Lo primero es que debemos recordar que Colombia clasificó al mundial porque este año hay más cupos, de lo contrario no estaríamos jugando amistosos, sino el repechaje. Y, en honor a la verdad, con la forma en la que se está jugando, estaríamos sufriendo para clasificar.

Por otra parte, necesitamos dejar de creer que el triunfo individual de cada jugador no es garantía de que se tenga un buen juego en lo colectivo. Ejemplo de ello es el pobre desempeño de Luis Díaz y Luis Suárez, ambos están siendo protagonistas en sus equipos en Europa, pero en la selección poco y nada aportaron.

También en el equipo nacional urge un relevo de manera rápida. Los 180 minutos de juego demostraron que figuras como James Rodríguez ya no están para ser titular por su condición física y su aporte futbolístico. Hoy dentro de los equipos del torneo nacional hay jugadores que pueden aportar más que esos ídolos que ya empiezan a finalizar su carrera.

Finalmente, la forma en la que el equipo juega no está siendo efectiva. No creo que se necesite un fútbol muy vistoso para ganar, sino uno que garantice anotar goles y evita que sean encajados. El entrenador Néstor Lorenzo tiene en eso la mayor responsabilidad, puesto que viendo los partidos se evidencia que no hay una propuesta clara de juego, los pases no tienen una intención y a la defensa le falta idea táctica.

Colombia tiene aún unas semanas antes de que empiece el certamen mundial para mejorar, porque de lo contrario, estaremos ante un rápido regreso que iría en contravia a todos los analistas que han impulsado al país a creer que llegaremos lejos.

Hoy, esa misma metáfora se impone en la escena nacional tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No basta con identificar a los autores materiales e intelectuales —la Segunda Marquetalia ha sido señalada en las investigaciones—; hay una responsabilidad política que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes integran la coalición legislativa. No se trata de buscar un chivo expiatorio, sino de reconocer que los hechos no ocurren en el vacío: son el resultado de cadenas de decisiones, omisiones y errores acumulados.

Cuando un crimen político de esta magnitud se consuma, no es porque “algo salió mal” de forma aislada. Es la suma de eslabones débiles: políticas mal calibradas, nombramientos cuestionables, negligencias administrativas y, sobre todo, la normalización de riesgos que debieron haberse previsto y corregido. La paz no se construye con atajos ni con gestos simbólicos; exige rigor, controles y coherencia entre fines y medios.

En ese sentido, hay dos responsabilidades que conviene subrayar. La primera es la de una política de paz que, en su afán por cerrar ciclos, abrió demasiadas puertas sin garantizar condiciones mínimas de seguridad institucional. Negociar con actores que mantienen vínculos con el crimen organizado o que no han demostrado una voluntad clara de desmovilización implica riesgos que deben ser gestionados con prudencia técnica y política.

La segunda es la del propio gobierno al otorgar estatus o cargos a personas con antecedentes penales o vínculos probados con actividades ilícitas: si se desconoció esa información fue un error grave; si se conocía y se actuó con indiferencia, la omisión es aún más grave.

Aceptar la responsabilidad política no es un acto de derrota; es, por el contrario, un acto de honestidad cívica. Reconocer que las apuestas por la paz tuvieron resultados parciales o equivocados no equivale a renegar del objetivo de terminar el conflicto, sino a exigir que las estrategias sean replanteadas con seriedad técnica y con la prioridad de proteger la vida y la institucionalidad.

Colombia no necesita, en este momento, más polarización entre derechas e izquierdas. Necesita un diagnóstico claro y desapasionado sobre qué funcionó y qué no en las políticas de paz; necesita controles efectivos y una política de seguridad que no dependa de improvisaciones ni de consignas. La ilusión del fin del conflicto no puede convertirse en excusa para relajar las exigencias institucionales propias del Estado de derecho.

No podemos permitir que la victoria de un grupo armado se convierta en la derrota de la democracia. La respuesta del Estado debe ser proporcional: investigación rigurosa, capturas y, sobre todo, reformas que cierren las brechas que permitieron el crimen.

