Durante los tres últimos años directivos del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de América Latina que cotiza en la Bolsa de Nueva York, han declarado a Estados Unidos y a la fiscalía colombiana que la empresa fue víctima inocente de las prácticas corruptas que sus socios de la constructora brasileña Odebrecht admitieron a la justicia.

Pero últimamente han surgido indicios de que el papel del conglomerado, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de América Latina, fue más allá de lo que ha querido reconocer.

Documentos obtenidos por Univision y el portal Cuestión Pública en alianza con IDL Reporteros, muestran que un alto ejecutivo de una filial del Grupo Aval autorizó un sospechoso procedimiento de modificación de un acta de una junta para aprobar un contrato de asesoría. Con ese contrato, según lo estableció la Fiscalía colombiana, el consorcio habría pagado sobornos millonarios.

Un comisionista de bolsa que prestó el nombre de su empresa para el contrato afronta cargos en Colombia por enriquecimiento ilícito de particulares. Varios políticos responden por acusaciones de los sobornos que se habrían pagado a través del mismo. Algunos de ellos se han declarado culpables.

El Grupo Aval ha asegurado en el pasado que se opuso al contrato y que desconocía que sería usado para el pago de las coimas, pero no respondió preguntas sobre la modificación del acta de la junta que lo aprobó.

Al momento de la operación, Alberto Mariño Samper representaba al Grupo Aval a través de su filial Episol en el consorcio Ruta del Sol. El consorcio fue constituido junto con Odebrecht y una tercera firma con un porcentaje mínimo. Odebrecht controlaba el 62 por ciento y Episol participaba con el 33 por ciento.

La sociedad se creó para realizar las obras adjudicadas en diciembre de 2009 por el gobierno colombiano para la construcción de la segunda fase de la autopista Ruta del Sol, tras un proceso en el que se probó el pago de $6.5 millones de dólares en sobornos al entonces viceministro de Transporte. Con un valor de más de 1,100 millones de dólares, la autopista es la obra vial más importante en los últimos años en ese país.

Una cadena de correos electrónicos obtenidos por el equipo periodístico muestra que Mariño y el presidente de Odebrecht para Colombia, Eleuberto Martorelli, autorizaron en marzo de 2015 la alteración de un acta de la junta directiva de la concesionaria Ruta del Sol, un año después de que esta fuera aprobada.

Mediante la enmienda del acta se dio visto bueno a un contrato con la firma Profesionales de Bolsa S.A. que fue usado, según lo estableció la fiscalía posteriormente, para justificar el desembolso de una nueva ola de sobornos. Estos pagos permitieron al consorcio la ampliación de la construcción original sin necesidad de someterse a una licitación pública.

La concesionaria Ruta del Sol SAS se encargaba de aprobar los contratos del consorcio con empresas privadas y con el gobierno. En este caso la firma contratada supuestamente brindaría “asesoría en el cierre financiero’’ de la adición del nuevo tramo a la Ruta del Sol por un pago inicial de un millón de dólares más una prima de éxito.

En una entrevista con un diario de Colombia el año pasado, uno de los directivos de Aval, que tuvo conocimiento del contrato con Profesionales de Bolsa, aseguró que en su momento el grupo se opuso a la aprobación del contrato por cuanto la tarea encomendada a la firma externa podía ser realizada por una filial de Aval. (Corficolombiana).

Pero Odebrecht se impuso por ser el socio mayoritario, señaló Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval al diario El Espectador.

“En junta nos opusimos a ese contrato, pero los señores de Odebrecht citaron nuevamente a junta, votaron por mayoría y nos ganan’’, explicó Neira.

Lo que no se sabía hasta ahora es que Mariño había acordado con el representante de Odrebrecht para Colombia, Eleuberto Martorelli, autorizar en forma extemporánea la redacción de un agregado al acta de la Junta Directiva. De esa manera quedaba aprobado tanto el contrato como la salvedad del voto del Grupo Aval, según los correos electrónicos.

Esta maniobra podría ser ilegal, explicaron abogados penalistas consultados por el equipo periodístico.

«Podría configurar una falsedad material en documento privado, incluso sin importar cuál era el objetivo de aprobar el contrato a destiempo», explicó el exministro de Justicia Yesid Reyes, quien además fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

Reyes agregó que «si ese dinero fue usado para pagar sobornos, ahí no terminaría la actividad delictiva, porque quienes lo aprobaron podrían ser acusados como cómplices o coautores de los sobornos».

