Murillo habló en En vivo extra con Francisco Ocampo, director ejecutivo de Asocarbono; Mauricio Mira, CEO de Green Plus Solutions y exjefe de negocios verdes y sostenibles de MinAmbiente, y Efraín Ballesteros, presidente del Consejo Comunitario COCOMASECO de Acandí, Chocó, sobre las posibilidades de reforestación y emisión de bonos de compensación por gases de efecto invernadero en tierras de titulación colectiva de comunidades negras.
El exministro explicó en qué consiste el Pago por Servicios Ambientales, avalado por el Decreto 870 de 2017, que permite reconocer la labor de comunidades afro, indígenas y campesinas en su territorio por la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos.
Aunque reconoce que hace falta mayor apoyo y conocimiento de los instrumentos de participación, dice que hay avances importantes y que Colombia tiene cómo crecer por lo menos cuatro o cinco puntos del PIB con el sector forestal.
Luis Gilberto Murillo Urrutia, exgobernador del Chocó, fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2016 a 2018 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es político e ingeniero de minas oriundo de Medio San Juan, Chocó.
Actualmente es investigador del Centro de Estudios Latinos y de América Latina (CLALS) de la Universidad American en Washington, DC, y a partir de septiembre, Martin Luther King Fellow en la Iniciativa de Soluciones Ambientales (ESI) de MIT.
Estas fueron sus respuestas a la periodista Katerin Panesso.
Para contextualizar, ¿en qué consiste el Pago por Servicios Ambientales y qué oportunidad y retos ve en ello para las tierras de titulación colectiva?
Los pagos por servicios ambientales actúan como un incentivo económico para la conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos. Son reconocimientos económicos de carácter voluntario que se hace a los propietarios o poseedores de una tierra atractiva desde el punto de vista ambiental, para que se puedan desarrollar acciones de preservación o restauración de estas áreas.
Esto se hace para favorecer realmente la generación de servicios ambientales indispensables para el desarrollo de la comunidad y del país. Para dar algunos ejemplos, cuando tiene que ver con la calidad y la regulación hídrica, con la producción o captura de gases efecto invernadero, o la conservación de la misma biodiversidad.
Los pagos por servicios ambientales también actúan de manera muy importante como un instrumento de disminución de la desigualdad regional, socioeconómica y étnica, porque estos mecanismos ayudan a transferir recursos a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Hay desarrollos legales importantes; nosotros expedimos el Decreto Ley 870 de 2017, que regula los pagos por servicios ambientales en Colombia, un mecanismo muy novedoso; y la Ley 1930 de 2018, de páramos, que incluye un mecanismo diferencial para las comunidades parameras que tienen una gran posibilidad en este tipo de mecanismos financieros. Además ayuda en los territorios a que se den cierres financieros de proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación.
Yo creo que los pagos por servicios ambientales le ofrecen al país una oportunidad enorme, y particularmente a los territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.
Por su conocimiento, ¿puede ser una opción la reforestación comercial para las tierras de titulación colectiva de comunidades negras?
Me alegra escuchar a Efraín (Ballesteros, presidente del Consejo Comunitario COCOMASECO de Acandí, Chocó) que acaba de mencionar que están haciendo reforestación, restauración y repoblamiento con especies nativas en el departamento del Chocó. Eso es muy importante porque el país tiene una gran oportunidad de desarrollo de su sector forestal.
Esto está en el marco del cumplimiento de los acuerdos que tiene el país en términos de responder a las necesidades de mitigación y adaptación al cambio climático; hay medidas muy importantes que adoptar.
En Colombia solo el 0.9% del PIB participa desde sector forestal. En Ecuador, por su parte, el 3% del PIB proviene del sector forestal; en Chile es el 3.3%, y en Colombia apenas estamos en el 0.9%, siendo un país de vocación forestal, donde hay mucho conflicto obviamente con el uso del suelo, entonces hay que avanzar en ese sentido.
Sin embargo, hay que recordar y diferenciar que una cosa es la reforestación comercial con el propósito de producir madera; y otra la restauración ecológica, que se propone recuperar la capacidad que tienen los ecosistemas de provisión de servicios ambientales como el agua, por ejemplo.