La paz total no se decreta; se construye con condiciones. Y cuando esas condiciones faltan, el país debe estar dispuesto a corregir el rumbo, asumir responsabilidades y volver a poner la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. Solo así la frase “el tubo tuvo la culpa” dejará de ser una metáfora útil y se convertirá en una lección aprendida.

Antes de seguir esta lectura, usted, lector, deberá saber que no soy uribista y lo que busco en estas líneas es un poco de objetividad. Debemos reconocer, a la luz de la verdad, cuando algo es cierto y cuando nos quieren “meter gato por liebre”.

Si bien es innegable que Uribe no logró un escaño, el escenario debe verse de forma más integra. No puede hacerse un análisis apresurado en este caso.

Una de las cosas que más se deben analizar es que fue el mismo Uribe quien eligió la casilla 25 en una lista cerrada. Él mismo sabía que la tarea que se proponía era impulsar desde atrás la lista, ocasionalmente entrar. En el caso de que quisiera entrar, habría sido el cabeza de lista (número 1) como lo hizo en 2018 cuando obtuvo casi 900.000 votos.

Asimismo, el expresidente ha sido objeto de los procesos judiciales más importantes de los últimos años: testigos falsos, ejecuciones extrajudiciales entre otros. Muy a pesar del costo mediático y del desgaste de su imagen, su colectividad aumentó la cantidad de escaños en el Senado de la República, con una proporción parecida a la bancada de gobierno.

Aunado a lo anterior, plausible que los resultados obtenidos por el Centro Democrático (partido de Uribe Vélez) logró ese crecimiento sin las cuotas burocráticas, los cuantiosos contratos y la “mermelada” que tienen aquellos que están en el Gobierno nacional.

Por otra parte, el expresidente logró imponer a su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, como la persona que hoy día tiene mayor votación real y demostrada en Colombia. Rompiendo el paradigma que se venía construyendo de la dualidad entre Cepeda y de la Espriella, dejando a este último en una situación extremadamente compleja de cara a la contienda electoral.

Finalmente, a pesar de que muchos nos quejamos de la cumbre que tuvieron los expresidente Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria en el mes de octubre de 2025, su encuentro resultó muy provechoso para ambos, Uribe lidera la segunda fuerza política más grande del país y Gaviria hace lo suyo con la tercera, el Partido Liberal Colombiano.

Pueda ser que los medios profanen una derrota y hablen de quemados, pero la realidad dista mucho de esos titulares. Uribe ganó las elecciones, volvió a demostrar que es un líder con capacidad de organizar sus equipos y enfilarlos para sus objetivos.

La Reforma Pensional —probablemente el mayor logro político del Gobierno— hoy está en vilo en los estrados judiciales por vicios de trámite. La Reforma Laboral avanzó a medias y dejó inconformes incluso a quienes la impulsaban. La reforma a la salud naufragó en el Congreso. La tributaria generó controversia. Las propuestas de consulta popular y hasta la idea de una nueva Constitución quedaron en el terreno del discurso.

Aunque mucho análisis se podría hacer sobre las derrotas de dichos procesos, solucionaban problemas de los colombianos, pero no el que más los afecta. Según la encuesta de INVAMER publicada en febrero de 2026, el 30% de los colombianos cree que el mayor problema del país es la seguridad. Adicionalmente, afirma que 3 de cada 10 colombianos no se sienten seguros en su barrio, vereda o sector de residencia. El miedo dejó de ser una percepción aislada y se convirtió en experiencia cotidiana.

Podemos debatir si el problema es la falta de pie de fuerza, la inteligencia, la inversión social o la prevención. Todo eso es válido. Pero hay un embudo donde el sistema colapsa: la judicialización. Cerca del 91% de los capturados por cometer delitos en Colombia terminan siendo liberados y por ende la impunidad cunde en todos los rincones del país.

No importa qué tantas capturas logren realizar las Fuerzas Armadas o qué tantos cargos y delitos tengan los criminales. Mientras que la justicia siga siendo tan laxa y prevalezcan los derechos de los capturados sobre el beneficio común de la seguridad, no podremos avanzar.

