Unidad Investigativa

Publicado el Alberto Donadio

Un atropello a residentes del barrio La Macarena

Un atropello a residentes del barrio La Macarena

El contrato 145 de 2019 de la Alcaldía Local de Santa Fe nació torcido

Por Alberto Maldonado Copello

4 de octubre de 2020

Hay en Colombia muchas leyes, decretos y planes de desarrollo que ofrecen promover la participación, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos, pero entre más declaraciones y principios se proclaman menos se llevan a la práctica. En el caso del actual Plan de Desarrollo de la Alcaldesa Distrital, Claudia López, vemos que se repiten dichas fórmulas tradicionales al tiempo  que los ciudadanos observan comportamientos contrarios. Un ejemplo reciente se está presentando en la Localidad de Santa Fe donde el alcalde local actual, Dairo Alirio Giraldo, va a iniciar la ejecución de un contrato en el barrio La Macarena que tiene muchos aspectos oscuros y puede ser notoriamente perjudicial tanto para los recursos públicos como para los residentes en la zona.

Para comenzar basta mencionar que el contratista INGEVOLCO mediante el contrato 145 de 2019, por un monto cercano a $3.000 millones, va a reconstruir completamente 5 cuadras de las cuales de acuerdo con el propio diagnóstico disponible en SECOP II, 3 están en buen estado y 2 en estado regular. A pesar de que solo se requiere un mantenimiento van a destruir por complemento pavimentos que todavía tienen vida útil.

Pero el proceso y el contrato está lleno de sorpresas que hacen que sea un verdadero atropello a los residentes. El contrato 145 de 2019 fue firmado por el anterior alcalde local, Gustavo Niño, en julio de 2019. De acuerdo con las normas sobre planeación y formulación de proyectos, la intervención pública se debe basar en primer lugar en un diagnóstico donde se identifiquen y cuantifiquen los problemas y/o necesidades que lo ameritan. 

El contrato surge dentro del proyecto de inversión 1322 “por un espacio público mejor para todos” cuyo propósito es el mejoramiento del espacio público y específicamente el mantenimiento vial. El diagnóstico en este proyecto se refiere básicamente al estado de la malla vial local en Bogotá y en la localidad de Santa Fe, esta información se incluye también en los estudios previos y en los documentos de anexos técnicos y soporte técnico compilados en el SECOPII.

¿Qué se observa en todos estos documentos de “planeación”? Que saltan de un diagnóstico agregado de ciudad y localidad a un presupuesto de una obra por cerca de $3.000 millones. No hay un diagnóstico preciso de la situación en la carrera 4 A en todos sus aspectos pero sí se incluye una tabla muy diciente en la cual se relacionan las 5 cuadras a intervenir y se muestra claramente que 3 cuadras están en buen estado y 2 en estado regular. En los documentos disponibles en SECOPII no se incluye ningún análisis del estado del alcantarillado ni se hace un estudio sobre el estado de los andenes y su impacto en la movilidad de personas en condición de discapacidad.

SEGMENTO CIV PCI ELEMENTO EJE DESDE HASTA
1 3000373 Bueno 143738 KR 4A CL 26B CL 30
2 3000349 Regular 143739
3 3000337 Bueno 143740
4 3000304 Bueno 143741
5 3000297 Regular 143742

Fuente: Anexo 1-Técnico.docx, página 10, disponible en SECOPII, para acceder al documento seguir la ruta indicada en la nota 1. Esta misma tabla se encuentra en el documento Soporte técnico. V4.pdf. PCI es pavement condition index.

Debido a la anterior situación se enviaron varios derechos de petición a la Alcaldía solicitando aclaración y en particular se le solicitó suspender la ejecución del contrato (en derecho de petición firmado por 98 residentes) hasta el año entrante mientras se conoce mejor y se realizan los ajustes requeridos. 

Frente a estos requerimientos ocurrió algo muy extraño. Mientras que en las primeras presentaciones que hizo la alcaldía, en particular una realizada a la JAL en una sesión de control político el 20 de agosto, no se mencionó nada sobre el alcantarillado, en las exposiciones posteriores a partir del 15 de septiembre, la Alcaldía y el contratista, empezaron a poner el énfasis en la existencia de un problema grave en el estado del alcantarillado, al punto de decir que las vías están a punto de colapsar. Sin embargo, la alcaldía, ni el alcalde local, ni los contratistas han mostrado los estudios, que supuestamente se hicieron en noviembre de 2019, ni tampoco han mostrado conceptos técnicos y diagnósticos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Hasta el 30 de septiembre no estaban disponibles en la página del SECOPII. Se ha solicitado en varias oportunidades y se pidió mediante derecho de petición el sustento técnico de esta situación pero hasta el momento no hay respuesta del alcalde local Dairo Alirio Giraldo.

