Alberto Lleras Camargo escribió en 1955:
«El funcionario no es el supremo, sino el pueblo. Es un mandatario, es decir, alguien que cumple una comisión y, por consiguiente, no usa de más prerrogativas, ni títulos, ni pompa que la absolutamente indispensable para que se advierta que está comisionado. Es, además, un servidor del pueblo, lo cual es importante, porque en sus relaciones con los ciudadanos tiene empeño en servirlos, y no se siente haciéndoles favores ni inclinado a maltratarlos porque formulen legítimas exigencias.»
Más allá de los delitos de los que se acusa a los funcionarios involucrados en los escándalos de Odebrecht y de la justicia, esos funcionarios han cometido una traición contra el pueblo. Más allá de las sumas que unos pagaron o que otros cobraron por actos oficiales o por desviar las decisiones judiciales, se ha cometido el crimen de traición pues los sujetos acusados o ya reos confesos obraron como si mandaran caprichosa y arbitrariamente sobre el pueblo. En ningún momento su conducta se ajustó a la de un servidor del pueblo.
Antes de cometer los delitos que cometieron, los magistrados y funcionarios públicos hoy acusados o condenados se insubordinaron contra el pueblo. Ofendieron los cargos que ejercían y con cinismo e insolencia agraviaron a los colombianos.
Oprobio infito merecen los nombres de José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Camilo Tarquino, Luis Gustavo Moreno, Otto Bula, Musa Besaile, Bernardo Elías, Gabriel García Morales, Rodrigo Aldana Larrazabal, Juan Sebastián Correa y Alejandro Lyons.