Ahí es donde le veo una gran oportunidad a los territorios colectivos, porque con la reforestación, restauración y repoblamiento con especies nativas pueden producir muchos servicios ambientales y generar recursos, porque ya hay un mercado nacional voluntario de bonos de carbono que permite que estas comunidades puedan tener ingresos muy importantes. En el Pacífico hay un ejemplo de este tipo de proyectos.
Obviamente, eso requiere de un apoyo muy importante, todavía hay desafíos frente a los cuales hay que responder. Por ejemplo, se requiere mayor financiación de este tipo de actividades, mayor asistencia técnica, que estos proyectos puedan realmente avanzar para tener cierres financieros.
Allí obviamente hay una oportunidad para que estas comunidades puedan tener ingresos importantes. Nosotros hablábamos hace algunos años en el departamento del Chocó, en el año 98, de los bonos ambientales.
Decíamos que era la oportunidad que deberían tener estas comunidades de recibir ingresos por la conservación de los bosques y los servicios ambientales que prestan. Eso hoy ya puede ser una realidad con los instrumentos que se han creado.
Una de las premisas de la misión de estudio** es que cerca de seis millones de hectáreas de tierra colectiva son un gran activo, pero falta capital. ¿Qué piensa al respecto y qué se podría hacer?
Yo realmente creo que se puede hacer mucho, es decir, las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que están en zonas de ecosistemas de interés estratégico, de una alta biodiversidad, tienen una enorme oportunidad.
Hoy existen los mecanismos para canalizar recursos del sector privado. La teoría de que no hay recursos hay que revaluarla. Voy a dar un ejemplo: California acaba de asignar un billón de dólares para financiar, a través de mercados voluntarios de carbono, la conservación de zonas tropicales.
Estas comunidades tienen precisamente ese gran activo natural que ya pueden utilizar. Hay mecanismos para ello, como los proyectos y el pago por servicios ambientales que complementan la captura y secuestro de carbono; pero además de eso, hay una serie de cadenas productivas asociadas a la conservación del bosque: toda la fabricación de productos naturales no maderables está a disposición, y hay una cadena de mercados verdes a los que las comunidades pueden acceder.
Lo que ha faltado es mayor apoyo y conocimiento de estos instrumentos, eso hay que reconocerlo. Pero hay avances muy importantes, por ejemplo: en el Pacífico hay más de 7 u 8 proyectos de venta de certificados de carbono, ya hay comunidades que están participando en el mercado con ello, como en Mutatá, Acandí, Bajo Baudó y Buenaventura; se están negociando proyectos con comunidades en El Cantón del San Pablo y Atrato. O sea que ya hay una lista larga de estas buenas experiencias que el país debe conocer.
Pero adicional a esto, se requiere apoyo con asistencia técnica y recursos del Gobierno nacional. Por ejemplo, la sola reglamentación de la Ley 70, en su capítulo de desarrollo económico, en su artículo 52, establece que las comunidades negras deberían tener mecanismos financieros especiales y de crédito para el desarrollo de líneas de mercados ambientales y de negocios verdes para sus territorios colectivos. Es decir que todavía hay un espacio para reglamentar y movilizar más recursos.
Es muy importante lo que se hizo con el impuesto al carbono y su mecanismo de carbono neutralidad, que sirvió como elemento catalítico del mercado voluntario de carbono, pero se requiere avanzar más, que el país entienda que ese realmente es el camino que debe de recorrer para el desarrollo económico.
La economía de Colombia, que es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, tiene que estar basada precisamente en la economía de la conservación y restauración. En un ambiente Covid y pos-Covid, la recuperación económica del país está allí, no en la vieja economía convencional. Reitero: sólo en el sector forestal, el país tiene por lo menos cómo crecer cuatro o cinco puntos del PIB.
Luis Gilberto Murillo, Francisco Ocampo, Mauricio Mira y Efraín Ballesteros estuvieron en el En vivo extra #36 «Mercado de carbono y tierras colectivas». Puede revivir la emisión aquí.
Editó: Juan David Morales, jefe de redacción de la plataforma de comunicaciones de Color de Colombia.
**Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 3: Mercados inclusivos y desarrollo sostenible. Iniciativa: Promoción de consensos estratégicos para el desarrollo sostenible (sobre proyectos de gran impacto en territorios de población afrocolombiana). Proyecto: Misión «Mercado de carbono, reforestación comercial y pago por servicios ambientales como alternativas para el progreso afrocolombiano».