justicia. 4) Orientan a personas con poder, pero sin crear consenso en cuanto a las conductas inapropiadas e incluso mucho más graves en otros niveles de la sociedad. 5) Este tipo de “cultura”, que reniega de las costumbres discriminatorias de sus antepasados, se alimenta de resentimientos y del desprecio confortándose en una narrativa victimista, de oprimidos versus opresores, que divide en buenos y malos a los individuos, negando la complejidad de los seres humanos y la necesidad de comprender y aceptar esa complejidad para poder sobre esa base avanzar hacia una realidad más justa[3].

Ahora bien, los detractores de esas críticas frecuentemente catalogan a quienes las realizan de “reaccionarios” y/o “militantes de extrema derecha”. No obstante nada mas lejos de estas afirmaciones a juzgar por quienes han tomado una distancia crítica de este movimiento, a lo largo y ancho del mundo occidental. En ese sentido, vale la pena documentarse particularmente del coloquio “anti-woke” denominado “Después de la deconstrucción: reconstruir las ciencias y la cultura”, realizado en enero de este año en la Universidad La Sorbona de París, con la participación de más de 100 académicos del mundo que lejos están de ser reaccionarios de extrema derecha[4].

En ese horizonte, el feminismo enfrenta un gran desafío como proyecto de justicia social, cuando un sector minoritario del mismo funda principalmente sus cimientos en una cultura identitaria de aleccionamiento, victimización y permanente confrontación, que se erige como sistema de venganza  y de justicia paralegal frente a cualquier tipo de señalamiento que implique una justificada sanción social.

Lo deseable sería apuntar al desarrollo de un “despertar” social generalizado, que mediante la comprensión, la empatía, el dialogo y la voluntad de transformar, (como lo hemos visto ha sido el camino emprendido por Francia Marquez) apunte a la consecución de una sociedad más armoniosa y justa, en la que pasemos del aleccionamiento y las ínfulas de una “superioridad moral” de unas personas respecto de otras, a la aceptación de la complejidad que se esconde detrás de cada uno de esos comportamientos discriminantes que históricamente han sido normalizados, y que por supuesto tenemos que mediante el dialogo y la educación sobre aspectos como la construcción de nuevas masculinidades transformar, y todas las veces que existan méritos a través de los procedimientos y garantías propias de cualquier Estado de derecho denunciar para adecuada y proporcionalmente corregir.

Se trata en últimas de un tema complejo que lejos estamos de pretender abordar completamente en un articulo somero de opinión. Esta breve reflexión es tan solo un abrebocas que con algo de suerte pretende dar algunos elementos básicos para robustecer el debate y reflexionar sobre el hecho de que en la vida social y política, nadie es dueño de la verdad ni puede reclamarse “moralmente superior a nadie”. La búsqueda de un discurso más autorizado que otros, aún en el terreno de la contestación y de los movimientos sociales, también es un juego de luchas que, por supuesto, no está exento de instrumentalizaciones políticas y de relaciones de poder, aún en sus pretendidas “resistencias”. Y mucha atención a estas dinámicas sociales, porque si no reconocemos que el que esté libre de prejuicios y relaciones de poder “que tire la primera piedra”, “ojo por ojo y el mundo terminará ciego”.

[1] Ver: https://elpais.com/ideas/2021-08-15/cultura-woke-ha-importado-europa-un-debate-propio-de-estados-unidos.html

[2] Ver GUTIERREZ PALACIO Javier, “Lo wok y el wokismo” en Coordenadas ideológicas 2021.

[3]Ver:  https://elamerican.com/cultura-woke-colombia-tumbando-estatuas/?lang=es

[4] https://www.nouvelobs.com/idees/20220114.OBS53221/colloque-anti-woke-a-la-sorbonne-on-vous-dit-tout-sur-la-polemique-et-les-enjeux.html

Elaborado por: David Enrique Flórez Salgado @davidenriquefs, Sociolingüista en formación.