En ese sentido, la reforma que si necesita Colombia es una para la justicia. Esa reforma debe contemplar el final de impunidad para aquellos que cometan crímenes, sin distingo del tamaño o el impacto de este. La justicia debe incluir la Inteligencia Artificial – IA, para garantizar la agilidad de los procesos. Se debe reevaluar la ley de pequeñas causas, puesto que la justicia en si misma es una gran causa, y finalmente, se tiene que tener un marco jurídico más sólido para aquellos insurrectos que quieran dejar las organizaciones criminales: que dejen de delinquir, pero que paguen por sus crímenes.

Esa propuesta la ha venido planteando Wilson Ruíz Orejuela, exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy es candidato al Senado por Movimiento Salvación Nacional con el número 20. Wilson es un valluno que conoce del Estado y en materia jurídica, tiene experiencia en lo público, lo privado y la academia. No es de los youtubers y tiktokers que creen que pueden ganarse la vida viviendo del Estado, ganando millones y contando con esquema de seguridad.

Más allá de simpatías o antipatías partidistas, el debate debería centrarse en esto: votar por gente inexperta y youtubers o vamos a entregar el poder a quien se ha preparado para ejercerlo. La seguridad no se resuelve con discursos épicos ni con guerras retóricas en redes sociales. Se resuelve con instituciones que funcionen y con justicia que se cumpla.

A todos quienes leen esta columna, los invito a que voten por una propuesta seria, con experiencia, lejos de los lentes de las redes sociales, pero muy cercana a la experiencia y las capacidades necesarias para el servicio legislativo.

Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.

El problema vino después. El crecimiento del partido atrajo nuevos liderazgos y propuestas que poco a poco se alejaron de ese centro mesurado con el que había nacido. El aval verde se convirtió en un pasaporte para cualquiera que quisiera entrar en la política, sin importar si compartía realmente la idea original.

La colectividad empezó a oscilar entre discursos de izquierda y derecha, sin construir una ideología sólida ni un plan programático claro. Se refugiaron en lo políticamente correcto, moldeando sus posturas según la coyuntura. En ese terreno ambiguo salieron a relucir viejas figuras de dudoso pasado, como Carlos Ramón González (Exmiembro de la guerrilla del M19), antiguo directivo del partido, el senador Iván Name, el Ministro Antonio Sanguino y la exConsejera Presidencial, Sandra Ortiz; todos ellos relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD.

La maleabilidad de sus líderes y candidatos los llevó a contradicciones evidentes. Respaldaron a Gustavo Petro para llegar a la presidencia y luego lo atacaron porque cumplió lo que prometió. Se acomodaron según la tajada que les ofreciera el gobierno de turno: apoyaron a Santos mientras tuvieron ministerios, criticaron a Duque y a Peñalosa porque no recibieron lo suficiente, y han alternado ataques y defensas a Petro y Carlos Fernando Galán dependiendo de la conveniencia.

La máxima confirmación de esa maleabilidad fue la Alcaldía de Claudia López, quien constantemente tenía encuentros y desencuentros tanto con Iván Duque, como con Gustavo Petro. Dependiendo cómo su partido o su figura luciera en los reflectores nacionales o en los nombramientos atacaba o guardaba silencio. Ahora, ella busca pintarse de un centro con el que nadie se siente a gusto porque más allá de ser tibieza es extrema comodidad y correctísimo político.

El Partido Verde, que alguna vez representó la esperanza de un cambio con mesura y la construcción de una Colombia distinta, terminó convertido en una fábrica de avales. Una colectividad que perdió el centro y lo transformó en un espacio de acomodo, útil para quienes buscan poder sin importar la coherencia ideológica.

Estuvo en Paris durante la auto coronación de Napoleón como emperador de Francia, tomó dicha referencia y optó por empezar a construir un imperio en nuestra región. Si bien, la idea de replicar lo que Bonaparte hacía en Europa no era del todo mala, y llegar a juzgar por ello a cualquiera de los dos es una anacronía. El tiempo ha dado una errónea fama a Bolívar sobre su actuar, su figura y su pensamiento.

En primera medida, es preciso aclarar que el proceso de los países de América Latina que hacían parte de España nunca fue uno de independencia. España en América nunca tuvo colonias, los territorios y habitantes de ultramar en el continente eran virreinatos y capitanías, lo que igualaba en nivel al reino en España. A diferencia, por ejemplo, de las colonias británicas en Estados Unidos. Es preciso nombrar como una secesión lo que se llevó a cabo con los territorios hispánicos en América Latina.

