Amylkar Acosta habló en En vivo extra con Luis Guillermo Baquero, director del Centro de Pensamiento Guajira 360º; y César Arismendi, exdirector del mismo Centro, sobre el futuro económico y social de La Guajira, en el marco de los 55 años del departamento.
Amylkar Acosta habló sobre los problemas sociales que ha tenido históricamente La Guajira y sus retos a futuro para superarlos. También mencionó algunos de los proyectos de gran potencial que se adelantan en el departamento, como la instalación de nueve parques eólicos y líneas de transmisión.
Según Acosta, debido a la pandemia “se impone la necesidad de implementar un programa de reconversión laboral, para responder a los nuevos retos y a la transformación productiva, para diversificar la economía, con el fin de reducir la dependencia de la actividad extractiva”.
Dice que además del carbón y gas, La Guajira tiene un gran potencial en energías renovables, proyectos agrícolas con el café, banano orgánico y palma africana; así como el creciente desarrollo del turismo ecológico.
Estas fueron las respuestas de Amylkar Acosta a la periodista Vanessa Serna.*
¿Cuáles son las principales lecciones para el futuro que a su juicio dejan los primeros 55 años de vida del Departamento de La Guajira?
La Guajira ha estado al borde de convertirse en un departamento fallido, en medio de su falta de gobernabilidad y de viabilidad fiscal, que le han costado prácticamente una década perdida en su desarrollo económico y social.
Primeramente, hay que saber elegir a sus mandatarios tanto a nivel departamental como municipal, a los gobernadores y alcaldes, así como a nuestros representantes a los cuerpos colegiados. Los hemos tenido buenos, malos y peores. Más de estos últimos que de los otros. Hay la necesidad de propiciar y promover nuevos liderazgos, en cabeza de una generación de relevo que esté libre de los vicios y de las mañas de la vieja política. Se impone la necesidad de superar el canibalismo, que tanto daño nos ha hecho y saber valorar lo nuestro, tener más sentido de pertenencia.
No hay derecho a que en La Guajira se depositen 280.866 votos para el Senado, más que suficientes para elegir por lo menos un Senador propio y en su lugar se difumina dicha votación en un sinnúmero de candidatos, que una vez elegidos, la mayoría de ellos no sienten ningún compromiso con el departamento, a lo sumo agradecimientos para quienes le ayudaron a “pescar” los votos obtenidos, casi siempre a cambio de favores y dádivas personales.
Es imperiosa la necesidad de hacer un alto en el camino, para hacer un acto de contrición y un sincero propósito de enmienda, tras un gran pacto por la transparencia y la integridad, tendientes a erradicar la lacra de la corrupción. Para lograr dicho cometido es fundamental el control social y para que pueda ser efectivo se requiere implementar el gobierno abierto, en línea, para que los ciudadanos de a pie tengan verdadero acceso a la información en forma transparente y en tiempo real.
Sólo así se recobrará la confianza y la credibilidad perdidas en las autoridades y en quienes ostentan nuestra representación y de paso nos sacudimos la estigmación de la que hemos sido y seguimos siendo objeto.
A La Guajira le han hecho mucho daño las secuelas que le dejó la bonanza marimbera, que engendró una cultura que la describe muy bien nuestro laureado García Márquez, cuando afirmó que se ha generalizado “…una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad: queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía posible, mucho más de lo que cabe dentro de la Ley y lo conseguimos como sea, aún contra la Ley”. Esta cultura del atajo, del “cruce”, del avispado la tenemos que superar, como única manera de dejar atrás esta inversión de valores que nos agobia y nos escarnece.
¿Qué impacto ha tenido en La Guajira la pandemia del Covid-19 y qué cambio provocará en la agenda del Departamento?
Así como las preexistencias en quienes se ven contagiados por el nuevo coronavirus que transmite la COVID 19 cuentan y los hace más propensos a contraerla y el índice de fatalidad es mayor entre ellos, de la misma manera los países y regiones con mayores patologías han estado más expuestos a los embates de la pandemia.
Colombia es el país de las desigualdades: es patética la desigualdad interregional e intraregional, la desigualdad de ingresos, de la distribución de la riqueza y la propiedad rural, amén de la pobreza monetaria, la informalidad laboral y la precariedad de ingresos.
El de La Guajira es un caso extremo. Un buen indicador del cuadro aberrante y amenazador que ya traíamos antes de la pandemia es el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Mientras el promedio nacional del índice de NBI es del orden de 27.7%, el de La Guajira es del 44.6%.
Además, según cifras del Ministerio Nacional de Salud, la tasa de mortalidad infantil en La Guajira (45 por cada 100 mil menores de 5 años) se multiplica por 9 al compararla con la de la Nación (5.46). Exhibe, además, la más alta tasa de analfabetismo con el 17.03%, más del triple del promedio nacional (5%), según el Censo poblacional de 2018.
