TENEMOS CONSTITUCIÓN PERO NO LA APLICAMOS

No nos abandona la manía colombiana de enfrentar los problemas y desafíos de la sociedad, expidiendo normas que nos eviten tomar las necesarias decisiones, que podríamos hacer, acudiendo a las existentes. Es el fetichismo de la norma para el cual, expedida ésta, la realidad se modifica milagrosamente. No en vano nos ahogamos en un mar de normas expedidas y de problemas y desafíos no resueltos.

Cuando en el país se oscurece el horizonte y los problemas se agravan sin tener, aparentemente, solución, se vuelven a escuchar voces que reclaman una constituyente, repitiendo el trajinado camino de “la fuga hacia adelante”, para buscar evadir la responsabilidad de ejecutar la decisión; en este caso, es como si el problema fuera el texto constitucional y no su inaplicación por parte del
gobierno. Lo atípico es que las voces que piden una nueva Carta, no son las de la oposición sino las del gobierno, con la voz presidencial en primer lugar; ellos que, como Poder Ejecutivo, son los responsables de su ejecución. Quiénes reclaman por la inejecución, son precisamente los responsables de realizarla.
La explicación está en que, ante la incompetencia gubernamental para aplicar los mandatos constitucionales, este pretende que no lo puede hacer, porque supuestamente la Constitución del 91 es inaplicable por no expresar la realidad y las posibilidades de Colombia. Que es neoliberal y centralista y le impide al Estado tener una necesaria presencia activa en el desarrollo; y así una lista de carencias.

Ese es el camino fácil (“de lavada de manos”) para sacarle el bulto a las responsabilidades de la tarea de gobernar, pretendiendo solo permanecer en el poder, usufructuando “las mieles del poder”. Esa falta de compromiso con la Constitución no se debe entonces a su texto sino a la falta de voluntad y aún de capacidad política para aplicarla. En la práctica, es un texto abandonado por
el poder que solo acude a ella, cuando le es útil a sus propósitos. Carece de un sincero y consecuente respaldo político.

Y llegamos al corazón del problema, que no es del texto constitucional. Es la crisis de la política, de los partidos y las organizaciones. Para resolverla no se necesita otra constituyente que algunos quieren convertir en su bandera para las próximas elecciones. La tarea es rehacer la política y los partidos u organizaciones políticas, que siguen actuando amarrados a los patrones de la política clásica del siglo XIX. Aunque en la Carta se predica la descentralización y el resurgimiento de los
territorios, de las regiones con su diversidad, se sigue mirando y gobernando a Colombia desde Bogotá; en medio de mucho discurso de descentralización y aún de autonomía, inclusive apuntándole a formas federales, se mantiene una continuidad centralista en la visión y acción de los gobiernos; hay mucho discurso, pero pocas realizaciones.

El gran desafío está en que la ciudadanía se tome la política, para repensarla poniéndola a tono con las nuevas realidades. Ello exige romper el monopolio de los políticos que, a través de los años, se fue consolidando sobre la acción y el trabajo de los partidos, hasta llegar a lo de hoy, donde los partidos están primordialmente al servicio de los políticos, y no estos al servicio de ellos,
para que sean, vuelvan a ser, partidos de los ciudadanos que son quienes les dieron nacimiento. Partidos enraizados en los territorios y en los ciudadanos; en la gente con sus necesidades y sus sueños y en los territorios, con su historia y sus posibilidades. Los políticos son fundamentales como voceros y defensores del interés general, de unos ciudadanos identificados con su partido y unos políticos en relación permanente y directa con sus electores, sus mandatarios. Eso es posible en una Cámara con circunscripciones territoriales más pequeñas, como las anglosajonas, que permite e impulsa la relación directa entre electores y elegidos; en ella se plantean compromisos y se evalúa su cumplimiento. Y un Senado pequeño de representación nacional para definir las políticas que son de competencia y alcance nacional, principalmente las relaciones internacionales y la política macroeconómica. Esos cambios deben hacer parte de la agenda de compromisos y de trabajo del próximo gobierno.