Estado y sociedad civil en tiempo de reformas

Muchos alegatos de un lado y otro se han esgrimido, a propósito de la reforma a la salud. Algunos han sostenido que en ella sobra la improvisación y que no falta la terquedad; y por otra parte, están aquellos para los que es apremiante la eliminación de las taras con las que arrastran las EPS, incapaces de moverse con agilidad para dar luz verde a cirugías o tratamientos complejos y además para autorizar pruebas diagnósticas y otros procedimientos; todo lo cual da origen a miles y miles de tutelas  en busca de una reacción por parte de unas entidades que piensan  solo en la lógica del mercado.

Razones y sinrazones se han sucedido, sin descontar por otro lado el temor en el sentido de que la transición hacia una nueva situación en el sistema del orden sanitario se convierta en una debacle, como lo ha advertido Roy Barreras, el presidente del Senado, por más señas estrecho aliado del presidente de la República. En otras palabras, una cacofonía de críticas y apologías, sin que nadie deje ver con claridad la energía transformadora en la propuesta reformista.

Sin embargo, esta competencia de ruidos, intereses y pasiones oculta una diferencia de modelos políticos, tal vez difusa y no suficientemente explícita, ni tampoco cabalmente contextualizada; pero no por ello inexistente, no por ello ficticia; sino muy presente, como un proceso larvado.

Enfasis en el Estado o en el mercado

Se trata de la contradicción entre un modelo estatalista y otro de la sociedad civil dominante, la del mercado. La tensión entre uno y otro ha definido el destino entre dos formas de sociedad burguesa; una más centrada en el papel del Estado, la otra en el predominio de los intereses que brotan en los múltiples entronques de la sociedad.

En uno de los modelos, el Estado impone orden y propicia equilibrios económicos, pero porta el mando que nace de la fuerza, por lo que carga siempre con la tentación autoritaria. En el otro modelo, el de la sociedad civil o el de la sociedad natural, según lo denominan algunos, florece la autonomía, pero se descontrola en una feria de intereses particularistas; en ella se desata la pulsión libidinosa del dominio sobre los otros.

Doscientos cincuenta años después de ese siglo XVIII europeo, en el que se agitaba el dilema entre Estado nacional y sociedad, resulta fuera de contexto exagerar el peso de cualquiera de esos dos polos, dos entidades modernas.

La modernidad democrática asegura la articulación entre un estado social de derecho; y una sociedad lo suficientemente abierta como para que se apoye en una competencia virtuosa, aquella que permite que los más débiles también crezcan y se enriquezcan.

Un Estado omnipresente y burocratizado es la marca que anticipa la decadencia; pero la desregulación del mercado es a su turno la marcha hacia el capitalismo salvaje, a la desigualdad y probablemente a la injusticia.

El ensamblaje apropiado entre tamaño y eficiencia.

 La línea general la trazó Norberto Bobbio hace bastante tiempo, al situar el desarrollo del Estado, bajo dos coordenadas, el tamaño y la eficiencia. Es posible que haya Estados grandes e ineficientes; así mismo grandes y eficientes; pero también los puede haber   pequeños e ineficientes o, cosa rara pero verdadera, pequeños y eficientes.

El peor modelo, el más perverso, es el representado por un Estado grande y a la vez ineficiente; significa un gran costo y no proporciona suficientes bienes y servicios, ni distribuye adecuados medios. Ahora bien, aunque un Estado grande y eficiente no está mal; es preferible, por razones éticas y financieras, aquel Estado que, siendo eficaz, es al mismo tiempo pequeño.

La inteligencia de un proyecto político de carácter alternativo radica en refundar una sociedad con derechos crecientes, tanto civiles y políticos, como sociales; sin que por otro lado se vea obligado a agigantar al Estado, a hacerlo propiciando un crecimiento ineficiente; de tal modo que aumente su volumen, sin unos rendimientos sociales directamente proporcionales.

Cierto, el debate sobre el papel y la fuerza del Estado no aparece explícito, pero quizá mantenga latente su pertinencia, en las discusiones sobre la reforma a la salud.

En ese proyecto de ley, un acercamiento entre la idea de un Estado presente y el dinamismo competitivo dentro de la sociedad, es un terreno que puede explorarse en las aproximaciones entre el gobierno y las bancadas del Congreso, ya sin la interferencia de los prejuicios ideológicos; por lo que la cooperación entre el Estado y los agentes privados, se traduzca en alianzas, sin privilegios, que robustezcan el derecho a la salud y empoderen a la sociedad civil. En otras palabras, que el gobierno al desprenderse de Alejandro Gaviria, como ha sido su voluntad, termine paradójicamente por incorporar sus reparos y sugestiones.

*Una versión de este texto está publicada en Revista Sur