Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

Mi abuela solía contarme historias sobre la violencia entre “godos” y “cachiporros”. Más tarde, la literatura me retrató aquella tragedia nacional; basta recordar la obra Cóndores no entierran todos los días, donde Gustavo Álvarez Gardeazábal describe a “los pájaros” y a las guerrillas liberales como protagonistas de una época marcada por el odio político. Décadas después, el país volvió a dividirse entre guerrillas y paramilitares, prolongando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

Todo ello demuestra que Colombia arrastra una herida que nunca ha terminado de sanar. Por el contrario, cada generación parece encontrar nuevas formas de reabrirla.

Por eso resulta tan preocupante que el debate presidencial se pretenda resumir en una confrontación entre “paras” y “guerrilleros”. No solo porque se estigmatiza a ciudadanos inocentes al asociarlos con organizaciones armadas ilegales que tanto daño causaron al país, sino porque se alimenta una lógica de confrontación que impide discutir los verdaderos problemas nacionales.

Después del 21 de junio, independientemente de quién resulte elegido presidente, Colombia seguirá existiendo. Los ciudadanos tendrán que convivir, trabajar juntos y construir futuro. Ningún proceso democrático puede sostenerse si una parte de la sociedad considera que la otra es, por definición, enemiga.

En este contexto, vale la pena detenerse en una afirmación reciente del actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien durante un debate de control político manifestó que había sido guerrillero “a mucho honor”. Más allá de la discusión política coyuntural, la frase invita a una reflexión de fondo: ¿cuál es el honor que puede derivarse de haber pertenecido a una organización armada que se levantó contra el Estado, desconoció la ley y contribuyó a prolongar la violencia en Colombia?

La pregunta adquiere aún mayor relevancia si invertimos los papeles. ¿Qué habría ocurrido si una declaración similar hubiera sido pronunciada por un exparamilitar? ¿La reacción pública habría sido la misma? ¿Habría existido igual tolerancia frente a semejante afirmación?.

Y es precisamente aquí donde quiero responder la pregunta que da título a esta columna: no, no es mejor ser guerrillero que paramilitar, como tampoco es mejor ser paramilitar que guerrillero. Ambos representan expresiones de la ilegalidad, de la violencia y del desconocimiento de las reglas que sostienen la convivencia democrática.

Reducir la discusión presidencial a una disputa entre estos dos referentes no solo es un error político, sino también una renuncia intelectual. Ninguno de los dos caminos ofrece una respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia. Más grave aún, ninguno puede convertirse en referente moral para una nación que aspira a fortalecer sus instituciones y consolidar la paz.

Sin embargo, considero que el problema de fondo es aún más profundo que la crisis de la salud, la inseguridad, la polarización, la situación económica o cualquier otra dificultad que hoy ocupe los titulares. El verdadero problema es que como sociedad hemos comenzado a perder la capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto.

Cada vez con mayor frecuencia confundimos la justificación con la legitimidad, la simpatía política con la razón y la conveniencia con los principios. Hemos llegado al punto de relativizar conductas que antes resultaban evidentemente reprochables, dependiendo de quién las cometa o de la causa que diga defender.

Por eso este debate no puede limitarse al plano jurídico. Debe abordarse también desde la ética, la moral y la deontología. Necesitamos volver a preguntarnos qué conductas son aceptables y cuáles no; qué valores queremos promover como sociedad y cuáles debemos rechazar sin ambigüedades.

Colombia no avanzará mientras siga confundiendo el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto o lo legítimo con lo conveniente. No podemos permitir que lo indebido termine desplazando lo debido, ni que el mérito sea equiparado con la ausencia de esfuerzo, ni que la legalidad sea vista como un obstáculo y no como una garantía.

Las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto deben reconstruirse y fortalecerse. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, elevar la calidad del debate público y construir una nación capaz de mirar hacia adelante sin renunciar a los principios que hacen posible la convivencia democrática.

