Utopeando │@soyjuanctorres

Publicado el Juan Carlos Torres

La fugada del mundial

Entretanto  nos ocupábamos seducidos de la fiesta mundialista, el niño genio y arrogante, Andrés Felipe Arias  ex miembro de la cantera del gobierno precedente y sobredicho,  escapaba del país, previo a que los togados de la Corte Suprema de Justicia en juicio de más de dos años, probaran que el ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, monopolizara el programa estrella del gobierno Uribe en el sector rural, para compensar favores políticos, principalmente en un presunto cruce de favores a cuarenta y cinco aportantes¹ de la campaña presidencial de Uribe en el 2002, cuyos contribuyentes tributaron cerca de $600 millones y recogieron subsidios por más de $33 mil millones.

Agro Ingreso  Seguro A.I.S., fue un programa calcado del país de Chile y adaptado a Colombia en el 2007, destinado al resguardo del sector productivo del campo y su alistamiento y desarrollo, frente a la inminente entrada del Tratado de Libre Comercio. Pese a las piadosas intenciones programáticas de A.I.S., los recursos de los contribuyentes, mayoritariamente acabaron en los bolsillos de los ricos del sector agricultor colombiano. Por ejemplo entre el 2007 y 2009 en  créditos o incentivos de capitalización, en promedio un agricultor pequeño recibió entre $5 y $7 millones, uno mediano $116 y los grandes productores entre $1.500 y $2.123 millones; y ahí vamos vislumbrando la desproporcionalidad en la asignación de recursos reservados  para la estimulación de la competitividad y fianza de la preeminencia y desarrollo del sector rural, fin único del programa.

Lo del Pincher Arias era la crónica de una fuga anunciada, que pareciera cristianizarse como modus operandi o conciliábulo  de las huestes de esbirros que proceden bajo los mismos impulsos prófugos, así como el ex Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo por falsas desmovilizaciones y la ex Directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien se valió del cargo para expiar a opositores del gobierno de turno. No maravillaría  que encabezando conformasen  la comisión  expansionista de alguna doctrina en cualesquier lugar del mundo.

Extrañamente no se declaró impedimento al prófugo ex Ministro para abandonar el territorio nacional, procedimiento comúnmente aplicado en Colombia para garantizar la permanencia y posterior captura de los condenados, inclusive solicitado para casos tan simples como inasistencia alimentaria.

Arguyen sus paladines, que el ex Ministro “no se robó ni un peso” y que sobrevén contra él una persecución de connotación política.  No obstante no mucho se puede controvertir sobre las asignaciones crediticias y subsidiarias a opulentos empresarios y contribuyentes de la campaña de Uribe (2002) y a su propia campaña presidencial (2010), consulta que perdiera con Noemí Sanín al interior del conservatismo.

Así mismo,  resulta suspicaz reprobar a los insignes togados de la Corte Suprema de Justicia de antiuribístas, cuando quien primero acabó con la carrera política del ex Ministro fue justamente uno muy uribísta: el Procurador Alejandro Ordoñez, quien lo destituyó e inhabilito para ejercer cargos públicos durante 16 años, por los mismos hechos. De igual modo fue declarado responsable fiscal junto con el  también ex Ministro Andrés Fernández y el  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por $ 13 millones. Se colige entonces, que el fallo de la corte fue tan consistente como el del Procurador y la Contralora, es decir, existe un marcado consenso entre los organismo de control.

Suelta riendas a la imaginación y al juicio moral y social, que el ex Ministro se halle prófugo sin enfrentar la justicia y dar la cara al país del cual quiso ser Presidente. Vale asimismo no dejar de lado que por esas mismas huestes se encuentran un ex candidato a Palacio preso, uno involucrado en recientes chuzadas al Estado y al proceso de Paz, inserción que aún la tímida Fiscalía no se atreve ejercer y ahora uno prófugo.

¹ Denuncia realizada por el Senador Jorge Enrique Robledo donde demostró que 45 contribuyentes  que financiaron con 549 millones de pesos la campaña de Álvaro Uribe.

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