Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.

Del lado realista, cerca de 1.300 soldados de infantería y alrededor de 500 jinetes se preparaban para enfrentar al Ejército Libertador, que contaba con aproximadamente 2.000 hombres y 400 integrantes de caballería. Sin embargo, las cifras no reflejaban las condiciones reales de las tropas patriotas.

Los hombres comandados por Simón Bolívar se encontraban exhaustos después de atravesar el páramo de Pisba. El frío, el hambre, las enfermedades y las dificultades del terreno habían causado numerosas bajas. Al menos, una cuarta parte del ejército había muerto, desertado o quedado incapacitada durante aquella travesía.

En la mañana del combate, Bolívar ordenó que sus tropas cruzaran el río Chicamocha, cuyo caudal había aumentado como consecuencia de la temporada de lluvias. Después del esfuerzo que significó atravesarlo, los patriotas encontraron que, en la margen opuesta, las fuerzas españolas ya se organizaban para entrar en combate.

El coronel José María Barreiro, comandante del ejército realista, se adelantó y tomó una posición favorable para la defensa. Desde las alturas dominaba el terreno y obligaba a los patriotas a avanzar por un estrecho espacio ubicado entre los cerros y la zona pantanosa.

Durante varias horas, españoles y patriotas combatieron con enorme valentía. Los enfrentamientos llegaron, incluso, al combate cuerpo a cuerpo y a las cargas de bayoneta. Sin embargo, al final de la tarde, el resultado comenzaba a inclinarse claramente en favor de las tropas realistas.

Hacia las cinco de la tarde, Barreiro reorganizó sus fuerzas y lanzó un contraataque que consiguió hacer retroceder de manera desordenada a los patriotas. La situación parecía definitiva. Según la tradición, el comandante español habría exclamado: “¡Viva España! Ni Dios me quita la victoria”.

En ese momento quedaron en evidencia los errores de planificación del Ejército Libertador. Las tropas habían atravesado el páramo de Pisba en condiciones extremas, cruzado un río crecido y entrado en combate prácticamente sin descanso, mientras el enemigo controlaba las posiciones más favorables del terreno.

Al observar el avance de la caballería española, Bolívar habría reconocido la gravedad de la situación: “Se nos vino la caballería y se perdió la batalla”.

Fue entonces cuando apareció el teniente coronel Juan José Rondón, comandante de la caballería de reserva. Al escuchar las palabras de Bolívar, respondió: “¿Cómo se va a perder la batalla si ni yo ni mis hombres hemos peleado? Déjenos hacer una entrada”.

Bolívar le habría contestado con la frase que pasaría a la historia: “Coronel, salve usted la patria”.

Rondón regresó hacia sus hombres y les dijo: “¡Camaradas, los que sean valientes síganme, porque en este momento triunfamos!”.

Sin esperar una nueva orden, lanzó su caballo al galope y atravesó las filas de los patriotas que comenzaban a retirarse. Inicialmente lo siguieron catorce lanceros, quienes escucharon y respondieron inmediatamente a su llamado. Así comenzó la célebre carga de los quince lanceros.

Los jinetes avanzaron contra los dragones y las reservas de infantería realista. Aunque enfrentaban una fuerza muy superior, consiguieron penetrar sus líneas, frenar la ofensiva y generar suficiente confusión para que las tropas patriotas se reorganizaran.

La carga de Rondón transformó el curso de la batalla. Otros escuadrones de caballería se sumaron al ataque y el ejército que minutos antes se retiraba recuperó la iniciativa. La acción de aquellos hombres demostró que, en ocasiones, la valentía y la capacidad de decisión pueden modificar el resultado de una contienda que parece perdida.

Durante el enfrentamiento también se produjo uno de los episodios más recordados de la batalla. El sargento segundo José Inocencio Chincá se enfrentó al capitán realista Ramón Bedoya en un intenso duelo de caballería. Bedoya logró herir gravemente a Chincá. Sin embargo, pese a la herida, el lancero patriota continuó combatiendo y consiguió atravesar con su lanza al oficial español, causándole la muerte y derribándolo de su caballo. Chincá fallecería días después como consecuencia de las heridas sufridas en el combate.