Todo ello llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a decretar unas medidas cautelares, mediante la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015 y a la Corte Constitucional, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, a decretar el Estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Bien dijo el empresario y uno de los hombres más ricos del mundo Warren Buffet que “cuando baja la marea es que se sabe quién estaba nadando desnudo”. Definitivamente la agenda del departamento de La Guajira cambió y ahora las prioridades son otras, ello obligó a la Asamblea departamental, sobre la marcha, a ajustar su Plan de Desarrollo, de modo que este consultara la nueva realidad.
Pues bien, la pandemia del COVID 19 puso al desnudo nuestras vulnerabilidades, de allí la ola creciente de contagio y el índice de fatalidad de 6 por millón de habitantes, el doble del promedio nacional. Esta situación se ha visto agravada por la porosidad de la frontera con Venezuela y la puerta falsa y giratoria debido al desencuentro entre los dos gobiernos. Ello explica en gran medida el crecimiento exponencial de los contagios. Después de registrar 479 contagiados el 1º de julio, ya para el 26 del mismo mes se reportaron 1.808 casos, para un incremento del 350%.
Además, esta pandemia sorprende a La Guajira en momentos en que el control de la salud y su desastrada red hospitalaria, la educación y el saneamiento básico fue asumida por parte del Gobierno central. En medio de la pandemia cesó la intervención en la salud, pero se la devuelven al Departamento en peores condiciones de cómo se recibió.
Podemos decir que no está mejor que cuando estuvo peor. Ello es tanto más cierto, si nos atenemos al pronuciamiento reciente del Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, quien después de practicar una visita a la península concluyó que “carece de elementos cruciales y estructurales, lo que imposibilita tener una solución en el corto plazo a la problemática de salud del departamento”.
El gobernador del departamento Nemesio Roys ante el colapso de la capacidad hospitalaria, que se ha visto superada por la escalada de la pandemia decretó la alerta roja y apelando al Decreto de la Emergencia 513 del 2020 expedido por el presidente Duque, liberó recursos de regalías por valor de $11.000 millones para la ejecución de un proyecto de “fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID-19) en el Departamento de La Guajira”.
Empero, no obstante que dicho proyecto fue presentado desde el 1º de julio al Ministerio de Salud para su viabilización, allá siguen arrastrando los pies y hasta la fecha no tienen una definición. Y eso, a pesar del reciente pronuciamiento del procurador instando al gobernador a “formular de manera adecuada y urgente el plan de expansión y los proyectos de inversión para la ampliación de la capacidad hospitalaria que requiere el departamento para garantizar la atención en salud de los ciudadanos, especialmente los infectados”.
¿Cuáles son las ventajas comparativas y competitivas y los activos sobre los que La Guajira puede construir su futuro a 2030 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más allá?
La Guajira cuenta con unas ventajas comparativas derivadas de su privilegiada ubicación geográfica, al ser, como la denominó Luis López de Mesa, la esquina oceánica de Suramérica. Dispone de todos los pisos térmicos, desde la zona semidesértica de la alta Guajira, expuesta al sol canicular hasta los glaciales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Está dotada de ingentes recursos naturales renovables y no renovables.
Hoy por hoy el sector preponderante en el PIB regional es la actividad extractiva de carbón y gas, con una participación que supera el 50%, es el mayor empleador y generador de ingresos. Hasta el año 2011, cuando se reformó el régimen de regalías mediante el Acto legislativo 05 de 2011, esta era la principal fuente de financiación del presupuesto del Departamento y de los municipios productores y portuarios. Eso cambió radicalmente, la participación de estos se redujo ostensiblemente y a ello se vino a sumar la caida de los precios y de la producción carbón y el petróleo debido a la contracción creciente de la demanda en los mercados internacionales por cuenta de la estrategia de la descarbonización de la economía para combatir el Cambio climático a nivel global.
Con el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), gracias a la Ley 1715 de 2014 y dado el enorme potencial de ellas con las que cuenta La Guajira, esta tiene en ellas una ventana de oportunidad que se abrió el año pasado con la adjudicación de 2.400 MW de potencia entre granjas solares – fotovoltaicas y parques eólicos, 9 de los cuales se instalarán en los municipios de Uribia y Maicao. Gracias a estos desarrollos y a los prospectos de gas offshore, así como al potencial de reservas de gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés), La Guajira se perfila como el principal soporte de la transición energética en curso, muy en linea con el Acuerdo de París (COP21) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), así como con los documentos CONPES 3918 “para la implementación de los ODS” y 3934 de “política de crecimiento verde”, ambos del 2018, que hacen parte de la estrategia del Gobierno (E 2050) de “crecimiento limpio”.
