Escribe el abogado Aníbal Rodríguez Guerrero:—
Un desfalco llamado Medimás
En la presente semana, el Consejo de Estado confirmó una decisión que en octubre de 2017 había proferido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que en esa entonces ordenó a Medimás EPS respetar las ordenes de citas, medicamentos, cirugías, y demás servicios de salud que habían sido autorizados por Cafesalud y que se encontraban pendientes, atenciones que Medimás EPS se negó a brindar a los millones de afiliados que recibió a partir de agosto de 2017.
En su momento Medimás argumentó que la imposición a los pacientes para que renovaran sus autorizaciones de servicios obedecía a un loable propósito de contar con una valoración médica actualizada que le permitiera corroborar que los diagnósticos y tratamientos eran adecuados y podían ser brindados.
Empero, lo grave del asunto es que dicho pretexto no solo es abiertamente ilegal por violación del principio de continuidad en la atención medica según lo acaba de reiterar el Consejo de Estado, sino que la masiva anulación de ordenes medicas que dispuso Medimás y que afectó a cerca de 2 millones de personas, escondía un mayúsculo fraude en la turbia negociación que se llevó a cabo para la venta de 5 millones de personas, eufemísticamente llamadas “activo intangible”.
El hecho es que el negocio de la venta de los millones de afiliados de Cafesalud a Medimás, transacción que en su momento varios ministros del despacho y el entonces superintendente de salud ponderaron como una brillante negociación que era la panacea del sector salud, encubría una dolosa omisión del vendedor Cafesalud, de trasladar al comprador Medimás, la “reserva técnica” que no es otra cosa que los recursos que por Ley una EPS debe provisionar para garantizar el pago de los servicios de salud que ha autorizado.
Cabe precisar que la Ley exige que cada que una EPS emite una autorización de servicios de salud, deba guardar los recursos con los cuales pagar la factura que le enviará la institución donde será atendido el paciente; pero en el caso de marras, aunque para agosto de 2017, Cafesalud había emitido cerca de 2 millones de ordenes de servicios médicos que no brindó, no entregó a Medimás la reserva respectiva que era del orden de $660.000 millones de pesos, recursos con los cuales la EPS receptora debía financiar los servicios de salud pendientes. Entonces, como tales recursos se esfumaron y dolosamente no se tuvieron en cuenta en el negocio, Medimás de forma cómplice con el entuerto, dispuso que todos los afiliados con autorizaciones emitidas por Cafesalud, debían renovarlas y someterse a empezar de nuevo el trámite de atención médica.
Hay que anotar que si bien la decisión judicial en comento tajantemente protege los derechos fundamentales de millones de personas, no aborda el tema de ¿qué paso con los millonarios recursos de la reserva técnica?
Es que uno no entiende ¿cómo el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud no solo encubren, sino que ensalzan una negociación en la que abiertamente se “evaporan” cientos de millones de recursos del sector salud con la consecuente violación de los derechos de miles de ciudadanos?; tampoco es claro ¿ cómo es que ante los ojos impávidos de las autoridades públicas, la liquidadora de SaludCoop dueña de Cafesalud, permite que se pague una comisión de $12.000 millones a unas rutilantes firmas asesoras de la negociación, las cuales de forma potencialmente criminal omitieron alertar sobre el cumplimiento que en la venta de “activo intangible” debía darse a una regla elemental del sistema de Salud?
Por lo pronto, reconforta que el Consejo de Estado haya adoptado una crucial decisión en defensa de millones de colombianos, solo que se necesita también que la Fiscalía y los organismos de control hagan lo mismo en defensa de los recursos del sector salud que, aunque el ministro Gaviria repite que son escasos, dicho funcionario y el superintendente de salud, no protegen como deberían.