Después de la carga de los lanceros, de la reorganización de las fuerzas patriotas y del desorden ocasionado entre las tropas españolas, un fuerte aguacero cayó sobre el campo de batalla. La lluvia y la llegada de la noche dificultaron la continuación de las operaciones y llevaron a ambos ejércitos a replegarse.

La batalla del Pantano de Vargas suele reconocerse como una victoria estratégica del Ejército Libertador. No obstante, es necesario recordar que el desenlace estuvo determinado, en buena medida, por la iniciativa de Rondón y sus lanceros. Fueron ellos quienes, en el momento más crítico, impidieron la derrota de las fuerzas independentistas.

Algunos historiadores sostienen que, de no haberse presentado el aguacero y la posterior oscuridad, los patriotas habrían podido obtener una victoria mucho más contundente. Otros consideran que las fuerzas realistas también conservaron capacidad de combate. En cualquier caso, la batalla resultó decisiva para mantener con vida la Campaña Libertadora.

Días después, el 7 de agosto de 1819, se libró la batalla de Boyacá, que permitió cortar la retirada del ejército realista y abrió el camino hacia Santa Fe. En esta batalla nuevamente relució la falta de pericia militar de Simón Bolívar.

Juan José Rondón continuó participando en las campañas de Independencia. Murió en 1822, en la ciudad de Valencia, como consecuencia de las heridas sufridas durante un enfrentamiento. Su legado permaneció estrechamente ligado al nacimiento de la República y a la historia de la caballería colombiana. La expresión “Salve usted la patria” se convirtió en el lema del arma de Caballería del Ejército Nacional. También, Bolívar en cada día previo al aniversario de la Batalla afirmaba que “Mañana es el día de San Rondón”.

Sin embargo, la enseñanza de esta historia trasciende el proceso de Independencia. Rondón no se limitó a contemplar cómo se perdía la batalla. Sabía que todavía tenía hombres disponibles, entendió que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos y tuvo el valor de alzar la voz cuando los demás comenzaban a aceptar la derrota.

Su liderazgo no surgió de una orden detallada ni de un plan previamente diseñado. Nació de la capacidad de reconocer una oportunidad en medio del caos, asumir la responsabilidad y actuar cuando otros retrocedían.

En nuestra vida cotidiana y en los grandes asuntos nacionales también enfrentamos momentos semejantes. Situaciones en las que advertimos que algo está mal, sabemos que todavía podemos intervenir, pero preferimos guardar silencio o esperar a que otro actúe.

La pregunta que nos deja Rondón, más de dos siglos después, continúa vigente: ¿Cuántas veces pudimos ayudar a salvar una causa, una institución o incluso al país, pero no tuvimos el valor de dar un paso al frente?

Padilla fue un hombre de mar. Nació en Riohacha, La Guajira, en 1778. Era hijo de un carpintero dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones y de una mujer de ascendencia wayuu. Su vida estuvo marcada por la discriminación y la exclusión derivadas de su origen racial y social.

A los 19 años se enlistó en la Real Armada Española y llegó a combatir en la batalla de Trafalgar, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia moderna. Aquella experiencia le permitió adquirir los conocimientos marítimos y militares que, años más tarde, pondría al servicio de la causa independentista.

En 1811 fue nombrado contramaestre en Cartagena de Indias, donde rápidamente se destacó por su liderazgo. Durante 1812 participó en los movimientos políticos y militares que buscaban consolidar un Estado autónomo frente a la crisis de la monarquía española provocada por la ocupación napoleónica. En los años siguientes obtuvo importantes victorias en Tolú, Santa Marta y Riohacha. Sin embargo, también fue enviado a prisión tras ser acusado injustamente de traición.

Mientras permanecía encarcelado, en 1815 comenzó la reconquista española. Padilla fue liberado para apoyar la defensa de Cartagena, que resistió durante 106 días de asedio. Aunque la ciudad finalmente se rindió, logró escapar hacia las islas del Caribe, donde tuvo contacto con gobiernos y movimientos independentistas liderados por negros y mulatos.

Durante los años siguientes estrechó su relación con Simón Bolívar y participó en diferentes acciones militares al servicio de la Independencia. En el marco de la Campaña Libertadora, intervino en la campaña de Casanare y tuvo bajo su responsabilidad el transporte de tropas, armamento y material de guerra.

Posteriormente participó, como segundo al mando, en las operaciones para liberar ciudades costeras como Riohacha y Cartagena. Por sus acciones, el Gobierno de la Gran Colombia lo ascendió al grado de general de brigada y lo nombró comandante general del Tercer Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones del Río Zulia.

Su popularidad aumentaba, pero también crecía el número de sus adversarios. En 1822 ganó las elecciones y fue elegido senador de la República.

La vida de Padilla, sin embargo, parecía estar más destinada a la carrera militar que a la política. Después de su elección se intensificaron sus dificultades. La división entre Bolívar y Santander, así como la confrontación entre centralistas y federalistas, lo convirtió en blanco de ataques provenientes de ambos sectores.

Padilla se sentía más cercano al federalismo, tanto por convicción como por la decepción que le produjo el progresivo distanciamiento de Bolívar frente a los negros, mulatos y pardos que habían combatido por la Independencia, pero que posteriormente fueron excluidos de los principales espacios de poder.

En 1823, Francisco de Paula Santander lo designó para dirigir la defensa del lago de Maracaibo ante la amenaza de las tropas españolas. El 24 de julio de ese año, Padilla obtuvo una victoria definitiva en la batalla naval del lago de Maracaibo. Su escuadra derrotó a las fuerzas realistas y aseguró el control del lago, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de la Independencia.

Como reconocimiento, fue ascendido a general de división, recibió una medalla de oro y una pensión anual de 3.000 pesos. No obstante, la compensación y los honores fueron inferiores a los recibidos por otros jefes militares de la Campaña Libertadora, muchos de los cuales fueron nombrados en altos cargos públicos. Esta diferencia difícilmente puede separarse de los prejuicios raciales que enfrentó Padilla por su origen pardo.

A pesar de los reveses políticos y de los desplantes sufridos durante su carrera militar, fue reelegido senador en 1825. Desde entonces, sus adversarios intensificaron los ataques en su contra, acusándolo de pretender promover una guerra de razas y de querer dividir la naciente República.

En 1828, las diferencias entre Padilla y el general Mariano Montilla llegaron a su punto máximo. Montilla había ordenado su encarcelamiento en 1815 y ambos habían competido durante años por el poder político y militar en Cartagena. En medio de esa confrontación, Padilla y algunos de sus seguidores desconocieron temporalmente la autoridad de Montilla, circunstancia que fue utilizada para presentarlo ante Bolívar como un instigador y una amenaza para el orden público.

Ese mismo año ocurrió la Conspiración Septembrina, el intento de asesinato contra Simón Bolívar. Aunque no existían pruebas concluyentes que vincularan a Padilla con el atentado, fue acusado de participar en la conspiración y condenado a muerte.

La sentencia fue ejecutada el 2 de octubre de 1828 en Santa Fe de Bogotá.

Padilla murió frente a un pelotón de fusilamiento sin que se hubiera demostrado plenamente su responsabilidad. Su mayor desgracia fue haber servido a Bolívar, un líder tirano que no correspondía al sacrificio que tenían a su mando.
A pesar de sus servicios a la patria, su familia no recibió oportunamente todos los honores que correspondían a su trayectoria. Tampoco ostentó formalmente en vida el título de almirante, reconocimiento que le fue concedido de manera póstuma. Sin embargo, su vida, sus victorias y su legado constituyen uno de los pilares históricos sobre los cuales se construyó la Armada de la República de Colombia.

La historia de José Prudencio Padilla debería ocupar un lugar mucho más importante en los colegios, las universidades y las academias de historia del país. Su trayectoria demuestra que un hombre de origen humilde, enfrentado a la exclusión y al prejuicio racial, pudo convertirse en uno de los principales líderes militares de la Independencia. Pero, también nos obliga a revisar críticamente la historia que nos enseñaron. Padilla permite observar una faceta autoritaria de Simón Bolívar que con frecuencia ha sido omitida en los relatos oficiales.

