Unidad Investigativa

Publicado el Alberto Donadio

Nicaragua, leguleyada de mala fe

Reproducimos un artículo de Pedro Viveros publicado en El Espectador y, a continuación, los comentarios del doctor José Joaquín Gori Cabrera:

En diplomacia, Colombia no tiene límites

EL ESPECTADOR

 

5 abr. 2021 – Pedro Viveros

 

Colombia no ha sido un Estado con grandes triunfos diplomáticos. Unos lo achacarán a la “media docena” de violencias que hemos vivido como nación. Lo cierto es que en política exterior hemos carecido históricamente de virtuosismo. Tres ejemplos: Panamá, Perú y Nicaragua. Comencemos por el Istmo: luego de la Guerra de los Mil Días, la cereza en el pastel fue la pérdida de Panamá. Cuentan que en Bogotá se dieron cuenta de las nuevas fronteras del país luego de varios días de acontecido el hecho cuando unos “indignados” de la época convocaron a una revuelta que concluyó con una reunión abierta en el Teatro Municipal, donde primaron las alegorías de unos dirigentes tardíamente envalentonados. Conclusión, perdimos Panamá que se sentía más cerca de Washington y muy lejos de la fría y gramatical capital del país que a principios del siglo XX era gobernada por “verseros” en materia internacional.
Perú: En 1930 un empresario azucarero peruano, por necesidades de orden tributario, constriñó a la fuerza pública peruana a invadir territorio colombiano. Fue así como se tomaron Leticia dando inicio a un conflicto que tuvo como engendro el desconocimiento del Tratado Lozano-Salomón que años atrás había zanjado el diferendo territorial entre Perú y Colombia. En 1932, de pronto por las lecciones de la pérdida de Panamá, el país espabiló. Más de 20 mil cartas de apoyo al gobierno de Enrique Olaya Herrera llegaron al periódico El Tiempo (algo así como la “tendencia” del momento) mientras el opositor conservador Laureano Gómez arengaba en el parlamento “Paz, paz, paz en lo interior y guerra, guerra, guerra en la frontera contra el enemigo felón”. Gracias a la acción militar (no diplomática) del general Vásquez Cobo que adquirió una vetusta flota de naves en Europa y a la ayuda de empresarios alemanes de Scadta, quienes improvisaron sus aeronaves comerciales como aviones de combate, Colombia pudo recuperar su territorio luego de que una comisión de la Sociedad de las Naciones resolviera un año después las diferencias. La diplomacia apareció en escena en Río de Janeiro cuando se firmó restablecer el acuerdo desconocido. Como recuerdo queda el municipio boyacense Paz de Río donde sus autoridades homenajearon este territorio gracias a la paz firmada entre ambas naciones.

Nicaragua: Todo comenzó en 1980 cuando la Junta de Reconstrucción de Nicaragua, organismo supremo de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, denunció en una argumentación difusa e ideologizada el tratado Esguerra-Bárcenas que desde 1928 definió el carácter territorial y marcó para siempre las relaciones internacionales entre Colombia y Nicaragua. Hace 41 años que este país “corre la cerca” diplomática contra Colombia por medio de interpretaciones internacionales que comenzaron reclamando soberanía hasta recurrir a tribunales que no tienen competencia para examinar los límites de tratados vigentes y ratificados por ambos parlamentos. En otras palabras, la Corte Internacional de Justicia no puede cambiar la delimitación que está consagrada en nuestra Constitución, punto. Pero nuestra aletargada acción en materia de relaciones internacionales (de siempre, no de hoy) nos llevó a rechazar la decisión de ese tribunal. Sin embargo, el país continúa siendo su miembro. La falta de lucidez en el manejo de la información oficial frente a este tema puede comprometer, incluso, la pérdida del Seaflower, una riqueza Biosfera declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco localizada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta área de 180 mil kilómetros está en riesgo, no solo por las acciones de la Asamblea de Nicaragua, sino porque ni el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ni la Dirección Marítima (DIMAR) ni la Cancillería han fijado los límites de esta riqueza marítima.

¡Así como lo leen, hoy Colombia no tiene delimitación de base de la zona en disputa!

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COMENTARIOS

Este escrito revela el nivel de desinformación y de aturdimiento que campea entre los pretendidos expertos en asuntos diplomáticos. Los tres temas a los que se refiere fueron comentados con los que se están entrenando con el CIBEI para ingreso a la Carrera Diplomática. Por ello quiero aportar mi criterio:
 

PANAMÁ.- El gobierno  de la época actuó con hidalguía y no se agotaron medios para negociar con los Estados Unidos la construcción del canal. Pero el centralismo llevaba a que existiera mal manejo de los asuntos en las fronteras o de las relaciones internacionales. Estábamos inmersos en un conflicto civil, la Guerra de los Mil Días,  y al frente del gobierno de los Estados Unidos estaba el escamoso Teddy Roosevelt. Unos conspiradores querían a toda costa que los Estados Unidos emprendieran las obras del canal. El tratado Herrán- Hay, entre Colombia y los Estados Unidos, suscitó ardientes debates en el Congreso, y el embajador de los Estados Unidos cometió la imprudencia de presionar, bajo la tesis de que tratados de esa naturaleza era obligatorio ratificarlos. Ello llevó a que el Senador Miguel Antonio Caro propusiera una ley NO APROBATORIA del tratado. A los pocos días vino la separación, patrocinada abiertamente por los Estados Unidos.

