Una recentralización sobrediagnosticada. ¿Por qué no se avanza?

Si algo valoro del debate actual es que varios temas entraron en la discusión pública y han dejado de estar en manos del monopolio de uno que otro analista, de las élites nacionales, regionales y locales, de algunos políticos (lo digo en sentido positivo) o de la burocracia enquistada por siglos, amparada en la supuesta “meritocracia”. La descentralización y la autonomía han logrado tener rostro de mujer, de niños, de paz, de derechos, de profesores, de salud y de agua apta para la vida. Y esto es un avance.

Estos temas han dejado de ser exclusivos de los economistas, técnicos expertos y de ciertos gurús de las cifras, de algunos análisis comparados, de líneas jurisprudenciales sin análisis crítico y de datos y más datos, eso sí, casi nunca relacionados con el Estado social de derecho, con los derechos y con la dignidad en los territorios. O de constitucionalistas o administrativistas que han convertido este asunto en un entuerto técnico y aburrido en los programas de derecho. Más Orlando Fals Borda, menos técnica y normas en el análisis de la organización territorial.

Debo reconocer que la Misión de Descentralización cumplió parte de la tarea que debía hacer: poner las cifras en cuestión. Cifras que hoy recitan autoridades de todos los niveles de gobierno, congresistas, magistrados, jueces y más —aunque más de uno no se toma la molestia de citar la fuente—. Ya dejó de ser un tema tabú, propio de políticos regionales o de los egoísmos o las inseguridades propias de la burocracia del gobierno central, y ha adquirido un tinte más democrático e incluso comunitario. Antes se pedía autonomía por la autonomía. Hoy esa autonomía ya no es un simple estribillo ni una consigna de las autoridades o de los políticos de turno.

A la Misión y a otros estudios se les deben los análisis que hoy saturan —por fortuna— el diagnóstico sobre la organización territorial. Recentralización que, tal como lo señala el informe de la Misión, tiene varias aristas: una Nación que se apropió de buena parte de los recursos y del gasto social; un diseño institucional de la descentralización elaborado desde la “geografía de las oportunidades”, en desconocimiento de la otra geografía —la que representa la naturaleza, la diversidad étnica y cultural, las fronteras y la escasa agua con la que contaremos en las próximas generaciones—; un triángulo de oro extendido en el que cinco ciudades – Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga- concentran el “74%% del PIB (sin actividad extractiva), el 83% de la actividad industrial y el 82,4% del crédito país” (Misión de Descentralización); y una división político-administrativa cifrada en departamentos cuyas capitales reproducen la misma lógica centralista (consultar Informe Final de la Misión de Descentralización).

No daré cifras; más bien los invito a revisar el informe Final de la Misión de Descentralización y muchos estudios más que, por fin, hablan de lo que discutimos desde hace muchos, pero muchos años: la construcción de una organización que no logra la equidad territorial, o la existencia de una descentralización que no leyó la geografía de la esperanza.

Pero, ante tamaño diagnóstico —hoy en boca de muchos, por fortuna— seguimos sin atinar a resolver este enorme problema. Quizás este asunto sí amerite una cirugía radical en el texto constitucional, pero nadie está preparado para ese debate en este momento. La reglamentación del Acto Legislativo No 03 de 2024, esto es, la ley de distribución de competencias —de la cual aún no conocemos el proyecto de borrador y que hasta ahora se ha construido desde el alto gobierno central— apenas resolverá una parte del asunto. Dicen que están enredados en porcentajes y sectores. Ojalá que el enfoque territorial, diferencial y de derechos los contagie tanto a ellos como al Congreso, que pronto entrará a hacer la tarea legislativa orgánica.

Lo importante es reconocer que el Sistema General de Participaciones, tal como está distribuido (población y recursos), contribuye a la inequidad. ¿Qué hacer para nivelar la cancha? Insisto: lo del Sistema General de Participaciones es apenas una parte del trabajo de equidad y de solidaridad territorial que debemos emprender, durante décadas, para superar el abandono. Ni hablar de las propuestas antidemocráticas de referendo que ahora aparecen por ahí, con las que apenas se beneficiarían unas pocas ciudades – impuestos de renta y patrimonio para administración directa de los departamentos y del distrito capital. ¡Así no es! Cierre de filas ante tamaña desfachatez.

Pero ahí no termina el problema de la cuestión territorial. Se deben emprender muchas reformas para lograr una geografía de las oportunidades, más allá del “triángulo ampliado o extendido”. Esta es una asignatura que está de moda en estos momentos. No perdamos el impulso de lo que se ha llamado la “segunda ola de la descentralización”. En 34 años se avanzó, pero el modelo de descentralización se agotó. ¿Qué sigue?

La otra parte del asunto es que esta nueva conversación ya es polifónica, pluralista y ha salido del monopolio analítico de estos asuntos. Poco a poco, las comunidades —desesperadas— hablan de descentralización y de autonomía territorial. Algo se salió de curso del centralismo a ultranza, y eso ya no tiene marcha atrás. Sin duda, una nueva gobernanza territorial se está cocinando en Colombia.

Link de Informe Final de Misión de Descentralización: https://misiondescentralizacion.dnp.gov.co/SiteAssets/Paginas/MMXXIV/Informe%20final%20Misión%20de%20Descentralización.pdf