Si bien su propuesta de construcción de la Gran Colombia es valiosa, estaba fundamentada para su propósito egocéntrico y era la versión resumida de “Colombeia” de Francisco de Miranda. Pero la visión de Miranda era pluralista e incluyente, cosa que no le sentó bien a Bolívar y por ello, tan pronto como pudo, este lo repudió y alejó de su vida.

Ahondando en la visión de nación (imperio), Bolívar deseaba construir un imperio para él y un congreso elegido por él cuya sucesión fuera por herencia y no por elección. En la carta de Jamaica, el más importante documento escrito por Bolívar explica con detalle la propuesta. Esto significa que antes que cualquier cosa él era un dictador, una figura que deseaba el poder para si mismo, para los suyos y para mandar a su deseo.

Dentro de sus correspondencias, y también en la carta de Jamaica, Bolívar expresa que su intención, por encima de emancipar la América, era podérsela quitar a los españoles del poder. Incluso, sugiere que en caso de fallecer y no tener un heredero para su imperio, el poder y los territorios fueran entregados a la corona británica, pero que no se retorne a la administración española.

Ya en la práctica, Bolívar era un elitista y racista declarado. Por una parte, es preciso recordar que venía de “cuna de oro”, al pertenecer a una familia adinerada, un elitista que dentro de su idea de gobierno incluyó solo la participación de la élite criolla, restringiendo la participación popular. A la vez que en su operación militar, siempre procuró porque los negros, esclavos e indígenas fueran la “carne de cañón” y los componentes de las primeras líneas de su ejército. Esto sin contar la persecución a líderes como el Almirante Padilla, que fue víctima de una falsa acusación de conspiración y traición por parte de Bolívar quien lo sentenció a fusilamiento.

Para seguir sobre el ápice militar, si bien fue un dirigente innovador y que tenía un formidable enemigo en frente, nos encontramos con una figura que no planeó con suficiente cálculo las operaciones como el cruce de los Andes a través del Páramo de Pisba y que cuyos resultados catastróficos fueron siempre bien salvados por otros militares notables como el coronel Juan José Rondón, en el pantano de Vargas, o el Mariscal Antonio José de Sucre, en la campaña de Ayacucho.

Finalmente, la política exterior de Bolívar se puede resumir a lo ocurrido entre el 26 y 27 de julio de 1822, cuando el dictador se encontró con José de San Martín (libertador del cono sur de América del sur) en la ciudad de Guayaquil.  En la noche del 27 de julio de 1822 Bolívar agasajó a San Martín con un banquete. Bolívar propuso un brindis “Por los dos hombres más grandes de la América del Sur: el general San Martín y yo”, mientras que San Martín brindó “Por la pronta conclusión de la guerra; por la organización de las diferentes Repúblicas del continente y por la salud del Libertador de Colombia.”. Una actitud llena de egoísmo por parte de Bolívar, mientras que su contraparte si demostraba la intención de construcción de naciones libres, en paz, con justicia y con visión de unidad de región.

Este blog lo escribo como una reflexión de lo que he estudiado de Bolívar a lo largo de los años, anunciando lo peligroso que puede ser tenerlo como una referencia o ejemplo a seguir. Sin que esto signifique que las contra partes como Santander o Tomás Cipriano Mosquera fueran mejor o peor que él.

No es que la oposición pacífica como la que hace Maria Corina Machado en Venezuela no merezca reconocimiento. Claro que sí. En tiempos donde disentir puede costar la libertad o la vida, resistir sin armas es un acto valiente. Pero cuando el Nobel se convierte en un guiño —en este caso, contra Maduro— pierde parte de su valor y esencia. Se vuelve un trofeo de ocasión, una medalla que no honra el esfuerzo de quienes construyen paz en trincheras invisibles.

¿Dónde queda Gaza, donde la resistencia civil se enfrenta a bombardeos diarios? ¿Dónde están las comunidades del Catatumbo, donde se sobrevive entre fusiles y promesas rotas? ¿Y Ucrania, donde los voluntarios cruzan campos minados para entregar medicinas y esperanza? Ellos no tienen lobby en Oslo ni portavoces en Bruselas. Pero su mérito es tangible, doloroso, urgente.

El Nobel debería incomodar al poder, no alinearse con él. Debería premiar a quienes incomodan con su Paz, no a quienes encajan en la narrativa del momento. Este año, el galardón se politizó tanto que parece más una resolución del Parlamento Europeo que una decisión del Comité Noruego.

La paz no se mide en comunicados ni en aplausos internacionales. Se mide en vidas salvadas, en territorios recuperados, en silencios que ya no son miedo. Y en ese sentido, este Nobel quedó corto. Muy corto.

El gesto se volvió viral. Memes, comentarios, análisis tácticos y hasta parodias circularon por redes. Pero más allá del humor, esta protesta merece una lectura más profunda: fue una acción simbólica, creativa y no violenta en un país donde el fútbol suele ser escenario de tragedias.

Colombia ha vivido episodios dolorosos en sus estadios. Según un estudio de la Universidad Central de Bogotá, cada 20 días muere un hincha por disturbios relacionados con el fútbol. En los últimos cinco años, más de 250 personas han perdido la vida por enfrentamientos entre barras bravas, muchas veces armadas con machetes, piedras o armas hechizas.

La violencia en el fútbol no es anecdótica, sino estructural. Las causas son múltiples: intolerancia, falta de pedagogía, ausencia de regulación efectiva y una cultura que normaliza la agresión como forma de expresión.

La acción de los hinchas de Millonarios no solo fue ingeniosa, fue ejemplar. En lugar de recurrir a la violencia, eligieron el símbolo. En vez de romper, propusieron. Y eso, en el contexto colombiano, es profundamente político.

No se trata de que todos los hinchas deban quitarse los zapatos. Se trata de que todos los equipos, barras y aficionados encuentren formas de hacerse sentir sin que la pasión termine en pérdidas humanas o materiales. Que el fútbol sea espacio con cabida a  crítica, pero también de creatividad, de catarsis sin sangre.

Uno de los aspectos más notables fue la puntualidad. A diferencia del año anterior, cuando una supuesta amenaza obligó al presidente a abandonar el podio de honor y retrasó el evento.

También es valioso resaltar el esfuerzo por descentralizar la revista militar. Este año, Santa Marta fue sede de una revista regional en conmemoración de sus 500 años de fundación. Este gesto no solo honra la historia nacional, sino que permite que más colombianos vivan de cerca el despliegue de sus Fuerzas Militares. Año tras año, esta descentralización podría convertirse en una política permanente que fortalezca el vínculo entre las regiones y la institucionalidad, llevando el símbolo de la defensa nacional a todos los rincones del país.

Entrando en materia, el cielo bogotano fue testigo de una variada muestra aérea, aunque con ausencias notables. Las unidades de reabastecimiento como el Júpiter y los C130 Hércules no hicieron presencia. En cambio, un solitario Kfir —veterano de la fuerza supersónica— surcó el aire, probablemente en una de sus últimas apariciones antes de ser reemplazado por los modernos SAAB Gripen. Su vuelo, más que una demostración de poder fue un símbolo de transición tecnológica que merece ser registrado.

En tierra, el Ejército Nacional destacó por su despliegue de unidades motorizadas y artillería ligera, mostrando capacidad operativa y movilidad. La Armada Nacional innovó con vehículos equipados con pantallas que proyectaban imágenes de sus unidades navales, acercando el mar a la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional realizó una presentación numerosa y cercana, mostrando sus diferentes equipos de trabajo y cerrando con broche de oro la celebración de los 215 años de independencia de Colombia.

Estas palabras las escribo como una memoria de lo ocurrido, como un ejercicio de observación y valoración que nos invita a pensar en la revista del 20 de julio de 2026. ¿Qué nuevas innovaciones veremos? ¿Qué regiones serán protagonistas? ¿Cómo evolucionará la relación entre Fuerzas Militares y ciudadanía? Nos vemos el otro año para seguir evaluando las presentaciones.