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Publicado el Juan Carlos Torres

Salario mínimo, pobreza y desigualdad.

Si la comisión tripartita de concertación de políticas salariales y laborales en Colombia, así como las políticas del Gobierno Nacional, observaran responsablemente problemas urgentes por resolver en el país, como la desigualdad de ingresos, de dignidad y oportunidades; a la hora de establecer el aumento al salario básico de los colombianos, sin duda, alcanzarían el consenso que les ha sido esquivo durante años, por lo que ha correspondido a los Gobierno de turno establecer por decreto los incrementos.

Contrario a ello, el aumento del salario básico resulta de la conjugación aritmética entre el cálculo de la meta de la inflación establecida por la junta del Banco de la República, la producción acordada por el Comité Tripartito de Productividad, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), y el índice de precios al consumidor (IPC) entre otros. Es decir, una fórmula más tecnicista y de estirpe neoliberal escrita sobre piedra,  que propia de un estado de derecho con enfoque social.

A días para que inicie la contienda propia de los procesos de concertación para aumento del Salario Mínimo, las instituciones financieras abrieron el debate con la propuesta de un aumento no superior al 3.9 por ciento, constituyéndose en la proyección más baja en el país, por lo menos durante los últimos 30 años. Aduciendo que un reajuste superior generaría perversos efectos sobre la generación del empleo formal y la competitividad en Colombia, causando además un riesgo para la formalización laboral en los años subsiguientes.

Un ejemplo que dilapida las tesis de nuestros ilustres y mezquinos economistas, fue el aumento del Salario Mínimo desde el 2003  al 2010 en Brasil durante el Gobierno de Lula da Silva, donde el salario se incrementó en un 155%, dando como resultado un crecimiento económico por encima del 5% y bajando la tasa de desempleo del 10,5 % al 5,7 %. Aunado a ello, el efecto redistributivo de la política salarial permitió posicionar a Brasil como líder mundial en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En ese mismo periodo, Colombia pasó de un porcentaje de aumento en el salario mínimo del 7.40 % a un funesto 3.60%. Adicionalmente fue la nación que más ensanchó los niveles de desigualdad urbana de acuerdo al informe de la ONU Hábitat entre un grupo de 18 países. Es decir, la brecha de diferencias entre los ricos y los pobres se duplicaron y la desigualdad del ingreso aumentó en un 15%, so pena de ostentar niveles de crecimiento económico superiores al 5 por ciento durante la última década.

Vale considerar la teoría económica que dicta que a mayor salario existe por un lado, la obvia tendencia de  disposición de los ciudadanos a pagar los impuestos; y por la otra, a mayor cantidad de personas ganando, mayor es el gasto. De nada sirve una economía creciente que beneficia al sector productivo y al capital extranjero, que no está destinada a la generación de desarrollo local y cuyos resultados no se reflejan en el bienestar de los colombianos.

El Estado se encuentra frente a la oportunidad histórica de mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, así como de contrarrestar los índices de desigualdad y pobreza; hay que apostarle a estrategias que favorezcan a las comunidades desde una perspectiva que sepa interpretar y entendedor la enorme brecha de desigualdad social para que millones de colombianos puedan salir de la pobreza y al mismo tiempo alcancen una dignidad mínima.

El Gobierno Nacional debe empezar por replantear la fórmula mezquina, retrograda y monopolizada determinante del valor del salario mínimo vital, que sin apartarse de los tecnicismos económicos, observe los fenómenos de pobreza y desigualdad. En segundo lugar la comisión de concertación no debería ser tripartita, conformada por los representante de la clase trabajadora que le apuestan a la defensa de los intereses por aumentar las ganancias, los empleadores dispuestos a no ceder y un Estado minoritario y neoliberal que obra de árbitro parcial a favor de los empresarios, olvidando su papel de garante de las condiciones básicas en un Estado Social de Derecho como el nuestro. Es decir, nuestro Gobierno debería garantizarle a los colombianos a través del salario integral, acceso a los servicios básico de: salud, empleo, bienestar, vivienda, recreación y alimentación. Aunado a ello, es menester señalar que de acuerdo a los postulados de la carta magna, el trabajo en Colombia, es un derecho de obligación social que goza de protección especial por parte del Estado.

Como corolario de ello, la comisión de concertación de políticas salariales y laborales en Colombia debería ser bipartita, conformada sólo por la clase trabajadora mayoritaria  y el Estado como ferviente guardián de la Constitución, que reza en su artículo 23: “Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

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