Por Alberto Donadio
El 9 de diciembre en audiencia que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lograr una solución a la delicada situación de la prestación de servicios en Cafesalud, se hicieron públicos hechos que demostrarían violaciones a los derechos fundamentales de la población afiliada, 5 millones, tanto por parte de la EPS, el ministerio y la superintendencia, curiosamente encargada de su protección.
En efecto: según datos del sistema de salud, los colombianos en promedio, vamos 3 veces al año al médico; de esas citas, 2 son con el médico general y una con el especialista. Así las cosas, Cafesalud debería haber brindado en 2016 unas 5 millones de citas con especialista, pero solo pudo demostrarle al Tribunal cerca de 600.000 de estas consultas, dejando a millones de usuarios sin acceso a cardiología, urología, oncología, ortopedia, etc.,
Del mismo modo, Cafesalud ha debido realizar en el mismo periodo unas 350.000 intervenciones quirúrgicas, pero ante el Tribunal reconoció haber practicado aproximadamente 80.000, es decir, que más o menos 270.000 pacientes vieron vulnerado su derecho a la salud por la restricción a ese contenido del SGSSS.
La Superintendencia de Salud corroboró que un 15% de pacientes de esa EPS no recibió medicamentos. Si, en gracia de ilustración, a la mitad de los cinco millones de usuarios se le hubieren formulado medicamentos una sola vez en 2016, 375.000 enfermos no los habrían recibido. Más o menos toda la población de Santa Marta.
Para tapar el hueco de las malas e indelicadas administraciones de las que participa y sigue participando el gobierno <ministerio, EPS y superintendencia>, que designaba los presidentes y liquidadores de Saludcoop y Cafesalud, no encontró un camino más expedito que ahorrar costos a expensas de la negación de servicios de salud; propuesta que con todo desparpajo presentaron ante Tribunal el viernes 9 de diciembre. El superintendente, por ejemplo, habló de una “estrategia de contención” y señaló que la población debería utilizar el médico general para mantenerse saludable sin tener que recurrir tanto a especialistas.
Afortunadamente el magistrado que conoce del caso, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría coincidieron que para el 18 de enero de 2017 Cafesalud debía corregir tamaño despropósito, pues los ciudadanos no deben “pagar” el costo de la mala gestión de la EPS y del gobierno que la orienta y la vigila.