Las consecuencias (que no conoces) del aumento a la bonificación de los soldados

¿Puede el aumento a un SMLV de bonificación que reciben soldados y auxiliares de policía disminuir el crimen y el narcotráfico? La respuesta es sí. Y la explicación no es filosófica ni basada en suposiciones: se encuentra en la ciencia económica.

Cuando abrí mi Facebook a finales de enero, en mi feed estaba la avalancha de videos de soldados regulares festejando porque su bonificación mensual les llegó por un salario mínimo. Estaban emocionados. ¡Felices! Celebrando el valor de su bonificación. Antes nadie les había pagado de forma digna. En los videos bailan, tienen sonrisas que parecen soles. Verlos me provocó una pequeña inundación lagrimal.

Uno de ellos soltó con una sonrisa iluminadora: “Te amo, Petro”, de manera espontánea, sin ironía, sin malicia ni cálculo político. En ese “Te amo, Petro” solo había gratitud auténtica por lo que significa que su trabajo no sea invisible.

Por primera vez en la historia colombiana, recibían un salario mínimo legal vigente por prestar su servicio militar. En un video un soldado pregunta: ¿Cuánto es? Otro responde, con una sonrisa de oreja a oreja, los ojos aguados y tono de asombro: “1.750.905 pesos”.

Esta cifra significa para ellos mucho más, es:

Dignidad monetizada.

Dignidad reconocida.

Eso se llama dignidad social.

Los soldados regulares del Ejército y la Fuerza Aérea, infantes de marina de la Armada y auxiliares de la Policía Nacional, a partir de este año no recibirán como bonificación una limosna institucional, sino el valor de un salario digno y decente.

¿Por qué esto es histórico? La bonificación que recibían los solados, antes de 2026, era una fracción miserable del salario mínimo legal vigente —30 % hasta antes de 2024, luego 50 % en 2024 y 70 % en 2025— lejos de lo que un trabajador normal recibe. Y hoy esa barrera se rompió: con ese SMLV ($1.750.905) se reconfigura la relación entre ciudadano y Estado para miles de jóvenes (esto lo explicaré más a fondo en próximos párrafos).

Pero esto va más allá de la dignidad, toca otras esferas ciudadanas. Genera una transformación estructural en la manera como el Estado reconoce el trabajo de los jóvenes que salen del colegio sin saber qué hacer con sus vidas.

Hoy podemos afirmar que se abrió para muchos jóvenes un horizonte distinto, principalmente en zonas rurales y poblaciones con altos niveles de pobreza. Los jóvenes salen del colegio para dar un salto al vacío. Surge la pregunta aterradora: “¿y ahora qué?”, sin posibilidad de un empleo formal, con pocas oportunidades de educación superior. Muchos se quedan en el limbo de la informalidad o, peor, en el círculo de la violencia.

Esta bonificación con el valor de un salario mínimo es realmente una política pública con consecuencias profundas sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.

El economista Gary S. Becker en 1968 publicó en el Journal of Political Economy el artículo académico Crime and Punishment: An Economic Approach, del que nació la moderna economía del crimen. Durante gran parte del siglo XX el crimen se explicaba desde la sociología y la psicología. El comportamiento criminal se debía a una desviación patológica, una enfermedad mental; también era producto de la alienación social o de deficiencias mentales individuales. Entonces, desde ese ángulo, el crimen es un destino escrito o una reacción irracional, no una elección.

Pero Becker plantea una idea incomoda y definitivamente revolucionaria pero útil para la política pública y para entender la génesis del crimen: que la lógica del llamado “costo de oportunidad” también funciona cuando alguien decide delinquir.

Muchas decisiones —incluidas las criminales— se toman dependiendo de qué tan grande sea el beneficio. Las personas, consciente o inconscientemente, comparan lo que pueden ganar con lo que pueden perder al cometer un delito.

Para que el crimen resulte atractivo, lo que se consiga ilegalmente debe ser más y mejor que lo que se puede obtener por la vía legal.

Entonces, el delito se convierte en una elección económica: las personas eligen delinquir cuando sienten que es la salida más rápida y sencilla para obtener eso que necesitan. Son más propensas a delinquir cuando creen que cometer el delito le dará una “ganancia” mayor que usar su tiempo y esfuerzo en actividades legales.

¿Cómo funciona eso en la ciencia económica?

