Las 4 “A” del Derecho a la Educación

Concebir la educación como un derecho, no sólo como un servicio, cambia la manera como se construye y desarrolla la política educativa. La educación es un derecho “habilitante” que permite a las personas salir de la marginalidad y participar activamente en la sociedad. Es crítico avanzar en dicha comprensión.

Lea el especial Derecho a la Educación. 

Ahora bien ¿cómo avanzar en dicha comprensión? ¿Cómo saber el grado de adecuación de las políticas y prácticas de un país al derecho de la educación? ¿Cómo medir la educación como un derecho como medio para avanzar en dicha comprensión? Katarina Tomaseveski propuso organizar las obligaciones estatales relacionadas con el derecho a la educación en un esquema que denominó las 4 A, dimensiones que intentan abarcar o comprender este derecho en su integralidad, además como derecho habilitante. Estas son[1]:

1. Asequibilidad: asegurar la disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas (maestros y directivos profesionales, infraestructura y dotación adecuadas).
2. Accesibilidad: garantizar a todos y cada uno el acceso pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo.
3. Aceptabilidad: asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad, culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos.
4. Adaptabilidad: que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo, con sentido para cada estudiante; que promueva la integración de estrategias sectoriales por el principio de indivisibilidad de los derechos humanos.

Katarina habla también de cuatro actores principales que participan en la garantía del derecho a la educación:

1. los niños y niñas como titulares del derecho a la educación y con el deber de educarse
2. las familias que son las primeras educadoras
3. el Estado que debe asegurar el derecho a la educación
4. los educadores a cargo de los procesos de enseñanza aprendizaje

Continuar en el camino de construir un país con mayor equidad y calidad de vida para todos implica el compromiso de todos. En Colombia un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de la cual hace parte la Fundación Compartir crearon hace ya muchos años la alianza Educación Compromiso de Todos – ECT [2]con el objeto de promover la garantía integral del derecho a la educación, en el marco de la construcción de una sociedad incluyente, democrática y equitativa.

En sus últimos años la alianza creó el Índice del Derecho a la Educación – IDE con el fin de contribuir a que todos los ciudadanos colombianos avancen en la comprensión de dicho derecho y así aportar en la optimización de recursos y mejores decisiones para su garantía, de parte de cada uno de los actores involucrados que participan en esta.

El IDE se construyó a partir de la información del sector educativo colombiano. Se presentó por primera vez en el año 2015, y en el año 2019 se presentarán nuevos resultados, con la información más reciente con la que pueda contar el país para el sector. Se espera que su divulgación genere conversaciones, a nivel nacional y territorial, que nos ayuden a comprender mejor las brechas que aún mantenemos en materia de educación.