Otra maniobra que no ha sido explicada por el concesionario tiene que ver con el primer pago a la firma Profesionales de Bolsa. De acuerdo con documentos que estaban en poder del controler del consorcio, Jorge Enrique Pizano, el desembolso por 1.6 millones de dólares se dio en diciembre de 2014, cuando el contrato no había sido aprobado.

Luis Ernesto Pérez Durán, secretario general de la junta del consorcio Ruta del Sol, que participó en la cadena de correos y firmó el acta, explicó a los periodistas que él se limitaba a seguir órdenes de los miembros de la junta.

«Si se pagaron sobornos con eso no tengo conocimiento, segundo, si está dentro del acta fue porque seguramente se trató dentro del acta, y los miembros de junta directiva son los responsables de aprobar o no aprobar el contenido de las actas», dijo Pérez, quien es abogado.

Pérez explicó que recordaba que en este caso en particular los directivos de la junta «tuvieron que reunirse […] para tener una versión final del acta».

A la pregunta de si era normal que esto ocurriera un año después de la Junta, respondió afirmativamente, explicando que con frecuencia se daban discusiones «interminables».

«Esto no fue la única vez que pasó que uno decía ‘se habló esto’ y el otro decía ‘no, se habló esto», dijo Pérez.

En algunas ocasiones, según explicó, los miembros de la junta se demoraban hasta siete meses para aprobar las actas.

Los periodistas de Univision y Cuestión Pública obtuvieron tanto la versión original del acta de febrero como la que fue corregida un año después. En la primera no existe ninguna referencia al contrato con la firma de bolsa. Solo la aprobación de la ampliación del contrato Ruta del Sol. En la segunda se justifica la contratación con Profesionales del Bolsa afirmando que la concesionaria Odebrecht «cuenta con poca experiencia en el mercado financiero».

El argumento de la supuesta inexperiencia fue aceptado por Mariño en el párrafo que aprobó, pese a que como lo explicó uno de sus colegas del Grupo Aval, este conglomerado tenía capacidades de sobra para cumplir con esa labor. Aval es uno de los emporios financieros más grandes de América Latina con una extensa red de bancos en Colombia y Centro América.

Pizano, el controler del consorcio, había llamado la atención sobre el contrato con Profesionales de Bolsa en varias oportunidades. En un memorando de octubre de 2015 escribió:

“No hay justificación para contratar esta firma, ya que Corficolombiana [filial del Grupo Aval] estaba brindando asesoría en estos temas’’.

Mariño no respondió llamadas y correos enviados por el equipo periodístico. El equipo envió el martes un cuestionario a la vicepresidenta de Planeación Financiera y vocera del Grupo Aval, Tatiana Uribe, en el que se le pedía una explicación del papel que los ejecutivos de esa firma jugaron no solo en la redacción del agregado sino en la aprobación del acta alterada. Uribe respondió que no puede hacer comentarios «sobre temas relacionados con el proyecto o caso de Ruta del Sol».

Vicente Gaviria, abogado de Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia, respondió:

«Nosotros no estamos dando respuesta a los medios de comunicación. Por instrucción mía. Si usted me entrega un cuestionario, no lo vamos a responder».

Por su parte la filial de Odebrecht en Bogotá explicó que la empresa se encuentra desde 2017 en un proceso de colaboración con la Fiscalía que «involucra distintas líneas de investigación, incluyendo la de los contratos ficticios (que a su vez engloba el contrato de la Concesionaria Ruta del Sol con Profesionales de Bolsa)».

En el marco de esa investigación, agregó, la empresa tiene y tres exfuncionarios con orden de captura desde julio de 2017 «que siguen cooperando con las investigaciones en curso».

Por sus conocimientos técnicos y como miembro de la junta directiva de la concesionaria, Mariño tenía comunicación directa con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del magnate financiero, presidente del Grupo Aval. Así lo explicó un ejecutivo de Odebrecht en un interrogatorio ante autoridades colombianas.

«Alberto era la persona de obra de confianza del doctor Luis Carlos Sarmiento, así me dijeron», declaró a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Manuel Ricardo Cabral Ximenes, director del Contrato para el Proyecto Ruta del Sol.

Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo que la empresa fue “una víctima’’ del escándalo de los sobornos.

