Las políticas económicas de los últimos treinta años asumen que si se ayuda a la punta de la pirámide, se ayuda a los estratos intermedios y a la base. Se pensó, por ejemplo, que se solucionaría la crisis económica de 1998 inyectándole dinero al sistema financiero. Fue gracias a esa premisa que el presidente Pastrana firmó el decreto 233 que dio vida al 2 por mil. El decreto establecía que era transitorio (vencía el 31 de diciembre de 1999), pero se transformó en impuesto permanente y subió al 3 por mil en el año 2000. En el 2003 el presidente Uribe subió al 4 por mil de manera transitoria (Ley 863), pero en el 2006 determinó que debía ser permanente (Ley 1111).
El argumento de los presidentes fue que la crisis económica se supera si los ciudadanos le damos dinero al sistema financiero, quien pondrá a circular el dinero por medio de préstamos (con generosos intereses). La teoría supone que, si le cae agua a la cabeza, esta llegará a los pies en algún momento. Sin embargo, el sistema financiero es bastante celoso y excluye a las personas que no tienen ingresos, a los que están reportados en data crédito, a los que no tienen vida crediticia, etc. Por ende, el dinero del 4 por mil no le llegó a todos los ciudadanos por intermedio de préstamos, como suponían Pastrana y Uribe. Pero va más allá: el impuesto disuade a las personas de usar el sistema financiero: ¿para qué dejar mi dinero en un banco si pierdo en lugar de ganar? La ley marchita el sistema financiero en lugar de fortalecerlo (las ganancias de los bancos no provienen del volumen de ahorradores, sino de las cuotas de manejo, los intereses al borde de la usura, etc).
El gobierno del presidente Duque, usando la misma lógica, asumió que el desempleo se solucionaría quitándole carga tributaria a las empresas para dársela a los ciudadanos. Se suponía que los empresarios emplearían a más personas al tener menos gastos. Sin embargo, ¿por qué emplearía más personas si no las necesitan? El número de empleados es directamente proporcional a la demanda de sus productos. Es evidente que los impuestos no aumentan la demanda. Al contrario: al subir los impuestos se reduce la capacidad de compra, reduciendo el consumo y moderando la demanda, lo que obliga a la empresa a prescindir de los trabajadores. Por tanto, bajar los impuestos a las empresas, y subirlo a los ciudadanos, aumenta el desempleo, como lo demuestran las cifras de este año.
¿Por qué el gobierno no inyecta capital a la base de la pirámide? ¿Qué problemas generaría el cambio de modelo? ¿A quién afectaría?
La inyección de capital podría darse por incremento de salarios o por reducción de impuestos. Asumamos que los empresarios no están en capacidad de subir los salarios sin tener que aumentar el precio de sus productos (lo que empujaría la inflación). En ese caso, supongamos que el gobierno reduciría los impuestos a los ciudadanos, quienes tendrían dos opciones: ahorrar o consumir. En el primer caso, una porción de ese dinero iría a parar al sistema financiero. En el segundo caso, aumenta el consumo, lo que empujaría el comercio y aumentaría la demanda. Sabemos que a mayor demanda, más empleos. Los nuevos empleados tendrán un salario que no tenían antes y que se transformará en mayor consumo, inyectando más dinero al comercio, aumentando la demanda y el empleo.
Sé que dirán que la carga que se le quita al ciudadano se la tienen que dar a alguien. Ese es un tema que desborda la capacidad de esta nota (y de cualquier artículo de periódico). Sin embargo, haré una apreciación: buena parte del dinero se lo lleva la corrupción. ¿Por qué no buscan a los corruptos, los encarcelan y recuperan TODO el dinero que se robaron? (Hago énfasis porque la actual legislación les quita cifras irrisorias).
Aumentar el empleo no sólo redunda en el crecimiento económico, sino en todos los ámbitos de la vida nacional. Una comunidad no tendrá la necesidad de pescar tiburones si existe un comercio saludable y una baja tasa de desempleo. Esta comunidad tiene la opción de decidir si pesca o busca empleo en el comercio, la industrial, el turismo, etc. ¿Creen que una comunidad sin servicios públicos, sin posibilidades de empleo respetarán una norma que prohíba la pesca de tiburones? No estamos hablando de consciencia ecológica, sino de supervivencia: pescan o mueren. No existen ideologías cuando el hambre muerde las entrañas. Y menos si existe un mercado para las aletas de tiburón. Imaginen, entonces, si el gobierno autoriza el comercio : no solo pescará la comunidad, sino que lo harán los habitantes de las aldeas vecinas (quienes también estarán desempleados y con hambre). Insisto: no se trata de consciencia ecológica, se trata de supervivencia. El desempleo, el hambre y la falta de oportunidades es el combustible para desastres ecológicos como el que seremos testigos en pocos meses (más aún, si el gobierno lo incentiva con sus políticas).