Lo primero es que debemos recordar que Colombia clasificó al mundial porque este año hay más cupos, de lo contrario no estaríamos jugando amistosos, sino el repechaje. Y, en honor a la verdad, con la forma en la que se está jugando, estaríamos sufriendo para clasificar.

Por otra parte, necesitamos dejar de creer que el triunfo individual de cada jugador no es garantía de que se tenga un buen juego en lo colectivo. Ejemplo de ello es el pobre desempeño de Luis Díaz y Luis Suárez, ambos están siendo protagonistas en sus equipos en Europa, pero en la selección poco y nada aportaron.

También en el equipo nacional urge un relevo de manera rápida. Los 180 minutos de juego demostraron que figuras como James Rodríguez ya no están para ser titular por su condición física y su aporte futbolístico. Hoy dentro de los equipos del torneo nacional hay jugadores que pueden aportar más que esos ídolos que ya empiezan a finalizar su carrera.

Finalmente, la forma en la que el equipo juega no está siendo efectiva. No creo que se necesite un fútbol muy vistoso para ganar, sino uno que garantice anotar goles y evita que sean encajados. El entrenador Néstor Lorenzo tiene en eso la mayor responsabilidad, puesto que viendo los partidos se evidencia que no hay una propuesta clara de juego, los pases no tienen una intención y a la defensa le falta idea táctica.

Colombia tiene aún unas semanas antes de que empiece el certamen mundial para mejorar, porque de lo contrario, estaremos ante un rápido regreso que iría en contravia a todos los analistas que han impulsado al país a creer que llegaremos lejos.

Hoy, esa misma metáfora se impone en la escena nacional tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No basta con identificar a los autores materiales e intelectuales —la Segunda Marquetalia ha sido señalada en las investigaciones—; hay una responsabilidad política que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes integran la coalición legislativa. No se trata de buscar un chivo expiatorio, sino de reconocer que los hechos no ocurren en el vacío: son el resultado de cadenas de decisiones, omisiones y errores acumulados.

Cuando un crimen político de esta magnitud se consuma, no es porque “algo salió mal” de forma aislada. Es la suma de eslabones débiles: políticas mal calibradas, nombramientos cuestionables, negligencias administrativas y, sobre todo, la normalización de riesgos que debieron haberse previsto y corregido. La paz no se construye con atajos ni con gestos simbólicos; exige rigor, controles y coherencia entre fines y medios.

En ese sentido, hay dos responsabilidades que conviene subrayar. La primera es la de una política de paz que, en su afán por cerrar ciclos, abrió demasiadas puertas sin garantizar condiciones mínimas de seguridad institucional. Negociar con actores que mantienen vínculos con el crimen organizado o que no han demostrado una voluntad clara de desmovilización implica riesgos que deben ser gestionados con prudencia técnica y política.

La segunda es la del propio gobierno al otorgar estatus o cargos a personas con antecedentes penales o vínculos probados con actividades ilícitas: si se desconoció esa información fue un error grave; si se conocía y se actuó con indiferencia, la omisión es aún más grave.

Aceptar la responsabilidad política no es un acto de derrota; es, por el contrario, un acto de honestidad cívica. Reconocer que las apuestas por la paz tuvieron resultados parciales o equivocados no equivale a renegar del objetivo de terminar el conflicto, sino a exigir que las estrategias sean replanteadas con seriedad técnica y con la prioridad de proteger la vida y la institucionalidad.

Colombia no necesita, en este momento, más polarización entre derechas e izquierdas. Necesita un diagnóstico claro y desapasionado sobre qué funcionó y qué no en las políticas de paz; necesita controles efectivos y una política de seguridad que no dependa de improvisaciones ni de consignas. La ilusión del fin del conflicto no puede convertirse en excusa para relajar las exigencias institucionales propias del Estado de derecho.

No podemos permitir que la victoria de un grupo armado se convierta en la derrota de la democracia. La respuesta del Estado debe ser proporcional: investigación rigurosa, capturas y, sobre todo, reformas que cierren las brechas que permitieron el crimen.