«Somos los más perjudicados en todo este problema», explicó, «porque si mira con cuidado quiénes cometieron el delito, la respuesta es: Odebrecht, de acuerdo a su propia confesión, y unos funcionarios del Gobierno colombiano».

El Grupo Aval informó en diciembre que recibió una solicitud de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con el proyecto Ruta del Sol. No ofreció más detalles. La SEC dijo a Univision que su política es no confirman ni negar investigaciones en curso.

De acuerdo con documentos y entrevistas, el proceso del cambio del acta ocurrió así: En 2013, el Consorcio Constructor Ruta del Sol SA (Consol) aspiraba a quedarse con una ampliación de la obra original de la autopista, preferiblemente sin licitación. Para la empresa el nuevo tramo significaba un ingreso adicional de $450 millones de dólares. Consol había obtenido el contrato principal mediante el pago de sobornos y así quería también conseguir el nuevo trayecto, según se desprende de las declaraciones de los ex directivos de Odebrecht ante procuradores de Brasil.

Para adelantar el cabildeo del nuevo proyecto Eleouberto Martolleri, el recién llegado presidente para Colombia de la constructora brasileña, contrató al exsenador Otto Bula.

«Tenía grandes relaciones e influencia en los medios políticos, sociales y empresariales en Colombia, y actuaba como lobista», declaró Martorelli a fiscales de Brasil.

En una polémica decisión que está bajo investigación, el gobierno de Colombia adjudicó al consorcio sin licitación la ampliación del contrato para la construcción del tramo que une las poblaciones de Ocaña y Gamarra, en marzo de 2014. De acuerdo con las investigaciones en Colombia y Brasil, el “otrosí’’ o adición del contrato se logró gracias a que Bula distribuyó sobornos por 4.6 millones de dólares.

Para justificar estas y las anteriores coimas el consorcio elaboró varios contratos ficticios a nombre de empresas que se prestaron para el fraude. Uno de los contratos, según los documentos judiciales, fue firmado con Profesionales de Bolsa S.A.

A juzgar por el contenido de los correos, en marzo de 2015, algunos de los miembros de la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol, se dieron a la tarea de redactar un punto de acta en el que se explicaría la aprobación del contrato con la firma de bolsa. El problema es que la enmienda había que insertarla en el acta del 21 de febrero de 2014, en la que se había aprobado la adición del contrato Gamarra-Ocaña. Es decir, un año antes.

No es muy claro de quién fue la iniciativa de reformar retroactivamente el acta, aunque el lenguaje de los mensajes indica que la concesionaria estaba urgida de darle un barniz legal al contrato. Según la contabilidad de controler Pizano para esta fecha el contrato ya se había pagado parcialmente.

El 27 de marzo de 2015 Mariño dio su visto bueno a la versión final del punto del orden del día de la junta que sería agregado.

«Remito la versión definitiva aprobada por nosotros’», escribió el ejecutivo en un mensaje enviado a Pérez Durán, secretario de la junta directiva.

El día anterior, Pérez Durán había escrito: «Doctor Alberto: Conforme a su solicitud, enviamos la versión en Word del acta correspondiente a la reunión de febrero 2014».

Mariño copió su respuesta a Eder Paolo Ferracuti, representante de Odrebecht en la junta. Todos los participantes en la cadena, incluyendo a Martorelli, presidente de la junta, estuvieron de acuerdo en los términos del agregado.

En un mensaje electrónico del 30 de marzo de 2015 Martorelli explicó cómo debía quedar redactado el acta y así «cerrar una vez por todas este tema».

La nueva versión del acta afirma que «una vez explicado por parte de miembros de la junta representante del socio mayoritario (Odebrecht) las condiciones y calidades del servicio […] y considerando que no hubo unanimidad por todos los socios, la junta aprobó por mayoría la contratación de dicha firma».

Martorelli, quien aparece presidiendo la junta y firmando el acta, es uno de los delatores premiados por la justicia brasileña por testimonios que involucraron a Bula justamente en el pago de sobornos para la ampliación del contrato de la Ruta del Sol. En Colombia Martorelli está acusado de tráfico de influencia de particulares, cargo que no incluye el papel que jugó en el cambio del acta de la junta.

Mariño no afronta cargos criminales, pero está bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, según un documento conocido por el equipo periodístico. Los investigadores quieren saber si él y otros ejecutivos «desviaron recursos para el pago de las dádivas a funcionarios públicos y a particulares, al tiempo que se presentaron posibles anomalías en la modificación y ejecución» del contrato.

