Un nuevo rumbo para Colombia

La reciente jornada electoral para escoger al próximo presidente de Colombia ha hablado con claridad y ha entregado la conducción del Estado a Abelardo de la Espriella. Se abre así un nuevo capítulo en nuestra historia republicana, que exige transitar sin demora de la efervescencia electoral a la rigurosidad, la prudencia y la madurez institucional que demanda el ejercicio del poder.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.