La matemática del modelo de Becker está basada en la teoría de la utilidad esperada de los señores Von Neumann y Morgenstern. Ya sabemos que la teoría de Becker dice que las personas toman decisiones pensando —la mayoría de las veces de manera inconsciente e intuitiva— en lo que pueden ganar y en lo que pueden perder.

Pero esta elección delictiva se hace en medio de la incertidumbre, porque nadie sabe con seguridad si le va a salir bien la vuelta o si va a terminar descubierto y capturado.

Von Neumann y Morgenstern resumen esto en una fórmula que, aunque parece difícil y compleja, representa algo muy cotidiano:

E(Uⱼ) = pⱼ Uⱼ(Yⱼ – fⱼ) + (1 – pⱼ) Uⱼ(Yⱼ)

Se las traduzco:

E(Uⱼ) es lo que la persona espera “ganar” o sentir al final de su decisión.

pⱼ es qué tanta probabilidad cree que tiene de ser capturado y condenado.

Yⱼ es lo que gana con el delito: “el botín” y, a su vez, esa sensación de poder o de salida rápida de la pobreza.

fⱼ es lo que perdería si lo atrapan: multas, cárcel (su libertad), que se reduce a tiempo de vida perdido, vergüenza social…

Y Uⱼ representa cómo cada quien enfrenta el riesgo —hay quienes se lanzan sin paracaídas y sin miedo y quienes no—.

Esta fórmula matemática es la comparación (consciente o inconsciente) que las personas hacen: lo que quieren ganar con el delito frente a lo que ganarían quedándose en lo legal —para el caso de los jóvenes: un horizonte nublado—.

Becker no ve el crimen como una enfermedad mental o un arrebato irracional, sino como alguien que decide meterse en un negocio peligroso. Si el premio parece grande y el riesgo pequeño, la gente se arriesga. Si el castigo es alto o la probabilidad de caer es grande, la idea deja de ser atractiva.

Por eso, cuando aumenta la presencia policial (sube p) o cuando endurecen las penas (sube f), en teoría el delito se vuelve menos atractivo. Pero esto no es suficiente y debe ir acompañado de políticas públicas sociales.

Aquí entra el economista Isaac Ehrlich, que amplió y profundizó la teoría de Becker. En 1973 publicó, también en el Journal of Political Economy, el artículo investigativo Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Allí nos dice que cada persona reparte su tiempo como puede, inconscientemente arma un pequeño plan de vida con lo poco que tiene a mano.

Según su Ehrlich, cada persona divide su tiempo (t) entre tres cosas:

• El tiempo en actividades legales (tₗ): trabajo honrado, buscar empleo, estudiar, trabajo informal para sobrevivir —todo lo que da ingresos seguros o medio seguros (Wₗ).

• El tiempo en actividades ilegales (tᵢ): delincuencia, meterse en vueltas raras, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas, paras —que pueden dejar plata rápida (Wᵢ), pero también cárcel y problemas (Fᵢ).

• Y el tiempo de ocio (t𝚌): en el que están sin hacer nada o sin hacer mucho, esperando que el futuro les cambie con oportunidades que surjan.

Ehrlich lo explica como si cada joven intenta “invertir” su tiempo donde cree que le va a rendir más.

Ahora traduzcamos esto a la actual realidad colombiana:

Un joven se gradúa de bachiller: no consigue trabajo, no puede ingresar a la universidad, su familia tiene necesidades, pasan hambre, pasa días enteros sin hacer nada productivo, nadie lo contrata o, cuando lo hacen, es con un pago miserable. Su ingreso legal (Wₗ) es casi cero. En ese escenario, para el joven dedicar tiempo a lo legal no parece el camino que muestre un horizonte para salir adelante.

Ahí es cuando aparecen los grupos ilegales, las bandas criminales, el narcotráfico, ofreciendo plata rápida, pertenencia a un grupo, una salida —así sea peligrosa— frente a una vida sin horizonte, sin oportunidades.

Para muchos jóvenes, no es que el crimen sea bueno. Simplemente es mejor que no tener nada.

Y por eso Ehrlich demuestra que cuando el ingreso legal es muy bajo, el costo de meterse en lo ilegal desaparece. Coloquialmente: cuando trabajar honradamente no da para vivir, delinquir empieza a verse como una alternativa.

