Cambié de opinión sobre el Estado unitario: mero centralismo disfrazado de descentralización

Lo grave del asunto no es cambiar de opinión, lo verdaderamente preocupante es que no hay nada qué hacer frente al infierno que viven los territorios en Colombia, por lo menos esos que están lejos de existir en clave de estado e institucionalidad, dos palabras que invocan: dignidad, “buen vivir”, Estado Social de Derecho con todas sus aristas, acceso a la justicia, servicios públicos, desarrollo pleno de derechos fundamentales y humanos, derechos de la naturaleza, de los animales, goce pleno del derecho fundamental al agua, la salud, la educación, el saneamiento básico, la seguridad alimentaria, el respeto y la igualdad de niñas, niños,  jóvenes, mujeres y de toda la población y el derecho constitucional a la paz.

Todo convoca a la construcción del Estado social y de Derecho en los territorios de forma asimétrica, conforme a sus usos, costumbres, geografía, pueblos y necesidades y con una verdadera distribución territorial del poder, por supuesto sin afectar la unidad. Eso de las dádivas o la famosa frase centralista “les dimos”, realmente ya están mandadas a recoger.

Un nuevo contrato social territorial se avecina: éste nuevo es plural con lentes rurales, campesinos, ancestrales, afro, raizales, palenqueros, urbanos y más. ¿Será que éste centralista Estado unitario, que se piensa desde las autoridades nacionales – ubicadas en Bogotá- está listo para un cambio de chip? ¿Será que la forma de gobierno presidencial y mesiánica que cargamos por siglos, por lo demás tan centralista, algún día entenderá que los asuntos locales ameritan gran reflexión constitucional y reconstrucción del modelo territorial?, ¿será que las autoridades territoriales se tomarán en serio la tarea de tener en sus manos la vida de millones que claman mejores condiciones?

Eso del “estado de cosas inconstitucional” en los territorios habla de una geografía cooptada por la criminalidad. Lo siento, se robaron la descentralización y con ella la esperanza.  Esos/as ilegales que se han aprovechado de la sagrada – en mi criterio- elección popular de las autoridades locales, regionales y nacionales, aquí ningún nivel de gobierno se salva. Esos y esas que le han jugado de manera sucia a la democracia  en nombre del “cuartico de hora”: la locura de los contratos -eso de hacernos ricos/as de la noche a la mañana-. Todo en plena violencia, corrupción y tan lejano de los derechos humanos, del pluralismo, de la moralidad, de la paz y de lo público.  Al final, una geografía de la esperanza hecha trizas. Se robaron la plata y la esperanza. Ni local, ni regional, ni nivel central se salvan de esta ignominia.

Me concentraré en un ejemplo: la Guajira. Todavía tengo en mi cerebro esa imagen de un grifo con agua para la  Guajira como un asunto o logro del señor presidente.  El trino que invoco decía: “Avanzamos en la dotación de agua potable a la Guajira. Esta iniciativa privada ayuda en el esfuerzo integral. Gracias”. Espero que se entienda, ¿cómo es posible una imagen así y a más de 30 años de una supuesta constitución descentralista y con autonomía de las entidades territoriales? No es un tema contra Petro, es que como constitucionalista no concibo este “estado de cosas inconstitucional” por años y décadas. La misma crítica con Duque, Santos y Uribe, todos con el mismo síndrome salvador y propio del mesianismo presidencial-centralista que los cunde.  ¿Y las autoridades territoriales qué hicieron? Repito, nadie se salva.

¿Quién me explica tamaño estado de cosas inconstitucional para el departamento de la Guajira? Esto no es un asunto de hoy, ni se resuelve con show ni la presencia de autoridades nacionales a manera salvadora en los territorios, lo llamaré “el síndrome salvador del Estado centro”, pero tampoco con decretos de emergencia económica, que no calaron en la Corte Constitucional. Un asunto  al que me referiré en otras columnas y que llevó a un pronunciamiento también complejo de parte de este alto tribunal, al considerar que el gobierno no podía hacer uso de los mecanismos extraordinarios para tomar medidas estructurales y de largo plazo, que sin duda están dadas ya y que también abarcan el supuesto tema de la descentralización y de la autonomía territorial. ¿Quién se robó la poquita descentralización y autonomía territorial que concede este egoísta, centralista y clasista Estado unitario?

Pues eso del estado de cosas inconstitucional para los territorios tampoco es nada nuevo, ni para la Guajira ni para el Chocó ni para muchos espacios de esta geografía del abandono. Así lo describió la misma Corte Constitucional, en el año 2017, para el caso de la Guajira (Sentencia T – 032), al constatar  “una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu.” Además constató que las vulneraciones a los derechos fundamentales son originadas por múltiples causas dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas de las autoridades tradicionales Wayúu. Aquí nadie se salva. En esa sentencia la Corte Constitucional emitió 210 órdenes para que 25 instituciones trabajaran por la protección de los derechos del pueblo Wayúu al agua, la alimentación y la salud, entre otras medidas. ¿Qué pasó? ¿Sorprende? No.

Nos quedó gustando el modelito francés del Estado unitario, por supuesto, con el mestizaje propio que le hicimos en los últimos doscientos años y la marca española que también nos irradia. Nos quedamos repitiendo como loros eso de las competencias y recursos de los municipios, los departamentos, los distritos, “las ciudades capitales” y más. De ahí no salimos. Satanizamos otros modelo territoriales, nada de eso es de buen recibo para el centralismo. Pues ésta geografía afectada por la guerra y el hambre amerita más de nosotros que seguimos pensando dentro de la caja y que no concebimos salir de la república unitaria, no sea que se nos vaya la mano en materia de distribución territorial del poder.

En fin, el modelo está agotado y con el síndrome de salvador del Estado centro, tampoco haremos mucho. Por supuesto que cambié de opinión: éste es un asunto político que amerita gran revisión constitucional aunque nunca será el momento para tamaña conversación. Con nueva LOOT, fondos de compensación regional, asociatividad territorial -que no avanza- y uno que otro maquillaje, lo que estamos haciendo es limpiando la cara a la barbaridad y el egoísmo del centralismo que mata. El Estado unitario dará más de lo mismo, pero siempre saldrán al paso esos/as que dicen que todavía la constitución del `91 da para más en materia territorial.

Nota: agradecimientos a mis lectores iniciales: Gonzalo Alirio Ricaurte Ballesteros y Margarita Suárez Mantilla.