Todo parece indicar que se está tratando de justificar a posteriori la obra lo cual de comprobarse indicaría un manejo poco adecuado del contrato. Pero además ha surgido nueva información que podría ayudar a entender el por qué la ausencia de una justificación técnica sólida. Algunos vecinos tenían notas de prensa y grabaciones en las cuales el anterior Alcalde Local, Gustavo Niño, afirmaba que el propósito del contrato era contribuir a convertir a La Macarena en una nueva Zona Rosa de Bogotá, como gran iniciativa gastronómica de proyección nacional e internacional, según el anterior Secretario de Gobierno Miguel Uribe. El asunto comienza a adquirir sentido. El problema o la necesidad no era mejorar unas vías o andenes sino transformar la naturaleza de la zona caracterizada actualmente por ser predominantemente residencial con usos complementarios como restaurantes de bajo impacto.

En conclusión parece ser que se trata de una iniciativa cuyo propósito es una intervención urbana integral que puede afectar seriamente las condiciones de vida de los residentes, incluyendo su expulsión como ocurrió en la Zona Rosa. Esto se ratifica con dos respuestas que ha dado el alcalde actual a derechos de petición en los cuales afirma que el contrato 145 de 2019 se inscribe dentro del proyecto de la administración anterior denominado “calles comerciales a cielos abiertos” (Radicados 2020-5340274001 de 8 de agosto y 20205320406311 de agosto 28). A pesar de que este proyecto ya no existe y de que los funcionarios actuales de la Secretaría de Hábitat no tenían conocimiento alguno del contrato 145 de 2019, parecería que el nuevo alcalde local está comprometido con una obra cuyos propósitos de fondo no se han explicado con claridad a la comunidad. Se preguntó al alcalde local mediante derecho de petición si existía concepto por parte de la Defensoría del Espacio Público y la respuesta fue negativa (20205320406311 de agosto 28). ¿Puede un Alcalde Local por su propia iniciativa desarrollar un proyecto con este alcance sin participación de las entidades distritales? 

Para rematar en los propios estudios técnicos disponibles en SECOPII se encuentra que el costo aproximado de la reconstrucción / rehabilitación de un kilómetro carril es de $1.266 millones, la obra tiene 500 metros de extensión y dos carriles, lo cual daría dicho monto como costo total, pero el contrato se firmó por casi $3.000 millones, luego no resulta muy claro que se vayan a destinar muchos más recursos solamente al arreglo de los andenes. Es una obra extraña: se decide reconstruir vías que no lo requieren pero además se elabora un presupuesto que parece estar notoriamente inflado.

COSTO APROXIMADO POR KILOMETRO CARRIL ( Millones de pesos)
TIPO MALLA REHABILITACION/ RECONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO

ARTERIAL 1.571 904 145
TRONCAL 1.571 904 145
INTERMEDIA 1.347 769 119
LOCAL (SITP) 1.347 769 119
LOCAL 1.266 700 101

Fuente: – IDU -, Junio de 2018. Tomado de Anexo 1-Técnico.docx, página 4, disponible en SECOPII, para acceder al documento seguir la ruta indicada en la nota 1. 

Las deficiencias en la planeación del proyecto y del contrato han conducido a demoras en se ejecución. Aunque se firmó el 29 de julio de 2019 con un plazo de 6 meses se definió que iniciaría el 23 de octubre pero se suspendió el 6 de diciembre. ¿Cuáles fueron las razones para la suspensión? “Se requiere contar con información de  En primer lugar la carencia de suficientes diseños geométricos de la obra, diseños arquitectónicos y parámetros hidrosanitarios de diseño” dice el Acta 01 de suspensión del contrato (Radicado 2020-5340274001 de 8 de agosto); la segunda razón para la suspensión la carencia de permiso de la Secretaría de Ambiente, para intervenir los individuos arbóreos. Se firmó un contrato en julio de 2019 con un presupuesto detallado y un compromiso presupuestal de cerca de $3.000 millones y cinco meses después de firmado el contrato todavía no se tenía claro que hacer. La solicitud de permiso a SDA se demoró otro tiempo,  se solicitó apenas el 28 de febrero de 2020, la entidad demoró casi siete meses en otorgarlo. En conclusión, ¡el contrato estuvo suspendido por causas atribuibles a mala planeación 14 meses!. La alcaldía local, en medio de tantas necesidades agudizadas por la pandemia, se dio el lujo de tener congelados casi $3.000 millones de pesos durante más de un año. ¡Que descuido y negligencia en el manejo de los recursos públicos!.