Ahora viene lo interesante que está pasando con la bonificación de los soldados bachilleres y auxiliares de policía:

Cuando el Gobierno sube el ingreso legal —cuando convierte el valor de bonificación miserable en un SMLV para quienes prestan servicio militar— cambia completamente ese cálculo del costo de oportunidad.

Aparece entonces una opción concreta para miles de jóvenes que hoy están sin estudiar ni trabajar, sin rumbo claro: entrar al Ejército como soldado regular o bachiller o a la Policía como auxiliar.

Ya no van a arriesgar su vida, ni van a pasar trabajos por una miseria, sino para recibir un salario mínimo digno durante su tiempo de servicio; con ese ingreso van a progresar ellos y ayudar a sus familias.

Eso, en términos de Ehrlich, significa que el Wₗ —el ingreso legal— deja de ser casi cero y se vuelve una alternativa real de vida.

Y cuando eso ocurre, pasan dos cosas:

Primero: el tiempo que a los jóvenes antes se les iba a la nada o a la delincuencia empieza a moverse hacia lo legal. Trabajar para el Estado ya no parece perder el tiempo, sino un horizonte claro y una oportunidad.

Segundo: disminuye la necesidad de buscar plata rápida y peligrosa.

Ser soldado o auxiliar de policía ahora sí paga. Entonces, muchos jóvenes que hoy están sin futuro van a preferir ponerse el uniforme de nuestro Ejército y nuestra Policía antes que meterse en una banda criminal o en el narcotráfico.

Esto no solo beneficia a los jóvenes y a sus familias. Hace algo que Colombia necesita: le quita al crimen una de sus principales fuentes de reclutamiento.

El reclutamiento y uso de niños y jóvenes por grupos armados, narcotráfico y bandas criminales es un fenómeno que persiste gracias la desigualdad. Y que permite control territorial de las bandas criminales, paramilitares, narcos… además de coerción, vulnerabilidad social y ausencia estatal.

Y genera algo más: estos jóvenes que entran a prestar su servicio en el Ejército y la Policía por necesidad económica terminan encontrando un horizonte, un proyecto de vida, quedándose en las Fuerzas Públicas, que, por cierto, desde 2024 el ingreso es gratuito. Así se profesionalizan, construyendo una estabilidad y un futuro.

Becker y Ehrlich, por supuesto, no hablaban de Colombia. No hicieron estas teorías pensando en un país suramericano. Pero la teoría de cada uno explica perfectamente por qué políticas como esta —pagar dignamente el servicio militar— pueden tener efectos enormes a mediano plazo en un país como el nuestro, con la violencia y el reclutamiento juvenil tan arraigados.

Decisiones gubernamentales como esta no atacan el crimen solo con más castigo.

Lo atacan donde más duele: en la falta de oportunidades.

¿La transformación es inmediata? No. ¿Es determinista? No. ¿Funciona como una varita mágica? Tampoco. Pero produce cambios sociales positivos a mediano y largo plazo. El Estado acaba de abrir una opción legal, inmediata y pagada dignamente para jóvenes que salen del colegio sin alternativas. Es la transformación del horizonte vital de cada joven que elige servir en nuestra Fuerza Pública: dejan de deambular sin rumbo ni expectativas.

Son 18 meses con ingreso equivalente al mínimo, permitiendo que construyen un proyecto de vida y aprendiendo disciplina. Eso que llamamos “decisiones políticas” son, muchas veces, rutas disponibles. Y el gobierno de Petro acaba de abrir una ruta legal y con futuro para progresar a miles de jóvenes.

Y si tú estás leyendo esto y aún te preguntas: “¿y eso qué tiene que ver con la seguridad?” te respondo:

Primero: menos jóvenes disponibles para las economías ilegales y el reclutamiento forzoso, porque una parte de ellos verá en el Ejército y la Policía una fuente de progreso, una manera de construir su vida. Y eso, a mediano plazo, reduce el reclutamiento en los lugares de mayor pobreza.

Segundo: esta bonificación equivalente al SMLV hace más atractivo entrar y permanecer en el Ejército y la Policía. Si más jóvenes entran como bachilleres, algunos intentarán quedarse, pasar a profesionalizarse y construir carrera. Esto va a aumentar el número de miembros de las Fuerzas Públicas, lo que mejora las capacidades y aumenta la presencia en los territorios.