 

Teníamos un tratado celebrado en 1846, Mallarino – Bidlack,   en el que para garantizar la neutralidad del Istmo le dábamos a los Estados Unidos la posibilidad de intervenir. Con gran cinismo,  una vez “independizada” Panamá, los EE. UU.  se inventaron una teoría: “Covenants run with de land” (los tratados ruedan con la tierra; para este caso “run away”…i.e, se fugan). El tratado, según esa graciosa tesis,  ahora tenían que cumplirlo para defender a Panamá contra Colombia. La doctrina se aplicaba en forma similar a las servidumbres, que pasan con la tierra, pero en este caso

 

A los tres días de la declaratoria de independencia los Estados Unidos habían reconocido a Panamá y muy poco después celebraban un tratado por el que  Panamá  les daba a perpetuidad la llamada Zona del Canal (que fue lo que Colombia no les otorgó). El tratado se firmó el 18 de noviembre de 1903, entre Phillippe Bunau- Varilla, un pícaro,  ingeniero y militar francés,  que había sido empleado de la compañía francesa de Lesseps,  convertido nada menos que en Plenipotenciario de la nueva nación, y el Secretario de Estado de los EE. UU, John M. Hay, el mismo firmante del tratado con Colombia  que nuestro Congreso había rechazado airadamente. El tratado de 1846 lo usaron para evitar que Colombia enviara sus tropas por mar. Lo que sí es cierto en el escrito es que la revuelta en Panamá tomó por sorpresa al despistado general Vásquez Cobo.

 

