Diego Aretz

En 1993, el año que mataron a Pablo Escobar Gaviria, los cultivos de coca en Colombia llegaban a estimados de 50 mil hectáreas, hoy casi 30 años después, los cultivos llegan a 204 mil hectáreas, según estimaciones de Naciones Unidas para el 2021, son 4 veces más. 

“El 45 % del total de la coca se concentra en sólo 10 municipios. En estas regiones, en años anteriores, se reportó una reducción en el área con coca, asociada en gran medida con la intervención de la erradicación forzosa. Sin embargo, las dificultades para sostener este tipo de mecanismos y la falta de medidas complementarias que logren cambiar las condiciones de vulnerabilidad, resultaron en el aumento del área sembrada en el 2021.

De los 1.122 municipios que tiene Colombia, 181 presentan afectación por coca, y en tan solo 12 se concentra la mitad de la coca. Tibú ocupa el primer lugar con cerca de 22.000 ha.”

Es difícil pensar estas 3 décadas y no lamentar con tristeza que la política antidrogas Colombo-Americana o “American-Colombiana” para ser más exactos, ha sido un fracaso estrepitoso, en términos de control y fiscalización de un negocio que deja los muertos en nuestros territorios mientras los países consumidores siguen consumiendo. 30 años de experiencia de guerra fallida debería enseñar algunas cosas.

El impacto del narcotráfico en nuestra economía y nuestra cultura no han sido asumidos con honestidad. Solo es necesario ver el impacto en la finca raíz, burbujas inmobiliarias en todo el país, hace un año me asombraba ver en una ciudad como Cúcuta casas por el orden de 4000 millones a 1 kilómetro de las trochas o pasos ilegales, controlados por bandas de narcos o bacrim. Una fuente me decía hace poco que en ciudades como Cúcuta hoy es difícil conseguir carros de alta gama por la altísima demanda de camionetas y vehículos de lujo. 

El aporte del narcotráfico a la economía nacional y al mismo gobierno es impresionante, se estima que el 3% del PIB (19 billones).  A veces pensamos que el lavado de activos se queda en la economía informal, pero es mentira, al entrar al mercado formal termina por llegar a través de impuestos al mismo Estado. Esto produce unas paradojas tremendas. 

Si vamos al otro lado del país, al Putumayo y Cauca, encontramos lo mismo, la famosa ruta del Naya sigue siendo un canal predilecto para las mafias y es imposible negar que todos los grupos armados que hoy habitan el país tienen una relación directa con el narcotráfico. La presencia de estos grupos esta justamente en los lugares de mayo flujo de cargamentos y de mayor presencia cocalera. Podríamos decir que si el narcotráfico persevera en su estado actual, la PAZ total no es más que un slogan político; vacío de realidad. 

Es sumamente interesante la petición que hace el Gobierno en estos días de levantar órdenes de captura contra las AGC y los narcos, levantar órdenes de captura contra narcos y habilitar políticamente  a esos grupos. El gobierno de Petro quiere politizar a los Narcos, con la esperanza que sea más posible negociar con un actor politizado que con un actor armado. 

Esto es sumamente peligroso y riesgoso y desconoce que ya hemos pasado por esto (incluso el ELN quiere evitar a toda costa ser mezclado con esos grupos) en muchas ocasiones hemos terminado entregando territorios del país para poder continuar negociaciones que no terminan en nada, negociaciones que quedan con un saldo a favor de tierras y control político-regional para los grupos de narcos, negociaciones de las que poco se ha beneficiado el Estado históricamente.

Quizás la reflexión que podríamos recordar es el éxito del país con un grupo como el M19, un grupo guerrillero pero esencialmente político, que en 30 años demostró una genuina vocación política y que pudo asumir una cultura democrática, comparado al patético final de Pablo Escobar, asesinado en un tejado de Medellín (retratado tan bien por el maestro Fernando Botero).

Yo siento que esto ya lo hemos vivido, tenemos que hacer un esfuerzo para que la “Paz Total” no sea una excusa más, en el rosario de impunidades que ha vivido el país.

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Diego Aretz es un periodista y activista Colombiano, candidato a master en reconciliación y estudios de paz de la Universidad de Winchester, ha sido columnista de medios como Revista Semana, Nodal, El Universal, colaborador de El Espectador.  Director de la ONG Por la Frontiere.

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