Y era inaceptable que se les diera una miseria de bonificación por servicio a jóvenes —casi todos pobres— sin pagarles como a cualquier persona que trabaja. La dignidad no es un discurso. También es una cifra en la cuenta bancaria.

El bienestar y la moral de nuestras Fuerzas Públicas no se suben con elogios en redes sociales, ni con eslóganes acompañados de saludos militares. Que los soldados regulares y auxiliares de policía ganen dignamente es estar verdaderamente firmes con y por la patria. Los otros usos que le dan a la expresión actualmente hacen parte del guion cómico y cínico que usa, histriónicamente, alguien que codicia la presidencia de este país.

¿Falta medir impactos? Sí. Las estadísticas juiciosas y reales no nacen en un mes. Pero lo que si puedo afirmar —con convicción— es que cuando la política está orientada a la dignidad y no al castigo, quedan positivas herencias silenciosas: un país donde algunos jóvenes no entrarán a la violencia porque, por primera vez, el Estado les ofreció una alternativa pagada y concreta. Eso es realmente construir un país sin desigualdad.

Les cuento la historia real de este aumento para que no sigan como zombis a las momias politiqueras actuales que se atribuyen logros ajenos:

 La ley 1861 de 2017 decía que todo joven que prestara el servicio militar tenía derecho a una bonificación mensual del 30% del salario mínimo.

Pero —porque en Colombia siempre hay un “pero”— el Congreso dejó una puertica medio abierta, por supuesto con su trampa: esa bonificación podía subir hasta el 50%, siempre y cuando hubiera plata.

En versión colombiana:

“Te vamos a pagar más… si sobra presupuesto”. ¿Y qué creen? Nunca hubo plata… hasta que llegó Petro.

El 30 % era un derecho automático. El 50 % era una ilusión bonita, pero falsa, amarrada a una sentencia de muerte: “sujeto a disponibilidad presupuestal”, es decir: “algún día, tal vez”.

¿Y qué pasó durante años? Entre 2017 y 2022 la bonificación nunca pasó de ese 30 %. Para 2022, un soldado y un auxiliar de policía recibían alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Con eso debían cubrir la comunicación con su familia, el transporte en los permisos, sus cosas de aseo y todos los gastos personales necesarios… y, la gran mayoría de veces, eran las familias (casi siempre de bajos ingresos) las que terminaban mandando plata, con un esfuerzo increíble, para sostener al hijo que estaba “sirviendo a la patria”.

Ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque quisieron invertir en mejorar la calidad de vida de estos jóvenes subiendo al 50 % la bonificación.

Hasta que llegó Gustavo Petro y cambió esto.

Llevó al Congreso una adición al Presupuesto General de la Nación —la Ley 2299 de 2023— donde, entre muchas cosas, aumentó el presupuesto para dignificar a la base de la Fuerza Pública, los soldados regulares, los auxiliares de policía… El Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1557 de 2023 y, aplicando la ley 1861 de 2017— que ningún presidente ni ministro quiso aplicar— subió la bonificación al 50% del salario mínimo.

Petro no estaba inventando nada nuevo. No era populismo. Estaba pensando en el bienestar de las tropas. Pensó en el futuro de todos esos jóvenes y, para ello, usó el máximo que la ley permitía… por primera vez.

Pero el 50 % no es suficiente. Si de verdad se quiere dignificar a la Fuerza Pública, esos jóvenes que trabajan para Colombia prestando su servicio militar merecen que se les pague, como bonificación, el valor de un SMLV, como a cualquier ciudadano colombiano. Pero la Ley 1861 de 2017 no lo permitía: había que cambiar la ley.

Así que en 2024 se presentó y aprobó la Ley 2384, y el aumento de la bonificación fue paulatino hasta llegar al 100 % del salario mínimo.

Gustavo Petro entró como presidente con la firme intención de mejorar la vida de todos esos jóvenes soldados y auxiliares de policía. Y no en discurso, sino en hechos.

Lo primero: hizo efectivo el aumento del 50 % que permitía la ley vigente desde 2017.

Lo segundo: presentó una nueva ley. Aprobada, subió al 70 % en 2025. Y este 2026 inició con el salario mínimo completo. Cada sonrisa, cada baile, cada festejo de nuestros jóvenes soldados y policías alegra el alma de todos aquellos que entendemos lo que esto significa para cada joven, para las familias y para la sociedad. Y como dijo un soldado: “Te amo, Petro”. Sí: yo también digo “Te amo, Petro” cuando logra cosas como estas.