La participación ciudadana es apenas un discurso

El proyecto inicial se compartió solamente con un muy pequeño grupo de dueños de restaurantes y vecinos. Antes de su firma la alcaldía hizo una a invitación vecinos y restauranteros que se realizó el 5 de junio de 2019 (el contrato se firmó en julio), para hablar de temas de seguridad y otros. Pero no fue una convocatoria amplia, simplemente se avisa a algunos conocidos de los funcionarios y quizá se puso un cartel en una tienda. El resultado es que participaron solamente 17 personas, de las cuales solo había 3 residentes en la carrera 4 A más unos pocos restaurantes de la zona, junto a ciudadanos de otras zonas del barrio. En esta reunión, al final, mientras la gente se levantaba y despedía dijeron que había un proyecto para rehabilitar la carrera 4 A. ¡Esto fue todo¡ A esto lo llaman consultar, socializar, participar: todo una burla.

Después de firmado el contrato se hizo una reunión con un grupo de dueños de restaurantes y algunos vecinos en el restaurante Ilhé el 8 de agosto para informar del contrato y otra en diciembre de 2019, también con muy precaria participación (unas 14 personas) y en la cual no se informó completamente sobre los alcances del proyecto, y la Alcaldía no ha entregado los soportes. En conclusión entre el 29 de julio y diciembre de 2019 muy pocas personas conocieron del contrato y de la obra. 

En julio de 2020 un contratista de la alcaldía Local le comentó del contrato a algunos residentes de la 4 A. Entre enero y julio de 2020 la alcaldía local ni el contratista habían informado nada a los residentes ni a los restaurantes. Un tiempo largo, suficiente para haber compartido la información y consultado mientras se esperaba el permiso de silvicultura, no se utilizó para permitir la participación de los ciudadanos. Con la ayuda de un edil se concertó una reunión con la asesora de la Alcaldía responsable de coordinar el proyecto que se realizó el 24 de julio por Teams, con la participación de un grupo pequeño de vecinos que se pudo convocar virtualmente a las carreras.

Al conocer del contrato la comunidad comenzó a enviar derechos de petición solicitando más información y pidiendo a los órganos de control su intervención. Como resultado de esto se adelantaron las siguientes sesiones de presentación del contrato: 1) Sesión de control político en la JAL el día 20 de agosto, convocada por el edil Hernando Franco; 2) Sesión el 15 de septiembre convocada por la Alcaldía Local y el contratista, que fue un fracaso por mal sonido y deficiente organización; 3) Sesión el 24 de septiembre convocada por la edilesa Ana Sabogal y la comunidad; 4) Sesión el 25 de septiembre convocada por la Alcaldía; 5) Sesión el 30 de septiembre para dar continuidad a la sesión del 25 de septiembre. El alcalde local sostiene ahora que la Alcaldía ha hecho un proyecto participativo amplio, con mucha difusión y socialización, pero lo cierto es que durante 12 meses no hicieron casi nada y solo reaccionaron frente a las peticiones de la comunidad. Ha habido cierta participación e información pero fundamentalmente porque la comunidad comenzó a ejercer el control social.

En algunas de sus respuestas el Alcalde local sostiene que las obras se diseñen y programas a partir de solicitudes de la comunidad: “le informamos que el FDL de Santa Fe proyecta las obras de espacio público y malla vial a partir de las solicitudes realizadas por la comunidad”  (Comunicación de 8 de agosto). Se le solicitó mediante derecho de petición que informara cuáles residentes de la carrera 4 A habían solicitado la ejecución de dicha obra y la respuesta fue que no tenían esa información. (Comunicación de 22 de septiembre)

Para completar la Alcaldía Local al sentirse cuestionada por la falta de socialización y consulta, decidió hacer una pequeña jugarreta; en derecho de petición respondido a la comunidad con fecha de 8 de agosto (Radicado 2020-5340274001 de 8 de agosto) el Alcalde Local envió un formato de asistentes a la reunión del 5 de junio de 2019: el formato no tenía escrito el objeto de la reunión ni el lugar, ni tampoco venía acompañado de una relatoría. Once días después, el 19 de agosto, el Alcalde Local envió respuesta a un cuestionario de la JAL (radicado 20205320313011) en la cual se incluía nuevamente el formato con la misma lista de asistentes pero ahora aparecía en el punto de objeto: “seguridad e intervención carrera 4 A” y se incluía un par de hojas con una breve relatoría donde aparece un párrafo sobre la obra proyectada. Parece que la Alcaldía Local no solo es buena para reconstruir vías en buen estado sino para reconstruir actas y formatos de asistencia.