En Colombia necesitamos dejar de presentar a los héroes de la independencia, especialmente a Bolívar, como figuras perfectas. Exaltar a Padilla significa comprender que la Independencia no fue obra de un solo hombre y que muchos de quienes entregaron su vida por la República terminaron siendo perseguidos, olvidados o condenados por aquellos mismos líderes a quienes ayudaron a llevar al poder.

Durante casi 50 años la espada no tuvo mayor relevancia hasta que Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República. Una de las primeras solicitudes formuladas como presidente electo fue que la espada estuviera presente durante su ceremonia de posesión. Aunque inicialmente la petición fue negada, una vez asumió la Presidencia ordenó que fuera trasladada para ser exhibida durante el acto oficial.

Posteriormente volvió a empuñarla en un evento público para respaldar políticamente las reformas promovidas por su gobierno, presentándola como un símbolo de lucha frente a quienes, según su interpretación, impedían las transformaciones que el país necesitaba.

Hace apenas unos días, a pocas semanas de concluir su mandato, el propio presidente volvió a referirse a la espada y planteó la posibilidad de llevársela o ubicarla en un lugar donde nadie pudiera dañarla ni opacar su significado.

Bajo este escenario, el país debería tener la conversación de ¿Qué hacer con la espada de Bolívar?

Al no tratarse de un símbolo que represente a las Fuerzas Armadas y haber sido utilizado y vandalizado por quienes se levantaron en armas contra el Estado, convirtiéndose en un referente de organizaciones ilegales, dicha espada debe ser destruida.

Este podría ser el primer paso de Colombia para desmontar las narrativas que glorifican, justifican o romantizan el terrorismo y el narcotráfico. Así como Alemania decidió no exaltar los símbolos del nazismo para evitar su reivindicación y preservar la memoria histórica desde una perspectiva crítica, Colombia también debe reflexionar sobre cuáles símbolos contribuyen a fortalecer la democracia y cuáles perpetúan la legitimación de la violencia.

Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

Mi abuela solía contarme historias sobre la violencia entre “godos” y “cachiporros”. Más tarde, la literatura me retrató aquella tragedia nacional; basta recordar la obra Cóndores no entierran todos los días, donde Gustavo Álvarez Gardeazábal describe a “los pájaros” y a las guerrillas liberales como protagonistas de una época marcada por el odio político. Décadas después, el país volvió a dividirse entre guerrillas y paramilitares, prolongando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

Todo ello demuestra que Colombia arrastra una herida que nunca ha terminado de sanar. Por el contrario, cada generación parece encontrar nuevas formas de reabrirla.

Por eso resulta tan preocupante que el debate presidencial se pretenda resumir en una confrontación entre “paras” y “guerrilleros”. No solo porque se estigmatiza a ciudadanos inocentes al asociarlos con organizaciones armadas ilegales que tanto daño causaron al país, sino porque se alimenta una lógica de confrontación que impide discutir los verdaderos problemas nacionales.

Después del 21 de junio, independientemente de quién resulte elegido presidente, Colombia seguirá existiendo. Los ciudadanos tendrán que convivir, trabajar juntos y construir futuro. Ningún proceso democrático puede sostenerse si una parte de la sociedad considera que la otra es, por definición, enemiga.

En este contexto, vale la pena detenerse en una afirmación reciente del actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien durante un debate de control político manifestó que había sido guerrillero “a mucho honor”. Más allá de la discusión política coyuntural, la frase invita a una reflexión de fondo: ¿cuál es el honor que puede derivarse de haber pertenecido a una organización armada que se levantó contra el Estado, desconoció la ley y contribuyó a prolongar la violencia en Colombia?

La pregunta adquiere aún mayor relevancia si invertimos los papeles. ¿Qué habría ocurrido si una declaración similar hubiera sido pronunciada por un exparamilitar? ¿La reacción pública habría sido la misma? ¿Habría existido igual tolerancia frente a semejante afirmación?.

Y es precisamente aquí donde quiero responder la pregunta que da título a esta columna: no, no es mejor ser guerrillero que paramilitar, como tampoco es mejor ser paramilitar que guerrillero. Ambos representan expresiones de la ilegalidad, de la violencia y del desconocimiento de las reglas que sostienen la convivencia democrática.

