Las mujeres de la gobernanza territorial

– Sistema General de Participaciones –

Hemos concluido la primera fase de un proyecto de cooperación académica e institucional entre la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, titulado “Diálogos Territoriales. Gobernanza y la ley de distribución de competencias”. En dicho proyecto he participado como asesora académica, dentro del equipo de expertos y expertas de la Escuela de Alto Gobierno (ESAP), liderado por el profesor Mario Moisés Juvinao Daza.

El propósito principal ha sido incidir —desde la academia— en el proceso de formulación de la ley de distribución de competencias, mediante la presentación de insumos tanto al Gobierno —encargado de redactar el proyecto— como al Congreso de la República, responsable de su aprobación definitiva.

Celebro que la primera meta ya se haya cumplido: se entregó, a manera de borrador, una sistematización preliminar del ejercicio realizado en los territorios. Este documento aspira a ser considerado por el equipo gubernamental en la etapa final de construcción de la ley. Insisto: se trata de un acercamiento inicial, respetuoso de las voces participantes, que no pretende sustituirlas, sino interpretar con rigor académico las enseñanzas colectivas que emergieron de los diálogos regionales celebrados en esta primera fase.

Este proyecto adoptó una metodología inédita, original y profundamente territorial. Se alejó de los enfoques tradicionales tan proclives a la teoría, la jurisprudencia, la econometría, los números, los mapas de brechas y la erudición centralista que, a menudo, concluye en despachos bogotanos o bajo lentes tecnocráticos. Esta vez, no fue así.

Realizamos un ejercicio de participación académica, deliberativa, libre y espontánea con comunidades y territorios históricamente excluidos, que apenas comienzan a integrarse en los circuitos de decisión. Estos territorios enfrentan, además, una descentralización territorial precaria y una autonomía territorial incipiente.

En algunos casos, las reuniones se llevaron a cabo en ciudades capitales por solicitud expresa de las y los participantes, ya fuera por razones de seguridad o logística. Sin embargo, en todos los encuentros se garantizó la presencia de representantes de municipios apartados, de esa Colombia que aún espera una verdadera distribución de las oportunidades, a pesar de poseer una inmensa riqueza humana, natural y geográfica en todas sus dimensiones.

Los encuentros abordaron temáticas diversas: Quibdó trabajó sobre educación; Leticia sobre agua y medio ambiente; Dosquebradas y Cali sobre asociatividad territorial y regiones administrativas; Tumaco sobre distritos especiales y categorización territorial; Medellín y varios municipios de Antioquia sobre desarrollo y convergencia regional; Valledupar sobre salud; Cúcuta sobre paz y fronteras; Sincelejo sobre ruralidad dispersa; y Popayán sobre prevalencia étnica y autonomía territorial. Una agenda coherente con el Acto Legislativo No. 03 de 2024, que convoca a pensar mucho más allá de porcentajes y recursos: exige leer desde la geografía y el pluralismo territorial.

Esta columna se centra en aquello que me conmovió profundamente y que inspira el título de esta reflexión: el papel de las mujeres en estos espacios participativos. Pero, ¿por qué ellas?

Porque eran las primeras en llegar y las últimas en irse. Se ubicaban con estrategia en los espacios de discusión, mientras muchos se retiraban por asuntos de agenda o de almuerzo (no todos o todas). Tuvimos más de 550 participantes, pero ellas estuvieron en todo: lideraron relatorías, formularon ideas fuerza, sintetizaron conclusiones, asumieron la palabra, el compromiso y la ternura propia de quienes, aun habiéndolo perdido todo, encuentran en el canto, la palabra y el compartir, la fuerza para seguir caminando. Representan hijos, nietos, vecindarios, comunidades, víctimas, migrantes y desplazadas. Y su presencia fue, sencillamente, conmovedora.

Sus rostros cambiaban a medida que los espacios se volvían más seguros y dignos. Tomaron la palabra —esa que les ha sido históricamente negada por el patriarcado— y no están dispuestas a soltarla. Los hombres, aún con recelo, intuyen que ellas llegaron para quedarse, para proteger lo público con una fuerza serena y firme.

Lo más impactante fue constatar que estas mujeres son las mismas que han cargado sobre sus hombros la memoria, la paz territorial y la reconciliación; las mismas que buscan a sus hijos y a sus muertos, que acogen migrantes, que acompañan todas las causas posibles. Hoy también hablan de descentralización y autonomía. Comprendieron que seguir esperando al Estado no tiene sentido: deben construirlo con sus propias manos y con su propia vigilancia.

