La Procuraduría considera que sí hay pruebas del enriquecimiento del ex gobernador de Santander, coronel (r) Hugo Aguilar. Pero la Procuraduría insiste que el delito que cometió el ex gobernador fue enriquecimiento ilícito de funcionario público, no enriquecimiento ilícito de particulares, que es otro delito distinto.

El enriquecimiento ilícito de funcionario público es este delito:

Enriquecimiento ilícito. El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.

El enriquecimiento ilícito de particulares consiste en lo siguiente:

Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este es el comunicado de la Procuraduría: