Cuando leo y escucho a esa parte de Colombia indignada por la estética andina —de origen ancestral, forjada en la lucha, intercultural y no occidental— de la candidata a la vicepresidencia por la izquierda en Colombia (2026-2030), Aida Quilcué, no puedo evitar pensar que el país sigue atrapado en una vieja y colonial estética del poder.
Más aún cuando a esa estética se le contrapone, con desparpajo, la imagen del señor blanco, economista, técnico, neoliberal, exministro y demás, presentado con mangas arremangadas —como el gran ejecutivo de lo político— como si fuera el salvador del Estado. Su único error, nos dicen, habría sido aceptar la candidatura vicepresidencial de una versión local de las caricaturas políticas de Bukele o de Milei. Nada más que eso.
Algo parecido ocurre cuando escucho la manera en que hablan de la ternura, la candidez y la lucidez de la ahora candidata de la derecha colombiana: muy blanca, de “buena familia”, con sólida formación en una universidad de élite y ungida por el presidente de turno para los grandes asuntos del Estado. Y entonces aparece la frase que pretende cerrar cualquier debate: qué tal una presidenta mujer para Colombia, para resolver de una vez por todas el problema de la igualdad.
La escena parece sacada de los siglos XVIII o XIX.
Lo que estamos viendo, en realidad, es la confrontación entre dos estéticas y dos modelos de Estado. Uno, el que históricamente ha detentado el poder en Colombia; el otro, el que apenas logra abrirse paso después de siglos de exclusión, a pesar de errores —algunos graves e injustificables— pero también de avances sociales que sería imposible desconocer.
Se trata de dos proyectos que no solo difieren en programas políticos. Son estéticas, éticas y concepciones de justicia profundamente distintas.
El primero se suma a la ola conservadora que recorre América y que se impulsa desde el Norte. Un modelo que puede adornarse con la presencia de un candidato gay —tan incómodo para la heteronormatividad tradicional como útil para las estrategias electorales—, pero que al mismo tiempo expulsa sin remordimientos a los migrantes pobres, esos que no encajan en la estética de la migración rica y blanca que tanto seduce a ciertas élites.
El segundo proviene de otras geografías, de otros marcos epistemológicos, de otras historias. Es el que apenas logra sacar la cabeza después de siglos de dominación, explotación y silenciamiento.
Por eso esta columna quiere detenerse en la estética del poder en Colombia: una estética colonial, racista, clasista, sexista, homofóbica, patriarcal, capitalista y machista. Una estética que puede posar hoy junto a mujeres o disidencias sexuales, pero muchas veces más por estrategia que por convicción.
Para entenderla basta recordar el extraordinario libro del historiador Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas: la construcción de las razas y de la geografía del siglo XIX en Colombia. Allí se denuncia esa lectura casi feudal de nuestra historia: una historiografía de héroes, de caudillos, de grandes señores, de hijos ilustres y de esclavistas convertidos en próceres, que todavía pueblan los currículos visibles e invisibles de la educación colombiana.
El problema es tan profundo que incluso la enseñanza misma de la historia terminó siendo marginada de los salones de clase justo cuando comenzaban a emerger nuevas formas de escribirla. Cuando la historia empezó a narrarse desde otras metodologías y no solo desde la mirada de las élites.
En ese contexto, la Comisión de la Verdad realizó un ejercicio fundamental: pensar la historia del país de abajo hacia arriba. Una transgresión intelectual que permitió escuchar voces y relatos que durante décadas habían sido silenciados.
Sin embargo, paradójicamente, en ese mismo momento la historia fue perdiendo espacio en escuelas y colegios. De ahí la importancia de la Ley 1874 de 2017, que ordenó fortalecer la enseñanza de la historia de Colombia en los distintos niveles de la educación básica y media.
La pregunta sigue siendo incómoda:
¿qué historia nos han enseñado para que la diferencia despierte tanto desprecio en Colombia?
Algo similar ha ocurrido en muchas facultades de derecho, donde las cátedras de historia constitucional o de historia del derecho han sido eliminadas por considerarse prescindibles. Y ello justo cuando la llamada Nueva Historia comenzaba a construir una contrahistoria frente al relato oficial de las élites.
Como recuerda Alfonso Múnera:
“Las élites, y aun el imaginario colectivo, se nutrieron de la creencia en la inferioridad natural de buena parte de la geografía colombiana y de los seres humanos que la habitan…”.
Ese es, quizá, uno de los dramas centrales de nuestra historia republicana: élites que hablaban en nombre de un orden democrático mientras practicaban, en la vida real, un orden profundamente aristocrático, reservado a un pequeño grupo de notables y negado a la gran mayoría de la población.
En esa misma línea han reflexionado pensadores como Dussel, Quijano o Catherine Walsh, quienes han mostrado cómo la colonialidad del poder sigue atravesando nuestras instituciones, nuestra cultura política, nuestra estética y nuestras formas de comprender el mundo.
Porque el viejo orden colonial no desapareció del todo. Sigue presente en imaginarios cotidianos: primero los blancos —porque “mejorar la raza” sigue siendo una expresión tristemente familiar—, luego los mestizos, y al final los indígenas y los afrodescendientes.
Un orden que las leyes dicen superar, pero que las estadísticas desmienten. Un orden que la geografía social del país revela con crudeza. Un orden que incluso convive con una Constitución que muchos dicen defender con fervor, pero que rara vez se cumple en la práctica.
El artículo 7 de la Constitución de 1991 es claro:
“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.
Sin embargo, los privilegios siguen sostenidos por viejos relatos coloniales que sobreviven en nuestro imaginario nacional. Relatos que ubican a unos pocos en el poder durante siglos, mientras Colombia continúa figurando entre los países más desiguales del mundo.
Tal vez por eso el debate actual no sea solamente electoral.
Es también —y sobre todo— una disputa por la estética del poder y por la forma misma de imaginar el país.