La paz total no se decreta; se construye con condiciones. Y cuando esas condiciones faltan, el país debe estar dispuesto a corregir el rumbo, asumir responsabilidades y volver a poner la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. Solo así la frase “el tubo tuvo la culpa” dejará de ser una metáfora útil y se convertirá en una lección aprendida.

Antes de seguir esta lectura, usted, lector, deberá saber que no soy uribista y lo que busco en estas líneas es un poco de objetividad. Debemos reconocer, a la luz de la verdad, cuando algo es cierto y cuando nos quieren “meter gato por liebre”.

Si bien es innegable que Uribe no logró un escaño, el escenario debe verse de forma más integra. No puede hacerse un análisis apresurado en este caso.

Una de las cosas que más se deben analizar es que fue el mismo Uribe quien eligió la casilla 25 en una lista cerrada. Él mismo sabía que la tarea que se proponía era impulsar desde atrás la lista, ocasionalmente entrar. En el caso de que quisiera entrar, habría sido el cabeza de lista (número 1) como lo hizo en 2018 cuando obtuvo casi 900.000 votos.

Asimismo, el expresidente ha sido objeto de los procesos judiciales más importantes de los últimos años: testigos falsos, ejecuciones extrajudiciales entre otros. Muy a pesar del costo mediático y del desgaste de su imagen, su colectividad aumentó la cantidad de escaños en el Senado de la República, con una proporción parecida a la bancada de gobierno.

Aunado a lo anterior, plausible que los resultados obtenidos por el Centro Democrático (partido de Uribe Vélez) logró ese crecimiento sin las cuotas burocráticas, los cuantiosos contratos y la “mermelada” que tienen aquellos que están en el Gobierno nacional.

Por otra parte, el expresidente logró imponer a su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, como la persona que hoy día tiene mayor votación real y demostrada en Colombia. Rompiendo el paradigma que se venía construyendo de la dualidad entre Cepeda y de la Espriella, dejando a este último en una situación extremadamente compleja de cara a la contienda electoral.

Finalmente, a pesar de que muchos nos quejamos de la cumbre que tuvieron los expresidente Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria en el mes de octubre de 2025, su encuentro resultó muy provechoso para ambos, Uribe lidera la segunda fuerza política más grande del país y Gaviria hace lo suyo con la tercera, el Partido Liberal Colombiano.

Pueda ser que los medios profanen una derrota y hablen de quemados, pero la realidad dista mucho de esos titulares. Uribe ganó las elecciones, volvió a demostrar que es un líder con capacidad de organizar sus equipos y enfilarlos para sus objetivos.

La Reforma Pensional —probablemente el mayor logro político del Gobierno— hoy está en vilo en los estrados judiciales por vicios de trámite. La Reforma Laboral avanzó a medias y dejó inconformes incluso a quienes la impulsaban. La reforma a la salud naufragó en el Congreso. La tributaria generó controversia. Las propuestas de consulta popular y hasta la idea de una nueva Constitución quedaron en el terreno del discurso.

Aunque mucho análisis se podría hacer sobre las derrotas de dichos procesos, solucionaban problemas de los colombianos, pero no el que más los afecta. Según la encuesta de INVAMER publicada en febrero de 2026, el 30% de los colombianos cree que el mayor problema del país es la seguridad. Adicionalmente, afirma que 3 de cada 10 colombianos no se sienten seguros en su barrio, vereda o sector de residencia. El miedo dejó de ser una percepción aislada y se convirtió en experiencia cotidiana.

Podemos debatir si el problema es la falta de pie de fuerza, la inteligencia, la inversión social o la prevención. Todo eso es válido. Pero hay un embudo donde el sistema colapsa: la judicialización. Cerca del 91% de los capturados por cometer delitos en Colombia terminan siendo liberados y por ende la impunidad cunde en todos los rincones del país.

No importa qué tantas capturas logren realizar las Fuerzas Armadas o qué tantos cargos y delitos tengan los criminales. Mientras que la justicia siga siendo tan laxa y prevalezcan los derechos de los capturados sobre el beneficio común de la seguridad, no podremos avanzar.