El significado de esos $1.750.905 pesos es el inicio de una transformación social… es lo más lejano a una medida populista o a querer “comprar a los soldados”. Es darles el valor, la dignidad y los derechos que merecen, que les pertenecen, y que todos esos politiqueros les negaron por años.

Es importante entender la dimensión del cambio:

En 2022: unos $300.000.

En 2026: $1.750.905.

El aumento real es de más del 400%. Logrado por Gustavo Petro.

El servicio militar dejó de ser una carga económica para las familias pobres y pasó a ser, por primera vez, una fuente real de ingresos para los soldados y sus familias.

Aquí no hay un detalle menor: más del 80 % de los jóvenes que prestan servicio vienen de los estratos 1, 2 y 3. Es decir: de los hogares más vulnerables del país. Los estratos altos prácticamente no aparecen en las cifras.

Cada vez que se negaba el aumento, no se estaba “cuidando el presupuesto”: se le estaba quitando recursos directos a las familias más pobres cuyos hijos ponen el cuerpo en cuarteles, selvas y calles.

Paradójicamente —o no, en realidad no tiene nada de paradójico— es lo que podemos esperar de los políticos actuales: el principal opositor en 2017 y 2018 a cualquier aumento automático fue, adivinen, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, ¡oh sorpresa!, fue Mauricio Cárdenas Santamaría. Hoy precandidato presidencial, seguramente está muy preocupado por la justicia social, aunque, cuando pudo hacerlo, nunca le interesó el bienestar de los soldados regulares y auxiliares de policía.

Para Cárdenas, dignificar a jóvenes pobres que prestaban servicio al Estado no era una urgencia nacional. Era, más bien, un gasto incómodo.

Y ese “gasto incómodo” no solo lo evito Cárdenas.

Durante el gobierno de Iván Duque, sus “gloriosos” sucesores en Hacienda —Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo— tampoco movieron un dedo para activar el aumento del 30% al 50% que la misma ley permitía.

Ni hablar de los ministros de Defensa de turno —Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano—, ni del entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que se la pasa dando discursos vacíos sobre la dignidad, la moral y el honor de la tropa… Curiosamente, nunca dijo ni hizo nada cuando se trataba de mejorarle el ingreso real a esa misma tropa que tuvo bajo su mando.

Defender la dignidad en micrófonos era fácil.

Defenderla en el presupuesto no era difícil: simplemente no fue importante para ellos.

Subir la bonificación al 50 % era un atrevimiento. Para cada uno de ellos —presidentes de turno, ministros y comandantes— esos muchachos no lo merecían.

Pensar en pagarles un salario mínimo completo era, sencillamente, ciencia ficción, comedia o terror.

Según los cálculos hipócritas de ellos, subir la bonificación al 50 % para unos 80.000 o 100.000 jóvenes representaba “cientos de miles de millones de pesos” al año, que no eran necesarios y no encajaban con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Traducido:

Había dinero para muchas cosas, menos para los soldados y policías pobres.

A esto se sumó el coro político que nunca falta.

Desde Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que sueñan con dirigir este país, y otros congresistas se dedicaron (en su momento) a deslegitimar cualquier intento de mejora salarial, tildándolo de “populismo”.  

No porque el dinero fuera innecesario — no lo decían de esa manera (es impopular y quita votos)—, sino porque, según ellos, que ocurrieran esos aumentos en esta época era una estrategia para “comprar la lealtad” de una Fuerza Pública inconforme. Omitiendo, posiblemente de manera intencional (démosles el beneficio de la duda), que ese aumento que hoy se materializó se logró desde 2024 con un incremento paulatino, para no afectar de golpe el presupuesto nacional.

Curiosa preocupación, ¿no creen? Durante años no les inquietó en lo más mínimo que esos jóvenes vivieran con una bonificación miserable; lo que sí les preocupó fue que el gobierno les pagara dignamente porque eso aumenta la popularidad del opositor. Comprobado: solo les importa el poder y la política, nunca el bienestar del pueblo.

Muchos discursos de honor. Puro bla bla bla. Les duele que el pueblo gane más para vivir mejor.