Gestión, incompetencia y corrupción

La forma como funcionó la reciente entrega de la Renta Ciudadana es un mal presagio. Como dicen en la calle, según el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. Colas interminables bajo el calor sofocante de estos días, puntos insuficientes para entregar el dinero, confusión en la orientación a los beneficiarios, vivos vendiendo puestos, amago de asonadas. Y por supuesto, funcionarios «echa-culpas» como la directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, quien alega que se trató de una campaña para desprestigiar al gobierno.

Y todo porque decidieron escoger al Banco Caja Agraria como canal único de entrega de esta ayuda. Desmontaron de la noche a la mañana la red compuesta por algunos bancos que cuentan con la tecnología y la infraestructura física y humana para entregar eficiente y cómodamente este dinero. Para el gobierno parece que fuera preferible someter a los ciudadanos a molestias absurdas antes que permitir que un privado cobre un precio por prestar un servicio público. Eso está diagnosticado: primero la ideología, luego el bienestar del ciudadano. 

Ya podemos imaginarnos cómo será el asunto cuando en vez de 7 millones  sean los 50 millones de colombianos necesitados de acudir a oficinas públicas para tramitar las citas médicas, si sale adelante la reforma tal como está diseñada. O cuando Colpensiones, en las manos del actual presidente de la entidad, cuyo prestigio de incompetente y desvergonzado lo persigue (está destituyendo toda la burocracia técnica para cubrirla con amigos políticos), empiece a administrar los $20 billones de pesos de aportes a pensión, si no le tocan una sola coma. 

Y la lista puede alargarse. Porque la vocación estatizadora del gobierno unida al rechazo a la iniciativa privada es inquebrantable. ¿Dónde habrá quedado la intención de construir alianzas público-privadas para resolver los problemas del país, anunciada por el Presidente en sus primeros días? Quizás lo hizo para aliviar la ansiedad que producían sus discursos.

La pregunta es si el gobierno está subvalorando los problemas del Estado colombiano para cumplir sus funciones ¿O por candidez, desconocimiento o convicción? A simple vista y en carne propia se percibe que carece de poder infraestructural, como lo denomina el sociólogo Michael Mann. Es decir, de capacidad de ejecutar lo que se propone o a lo que está obligado. Empezando por la seguridad ciudadana.

Una parte importante del aparato estatal tiene al menos tres problemas. La mala gestión, la incompetencia y la corrupción. Son tres falencias que se retroalimentan mutuamente. Las dos primeras facilitan la tercera, y la tercera  permite que las otras dos permanezcan. (Por supuesto, hay algunas entidades y funcionarios públicos excepcionales que cumplen con honestidad y eficacia su misión). 

Despachemos rápidamente el tema de la corrupción con un ejemplo reciente e inverosímil. El escándalo en el Icetex: más de $115 mil millones en créditos mal desembolsados; en vez de favorecer a la población con discapacidad se dirigió a otra mediante triquiñuelas entre funcionarios públicos y tramitadores privados. Más de uno debe estar frotándose las manos y alistando los bolsillos por la llegada de los $80 billones de la salud que pronto pasarán por sus escritorios, más los $2 billones mensuales de aportes a pensiones que será obligatorio trasladar a una agencia oficial. No me atrevería a insinuar que Petro y su equipo son corruptos; pero sí que este tema no les inquieta. Para ellos los recursos públicos no son rigurosamente sagrados como pregonan: por el contrario, consideran que es plata para gastar a manos llenas. 

Con respecto a la gestión, se puede tomar al azar cualquier entidad para llegar a la conclusión de lo mal administradas que están. Un caso aberrante es el de 4/72 , el servicio postal del Estado. Mientras su competencia privada (Servientrega e Interrapidísimo) progresa, la empresa estatal está quebrada (costos disparados, ingresos disminuyendo, y pérdida acelerada de mercado) por su gestión poco profesional. Como decían los abuelos, hay personas a quienes se les muere una lombriz dándoles el terreno. Pronto, alguna entidad y unos funcionarios de estas calidades, estarán a cargo de la contratación y pago a los hospitales y clínicas, la entrega de medicamentos, la autorización de procedimientos médicos, y el manejo de los billones de pesos de los aportes de pensiones. Por lo demás, es justo reconocer los inconfesables abusos de poder que las Eps cometen contra los pacientes-clientes y hospitales y clínicas. El ciudadano de a pie está, pues, contra las cuerdas: apuesta por la corrupción y la ineficiencia e ineficacia pública, o por las manipulaciones del oligopolio en que se están convirtiendo las Eps. Encontrar el esquivo equilibrio entre lo público y lo privado es uno de los grandes retos nacionales. 

La combinación de mala gestión e incompetencia es un coctel nocivo para el país. Empleados mal seleccionados o mal dirigidos o mal capacitados, sin compromiso distinto que con el político que los recomendó. Cada vez que se habla de cuotas burocráticas de un político o partido en una entidad, es un paso más hacia el abismo de la ineficacia del Estado y al manejo descuidado de los recursos públicos. No se trata de que una empresa pública sea medida con parámetros empresariales y que tenga ánimo de lucro; pero tampoco ánimo de pérdida del dinero de todos.

Nadie diría en su sano juicio que este panorama es responsabilidad de Petro. Es una larga tradición colombiana. Sin embargo, lo que si puede afirmarse con certeza de este gobierno es su voluntad de crecer aún más el Estado, de asignarle más responsabilidades, de arrebatar de las manos privadas lo que haya funcionado bien o regular y entregárselo a funcionarios públicos, cuya probabilidad de que lo hagan mal está casi garantizada. 

Un comienzo de remedio sería que la nueva administración en el poder aprendiera (1) a dirigir (definir una visión, una misión y valores), (2) a movilizar equipos (motivación, entrenamiento) y (3) a lograr resultados (hacer seguimiento, asumir responsabilidades). En otras palabras, hay que invertir en el desarrollo de capacidades del Estado: mejores diseños institucionales, más capacitación de empleados públicos, un cambio en la cultura de trabajo, mejor selección de directivos, entre otros. Claro que esas son acciones «tecnocéntricas y patriarcales» de poco interés para Petro. En consecuencia, perdemos por partida doble: eficacia y legitimidad del Estado. Ni hace bien su trabajo ni nos inspira afecto. Por esa razón la gente pierde moderación y busca alocadamente soluciones a sus problemas.