En ese sentido, la reforma que si necesita Colombia es una para la justicia. Esa reforma debe contemplar el final de impunidad para aquellos que cometan crímenes, sin distingo del tamaño o el impacto de este. La justicia debe incluir la Inteligencia Artificial – IA, para garantizar la agilidad de los procesos. Se debe reevaluar la ley de pequeñas causas, puesto que la justicia en si misma es una gran causa, y finalmente, se tiene que tener un marco jurídico más sólido para aquellos insurrectos que quieran dejar las organizaciones criminales: que dejen de delinquir, pero que paguen por sus crímenes.

Esa propuesta la ha venido planteando Wilson Ruíz Orejuela, exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy es candidato al Senado por Movimiento Salvación Nacional con el número 20. Wilson es un valluno que conoce del Estado y en materia jurídica, tiene experiencia en lo público, lo privado y la academia. No es de los youtubers y tiktokers que creen que pueden ganarse la vida viviendo del Estado, ganando millones y contando con esquema de seguridad.

Más allá de simpatías o antipatías partidistas, el debate debería centrarse en esto: votar por gente inexperta y youtubers o vamos a entregar el poder a quien se ha preparado para ejercerlo. La seguridad no se resuelve con discursos épicos ni con guerras retóricas en redes sociales. Se resuelve con instituciones que funcionen y con justicia que se cumpla.

A todos quienes leen esta columna, los invito a que voten por una propuesta seria, con experiencia, lejos de los lentes de las redes sociales, pero muy cercana a la experiencia y las capacidades necesarias para el servicio legislativo.

Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.

El problema vino después. El crecimiento del partido atrajo nuevos liderazgos y propuestas que poco a poco se alejaron de ese centro mesurado con el que había nacido. El aval verde se convirtió en un pasaporte para cualquiera que quisiera entrar en la política, sin importar si compartía realmente la idea original.

La colectividad empezó a oscilar entre discursos de izquierda y derecha, sin construir una ideología sólida ni un plan programático claro. Se refugiaron en lo políticamente correcto, moldeando sus posturas según la coyuntura. En ese terreno ambiguo salieron a relucir viejas figuras de dudoso pasado, como Carlos Ramón González (Exmiembro de la guerrilla del M19), antiguo directivo del partido, el senador Iván Name, el Ministro Antonio Sanguino y la exConsejera Presidencial, Sandra Ortiz; todos ellos relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD.

La maleabilidad de sus líderes y candidatos los llevó a contradicciones evidentes. Respaldaron a Gustavo Petro para llegar a la presidencia y luego lo atacaron porque cumplió lo que prometió. Se acomodaron según la tajada que les ofreciera el gobierno de turno: apoyaron a Santos mientras tuvieron ministerios, criticaron a Duque y a Peñalosa porque no recibieron lo suficiente, y han alternado ataques y defensas a Petro y Carlos Fernando Galán dependiendo de la conveniencia.

La máxima confirmación de esa maleabilidad fue la Alcaldía de Claudia López, quien constantemente tenía encuentros y desencuentros tanto con Iván Duque, como con Gustavo Petro. Dependiendo cómo su partido o su figura luciera en los reflectores nacionales o en los nombramientos atacaba o guardaba silencio. Ahora, ella busca pintarse de un centro con el que nadie se siente a gusto porque más allá de ser tibieza es extrema comodidad y correctísimo político.

El Partido Verde, que alguna vez representó la esperanza de un cambio con mesura y la construcción de una Colombia distinta, terminó convertido en una fábrica de avales. Una colectividad que perdió el centro y lo transformó en un espacio de acomodo, útil para quienes buscan poder sin importar la coherencia ideológica.