*Así lo declara el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno de Iván Duque que en este momento se encuentra en revisión. Un panorama poco alentador, aunque realista, para una de las regiones con las mayores concentraciones de riqueza lingüística del mundo, pero al mismo tiempo con los mayores índices de peligro de desaparición (caso similar y relacionado al de la biodiversidad). El alarmante porcentaje del título hace parte de otras cifras: un alto 11% de lenguas ya extintas, 15,8 % en situación crítica, 17,8 % seriamente en peligro, 26% claramente en peligro y apenas 6 % de lenguas declaradas como estables. Estas categorías están establecidas en el documento y son tomadas de estudios y encuestas sociolingüísticas precedentes. En el mapa se puede observar la ubicación geográfica de las familias lingüísticas según el informe presentado por el Ministerio de Cultura en el 2013. Vale la pena aclarar que el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra disponible para la revisión de la ciudadanía carece de una sección completa de referencias o una bibliografía, más allá de algunos pies de página; además tiene un complejo formato de numeración de títulos y secciones que dificulta su análisis y revisión.

Dentro del actual PND, gracias al derecho fundamental de la consulta previa a los grupos étnicos, el gobierno recogió durante el semestre pasado el siguiente número de propuestas concertadas y protocolizadas: 216 con los indígenas, 78 con el pueblo Rrom, 239 con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, dentro de las que está la reglamentación de la Ley 70 de 1993. En efecto, resta mucho trabajo por hacer, pero el prioritario es el de preservar la vida: según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), de los 130 líderes asesinados, en el gobierno de Duque, 53 son dirigentes indígenas. No es en vano que el pasado 21 de febrero, en el día internacional de la lengua materna, el llamado hecho por Audrey Azulay (directora de la UNESCO) haya sido a que los Estados “reconozcan y hagan efectivoslos derechos de los pueblos indígenas”.

No son las lenguas las que están en peligro, son sus hablantes

Este año ha sido declarado por la ONU junto a la UNESCO como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas #IYIL2019, buscando el compromiso de las naciones para disminuir las amenazas que viven los pueblos ancestrales. Para este año principalmente se promueven cinco líneas de trabajo para la promoción y la protección de las lenguas indígenas como también las comunidades: conocimiento ancestral, paz, derechos, inclusión y diversidad. Ante esta oportunidad internacional de reconocimiento la agenda colombiana se está quedando corta si la comparamos a otros países de la región que están aprovechando para organizar eventos y manifestaciones a gran escala.

Sumado a esto, si revisamos el caso de nuestro país, una lengua en peligro refleja a una población en peligro; bajo este análisis, nos encontramos frente a un claro ejemplo de que no son en sí las lenguas las que mueren sino sus hablantes. Hablamos de riesgos de desaparición, bien porque la vida en las comunidades se encuentra amenazada, bien por el bajo interés de las nuevas generaciones por la continuidad de la transmisión cultural.

De hecho, una lengua (en cuanto sistema) no desaparece cuando muere su último hablante si antes se logra describir y registrar de manera ampliamente suficiente, incluso ha sido posible un “rescate” posterior por medio de lo que se llama proceso endógeno de reivindicación lingüística, que se adelanta si una comunidad así lo desea, revitalizando una lengua a través de la re-enseñanza de los datos con los que se cuenta. Pero en ese caso, tampoco sería lo mismo, pues las lenguas son mucho más que ese sistema transmitido: implican una basta sabiduría y una manera de ver, entender, interpretar y nombrar el mundo; transmitida principalmente de manera oral, aunque también se han venido desarrollado escritos como el arduo trabajo de traducción a lenguas nativas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado.

Ese es, en parte, el enorme reto que los gobiernos no se fijan asumir ¿Qué condiciones generar para que se conserven estas culturas en sus territorios? ¿Qué garantías, ventajas y beneficios se ofrecen para promover la preservación de las lenguas entre las nuevas generaciones? ¿Cómo se evitan las migraciones forzadas? ¿De qué manera se está trabajando por disminuir la segregación y la discriminación? ¿Desde el sistema educativo nacional se promueven condiciones para una multiculturalidad de amplia participación?

¿Y los ODS?