Reducir la discusión presidencial a una disputa entre estos dos referentes no solo es un error político, sino también una renuncia intelectual. Ninguno de los dos caminos ofrece una respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia. Más grave aún, ninguno puede convertirse en referente moral para una nación que aspira a fortalecer sus instituciones y consolidar la paz.

Sin embargo, considero que el problema de fondo es aún más profundo que la crisis de la salud, la inseguridad, la polarización, la situación económica o cualquier otra dificultad que hoy ocupe los titulares. El verdadero problema es que como sociedad hemos comenzado a perder la capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto.

Cada vez con mayor frecuencia confundimos la justificación con la legitimidad, la simpatía política con la razón y la conveniencia con los principios. Hemos llegado al punto de relativizar conductas que antes resultaban evidentemente reprochables, dependiendo de quién las cometa o de la causa que diga defender.

Por eso este debate no puede limitarse al plano jurídico. Debe abordarse también desde la ética, la moral y la deontología. Necesitamos volver a preguntarnos qué conductas son aceptables y cuáles no; qué valores queremos promover como sociedad y cuáles debemos rechazar sin ambigüedades.

Colombia no avanzará mientras siga confundiendo el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto o lo legítimo con lo conveniente. No podemos permitir que lo indebido termine desplazando lo debido, ni que el mérito sea equiparado con la ausencia de esfuerzo, ni que la legalidad sea vista como un obstáculo y no como una garantía.

Las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto deben reconstruirse y fortalecerse. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, elevar la calidad del debate público y construir una nación capaz de mirar hacia adelante sin renunciar a los principios que hacen posible la convivencia democrática.

Lo primero es que debemos recordar que Colombia clasificó al mundial porque este año hay más cupos, de lo contrario no estaríamos jugando amistosos, sino el repechaje. Y, en honor a la verdad, con la forma en la que se está jugando, estaríamos sufriendo para clasificar.

Por otra parte, necesitamos dejar de creer que el triunfo individual de cada jugador no es garantía de que se tenga un buen juego en lo colectivo. Ejemplo de ello es el pobre desempeño de Luis Díaz y Luis Suárez, ambos están siendo protagonistas en sus equipos en Europa, pero en la selección poco y nada aportaron.

También en el equipo nacional urge un relevo de manera rápida. Los 180 minutos de juego demostraron que figuras como James Rodríguez ya no están para ser titular por su condición física y su aporte futbolístico. Hoy dentro de los equipos del torneo nacional hay jugadores que pueden aportar más que esos ídolos que ya empiezan a finalizar su carrera.

Finalmente, la forma en la que el equipo juega no está siendo efectiva. No creo que se necesite un fútbol muy vistoso para ganar, sino uno que garantice anotar goles y evita que sean encajados. El entrenador Néstor Lorenzo tiene en eso la mayor responsabilidad, puesto que viendo los partidos se evidencia que no hay una propuesta clara de juego, los pases no tienen una intención y a la defensa le falta idea táctica.

Colombia tiene aún unas semanas antes de que empiece el certamen mundial para mejorar, porque de lo contrario, estaremos ante un rápido regreso que iría en contravia a todos los analistas que han impulsado al país a creer que llegaremos lejos.

Hoy, esa misma metáfora se impone en la escena nacional tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No basta con identificar a los autores materiales e intelectuales —la Segunda Marquetalia ha sido señalada en las investigaciones—; hay una responsabilidad política que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes integran la coalición legislativa. No se trata de buscar un chivo expiatorio, sino de reconocer que los hechos no ocurren en el vacío: son el resultado de cadenas de decisiones, omisiones y errores acumulados.

Cuando un crimen político de esta magnitud se consuma, no es porque “algo salió mal” de forma aislada. Es la suma de eslabones débiles: políticas mal calibradas, nombramientos cuestionables, negligencias administrativas y, sobre todo, la normalización de riesgos que debieron haberse previsto y corregido. La paz no se construye con atajos ni con gestos simbólicos; exige rigor, controles y coherencia entre fines y medios.