La comunidad le ha solicitado al Alcalde Local que suspenda el contrato hasta enero de 2021. En primer lugar porque ejecutar la obra en este momento podría tener graves consecuencias para los restaurantes que apenas están iniciando su recuperación, dado que por el tipo de obra se va a cerrar completamente la vía durante varios meses. En segundo lugar por la afectación por ruido y otras molestias  a los residentes que están además tele-trabajando y permaneciendo más en sus casas debido a la pandemia. Además este tiempo permitiría divulgar mejor el proyecto, discutir sus alcances y características y adecuarlo a las reales necesidades.

El Alcalde se niega de plano a conceder esta suspensión y argumenta principalmente que puede afectar el equilibrio del contrato y exponerse a demandas (¡después de 14 meses de suspensión por la propia alcaldía no quiere dar tres meses más!). El alcalde local está privilegiando los derechos de los contratistas por encima de los derechos de las personas.

Más oscuro que transparente

Cómo hemos visto la Alcaldía Local, tanto la dirigida por Gustavo Niño y la actual dirigida por Dairo Alirio Giraldo, no ha hecho mucha difusión al proyecto, sobre todo a los residentes. Pero además si se examina el SECOPII, la plataforma donde se incluye la información de todo el proceso se encuentra un desorden terrible en la presentación de los documentos. Aparentemente se cumple con la obligación de transparencia al cargar una gran cantidad de documentos pero la organización de éstos es tan desordenada que hasta el santo Job renunciaría a tratar de encontrar la información. Aún más, no existen documentos que se llamen expresamente pliego de condiciones y estudios previos; hay algunos documentos que tienen un nombre aproximado, lo cual es preocupante dado que son los documentos básicos que se mencionan en el contrato.

Hay que reconocer que la Alcaldía fue muy ágil en responder los derechos de petición enviados inicialmente. Pero cuándo empezaron a preguntarse cosas más complicadas han empezado a demorar las respuestas; por ejemplo, como ya se mencionó, no han dado respuesta todavía a la solicitud de entrega los estudios técnicos sobre el estado del alcantarillado. ¿Los estarán reconstruyendo?

Para rematar el contrato 145 de 2019 no tiene una cláusula con el objeto y solo es posible conocerlo en otros documentos. Este objeto es “Realizar complementación y/o actualización y/o ajustes a los estudios y diseños y la construcción de la malla vial y el espacio público de la Localidad de Santa Fe” que como puede verse no hace referencia específica ni al barrio La Macarena ni a la carrera 4 A; serviría como marco para hacer obras en cualquier parte de la localidad. Adicionalmente, en los considerandos del proyecto se señala que se hizo una consulta con rectores de colegio y de las direcciones locales de educación, lo que evidencia que se copió la plantilla de otro contrato, y no se hizo mención alguna a las consultas con la comunidad de la carrera 4 A, obviamente porque no existieron. Es claro que se hizo a las carreras el contrato.

En conclusión es un contrato que nació torcido y que aparentemente incumple principios y normas de planeación, contratación, transparencia y participación. Pero además es un atropello a la comunidad que puede llegar a tener serias consecuencias negativas para sus condiciones de vida.

Todo esto ocurre mientras que la Alcaldesa Local y su plan de desarrollo hablan de un nuevo contrato social y de pactos con los ciudadanos. Parece que el alcalde local no ha ido a los cursos de inducción donde se explican los principios de la nueva administración.

El nuevo plan de desarrollo en su artículo 57 dice que “las alcaldías locales desarrollarán una política de gobierno abierto, transparencia y control ciudadano. La efectividad de esta política se medirá con base en índices de transparencia privilegiando el fortalecimiento de la gobernanza local”. Va a tener que esforzarse mucho el alcalde local para no rajarse en este índice. 

Los órganos de control

La comunidad ya ha informado a la Contraloría, Personería Veeduría, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Hábitat, a la empresa de acueducto, a ediles, concejales y representantes a la Cámara, y a la propia Alcaldesa por medio de su secretario privado y del tweeter. Pero el contrato sigue su curso y el contratista está empezando a hacer las actas de vecindad y anunciando que comienza obra en octubre. Nos preocupa que las demoras burocráticas en las entidades de control hagan que su intervención llegue cuando sea tarde y ya haya desaparecido el pavimento en buen estado. 

El contrato 145 de 2019 nació torcido, ¿será posible enderezarlo?

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