El PND intenta alinearse en sus propósitos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), declarados como metas internacionales para el 2030 por las Naciones Unidas. Sin embargo, en lo referente a las lenguas nativas, no tiene en cuenta la relación entre la defensa y promoción de la diversidad lingüística y los derechos de las comunidades, sobre todo con tres de estos objetivos mundiales. El 4º ODS respecto a la educación brinda la posibilidad de proponer acceso a una educación plurilingüe y enfocada en el rescate de la diversidad lingüística y cultural a la ciudadanía en general. El ODS 16 abre el reto del fortalecimiento de las instituciones en pro de la justicia y la paz hacia las comunidades vulnerables y el ODS 17 se fija robustecer el apoyo de la cooperación internacional y convirtiéndolo en un mayor factor de ayuda hacia nuestro país.

¿Exprimir la naranja?

El sistema mayoritario, monocultural, monolingüístico, colonialista e invasor que aún hace parte de la agenda política nacional, amenaza las diversas interacciones étnicas, irrespeta sus creencias y menosprecia sus maneras de percibir el mundo. Muchas de estas comunidades (sobre todo entre las nuevas generaciones) se ven en la obligación de aprender español para acceder a estudio o trabajo una vez que situaciones de desprotección, pobreza o precariedad los hacen salir de sus territorios en busca de oportunidades, debilitando así el vínculo étnico, cultural y por ende, lingüístico.

Vale la pena mencionar que también se presentan numerosos casos de personas que salen, pero regresan o mantienen fuertes vínculos y se convierten en un apoyo para sus comunidades desde su vida profesional. Sin embargo, con un Estado que les da la espalda a sus ciudadanos más vulnerables y que los continúa estigmatizando y discriminando, como se evidencia a través de la historia de las luchas indígenas colombianas, una de sus más grandes riquezas la cultural y lingüística, queda desprotegida y debilitada hasta el alarmante punto actual. Particularmente se puede tomar como ejemplos la situación actual de la Minga Indígena que dio inició en el Cauca por el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y que ha dejado ver comentarios como los de la Gobernadora del Magdalena, entre otros.

Es así como los múltiples saberes, conocimientos, identidades, orígenes y reflexiones que habitan esta rica nación se ven en peligro de desaparecer ante el amenazante e irresponsable connacional o extranjero que profana sus lugares sagrados, despoja sus territorios, destruye sus ecosistemas, contamina, tala o seca sus páramos, bosques y ríos; en consecuencia, mengua los asentamientos y amenaza sus territorios. Frente a esta amenaza es pertinente traer a colación que, dentro de su componente cultural el PND le apuesta, sin ningún escrúpulo, a “exprimir la naranja” para hacer alusión a ese tipo de economía, bandera del gobierno actual. Se convierte éste en otro delicado asunto entre el propósito de realmente visibilizar y valorar estas prácticas, o transformar el conocimiento ancestral en meros artefactos o experiencias folclóricas comercializables que pueden llevar a fenómenos de absorción, debilitamiento y a una aún más drástica aculturación.

A los pueblos indígenas nos quieren haciendo artesanías.

A los pueblos indígenas nos quieren para proteger la madre tierra.

A los pueblos indígenas nos quieren por nuestras plantas medicinales.

Pero a los indígenas no nos quieren como sujeto de derechos.#LaMingaEsDignidad pic.twitter.com/zAGQab2UbU

— Feliciano Valencia (@FelicianoValen) 4 de abril de 2019

28 años después de la Constitución.

La Constitución Nacional de 1991, por intermedio de las luchas indígenas de los años ochenta que también costaron muchas vidas (como la del primer sacerdote católico indígena Álvaro Ulcué Chocué), alcanzó el gran logro de visibilizar por fin la diversidad cultural al declarar al Estado como multiétnico y pluricultural. También logró elevar las lenguas y dialectos al estatus de oficiales en sus territorios y al dictaminar que la enseñanza impartida en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias debía ser bilingüe. Igualmente, que 19 años después se haya logrado establecer una Ley de Lenguas Nativas (Ley 1381 de 2010). Sin embargo, 28 años después podemos preguntarnos sobre la situación de los territorios en los que la Constitución declara y ampara a las comunidades étnicas. Con la constante dinámica del amenazante conflicto armado y los consecuentes desplazamientos ¿Cuáles son las nuevas configuraciones en estos territorios? ¿De qué herramientas adicionales se pueden valer las comunidades para hacer prevalecer los derechos lingüísticos que emanan de la Constitución y leyes posteriores? Una vez se abandonan involuntaria o voluntariamente, los territorios ancestrales ¿se pierde el derecho a conservar su lengua y cultura? ¿Cuál es la situación de las poblaciones étnicas que empiezan a poblar los centros urbanos? ¿Cuáles son las políticas urbanas de acogida para poblaciones étnicas? ¿Están las ciudades, donde llegan los migrantes indígenas, preparadas para atenderlos?