En ese sentido, hay dos responsabilidades que conviene subrayar. La primera es la de una política de paz que, en su afán por cerrar ciclos, abrió demasiadas puertas sin garantizar condiciones mínimas de seguridad institucional. Negociar con actores que mantienen vínculos con el crimen organizado o que no han demostrado una voluntad clara de desmovilización implica riesgos que deben ser gestionados con prudencia técnica y política.

La segunda es la del propio gobierno al otorgar estatus o cargos a personas con antecedentes penales o vínculos probados con actividades ilícitas: si se desconoció esa información fue un error grave; si se conocía y se actuó con indiferencia, la omisión es aún más grave.

Aceptar la responsabilidad política no es un acto de derrota; es, por el contrario, un acto de honestidad cívica. Reconocer que las apuestas por la paz tuvieron resultados parciales o equivocados no equivale a renegar del objetivo de terminar el conflicto, sino a exigir que las estrategias sean replanteadas con seriedad técnica y con la prioridad de proteger la vida y la institucionalidad.

Colombia no necesita, en este momento, más polarización entre derechas e izquierdas. Necesita un diagnóstico claro y desapasionado sobre qué funcionó y qué no en las políticas de paz; necesita controles efectivos y una política de seguridad que no dependa de improvisaciones ni de consignas. La ilusión del fin del conflicto no puede convertirse en excusa para relajar las exigencias institucionales propias del Estado de derecho.

No podemos permitir que la victoria de un grupo armado se convierta en la derrota de la democracia. La respuesta del Estado debe ser proporcional: investigación rigurosa, capturas y, sobre todo, reformas que cierren las brechas que permitieron el crimen.

La paz total no se decreta; se construye con condiciones. Y cuando esas condiciones faltan, el país debe estar dispuesto a corregir el rumbo, asumir responsabilidades y volver a poner la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. Solo así la frase “el tubo tuvo la culpa” dejará de ser una metáfora útil y se convertirá en una lección aprendida.

Antes de seguir esta lectura, usted, lector, deberá saber que no soy uribista y lo que busco en estas líneas es un poco de objetividad. Debemos reconocer, a la luz de la verdad, cuando algo es cierto y cuando nos quieren “meter gato por liebre”.

Si bien es innegable que Uribe no logró un escaño, el escenario debe verse de forma más integra. No puede hacerse un análisis apresurado en este caso.

Una de las cosas que más se deben analizar es que fue el mismo Uribe quien eligió la casilla 25 en una lista cerrada. Él mismo sabía que la tarea que se proponía era impulsar desde atrás la lista, ocasionalmente entrar. En el caso de que quisiera entrar, habría sido el cabeza de lista (número 1) como lo hizo en 2018 cuando obtuvo casi 900.000 votos.

Asimismo, el expresidente ha sido objeto de los procesos judiciales más importantes de los últimos años: testigos falsos, ejecuciones extrajudiciales entre otros. Muy a pesar del costo mediático y del desgaste de su imagen, su colectividad aumentó la cantidad de escaños en el Senado de la República, con una proporción parecida a la bancada de gobierno.

Aunado a lo anterior, plausible que los resultados obtenidos por el Centro Democrático (partido de Uribe Vélez) logró ese crecimiento sin las cuotas burocráticas, los cuantiosos contratos y la “mermelada” que tienen aquellos que están en el Gobierno nacional.

Por otra parte, el expresidente logró imponer a su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, como la persona que hoy día tiene mayor votación real y demostrada en Colombia. Rompiendo el paradigma que se venía construyendo de la dualidad entre Cepeda y de la Espriella, dejando a este último en una situación extremadamente compleja de cara a la contienda electoral.

Finalmente, a pesar de que muchos nos quejamos de la cumbre que tuvieron los expresidente Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria en el mes de octubre de 2025, su encuentro resultó muy provechoso para ambos, Uribe lidera la segunda fuerza política más grande del país y Gaviria hace lo suyo con la tercera, el Partido Liberal Colombiano.

Pueda ser que los medios profanen una derrota y hablen de quemados, pero la realidad dista mucho de esos titulares. Uribe ganó las elecciones, volvió a demostrar que es un líder con capacidad de organizar sus equipos y enfilarlos para sus objetivos.