La Procuraduría busca además establecer si Mariño tomó alguna medida luego de que el controler del consorcio denunció en su presencia una serie de desembolsos sospechosos y no justificados.

Mariño no ha respondió aún a la Procuraduría.

Con el párrafo incorporado retroactivamente al acta quedó aprobado un contrato por un millón de dólares por asesoría financiera con Profesionales de Bolsa S.A. La firma supuestamente brindaría «asesoría en el cierre financiero» de un contrato con el gobierno mediante el cual el consorcio se haría cargo del tramo agregado a la Ruta del Sol.

Pero dos años después del cambio del acta la operación del contrato con la firma de bolsa quedó al descubierto. Basándose en el testimonio de Bula y otras pruebas, las autoridades colombianas establecieron que el contrato fue hecho para camuflar el pago de los sobornos que le permitieron al consorcio quedarse con la ampliación del tramo de la autopista sin someterse a una nueva licitación.

La Superintendencia Financiera de Colombia concluyó que Profesionales de Bolsa «no concreta la existencia de ningún soporte técnico relacionado con los entregables del contrato».

Gustavo Adolfo Torres Forero, exrepresentante de Profesionales de Bolsa fue arrestado a mediados de 2017 por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Él no aceptó los cargos y ya le fue eliminada la acusación por lavado de activos. Su firma realizó operaciones bursátiles que permitieron dirigir el dinero al ex senador Bula, reclutado por Odebrecht para «viabilizar» la contratación del tramo de la autopista, según la acusación de la fiscalía.

Bula, quien trabajaba con el consorcio como lobista, se declaró culpable de cohecho y enriquecimiento ilícito. El total de pagos al exsenador suman $4.6 millones de dólares, cantidad que compartió con otros políticos, según su testimonio. Profesionales de Bolsa, con más de 30 años en el mercado y una de las 10 firmas más fuertes del país, fue liquidada en 2017 a solicitud de la empresa.

El diario El Espectador reveló en noviembre pasado una conversación con Mariño grabada subrepticiamente por Pizano a finales de 2015, cuando ya el acta de la junta directiva había sido reformada. Pizano estaba frustrado, según lo explica, porque nadie tomaba en serio sus objeciones respecto a contratos sin soporte, como el que se firmó con Profesionales de Bolsa. Durante el diálogo se escucha a Mariño expresar su desconfianza de los representantes de Odebrecht, pero el ejecutivo no parece dispuesto a tomar medidas drásticas.

En la conversación Mariño le dice a Pizano:

«Venga, le voy a hacer una pregunta usted que los tiene todos los días ahí… es que, la conclusión, estos hijueputas tienen una cultura mafiosa [refiriéndose a los ejecutivos de Odrebrecht]».

Pizano responde: «Sí, sí».

A lo que Mariño comenta: «Es mi conclusión personal».

En la misma conversación, cuando Pizano se queja de que la concesionaria no le respondió una petición de una lista de contratos sospechosos, Mariño le dice: «Dejé ahí, tranquilo…»

Pizano, quien según Bloomberg estaba en negociaciones con autoridades de Estados Unidos para entregar información sobre sus hallazgos en Odebrecht, murió el pasado noviembre en circunstancias que están bajo investigación por la fiscalía de Colombia. En un principio se informó que la causa de su fallecimiento había sido un infarto, pero a raíz de la muerte por aparente envenenamiento de su hijo, que había acudido desde España a su sepelio, se abrieron nuevas líneas de investigación.

Desde que estalló el escándalo de los sobornos, el Grupo Aval ha tratado de restarle importancia a su papel argumentando que solo se enteró de las prácticas corruptas de sus socios cuando la multinacional brasilera se declaró culpable en Estados Unidos, en diciembre de 2015, de pagar sobornos multimillonarios en varios países de América Latina y Africa.

Las investigaciones posteriores han puesto en duda la defensa de Aval. José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, la filial del grupo que participaba en el consorcio a través de Episol, afronta cargos por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos en relación. Melo no aceptó los cargos. El Grupo Aval, que cotiza en la bolsa de Nueva York, ha marcado distancia del ejecutivo dando a entender en sus informes la SEC que actuó a espaldas de la empresa.

«Estamos estupefactos por la orden de detención preventiva en contra del expresidente de Corficolombiana», informó el 23 de agosto de 2017 el Grupo Aval a la SEC.