Tareas ciudadanas frente a situaciones indignas.

 “Si olvido mi lengua materna

y los cantos que entona mi pueblo,

de qué me sirven mis ojos y oídos,

para qué quiero mi boca.

Si olvido el olor de mi tierra

y no la sirvo como debo,

para qué quiero mis manos,

qué hago yo en este mundo.

Cómo podré admitir la insensata idea de que mi lengua es pobre y endeble,

cuando las últimas palabras de mi madre fueron musitadas en evenki.”

Alitet Nemtushkin, poeta de la comunidad evenki (China)

El documental La selva inflada de Alejandro Naranjo muestra una de las tantas situaciones vividas por las comunidades indígenas en su terrible choque con los sistemas colonizadores. En este documental se exponen los conflictos socio-emocionales y culturales que conducen a la elevada tasa de suicidios de adolescentes y jóvenes entre poblaciones indígenas que viven en internados en el Vaupés. Al respecto, la UNICEF presentó en 2012 un estudio con casos de Perú, Brasil y Colombia; para nuestro país se describieron a los Emberá Katío, alertando sobre el incremento de suicidios entre los adolescentes llevados por la sensación de desesperanza en el deterioro ambiental, la colonización de sus territorios, además de la presencia de actores armados y del desarraigo cultural consecuencia del contacto con los conceptos educativos occidentales. Esta materia también ha sido objeto de estudio entre profesionales de la salud en Colombia que concluyen en la necesidad de una comprensión del problema en su complejidad, para permitir plantear intervenciones interculturales acordes con las necesidades de los pueblos originarios en sus particularidades. Una tarea que no parece del todo clara en las proyecciones de este gobierno y que requiere mayores esfuerzos para entender y atender esta valiosa población de colombianos que enriquece el patrimonio cultural de la Nación.

El desarrollo durable puede ser consecuencia de la paz y la reconciliación, en un camino al encuentro cultural y no al choque, al diálogo en la diferencia y a la no violencia, y, sobre todo, a la valoración de la diversidad que enriquece a la humanidad y al medio ambiente. De los pueblos ancestrales podemos rescatar valores que parecen olvidados por la vana sociedad contemporánea de la inmediatez; especialmente por varios políticos y legisladores contemporáneos, un valor bien especial que podemos considerar este año que elegimos alcaldes y gobernadores: se debe recordar que los tratos y los acuerdos son de derecho sagrado, es decir que es necesario recuperar el valor de la palabra dicha o escrita, que los compromisos y declaraciones se han de convertir en acciones y no en engaños y mentiras de campaña.

Podemos hacer de este 2019, Año Internacional de la Lenguas Indígenas, el año del diálogo, el encuentro, el respeto y la valoración de nuestras ricas y múltiples etnias y culturas. Ya bastante conocemos acerca de estos problemas y sus consecuencias; vigilemos, exijamos y comprometámonos día a día por conseguir el respeto de una Colombia pluriétnica, multicultural, biodiversa, justa, transformada y en paz.

¡Viva la minga!

1. El Mamo Jacinto Zarabata, el más sabio del corazón del mundo (Sierra Nevada de Santa Marta), falleció esta semana dejando un gran mensaje por la defensa del territorio y la sabiduría ancestral. El desinterés generalizado por un acontecimiento de esta magnitud, la inexistente difusión de la noticia y de algún homenaje es una muestra más del visible desinterés y riesgo hacia la sabiduría ancentral por parte del Estado y los medios.