Más de 15 millones de colombianos viven bajo la línea de pobreza monetaria. Más de 15 millones. No es una estadística fría; es la dimensión de un fracaso nacional. En Colombia se considera pobre a quien sobrevive con menos de 460 mil pesos mensuales. Esa cifra revela algo devastador: millones de personas viven permanentemente al borde del abismo.

Por eso el crecimiento económico no es un lujo tecnocrático ni una obsesión de empresarios. Es una necesidad moral. Sin crecimiento no hay igualdad sostenible. Sin crecimiento no hay desarrollo. Sin crecimiento no hay manera real de sacar a los más pobres adelante.

Hay una tragedia recurrente en la historia y en la literatura: hombres que, intentando construir un mundo más justo, terminan destruyendo las bases que sostenían aquello que querían proteger. No ocurre por maldad, sino por soberbia. Por creer que la realidad económica puede doblegarse únicamente con voluntad política, discursos morales o consignas ideológicas.

Ahí reside una de las grandes frustraciones del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que llegó prometiendo justicia social terminó entregando uno de los crecimientos económicos más débiles de las últimas décadas. El promedio de crecimiento durante sus primeros años de gobierno apenas rondó el 1,7 % anual, por debajo incluso del gobierno de Iván Duque, que tuvo que enfrentar la peor pandemia en un siglo. Incluso con el golpe histórico del Covid-19 y la contracción brutal de 2020, la economía durante el período de Duque terminó creciendo en promedio más que bajo Petro.

Ese dato debería producir una reflexión profunda en toda la izquierda latinoamericana. Porque un gobierno puede tener las mejores intenciones redistributivas, pero si destruye confianza, enfría la inversión y paraliza la economía, termina perjudicando precisamente a quienes prometía defender.

La inversión privada no nace de discursos morales ni de consignas políticas. Nace de expectativas de estabilidad, confianza y rentabilidad. Los empresarios invierten cuando creen que el futuro será mejor, cuando sienten que vale la pena arriesgar capital, abrir empresas y contratar trabajadores. Un gobierno que convierte permanentemente al empresario en sospechoso, explotador o enemigo social termina debilitando los incentivos mismos que permiten crear riqueza y empleo.

No se trata de defender privilegios. Se trata de entender cómo funcionan las economías reales.

Mientras tanto, el gasto público sigue creciendo. El déficit fiscal alcanza niveles preocupantes y la deuda se vuelve más costosa. Colombia pasó de financiarse con relativa comodidad ante organismos multilaterales a endeudarse a tasas mucho más altas en mercados privados. El economista Salomón Kalmanovitz ha señalado la contradicción de un gobierno que denuncia al Fondo Monetario Internacional como símbolo del capitalismo global, pero termina recurriendo a prestamistas privados mucho más caros. Es como rechazar un salvavidas por considerarlo ideológico y lanzarse, por orgullo, hacia aguas todavía más profundas.

Y el problema de fondo es que el crecimiento del gasto no se está traduciendo en una transformación estructural de la productividad nacional.

Porque los subsidios, aunque necesarios en emergencias, no reemplazan el desarrollo. Son un alivio temporal, no una solución histórica. Muchas veces terminan convertidos en herramientas clientelistas: pequeñas transferencias que ayudan a sobrevivir, pero no a progresar. Paños de agua tibia frente a heridas sociales gigantescas.

La frase de Claudia Sheinbaum —“por el bien de todos, primero los pobres”— tiene sentido precisamente porque reconoce que el centro de cualquier proyecto nacional debe ser la dignidad de quienes menos tienen. Pero poner primero a los pobres no significa conformarse con administrar pobreza. Significa crear las condiciones para que millones de personas dejen de ser pobres.

Y eso solo ocurre cuando una economía crece de manera sostenida, aumenta productividad, genera empleo formal y abre oportunidades reales de movilidad social.

La tragedia colombiana es que el país sí tiene potencial. Turismo, agroindustria, energías renovables, servicios tecnológicos y exportaciones podrían convertirse en motores de desarrollo durante las próximas décadas. La baja natalidad incluso podría aliviar presiones sociales futuras. Hay razones para pensar que Colombia puede mejorar.

Pero para quienes hoy viven en pobreza, esperar veinte años no es una teoría económica. Es una condena.

Algunos estimamos que, con el mediocre crecimiento económico de la última década, a Colombia podrían costarle otras dos décadas sacar a esos 15 millones de personas de la pobreza. Y eso debería avergonzarnos profundamente. Porque no estamos hablando de estadísticas ni de modelos macroeconómicos: estamos hablando de tolerar el hambre, la frustración y el estancamiento de casi un tercio de nuestra población por una mezcla de dogmatismo, falta de inteligencia y ausencia de sentido común.

Cada año de bajo crecimiento significa millones de vidas atrapadas en el rebusque, en la informalidad y en la desesperanza. Significa jóvenes sin horizonte claro. Significa niños creciendo en hogares donde incluso la comida diaria es incierta y donde el progreso siempre parece pertenecerle a otros.

Colombia no necesita aprender a repartir mejor la escasez; necesita volver a encender los motores de la prosperidad. Porque una nación que deja de crecer es como un barco que pierde viento en medio de la tormenta: los primeros en hundirse nunca son los que viajan en la cubierta más alta.

Por eso un verdadero progresismo no debería medir su éxito por el tamaño de los subsidios ni por la intensidad de sus discursos ideológicos. Debería medirlo por algo mucho más simple y mucho más difícil: cuántas personas lograron salir realmente de la pobreza gracias a una economía dinámica, moderna y capaz de generar prosperidad.

Porque al final, ninguna sociedad puede repartir de manera sostenible la riqueza que es incapaz de crear.