Estuvo en Paris durante la auto coronación de Napoleón como emperador de Francia, tomó dicha referencia y optó por empezar a construir un imperio en nuestra región. Si bien, la idea de replicar lo que Bonaparte hacía en Europa no era del todo mala, y llegar a juzgar por ello a cualquiera de los dos es una anacronía. El tiempo ha dado una errónea fama a Bolívar sobre su actuar, su figura y su pensamiento.

En primera medida, es preciso aclarar que el proceso de los países de América Latina que hacían parte de España nunca fue uno de independencia. España en América nunca tuvo colonias, los territorios y habitantes de ultramar en el continente eran virreinatos y capitanías, lo que igualaba en nivel al reino en España. A diferencia, por ejemplo, de las colonias británicas en Estados Unidos. Es preciso nombrar como una secesión lo que se llevó a cabo con los territorios hispánicos en América Latina.

Si bien su propuesta de construcción de la Gran Colombia es valiosa, estaba fundamentada para su propósito egocéntrico y era la versión resumida de “Colombeia” de Francisco de Miranda. Pero la visión de Miranda era pluralista e incluyente, cosa que no le sentó bien a Bolívar y por ello, tan pronto como pudo, este lo repudió y alejó de su vida.

Ahondando en la visión de nación (imperio), Bolívar deseaba construir un imperio para él y un congreso elegido por él cuya sucesión fuera por herencia y no por elección. En la carta de Jamaica, el más importante documento escrito por Bolívar explica con detalle la propuesta. Esto significa que antes que cualquier cosa él era un dictador, una figura que deseaba el poder para si mismo, para los suyos y para mandar a su deseo.

Dentro de sus correspondencias, y también en la carta de Jamaica, Bolívar expresa que su intención, por encima de emancipar la América, era podérsela quitar a los españoles del poder. Incluso, sugiere que en caso de fallecer y no tener un heredero para su imperio, el poder y los territorios fueran entregados a la corona británica, pero que no se retorne a la administración española.

Ya en la práctica, Bolívar era un elitista y racista declarado. Por una parte, es preciso recordar que venía de “cuna de oro”, al pertenecer a una familia adinerada, un elitista que dentro de su idea de gobierno incluyó solo la participación de la élite criolla, restringiendo la participación popular. A la vez que en su operación militar, siempre procuró porque los negros, esclavos e indígenas fueran la “carne de cañón” y los componentes de las primeras líneas de su ejército. Esto sin contar la persecución a líderes como el Almirante Padilla, que fue víctima de una falsa acusación de conspiración y traición por parte de Bolívar quien lo sentenció a fusilamiento.

Para seguir sobre el ápice militar, si bien fue un dirigente innovador y que tenía un formidable enemigo en frente, nos encontramos con una figura que no planeó con suficiente cálculo las operaciones como el cruce de los Andes a través del Páramo de Pisba y que cuyos resultados catastróficos fueron siempre bien salvados por otros militares notables como el coronel Juan José Rondón, en el pantano de Vargas, o el Mariscal Antonio José de Sucre, en la campaña de Ayacucho.

Finalmente, la política exterior de Bolívar se puede resumir a lo ocurrido entre el 26 y 27 de julio de 1822, cuando el dictador se encontró con José de San Martín (libertador del cono sur de América del sur) en la ciudad de Guayaquil.  En la noche del 27 de julio de 1822 Bolívar agasajó a San Martín con un banquete. Bolívar propuso un brindis “Por los dos hombres más grandes de la América del Sur: el general San Martín y yo”, mientras que San Martín brindó “Por la pronta conclusión de la guerra; por la organización de las diferentes Repúblicas del continente y por la salud del Libertador de Colombia.”. Una actitud llena de egoísmo por parte de Bolívar, mientras que su contraparte si demostraba la intención de construcción de naciones libres, en paz, con justicia y con visión de unidad de región.

Este blog lo escribo como una reflexión de lo que he estudiado de Bolívar a lo largo de los años, anunciando lo peligroso que puede ser tenerlo como una referencia o ejemplo a seguir. Sin que esto signifique que las contra partes como Santander o Tomás Cipriano Mosquera fueran mejor o peor que él.