¿Qué esperan de los dos últimos años de gobierno nacional y de los gobiernos territoriales que comienzan?
Como es bien sabido estamos sumidos en la más profunda crisis económica y social desde la Guerra de los Mil Días a consecuencia de la pandemia y todo es incertidumbre porque aún no se logra aplanar la curva de contagios y no se sabe a ciencia cierta cuándo se dispondrá de la vacuna. Todos los expertos coinciden en que la reactivación de la economía será muy lenta y aconsejan que la misma sea sostenible, esto es alineada con la COP21 y los ODS.
Según acaba de anunciar el presidente de la República Iván Duque en la instalación de las sesiones del Congreso, pondrá en marcha un nuevo compromiso por el futuro de Colombia, el cual contempla acelerar 27 proyectos estratégicos de energías renovables y de transmisión, de los cuales 9 de ellos se desarrollarán en La Guajira mediante la instalación de igual número de parques eólicos, 5 granjas solares – fotovoltaicas en el departamento del Cesar y las 9 lineas de transmisión se ejecutarán en los territorios de La Guajira y el Cesar. Estos proyectos comprometerán inversiones por $8 billones de los $100 billones calculados por el Gobierno para financiar su plan de reactivación.
Por fuerza de las circunstancias se impone la necesidad de implementar un programa de reconversión laboral, para responder a los nuevos retos y a la transformación productiva, para diversificar la economía, con el fin de reducir la dependencia de la actividad extractiva.
La Guajira no sólo es carbón, gas y ahora fuente de energías renovables, también cuenta con un gran potencial agrícola, con posibilidades de ampliar su frontera en las áreas en donde se cultiva el café y el banano orgánico, así como la palma africana. Otra actividad que venía con un notable ascenso antes de la pandemia y que ya participaba con el 12% del PIB departamental es el turismo ecológico, justamente el que tiene mayores y mejores perspectivas en la postpandemia.
Así mismo, se tendrán que extender las ayudas, apoyos y rescates a las empresas, especialmente a las micros y pequeñas, así como la asistencia a los más vulnerables mediante las transferencias monetarias, tanto las condicionadas como las no condicionadas. Ello demandará un mayor gasto tanto por parte de la Nación como de las entidades territoriales y la necesidad de arbitrar los recursos, lo cual torna inexorable una reforma estructural de los impuestos de la Nación y el trámite de la reforma tributaria territorial tendiente a fortalecer los fiscos de los departamentos y municipios.
En este orden de ideas, nos parece de la mayor importancia que las regiones administrativas y de planificación (RAP), empezando por la del Caribe, pongan en marcha cuanto antes el proceso de formulación y elaboración de sus planes estratégicos regionales (PER), contemplados en el Decreto 900 de 2020 reglamentario de la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las RAP. Para luego es tarde.
En el caso de La Guajira particularmente están identificados y priorizados los proyectos estratégicos que habrán de permitir la diversificación de su economía, mejorar la competitividad, la generación de empleo e ingresos para superar su penuria y poder darle una mano a las poblaciones más vulnerables.
Me refiero a la segunda fase del proyecto multipropósito de la Represa del Ranchería, la cual dinamizaría el sector agrícola en el sur del departamento, la vía de la integración Tomarrazón – Distracción, como salida expedita a los puertos al norte del Cesar y al Sur de La Guajira, así como la vía perimetral de la soberanía que permita el ejercicio de esta en una amplia zona de la alta Guajira, hoy confinada por falta de vías de acceso, garantizando una mayor presencia del Estado con sus programas sociales con enfoque diferencial con el pueblo Wayüu como población objetivo.
Ello, sin dejar de lado lo básico, la atención de las necesidades más primarias que laceran a la población vulnerable de La Guajira, que es más del 80%, sobre todo a los pueblos indígenas asentados en nuestro departamento, que son los más vulnerables entre los vulnerables. Además, es urgente el cierre de la brecha digital, que tiene por fuera del sistema educativo a la inmensa mayoría de alumnos, desde la básica primaria hasta los universitarios, ya sea por falta de conexión a la internet y/o por la carencia de computadores. El caso del municipio de Uribia es patético, allí sólo el 1%, 378 de 41.496 viviendas censadas tienen acceso a la red de la internet.
** Amylkar Acosta, Luis Guillermo Baquero y César Arismendi estuvieron en el En vivo extra #34 de magazine tv «Cuarentena musical Pacífico y Caribe» (24 de julio). Puede revivir la emisión aquí.
Editó: Juan David Morales, jefe de redacción de la plataforma de comunicaciones de Color de Colombia.
**Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 1: Mercados inclusivos y desarrollo sostenible. Iniciativa: Incidencia pública para cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 a nivel subregional y municipal. Proyecto: Control público para el desarrollo sostenible.