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Publicado el Juan Carlos Torres

La corrupción, un genoma humano.

La corrupción es un fenómeno que está ominosamente presente en todos los sectores de la sociedad moderna y en todos los niveles, minando el esfuerzo de los gobiernos en procura de un mejor desarrollo  económico, político, social y cultural; generando pobreza, desigualdad, inseguridad, ineficacia administrativa, malversación del erario, impunidad, injusticia social y mala calidad; entre otros.

Las definiciones más frecuente que pretenden conceptualizar el flagelo de la corrupción, coinciden en asociar este comportamiento inmoral y atípico con actos inherentes a la administración pública; desestimando otros sectores de la sociedad donde se presenta también este fenómeno. No obstante las proporciones son disímiles, toda vez que el detrimento del tesoro público afecta los intereses colectivos ciudadanos: salud, vivienda, educación, recreación, empleo, infraestructura, etc.

En el 2011, en el  marco del Foro Gestión Pública Transparente realizado en la ciudad de Barranquilla, escuchaba a la  expresidenta de Chile y hoy candidata a la presidencia 2014 Michelle Bachelet decir, que para que se consume un acto de corrupción necesariamente  deben convergir dos actores: un ciudadano que ofrezca y el servidor público que recibe. Es decir, un corruptor y un corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares. Así las cosas es tan corrupto el policía que exige una coima como el ciudadano que la da o la ofrece. La corrupción consiste en el uso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.

Uno, de tantos estudios serios y responsable realizados en el marco de los programas de lucha anticorrupción en Latinoamérica determinó que si a un servidor público de cualquier país de la región se le triplicaba su salario, aún en 100 años no dejaría de ejercer sus prácticas corruptas, por lo que queda muy fácil concluir que la corrupción obedece a un problema socio- cultural y por lo tanto la solución no está solo en aumento de salarios o mejoramiento de condiciones laborales en términos de estabilidad y optimización; sino que además, se hace necesario lograr un cambio cultural, que se refleje en la recuperación de valores de honestidad, ética, solidaridad y servicio. Esto implica lograr un cambio individual en las personas.

De acuerdo al señalado estudio, los invito a realizar el siguiente  ejercicio con un patrullero imaginario de la policía colombiana con funciones de tránsito, el cual gana$1.165.283. Imaginemos ahora el equivalente a su salario triplicado, es decir $ 3.495.849. ¿Cree usted, qué con este salario el patrullero dejaría de exigir dadivas? o revirtiendo la carga, ¿el ciudadano que ahora gana tres veces más que antes, dejaría de ofrecerle o entregarle al servidor público para evitar la multa, aun teniendo con que pagarla? Ahora bien, hagamos el ejercicio con un congresista, un administrador de una institución pública u órgano de control o cualquier otro funcionario. Aun aumentándole sus honorarios  hasta un 300% en 100 años según el estudio, el funcionario no cesaría su práctica corrupta.

Tal como lo expresaba el abogado penalista Abelardo de la Espirella, el colombiano posee (por naturaleza o instinto) una retorcida proclividad hacia la maldad, el todo vale y el atajo del vivo, que traen como consecuencia el robo descarado de la cosa pública y también de la privada, según el caso. Aunado a ello, la cultura despilfarradora en cuanto al gasto: cuanto más se gana, más se gasta; esta es una condición inherente al ser humano absorbido  por una sociedad consumista. Por tanto nunca será suficiente el salario.

La corrupción carga consigo consecuencias nefastas: favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, reproduce una concepción patrimonialistas del poder, reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social de los ciudadanos, entre otros. El fenómeno de  la corrupción se ha proliferado por el mundo desde antaño, este cáncer de lo público no es un tema nuevo; y con los años se ha venido sofisticando, la forma de materializarse varía de acuerdo a las circunstancias y los intereses del funcionario o del particular. Entre las practicas más comunes de cómo opera la corrupción podemos destacar: el uso ilegitimo de la información, el tráfico de influencias, el amiguismo, el clientelismo, el caciquismo, el prevaricato, la cooptación, la malversación, el nepotismo, las extorciones, los sobornos y la impunidad, entre un sin fin.

La corrupción vista desde la óptica social y cultural debe ser entendida como una suma de acciones irresponsables e individuales  de las personas, de dejar pasar, permitir, de provocar y viciar. Muchas veces cantamos como Juan Jacobo Rousseau y culpamos el sistema, aduciendo que el medio nos hace corruptos, cuando en realidad nosotros somos los que permitimos que el sistema sea corrupto.

Uno de los principales reto que afronta hoy la administración pública en Colombia, es contrarrestar los altos niveles de desconfianza ciudadana. De acuerdo al estudio realizado por la organización Barómetro de las Américas en este año (2013), Colombia es el país con mayor percepción de corrupción en el continente.

Sin duda, la corrupción socava la democracia  e incrementa la pobreza. En Colombia el fenómeno  de corrupción está asociado generalmente al nepotismo y al soborno; son muchos los ejemplos de permeabilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado inocularse; y en todos los niveles. De ahí que existan múltiples programas en el marco de la política pública de lucha contra la corrupción, es de caracterizar la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción” y la estrategia de Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación. No obstante, `para combatir este flagelo, no basta con la voluntad política, ni los mecanismos de control y prevención; menos cuando estos no contemplan el arraigo de la sociedad civil. Si se quiere que las decisiones políticas tengan suficiente legitimidad social, debe existir una retroalimentación entre los diferentes actores de la sociedad: políticos, académico, gremios, público y sociedad civil; con un esfuerzo conjunto, potenciando las iniciativas sociales, que promuevan la transparencia de la gestión pública, el acceso a la información, la vigilancia ciudadana y la denuncia de actos de corrupción.

Adicionalmente, este panorama amerita la imperiosa intervención y generación de conocimiento teóricos y estrategias para prevenir la corrupción desde un enfoque académico, que contemple el fortalecimiento en valores ciudadanos: integridad, transparencia y prevención de la corrupción: y el respeto por la ley y los interés colectivos. Una sociedad informada, constituye un vehículo natural para la lucha de la contra la corrupción y la construcción de la democracia.

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