Han visto llegar más botas y fusiles que soluciones. Reconocen el sufrimiento de vivir sin acceso digno a derechos: escuelas convertidas en trincheras, maestros obligados a huir por falta de garantías para la vida, niños que temen regresar a casa por el riesgo del reclutamiento; comunidades que cargan a sus enfermos en hamacas por la ausencia de ambulancias, médicos o caminos; territorios anfibios sin agua potable, ni siquiera para el riego de sus cosechas.

Les preocupa el destino de sus hijos e hijas jóvenes, que hoy abandonan el campo por falta de incentivos y de futuro, lo que compromete la seguridad alimentaria del país. Para ellos y ellas, eso significa migrar a las grandes ciudades y enfrentarse a la discriminación. Ni hablar de las fronteras y del abandono cruel del Estado.

Estas mujeres han conectado todas esas realidades con los fines esenciales de la descentralización: educación, salud, agua potable, saneamiento básico —lo mínimo para el buen vivir—, en territorios que apenas se levantan de siglos de olvido y de una violencia que se recicla una y otra vez, como si las armas siempre resucitaran o se desenterraran para sembrar el terror.

Y sin conocer a fondo el Acto Legislativo No. 03 de 2024, ellas preguntaron con claridad y firmeza: ¿quién va a controlar la “nueva platica”? Esa que, según el propio acto legislativo, llegará a los territorios. Ellas entendieron que el reto no es solo participar en comités y en la formulación de ideas para futuros proyectos que no se llevan a cabo o parcialmente,  sino ejercer una veeduría ética, comunitaria y transparente sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Saben que ese sistema —hoy tan recentralizado, que apenas representa entre el 20 y el 25 % de los Ingresos Corrientes de la Nación— comenzará a aumentar de manera gradual hasta llegar, en los próximos 12 años, al 39,5 %. Y es allí donde ellas entran con fuerza: ¿cómo vigilar la politiquería, el clientelismo, la corrupción, la criminalidad y todo aquello que impide que los recursos públicos beneficien a la ciudadanía, a la naturaleza y a la vida?

Pensaron más allá de la descentralización. Pensaron en autonomía, en gobernanza territorial, en lo colectivo. ¿Cómo cuidar el queso? ¿Cómo controlar a los depredadores desde la comunidad? Ellas asumen, con coraje, el deber constitucional de proteger lo público. Entienden que, mientras los territorios avanzan en construir recursos propios, lo poco o lo mucho que llegue no debe destinarse al lujo de unos pocos, a casas de recreo ni a relojes de marca o paraísos fiscales, sino a construir la geografía de las oportunidades y el Estado social de Derecho en cada rincón de Colombia.

Valientes mujeres de todas las edades, sin etiquetas, desde la diversidad. Porque eso que llamamos gobernanza territorial tiene piel de mujer —de mujeres diversas—, y piel de cuidado por lo público.

Tengo el pálpito de que en ellas —todas las mujeres, todas las etnias, todas las edades— habita el alma de la gobernanza territorial: el corazón del control ciudadano, del cuidado de la naturaleza, del campo, de los niños y las niñas, de la diversidad, del agua, del río, de todo lo que da vida y de lo público. Una ternura convertida en control y poder.

Ellas saben del riesgo que asumen, un riesgo quizás aún más peligroso que la propia violencia criminal que enfrentan cada día.

Y sí: una buena parte de lo público sigue en manos de depredadores (porque llamarlos “ratas” sería una ofensa para los animales)… y bajo la vigilancia de unas instituciones estatales y territoriales en las que, tristemente, ya no creen.

Nota 1.

Aquí está mi pálpito de mujer en esos espacios de Diálogos Territoriales, en los que tuve la fortuna de participar y que gocé a plenitud. Tengo muchos más pálpitos que, con el tiempo, se convertirán en columnas, artículos, documentos técnicos y muchas otras formas de escritura. Fue una experiencia bella y transformadora, que cambió profundamente mi manera de leer la descentralización y la autonomía territorial.

Nota 2.

Es importante señalar que los Diálogos Territoriales no correspondieron a un espacio formal de participación institucional ni gubernamental dentro del proceso de construcción de la ley. Además, se desarrollaron sin conocer el articulado que el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República. No obstante, estos espacios permitieron que los múltiples actores convocados —directivos, representantes del gobierno, sociedad civil, líderes y lideresas— llegaran sin libreto, con la libertad de compartir ideas, percepciones y esperanzas sobre el futuro del Sistema General de Participaciones y su relación con la dignidad, los derechos y el Estado social en los territorios.

Una segunda fase se avecina, ya con el proyecto de ley en mano. Para entonces, la academia estará nuevamente lista para el debate y la discusión en la geografía ávida de las oportunidades.