LETICIA.- Vale la pena leer una obra de Alberto Donadio, meticulosa, sobre la forma en que se generó el conflicto. Para sintetizarlo, en el Perú había un dictador. Un tratado que no se conocía muy bien le reconoció Leticia a Colombia, y ello fue aprovechado en el Perú por algunos sectores para hablar de traición. Las comunicaciones eran lentas y difíciles y la toma de Leticia por supuestos pobladores locales tomó por sorpresa al gobierno colombiano, pero el hecho provocó la solidaridad nacional y tras algunas amagues de guerra lo cierto es que el conflicto se solucionó con la Liga de las Naciones, y no por acciones armadas del general Vásquez Cobo, quien incluso presumió de una victoria militar en una batalla que no existió. La mención a la SCADTA y a los pilotos alemanes es cierta.
NICARAGUA.- El escrito es un reguero de disparates. Las discusiones con Nicaragua empezaron en 1969, cuando el gobierno del general Anastasio Somoza otorgó unas concesiones en el área de Quitasueño. Colombia protestó, dando a entender que en virtud del tratado de 1928 esas concesiones afectaban derechos en la plataforma continental colombiana. Nicaragua desde el inicio negó que la declaración incorporada en 1930 al acta de canje de ratificaciones del tratado de 1928 constituyera un límite marítimo por el Meridiano 82. El entonces canciller López Michelsen consideró que el asunto podía tratarlo a través de la embajada en Managua. En 1972 su sucesor, Alfredo Vásquez Carrizosa, decidió defender la tesis de que el Meridiano 82 de Greenwich era la frontera marítima entre ambos países. En 1980, los sandinistas habían derrocado a Somoza, con la simpatía y colaboración de Colombia, y denunciaron la nulidad del tratado Esguerra – Bárcenas de 1928. El canciller colombiano Diego Uribe Vargas tomó a chacota las reclamaciones de Nicaragua. Bajo el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia retiró su declaración de aceptación automática de la jurisdicción de la CIJ un día antes de que Nicaragua nos demandara. Sucesivos gobiernos se plantaron en la tesis de que el Meridiano 82 de Greenwich era la frontera marítima. Colombia decidió acudir a la CIJ pero bajo las previsiones del Pacto de Bogotá de 1948, que excluye asuntos resueltos por un tratado. Así, se presentaron excepciones preliminares para que la CIJ se declarara incompetente porque todo estaba resuelto por ese tratado de 1928 y la declaración incorporada en el acta de canje de ratificaciones. En su fallo preliminar la CIJ determinó que el tratado no era nulo pero que no establecía una frontera marítima. Nicaragua bien sabía que era imposible obtener la nulidad del tratado de 1928, pero bajo la dirección del jurista británico Ian Brownlie (el mismo que los llevó a derrotar a los Estados Unidos en el caso conocido como  actividades militares y paramilitares contra Nicaragua) nos puso a pelear por la tierra para ganar el agua. Colombia defendió sus títulos sobre los cayos, la vigencia del tratado de 1928 y la tesis del límite por el Meridiano 82. La CIJ tenía la competencia en virtud de que ambos países la habían aceptado con sus declaraciones, pero en el caso concreto la tenía además bajo el Pacto de Bogotá. El fallo final delimitó por línea media entre San Andrés y la costa Mosquítia, negó que el Meridiano 82 fuera el límite marítimo y como en el tratado de 1928 se habían excluido los cayos señaló que no pertenecían al archipiélago; reconoció que eran colombianos pero falló que por no generar vida económica no proyectaban zona económica ni plataforma. Así, les otorgó un cinturón de mar territorial a cada cayo y ahí se han prendido los comentaristas para sostener que perdimos 85 mil o más kilómetros de aguas. En realidad el fallo nos reconoció los cayos y el archipiélago, y definió lo que estaba indefinido en materia de los respectivos derechos marítimos de cada parte. No perdimos nada porque fue el moderno derecho del mar el que reconoció esos derechos por un tratado universal del que Colombia ni siquiera es parte. Siendo figuras nuevas, si colapsan o se solapan con zonas o derechos reclamados por otros países lo procedente es negociar un arreglo, o someter la disputa a un arbitraje o recurso judicial internacional. Que fue lo que hizo Nicaragua.
El presidente Santos decidió desafiar el fallo, proferido el 19 de noviembre de 2012,  y ahora enfrentamos dos demandas adicionales: una bajo la pretensión de que Nicaragua tiene derecho a una plataforma extendida, que llega casi hasta Cartagena; y la segunda por desacato del fallo. La primera no tiene mayor vocación de prosperar pero busca consolidar lo que ya le reconoció el fallo inicial. La segunda, según mi pronóstico, llevará a que ambas partes celebren un tratado para cumplir el fallo. Entretanto,  Santos demandó la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá. Aquello no es más que una leguleyada de mala fe, que nos deja muy mal, porque una vez que un tratado internacional ha sido perfeccionado y está en vigor sólo se puede rescindir de común acuerdo, o sólo se puede anular o terminar acudiendo a recursos internacionales. O aplicando las disposiciones del mismo tratado. Santos, además, dispuso que nos retiráramos inmediatamente del Pacto de Bogotá, otra movida de mala fe y mal gusto, pues la competencia de la CIJ se mantiene. A estas alturas, todo lo que hemos logrado es estrellarnos nuevamente, al plantear en ambos procesos la excepción de falta de competencia.
El autor del borrascoso artículo se pega a la tesis del gobierno Santos, mantenida con el silencio del actual, en el sentido de que un fallo internacional no puede cambiar los límites señalados en la Constitución. Lo que ignoran estos cerebros es que nosotros tuvimos discusiones sobre límites territoriales con Nicaragua cuando nos considerábamos con título sobre la costa Mosquitia. Pero en 1928 celebramos un tratado en el que le reconocimos la costa  Mosquitia y las islas Mangles y Nicaragua nos reconoció San Andrés. No tenemos, pues, límite territorial alguno. La disputa con Nicaragua es sobre derechos marítimos, no sobre límites territoriales. Las aguas son internacionales. Nicaragua amagó pretender el archipiélago para tener un sustento de sus reclamaciones marítimas. Colombia, ingenuamente, quiso sostener contra viento y marea que en 1928 se había fijado el Meridiano 82 como límite marítimo absoluto, de aguas territoriales, plataforma continental y zona económica, conceptos que no existían a la época. A lo máximo se reconocía un mar territorial de 3 o 12 millas.

La Corte Internacional de Justicia tenía la plena competencia para conocer de la demanda de Nicaragua, tanto bajo las declaraciones voluntarias de aceptación hechas por ambos países como bajo el Pacto de Bogotá de 1948. Lo que nuestro país debió hacer al inicio fue retornar a reclamar los derechos sobre la costa nicaragüense, dado que pretendían que el tratado de 1928 era nulo. Al mismo tiempo, lo aconsejable hubiera sido negociar una salida honorable para ambos países y declarar a San Andrés como archipiélago de Estado, uniéndolo con los cayos como entidad política. Nicaragua desde épocas de Somoza había señalado sus pretensiones y exponía una política de Estado, conocida y defendida por toda la nación. En Colombia, en cambio, siempre se mantuvo el máximo secretismo, y se mantiene todavía. Al país simplemente se le aseguró a rajatabla que el Meridiano 82 de Greenwich era un límite sagrado, y que contábamos con un equipo defensivo extraordinario. Hoy en día todo está en manos de dos abogados contratistas de mucho ruido y pocas nueces, que podrán tener su palmarés para asuntos locales, pero que en el firmamento internacional alumbran menos que veladora de parroquia de pueblo.

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